LAS
LEYES
DE LA
SELVA
¿Cómo los indígenas
awás, que vivían
tranquilamente en las
profundidades de la selva,
quedaron en medio de
una guerra que por poco
los extermina? Esta es la
historia de una de las más
graves devastaciones
sociales y culturales que
haya vivido una etnia en
Colombia.
Texto y fotos: EDISON DUVÁN AVALOS
Hasta la década de los setenta, los indígenas awás consideraban que la selva
era el mejor lugar del mundo para vivir.
Todas las noches, los niños y sus padres se acostaban en sus hamacas,
alrededor del fogón, a escuchar a los mayores en la lengua nativa, el awapit. A
veces los viejos recreaban cómo eran los tiempos de antes, cuando los awás
usaban nariguera, mascaban hojas de coca con ceniza de cáscara de plátano y
vivían en las profundidades más remotas de la selva, sin tener ningún contacto con
gente de afuera. Otras veces relataban alguna historia en la que Astarón castigaba
a los awás que atentaban contra la naturaleza o contra la convivencia social.
LA LEY DE ASTARÓN
LA HISTORIA DE CÓMO UN SER SUPERIOR DOMINÓ LA SELVA DE LOS INDÍGENAS AWÁS, AL SUR DE NARIÑO, EN LA FRONTERA
COLOMBO ECUATORIANA.
En estas condiciones vivían los awás cuando la selva les proporcionaba todos sus alimentos.
Luis Bisbicus, de 67 años, recuerda varias
de aquellas historias. Los mayores, en una
ocasión, le contaron cómo Astarón descerebró
con una enorme piedra a un awá que se había
dedicado a pescar con barbasco, una raíz
venenosa que, después de ser majada, era
sumergida en los ríos para asfixiar a todos los
peces, incluso a los más pequeños que aún no
eran comestibles. En otra ocasión, le contaron
cómo Astarón, con las cadenas que forraban su
cuerpo, le quebró el espinazo a un awá que se
había emborrachado con chichita y le había
pegado a su mujer.
Después de escuchar a los mayores, todos
sentían miedo. Imaginaban que en cualquier
momento ese gigante de patas volteadas al revés,
de brazotes inmensos y de cara forrada de
musgo, llegaba a su rancho y tumbaba las
paredes de chonta y arrancaba los techos de
bijawa y luego los mataba a todos a golpes o a
garrotazos con sus cadenas. Pero se
tranquilizaban al saber que no había ninguna
razón por la cual Astarón los quisiera castigar,
porque ellos respetaban la naturaleza y convivían
en paz con los demás. Entonces, al calor de los
últimos leños que ardían en el fogón y arrullados
por el cantar de las ranas floriadas, se quedaban
dormidos en sus hamacas.
Al día siguiente, los hombres, incluyendo a
los niños, madrugaban a ponerse sus botas
pantaneras y a alistar sus machetes y sus palas;
por su parte, las mujeres, incluyendo a las niñas,
encendían el fogón y montaban las ollas para
preparar el chiro que todos se sentaban a
desayunar. Ellos, luego, se iban a sus cultivos de
plátano, yuca y maíz a limpiar el monte y a
recoger los productos de las cosechas; mientras
tanto, ellas se quedaban en el rancho
alimentando con hierbas de las laderas cercanas a
los cuyes y a las gallinas que criaban.
Sin embargo, había días en que los hombres
no iban a trabajar a sus cultivos, sino que salían
de cacería y de pesca: los papás con su lanza de
chonta al hombro y los hijos cada uno con su
shigra de corteza de yarumo colgada de la
cabeza. El primer lugar que visitaban era las
trampas de bambú, donde encontraban
atrapados dos o tres puyosos que echaban en
alguna de las shigras. Luego seguían caminando
para más adentro de la selva, sin hacer ruido al
pisar las hojas secas ni al rozar las ramas de los
árboles, porque podían espantar a los animales o,
peor aún, convocar la ira de Astarón. Hasta que el
papá disparaba su lanza de chonta, y entonces ahí
sí todos corrían alegres a terminar de matar el
animal, un armadillo, una guanta, un guatuso, un
mono, lo que fuera, para también echarlo en una
de las shigras.
