¿Refundaron la patria? Cambios en las redes políticas del
departamento de Córdoba 1998 – 2016.
Pontificia Universidad Javeriana
Facultad De Ciencias Políticas Y Relaciones Internacionales
Maestría En Estudios Políticos
Bogotá, D.C.
Julio De 2018
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¿Refundaron la patria? Cambios en las redes políticas del departamento de
Córdoba 1998 – 2016.
Pontificia Universidad Javeriana
Facultad De Ciencias Políticas Y Relaciones Internacionales
Maestría En Estudios Políticos
Bogotá, D.C.
Julio De 2018
2
Agradecimientos
Inicié el trabajo en el tema de la parapolítica en el año 2007, en la Corporación Nuevo
Arcorisis. Las investigaciones que realizamos en ese momento cambiaron mi vida en
muchos aspectos, incluyendo el abandono de esta maestría que hoy finalmente logro
concluir.
Volver a estudiar después de diez años no fue un proceso sencillo y no hubiese sido
posible sin la ayuda de mi Madre a quien quiero dar las gracias. También a mi hija y al
padre de mi hija por brindarme el tiempo y la paciencia durante este último año. A mi
familia y a mis hermanos. A Dani por la increíble ayuda para entender el funcionamiento
de la clase política regional.
También quiero agradecer a Mauricio Romero por ser mi Tutor y acompañarme diez años
después de haber trabajado juntos en las primeras investigaciones y al profesor Luis
Carlos Valencia por darme la oportunidad de volver.
A los amigos y colegas que me han acompañado este tiempo en discusiones, debates e
importantes conversaciones, también muchas gracias.
3
Tabla de Contenido
Introducción ..................................................................................................................... 1
Capítulo uno. Clientelismo, autoritarismo, reconfiguración, captura o conexiones
coactivas. ........................................................................................................................ 7
1.1 Parapolítica: Captura o clientela. Nuevas disertaciones, viejas discusiones. .... 7
Captura y reconfiguración del Estado. ...................................................................... 7
Clientelismo y conexiones coactivas ...................................................................... 10
1.2 ¿Puede el concepto de Autoritarismo Subnacional explicar la trayectoria de la
parapolítica? .............................................................................................................. 16
1.3 Metodología para el rastreo de los mecanismos del autoritarismo subnacional.
22
Parroquialización del poder .................................................................................... 23
Nacionalización de la influencia .............................................................................. 24
Monopolio de los vínculos entre lo subnacional y lo nacional ................................. 25
Utilización focalizada de la violencia y la coerción .................................................. 26
Capítulo dos. Breve trayectoria nacional de la parapolítica ........................................... 27
2.1 Sobre los partidos políticos y la parapolítica ........................................................ 29
Capítulo tres: autoritarismo subnacional, clientelismo y parapolítica en el departamento
de córdoba. Estudio de caso. ........................................................................................ 36
3.1 Mecanismos de control político utilizados por las élites locales (1997 – 2002) 38
Mecanismo 1: El poder político parroquial. Adhesiones primarias y personalismos.
................................................................................................................................ 41
Mecanismo 2: Apoyos a cualquier costo. Influencia de la clase política local en la
política nacional. ..................................................................................................... 47
Mecanismo 3. ¿Monopolizaban el vínculo institucional entre ciudadanos y Estado?
................................................................................................................................ 49
Mecanismo 4. ¿Utilizaban la violencia política de manera selectiva? ..................... 51
3.2 Ingreso de las AUC en la política. El durante (2002 – 2006) .......................... 60
Clase política local – paramilitares ......................................................................... 65
Clase política regional – coaliciones nacionales ..................................................... 67
Sistema cerrado y semi-competitivo ....................................................................... 68
3.3 ¿Se reacomodan las élites? 2007 -2014 .......................................................... 72
4
La “nueva generación” de Córdoba en el Congreso ............................................... 77
La violencia en el departamento. El después 2007 – 2014. ................................... 78
Una breve reflexión sobre el Congreso del 2018 .................................................... 81
Conclusiones ................................................................................................................. 83
Bibliografía .................................................................................................................... 86
5
Indice de Gráficos
Gráfico 1: Asesinatos y desapariciones de líderes, candidatos y cargos de elección
popular de la UP. Fuente: Banco de Datos Noche y Niebla. CINEP. ............................ 53
Gráfico 2: : Masacres atribuidas a grupos paramilitares en el departamento de Córdoba
1998-2002. Fuente: conteo realizado por el Observatorio de Restitución de Tierras y
Derechos de la Propiedad Agraria (Observatorio de Tierras, 2018) ............................ 58
Gráfico 3: Homicidio intencional en persona protegida atribuido a ACCU, AUC. 1998 –
2002. Fuente: Banco de Datos CINEP. ......................................................................... 59
Gráfico 4: Masacres atribuidas a grupos paramilitares en el departamento de Córdoba.
Fuente: conteo realizado por el Observatorio de Restitución de Tierras y Derechos de la
Propiedad Agraria (Observatorio de Tierras, 2018) ..................................................... 71
Gráfico 5:Número de desplazados por expulsión y recepción en el departamento de
Córdoba. 1994-2006. Fuente de datos: Registro Único de Víctimas ............................ 71
Gráfico 6: Homicidio intencional en persona protegida atribuido a ACCU, AUC. 1998 –
2002. Fuente: Banco de Datos CINEP. ......................................................................... 72
Gráfico 7:Masacres atribuidas a grupos paramilitares y post desmovilización en el
departamento de Córdoba 1998 – 2011. Fuente: conteo realizado por el Observatorio de
Restitución de Tierras y Derechos de la Propiedad Agraria (Observatorio de Tierras,
2018) ............................................................................................................................. 79
Gráfico 8: Homicidio de líderes sociales y políticos atribuido a ACCU – AUC –
paramiltiares y grupos post desmovilización. 2001 – 2016. Fuente: Base de datos noche
y niebla CINEP. ............................................................................................................. 80
1
Introducción
El presente trabajo analiza los mecanismos que constituyen el proceso de la parapolítica1
a partir del estudio de caso del departamento de Córdoba con el objetivo de analizar si
efectivamente se produjo algún tipo de proceso de apertura o democratización de la
política local con posterioridad a la desmovilización de las AUC.
El trabajo va a mostrar que en el departamento de Córdoba la relación entre políticos
locales y grupos armados ilegales no produjo un cambio sustancial en el sistema político
regional, sino que el paramilitarismo se adaptó a la relación clientelar previa a la
presencia de un poder armado y violento con pretensiones de integración a la vida
política.
Para esto propongo rastrear los 3 mecanismos identificados por Edward Gibson (2006)
en su trabajo sobre autoritarismos subnacionales – parroquialización del poder,
nacionalización de la influencia y monopolio de los vínculos institucionales entre lo
subnacional y lo nacional, adicionando como cuarto mecanismo la utilización focalizada
de la violencia.
A partir de los resultados del rastreo podré responder a la pregunta de cuáles fueron los
cambios generados en las redes políticas del departamento de Córdoba a partir de los
procesos de la parapolítica. Esto me permitirá establecer las tendencias de evolución de
las redes políticas regionales que se involucraron en la parapolítica, comparar su
funcionamiento en presencia y ausencia del actor paramilitar, establecer el alcance de
los cambios y el alcance del fenómeno en la política territorial y en su relación con la
política nacional.
Mi argumento principal es que el sistema político regional puede ser descrito como un
autoritarismo subnacional que no nace en la parapolítica, sino que tiene una trayectoria
anterior. Las primeras investigaciones fechadas entre el 2006 y 2007 abrieron un debate
1 Alrededor del 2004 – 2005 la parapolítica emerge como fenómeno de opinión pública, desde la denuncia en el congreso de Cecilia López (2005) y la publicación de un artículo de denuncia de Claudia López en la revista semana (López, Los héroes que no se han reinsertado, 2006)
2
nacional respecto al impacto de la relación entre políticos y grupos armados ilegales en
un régimen democrático.
Hasta ese momento, una porción importante de los trabajos académicos relacionados
con la política regional se concentraba en la dimensión normativa de la misma, mientras
que importantes trabajos explicativos sobre prácticas tradicionales como el clientelismo
no consideraron la irrupción de un grupo armado ilegal como una variable determinante
a la hora de analizar los resultados electorales y la práctica política, especialmente en el
nivel subnacional.
En el desarrollo del trabajo describo en primer lugar un estado del arte sobre las dos
vertientes teóricas que a mi juicio resumen los trabajos sobre parapolítica: una primera
de ellas que asegura que la parapolítica fue un proceso de captura de las instituciones
públicas y produjo una reconfiguración del estado a nivel subnacional, y una segunda
que la ubica como una adaptación de trayectorias como el clientelismo local. Esta última
vertiente es particularmente crítica en señalar que la parapolítica no puede ser explicada
como un fenómeno de autoritarismo subnacional en virtud de los feroces problemas de
acción colectiva (Gutiérrez Sanín , 2015, pág. 133) y de la continuidad de las prácticas
tradicionales de intermediación del clientelismo durante los años de la parapolítica.
En la línea argumental explico por qué el autoritarismo subnacional no es incompatible
con las interpretaciones que vinculan a la parapolítica como una versión del clientelismos
preexistente. Así mismo, discuto con las hipótesis de captura o reconfiguración del
estado a partir del rastreo de los cuatro mecanismos arriba mencionados desde el
estudio de caso del departamento.
En la descripción de los estudios relacionados con la primera vertiente me centro en
discutir el alcance de la parapolítica en diversos factores del sistema político regional.
Para Valencia (2007) por ejemplo, la relación entre políticos y paramilitares produjo el
cambio de unas élites establecidas por unas emergentes. En otros trabajos como el
liderado por Garay (2008) se le atribuyen cambios estructurales sobre el sistema político.
Otras explicaciones en este marco han tratado de establecer paralelos con las teorías de
autoritarismos subnacionales (Bonilla, 2007), pero desde la hipótesis de que los
regímenes autoritarios subnacionales fueron consecuencia de la parapolítica.
3
En cualquiera de los casos, se achaca a la relación entre políticos y paramilitares la
producción de un cambio importante en la política regional, que agregado impactó
profundamente la política nacional, fundamentándose en una buena parte de los casos
en la intencionalidad de control territorial o político del grupo armado y en la utilización
de formas violentas de coacción con fines electorales.
Entendiendo la parapolítica como un proceso de alianza entre políticos y paramilitares,
con beneficios mutuos, en el marco del control territorial armado de una de las partes,
fijé el inicio del período de estudio en 1998, un año después de la conformación de las
AUC2 como federación nacional de grupos paramilitares y de autodefensa. Entre 1998 y
el 2002 se gestaron una gran parte de los pactos y acuerdos que se concretaron en las
elecciones subsiguientes (2002 y 2006 a Congreso, 2003 y 2007 de autoridades locales).
Para efectos prácticos del trabajo, me limitaré al análisis de las elecciones a Congreso.
En el año 2006 ocurren dos hechos importantes. El primero es la desmovilización de las
AUC, cuya mayoría de frentes y bloques abandonaron las armas en dicho año. El
segundo es el inicio de las investigaciones judiciales que llevarían a abrir más de 500
expedientes a políticos locales y nacionales, de los cuáles fueron condenados 34
congresistas entre senadores y representantes a la Cámara3. No obstante, muchos de
los expedientes judiciales señalan que aún en proceso de desmovilización, las AUC
influyeron en las elecciones a congreso de 2006.
Las elecciones a Congreso del 2010 marcan el tercer hito importante en la trayectoria
por ser las primeras elecciones post desmovilización de las AUC. Si las interpretaciones
de captura o refundación son correctas, los resultados de estas elecciones deberían
mostrar un cambio importante en la representación ante la ausencia de la variable
coercitiva que constituía el control territorial de las AUC y su intención probada de
participación en política electoral. En el mismo sentido, las elecciones del año 2014
2 En abril de 1997 Carlos Castaño logra unificar las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio (ACMM) y las de los llanos orientales bajo el nombre de Autodefensas Unidas de Colombia. 3 Cálculos propios con base en registros de prensa y expedientes judiciales.
4
mostrarían en mayor profundidad los cambios o las continuidades en las redes políticas
regionales y su proyección en el Congreso de la República.
¿Por qué escogí un estudio de caso, y en particular el departamento de Córdoba para
realizar el rastreo de procesos? En primer lugar, por las profundas diferencias regionales
tanto en el control territorial de las AUC como en los tipos de pacto e intervención en
elecciones que se gestaron. En este sentido, considero que el rastreo a profundidad de
un espacio subnacional como el del departamento de Córdoba permite obtener mejor
información sobre la trayectoria de los mecanismos que constituyen un autoritarismo
subnacional y realizar mejores conclusiones.
En segundo lugar, en el departamento de Córdoba se firmó el llamado Pacto de Ralito
entre las AUC y un nutrido grupo de políticos locales con el fin de refundar la patria
(Semana , 2007), cuya revelación fue fundamental en los posteriores procesos judiciales
por parapolítica. Así mismo, paramilitares y autodefensas constituyeron un fuerte control
territorial en casi la totalidad de sus municipios.
El departamento de Córdoba tuvo desde 1991 una fuerte presencia paramilitar, conocida
tanto por las élites regionales, como por sus canales políticos nacionales (Romero,
1998). En el período de expansión paramilitar, entre 1997 y el 2005, una segunda
generación de paramilitares incrementó las estrategias de control de rentas y economías
ilícitas, así como la relación con élites políticas, probablemente a causa del control
territorial ganado en dichos años (Vásquez & Barrera, 2017).
Finalmente, la tercera razón para la escogencia del estudio de caso es la disponibilidad
de fuentes y estudios como el de Gloria Ocampo (2014) que logran detallar la evolución
de las élites políticas departamentales, y que constituye una base importante de mi
trabajo.
El lector podrá encontrar en el capítulo 1 el estado del arte de los estudios sobre
parapolítica y sobre autoritarismos subnacionales, diferenciando las dos vertientes arriba
señaladas. Seguidamente se encuentra el marco teórico y conceptual del trabajo y la
metodología propuesta. En el capítulo 2 se expone una trayectoria general del proceso
de la parapolítica, el involucramiento de las AUC y los partidos políticos. Esta parte del
5
trabajo es fundamental para entender posteriormente la discusión con las tesis que le
atribuyeron a la parapolítica cambios profundos en el sistema político regional a partir de
los cambios en los partidos políticos con representación.
El capítulo 3 constituye el centro del estudio de caso y muestra los resultados del rastreo
de los cuatro mecanismos en cada uno de los puntos de inflexión. En la primera parte se
expone el estado de las redes políticas del departamento en cuanto al ejercicio de
prácticas parroquiales para la conservación del poder político, la nacionalización de su
influencia y el monopolio de los vínculos institucionales entre el centro político y el
departamento.
Para el análisis del cuarto mecanismo – la utilización de la violencia focalizada expongo
como antecedente los homicidios de dirigentes políticos pertenecientes a la Unión
Patriótica y al Frente Popular como un antecedente importante de utilización selectiva de
la violencia política. Luego, analizo el comportamiento de la violencia ejercida por
paramilitares y autodefensas desde 1998 hasta el 2006, tanto de forma selectiva con el
homicidio intencional de persona protegida y el homicidio de líderes sociales y políticos,
y finalmente expongo el comportamiento del desplazamiento forzado y las masacres
como forma de medir la violencia generalizada.
La segunda parte del capítulo muestra los mismos mecanismos en el momento en que
las AUC de manera explícita ingresan en la política electoral, enfatizando en los cambios
y continuidades de la clase política local y el impacto de la entrada de las AUC como
factor decisorio a la hora de la definición de candidaturas y alianzas para las elecciones
a congreso del 2002 y 2006. En esta parte mostraré cómo los paramilitares se adaptaron
y profundizaron un sistema semi-competitivo con amplios rasgos autoritarios, de acuerdo
con el concepto de Gibson.
La tercera parte muestra el reacomodamiento de las élites políticas regionales en las
elecciones a congreso del 2010 y 2014, con una especial mención a la nueva generación
de políticos que realizaron el relevo generacional de la clase política tradicional
cordobesa. La permanencia de la clase política tradicional muestra claramente que, pese
a los años de fuerte expansión y control territorial paramilitar en el departamento, las
6
redes políticas tradicionales se mantuvieron y la ampliación de la representación no ha
sido significativa.
Para el desarrollo del estudio de caso, realicé entrevistas a profundidad con políticos
departamentales, líderes sociales y funcionarios públicos vinculados a algunos de los
procesos judiciales por parapolítica para construir y reconstruir las redes políticas del
departamento. Realicé revisión de los expedientes de congresistas del departamento
condenados por vínculos con grupos paramilitares, revisión y sistematización de prensa
y analicé resultados electorales a partir de las bases de datos de riesgo electoral
desarrolladas desde el año 2006 – 2007.
7
Capítulo uno. Clientelismo, autoritarismo, reconfiguración, captura o
conexiones coactivas.
1.1 Parapolítica: Captura o clientela. Nuevas disertaciones, viejas discusiones.
Si en algo impactó la parapolítica la discusión académica fue en forzar a mirar la
dimensión no-normativa de los análisis sobre el régimen político colombiano y la
democratización. Me explico. Previo a la aparición de los primeros estudios y análisis de
prensa sobre la relación entre políticos y paramilitares para la obtención de beneficios
electorales (López, Revista Semana , 2006), se consideraba que la influencia de grupos
armados en la política era un fenómeno de limitado alcance regional (Peñate, 1999).
De cierta forma, la parapolítica en Colombia permitió volver a considerar la posibilidad
de coexistencia de una democracia formal en el espacio nacional y de enclaves
regionales con democracias de mucha menor calidad, con un alto impacto del conflicto
armado, ya no solo en la situación humanitaria de las regiones, sino en el orden político
nacional.
Sobre esto, la literatura en la materia se puede ubicar en dos vertientes. En la primera
se encuentran los trabajos que le atribuyen al paramilitarismo (en mayor o menor grado)
un impacto considerable de cambio en el sistema político regional. La segunda ubica la
discusión en una cierta continuación de prácticas convencionales del sistema político –
como el clientelismo – que se termina desarrollando con la parapolítica. En ambas líneas
haré referencia a la relación teórica con el concepto de Autoritarismo subnacional –
desarrollado por Edward Gibson (2006) y utilizado por parte de varios autores, en tanto
su desarrollo constituye una gran parte del marco conceptual de la presente
investigación.
Captura y reconfiguración del Estado.
Ya para el 2006, y después de la aparición de varios análisis periodísticos sobre la
relación entre senadores y paramilitares, los primeros trabajos académicos que hacen
explícito el término parapolítica tratan de encajar el comportamiento de las regiones en
8
Colombia dentro de una tendencia teórica que estaba tomando fuerza en la literatura
internacional sobre procesos de democratización y transición: la existencia de
autoritarismos subnacionales. Bonilla y Valencia en el 2007 basados en el artículo
publicado por Edward Gibson (2006) interpretaron algunos mecanismos utilizados por
las élites para cerrar el espacio democrático como explicativos del fenómeno colombiano.
Bonilla (2007) se fundamenta en un estudio de caso del Magdalena Medio para asegurar
que la relación establecida entre la estructura estatal local y el actor armado modifica la
manera en la cual opera el estado en el territorio a partir del establecimiento de
autoritarismos subnacionales. Para ella, el comportamiento violento de los paramilitares
fue determinante en la creación y funcionamiento de las instituciones públicas locales.
Por otra parte, Valencia (2007) interpreta el autoritarismo subnacional como el ejercicio
violento de suplantación del estado por parte de un grupo armado, pero únicamente a
nivel regional. Explica cómo ante procesos de transformación nacional, que puedan
implicar una posible apertura de la democracia local, las élites pueden reaccionar de
forma violenta. No obstante, como lo veremos a lo largo del capítulo, la literatura
internacional no considera hasta el momento una presencia de alto impacto de un grupo
armado ilegal con pretensiones políticas en el territorio.
En el mismo trabajo, López (2007) analiza el caso de Antioquia y plantea una asociación
directa entre altas tasas de homicidios, ocurrencia de masacres y cambios en los
patrones electorales analizando subregiones y estableciendo patrones de atipicidad4.
Según la autora, las mayores votaciones registradas desde 1997 en elecciones a
diferentes corporaciones en el departamento coincidieron con: a.) cambios muy abruptos
en los patrones electorales, especialmente partidarios5; b.) ocurrencia de masacres y
altas tasas de homicidios, coincidentes con los cambios; y c.) presencia hegemónica en
el municipio de un bloque, frente o grupo paramilitar.
4 La atipicidad era entendía como cualquier resultado electoral individual o por partido que obtuviera votos por encima de 3 desviaciones estándar sobre el promedio del municipio. 5 Un municipio con tradición liberal vota masivamente a otro partido.
9
En el 2010, la autora profundiza en el análisis de los tres mecanismos descritos por
Gibson para describir la reacción de las élites regionales en un proceso de transición
nacional, haciendo especial énfasis en dos: i) parroquialización del poder y ii)
nacionalización de la influencia, ambos implementados por los parapolíticos, utilizando
para ello métodos violentos. A propósito, señala López:
Esa parroquialización del poder local se combinó con estrategias de
nacionalización de la influencia, por ejemplo, hacer alianzas electorales mediante
las cuales el narcoparamilitarismo logró que el 35% de los senadores electos en
2002 fueran sus aliados y entraran a formar parte de la coalición nacional
gubernamental del Presidente electo ese mismo año. Desde allí se aseguraron de
que se realizara un proceso de paz con el narcoparamilitarismo y aprobaron la Ley
de Justicia y Paz que sirvió de marco legal al mismo. También lograron quedarse
con cuotas burocráticas en varios Ministerios e incluso con el Departamento de
Inteligencia de la Presidencia, el DAS (López, Y refundaron la patria, 2009, pág.
14) .
La base de este argumento – que se puede considerar una interpretación libre del trabajo
de Gibson – se relaciona con posterioridad con la teoría de la Reconfiguración Cooptada
del Estado (RcdE) desarrollada por Jorge Garay, Isaac de León Beltrán y Bernardo
Guerrero (Garay et al, 2008), que a su vez parte de reinterpretar la teoría neoclásica de
la captura, que se presenta cuando un actor regulado coopta a su regulador,
distorsionando el marco normativo con propósitos económicos.