Al atardecer, iban al río a pescar. Unas
veces los papás empleaban hilos de nilón y
anzuelos, otras veces lanzaban una red hecha de
fibras de yarumo, pero siempre lograban pescar
unas enormes sabaletas y guañas con las que
terminaban de llenar las shigras. Antes de que
anocheciera y se enojara Astarón, regresaban a
su rancho. Al llegar, les entregaban los animales y
los pescados a las mujeres para que los pelaran,
los salaran y los pusieran a secar con el humo del
fogón, de modo que duraran largo tiempo sin
La mayoría de teorías indican que los
awás, en tiempos prehispánicos,
residían en las selvas de la frontera de
Panamá con Colombia. Al llegar los
españoles sufrieron presiones
territoriales que los obligaron a
desplazarse hacia el sur, por las
costas del Océano Pacífico, hasta
llegar al lugar donde hoy se encuentra
el departamento de Nariño. Luego, la
Guerra de los Mil Días entre
conservadores y liberales, obligaron a
muchos awás a desplazarse hacia el
norte de Ecuador, en las provincias de
Esmeraldas, Carchi e Imbabura.
Actualmente, los awás ocupan
territorios del sur de Colombia y del
norte de Ecuador, desde las faldas de
la cordillera de los Andes hasta la
costa del Océano Pacífico.
descomponerse. Después, todos se sentaban en
sus hamacas, alrededor del fogón, a comerse
algunos de esos animales y pescados, mientras
los mayores, en la lengua nativa, nuevamente
recreaban la vida de los tiempos de antes o
contaban alguna de las historias de Astarón.
Claro está que existía un grupo de awás
cuya vida en la selva transcurría de un modo
diferente, sin cultivar nada y sin salir de cacería ni
de pesca. Ellos se dedicaban más bien a pasar por
cada rancho recogiendo los productos que
sobraban de las cosechas, además de las gallinas
y los cuyes que criaban las mujeres, para luego
llevarlos en sus shigras a los pueblos de afuera,
donde los cambiaban por otros alimentos y por
implementos necesarios para la subsistencia en la
selva. Aquellos viajes podían durar hasta tres
semanas, porque en muchos sectores aún no
había trochas y debían abrirse paso a través de la
espesa vegetación. Por eso, ellos eran conocidos
como los caminantes.
Juan Malpu, de 62 años, nunca olvidará el
primer viaje que realizó como caminante, cuando
tenía 12 años. Aquella vez su papá le enseñó a
sacar los chontacuros de los troncos podridos y a
subirse a los árboles para bajar la pepaepan, el
caimito y la guayaba. En las noches aprendió a
encender una fogata al lado de un higuerón y a
dormir sobre un lecho de hojas secas escuchando
las historias que los mayores contaban sobre
Astarón. Siete días después de estar caminando
por la selva, salieron a una carretera que los
condujo a uno de los pueblos de afuera, en este
caso Altaquer. Ahí Juan Malpu sufrió un gran
susto al ver unas fieras enormes que rugían
incesantemente mientras los hombres trataban
de domarlas. Su papá lo sacó de la confusión
explicándole que se trataba de máquinas
llamadas carros y motocicletas, las cuales servían
para transportarse de un lugar a otro. También le
explicó que la gente de afuera no es que viviera
amontonada sino que prefería levantar sus casas
pegadas la una de la otra y no dispersas en
pequeños poblados como lo hacían ellos. Y que
esas cajas de donde salían sonidos no tenían en
su interior personas en miniatura sino que se
llamaban radios y funcionaban de un modo que
nadie entendía. Después de cambiar los
alimentos y los animales que llevaban, Juan
Malpu y los demás caminantes regresaron a la
selva, ahora cargando en sus shigras botas, ropa,
ollas, palas, machetes, nilón y anzuelos, y uno de
los alimentos más preciados, la sal para que las
mujeres aliñaran y conservaran la carne.
Años después de aquel primer viaje, cuando
ya tenía 29 años y estaba iniciando a su hijo
mayor en el oficio de los caminantes, Juan Malpu
vivió otra anécdota inolvidable. Todo sucedió un
atardecer en que mandó a su hijo a que recogiera
leños para encender la fogata bajo el higuerón
donde el grupo de caminantes había decidido
acampar. Su hijo, poco a poco empezó a alejarse
y llegó a un descampado donde escuchó un ruido
extraño, como si alguien reventara las bambas de
una palma de chapil. Entonces se asomó por
entre los arbustos para averiguar qué sucedía, y
de repente se encontró frente a frente con un ser
gigantesco que tenía la cara forrada de musgo
negro y el cuerpo repleto de cadenas. Lo único
que pensó fue que se trataba de Astarón, y salió
corriendo para evitar que lo matara. Sin embargo,
su papá, Juan Malpu, lo alcanzó a detener y,
después de soplarle guayusa en el rostro para
quitarle el espanto, le explicó que ese no era
Astarón, sino que era gente llegadera, de afuera,
que había venido a vivir a la selva, y que no
tenían la cara forrada de musgo negro sino de
pelos que se llamaban barbas, y que no tenían el
cuerpo forrado de cadenas sino de balas para las
armas que usaban, y que no eran awás como
ellos sino que pertenecían a otra raza donde
todos se hacían llamar guerrilleros.
De este modo transcurrió la vida en la selva hasta la década de los setenta. Al entrar a la
década de los ochenta, las cosas empezaron a cambiar. La guerrilla aumentó
considerablemente el número de integrantes y ocupó cada vez más territorios. De acuerdo a un
diagnóstico realizado por el Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y
DIH, las Farc consolidaron los frentes 8, 29 y 63, de las columnas Daniel Aldana, Jacinto
Matallana y Mariscal Antonio José de Sucre; mientras que el Eln lo hizo con las columnas
Mártires de Barbacoas, Héroes del Sindagua y la Compañía Camilo Cienfuegos. El defensor
del pueblo de Nariño, Álvaro Raúl Vallejo, explica que esta consolidación de los grupos
guerrilleros se debió a dos razones. La primera es que las dificultades de acceso al territorio de
los awás, con caminos agrestes y zonas intransitables por la vegetación, se convirtieron en una
barrera que le imposibilitó al Ejército entrar a confrontar a los grupos subversivos. La segunda
razón es que los guerrilleros encontraron en la selva muchos poblados totalmente
abandonados por el Estado, sin acueducto, alcantarillado, centros de salud, vías ni escuelas, un
caldo de cultivo propicio para sembrar las ideas revolucionarias.
LA HISTORIA DE CÓMO LOS GUERRILLEROS REEMPLAZARON A ASTARÓN Y TRATARON DE IMPONERLES A LOS AWÁS SUS
IDEAS REVOLUCIONARIAS.
LA LEY DE LA GUERRILLA
Los awás tuvieron que acostumbrarse a obedecer las órdenes de los grupos guerrilleros.
No obstante, la indígena Luz Angélica
Chirán, de 69 años, tiene una opinión distinta.
Para ella los grupos guerrilleros se consolidaron
porque Astarón desapareció para siempre de la
selva. Ya nunca se le volvió a escuchar
arrastrando las pesadas cadenas que forraban su
cuerpo, ni lanzando a los precipicios las inmensas
rocas que arrancaba de las peñas. Los
guerrilleros, sin ningún ser superior que los
pudiera castigar, caminaban de noche por la
selva, pescaban con dinamita y les disparaban a
los árboles mayores para afinar su puntería. De
hecho, se convirtieron en la nueva ley de la selva.
La ex dirigente María de Jesús Marín lo explica
con una sentencia contundente: “Era como si
tuviéramos un nuevo dios chiquito”.
Orlando Guanga, de 58 años, recuerda una
anécdota que ilustra esta nueva forma de vida.
Todo sucedió un día en que salió de cacería con
sus hijos, pero al llegar al lugar donde tenía
instaladas sus trampas de bambú no encontró ni
un solo puyoso atrapado. Revisó los alrededores
en busca de una explicación y, en efecto,
confirmó lo que sospechaba: alguien había
llegado antes que él y había desocupado sus
trampas. Se fue, entonces, a buscar a la guerrilla
para ponerle la queja. Al otro día los guerrilleros
aparecieron por su rancho para informarle que ya
habían encontrado a los responsables del robo.