“la acción de organizaciones legales e ilegales que mediante prácticas ilegítimas,
buscan modificar, desde adentro, el régimen político de manera sistemática e
influir en la formación, modificación e interpretación y aplicación de las reglas de
juego y de las políticas públicas, para obtener beneficios sostenibles y lograr que
sus intereses sean validados política y legalmente, y legitimados socialmente en
el largo plazo, aunque estos no obedezcan al interés rector del bienestar social.”
(Garay et al, 2008, p.96)
10
Más allá de la dificultad para realizar seguimiento a las variables que constituirían un
proceso de captura del Estado (en adelante CdE) o de reconfiguración cooptada del
Estado (RCdE), Claudia López vincula en su trabajo evidencia judicial, electoral y de
prensa para demostrar un alto impacto de la influencia de grupos armados en la acción
estatal en diferentes niveles. Finalmente, concluye que son los políticos y no los socios
ilegales los que obtienen mayor rentabilidad de la relación en el largo plazo (López,
2009).
Dentro de la vertiente refundacional Ávila y Velasco (2012) llevan el razonamiento de la
captura más allá, llegando a cuestionar la competencia multipartidista como un factor de
deterioro de la democracia colombiana por la vía de la desinstitucionalización del sistema
de partidos, siendo la parapolítica el fenómeno que mejor expresa esta tesis. Los autores
encuentran que el clientelismo no tiene un impacto directo en el éxito electoral de los
candidatos “criminalizados”, así como tampoco lo tiene la pobreza o la filiación partidista.
No sólo se reconoce el proceso de captura como tal – grupo armado se apropia de
instituciones y funciones estatales para beneficio particular – sino que se establece una
relación de causalidad entre la ocurrencia del hecho de apertura y la disminución de la
calidad de la democracia.
Las posturas de refundación (López, 2009) y RCdE (Garay, et al, 2008), Velasco y Ávila
(2012) fueron objeto de varias críticas en análisis posteriores que toman distancia de las
tesis que llamaremos refundacionales, para analizar la parapolítica como un proceso con
una trayectoria previa. Francisco Gutiérrez (2015) trabaja el concepto de conexiones
coactivas desde las dinámicas locales de la parapolítica – centrado en alcaldes.
Clientelismo y conexiones coactivas
Los trabajos de Dávila y Leal sobre ciertas prácticas clientelares en una dimensión no-
normativa de la política regional son un antecedente importante que resalta las alianzas
antisubversivas departamentales y su articulación a las barones liberales manifiestan una
relación inicial entre grupos paramilitares y políticos, con características particulares
(Leal Buitrago & Dávila, 1990).
11
Más adelante, Dávila abandonaría del todo la dimensión normativa del análisis para
categorizar el clientelismo en la forma que adopta como práctica del ejercicio político en
el país (Dávila, 1999). Distanciado de la asimilación de clientelismo y corrupción,
establece como un punto fundamental de inflexión en el proceso la expedición de la
constitución de 1991 y a partir de allí rastrea cambios y continuidades en la relación
clientelista, aunque sin tomar en cuenta la relación del clientelismo y la violencia.
Para el año 2002, uno de los trabajos icónicos sobre paramilitarismo en Colombia
estableció una relación consistente entre la ocurrencia de hechos democratizadores o de
apertura desde el centro y reacciones violentas desde la periferia. En Paramilitares y
Autodefensas, Mauricio Romero (2003) muestra cómo los primeros grupos paramilitares
en los años ochenta tuvieron como propósito sabotear las negociaciones entre el
gobierno central y las guerrillas en 1982. Coincidiendo en el tiempo con Dávila, en los
tempranos años noventas los asesinatos de líderes sociales, masacres y políticos de
agrupaciones de izquierda, entre otros factores desembocó en un fuerte control territorial
por parte de los paramilitares en varias regiones del país, al mismo tiempo en que se
operaban cambios importantes en los sistemas políticos regionales.
En conexiones coactivas, Gutiérrez (2015) arriesga un concepto restringido al análisis de
los alcaldes y las relaciones que establecieron con paramilitares. Por parapolítica local
entiende el conjunto de relaciones de colaboración entre paramilitares, políticos y
funcionarios que desempeñan funciones y cargos municipales o por debajo de ese nivel
territorial (alcaldías). La parapolítica a nivel local representó una nueva etapa en la
transformación del clientelismo.
Gutiérrez otorga un peso importante a la dirección de la relación. Es decir, en un primer
momento establece que los paramilitares deciden acudir por unas ciertas razones a los
políticos locales, entre las cuales se cuentan los incentivos para la apropiación o
utilización del a política local o las instituciones en la agenda del grupo armado, pero
también los costos que éste asume, desde una perspectiva meramente racional del actor
(la captura implica inversión).
12
Esta característica encaja bien en el ámbito local, pero presenta problemas en ciertas
regiones donde los paramilitares ya tenían una relación establecida con el centro político
nacional, razón por la cual se reducirían los incentivos para que la iniciativa de “captura”
se presentara sólo del lado de los paramilitares. En otras palabras, en algunos municipios
los paramilitares construyeron autoritarismos subnacionales y en otros no (Gutiérrez
Sanín , 2015).
En síntesis, lo que hace que la parapolítica sea leída como un conjunto de conexiones
coactivas es justamente que ese ejercicio de coacción no ocurre en un vacío institucional,
ni la relación tiene un único origen. Si bien el paramilitarismo nace vinculado al seno del
sistema político en el espacio nacional, las derivaciones regionales adquieren una alta
autonomía (Duncan, 2006).
¿Dónde se conecta con el clientelismo tradicional? En la mediación que se genera en el
espacio regional, en un contexto de utilización frecuente de la violencia – con fines
diversos – y con una oferta controlada de bienes públicos y puntos de acceso al estado,
a los que tradicionalmente el paramilitarismo no tenía acceso6. Es decir, en algún punto
de desarrollo de la relación, a los comandantes y mandos paramilitares comenzó a
interesarles la función de mediación tradicionalmente ofrecida por las élites políticas.
Gutiérrez (2015) asegura que la parapolítica no es un fenómeno como el “autoritarismo
subnacional” basado en la existencia de la competencia entre parapolíticos. No obstante,
la propia institución clientelar y su trayectoria en el tiempo ya de por sí – como se
mostrará más adelante – había logrado configurar en varias regiones del país un sistema
político cerrado en el nivel subnacional, aunque poco documentado. La competencia ya
de por sí era limitada. El paramilitarismo contribuyó a reforzar las barreras de acceso a
ese sistema político regional, de acuerdo con sus preferencias específicas de grupo y
por medio de un uso sistemático y organizado de la violencia.
6 Normalmente, señala Gutiérrez (2015) los políticos municipales proveían acceso a cambio de provisión de seguridad privada y en el caso de las poblaciones, de provisión de seguridad privada y acceso a nuevos recursos. A cambio, proveían control.
13
Pese a que se reconoce la doble direccionalidad de la parapolítica, la mayoría de los
autores de esta corriente se guardan mucho de poner la mayor parte de la intención del
lado paramilitar: el paramilitar busca al político en buscando beneficiarse en la cadena
clientelar, pero generando un incremento del beneficio individual para el político. Los
testimonios de Justicia y Paz, y el trabajo realizado por el Centro de Memoria Histórica
(2014) parecen indicar que junto con la adaptación del grupo al clientelismo existente,
los paramilitares lograron acceso a la burocracia municipal y regional y participaron de
un profundo cambio en los derechos de propiedad de la tierra, con diversidad de
beneficiarios finales (Centro Nacional de Memoria Histórica , 2014).
Gustavo Duncan (2018) lleva el argumento más allá. La parapolítica se trataba de cómo
la clase política regional se ajustó y sacó provecho a los cambios introducidos en la
sociedad por la expansión de ejércitos privados vinculados al narcotráfico, pero
legitimados por su estrategia contrainsurgente. Con posterioridad a la judicialización de
políticos locales y a la desmovilización de las AUC se logró en estas regiones reducir los
repertorios de violencia, pero empeorando la situación de corrupción y clientelismo
(Duncan, 2018, pág. 210).
El argumento de Duncan es en extremo fuerte dado que interpreta al clientelismo como
una especia de mercado de la corrupción que se adaptó a la presencia paramilitar, en
parte por la participación de la clase política local en otros mercados ilegales como el
narcotráfico o el contrabando. Si bien existen dificultades empíricas en probar este
argumento, es de rescatar que la parapolítica es en esencia una relación desigual de
intercambio en el marco de un ejercicio violento producido por el control territorial
paramilitar, pero con beneficios probados para las partes.
Me permito ampliar el concepto de clientelismo tradicional y su derivación en lo que
Dávila (1999) llama clientelismo de mercado y Gustavo Duncan (2018) considera una
categoría de la economía informal. Para Dávila el clientelismo tradicional refiere a al
relación de intermediación e intercambio desigual entre patrones y clientes, sin una
intervención directa del Estado (Dávila, 1999). Desde el frente nacional hasta 1991 opera
un clientelismo más moderno con un Estado proveedor de recursos para el intercambio
14
de bienes y favores por votos. El clientelismo de mercado vendría a ser una relación más
compleja de intermediación cuyo objetivo es el acceso a los recursos del Estado con una
competencia altamente personalizada. Sin embargo, esta definición no es suficiente para
explicar cómo los paramilitares pudieron ingresar y adaptarse a las prácticas clientelares
en el momento de la parapolítica.
Gustavo Duncan (2018) utiliza un concepto de clientelismo que contribuye a la discusión,
dado que integra también terceros fuera de la clase política y del Estado, el cual retomaré
a lo largo del trabajo:
El clientelismo consiste en la provisión de bienes y servicios del Estado, o de origen
privado, a cambio de respaldo para acceder a cargos de representación popular en la
competencia democrática. Es un mercado que no está restringido cuando se efectúan
las elecciones y que puede interactuar con otras categorías. Por ejemplo,
narcotraficantes y contratistas del Estado entregan recursos a los políticos para que se
afiancen sus bases clientelistas y puedan ganar elecciones con sus votos.
Posteriormente si los políticos son elegidos, se compromenten a adjudicar contratos
públicos a sus financiadores y a proteger a los narcotraficantes de la acción de las
autoridades. (Duncan, 2018, pág. 23)
Por otra parte, el autoritarismo subnacional en el concepto de Gibson (2006) y Sidel
(2012) reconoce parte de esta competencia limitada, pero en un entorno cerrado donde
las posibilidades de acceso son mínimas. Es decir, incluso en los autoritarismos
subnacionales existen tensiones propias de los problemas de acción colectiva.
En este punto, otro de los trabajos recientes que ponen el foco en el carácter de la
relación es la excelente etnografía política del departamento de Córdoba realizada por
Gloria Ocampo (2014). En esta perspectiva, la idea de la instalación de poderes privados
ilegales en el caso del departamento no inició con la presencia de grupos paramilitares,
sino que tenía antecedentes de coexistencia entre un Estado dador de bienes, pero
distante, y poderes privados más o menos violentos.
15
Según Gustavo Duncan (2011) en la medida en que el paramilitarismo ganó autonomía
– en parte gracias a la relación con el narcotráfico – adquirió capacidad de negociación
con las élites regionales y mediante esta relación pudo incrustarse en el Estado. Este
proceso es descrito por Ocampo así:
“El paramilitarismo se estructuró sobre las sociabilidades y las lógicas de poder
preexistentes. El poder y el control que logró llegaron a hacer que fuera imposible
desarrollar cualquier actividad política sin su aquiescencia, aparte de que controlaban
también actividades económicas y, obviamente, los intentos de organización ciudadana
(Ocampo, 2014, pág. 134)”.
En resumen, de los aportes académicos con foco en la relación podemos concluir que:
• La parapolítica tiene raíces en la relación clientelar anterior, pero conserva serios
problemas de acción colectiva.
• Existe un sistema de incentivos (positivos o negativos) que posibilitó que la
relación entre políticos y paramilitares no sólo se desarrollara, sino que tuviera un
alto alcance e impacto.
• Los incentivos negativos entraban a operar en el momento en que existían
amenazas externas o internas al carácter cerrado del sistema político subnacional.
• La violencia se presentó permanentemente en la relación de intermediación, pero
las diferencias locales son fundamentales.
Las diferencias fundamentales con la corriente académica “refundacional” son claras en
el carácter de la relación y en el alcance. La idea de cooptación da por sentado que
existía una determinada calidad de la democracia previa a la presencia paramilitar que
fue transformada a partir de la misma, al menos a nivel local. También la captura implica
que la competencia entre élites es nula. Así mismo, el peso de la relación élites locales
– nacionales no es claro, como si el estado central hubiera asistido como convidado de
piedra o su capacidad no le permitiera la intervención ante un hecho evidente de captura.
16
Incluso la teoría de captura invertida – desarrollada por Claudia López (2009) que señala
que la iniciativa provino de los políticos locales a los paramilitares, no especifica el estado
anterior de la cuestión.
Ambas teorías intentan vincular la violencia como variable en diferentes aspectos.
Generalizada: López (2006 y 2009), Valencia (2006), Ávila y Velasco (2012), y
focalizada: Garay (2008), Gutiérrez (2009 y 2010). En este punto es importante retomar
las diferencias en el uso de la violencia, específicamente para fines de cierre del sistema
político regional y como mecanismo de control poblacional generalizado.
En ambos casos, el uso de la violencia es el que otorga el carácter autoritario al sistema
político regional. De hecho, elementos como la competencia o los momentos de menos
acción violenta parecieran quedarse por fuera de la ecuación, cuando, siguiendo a
Duncan (2018) son aquellos donde resulta más difícil el control de la sociedad sobre su
clase política. De esta forma, el concepto de autoritarismo subnacional, que retrataría
muy bien el carácter semi-cerrado del sistema, e incluye la relación con la clase política
nacional como parte del sistema de incentivos, es desestimado en la mayoría de los
trabajos académicos revisados.
1.2 ¿Puede el concepto de Autoritarismo Subnacional explicar la trayectoria de la
parapolítica?
El origen de la utilización del concepto “autoritarismo subnacional” en estudios de política
comparada proviene del renovado interés en la política local, y de las preocupaciones de
varios teóricos por explicar las diferencias sustanciales entre la calidad de la democracia
en las regiones (Gibson, 2006). Algunos estudios como los de Rokkan (1986) –
ambientado en las periferias de Europa occidental en los años 80. Guillermo O`Donnell
retomaría más adelante el fundamento de esta afirmación para referirse a los procesos
de democratización y la permanencia de instituciones autoritarias en el caso argentino
(O`Donnell, 1999).
Robert Dahl (1971) asegura que la democracia nacional tiene mucho que decir de la
sumatoria del espacio subnacional. No obstante, las unidades subnacionales que Dahl
tenía en mente no eran unidades territoriales como provincias o municipios, sino
17
asociaciones privadas, particulares o sectoriales. Incluso organizaciones civiles (Gibson,
2006). En el mismo sentido, Tarrow (1978) y Synder (2001) coinciden en afirmar que la
cuestión de la democratización se trata de cómo la política se desarrolla a lo largo del
territorio.
Tal y como se puede ver en el aparte anterior, la utilización del concepto en la literatura
nacional ha estado muy relacionada con las consecuencias de la parapolítica, pero no
con las interpretaciones originales del fenómeno. En la literatura internacional, varios
autores retoman la preocupación por la democracia territorial – o del espacio subnacional
– como una posible explicación de las brechas en la calidad de la democracia entre
territorios de un mismo estado.
Robert Dahl (1971) asegura que la democracia nacional tiene mucho que decir de la
sumatoria del espacio subnacional. No obstante, las unidades subnacionales que Dahl
tenía en mente no eran unidades territoriales como provincias o municipios, sino
asociaciones privadas, particulares o sectoriales. Incluso organizaciones civiles (Gibson,
2006). En el mismo sentido, Tarrow (1978) y Synder (2001) coinciden en afirmar que la
cuestión de la democratización se trata de cómo la política se desarrolla a lo largo del
territorio.
Pino (2017) realiza una muy buena descripción de la trayectoria de la política subnacional
dentro de los estudios de política comparada en las últimas décadas, momento en el que
se retoma el estudio de las diferentes facetas de la política subnacional. En palabras de
Pino, en particular la extensión territorial de los procesos de democratización (Pino, 2017,
pág. 26).
El autoritarismo subnacional se puede encontrar en tres corrientes analíticas dentro de
la discusión académica alrededor de lo que llamaremos calidad de la democracia
subnacional (Pino, 2017). Una primera utiliza herramientas cualitativas para medir la
calidad de la democracia partiendo de definiciones maximalistas y minimalistas. Pino
ubica en esta corriente – además de Gibson y Sidel – a Behrend (2011), Whitehead
(2016), Cornelius (1999), Fox (1994), Ortiz de Rozas (2011) y Synder (1999). Los
18
anteriores autores ponen el foco en aquellos espacios subnacionales donde la
democracia es más limitada o abiertamente autoritaria (Pino, 2017).
En el trabajo de Synder es posible ver la importancia de considerar el espacio
subnacional como una unidad de análisis fundamental en la política comparada. Tanto
los procesos de democratización como el autoritarismo no han tenido suficientemente en
cuenta las cuestiones que surgen a partir del análisis comparativo de estas unidades
(Synder, 2001). Las observaciones subnacionales – en esta perspectiva – pueden decir
mucho más de lo que se cree respecto a fenómenos nacionales o incluso a preguntas
teóricas que buscan apoyarse en un diseño de investigación de N pequeña. Para los
efectos de este trabajo, resulta especialmente relevante el enfoque de Synder para
analizar la naturaleza especialmente desigual del ejercicio de la política regional.
Uno de los problemas de esta corriente son las categorías utilizadas para la clasificación
de las unidades subnacionales menos democráticas. Entre ellas se encuentra la
clasificación de autoritarismos (Gibson, 2006), regímenes híbridos (Gervasoni, 2010),
regímenes subnacionales no democráticos (Giraudy, 2011). Todas estas clasificaciones
tienen en común la necesidad de categorizar aquellos lugares que no pueden ser
considerados democráticos a partir de mínimos procedimentales, pero presentan
situaciones competitivas lo que los hace no del todo autoritarios.
Una segunda corriente estaría representada por aquellos trabajos que hacen
agregaciones de espacios subnacionales para medir la democracia nacional. En esta
corriente se encuentran entre otros el excelente trabajo de Michael Ross (2007) y
Giraudy (2010). Esta última, en el caso de Argentina trabaja sobre la idea de democracia
de mínimos, estudiando expresamente la alternancia electoral. En Colombia trabajos coo
el de Rodrigo Losada realizan aproximaciones a las consecuencias electorales de la
parapolítica y a la competencia entre partidos a nivel subnacional (Losada, Implicaciones
elctorales de la reinserción política de las autodefensas en Colombia, 2006). Pese a los
importantes apartes de esta segunda corriente, sus análisis sobre la calidad de la
democracia se basan excesivamente en datos electorales, cayendo en lo que Dávila
consideraría una dimensión meramente normativa de la política regional (Dávila, 1999).
19
Recientemente, artículos como los de Whitehead (2016) se distancian de la categoría de
autoritarismo y se decanta por la de prácticas iliberales que no tienen la capacidad de
configurar un régimen autoritario, sino que distorsiona el régimen democrático haciéndolo
menos democrático.
La tercera tendencia reseñada por Pino – y de la que no nos ocuparemos en el presente
trabajo – es la desarrollada por Mc Mann para comparar, a partir de veintidós variables
subnacionales, las distintas variedades de democracia subnacional en 170 países, entre
199 y 1972 (Pino, 2017, pág. 221).
Para efectos de delimitación conceptual, en este trabajo nos concentraremos en la
primera tendencia, retomando las limitaciones al carácter autoritario de esos regímenes
subnacionales, entre otras la indefinición del déficit democrático, las dificultades para
comparar datos y procesos similares entre unidades subnacionales, las diferentes
dimensiones que pueden darse de restricciones a la democracia y el uso no constante
de las prácticas autoritarias por parte de las élites políticas regionales.
¿Qué hace al autoritarismo subnacional, autoritario? En el concepto de Gibson es el
cierre del espacio democrático a la permanencia de ciertas élites regionales, mientras
persisten expresiones territoriales de la oposición y el autoritarismo que también tienen
lugar en el espacio nacional. En efecto, para Gibson un aspecto importante es que la
permanencia en el poder de dichas élites, incluso considerando niveles de competencia
con élites “pares” implica la privación de derechos y libertades a ciudadanos habitantes
de dicha región o territorio (Gibson, 2006, pág. 206).
El carácter autoritario del espacio subnacional estaría definido por las siguientes
características:
• Las provincias se encuentran aisladas de las tendencias democratizadoras a nivel
nacional. El aislamiento ocurre por la incidencia activa de las élites regionales,
quiénes tienen mayor capacidad de hacer uso de recursos de todo tipo.
• La competencia es limitada. Pueden darse situaciones de competencia limitada
entre grupos. El acceso a la competencia es cerrado.
20
• Las élites son grupos de apoyo de líderes nacionales, participan en la
conformación de coaliciones políticas, pero controlan el acceso a dicha
conformación.
Para el caso colombiano, la hegemonía ejercida por las élites políticas no se podría
interpretar como Hegemonía de partido, de acuerdo con lo sugerido por Gibson (2006).
La cohesión de las élites en el caso de provincias colombianas es mejor definida por
Ocampo (2014) quién la inscribe en prácticas de sociabilidad cotidiana, vínculos
personales, lealtades, intercambio de recursos o favores. No es la lealtad a un partido lo
que cohesiona las élites. Por el contrario, es mucho más sencillo encontrar otro tipo de
mecanismos de cohesión mediados por los núcleos familiares o sociales establecidos en
el tiempo. En el caso del departamento de Córdoba, estudiado por Ocampo, la clase
política fue inicialmente conformada entre liberales y conservadores, pero la adscripción
no es lo que determina fundamentalmente las lealtades de grupo.
En síntesis, lo que configurará a lo largo de este trabajo el carácter autoritario del espacio
subnacional es el control territorial ejercido por un grupo específico con pretensiones
de hacerlo y que en la práctica implica cierto monopolio de la arena política local, así
como la manipulación y el control de los accesos a la misma en diferentes niveles. Es
decir, una unidad subnacional con un fenómeno persistente de autoritarismo presenta
espacios políticos cerrados a actores externos a ella y tiene capacidad de excluir
cualquier forma de oposición, considerando que – al menos en el caso colombiano – es
muy claro que la competencia política entre grupos no implica necesariamente oposición.
El término autoritarismo, para efectos de este trabajo se utilizará para referirse a ese
carácter limitado de varias unidades subnacionales, consideradas mínimamente
democráticas, sin dejar de considerar el debate existente en su utilización.
Así mismo, nos decantaremos por la utilización de un estudio de caso para el rastreo de
los principales mecanismos identificados por Gibson. En este caso, tanto por la
disponibilidad de información, como por su pertinencia, trabajaremos el caso del
Departamento de Córdoba en el período 1998 – 2018. A continuación, explicó el por qué.
21
En primer lugar, el excelente trabajo de arqueología documental realizado por Gloria
Ocampo (2014) otorga una gran ventaja en cuanto al rastreo de las redes políticas
locales, el carácter cerrado del espacio y los cambios en un período prolongado de
tiempo. Adicional a lo anterior, este trabajo de rastreo del proceso clientelar en un alto
nivel de detalle ayuda a solventar uno de los principales retos en el rastreo de procesos
similares para el caso de las unidades subnacionales y es la disparidad de información
entre unidades para realizar algún tipo de estudio comparado. En este caso, los trabajos
de Bennet & Checkel (2015) sugieren la realización de un rastreo de mecanismos en un
período específico de tiempo, o en dos momentos dentro del mismo estudio de caso.
En segundo lugar, un rastreo de los principales mecanismos de un proceso nos permite
considerar la parapolítica como un fenómeno que hace parte - por supuesto - del sistema
político regional y sus respectivas trayectorias, pero también ayuda a contestar la
pregunta de sí el autoritarismo subnacional de esas regiones fue provocado por el
fenómeno parapolítico, o por el contrario era una condición preexistente y por tanto
puede ser también una condición posterior.
En tercer lugar, esta posibilidad nos permite ahondar en una mirada profunda y no
normativa del clientelismo, enfatizando también en cómo la parapolítica como proceso
se adaptó a las relaciones clientelares anteriores, si efectivamente las modificó, o si se
produjo – como ya han señalado varios académicos y analistas – un momento
refundacional en el sistema político regional.
Resumiendo, el autoritarismo subnacional continúa siendo un concepto vigente desde
las diversas aproximaciones metodológicas que ha tenido en la literatura reciente. Sobre
si explica o no el fenómeno de la parapolítica, considero que aporta una estructura
interesante de mecanismos que es importante rastrear, pero dejando de considerar la
parapolítica como variable independiente que produce un resultado autoritario (posturas
refundacionales) a considerarla parte de un fenómeno clientelar anterior, en el cual tuvo
la opción de “echar raíces”.
22
1.3 Metodología para el rastreo de los mecanismos del autoritarismo
subnacional.
Retomar el concepto de autoritarismo subnacional para explicar el fenómeno requeriría:
i) evaluar la trayectoria de cada mecanismo, para lo cual utilizaré los tres mecanismos
desarrollados por Edward Gibson; ii) Describir con detalle el sistema de incentivos en un
caso específico que pueda ser documentado en mayor detalle, comparando el estado
final de los mecanismos descritos con el estado original. iii) Incluir la variable de violencia
en relación con los mecanismos a evaluar – situación que no fue contemplada en una
gran parte de la literatura internacional sobre autoritarismos subnacionales.
Para realizar este rastreo de procesos, voy a tomar como base metodológica lo planteado
por Yin (2003) y basarme en un estudio de caso a profundidad que me permita
profundizar en el comportamiento de los mecanismos en el período escogido. El caso
del departamento de Córdoba es ideal para estos propósitos por las siguientes razones:
• El excelente trabajo de documentación realizado por Gloria Ospina permite
disponer de información sobre el clientelismo y las redes políticas
departamentales con un nivel de profundidad que difícilmente se encuentra para
el caso de otros departamentos.
• La presencia de las ACCU implicó una utilización generalizada de la violencia y
expresada en masacres y desplazamientos forzados (RUV, 2018)7, pero al mismo
tiempo la presencia paramilitar también se utilizó de forma focalizada y con fines
políticos.
• El sistema político Cordobés ha tenido muy pocas variaciones, incluso
considerando el impacto a diez años de los primeros juicios de parapolítica.
• Los casos de parapolítica en Córdoba fueron emblemáticos por el alcance de la
relación políticos regionales – paramilitares.
7 Con las limitaciones propias del subregistro de hechos victimizantes, el RUV es a mi juicio una de las mejores posibilidades de acercamiento a los patrones de violencia contra civiles, al menos para tener una mirada generalizada de los mismos. El presente trabajo no pretende realizar una análisis de datos detallado ni grandes inferencias sobre el estudio de los mismos.
23
El estudio de caso del departamento me permitirá volver sobre la hipótesis inicial para
asegurar o refutar si la parapolítica efectivamente puede ser una expresión de formas
autoritarias subnacionales – que incluyen cierta adaptación del clientelismo subnacional
– pero que son anteriores a la misma y por tanto pueden persistir y convivir en el espacio
subnacional.
considerando los muchos aportes recientes a la teoría del autoritarismo subnacional, en
cuanto al rastreo de mecanismos es la teoría de Edward Gibson la que permite rastrear
tres mecanismos dentro de un estudio de caso8. Un mecanismo es en este caso la forma
en la cual las élites políticas regionales desarrollan estrategias de control territorial en los
espacios subnacionales, con la consecuente aparición o prolongación del fenómeno
autoritario (Gibson, 2006, pág. 209).
Los tres mecanismos de control territorial, según Gibson, son: i) parroquialización del
poder; ii) nacionalización de la influencia; y iii) monopolización de los vínculos
institucionales entre lo nacional y lo local.
Parroquialización del poder
La parroquialización del poder como mecanismo se expresa en las acciones
emprendidas por las élites regionales para mantener el conflicto aislado en las provincias
o regiones de control. Esto se hace por medio de bloqueos de flujos de información y del
control sobre la instalación de agencias nacionales. El hecho de que existan este tipo de
acciones presupone la existencia de algún tipo de oposición o resistencia al control que
trata de socializar dicho conflicto más allá de las fronteras subnacionales.
El uso del término parroquialismo ha sido frecuentemente usado por académicos
argentinos como Echegaray (1993) para describir el fenómeno del auge de partidos
locales “parroquiales” pero en negociación constante con los partidos nacionales
(Echegaray, 1993, pág. 46). Para efectos de este trabajo, retomaré este concepto y
entenderé el poder político parroquial como aquel cuyo interés predominante está dado
8 Toma el caso de los estados del “solid south” a finales del siglo XIX como un ejemplo de un grupo de territorios autoritarios, pero fuertemente integrados a la dinámica política nacional.
24
por su su lugar de origen, su adhesión de parentesco y con una alta personalizacón de
la representación política.
El control político local es percibido por las élites como su acceso a escenarios
nacionales y la clave para satisfacer aspiraciones propias como por ejemplo la
participación en coaliciones que deriven en beneficios particulares. En el caso de Brasil,
por ejemplo, las estrategias territoriales del control político están ligadas a las estrategias
en la política nacional. Sin estas últimas, las élites no tendrían los recursos suficientes
para maximizar los valores de control local. La paradoja de la parroquialización del poder
es que ésta requiere que estrategias territoriales de control se nacionalicen (Gibson,
2006).
¿Pudo darse una relación tan profunda entre paramilitares y políticos sin que ésta fuera
conocida por parte de la política nacional? El proceso de parroquialización del poder
requirió necesariamente que estas estrategias territoriales de control, incluida la
utilización de la violencia y la obtención de beneficios de esta fueran al menos toleradas
o conocidas por la clase política central. Así, el control que pueda ejercer la clase política
regional sobre la presencia de agencias nacionales y sobre los flujos de información es
altamente dependiente de la oferta que ésta presente a las élites centrales o nacionales,
y de su aceptación.
Dicha oferta se enmarca en un sistema de incentivos que incluye el manejo de recursos
y rentas, pero que requiere el control relativamente estable de una masa importante de
población. De esta forma, también acceder a la intermediación y lograr ‘parroquializar’ el
poder requiere de un esfuerzo constante por parte de las élites regionales por cerrar el
espacio a las influencias nacionales, pero al mismo tiempo mantener la relación con las
élites nacionales. En este sentido, las prácticas clientelares podrían ser vistas como
parte del mecanismo de parroquialización del poder.
Nacionalización de la influencia
La nacionalización de la influencia se refleja en la intención de las élites locales en
maximizar su influencia nacional, lo que con frecuencia se ve reflejado en la necesidad
25
de hacer parte de coaliciones de gobierno en el nivel central. Su contra-relato es la
presencia de una oposición que intenta así mismo expandir y socializar el conflicto más
allá de las fronteras subnacionales.
En este mecanismo se encuentra también oculto el punto débil de las élites regionales y
la posibilidad de iniciar un camino de democratización territorial. En una gran mayoría de
casos, los cambios en la arena política nacional afectan enormemente el control
territorial. Así mismo, una movilización local importante debilita la élite regional y traslada
el foco de opinión a la provincia, lo cual representa presiones y oportunidades para los
actores nacionales (Gibson, 2006). Para Gibson, el gobierno central y los partidos
nacionales son los actores más relevantes que podrían promover la democratización de
una provincia autoritaria.
Monopolio de los vínculos entre lo subnacional y lo nacional
El monopolio de los vínculos entre lo subnacional y lo nacional hace referencia al
conjunto de prácticas formales e informales para la nominación de representantes, y para
el control de los vínculos materiales e inmateriales entre los dos espacios geográficos.
Este mecanismo es crucial por cuanto su materialización introduce una pregunta:
¿Sería posible entonces, en un espacio subnacional considerado autoritario, que
alguien por fuera de las élites regionales tuviera acceso al espacio político nacional?
Este tercer mecanismo revela el carácter cerrado del autoritarismo subnacional, y el de
la relación entre élites regionales y nacionales. La relación en este caso es
interdependiente, adelantada en un estado fragmentado. Es decir, no siempre la periferia
está subordinada. La persistencia del autoritarismo subnacional sólo es posible gracias
a las dinámicas de gobernanza territorial entre el centro y la periferia.
Es decir, para que exista un régimen autoritario subnacional y haya permanecido un
tiempo considerable bajo un estado nacional democrático, el primero debe cumplir una
función conocida y aceptada por el segundo. Gibson desarrolla en este punto el
planteamiento de Sidney Tarrow, resumido en una serie de transacciones aceptadas por
las partes mediante las cuáles el centro y la periferia desarrollan su relación:
26
La periferia adelanta tareas El centro permite a la periferia
Mantenimiento del orden político Cerrar el espacio político
Distribución de votos Autonomía y poder
Provisión de servicios Acceso a recursos
Utilización focalizada de la violencia y la coerción
Quiero proponer un cuarto mecanismo utilizado por las élites regionales – que por
supuesto debe ser rastreado (y ojalá comparado en algún momento) y es la utilización
de la violencia y la coerción como un mecanismo de control territorial, ejercido por parte
de las élites regionales ante una posibilidad de cambio o resistencia, bien agenciado
desde el centro, o bien presente en la unidad subnacional. A continuación, expondré las
razones para proponer la inclusión de este cuarto mecanismo.
• Considero importante ubicar el ejercicio de la violencia como una parte del control
territorial ejercido por las élites, teniendo en cuenta las importantes consecuencias
y en ocasiones beneficios obtenidos por ellas en materia de control territorial.
• Una parte importante de los análisis de la parapolítica que consideran la
posibilidad de que ésta haga parte de un proceso de autoritarismo subnacional,
entienden que este último es producto de la primera. Es decir, el autoritarismo
subnacional en Colombia es producto de la aparición de la parapolítica. No
obstante, al considerar el ejercicio de la violencia como una estrategia de control
territorial de las élites, la relación con el paramilitarismo como grupo armado
estaría altamente relacionada con el carácter autoritario de la unidad subnacional,
que pudo ser incluso previo a la presencia del actor armado.
• La inclusión de este mecanismo nos permitiría rastrear en qué momento se
produce la relación grupo armado – políticos regionales, y cómo se inserta la
violencia en ella, así como permite también observar quiénes se constituyen en el
proceso como beneficiarios del control territorial.
27
• Así mismo, al hacer parte de los mecanismos de control territorial, permite rastrear
cómo se comportó el centro político con relación a la presencia del grupo armado
y la utilización violenta.
Gutiérrez (2014) en la descripción de las características constitutivas del paramilitarismo
aporta a la discusión cuando reconoce la existencia de una red política coercitiva en lo
local (el mecanismo es real) que participó al mismo tiempo en la gestión de las relaciones
de la élite política regional con la nacional. No obstante, en este caso la relación
establecida se trataría de un conjunto complejo e inestable de acuerdos, marcados tanto
por los beneficios mutuos como por los problemas de acción colectiva.
Capítulo dos. Breve trayectoria nacional de la parapolítica
Como se había señalado en el capítulo 1, las principales visiones disponibles en la
academia se agrupan en una vertiente cercana a las teorías de la refundación, y una
cercana a analizar el fenómeno como cercano a mecanismos tradicionales de
funcionamiento del sistema político nacional, como el clientelismo.
Respecto a este caso, el autoritarismo subnacional no sería el resultados de la aparición
de la parapolítica, sino un concepto que permitiría observar los sistemas políticos
subnacionales en dos momentos: el momento previo a la consolidación de la gran
relación entre políticos regionales y paramilitares y el momento posterior a la
desaparición de dicho grupo armado en el territorio. De esta manera resulta posible
revisar la trayectoria de los tres mecanismos descritos por Gibson y su comportamiento
ante la presencia/ausencia de una variable tan importante como el férreo control territorial
que ejercieron los grupos paramilitares en varias zonas del país.
Por parapolítica se ha entendido comúnmente la relación entre políticos (individuos o
grupos) y paramilitares (individuos o grupos). Sin embargo, esta definición minimalista
omite el hecho de que en esencia el paramilitarismo en Colombia ha mantenido relación
con grupos políticos, y que en esa relación ha existido beneficio mutuo (Cubides, 1999).
28
¿Qué hace a la parapolítica un escándalo nacional desde el año 2006? ¿Qué cambió en
esa relación? En primer lugar, de acuerdo con las primeras denuncias (López, Los
héroes que no se han reinsertado, 2006), es la dimensión del fenómeno. Se aseguró por
parte de jefes paramilitares que en ese momento las AUC controlaban el 35% del
Congreso de la República y un número importante de alcaldías y gobernaciones (Báez,
2018). Para la fecha, 61 parlamentarios y exparlamentarios han sido condenados por
concierto para delinquir agravado. Mientras algunos aseguraron en su momento que los
paramilitares buscaron a la clase política para ampliar su control territorial (Valencia,
2007), otros hablaron de captura invertida del estado, poniendo la intención de la relación
en los políticos y no siempre en los paramilitares (López, Y refundaron la patria, 2009).
En segundo lugar, considero que lo que hizo particular a la parapolítica en estos años
fue el alcance de la relación y la producción de un sistema complejo de incentivos, que
se adaptó exitosamente al clientelismo tradicional (Gutiérrez Sanín , 2015).
De esta forma, y entendiendo los vacíos conceptuales que aún se puedan presentar, por
parapolítica entenderemos el proceso mediante el cual políticos y paramilitares
generaron alianzas con beneficio mutuo dentro de un sistema de incentivos que otorgó
beneficios a las partes, en el marco del control territorial armado del grupo paramilitar.
Eso implica excluir de esta relación aquellas donde una de las partes no obtiene un
beneficio claro – como por ejemplo en un caso de extorsión o constreñimiento –,
entendiendo por supuesto que la agencia de uno de los actores puede estar limitada por
la presencia del control territorial del grupo armado y su potencial ejercicio.
Sobre el período de aparición de la parapolítica, gran parte de los análisis y sentencias
judiciales coinciden en el inicio del proceso alrededor de 1998 - 20009, coincidiendo con
la creación de la federación de grupos paramilitares unificados que vendría siendo las
AUC y el incremento de su control territorial.
Resumiendo, las AUC hacia el año 2000 contaban con un importante grado de control
territorial en al menos 260 municipios del país (Observatorio Presidencial para los
9 De acuerdo a la mayoría de las sentencias de políticos (Congresistas) vinculados con la parapolítica.
29
Derechos humanos y el DIH, 2000 ), con marcadas diferencias dependiendo de cada
frente. En muchas de estas regiones, ya los comandantes paramilitares tenían relaciones
previas con políticos regionales, senadores o representantes a la Cámara, y en muchos
casos – como el departamento de Córdoba – existían vínculos de vecindario, cercanía o
familiaridad.
Aquí, Robinson y Acemoglu (2012) afirman al analizar el caso colombiano, que los
paramilitares intentaron controlar el comportamiento electoral de los ciudadanos para
garantizar la elección en el Congreso de una serie de políticos con preferencias similares
que apoyaran políticas o leyes favorables a ellos. Según los autores, las políticas en las
regiones de presencia paramilitar están orientadas a las preferencias de estos últimos.
Más adelante, al analizar el caso puntual del departamento de Córdoba, discutiré con
esta posición. Lo que resulta altamente relevante, y demostrable con el modelo de
Acemoglu y Robinson, es el nivel de control territorial que permitió la distribución de
votantes de acuerdo con las alianzas que establecieron a lo largo del territorio nacional
los paramilitares y los políticos.
2.1 Sobre los partidos políticos y la parapolítica
El involucramiento de las AUC con la política electoral encontró en la fragmentación de
partidos un escenario favorable para la negociación con estos últimos. Por esta razón,
muchos analistas y académicos atribuyeron a la parapolítica el surgimiento de terceros
partidos. Entre ellos Bonilla (2007) y Valencia (2007) afirman que para el año 2002, la
votación atípica de los “nuevos partidos” estuvo altamente relacionada con la
interferencia de las AUC en las elecciones.
Estos terceros partidos no necesariamente significaron la introducción de nuevos
liderazgos políticos. En muchos casos, políticos anteriormente pertenecientes a los
partidos Liberal y Conservador conformaron nuevos partidos ante la apertura que
significó la constitución de 1991 y la autonomía ganada en la primera elección popular
de alcaldes. Sin embargo, en regiones de un fuerte control territorial de las AUC, la
fragmentación de los partidos facilitó la generación de pactos y alianzas, dado el fuerte
30
arraigo regional de las nuevas agrupaciones, lo que disminuyó los costos de transacción
con partidos de presencia nacional.
En 1998, el 38% del Senado no pertenecía a los partidos Liberal y Conservador, y un
31% de los movimientos y partidos que se presentaron obtuvo dos curules o menos por
cada uno. En ese mismo año, el Movimiento Nacional Conservador de William Montes
– actualmente condenado por parapolítica – obtuvo 7 curules al senado. En Cámara el
porcentaje de partidos diferentes al Liberal – Conservador fue de 49%.
A excepción del Movimiento Nacional Comunitario – fundado en el 2001 – ninguno de
los partidos que obtuvieron curul al Congreso en este momento tuvo un origen en la
intención de los frentes paramilitares de intervenir en política. En los expedientes
judiciales de congresistas y políticos vinculados no es posible inferir que los paramilitares
crearan un partido político propio, desde el experimento de MORENA en 1989 como
reacción a la creación de la Unión Patriótica, la reacción a los acuerdos de paz con las
FARC y la penetración del narcotráfico en el Magdalena Medio (Semana, 1989).
Coincidieron dos trayectorias observables hasta el momento las cuáles presentan
correlación, más no causalidad. Una, el inicio de la dispersión de los partidos políticos y
la explosión de movimientos unipersonales, unifamiliares o meramente regionales que
incrementa la capacidad y el poder de políticos locales y regionales de negociar con los
partidos y movimientos nacionales, y el incremento acelerado del control territorial de las
AUC por medio de un uso generalizado de la violencia, particularmente mediante
masacres, asesinatos selectivos y desplazamientos forzados (Observatorio Presidencial
para los Derechos humanos y el DIH, 2000 ).
Una tercera dinámica, recogida por Mauricio Romero (2003) entra a hacer parte del
panorama político regional: la reacción de una buena porción de las élites regionales
ante un movimiento de expansión democrática con diversas expresiones locales. En esta
reacción perfectamente pudieron confluir intereses de la clase política regional por
conservar el carácter cerrado del sistema, intereses gubernamentales por promover la
lucha contrainsurgente y los intereses propios de expansión de los diferentes frentes
paramilitares y de Autodefensa. La parapolítica como se conocería posteriormente nace
en esta convergencia de interés. A continuación, me gustaría detallar este punto.
31
La reforma política de 1991 inicia un proceso nacional de apertura política, cuya máxima
expresión se reflejó en la participación de grupos políticos regionales y locales en la
circunscripción nacional al Senado, con un éxito considerable para 1998. No obstante,
para el año 2001 las AUC ingresan a la disputa política local por el congreso, buscando
ser representados en la agenda que finalmente se traduce en el llamado Pacto de Ralito
por la Refundación de la Patria10.
El Pacto de Ralito fue convocado por Salvatore Mancuso con la intención de convocar
un movimiento político nacional, junto con una serie de políticos regionales, la mayor
parte de ellos pertenecientes a clanes políticos familiares o a redes políticas regionales
ya con representación. En total se reunieron cerca de 100 políticos y funcionarios de
Córdoba, Sucre, Bolívar y Magdalena. De 26 políticos firmantes, 20 ya tenían
representación política, aunque una gran mayoría se habían distanciado de los partidos
tradicionales11. En palabras del propio Salvatore Mancuso, la intención era convocar a
las élites regionales para consolidar un proyecto político que “expresara” los intereses de
las AUC (Verdad Abierta, 2010).