Eran unos jóvenes awás que por pereza de salir a
cazar decidieron vaciar las trampas de él para
comerse sus puyosos a la orilla del río Telembí.
Ahora, como castigo, los tenían abriendo trocha
en uno de los lugares de más difícil acceso.
A Juan Cantincuz, de 62 años, le sucedió algo
parecido. Cierto día, mientras terminaba de
almorzar en su rancho para regresar nuevamente
a trabajar en los cultivos, su mujer
inexplicablemente cayó desmayada. Él la llamó en
voz alta para que regresara pero ella seguía en el
otro mundo. Entonces, construyó rápidamente
una chacana de chonta, acostó ahí a su mujer y,
ayudado por sus hijos mayores, la llevó cargada
hasta donde el curandero, que vivía por los lados
del Chorro Alto, a cuatro horas de camino. Ahí el
curandero le hizo un altarcito donde le rezó
durante la noche para sacarle el shutún, un mal
espíritu de la selva que se le había metido al
tomar agua de una corriente sin pedirle permiso
al río. La mujer, al amanecer, recuperó las fuerzas
y regresó caminando por su propia cuenta a su
rancho, junto a sus hijos mayores y a su marido.
Sin embargo, días después volvió a desmayarse.
Esta vez Juan Cantincuz les dijo a sus hijos
mayores que fueran a llamar a los guerrilleros
para ver si con la ciencia de ellos era posible
curarla de manera definitiva. Los guerrilleros
acudieron de inmediato y, después de revisar los
síntomas de su mujer, le explicaron que ella
estaba padeciendo de parasitosis por tomar agua
contaminada con excremento de algún pájaro.
Pero que se curaría muy pronto si se tomaba las
pastillas que le dejaban y si seguía las
recomendaciones que le daban. Y así fue: la
mujer de Juan Cantincuz no volvió a desmayarse
nunca más.
Muchos indígenas que crecieron bajo la ley de la guerrilla formaron en su conciencia la idea de que los grupos
subversivos son una autoridad legítima.
A pesar de eso, la nueva ley impuesta por
los guerrilleros era muy diferente a la de Astarón.
A él lo único que le interesó cuando reinó fue que
los awás vivieran en armonía con la naturaleza y
consigo mismos, mientras que a ellos lo que más
les interesaba era imponerle a los awás sus ideas
revolucionarias. De hecho, según cuentan algunos
indígenas, los guerrilleros organizaban
eventualmente reuniones en cada poblado para
hablar de cosas extrañas como los poderes
oligárquicos, la lucha armada, el marxismo y el
comunismo. María Casaluzán, de 40 años,
recuerda que su padre, uno de los caminantes,
siempre se negaba a asistir a esas reuniones,
porque cuando estaba en su rancho prefería
quedarse acostado en su hamaca descansando de
los largos viajes que a menudo realizaba a los
pueblos de afuera. Hasta que un día los
guerrilleros le advirtieron que si no asistía a la
próxima reunión debía atenerse a las
consecuencias. Él les contestó que nadie podía
obligarlo a hacer lo que no deseaba. Uno de los
guerrilleros sacó su fusil y con la culata le pegó un
golpe en la cabeza que lo dejó inconsciente.
“Después de eso”, cuenta María Casaluzán, “mi
papá no volvió a ser el mismo, ni siquiera se
acordaba de quiénes éramos nosotros”.
De modo que al finalizar la década de los
ochenta, los guerrilleros eran quienes impartían
justicia cuando se presentaba un conflicto entre
indígenas; eran quienes ayudaban a las familias a
resolver las necesidades que tuvieran; eran
quienes organizaban a las comunidades para que
entre todos abrieran nuevas trochas; eran
quienes determinaban las posiciones políticas e
ideológicas que debían seguirse; en definitiva,
eran quienes decidían qué estaba prohibido y qué
estaba permitido. Los indígenas no tenían manera
de oponerse a esta máxima autoridad porque, tal
como le sucedió al papá de María Casaluzán,
podían encontrarse con la culata de un fusil o,
peor aún, con el cañón.
Al iniciar la década de los noventa apareció
un nuevo problema. Sin embargo, la situación en
el territorio indígena, contrario a lo que era de
esperarse, no empeoró, sino que
paradójicamente pareció empezar a solucionarse.