Posterior al pacto de Ralito, la función que cumplen las AUC es organizar la votación de
las élites regionales en “distritos electorales” (López, 2006) y definir el acceso a la
participación electoral. Es decir, se cierra el espacio a la participación exclusiva de los
candidatos y movimientos que contaran con el aval o permiso de las ACU. Algunos
liderazgos políticos como el de Eleonora Pineda o Rocío Arias fueron convocados por
las propias AUC como parte de su representación política propia. Estos últimos fueron
llamados por Valencia (2007) “los emergentes”. No obstante, estos casos no representan
la mayoría de los firmantes, ni los posteriores aliados.
¿Qué agenda compartían las AUC y las élites regionales? La petición de mayor
autonomía de las élites regionales y una férrea oposición al centralismo, que en la
práctica se deriva en una mayor demanda de transferencia de recursos desde el centro
a las regiones. Para las élites regionales esto significa incrementar los costos de
10 Acuerdo firmado entre las autodefensas y varios líderes políticos regionales de cara a las elecciones del año 2002 y a la unificación de agendas. 11 Conteo propio de acuerdo con las sentencias de la Corte. Ver Anexo 1, Políticos firmantes del Pacto de Ralito.
32
transacción del ejecutivo en el Congreso y al mismo tiempo cerrar el espacio político a la
participación de otras fuerzas o liderazgos por fuera de los grupos ya establecidos. En
síntesis, conservar un sistema político de competencia limitada en las regiones de
influencia de las AUC. Para las AUC, la expansión del grupo y el respaldo del Congreso
en un eventual proceso de paz eran los puntos fundamentales de la agenda12.
En un detallado trabajo sobre los patrones electorales, Rodrigo Losada respalda la tesis
de relación o pacto – con consecuencias electorales – entre algunos congresistas y las
AUC (Losada, Implicaciones elctorales de la reinserción política de las autodefensas en
Colombia, 2006). Otros trabajos como el de Claudia López en Antioquia (López, 2007)
muestran las trayectorias de los diferentes pactos y alianzas y cómo impactaron en las
elecciones a Congreso, gobernaciones y alcaldías. Para el caso de Antioquia, Claudia
López (2007) plantea la existencia de una asociación directa entre altas tasas de
homicidios, ocurrencia de masacres y cambios en los patrones electorales analizando
subregiones y estableciendo patrones de atipicidad13.
Así, las elecciones del 2002 se presentan con un alto grado de violencia relacionada, lo
que fue demostrado por Rodrigo Losada (2005), quién estudió los patrones de violencia
política y las afectaciones sobre la participación electoral. En el año 2002 la participación
en zonas de presencia paramilitar fue claramente más alta que el promedio nacional. Al
mismo tiempo, se crearon distritos electorales que concentraron votaciones
extremadamente altas por un solo candidato en los departamentos de Antioquia,
Córdoba, Sucre, Magdalena, Cesar y La Guajira (Revista Semana, 2005). La mayoría de
estos candidatos representaban facciones o coaliciones políticas separadas de los
partidos tradicionales.
Mediante una comparación entre grupos de municipios (con presencia demostrada de
las AUC)14 Losada observa que efectivamente un grupo de candidatos presentan
12 Según declaraciones de Ernesto Báez ante la corte suprema de justicia. 13 La atipicidad era entendía como cualquier resultado electoral individual o por partido que obtuviera votos por encima de 3 desviaciones estándar sobre el promedio del municipio. 14 Dicha lista, constituida por 52 municipios, es la siguiente: En Antioquia: Arboletes, Cáceres, Caucasia, El Bagre, Necoclí, Puerto Berrío, Puerto Nare, Puerto Triunfo, San Juan de Urabá, San Pedro de Urabá, San Rafael y Tarazá;
33
comportamientos electorales en extremo curiosos, como por ejemplo obtener el 75% o
el 90% de la votación total de un municipio (Losada, Implicaciones elctorales de la
reinserción política de las autodefensas en Colombia, 2006). Reconoce Losada que este
comportamiento electoral se presenta en lugares con una fuerte presencia y accionar de
las autodefensas. Igualmente encuentra que las agrupaciones de municipios coinciden
con los pactos y acuerdos entre políticos y paramilitares, de la misma manera que acepta
que existió un ejercicio violento que influyó en el resultado electoral.
Las elecciones a Congreso del 2002 fueron efectivamente un punto de inflexión en el
cual las élites regionales tomaron distancia de los partidos liberal y conservador,
conformaron o se integraron en nuevas coaliciones con menores costos para su ingreso.
Las negociaciones electorales subyacentes al Pacto de Ralito o a otros acuerdos como
la cumbre de caramelo15, Pacto de Chivolo16, o Pacto de Pivijay17 se concretaron en
apoyos electorales, muchos de ellos mediante fraude electoral18, amenazas a candidatos
y constreñimiento al elector (Revista Semana, 2006). En otros casos, el apoyo de las
AUC a un candidatura en zonas de control territorial establecido no implicó la
movilización de recursos violentos.
Los partidos que obtuvieron representación con uno o más miembros condenados (a
hoy) por parapolítica se detallan en la tabla a continuación.
en Boyacá: Otanche y Puerto Boyacá; en Caldas, La Dorada; en Cesar, Aguachica, Agustín Codazzi y San Alberto; en Córdoba: Montelíbano, Planeta Rica, Pueblo Nuevo, Puerto Libertador, San Pelayo, Tierralta y Valencia; en Magdalena: Ariguaní (El Difícil), Cerro de San Antonio, Chivolo, El Piñón, Guamal, Pedraza, Pivijay, Remolino Salamina, San Zenón, Santa Ana y Tenerife; en Risaralda; Apía y La Celia; en Santander, El Carmen de Chucurí, San Miguel y San Vicente de Chucurí; en Sucre, San Onofre y Toluviejo; en Casanare; Aguazul, Monterrey, Tauramena y Villanueva; y en Meta: Acacías, Cabuyaro, Puerto López y San Martín. (Losada, 2006) 15 La cumbre del caramelo fue presentada como una fiesta en el corregimiento El Caramelo, donde asistieron varios senadores y representantes a la Cámara. La reunión se realizó en el año 2004 y según declaraciones de Rocío Arias a la Corte Suprema de Justicia, se sellaron varios pactos y alianzas electorales. 16 Departamento del Magdalena, suscrito entre Jorge 40 y políticos del departamento en el año 2000. 17 Pacto donde se acordó la elección de representantes en el Magdalena con el Bloque Norte de las AUC. Año 2001. 18 De acuerdo con las declaraciones de Rafael García a la Fiscalía General de la Nación.
34
Tabla 1: Número de parlamentarios actualmente condenados por “parapolítica” según el partido por el cual fueron electos en el año 2002.
Partido Número de parlamentarios
condenados (2002-2006)
Alas Equipo Colombia 4
Apertura Liberal 2
Cambio Radical 12
Colombia Democrática 7
Colombia Viva 3
Convergencia Ciudadana 7
Convergencia Popular Cívica 1
Movimiento Popular Unido 1
Partido Conservador 7
Partido de la U 6
Partido Liberal 12
No necesariamente la posición oficial de los partidos políticos, especialmente los partidos
con mayor representación nacional (Liberal y Conservador) significó apoyo explícito de
las colectividades nacionales a las AUC. No obstante, al menos hasta la aparición del
escándalo mediático en el año 20004 – 2005 la posición oficial fue de tolerancia o de
ignorancia pretendida ante la situación en las regiones (Revista Semana, 2007). La
famosa frase del entonces presidente Álvaro Uribe resume muy bien la posición de los
partidos antes la crisis del Congreso del 2002:
"Les voy a pedir a todos los congresistas que nos apoyan, que mientras no estén en la
cárcel, voten (Revista Semana, 2007)"
De los partidos anteriormente mencionados, únicamente 4 (Colombia Democrática,
Colombia Viva, Convergencia Ciudadana y Convergencia Popular Cívica) expresaron un
apoyo públicamente explícito al primer proyecto de Ley de Alternatividad Penal
presentado por el Ejecutivo en agosto del 2003. 60 congresistas apoyaron públicamente
el discurso de Salvatore Mancuso en el Congreso en el año 2004 (Morris, 2004).
35
Únicamente dos Congresistas de los partidos vinculados al pacto tendrían reacciones en
contra.
Las mayorías en el Congreso se reconfiguraron en el año 2002, pero bajo una coalición
de gobierno relativamente estable. El partido Liberal y el partido Conservador perdieron
mayorías en el Congreso. El compromiso de los políticos y dirigentes regionales con una
determinada colectividad o partido político se disolvió y la migración de políticos entre
movimientos y partidos fue en extremo alta hasta las elecciones del 2006, donde la
Reforma Política del año 2003 premió a las colectividades más grandes en un intento de
fortalecer el sistema de partidos.
En las elecciones del 2006 los partidos que otorgan aval a las diferentes redes políticas
regionales que hicieron parte del acuerdo con las AUC fueron Convergencia Ciudadana
– transformada en Partido de Integración Nacional (PIN) – el Partido Conservador, el
Partido de la U y el Partido Liberal. No obstante, para las elecciones de 2006 la influencia
directa de las AUC mediante el constreñimiento o el fraude electoral organizado en una
escala masiva no estuvo presente en la misma proporción para los comicios.
No obstante, en el año 2007 59 congresistas estaban siendo investigados por
parapolítica, por apoyos de las AUC acontecidos entre el 2000 y el 2006, año de la
desmovilización del grupo. Aunque en menor proporción, las AUC también procuraron
mantener sus apoyos y alianzas para el congreso del 2006 (López & Sevillano, 2008).
No obstante, mientras la posibilidad de elección para el año 2002 no estaba abierta a
cualquier candidato en las zonas de control territorial de las AUC, para el 2006 las redes
políticas regionales – y los partidos nacionales – tuvieron un grado mayor de autonomía
para conservar o aumentar su participación en el Congreso. La oposición en esos
departamentos tampoco tuvo opción de presentar candidaturas (Losada, Implicaciones
elctorales de la reinserción política de las autodefensas en Colombia, 2006).
La Corte Suprema de Justicia inicia formalmente las investigaciones en el año 2006
(López & Sevillano, 2008). En los procesos judiciales se encontró que la alianza entre
políticos regionales y paramilitares estuvo fundada en la consecución de i) apoyos
electorales, ii) beneficios directos de parte de los políticos a las AUC (votación de reglas
36
y normas favorables) y iii) acceso a burocracia a nivel local (López, 2007). Sin embargo,
pese a la existencia probada de una serie de beneficios políticos, diez años después,
parecieran ser mayores para los políticos regionales que para los antiguos miembros de
las AUC.
En las elecciones a Congreso del 2010 parece mantenerse la tendencia a la
conservación y reubicación de las mismas redes políticas regionales del 2006 y en
muchos casos del 2002, ya sin la presencia y la coacción probada de las AUC. Es decir,
los cambios registrados en el número de partidos representado en el Congreso tanto en
Senado como en Cámara parece no haber tenido mucha influencia en la modificación
sustancial de los grupos políticos regionales. Es decir, las mismas redes se presentan a
elecciones y obtienen curules, sin la presión directa o la presencia del pacto con las AUC.
Más aún, muchos de los congresistas electos llegan al congreso sin experiencia política
previa, más allá de la pertenencia al grupo familiar del congresista detenido o condenado.
Es decir, un caudal importante de votos en las regiones se conserva en determinada
familia o red local, sin que el peso de la “pérdida” de su principal liderazgo sea realmente
fuerte. En el 2010, dichos candidatos participaron en el Partido de Integración Nacional
– PIN – el Partido de la U, el Partido Conservador y Cambio Radical. Finalmente, para el
año 2014, estos grupos políticos regionales se reubicaron en diferentes partidos y
participaron en coaliciones de gobierno. La distribución de dichas redes se concentró en
el Partido de la U, el Partido Conservador y Cambio Radical. No hay ningún reporte que
afirme que en las elecciones del 2010 los resultados estuvieran mediados por un fuerte
constreñimiento, ni por prácticas masivas de fraude electoral o el cierre violento del
espacio democrático en las regiones. No obstante, tampoco es posible afirmar que los
grupos políticos regionales – por fuera de estas redes – tuvieran posibilidades de ser
electos como Senadores o Representantes a la Cámara en la misma proporción que las
redes políticas tradicionales.
Capítulo tres: autoritarismo subnacional, clientelismo y parapolítica
en el departamento de córdoba. Estudio de caso.
37
Habiendo resuelto en el capítulo pasado la pertinencia de un estudio de caso particular
para el Departamento de Córdoba, pasaremos a realizar el rastreo de mecanismos en
el período señalado. Para ello, analizaremos la conformación y evolución de las redes
políticas desde un momento inicial – 1998 – hasta un momento final – 2014.
Para el análisis, y por razones de tiempo y disponibilidad, omitiremos la participación de
alcaldes en la conformación de dichas redes, esperando en un estudio posterior
continuar con el análisis. Para este caso en particular, nos basaremos en las redes
políticas que han participado en el Congreso de la República y en la Gobernación de
Córdoba, con algunas menciones muy puntales a ex – alcaldes que ya cuentan con
sentencias condenatorias.
Los resultados de este rastreo se presentarán de la siguiente manera. Una primera parte
va a describir la conformación de las redes políticas en 1998 de acuerdo con los
mecanismos descritos en la primera parte de este trabajo. Se analizará si las redes
ejercían un tipo de parroquialización del poder, cómo era la relación con la clase política
nacional y si existía monopolio de los vínculos institucionales entre el espacio nacional y
el regional. Finalmente se revisará si efectivamente existió utilización de la violencia
política para conservar o modificar el sistema político regional.
Una segunda parte explicará cómo se desarrolló la parapolítica en el departamento para
las elecciones del año 2002 y 2006 y la evolución de esos mecanismos a la luz del
proceso hasta el inicio de los primeros procesos por parapolítica en el año 2010.
Finalmente se analizarán las elecciones del 2010 y el 2014 para observar el resultado de
la conformación de las redes políticas y de la trayectoria de los cuatro mecanismos
mencionados y se establecerán conclusiones analíticas al respecto.
Este estudio de trayectoria se realizó con base en la realización de entrevistas a políticos
regionales y personas vinculadas con la clase política regional, personas pertenecientes
a movimientos sociales o políticos en oposición a dicha clase y personas vinculadas a
instituciones públicas que han trabajado en el departamento. Se analizaron datos de
resultados electorales, sentencias judiciales por parapolítica, procesos y testimonios de
justicia y paz y cifras de violaciones a los derechos humanos con dos fuentes:
38
observatorio presidencial para los derechos humanos y el DIH (hasta el 2010), Policía
Nacional, y la base de datos Noche y Niebla del CINEP.
3.1 Mecanismos de control político utilizados por las élites locales (1997 – 2002)
Tanto en el Senado como en la Cámara, las redes políticas del departamento han
funcionado privilegiando el liderazgo regional como el nacional. En 1998 quedan
representadas en el Congreso las siguientes redes:
a. Mayorías Liberales (Partido Liberal): Juan Manuel López Cabrales al Senado,
Miguel Alfonso de la Espriella y Freddy Ignacio Sánchez a la Cámara.
b. Burguismo: Representadas por Julio Manzur19 al Senado, Luis Carlos Ordosgoitia
Santana a la Cámara20
c. MIPOL (Naderismo): Mario Salomón Náder Náder21 al senado, Reginaldo Montes
a la Cámara.
d. Insurgencia Liberal (Jattinismo + Jochismo22): Flora Sierra de Lara23 es electa al
Senado y Zulema Jattin a la Cámara de Representantes.
Cada uno de estos grupos se crea de una trayectoria particular de los partidos Liberal y
Conservador en el departamento, que a su vez reflejaban el liderazgo de distintos tipos
de facciones nacionales. Hasta la primera elección popular de alcaldes (13 de marzo de
1988) la capacidad de estas facciones dependía de la calidad de los vínculos obtenidos
con el ejecutivo nacional, por lo cual el nombramiento de gobernadores era directamente
proporcional al peso que tuviera la facción o el grupo político en el Senado de la
República. En el anexo 1 se puede observar la trayectoria previa de dichos grupos.
Gloria Ocampo establece las bases de la cohesión de las élites políticas en Córdoba en
el parentesco y la localidad (Ocampo, 2014. Pág.94) Así, las élites que se conforman se
19 Julio Manzur se acogería a la JEP en el año 2017. En el proceso se asegura que las reuniones con Mancuso se hicieron para acordar asesinar a un concejal. 20 En el 2004 fue designado por Álvaro Uribe como director del Instituto Nacional de Concesiones (INCO). 21 Falleció en marzo de 2006 a la edad de 72 años. Lo sucedió en el Senado su hijo Mario Salomón Náder Muskus. 22 Por Jorge Ramón Elías Náder, conocido como Jochelías. 23 Esposa de Jaime Lara Arjona, condenado por el proceso 8.000
39
van expandiendo en una suerte de alianzas internas entre facciones y subgrupos. En la
mayoría de los casos implica adhesiones territoriales o familiares.
Entendiendo que hasta 1991 las élites cordobesas se organizaban según el origen
(liberal o conservador) y la relación o alianza con el Ejecutivo Nacional. La participación
en el Congreso – medida en número de senadores o representantes a la Cámara – se
correspondía con el apoyo o nombramiento de alcaldes y gobernadores, así como el
acceso a los recursos centralizados. Las élites políticas del momento eran cerradas y
semi-competitivas.
Grupos que se derivan del Partido Liberal.
a. Mayorías Liberales
La familia López es considerada la más tradicional e ideológicamente afín al Partido
Liberal en el departamento de Córdoba24. La tradición política proviene de los liberales
navarristas: Jesús María López, Libardo López Gómez25 y Edmundo López (Ocampo,
2014). De Libardo López se desprenden los liderazgos de Libardo José López Cabrales
– gobernador en el año 2003 – y Juan Manuel López Cabrales, senador desde 1991 y
Representante a la Cámara desde 1986.
Libardo López personificaría la transición a un clientelismo moderno, basado en el control
de recursos públicos (Dávila, 1999). El estilo de acción política de los López a finales del
siglo XX es claramente parroquial. El control de los López sobre la burocracia
departamental estuvo determinado por el tipo de relación establecida con los círculos de
poder liberal en Bogotá (Ocampo, 2014, pág. 108) y por el manejo de la Asamblea
Departamental y varios concejos municipales. En 1994 Juan Manuel López Cabrales
(hijo) asume la dirección de Mayorías Liberales.
b. Insurgencia Liberal o Jattinismo (+ Jochismo)
Francisco José Jattin Zafar, padre de Zulema Jattin fue representante a la Cámara y
Senador hasta 1996, fecha en la que pierde su curul por los vínculos con el proceso
8.000. Después de la captura de Jose Francisco Jattin, Insurgencia liberal se disuelve.
24 Entrevista a funcionario público del departamento. Enero de 2011. 25 Concejal, alcalde, gobernador y embajador en Panamá (1979)
40
Jattin logra en 1998 hacer llegar a su hija Zulema a la cámara de representantes con un
total de 46.021 votos en sus primeros comicios. Jattin fue considerado uno de los barones
electorales más prominentes de la Costa Atlántica (El Tiempo, 2009). El Jattinismo
desde sus orígenes se considera competidor de Mayorías Liberales y del liderazgo de
los López en la región.
Por su parte, Jorge Ramón Elías Náder adhiere a comienzos de los noventas a
Insurgencia Liberal en el marco de la primera elección popular de gobernadores para
apoyar al también dirigente liberal Jorge Manzur Jattin en contra de Rodrigo García
Caicedo, posteriormente investigado por colaboración con los paramilitares, y un sector
del recién desmovilizado EPL. Manzur Jattin, apoyado incluso por un sector de la
Asociación Nacional de Usuarios Campesinos – ANUC – obtiene la gobernación.
A cambio, el Joche Elías y Jose Francisco Jattin ocuparían curules al Senado, al igual
que Jaime Lara Arjona, hasta quefueron condenados en el marco del proceso 8.000
(Ocampo, 2014). La alianza entre el “jochismo” e Insurgencia Liberal afectó el capital
político de la facción liberal de Germán Bula Hoyos26. En palabras de Ocampo: compró
todos sus lugartenientes (Ocampo, 2014, pág. 122).
c. MIPOL (Naderismo)
Al igual que Insurgencia Liberal, proviene de un sector del Partido Liberal conocido como
el Aminismo27. De acuerdo con la excelente etnografía realizada por Gloria Ocampo
(2014) este movimiento proviene de Liberalismo representado en Alfonso Hernando de
la Espriella, quién posteriormente apoyo a Carlos Náder Simons28, éste a Salomón Náder
Náder y Jorge Elías Náder. Posteriormente a Mario Salomón Náder Muskus. Si embargo
el movimiento es el instrumento para desarrollar la actividad electoral por parte de las
familias o grupos involucrados. El Naderismo se consolida a partir de 1998 como uno de
26 Según Castillo (2001) Citado por Ocampo (2014, pág. 122) Bula Hoyos y el senador Eduardo Mestre declararon a favor de los hermanos Rodríguez Orejuela del cartel del norte del Valle cuando estos últimos solicitaron autorización a Mindefensa para crear la empresa de seguridad privada Servicios de Seguridad Ltda. 27 Por Jose Miguel Amín Araque. 28 Congresista por el departamento de Córdoba durante 12 años. Estuvo preso en Estados Unidos al intentar vender cocaína a agentes encubiertos de la DEA. Recientemente fue involucrado en las amenazas de muerte al periodista Daniel Coronell y su familia. Ampliamente conocido por sus vínculos y amistad con Pablo Escobar (Revista Semana, 2005).
41
los grupos políticos más fuertes en el municipio de Sahagún, con un importante caudal
electoral. Reginaldo Montes representó dentro del grupo una importante cuota de votos
en el municipio dada su trayectoria como concejal de Sahagún (1990-1991) y Diputado
de la Asamblea de Córdoba (1995-1997).
Tanto MIPOL como Insurgencia Liberal tuvieron sendos antecedentes de relación con el
Narcotráfico en los inicios de los años noventa. Incluso, Carlos Náder Simmonds se
preció en público de su relación personal con Pablo Escobar29 (Simmondss, 2009).
Grupos que se derivan del Partido Conservador
La trayectoria del conservadurismo previa a las elecciones de 1998 no resulta tan diversa
como la liberal. Julio Manzur es electo senador con el apoyo de Amaury García Burgos,
quien fuera también senador, gobernador y ministro. Para 1998 no alcanzó a conseguir
la curul a la Cámara de Representantes, así como Mara Bechara de Zuleta, quién
tampoco alcanza la votación necesaria.
Julio Manzur Abdala había estado en la política desde 1980, alternando varios períodos
como senador y representante a la cámara. Su elección en 1998 se da en fórmula con
Luis Carlos Ordosgoitia a la Cámara derrotando al hijo de Amaury García Burgos, quién
había apoyado dos listas para esa ocasión. Manzur sería capturado en el año 2009. En
su momento acuñó la frase: "desconocer las relaciones de la política con los paramilitares
es tratar de tapar el sol con una mano" (El Espectador, 2017). Manzur ha manifestado
quererse someter a la Justicia Especial para la Paz en el año 2017.
Mecanismo 1: El poder político parroquial. Adhesiones primarias y
personalismos.
Para responder esta pregunta es necesario analizar si las élites políticas anteriormente
mencionadas tenían la capacidad de bloquear flujos de información y de controlar la
instalación – o no – de agencias nacionales (Gibson, 2006). Así mismo, es necesario
establecer no solamente si estas élites tenían acceso a escenarios nacionales para
29 Entrevista de Náder Simmonds en la W Radio el 23 de septiembre de 2005.
42
satisfacer aspiraciones propias y participar en coaliciones. Es decir, maximizar el control
local.
Tabla 2. Capacidad de bloqueo de información, control de rentas públicas y agencias nacionales. 1998.
Élite o grupo Capacidad de
bloquear
información
nacional
Ejercen
intermediación
de recursos y
rentas
públicas
Satisfacen
efectivamente
aspiraciones
propias
Controlan la
presencia de
agencias
nacionales
Mayorías Liberales No Si Si Si
MIPOL No Si Si No
Insurgencia Liberal No Si Si Si
Conservatismo (Manzur –
Burguismo)
Si Si Si Si
A continuación explicaré cada una de las variables que componen la tabla 2 y que
corresponden a las características descritas por Gibson para afirmar que existe
parroquialización del poder.
En primer lugar, de acuerdo a lo desarrollado por Echegaray (1993), el carácter
parroquial de cada uno de los grupos políticos listado se encuentra determinado por la
priorización de los intereses de parentesco y localidad por sobre otro tipo de intereses
programáticos o ideológicos (sin negar que puedan existir). Negrete (2007) describe a
cada uno de estos grupos como coaliciones de personas cuyo principal factor de
cohesión – casi prescriptivo – es el parentesco. A esta característica de la clase política
cordobesa, Ocampo (2014) la llama la adhesión primaria.
Si dividimos los grupos políticos con representación política significativa en 1997-1998
según los orígenes (liberal o conservador) y revisamos las diferentes jefaturas políticas,
encontramos que los grupos de origen liberal priorizan – antes que su adhesión al partido
– la priorización de su vínculo familiar, o de la localidad de origen. En la tabla 3, se puede
ver los grupos de origen liberal/conservador y su relación con la localidad, extraída de la
etnografía de élites políticas realizada por Ocampo (2014, pág. 94)
Tabla 3: Características de parentesco y localidad de las jefaturas políticas con representación en 1998 en el departamento de Córdoba. Fuente: Ocampo (2014, pág 94-97).
43
Grupos de origen
liberal/conservador
Características de localidad y Parentesco
Mayorías Liberales San Andrés de Sotavento (Familia López)
Lorica (Familia Amín)
MIPOL Sahagún (Familia Náder)
Insurgencia Liberal Lorica (Familia Jattin)
Conservatismo (Manzur –
Burguismo)
Cereté (Familia Manzur)
Montería (Burguismo)
Mayorías liberales era para 1998 el grupo mayoritario en cuanto a representación política
local con un 42% de las alcaldías, mientras que la gobernación estaba en manos del
partido conservador, con el grupo de Carlos Buelvas Aldana. La adhesión de territorios
a las alcaldías dependía en primer lugar de la capacidad de los líderes locales de
negociar recursos y cuotas burocráticas desde la gobernación, y al mismo tiempo
mantener o intentar una posición favorable en los concejos municipales, asambleas
departamentales o Cámara de Representantes. No obstante el acceso a la jefatura del
grupo o movimiento dependía exclusivamente de la pertenencia al clan López o de las
alianzas que éste quisiera realizar.
Tal vez el mejor ejemplo es la alianza suscrita para las elecciones de 1997 entre el
Aminismo – en cabeza de Gabriel Amín Manzur – con una amplia presencia e influencia
en Lorica, y que inauguró lo que fue conocido como la hegemonía de Mayorías Liberales.
Esta alianza le produjo a Mayorías Liberales acceso al Jattinismo de Lorica y le permite
ganar la competencia con el Naderismo (Anónimo, 2018). No obstante, ninguno de los
movimientos políticos o grupos existentes permanecieron en esta etapa sin participación
alguna en cargos púlblicos dentro de la gobernación, o estuvo absolutamente excluido
de la posibilidad de negociación con el grupo mayoritario. Si la pertenencia a una jefatura
política estaba determinada por el parentesco, el acceso a este segmento de población
implicaba la posibilidad de un alto incremento de rentas y capital.
Por otra parte, es de señalar que fuera de las relaciones de adhesión primaria, altamente
personalistas por demás, no existía en el momento otra manera de acceder a una jefatura
política o posición de liderazgo dentro de los grupos políticos. Los partidos nacionales no
44
tenían influencia directa sobre la determinación de grupos y candidaturas. Únicamente
garantizaban la inclusión de las élites locales en posiciones claves de la política nacional
que les pudieran representar ventajas. No en vano se achaca el triunfo de Mayorías
Liberales a los amigos de Bogotá de Juan Manuel López Cabrales (Ocampo, 2014, pág.
101)
La instalación de planes, programas o agencias públicas desde el centro pasaba
entonces necesariamente por la intermediación, y a su vez el acceso a dicha
intermediación era dado por la adhesión primaria. Los beneficios de este sistema de
incentivos para ambas partes resultaban positivos y como consecuencia de ello los
partidos nacionales y sus representantes “de Bogotá” aprendieron a no intervenir
directamente en la competencia entre familias y movimientos30.
Otro ejemplo que muestra claramente el carácter parroquial del poder político en
Córdoba es el de las élites políticas del municipio de Sahagún, municipio donde fue
fundado el Movimiento de Integración Popular Liberal (MIPOL). Este movimiento fue
incluido por Valencia (2007) en los llamados movimeintos “emergentes” que llegaron al
poder producto de la parapolítica. No obstante, el MIPOL tenía representación local
tradicional desde los años ochenta, momento en el que fue fundado por Salomón Náder
Náder quié posteriormente hereda el capital político a sus hijos (MOE, 2007).
La política se fue convirtiendo en la principal actividad económica de zonas enteras del
departamento, como el municipio de Sahagún (Revista Dinero, 2012). La acumulación
de capital electoral fue en Córdoba el centro del clientelismo, mucho antes de la aparición
de los llamados clientelismos de mercado (Dávila, 1999)
En el caso del conservatismo, Julio Manzur asumió las banderas del Burguismo,
movimiento predominante en los grupos conservadores, desde 1993 hasta el año 2009,
30 La última intervención directa registrada por Negrete (2007) fue la del presidente Lleras Restrepo en el momento en que la reforma agraria “Salta” a las élites políticas y negocia directamente con el campesinado. Aún a hoy, la élite política departamental de diferentes adscripciones acusa a esta negociación de la quiebra de un importante sector ganadero y justifica la intervención de grupos de autodefensa, especialmente de Fidel Castaño, en esta narrativa (Centro Nacional de Memoria Histórica , 2014)
45
fecha en la que es vinculado a las investigaciones por parapolítica. En el congreso de
1998, Manzur Abdala hizo fórmula con Luis Carlos Ordosgoitia quien participó en la firma
del Pacto de Ralito, pero de quien no se pudo comprobar obtuviera beneficio del mismo.
El mecanismo de parroquialización del poder parece conectarse con el concepto de
clientelismo acuñado por Duncan (2018) y expuesto en el capítulo 1.Ya en 1998 el
sistema político local contaba con una clase política profesional inmersa en un el
mercado del clientelismo. La actividad política se hace más compleja, requiriendo de la
intermediación con instituciones laxas que eviten que las normas no sean aplicadas tal y
como están establecidas (Duncan, 2018, pág. 75). Entre más parroquial fuera el poder
político en el departamento, menor sería el riesgo de intervención de agencias
nacionales.
El carácter de parentesco y localidad se conservó incluso con la expansión de las AUC
y la instauración de su amplio control territorial. A excepción de pocos liderazgos políticos
como el de Eleonora Pineda en Tierralta, los paramiltiares no intervinieron para romper
los mecanismos de adhesión primaria. Por el contrario, resultaba altamente conveniente
la alianza con la clase política nacional, que al mismo tiempo les representaba
integración y seguridad en el ejercicio de sus actividades armadas, incluyendo el
narcotráfico. Incluso, por la vía de la compra de tierras, la sociedad sinuana recibió en
los años noventas inversionistas y patrocinadores relacionados con el narcotráfico,
previo a la realización de los acuerdos “formales” con la clase política (Observatorio
presidencial para los DDHH y el DIH , 2009).
En palabras de Gibson, la clase política cordobesa competía entre grupos ligados por
parentesco y localidad, pero controlaba las fronteras con las instituciones nacionales y la
supervisión. No puede decirse que la clase política lograra un control efectivo de la
comunicación desde la provincia al centro o a otras provincias del país, pero la capacidad
para movimientos sociales o grupos de oposión fue altamente limitada en la época, y
aquellos no contaban con el respaldo de partidos políticos nacionales con representación
suficiente para ejercer presión.
46
Resumiento, en este periódo no exisitía en el departamento ningún mecanismo de
acceso a la representación política por fuera de los grupos tradicionales ya constituidos.
El código de parentesco y localidad y la aceptación de una jefatura “importante” de grupo
eran condiciones indispensables para la particiáción política. Como grupo, la élite política
no tenía la capacidad absoluta de bloquear información nacional, pero el acceso a la
información institucional con los partidos nacionales y las élites políticas centrales estaba
también limitado a las jefaturas de los grupos. A cambio, estos intermediaban con
recursos y rentas pública y aportaban votos y también recursos a las campañas
nacionales como lo mostró el caso del proceso 8.000 que involucró a Francisco José
Jattin .y a Jorge Ramón Elías Náder, entre otros.
Pese a las diferencias en el control de los recursos públicos y en el acceso a cargos de
elección popular, ninguno de los grupos políticos mencionados estuvo ausente de
participar en burocracia con fines de satisfacción individual. De hecho, varios de los
actualmente jóvenes que lideran el cambio generacional de las redes políticas
tradicionales ingresaron al Estado como funcionarios de Ministerios y cancillerías31.
El acceso a la contratación pública también funcionó desde la época como una forma de
satisfacción personal de los miembros del grupo. En palabras de un entrevistado,
exfuncionario de la Fiscalía General de la Nación, en la delegada Anticorrupción:
“Tú no quieres soltar el poder político porque es lo que te garantiza el futuro de la familia,
que te llame el presidente a decirte: Oye! Necesito un favor tuyo. Que tú puedas decir a
quién puedes y a quién no puedes contratar. Eso no es fácil de soltar. Tu haces lo que
sea para mantenerlo, porque tú no sabes hacer otra cosa” (Anónimo, 2018)
De esta forma, cualquier intento de generar algún tipo de intervención del orden nacional
debía ser intermediada por las élites departamentales, dependiendo así mismo de sus
diferentes disputas internas y competencias. Aunque en algunos momentos se consideró
que esta disputa tendió a la resolución violenta, la mayoría de la violencia política del
departamento se centró en impedir el posicionamiento de fuerzas políticas de oposición,
31 Por ejemplo Marcos Daniel Pineda en el Ministerio de Justicia (Conservador), Rubén Méndez (hijo de Eleonora Pineda) en el Ministerio de Viviienda, entre otros.
47
como pudo ser en los años 80 la Unión Patriótica, o entrados los 90 algunas facciones
del M19. Dicho por una persona nacida en el seno de una familia política: No era posible
hacer política por fuera de la clase política (Anónimo, 2018).
En conclusión, previo a la firma del Pacto de Ralito en el 2001, no solamente el poder
político en el departamento era altamente parroquial, sino que varios jefes como Fidel
Castaño ya habían ingresado a la exclusiva sociedad sinuana y mantenían relaciones
con la clase política local, a la par que adelantaban su campaña de de expansión
territorial posterior a la creación de las AUC en abril de 1997. Este aspecto lo abordaré
más adelante.
Mecanismo 2: Apoyos a cualquier costo. Influencia de la clase política local
en la política nacional.
Efectivamente en el período previo a al parapolítica, la relación entre la clase política
nacional y la clase política regional tenía como espacio natural de negociación el
Congreso de la República. No obstante, el sistema de incentivos mutuos que justificaban
el tipo de relación existente no necesariamente se cerraba al intercambio de apoyos
elctorales a cambio de recursos públicos destinados a las regiones.
Dicho sistema de incentivos determina las relaciones que se establecen entre la política
nacional y la política local. El departamento de Córodoba, al igual que la mayoría del
país, presenta una alta dependencia de los recursos del presupuesto nacional por la vía
de transferencias y regalías (Arbeláez, 2018 ). A cambio de los apoyos legislativos los
políticos locales podían acceder de forma directa o indirecta a una buena porción de
estos recursos, de los cuáles una parte importante se destinaba a la financiación de las
campañas y al mantenimiento de negocios familiares de la política local.
Tabla 4: Descripción de los principales incentivos políticos locales y nacionales.
Actor político Jefaturas nacionales de los partidos
políticos de apoyo
Ejecutivo nacional
Élites locales • Adscripción a redes políticas
nacionales, acceso a
burocracia pública del orden
Control de:
• Políticas nacionales en el espacio
local (democratización territorial,
48
Actor político Jefaturas nacionales de los partidos
políticos de apoyo
Ejecutivo nacional
nacional, mejores relaciones
con el Ejecutivo Nacional.
• No intromisión en la
distribución de los avales
políticos
• No ampliación del espacio de
participación a otros grupos.
seguridad nacional, programas de
atención directa, sustitución de
cultivos, etc.)
• Acceso a recursos directos y control
de la contratación estatal
• Participación en coaliciones de
gobierno.
Para 1998 los apoyos legislativos no se negociaban necesariamente desde la
intermediación de los partidos nacionales. La conformación del Congreso de la República
a partir de listas produjo que movimientos políticos como MIPOL participaran de manera
directa en las elcciones sin que eso implicara retirarse de sus adhesiones naturales al
partido liberal. El conservatismo participa en este momento de forma directa en la
coalición de gobierno por el apoyo del sector de Andrés Pastrana al Burguismo en el
departamento. No obstante, ninguno de los grupos restantes estuvo aparte de la
negociación con el ejecutivo nacional o de la participación burocrática, especialmente
Mayorías Liberales que en alianza con el Naderismo obtienen la gobernación en 1997.
La tabla 5 ilustra mejor este punto.
Tabla 5: Participación de los grupos políticos locales en coaliciones de gobierno.
Élite o grupo Participación en coaliciones de gobierno (El Tiempo, 2001)
Mayorías Liberales Miguel de la Espriella con Caprecom y Cajanal.
MIPOL Cuotas a Salomón Nader: ISS, Red de Solidaridad Social y
Telecom;
Insurgencia Liberal Cuotas en el Banco Agrario, INURBE, Fondo Nacional del Ahorro,
INCORA e ICETEX .
Conservatismo (Manzur –
Burguismo)
DIAN, Instituto de Seguros Sociales (ISS), SENA, Bienestar
Familiar, FINDETER, Fondo Nacional de Caminos Vecinales,
Invías.
A cambio la clase política no recibió únicamente recursos, sino autonomía para la
conservación de sus redes políticas, con un ingrediente adicional. Para la fecha, la
49
demanda de seguridad por parte de casi la totalidad de las élites políticas locales fue
atendida a través de grupos paramilitares y de autodefensa, con conocimiento en
muchos casos de los partidos nacionales y el ejecutivo nacional (Centro Nacional de
Memoria Histórica , 2014). Esto implicó la existencia de un intermediario adicional – las
ACCU y posteriormente las AUC – en la ecuación.
En el año 2000 con el secuestro de Juan Manuel López (Mayorías Liberales) y Zulema
Jattin (Insurgencia Liberal – Jattinismo) por orden de Carlos Castaño, se inaugura la
pretensión de las AUC de participar en la obtención de los beneficios de la política
nacional y garantizar que la provisión de seguridad desde el orden nacional se
mantuviera aislada de lo local (Negrete, 2011).
La ausencia del Estado no afectó directamente los intereses de la clase política. Por el
contrario, la no intervención y la cesión del control de la instalación y el funcionamiento
de las agencias estatales centrales y de la implementación de planes, programas,
proyectos y contratación pública fue un alto incentivo para la clase política local y también
para las AUC.
Mecanismo 3. ¿Monopolizaban el vínculo institucional entre ciudadanos y
Estado?
En 1998 la clase política, entendida como grupo semi- competitivo, controlaba una gran
parte del vínculo institucional entre el ciudadano y el estado. Arleth Casado, en una
entrevista realizada por Gloria Ocampo (2014) señala que la intermediación de la clase
política regional en el modelo clientelar es un sistema de favores o un servicio social,
dado que la gente a la que se atiende no “sabe” utilizar los servicios del Estado.
Cada uno de los grupos mencionados tenía la suficiente capacidad para controlar
vínculos institucionales entre el Estado y los ciudadanos, dado que prácticamente la
intermediación con la clase política regional para la época era prácticamente obligatoria.
Así, ni el Estado central, ni una facción aparte de dichos grupos hubiera podido
establecer un vínculo distinto de la ciudadanía con lo público.
50
Este mecanismo, por lo tanto, funciona entendiendo a la clase política regional como un
grupo semi-competitivo, pero cerrado al exterior. Es decir, el control varía dependiendo
de que subgrupo o facción tenga el control institucional en el momento, y cómo distribuya
los recursos disponibles (apoyo, burocracia y contratos) en el resto (Anónimo, 2018).
La mayor autonomía en el manejo de recursos de salud y educación, posterior a las
reformas de principios de los noventas, le dio a Mayorías Liberales la posibilidad de
montar la red más grande de “servicios sociales” directos que la clase política
departamental había tenido en el departamento. De esta forma, la relación clientelar se
inclina de manera asimétrica hacia la clase política regional, otorgándole una agencia
importante hacia las instituciones nacionales y también hacia la población en general,
que ya venía sufriendo afectaciones por la pérdida del patronazgo y la protección de éste
desde los años ochenta.
Mayorías liberales elige en 1997 Ángel Villadiego como gobernador, quién es
reemplazado por Jose María López Gómez entre el 2001 y el 2003. La gobernación en
el departamento es el cargo público de elección popular que más activa a las fuerzas
políticas (Ocampo, 2014) al tener la posibilidad de negociar no solamente la totalidad de
los recursos públicos a distribuir, sino incluso la posibilidad misma de elegir los
organismos de control. Normalmente quien controla la gobernación, controla la
Asamblea. La modernización estatal y su implementación, así como los potenciales
beneficios para los ciudadanos y habitantes del departamento pasaron obligatoriamente
por la intermediación de Mayorías Liberales en un primer nivel, y por el resto de los
movimientos liberales, en un segundo nivel.
A la pregunta de si podían en 1998 los ciudadanos acceder a las instituciones públicas
sin la intermediación de la clase política, la respuesta es no. Dentro de los canales de
participación formal era improbable que un ciudadano o un grupo de ciudadanos
accediera a las instituciones públicas sin la intermediación de un grupo político.
Hasta aquí, el análisis de los tres mecanismos que configurarían un sistema político
autoritario a nivel subnacional se cumple para el caso del departamento, sin considerar
51
la variable de influencia de las AUC de forma directa. Es decir, las élites políticas
regionales parroquializaban el poder político, trataban permanentemente de nacioalizar
(con éxito) su influencia y monopolizaban los vínculos entre el ciudadano y el Estado.
¿Qué cambia con la presencia de una variable tan determinante como la utilización de la
violencia en un contexto de un amplio control territorial por parte de las AUC? A
continuación, evaluaremos la trayectoria de la utilización de violencia política,
considerando por supuesto las limitaciones de los datos disponibles y el bajo poblamiento
del universo.
Mecanismo 4. ¿Utilizaban la violencia política de manera selectiva?
Para evaluar la trayectoria de este mecanismo, únicamente trabajé con casos en los
cuáles se pueda probar la relación entre la ocurrencia del evento violento y el liderazgo
de la víctima. La violencia generalizada, los enfrentamientos entre grupos armados, las
masacres y otros eventos violentos similares relacionados con el control territorial de las
ACCU – AUC se evaluarán en el aparte siguiente.
Las fuentes utilizadas fueron la base de datos de violencia política del CINEP, y el
Registro Único de Víctimas, al día de hoy la más especializada y completa del país. Esta
base de datos toma en cuenta bases oficiales como la policía nacional y medicina legal,
pero también el conteo caso a caso evita la duplicidad de información y permite realizar
mejores inferencias. Así, trabajaré con dos variables: Homicidio de líderes políticos y
sociales y homicidio intencional en persona protegida. El caso de la Unión Patriótica
tendrá una mención particular.
De acuerdo con el análisis de las bases de datos, la violencia política directa contra
líderes y lideresas, atribuida a grupos paramilitares, ACCU o AUC entre 1998 y 2014 ha
tenido los siguientes picos: 2001, 2009 y 2011. Es importante considerar los casos de la
Unión Patriótica como un antecedente fundamental para entender la forma como se ha
utilizado la violencia política en el departamento.