¿Por qué existen los grupos guerrilleros en la selva?
•Los indígenas exponen cuatro razones: Por el abandono estatal, Porque luchan por una vida digna, Porque buscan territorios estratégicos, Porque la guerra es un negocio que los enriquece.
¿De qué forma se relacionan los indígenas con los grupos guerrilleros?
•Una respuesta es que la guardia indígena se impone ante grupos guerrilleros. Otra respusta es que los indígenas deben saber tratar a los grupos guerrilleros para no ser sus víctimas.
¿Cuáles son los grupos guerrilleros con más hechos violentos?
•La mayoría responde que las FARC es el grupo guerrillero que más ha atentado contra los indígenas. El ELN ha protagonizado pocos hechos de violencia.
¿Cuáles son las consecuencias de la presencia de los grupos guerrilleros?
•En primer lugar responden que la guerra desatada al enfrentarse contra el Ejército en los poblados de la selva. En segundo lugar que el miedo generado con sus amenazas.
LO QUE RESPONDEN LOS INDÍGENAS SOBRE LOS
GRUPOS GUERRILLEROS
Los awás y la guerrilla
Aquel día los caminantes no solo regresaron a su poblado cargados de alimentos e
implementos, sino también de noticias preocupantes. En un amplio sector de la selva, a
tres días de camino, los inmensos árboles de higuerón, yarumo y guandera habían sido
derribados y la tierra había sido escarbada para arrancarle toda la vegetación y aplanarla.
Ahora, donde antes solo había monte espeso y enmarañado se encontraba un gran
cultivo perfectamente cuadriculado de una nueva especie de palma que nunca nadie
había visto. Los guerrilleros de inmediato fueron a averiguar de qué se trataba para tomar
una decisión.
LA LEY DE LA
UNIPA Y CAMAWARI
LA HISTORIA DE CÓMO LOS INDÍGENAS SE ORGANIZARON PARA OPONERSE A LA LEY DE LA GUERRILLA Y CREAR SUS PROPIAS CONDICIONES DE VIDA.
Los indígenas realizaron largos viajes por la selva para reunirse y empezar a buscar soluciones a los abusos de la guerrilla.
Una semana después, en las reuniones que
acostumbraban a realizar, les informaron a los
indígenas que aquellos cultivos pertenecían a
empresas que se dedicaban a extraer aceite de
palmas traídas desde África. No había nada de
qué preocuparse. Esas empresas palmeras, por
ser representantes de las clases oligárquicas, ya
habían sido obligadas a pagar un impuesto de
guerra mensual para poder seguir funcionando.
La vida en la selva debía continuar como
siempre.
Pero no sucedió así. Orlando Guanga fue
uno de los primeros en notar que algo estaba
cambiando. Cada vez que salía de cacería con sus
hijos, encontraba sus trampas de bambú con un
número menor de puyosos. Ahora, a diferencia
de lo que le sucedió años atrás, no había en los
alrededores ninguna huella o indicio de que
alguien le estuviera robando sus puyosos.
Decidió, entonces, dedicarse a cazar guantas con
su lanza de chonta, pero así se metiera a los
lugares más recónditos de la selva le resultaba
imposible encontrar el animal. Lo único que podía
llevar a su rancho cuando salía de cacería eran
unas pequeñas sabaletas y guañas que pescaba
en el río.
A los demás awás les sucedía lo mismo:
ninguno lograba cazar ni pescar lo suficiente. Por
eso, en una de las reuniones, todos les pusieron
la queja a los guerrilleros y les pidieron que por
favor solucionaran este grave problema: tan solo
debían exigirle a las empresas palmeras que
salieran de inmediato de la selva porque la
enorme devastación que a diario provocaban
estaba espantando a los animales y a los peces.
Sin embargo, los guerrilleros se negaron a
hacerlo. Dijeron que necesitaban a esas empresas
porque el impuesto de guerra que ellas pagaban
servía para financiar la revolución con que iban a
cambiar el país.