52
La UP, el Frente Popular (FP) y la desmovilización del EPL
Desde 1984 la Unión Patriótica, partido político creado para lograr la transición de la
guerrilla de las FARC, fue incrementando su participación electoral en el departamento.
En 1984, obtuvo 678 votos a la Asamblea Departamental. En 1.988 el incremento de la
votación fue apoteósico, obteniendo 11.703 votos. En 1990, después de la primera
elección popular de alcaldes, esta votación fue de 11.458 votos. Ya para 1.992, la cifra
fue de 1.692 votos.
La campana de la votación de la UP está directamente relacionada con los eventos de
asesinatos y amenazas a los líderes de esta colectividad. 26 líderes de la Unión Patriótica
fueron asesinados en esta segunda mitad de la década de los ochenta (Ospina, 2011).
El asesinato de Alfonso Cujavante en Montería el 15 de marzo de 1988, un día después
de salir electo como concejal con una alta votación, fue emblemático de lo que ocurriría
en esos años (Centro Distrital de Memoria Histórica, 2015). Ese mismo año, el 4 de
febrero fue asesinado Zenón Conrado. El 26 el activista Marco Tulio Pérez. El 27 en
Cereté el candidato a la Asamblea departamental Geminiano Pérez. En ese año,
automáticamente se asesinaba a todos los líderes que hubieran obtenido una votación
representativa. El asesinato de Cujavante golpeó definitivamente a la Unión Patriótica
que no volvió a tener votaciones representativas. Los liderazgos populares quedaron
confinados a participar dentro del grupo cerrado de las élites políticas tradicionales en el
departamento.
Líder Municipio Hecho Año
Roberto Miller Puerto Libertador Desaparición 1985 Felix Natanael Sáenz Ciénaga de Oro Asesinato 1987
Ebulio Díaz Gómez Tierralta Asesinato 1987 Óscar Moreno Díaz Tierralta Asesinato 1987
Rosa Lemos Montería Desaparición 1988 Luis Lemos Montería Desaparición 1988
Zoraida Montoya Montería Desaparición 1988 Gerardo Castaño Pueblo Nuevo Asesinato 1988
Alfonso Cujavante Montería Asesinato 1988 Arturo Jaramillo Sahagún Asesinato 1988
Marlene Caballero San Carlos Asesinato 1988 Lácides Tafur (ex –
alcalde) Valencia Asesinato 1988
Rafael Duque Pérez Montería Asesinato 1988
53
Líder Municipio Hecho Año Orlando Manuel
Colón Montería Asesinato 1988
Oswaldo Regino Pérez
Montería Asesinato 1988
Lino Andrés González
Montería Asesinato 1988
Francisco Dumar Maestra
Montería Asesinato 1988
Gustavo Guerra Doria
Montería Asesinato 1988
Rafael Díaz Tirado (candidato alcaldía
puerto libertador)
Puerto Libertador Asesinato 1989
Boris Zapata Meza (candidato UP)
Montería Asesinato 1989
Eugenio Rodríguez (Candidato)
Puerto Libertadores Asesinato 1990
Luis Lyons (Concejal)
Momil Asesinato 1990
Antonio Farías Prado Sahagún Desaparición 1990 Alejandra Camargo
Cabrales Montería Asesinato 1996
Gráfico 1: Asesinatos y desapariciones de líderes, candidatos y cargos de elección popular de la UP. Fuente: Banco de Datos Noche y Niebla. CINEP.
Finalizando los años ochenta, los dos movimientos surgidos del fallido proceso de paz,
Unión Patriótica y Frente Popular, fueron atacados por los grupos paramilitares y de
1
3
14
23
1
1985 1987 1988 1989 1990 1996
Asesinatos y desapariciones de líderes, candidatos y cargos de elección popular de la UP -1985 - 1996
54
autodefensa en el departamento. El blanco principal de las autodefensas fue el
movimiento político (Romero, 2003).
De acuerdo con el gráfico 1, sólo en 1988 fueron asesinados 11 líderes políticos y 3
fueron desaparecidos. Entre ellos, el ex acalde de Valencia Lácides Tafur. Montería,
Puerto Libertador, Tierralta y Sahagún fueron los lugares donde un mayor número de
líderes fueron asesinados y desparecidos.
Si bien en los años ochenta los homicidios, secuestros y extorsiones fueron los
principales hechos violentos contra población civil, adelantados por las guerrillas (FARC,
EPL) (Observatorio presidencial para los DDHH y el DIH , 2009), a partir de 1985
comienza a serlo el desplazamiento forzado, altamente relacionado con las masacres
perpetradas por los grupos paramilitares y de autodefensa.
El Observatorio presidencial para los Derechos Humanos (2009) en su conteo de
víctimas de homicidio tiene un conteo menos conservador que el registrado en la tabla
anterior, dado que involucra también líderes sindicales, indígenas y del Frente Popular.
De esta última agrupación fueron asesinados dirigentes y candidatos al Concejo. Así
mismo, en esta época también se registran asesinatos a miembros del PC – ML y 4
integrantes del movimiento Esperanza, Paz y Libertad, nacido de los diálogos de paz con
el EPL (Observatorio presidencial para los DDHH y el DIH , 2009). EL Observatorio
también señala el gran subregistro de los asesinatos y desapariciones de este grupo. En
la masacre de la mejor esquina32, ocurrida en abril de 1988, al menos 6 víctimas
pertenecían a FP. Otra masacre representativa de la violencia de 1988 fue la masacre
del Caserío El Tomate (jurisdicción de Canalete), donde mataron a 5 personas en un
autobús, 10 residentes e incendiaron 22 casas.
En 1988 fueron asesinados miembros de FP, de la UP, de la ANUC, dirigentes de base
del Partido Liberal, líderes indígenas, sindicalistas de diferentes sectores y otras
organizaciones populares no identificadas (Observatorio presidencial para los DDHH y
el DIH , 2009).
32 En esta masacre fueron asesinadas 28 personas mientras celebraban una fiesta en el caserío. Se menciona que la policía de Buenavista se negó a realizar el levantamiento de los cadáveres argumentando que eran guerrilleros.
55
En 1989 fue asesinado el sacerdote Jesuita, Sergio Restrepo Jaramillo, al igual que
varios dirigentes políticos y sindicales, candidatos y el concejal Boris Zapata.
Tabla 6: Número de líderes sociales, políticos, sindicales y populares asesinados de acuerdo con el Observatorio Presidencial para los Derechos Humanos y el DIH.
Año Número total de
líderes33
1987 9
1988 32
1989 17
1990 14
A finales de la década era prácticamente imposible ejercer algún tipo de liderazgo
relacionado con los movimientos populares. La mayor parte de los movimientos de base
provenía del sector rural (Anónimo, 2018) y la reacción de las élites locales no fue
adversa al asesinato, especialmente en Montería.
Posterior a la desmovilización del EPL, el sector del movimiento social Esperanza Paz y
Libertad que sobrevive en los años noventas lo hace gracias a la alianza con Rodrigo
García en la primera elección popular de gobernadores en 1992 (Ocampo, 2014).
Después de éstas no es posible afirmar que permaneciera o existiera un sector con
pretensiones políticas por fuera del grupo de las élites políticas tradicionales.
La utilización de la violencia generalizada y el control territorial de las AUC
en la antesala de la parapolítica.
La idea de que un grupo armado llegue a influir en las trayectorias políticas de un espacio
subnacional tiene en principio varios requisitos que hemos esbozado en capítulos
anteriores, de los cuáles vale la pena resaltar la idea de control territorial. En este sentido,
en el departamento de Córdoba al menos tres grupos armados llegaron a pretender
33 El Observatorio con base en los datos de Reiniciar, Ministerio del Trabajo y el DAS registra asesinatos de dirigentes políticos, populares y sindicalistas.
56
controlar territorio, con relativo éxito: las guerrillas de las FARC, el EPL y los grupos de
autodefensas y paramilitares de las ACCU y AUC.
De acuerdo con Arjona (2008) controlar un territorio por parte de un grupo armado
requiere que éste último logre producir una serie de comportamientos y condiciones por
parte de la población que lo habita. Esto implicaría controlar una serie de recursos entre
los cuáles esta la población, la violencia y las economías locales. Entenderemos para los
propósitos de este trabajo que un grupo logra control territorial cuando:
i) Logra producir o controlar comportamientos en la población. Hay reglas tácitas
o implícitas que prohíben comportamientos o promueven otros, y éstas son
aceptadas ya sea por temor a represalias, adhesión o conveniencia con la
agenda del grupo o sus propósitos.
ii) La participación está cerrada de acuerdo a lo que el grupo permita o no. No
hay lugar para ningún tipo de oposición al grupo o sus agendas. La violencia
en este caso se utiliza de forma punitiva.
iii) El grupo tiene acceso a rentas o economías locales, las organiza y define sus
principales normas.
iv) Nadie ejerce violencia por fuera del grupo o lo hace con su consentimiento.
En este sentido, no necesariamente un grupo que ejerza violencia activa en un territorio
logra tener niveles de control territorial. Así mismo, el control puede tener diferentes
niveles y presentarse adaptado a varios tipos de contexto local.
En algún punto, los tres grupos obtuvieron cierto grado o intentaron adquirir control sobre
el territorio. No obstante, dicho control no ha sido permanente, sino que ha variado en el
tiempo en el departamento. Los diferentes repertorios de violencia por parte de los
grupos armados también han estado en relación con dicho control.
Para Gloria Ocampo (Ocampo, 2014), en el departamento de Córdoba las ACCU inician
por: i)la adquisición de Fidel Castaño de tierras en el departamento con dinero del
narcotráfico, ii) la proposición hecha por Fidel Castaño a los hacendados para crear las
Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), dando el tránsito de una
violencia privada a una pública (Ocampo, 2014, pág. 257).
57
Las masacres y el desplazamiento forzado hacen parte del repertorio de violencia
utilizado con frecuencia por los grupos paramilitares para extender su control territorial y
establecer comportamientos civiles favorables al control que establecieron, al menos en
las zonas rurales del departamento. Los secuestros y las extorsiones fueron mucho más
frecuentes en las guerrillas, así como la violencia selectiva contra detractores. En el
análisis de los datos de violencia realizado por el Observatorio Presidencial para los
DDHH y el DIH (2009) se corrobora esta afirmación.
Arjona (2008) también asegura que, a mayor control territorial, mayor es la demanda de
recursos para su mantenimiento. En el departamento de córdoba, la expansión y
fortalecimiento de las ACCU y las AUC se relaciona en este punto con el narcotráfico,
siendo – en palabras del Observatorio – imposible de explicar sin acudir a éste
(Observatorio presidencial para los DDHH y el DIH , 2009, pág. 97). En el repertorio
violento planteado desde 1994 por las ACCU (y posteriormente por las AUC) se recopilan
las alianzas locales con ganaderos y terratenientes, así como por élites políticas locales,
a diferencia de las guerrillas que no establecieron alianzas de este tipo.
Para Gutiérrez y Borón, la gran diferencia que hizo que fuera posible que los paramilitares
obtuvieran el tipo de control territorial que tuvieron fue la combinación de apoyo entre
agentes intrasistémicos, fuerzas sociales que demandaban seguridad y agentes
relacionados con la criminalidad organizada como el narcotráfico (Gutiérrez & Borón ,
2006).
A eso se le suma en los años noventas las coaliciones de agentes políticos regionales
en contra del proceso de paz impulsado por la administración Betancur. En palabras de
un dirigente político de la zona:
Los procesos de paz eran vistos en ese momento como una concesión a la
guerrilla y a sus bases. En eso, se estaba dispuesto a cualquier cosa con tal de
no permitir que las guerrillas se tomaran la región (N°2, 2018).
Mauricio Romero también asegura que los ganaderos identificaban las negociaciones de
paz con un potencial aumento del secuestro. La expansión de las guerrillas para la clase
política había sido consecuencia del proceso de paz (Romero, Paramilitares y
58
Autodefensas, 2003). Adicional a lo anterior, un porcentaje de miembros reincorporados
del EPL realizaron alianzas con Rodrigo García34 para la elección popular de 1992,
mientras que otros excombatientes se incorporaron a las filas de las FARC. García había
participado como mediador en la entrega de armas de Fidel Castaño en octubre de 1990,
acto que contó también con la mediación de exM-19 y ex EPL. Los miembros del EPL
que se aliaron con sectores políticos tradicionales recibieron protección. La campaña de
García y los excombatientes del EPL se centró en promover una agenda anti-clientelista,
pero perdieron en favor del candidato de Mayorías Liberales (Romero, 2003).
Así, en 1994 las autodefensas inician una nueva oleada de violencia con la creación de
las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) al sentir que la presencia de
la fuerza pública no había sido suficientemente reforzada y el proyecto de los Castaño
había ganado visibilidad nacional. Las ACCU comienzan a operar con una relación
mucho más cercana con el narcotráfico, especialmente por la vinculación de Los Castaño
al grupo Perseguidos por Pablo Escobar (PEPES) (Observatorio presidencial para los
DDHH y el DIH , 2009).
Pero para la fecha, ya Fidel Castaño había comprado varias hectáreas de tierras al igual
que muchos otros narcotraficantes (Reyes, 1997), al igual que el futuro jefe de las AUC,
Salvatore Mancuso. Las tierras compradas en proximidades de las familias políticas de
la región terminarían creando lazos de familiaridad que se estabilizarían en años
venideros a la par con el incremento del control territorial y militar de las AUC. En 1997
las AUC se consolidan en una federación de bloques a nivel nacional y para 1998 inicia
el período de mayor desplazamiento de población rural en el departamento. Las
masacres fueron el principal repertorio de violencia asociado.
Gráfico 2: : Masacres atribuidas a grupos paramilitares en el departamento de Córdoba 1998-2002. Fuente: conteo realizado por el Observatorio de Restitución de Tierras y Derechos de la Propiedad Agraria (Observatorio de
Tierras, 2018)
34 Rodrigo García fue un conocido simpatizante de las Autodefensas. En el libro Mi Confesión se asegura que Castaño lo consideraba su “segundo padre”.
59
La siembra de cultivos ilícitos creció también a la sombra de la expansión de las AUC y
su control sobre éstos, los laboratorios y las rutas. Muchos ganaderos tradicionales
vendieron tierras al narcotráfico o a los mismos paramilitares pensando que era la mejor
solución ante una tierra que ya carecía de utilidad por la violencia (Anónimo, 2018). Estas
tierras, situadas la mayor parte de ellas en Montería, Líbano, Canalete, Cereté,
Buenavista, Ayapel, Pueblo Nuevo y Planeta Rica dieron a sus propietarios y quiénes les
brindaban protección un estatus diferente (Reyes, 1997). El costo de mantener el control
territorial para las guerrillas fue cada vez más alto y fueron perdiendo preponderancia en
la región, de la mano con la fuerte estrategia de las ACCU, concentrada en eliminar la
base social de las FARC. Al mismo tiempo, la alianza de Mancuso con la fuerza pública
y con la clase política regional se consolidó (Observatorio presidencial para los DDHH y
el DIH , 2009).
Después de 1995 se incrementan los homicidios, pero bajan sustancialmente los
secuestros y los ataques a población. El mayor incremento, además de las masacres se
presentó en el comportamiento del homicidio intencional en persona protegida en 1998.
Entre 1998 y el 2002 disminuye sustancialmente, de acuerdo con los datos mostrados
en el gráfico 3.
Gráfico 3: Homicidio intencional en persona protegida atribuido a ACCU, AUC. 1998 – 2002. Fuente: Banco de Datos CINEP.
2 2
6
2
1
1998 1999 2000 2001 2002
Masacres atribuidas a grupos paramilitares en el departamento de Córdoba 1998 - 2002
60
Los principales promotores de las AUC en el departamento se referían con posterioridad
a la restauración del orden rural (Romero, Paramilitares y Autodefensas, 2003). Cabe
señalar que este propósito implicó efectivamente retomar en el período de expansión de
las AUC el asesinato de líderes sociales y líderes políticos no permitidos, de diversa
índole, especialmente líderes indígenas, sindicales y algunos líderes religiosos. Así
mismo, el incremento de la población desplazada fue evidente para 1999 como lo señala
el gráfico 4.
En 1996 se desmoviliza la última disidencia del EPL mientras en Montería existen
amplias capas de población suburbana desplazada en condiciones de miseria (Romero,
Paramilitares y Autodefensas, 2003). Después de 1998 se inaugura una nueva fase, con
unas AUC provistas de una amplia red de alianzas y un fuerte control territorial. No
obstante, si se trata de revisar la utilización de la violencia con un estricto fin político,
para el momento de la consolidación de las AUC como el actor armado hegemónico en
el departamento, ya existían importantes antecedentes al respecto.
3.2 Ingreso de las AUC en la política. El durante (2002 – 2006)
En el año 2001 se llevó a cabo la reunión de Santa Fe Ralito donde se firmó el pacto más
famoso entre políticos y paramilitares (López, Y refundaron la patria, 2009). En lo que
37
0
10
20
30
40
1998 1999 2000 2001 2002
Comportamiento del Homicidio Intencional en Persona Protegida atribuido a ACCU -
AUC - Paramilitares 1998 -2016. Fuente de Datos: Banco de datos CINEP.
61
respecta al departamento de Córdoba, casi la totalidad de sus representantes políticos
al Congreso de la República fueron condenados por concierto para delinquir agravado35
De acuerdo con la tabla 3, los políticos involucrados provenían de redes políticas
tradicionales en el departamento, a excepción de Eleonora Pineda. En la sentencia de
Pineda y De La Espriella se afirma que Pineda fue la única que aceptó adherencia como
colaboradora y simpatizante de las AUC (Sentencia condenatoria Eleonora Pineda,
2008). Las AUC desarrollaron las alianzas políticas con las redes ya existentes en el
departamento, cerrando aún más el espacio político y distribuyendo la votación de
acuerdo con las diferentes regiones de influencia. La negociación política que se realizó
en el departamento tuvo una alta influencia del liderazgo de Salvatore Mancuso,
comandante paramilitar, quien personalmente decidía los permisos, avales y apoyos a
diferentes candidatos (Anónimo, 2018).
35 A excepción de Zulema Jattin con proceso vigente, José de los Santos Negrete, absuelto y Freddy Ignacio Sánchez.
62
Tabla 7: Movimientos y redes políticas 1998 – 2002 Elecciones a Senado y Cámara y posteriores condenados por el proceso de la parapolítica en el departamento de Córdoba. Fuente: Registraduría nacional y extracciones de Gloria Ocampo (2014).
36 No ha fallado el proceso por Parapolítica, pero su vinculación al cartel de la toga ocurre en virtud del posible tráfico de influencias para torcer este proceso a su favor. Para el 2002 la alianza inicial de Musa Besaile fue con Zulema Jattin y MIPOL, quiénes le incumplieron el compromiso al “bajarse” Zulema de la candidatura al Senado y optar a la Cámara. Ahí Besaile se alía con Mayorías Liberales (Ocampo, 2014).
Movimiento político/Red política
1998 2002 2006 Posteriores condenas por parapolítica
Mayorías Liberales Juan Manuel López Miguel Alfonso de la Espriella Freddy Ignacio Sánchez
Juan Manuel López Musa Besaile Fayad36 Freddy Ignacio Sánchez
Juan Manuel López Musa Besaile Fayad Fabio Raúl Amín
Juan Manuel López Musa Besaile Fayad
(-) Miguel Alfonso de la Espriella
Burguismo (Conservatismo)
Julio Manzur Luis Carlos Ordosgoitia
Julio Manzur Julio Manzur Julio Manzur
MIPOL (Naderismo) Liberal
Mario Salomón Náder Náder Reginaldo Montes
Mario Salomón Náder Muskus (-) Reginaldo Montes
Mario Salomón Náder Muskus Dumith Antonio Náder
Mario Salomón Náder Muskus
Insurgencia Liberal Jattinismo + Jochismo
Flor Sierra de Lara Zulema Jattin
(-) Zulema Jattin
Movimiento Popular Unido (MPU)
__
Eleonora Pineda (+) Miguel Alfonso de la Espriella
(-) Miguel Alfonso de la Espriella
Miguel Alfonso de la Espriella Eleonora Pineda
Apertura Liberal (fuerza política uribista en el 2002)
__ (+) Zulema Jattin (-) Zulema Jattin
Cambio Radical __ (+) Reginaldo Montes Reginaldo Montes Reginaldo Montes
Colombia Democrática
__ __ (+) Miguel Alfonso De la Espriella
Partido de la U __ __ (+) Zulema Jattin
63
Según entrevistas realizadas a miembros de las élites políticas cordobesas, las
elecciones eran en ese momento el modo de darle legalidad a la decisión que las
autodefensas habían tomado en sus municipios de influencia – a nivel de alcaldías –
pero para el caso del Congreso de la República se hacía necesario un mayor esfuerzo
de negociación y adaptación a las práctica políticas ya presentes en el departamento
(N°2, 2018).
Efectivamente para que esto fuera posible, el control territorial de las AUC tendría que
ser indiscutible, pero no suficiente. Dada la agencia de la clase política regional y las
conexiones con el centro político del país, es inimaginable que este tipo de control
hubiera ocurrido sin algún tipo de vínculo con el poder político nacional y con la expresión
regional de sus diferentes instituciones. La alianza requeriría de elementos intra-
sistémicos, como lo ha señalado Francisco Gutiérrez (Gutiérrez & Borón , 2006).
El tema de Córdoba lo manejaba Mancuso, al menos en Tierralta porque además tenía
varias fincas. La gente que quería un cargo público tenía que pasar por Tierralta. En el
2002 se convirtió en el desfile de todos los que llegaron al congreso ese año y que luego
fueron condenados por la corte suprema de justicia. Así se movía el tema en Córdoba.
Trabajo de cerca con Gustavo Moreno – fiscal anticorrupción. Zulema – Momil, san
antero, lorica Bajo sinú, san Pelayo. También trabajábamos con Luis Ignacio
A este respecto, Gloria Ocampo señala que el paramilitarismo no irrumpe en el
departamento, sino que se desarrolla inserto en una tradición de poderes privados que
ejercían funciones públicas (Ocampo, 2014, pág. 258). La autora también enfatiza en
que el Estado no logró control territorial ni monopolio de la violencia, lo que puede ser
perfectamente cierto mientras existió presencia de las guerrillas. En el caso de las
autodefensas y paramilitares lo que ocurre es una cierta delegación de la autoridad que
refuerza el carácter parroquial del poder político local e intercambia autonomía por
apoyos políticos. En otras palabras, el paramilitarismo o produce la parroquialización
del poder, sino que se inserta en ella.
La parroquialización del poder permite la reproducción de un sistema político que
incorpora las dos dimensiones reconocidas por Dávila (1999), que ya en el pasado había
64
utilizado grupos armados o ejércitos privados para mantener una serie de informalidades
que finalmente generaron un estado de cosas que propició la conformación y el
mantenimiento de ejes de ilegalidad, asimilados por el sistema (Duncan, 2006).
Dentro de la clase política existía competencia, en la cual las AUC entraron a mediar. Al
igual que el Estado y los partidos políticos nacionales, el paramilitarismo se asentó sobre
las lógicas de poder preexistentes, incluyendo las redes clientelares, las prácticas
electorales y los tipos de transacciones relacionados (Ocampo, 2014).
¿Cambiaron las redes políticas departamentales después de las elecciones del 2002?
No sustancialmente. El caso de Eleonora Pineda es en extremo representativo, pero
excepcional y transitorio. Si bien, de acuerdo con las entrevistas realizadas, apoya uno
que otro candidato y trata de mantenerse a flote con el apoyo de un sector de Cambio
Radical (Anónimo, 2018), no ha tenido representación propia en ninguno de las redes
políticas anteriormente mencionadas.
Si bien el cambio en las redes políticas a nivel de Congreso fue prácticamente nulo en
las elecciones 1998-2006, sí existe reubicación de dichas redes en diferentes partidos o
coaliciones, lo cual en varios análisis sobre la parapolítica como los de Valencia (2007)
y López (2009) fue confundido con una reconfiguración del panorama electoral del
departamento. Efectivamente la reforma política del 2003 forzó a una importante
reacomodación de los políticos locales en colectividades más grandes, los partidos
nacionales poco o nada han intervenido en propiciar cambios a nivel regional, más allá
de la exigencias de garantizar sus votos. Por el contrario, en las regiones la adhesión
primaria – a una familia, clan o grupo político local – sigue siendo preponderante.
En este punto hay varias relaciones que vale la pena resaltar. Una, por supuesto
determinante es la que se configura entre la clase política y los paramilitares, que no se
da de una manera unívoca. Una segunda es la relación entre la clase política regional y
los partidos o grupos nacionales, incluyendo las coaliciones de gobierno. Una tercera se
da entre facciones, grupos y redes dentro de la misma clase política.
65
Clase política local – paramilitares
Tal y como se ha señalado anteriormente, las alianzas con la clase política fueron de
distinta índole, dependiendo de factores cómo el comandante a cargo de la región, el tipo
de relación previa con las AUC y la adhesión o no del grupo a los propósitos de las AUC.
Para que esto fuera posible se necesitó la mezcla entre un fuerte control territorial, una
amplia capa de apoyos intra-sistémicos, el propósito de las AUC de ingresar e insertarse
en la política regional y la disposición o baja oposición de la clase política local.
Esto también presupone, como lo habíamos señalado antes unas características en la
trayectoria de la clase política regional. En primer lugar, la clase política de Córdoba para
la época era eminentemente cerrada y mantenía jerarquías entre grupos. Es decir, la
competencia era permitida entre grupos de similar trayectoria, pero la política no estaba
abierta a cualquiera (Anónimo, 2018). Así mismo, la trayectoria de vínculos entre lo legal
y lo ilegal ya estaba presente en el departamento desde los años ochenta. La relación
con los paramilitares, pese a su férreo control territorial, era también una lucha de poder.
¿Pudo la clase política negarse a ser parte de la alianza con las AUC? En la mayoría de
los casos la negación no era una posibilidad. Esto resalta en la totalidad de las sentencias
condenatorias por parapolítica en el departamento. Si los paras te llamaban a ser su
candidato, no podías decir que no (Anónimo, 2018). No obstante, no todas las relaciones
fueron iguales. Tomaremos como ejemplo los dos casos más disímiles entre sí: El caso
de Eleonora Pineda y Miguel de la Espriella que participaron directamente vinculados a
las AUC (candidatos propios) y el de Mayorías Liberales que se mantuvo en cierta
oposición a las AUC hasta que finalmente cedieron y otorgaron burocracia y cargos
públicos a gente de Salvatore Mancuso.
Mayorías Liberales es lo más cercano que ha tenido el departamento de Córdoba a un
partido político convencional. En palabras de Juancho López: “72 años de lealtad al
Partido Liberal” (Ocampo, 2014). También en entrevista concedida en el año 2010 a
Gloria Ocampo (2010, pág. 276) López narra cómo se convirtió en objetivo militar de
Mancuso después del allanamiento de la casa del jefe paramilitar en Montería en el cual
mataron al tutor de sus hijos.
66
Los paramilitares vetaron a Mayorías Liberales en toda la zona del Alto Sinú. Aún en
medio del proceso de negociación de Santa Fe de Ralito, en el 2005 es asesinado
Orlando Benítez, un diputado de Mayorías Liberales que intentó entrar a hacer
proselitismo al alto Sinú37.
López y el liberalismo de Mayorías Liberales se opusieron a la entrega de secretarías
departamentales a Mancuso38, pero a la final acabaron cediendo a la presión paramilitar.
De esta forma, las AUC utilizaron los nombramientos burocráticos en las secretarías de
salud y educación, así como nombró el director del centro médico del corregimiento del
Caramelo (Tierralta) por solicitud de Eleonora Pineda, el cual fue posteriormente utilizado
como hospital paramilitar (El Tiempo , 2012).
En una de sus declaraciones a Justicia y Paz Salvatore Mancuso aseguró que al igual
que López, varios políticos intercedían con el para evitar ejecuciones ordenadas por
ellos. Para el año 2004 el poder de las AUC sobre la política era considerablemente
hegemónico. Se puede asegurar que no era posible participar sin el permiso de los
paramilitares, respetando la distribución del territorio. Hacia el 2006 las AUC intervenían
en todo tipo de asuntos públicos. No obstante, las AUC no modificaron las redes políticas
que participarían en dichas elecciones a congreso.
Por el contrario, el caso de Eleonora Pineda es sustancialmente distinto. Después de ser
electa a la Cámara de Representantes, esta excongresista realizó un esfuerzo
considerable por posicionar una agenda relevante para los paramilitares alrededor de la
negociación en Ralito. Cabe recordar que el principal compromiso de Ralito era
garantizar respaldo político a las AUC en la negociación con el gobierno y un mejor
acercamiento al gobierno nacional.
37 La versión de uno de los investigados por el pacto de Ralito y varias informaciones entregadas en Córdoba se
unieron al expediente por el asesinato del diputado Orlando Benítez. Los indicios apuntan ahora a que habría sido un nuevo capítulo de la vieja guerra entre Mancuso y ‘don Berna’, que dejó decenas de muertos en Tierralta y otras zonas de Córdoba, y podrían enredar a un excandidato a la Gobernación. (Semana, 2005) 38 En las elecciones de 2003 Mancuso exigió a Juancho López que nombrara a su cuñado Manuel Troncoso como
secretario de salud. Mancuso había ofrecido a los candidatos no intervenir si a cambio le otorgaban una secretaría de despacho (Semana, 2009).
67
Clase política regional – coaliciones nacionales
La nacionalización de la influencia que tradicionalmente la clase política regional del
departamento establecía con las coaliciones nacionales se vio influenciada por la
presencia de las AUC en el Congreso. A la pregunta de qué obtenían las AUC de la
relación con la clase política se puede afirmar que parte del sistema de incentivos estaba
en la posibilidad de lograr una mejor posición respecto a las coaliciones nacionales de
gobierno por medio de la intermediación de la clase política local.
Más allá de una cooptación de instituciones, lo que hubo fue una utilización bastante
clásica de mecanismos tradicionales como el clientelismo y la presencia en el Congreso
para acceder a burocracia pública en sectores de gobierno No-tradicionales. Incluso
Eleonora Pineda continúa manteniendo cuotas. Su hijo se desempeña actualmente como
funcionario del sector vivienda (N°2, 2018).
¿Qué obtenían los paramilitares del acceso a burocracia pública nacional? No sustituir
ni reconfigurar el Estado, sino insertarse en el desde el acceso a la política regional,
hasta la maximización de la influencia nacional. Contrario a lo que se ha asegurado con
frecuencia, fue posterior al 2002 cuando los paramilitares participaron directamente del
Estado, como se demuestra en el caso de la relación entre el DAS y el Bloque Norte de
las AUC (Verdad Abierta , 2011). La política regional implicó una mejor oportunidad para
infiltrar instituciones judiciales y organismos de seguridad (Duncan, 2006) y para
garantizar un flujo constante de recursos a las regiones que les permitía también
participar en la ampliación de la base clientelar.
Desde el punto de vista de la política regional y su manejo, la nacionalización de la
influencia evidencia la alta necesidad de conservar dicha influencia y el establecimiento
de un sistema semi-competitivo entre élites por la misma. Se requiere que se mantenga
una actitud delegativa por parte del poder central para que la clase regional pueda
controlar la distribución de las agencias nacionales en lo local. Para el año 2006 ya era
muy claro que dicho acuerdo de cooperación les permitió a las AUC participar en
decisiones que antes eran potestad de los grupos políticos locales, como la distribución
68
de la contratación, la participación en regalías, los nombramientos de cargos públicos y
la prestación de servicios públicos que ellos hacían pasar como un favor de las AUC39.
¿Monopolizaron las AUC los vínculos institucionales entre la población local y el Estado?
No del todo. La principal intermediación continuó estando en la clase política tradicional,
a excepción de varias alcaldías del departamento donde los paramilitares tuvieron
influencia directa. No obstante, la estructura clientelar no se modificó sustancialmente en
la prestación del servicio o en la función de intermediación. Aun así, la apropiación de
administraciones locales les brindó mayor inmunidad para los negocios ilegales, la
posibilidad de acceder a contratos con las administraciones y un incremento de la
legitimidad política. Salvatore Mancuso afirmó en su momento que las AUC tuvieron
incidencia en 25 alcaldías de la Costa Atlántica. No obstante, esta participación también
se dio por acuerdos de cooperación política con los grupos locales. Sólo 7 alcaldes fueron
considerados 100% paramilitares (Semana, 2007 ).
Sistema cerrado y semi-competitivo
He afirmado en varios apartes que el sistema político local en el departamento de
Córdoba es cerrado y semi-competitivo. Cerrado porque la probabilidad de que algún
tipo de oposición pueda ejercer con libertad, competir y ganar elecciones es
prácticamente nula, pero se presenta competencia electoral entre grupos y facciones
dentro del mismo sistema.
Incluso dentro de los años de mayor influencia de la parapolítica, al menos a nivel de
Congreso únicamente Eleonora Pineda tuvo un origen externo a los grupos políticos
tradicionales. Posterior a la judicialización y el reacomodamiento, las redes políticas
mantuvieron su influencia con cambios importantes en el balance de poder entre
diferentes grupos. Es decir, nuevos liderazgos, mismos grupos de adhesión primaria.
La clase política después de la desmovilización de los paramilitares será, como se
muestra a continuación, la conformada por los mismos grupos que conservaron la
acumulación de capital electoral. La política en el departamento ya era antes de las AUC
39 Declaraciones de Juancho López citadas por Ocampo (2014, pág. 276)
69
una actividad económica en sí misma, mucho antes de la aparición de clientelismos de
mercado (Dávila, 1999).
Lo que es absolutamente interesante es cómo este sistema político local, cuyos códigos
de acceso se basan en posiciones de clase, parentesco y cercanía ha logrado adaptarse
a todas las transformaciones en el régimen político nacional, manteniendo dichos
códigos casi intactos.
El control hegemónico de las AUC sobre regiones enteras del departamento, durante
casi diez años, no logró modificar dichos códigos de acceso. Por el contrario, se adaptó
a ellos y los mezcló con sus estrategias militares. No obstante, ni siquiera las AUC
pudieron prescindir de la mediación de la clase política. Es decir, no existió captura
alguna del Estado el departamento de Córdoba.
Los años de mayor constreñimiento y ejercicio de la violencia generalizada y focalizada
por parte de las AUC contribuyeron a mantener esos mismos códigos de acceso. No
obstante, el control de las AUC si contribuyó a inclinar la balanza a favor de una u otra
facción de dicha clase política y a su reacomodamiento. Cambian para el 2010 las
alianzas con el centro político nacional, las posiciones de los grupos al interior y el
balance de poder entre el centro y la región, todo esto en ausencia de constreñimiento
directo al elector como sí ocurrió en el 2002- 2006 (Ocampo, 2014).
Entre el 2005 y 2006 se desmovilizaron los siguientes bloques y frentes que operaban
en Córdoba y hacían parte del núcleo fuerte de las antiguas ACCU: Bloque Córdoba,
Bloque Héroes de Tolová, Bloques Sinú y San Jorge y Bloque Sanidad (Presidencia de
la República, 2006 ). Algunos jefes como Diego Fernando Murillo fueron acusados de
seguir traficando con cocaína hacia los Estados Unidos. Se asegura que el asesinato de
Orlando Benítez, diputado de Mayorías liberales, fue ordenado por Don Berna en
retaliación por haber violado la orden de no hacer política en su zona de influencia
(Valencia). La Fiscalía de la República en el año 2005 emitió orden de captura
acusándolo de ser el autor intelectual del homicidio. Fue absuelto en el 2007 (El Tiempo,
2007). En abril del 2006 se inició la desmovilización del Bloque Élmer Cárdenas, con
presencia en los municipios de la zona costanera del departamento, al mando de Freddy
Rendón, alias El Alemán (Presidencia de la República, 2006 ). Los años posteriores a la
70
desmovilización registraron altos índices de homicidios y desplazamientos que fueron
atribuidos a disputas territoriales entre grupos remanentes y bandas del narcotráfico
(Traquetos, Paisas, Héroes del San Jorge y finalmente Gaitanistas de Colombia)
(Observatorio presidencial para los DDHH y el DIH , 2009).
Utilización de la violencia focalizada y generalizada. 2002 – 2006.
La conformación de las AUC implicó una nueva distribución territorial y la entrada de
otros frentes y liderazgos. Se conservaban las ACCU con Mancuso y Castaño con
influencia en el sur de Córdoba, los límites con el Urabá y gran parte de Montería y Cereté
(Verdad Abierta, 2009). El Bloque Córdoba, al mando de Salvatore Mancuso se hizo
cargo más delante del Alto San Jorge, Valencia y Tierralta. Otros liderazgos que hicieron
presencia en la región y se vincularon a campañas políticas fueron Fredy Rendón – El
Alemán – quién actuaba en la zona costera y Don Berna – en Valencia y parte del límite
con el Urabá.
Después de las elecciones del 2002 las AUC se sientan con el gobierno de Álvaro Uribe
en la mesa de negociación. Para entonces, comandantes como Carlos Castaño o
Salvatore Mancuso no tenían el control total del departamento, aunque sí habían
marcado una trayectoria en la combinación entre violencia y política y en el
acomodamiento del grupo armado a las dinámicas políticas existentes.
Las masacres disminuyeron sustancialmente en el período comprendido entre el 2002 y
el 2007, coincidiendo con la negociación con el gobierno nacional y con el primer año de
la desmovilización de las AUC (gráfico 4). Por el contrario, el desplazamiento forzado de
población registró los niveles más altos de la década en el año 2002, como lo muestra el
gráfico 5.
71
Gráfico 4: Masacres atribuidas a grupos paramilitares en el departamento de Córdoba. Fuente: conteo realizado por el Observatorio de Restitución de Tierras y Derechos de la Propiedad Agraria (Observatorio de Tierras, 2018)
Gráfico 5:Número de desplazados por expulsión y recepción en el departamento de Córdoba. 1994-2006. Fuente de
datos: Registro Único de Víctimas
Los homicidios contra civiles disminuyeron a comparación del período 1998 – 2002. No
obstante se focalizaron amenazas y homicidios a docentes, concejales y sindicalistas en
el departamento, tal y como lo señalan los informes de riesgo de la Defensoría del Pueblo
(Defensoría del Pueblo, 2008). En el año 2004 fue asesinado Juan Calderón a manos de
las AUC en pleno proceso de negociación y en el año 2006 fueron asesinados Freddy
Villa del municipio de La Apartada y Orlando Benítez (Observatorio Presidencial para los
Derechos humanos y el DIH, 2000 ) Por el caso del asesinato de Orlando Benítez, Don
Berna fue condenado en el año 2010 (El Universal, 2010)
1 1 1
0 0
2002 2003 2004 2005 2006
Masacres atribuidas a grupos paramilitares en el departamento de Córdoba 2002 - 2006
68.391
47.778
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Número de desplazados por expulsión y recepción en el departamento de Córdoba. 1999-2006. Fuente: Registro Unico de Víctimas
Expulsión Recepción
72
El comportamiento del homicidio intencional en persona protegida resulta altamente
interesante por cuanto registra un pico importante en el año 2003 con 23 homicidios, cifra
que disminuye sustancialmente hasta que en el 2006 se registra un número
considerablemente bajo. El el gráfico a continuación se muestra la tendencia desde 1998.
Gráfico 6: Homicidio intencional en persona protegida atribuido a ACCU, AUC. 1998 – 2002. Fuente: Banco de Datos CINEP.
La distribución territorial también creó una serie de fronteras que la población y la clase
política tuvo que aprender a manejar y a respetar. Para esta fecha, el paramilitarismo
había extendido la idea de seguridad y orden, por lo cuál gran parte de estas regulaciones
fueron tomadas con relativamente baja resistencia. El asesinato de Orlando Benítez por
cruzar los límites electorales entre los distintos frentes de las AUC es representativo del
tipo de violencia que se ejercía de manera mucho más focalizada.
3.3 ¿Se reacomodan las élites? 2007 -2014
En los procesos de Parapolítica fueron condenados Juan Manuel López Cabrales, Miguel
Alfonso de La Espriella, Reginaldo Montes, Mario Salomón Náder Muskus y Eleonora
Pineda40. El caso de Zulema Jattin fue retomado por la Corte Suprema y Julio Manzur
solicitó cupo en la Justicia Especial para la Paz. Aunque no es objeto de este trabajo,
40 Ella y Miguel Alfonso de la Espriella se acogen a sentencia anticipada.
37
23
20
10
20
30
40
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Comportamiento del Homicidio Intencional en Persona Protegida atribuido a ACCU - AUC - Paramilitares 1998 -2006. Fuente de Datos:
Banco de datos CINEP.
73
vale la pena mencionar las sentencias contra Jaime García Exbrayat41, exdirector de la
CVS, Jesus María López, exgobernador, Mario Prada Cobos, exalcalde de Valencia. En
el 2018 la Corte Suprema de Justicia también condenó a Martín Emilio Morales Díaz por
vínculos con bandas criminales y narcotráfico (El Tiempo, 2018).
Las elecciones a Congreso del 2010 ocurren – como ya se había señalado – en un
ambiente tenso, pero sin presencia de constreñimiento. Ninguno de los políticos
entrevistados aseguró que para ese año existieran restricciones a las campañas. De esta
manera, los diferentes grupos políticos se desbocan a: i) Buscar apoyos nacionales y
reacomodarse en diferentes alianzas y coaliciones y ii) Recuperar el acceso a los
mecanismos clientelares básicos.
De esta forma, varios grupos se unifican en el partido de la U en oposición a Mayorías
Liberales y logran colocar a Alejandro Lyons a la gobernación en el 2011. No obstante,
ya en funciones Lyons negocia con Mayorías Liberales cierta inclusión en la burocracia
departamental (Anónimo, 2018). El conservatismo vive un nuevo auge con la derrota de
Julio Manzur (posteriormente investigado por relaciones con paramilitares y actualmente
solicitante a la JEP) y el ascenso del Burguismo tradicional en cabeza de Nora García
de Burgos.
Quizás el grupo más favorecido es el Jattinismo que ingresa en un posición de
considerable poder al Partido de la U y logra ingresar una figura propia: Martín Emilio
Morales Díaz, exalcalde de San Antero quién fue recientemente condenado por vínculos
con el Bloque Córdoba de las AUC en el año 2006 y por intentar conformar una banda
delincuencial para traficar cocaína (El Tiempo, 2018)
Otra característica importante posterior a las elecciones del 2010 es el fortalecimiento
como grupo de la clase política de Córdoba y el incremento de los costos de negociación
del centro nacional al incrementarse su poder en el Senado. Esto se tradujo en un
aumento del dinero destinado a cupos indicativos por intermedio de los Congresistas,
que a su vez redundaron en mayor poder y autonomía de las élites regionales en el
manejo de la contratación pública, la prestación de servicios, etc. En este nuevo
41 Hijo de Rodrigo García Caicedo, quien nunca ocultó sus vínculos con Castaño.
74
reacomodamiento, la nacionalización de la influencia de la clase política en Córdoba fue
aún mayor. Los costos para el gobierno nacional de Juan Manuel Santos para mantener
estable la coalición de gobierno fueron considerablemente más altos que para su
predecesor.
De esta forma, la judicialización de la parapolítica fue sorteada con éxito por una parte
importante de los grupos políticos tal y como se observa en la tabla a continuación, donde
se muestra la trayectoria de los diferentes grupos políticos y sus adaptaciones.
Lo que persiste en el 2010 es la bidimensionalidad del régimen dentro de prácticas que
están al mismo tiempo dentro y fuera de la ley. Se judicializaron una serie de liderazgos
que fueron fácilmente reemplazados para conservar la fuerza de los grupos tradicionales
que terminaron siendo favorecidos. El estado central en esto continuó siendo altamente
delegativo, máxime cuando el costo a pagar del ejecutivo central por el apoyo de la clase
política regional fue mucho mayor. En el caso, por ejemplo, del Senador Bernardo Elías,
los cupos indicativos se destinaron a inversiones en La Guajira lo que le granjeó un
incremento de votos significativo en el 2014 en dicho departamento. En el Congreso del
2010, y a diferencia de otras regiones, los parlamentarios siguen estando en la cúspide
del poder político (Ocampo, 2014).