La situación siguió empeorando con el
pasar del tiempo. Las empresas palmeras
crecieron tanto que ya no era necesario caminar
tres días para encontrar los límites de sus cultivos
sino que en apenas un día se podía llegar. Más de
ochenta familias awás del poblado La Brava
tuvieron que desocupar sus ranchos e irse a vivir
más adentro de la selva, porque sus territorios
fueron totalmente invadidos por los cultivos de
palma africana. Los indígenas, cada vez que se
encontraban en las trochas, conversaban sobre la
indignación que les causaba esta problemática y
sobre el malestar que sentían con la actitud
cómplice de la guerrilla. Pero nadie se expresaba
públicamente por temor a las represalias.
A pesar de eso, un día varios indígenas se
atrevieron a proponerles a otros que empezaran
a organizarse para que entre todos encontraran
una solución. La idea poco a poco fue tomando
fuerza, hasta que en junio de 1990 centenares de
awás de todos los poblados de la selva
desarrollaron en Alto Albí lo que denominaron la
primera gran asamblea general. Ahí, después de
varios días de compartir opiniones y de discutir
posibles estrategias, crearon la Unidad Indígena
del Pueblo Awá, la Unipa, una organización que
se encargaría de enfrentar a las empresas
palmeras en representación de todos los awás.
A diferencia de los indígenas, muchas
comunidades negras de Nariño no se
opusieron a la instalación de
empresas palmeras en sus territorios.
Para ellos, por el contrario, la llegada
de estas empresas significó una
posibilidad de trabajo que les
permitió mejorar sus condiciones de
vida, aunque hay quienes hablan de
explotación laboral.
Para el antropólogo Ángel Vargas, de
la Universidad de Nariño, estas
diferencias entre negros e indígenas
se deben a las dinámicas sociales de
cada uno de estos pueblos. “Los
negros construyen su cultura a partir
del contacto entre ellos mismos;
mientras que los indígenas lo hacen a
partir del contacto con la tierra”,
explica el antropólogo.
Gerardo Taicuz, que en aquel entonces
tenía 44 años, recuerda que él y su familia
salieron felices de aquella asamblea, porque
sentían que esta nueva unión social les daba la
fortaleza para enfrentar cualquier problema que
se presentara. No obstante, al llegar a su
poblado, después de dos días de camino, su
felicidad se transformó en desconcierto. La
guerrilla había quemado su rancho y los de sus
vecinos para castigarlos por haber desobedecido
sus leyes.
Varios indígenas, recuerda Gerardo, se
pusieron de acuerdo para ir a reclamarle a los
guerrilleros. Pero él los detuvo y les dijo que
debían actuar conforme a lo decidido en la
asamblea, es decir, unidos como un pueblo y no
aislados como un puñado de individuos. Entonces
mandó a sus hijos mayores a que regresaran de
inmediato a Alto Albí para que les avisaran a los
líderes de la Unipa lo sucedido. Entre tanto, todos
harían una minga para recolectar chonta y bijawa
y reconstruir así sus ranchos.
Tres días después, cuando ya estaban
curando con humo la bijawa para cubrir los
techos, los guerrilleros llegaron y les dijeron que
ellos eran unos indios muy brutos porque no
entendieron el mensaje que les dejaron al
quemar sus ranchos, el mensaje de que debían
largarse a vivir a otro lugar. Gerardo les contestó
que quienes debían largarse eran ellos porque la
selva les pertenecía a los awás. Entonces uno de
los guerrilleros le apuntó con su fusil y le ordenó
que obedeciera de inmediato o de lo contrario lo
mataría. Gerardo se quedó firme en el lugar que
estaba, en una actitud desafiante. De repente, el
guerrillero bajó su fusil y empezó a retroceder,
con el miedo reflejado en su pálido rostro. “Yo
pensé que mi coraje lo había atemorizado”,
cuenta Gerardo riéndose. Pero lo que en realidad
sucedía era que el guerrillero estaba viendo cómo
de las montañas de los alrededores empezaba a
bajar un río de indígenas. Los hijos mayores de
Gerardo, después de correr día y noche por las
trochas sin descansar, regresaban ahora con los
líderes de la Unipa y con centenares de indígenas
que en el trayecto se les habían unido.