75
Tabla 8: Redes políticas regionales antes y después de la parapolítica a partir de número de congresistas. Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil – Ocampo (2014), Fundación Paz y Reconciliación y entrevistas.
Grupo político/ Año
1998 2002 2006 Posteriores
condenas por parapolítica
2010 2014
Senado Cámara Senado Cámara Senado Cámara Senado Cámara Senado Cámara
Mayorías Liberales Juan Manuel
López
Miguel Alfonso de la
Espriella
Juan Manuel López
Musa Besaile Fayad
Juan Manuel López
Musa Besaile Fayad
Juan Manuel López
Arleth Casado (Esposa Juan Manuel López)
Fabio Raúl Amín; Arleth Casado (Esposa
Juan Manuel López)
Fabio Raúl Amín;
Freddy Ignacio
Sánchez
Freddy Ignacio
Sánchez
(-) Miguel
Alfonso de la Espriella
Fabio Raúl Amín
Musa Besaile Fayad
(-) Musa Besaile Fayad
Rafael Antonio Madrid
MIPOL (Naderismo)
Mario Salomón
Náder Náder
Reginaldo Montes
Mario Salomón
Náder Muskus
(-) Reginaldo
Montes
Mario Salomón
Náder Muskus
Dumith Antonio Náder
Mario Salomón Náder Muskus
Insurgencia Liberal (Jattinismo
+ Jpchismo)
Flor Sierra de Lara
Zulema Jattin
(-) Zulema
Jattin
Burguismo (Conservatismo)
Julio Manzur Luis Carlos Ordosgoitia
Julio Manzur Julio Manzur Julio Manzur Nora García
Burgos David Barguil
Nora García; Yamina Pestana
David Barguil
Movimiento Popular Unido
(MPU)
(+) Miguel Alfonso de la Espriella
Eleonora Pineda
(-) Eleonora Pineda
(-) Miguel Alfonso de la Espriella
Miguel Alfonso de la Espriella;
Eleonora Pineda
Cambio Radical __ (+)
Reginaldo Montes
Reginaldo
Montes Reginaldo
Montes
Colombia Democrática
__ __ (+) Miguel
Alfonso De la Espriella
Partido de la U __ __ (+) Zulema
Jattin ; Bernardo
"Ñoño" Elías
Proceso de Zulema Jattin
Continúa
(+) Musa Besaile Fayad; Bernardo Elías; Martín Emilio
Morales
Raymundo Méndez Bechara; Nicolás Antonio
Jiménez Paternina
(fórmula de Elías)
Musa Besaile Fayad;
Bernardo Elías; Martín
Emilio Morales
Sara Piedrahíta Lyons (prima de Alejandro Lyons); Raymundo Méndez Bechara;
Eduardo José Tous (Sahagún)
Centro Democratico
Daniel Cabrales (Familia
Cabrales - Prisciliano
Cabrales, José María Cabrales)
76
En medio de las reacomodaciones propias del congreso, las elecciones de autoridades
locales influyeron en la reacomodación de las cargas, favoreciendo al partido
conservador quién logra la alcaldía de Montería, en alianzas con Mayorías Liberales, y
un acceso mucho más amplio a la distribución de la institucionalidad estatal. Nora García,
pese a ser conservadora había apoyado siempre a los candidatos de Mayorías Liberales
(Ocampo, 2014), a excepción del apoyo a Margarita Andrade – candidata Uribista a la
gobernación en el año 2007.
En el 2011, el Jattinismo dentro del Partido de la U logró quitarle la gobernación que
tradicionalmente había estado en manos de Mayorías Liberales. En el momento, el
panorama no parecía ser el mejor para La U, debido a la disputa interna por la alcaldía
de Sahagún entre Bernardo Elías y Musa Besaile y las investigaciones de Zulema Jattin.
Carlos Eduardo Correa, del partido conservador gana la alcaldía, pero Alejandro Lyons
derrota a Mayorías Liberales, lo que para muchos representó la debacle de mayorías
liberales.
En muchos aspectos, la derrota también representaba la insatisfacción de muchos
sectores políticos con la distribución de recursos públicos por parte de Mayorías
Liberales. La gobernación de Lyons se caracterizaría por romper rápidamente las
alianzas y concentrar el esfuerzo en garantizar un mayor acceso de su red propia a
contratos y burocracia. En el 2014 promueve la candidatura de su prima Sara Piedrahíta
Lyons que resulta electa a la Cámara de Representantes, resaltando nuevamente la
importancia de las redes familiares más allá de la cercanía regional y la localidad.
Un caso similar es la elección de David Barguil al Senado con una amplia votación en
Córdoba, en virtud no sólo del apoyo del sector conservador de Nora García, sino
potenciado por su matrimonio con Maria Paz Gaviria, hija de César Gaviria.
77
La “nueva generación” de Córdoba en el Congreso
Tanto en el partido de la U como en el partido Conservador, fueron electos una serie de
políticos jóvenes, muchos de ellos sin experiencia previa en cargos públicos. La totalidad
de ellos fueron elegidos en virtud de las relaciones de localidad y parentesco, de las
redes políticas y grupos tradicionales, a excepción de Mayorías Liberales que entraría
en su proceso de mayor debacle.
En el partido de la U llegan Sara Piedrahíta Lyons y Eduardo José Tous, mientras que
en el partido Conservador llegan David Barguil y Yamina Pestana, hija de Pedro Pestana,
exalcalde de Momil condenado en el 2009 por parapolítica. En estas elecciones a
Congreso, y como se puede ver en la tabla 4, Córdoba pasa de tener 5 a 7 curules en el
Senado. A diferencia del Centro Democrático que elige una curul, no existen en el
departamento movimientos nuevos o de oposición. Es decir, el sistema mantiene su
carácter parroquial, con una alta ventaja en materia de la nacionalización de la influencia
y son los altos costos que debe pagar el gobierno nacional y la presencia de una nueva
generación que ya se ha desempeñado como parte de las redes clientelares de sus
grupos familiares y políticos, conociendo a la perfección el manejo del Estado en la
dimensión formal e informal.
El relevo generacional no es nuevo en el departamento, pero tampoco implica la apertura
del sistema político. Por el contrario, afianza las relaciones de adhesión primaria y
refuerza la parroquialización de la política. En el caso de Bernardo Elías y Musa Besaile,
el manejo clientelar y la cantidad de recursos a los que accedieron desde el 2010 a hoy
constituye una potencialización del clientelismo de mercado con mayores alcances. No
obstante, ante la reciente judicialización por corrupción42 muestra una cierta tendencia
de esta nueva generación a priorizar la capitalización individual por sobre la prestación
de los servicios de intermediación.
42 Bernardo Elías se encuentra actualmente en prisión por el caso Odebrecht. (El Espectador, 2018). Musa Besaile Fayad ha sido acusado de participar en el soborno a funcionarios conocido como el “cartel de la toga” . (El Espectador, 2017)
78
El caso de Marcos Daniel Pineda García es indicativo de una cierta demanda de cambio
en la sociedad cordobesa, aunque anclada a las prácticas clientelares convencionales.
Pese a haber sido calificado por sus conciudadanos como un excelente gestor, dentro
de la clase política se reconoce un importante incremento de su capital desde su paso
por la alcaldía de la ciudad (N°2, 2018) .
La violencia en el departamento. El después 2007 – 2014.
Según el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo (2008), los
Traquetos y los Vencedores de San Jorge fueron los primeros grupos post-
desmovilización que nacen con el fin de prestar seguridad a los cultivos de coca y a la
comercialización de la pasta (Defensoría del Pueblo, 2008). Posteriormente, alias Don
Mario creó la organización conocida como Águilas Negras cuyos miembros se
agruparían posteriormente en las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Verdad
Abierta, 2014) Hasta el año 2009, la disputa territorial por los corredores del narcotráfico
marcó la presencia de grupos armados ilegales en el departamento, incluyendo el
reposicionamiento de las FARC en el sur (Corporación Nuevo Arcoris, 2013).
En el año 2008 los índices de violencia en el departamento disminuyeron en general,
incrementándose únicamente la tasa de Valencia por encima de la tasa nacional,
coincidiendo con el posiconamiento de los Gaitanistas en el surriente. Así mismo se
reportó un alto número de homicidios de desmovilizacios de los diferentes bloques de las
AUC. Para el año 2012 el control de los Urabeños en varios municipios de la zona rural,
especialmente en el límite con Urabá ya era extremadamente fuerte (Defensoría del
Pueblo, 2014)
Del 2008 al 2011 se le atribuyen nuevas masacres a la disputa entre bandas disidentes
y nuevos grupos armados como Los Traquetos, Los Córdobas, Las Águilas Negras y
posteriormente las Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Urabeños (Defensoría del
Pueblo, 2014).
79
En medio de los reacomodamientos de las élites locales, el departamento vuelve a vivir
una oleada de violencia, esta vez sin rostro. Es decir, al día de hoy no hay un acompleta
certeza sobre la autoría de masacres, desplazamientos o asesinatos. No obstante, en la
victimización puede verse como patrón el incremento de los asesinatos y amenazas a
reclamantes de tierras y a líderes sociales de población desplazada y líderes osciales
rurales (Defensoría del Pueblo, 2014)
Gráfico 7:Masacres atribuidas a grupos paramilitares y post desmovilización en el departamento de Córdoba 1998 – 2011. Fuente: conteo realizado por el Observatorio de Restitución de Tierras y Derechos de la Propiedad Agraria (Observatorio de Tierras, 2018)
En el gráfico 7 se puede observar el comportamiento del período completo, en el cual
resalta la recurrencia de las masacres para el año 2010 y 2011. Respecto al
desplazamiento forzado, la tendencia en expulsión se registró a la baja de acuerdo al
Registro Único de Víctimas entre el 2007 y el 2010. Entre el 2011 y el 2014 se registró
un leve incremento que se ha mantenido relativamente constante hasta el año 2017, con
un mínimo de denuncias (UARIV, 2018 )
El comportamiento violento que tendió al alza fue el homicidio de líderes sociales y
políticos, probablemente asociado en este momento a la implementación de los primeros
procesos de reclamación y restitución de tierras
2 2
6
2
1 1 1
0 0 0
3
5
4
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2010 2011
Masacres atribuidas a grupos paramilitares en el departamento de Córdoba 1998 - 2011
80
Gráfico 8: Homicidio de líderes sociales y políticos atribuido a ACCU – AUC – paramiltiares y grupos post desmovilización. 2001 – 2016. Fuente: Base de datos noche y niebla CINEP.
El homicidio de líderes sociales y políticos es atribuido mayoritariamente a la entrada en
vigencia de la Ley de Justicia y Paz y al inicio de algunos procesos comunitarios para
solicitar restitución de predios rurales. No obstante, hasta el año 2016 la tendencia se
mantuvo baja aunque los homicidios selectivos han sido altamente emblemáticos,
especialente en relacióna al proceso de restitución de tierras y a la generación de
liderazgos rurales asociados.
En el informe sobre el riesgo y la vulnerabilidad de los reclamantes de tierra se señala al
departamento de Córdoba como uno de los territorios priorizados por la magnitud del
despojo: 1.703 solicitudes al año 2013, que corresponden a aproximadamente 75 mil
hectáreas. En el mismo informe se señala el alto grado de amenazas a reclamantes que
se presenta desde la convocatoria a denunciar los hechos en el año 2006 (Defensoría
del Pueblo, 2014).
El asesinado de Yolanda Izquierdo en el 2006 no solamente fue simbólico sino que
constituyó una advertencia a las víctimas que coordinaban el proceso de Funpazcorp
(Centro Nacional de Memoria Histórica , 2014). También en Córdoba fue asesinado el
líder de tierras Gustavo Cotorra. La llegada de la ley de víctimas y restitución de tierras
en el 2011 incrementó la situación de amenaza, que en el caso de Valencia se concretó
en el asesinado de Éver Cordero, líder de la Mesa de Victimas del municipio en abril de
3
14
6
1
0
2
4
6
8
10
12
14
16
2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2016
Comportamiento del Homicidio de líderes sociales y políticos atribuido a ACCU -AUC - Paramilitares - grupos post desmovilización. 2001 -2016. Fuente de Datos:
Banco de datos CINEP.
81
2013 (Verdad Abierta, 2014). En el año 2013 la Unidad de Restitución de Tierras
suspendió la focalización del municipio de Valencia ante una oleada de desplazamiento
que expulsó a 30 personas del municipio.
Al día de hoy, según los subsecuentes informes de riesgo de la Defensoría del Pueblo,
continuán en riesgo no sólo los líderes, sino los reclamantes de tierras, especialmente
aquellos que intentan volver a los predios despojados. No se ha considerado hasta el
momento que la violencia selectiva posterior al 2007 esté relacionada con la intervención
en elcciones. Hasta el momento, el reacomodamiento de las élites políticas únicamente
ha mostrado un alta relación con la expansión del clientelismo como mercado informal
(Duncan, 2018) y la permanencia de las redes políticas tradicionales, conservando el
carácter cerrado y semi-competitivo del sistema político regional.
La firma de los acuerdos de paz con la guerrilla de las FARC y la implementación de los
mismos abren nuevamente la posibilidad de liderazgos políticos emergentes. La
protección de éstos y la apertura de la participación política en el departamento continúan
siendo reto a futuro.
Una breve reflexión sobre el Congreso del 2018
El Senado del 2018 continuó con la tendencia de fortalecimiento del partido conservador
con el liderazgo y crecimiento de Nora García y su grupo familiar. No obstante, la mayor
votación del conservatismo fue la de David Barguil, de quién se dice en los círculos
políticos que representa lo que el viejo Edmundo López llamaba: Un tecnócrata en
Bogotá, un Manzanillo en Córdoba. La mitad de su votación la obtuvo en Córdoba (76
mil votos) y el resto en varios departamentos de la costa norte. Actualmente es llamado
el nuevo barón electoral del departamento y se rumora que ha roto relaciones con Nora
García y su grupo. A Cámara García optó por apoyar al hijo de Julio Manzur, Wadirh
Manzur, quien salió electo con la mayor votación del departamento.
El Centro Democrático también optó por promover un liderazgo joven con Ruby Chagui,
la hija de Elberth Chagui Spath, alcalde de Cereté con un cierto grado de trayectoria
política local, apoyado por Nora García, David Barguil y el senador Álvaro Uribe. Fabio
82
Raúl Amín sobrevive para Mayorías Liberales y Jhony Besaile llega en reemplazo de su
hermano Musa Besaile representando al Partido de la U.
En la Cámara los candidatos otrora cercanos al Jattinismo, que aspiraban por el partido
de la U no alcanzaron la votación necesaria para aspirar a una curul. En este grupo
estaba el hermano de Bernardo Elías – Julio Elías Vidal - y Eduardo José Tous,
representante 2014 – 2018. Este grupo conservó a Sara Piedrahíta Lyons. Por el partido
de la U llega Erasmo Zuleta Bechara, con solo 28 años.
Fabio Amín conservó una curul en el Senado para Mayorías Liberales mientras Arleth
Casado no obtuvo la votación necesaria. A Cámara llega Andrés Calle del partido
Liberal, hijo del otrora aspirante Gabriel Calle. Andrés Calle hace parte de los jóvenes
herederos del capital político de sus familias que al parecer están promoviendo un cierto
relevo generacional.
No puede asegurarse que esta nueva generación implique per sé un proceso de
democratización del sistema político regional, ni tampoco garantiza que los códigos de
acceso y exclusión ligados al parentesco y a la localidad se modifiquen. No obstante sí
es claro que existe una demanda social de ampliación y que cada vez resulta más difícil
y costoso monopolizar la comunicación institucional entre el ciudadano y el Estado. Que
tanta capacidad tenga la clase política cordobesa para ceder en las presiones por mayor
democratización y apertura es algo que se verá en los próximos años.
Del otro lado de la arena política continúan persistiendo amplias demandas de sectores
sociales rurales, que van desde la provisión de seguridad, la sustitución de cultivos, la
superación de la pobreza y el desarrollo rural de las comunidades. Casi diez años
después de los peores años de la hegemonía paramilitar se ha reactivado el tejido social
y comunitario y comienzan a emerger liderazgos comunales y populares que
probablemente desemboquen en una demanda por el reconocimiento de sus agendas,
muchas de ellas en contravía de la propia agenda de tierras de las élites políticas. Pero
a marzo del 2018 ya habían sido asesinados 12 líderes comunales rurales en el sur del
departamento, la mayor parte de ellos pertenecientes a Juntas de Acción Comunal.
Hasta el momento, no hay pronunciamiento alguno de los congresistas cordobeses. Ni
los nuevos, ni los viejos.
83
Conclusiones
La parapolítica en el departamento de Córdoba, y en general en el país fue un proceso
violento y turbulento, pero no modificó de manera sustancial el mapa político del
departamento. Por el contrario, posterior a la desmovilización de las AUC y a los juicios
por parapolítica, las redes departmanetales y clientelares conservaron su carácter
parroquial, cerrado y semi-competitivo, incrementaron su influencia con el centro político
nacional y aún monopolizan los vínculos institucionales entre el centro y la periferia.
La adhesión primaria, de parentesco y localidad, continúa siendo el principal factor de
adhesión de los grupos políticos locales, que comparten relaciones de parentesco, clase
social y localidad. El sistema continúa cerrado a cualquier individuo o grupo por fuera de
la élite local tradiconal.
Así mismo, los resutlados del estudio de caso me permiten afirmar que no existió un
fenómeno de captura o cooptación de instituciones públicas en el departamento, sino
que el acceso a las mismas por parte de las AUC siempre se presentó con la
intermediación de la clase política local, que pese a haber sido afectada por la violencia
paramiltar, conservó sus beneficios y en algunos casos los incrementó.
La relación entre políticos y paramilitares no estaría dada únicamente por el ingreso de
estos últimos a la participación en un sistema de incentivos previo. Tampoco se limitó a
la tolerancia de las élites políticas locales a los paramilitares en vista de la incapacidad
de protección del Estado. 20 años después de los inicios del a parapolítica, las redes
políticas locales resultaron fortalecidas, con ciertas variaciones en la competencia interna
y algunos cambios generacionales.
Así mismo, el clientelismo de hoy también se vio fortalecido de manera paralela al
impresionante proceso de expansión militar y política de las AUC entre 1998 y el 2006,
que implicó una utilización extrema de la violencia focalizada y también de la violencia
generalizada que fue tolerada tanto por las élites locales como en gran medida por el
Estado Central, lo que incluyó el respaldo de una parte importnate de la élite política al
84
narcotráfico como motor de la confrontnación y paulatinamente como financiador de
campañas.
Es decir, el paramilitarismo también implicó la protección del tipo de clientelismo que se
econtraba en auge en el departamento, que implicaba una mayor apropiación de la
contratación pública y un impresionante encarecimiento de las campañas políticas
(Negrete, 2011). La corrupción también hizo parte de una serie de negocios ilegales que
protegieron las AUC en el departamento de Córdoba (Duncan, 2018). La alineación de
las colectividades políticas y su reacomodamiento termina obedeciendo cada vez más al
acceso particular a los recursos del Estado.
Los vínculos entre paramiltiares y políticos en el departamento por supuesto que
implicaron consecuencias desastrosas, entre las cuáles se destaca la permanencia de
estructuras autoritarias en el poder político local y una alta limitación a la representación
política de las preferencias ciudadanas o sus necesidades. Incluso, es posible asegurar
que el tipo de clientelismo presente hoy en el departamento es bastante lejano de la
definción clásica de intercambio de favores y provisiones por votos. En una porción
importante de los casos, las provisiones y los favores no llegan actualmente a la
población.
Así, las elecciones del 2018 nos devuelven nuevas caras en viejos grupos. No obstante,
ya se hace evidente que el proceso de negociación con las FARC y el crecimiento de
grupos sociales con demandas rurales específicas (nuevamente) existe en el
departamento e intenta promover una agenda de desarrollo, la cual veremos a futuro si
es posible de concretar.
¿Es posible revertir el autoritarismo subnacional presente en el departamento?. Los
cambios profundos y los procesos de democratización desde el centro pueden también
contribuir a que la oposición encuentre nuevos aliados que en algún momento inclinen la
balanza a su favor. Abrir ese sistema cerrado implicaría que los conflictos propios del
departamento, como la propiedad de la tierra, el desarrollo rural, la superación de la
pobreza y la desigualdad lograran nacionalizarse y encontrar un correlato en las élites
nacionales con la capacidad de condicionar los apoyos y la autonomía en la
85
intermediación política de la que han gozado las élites regionales desde la primera
elección popular de gobernadores.
En segundo lugar, es imperativo proteger la acción colectiva civil que está volviendo a
tener cuerpo en las zonas rurales, especialmente en el sur de Córdoba. Procesos como
la ley de restitución de tierras, la ley de víctimas y el propio proceso de paz con las FARC
han permitido un respiro a la organización de la sociedad civil que no debe volver a ser
ahogado con las armas. Actualmente en el departamentos las Autodefensas Gaitanistas
de Colombia han adquirido un control territorial importante en la zona colindante del
Urabá y continúan siendo un riesgo latente que se puede concretar en la medida en que
la clase política local vuelva a considerar como una opción la utilización del asesinato
selectivo como una forma de mantener el régimen cerrado.
Finalmente me gustaría finalizar recalcando la utilidad del concepto de autoritarismo
subnacional no sólo en la caracterización del estudio de caso, sino como un potencial
marco teórico que permita comparar resultados regionales entre sí. Considerando las
limitaciones conceptuales, de tiempo y espacio del presente trabajo, el análisis
comparado en los espacios subnacionales podría arrojar mejores luces sobre la relación
entre clientelismo, violencia y dispositivos locales de la política, y cómo éstos se insertan
en el Estado y la sociedad.
86
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