Los guerrilleros, cuando todos los indígenas
Los niños awás que vivieron durante la ley de la Unipa y Camawari fueron prácticamente la última generación que alcanzó a conocer lo que significaba vivir de la cacería y de la pesca. Las demás generaciones no pudieron salir de cacería ni de pesca con sus padres.
llegaron, se disculparon por la quema de los
ranchos, dijeron que fue un error cometido por
algunos de sus hombres, quienes serían
castigados duramente. Por su puesto, los
indígenas no les creyeron. Pero los obligaron a
que se comprometieran a que no volverían a
aparecer por el lugar, porque de lo contrario ya
no serían centenares sino miles de indígenas los
que vendrían a buscarlos para sacarlos de la
selva.
Este tipo de acciones fortalecieron a la
Unipa, pero la inmensidad de la selva le restaba
efectividad. Había poblados tan apartados que
cuando los líderes lograban llegar a ellos, después
de semanas de viaje, ya los problemas habían
dejado de existir. De modo que decidieron
organizar otra gran asamblea general con todos
los indígenas de todos los poblados de la selva
para buscar una solución. Así, en febrero de 1992,
en Pialapí, nació el Cabildo Mayor Awá de
Ricaurte, Camawari. Las dos organizaciones
trabajarían de modo conjunto, aunque cada una
ejercería un liderazgo directo en determinada
zona. La Unipa, entonces, quedó con jurisdicción
sobre 220 mil hectáreas de selva donde residían
veinte mil indígenas, mientras que Camawari
quedó con jurisdicción sobre 120 mil hectáreas
de selva donde residían once mil indígenas.
Ambas organizaciones, con el apoyo de
varias ONG, entidades de defensa de los derechos
humanos, líderes indígenas de otras regiones del
país y fundaciones sociales, no solo lograron que
la guerrilla dejara de imponer sus leyes en la
selva, sino que además consiguieron que las
condiciones de vida de los indígenas cambiaran.
Muchas trochas fueron convertidas en carreteras;
se levantaron escuelas para que los niños
aprendieran a leer y escribir; y en varios poblados
se construyeron centros de salud, se tendieron
redes eléctricas y se instalaron los servicios de
acueducto y alcantarillado. Lo único que no
lograron la Unipa y Camawari fue cumplir con el
propósito para el cual habían sido creadas: sacar
de la selva a las empresas palmeras.
Ninguna de las dos estrategias que
aplicaron dio resultados. La primera consistió en
interponer demandas legales por invasión de
tierras, pero siempre perdieron los juicios porque
las empresas palmeras contaban con el apoyo
incondicional de los gobiernos de turno y con
poderosos abogados que recurrían a todo tipo de
artimañas. La segunda estrategia, proveniente de
las experiencias de los indígenas paeces en el
Cauca, fue establecer campamentos masivos en
los cultivos de palma africana, pero la Policía
siempre lograba sacarlos a punta de gases
lacrimógenos y de garrotazos. Sin embargo, la
Unipa y Camawari consiguieron que las empresas
palmeras no continuaran expandiéndose por la
selva sino que se quedaran quietas en el
territorio que ya habían invadido.
Así finalizó la década de los noventa: con
dos organizaciones indígenas que, aunque no
pudieron derrotar a las empresas palmeras, sí
lograron arrebatarle el liderazgo a la guerrilla
para imponer sus propias leyes y transformar las
condiciones de vida en algunos poblados de la
selva.
“Uno por meterse como líder se gana
problemas. Pero personalmente, con
todo el acompañamiento de la gente,
con toda la minga humanitaria,
siento que los espíritus de la
naturaleza están conmigo. Si toca
morir pues toca, pero morir con la
palabra pensando en el corazón”,
Rider Pai, líder de la Unipa.
“Existe un riesgo por ser líder, toca
reforzar la seguridad, tomar medidas
preventivas. Nosotros, por decir y
denunciar las cosas de frente, somos
objetivos militares. Pero uno está
rodeado de la gente y hay que seguir
luchando, sin temor”, Rolando
Cantincuz, líder de Camawari.
Las opiniones respecto a las carreteras son divididas. Para algunos indígenas fueron lo
mejor que les sucedió porque permitieron abrir las puertas de su territorio para que ingresaran
muchas comodidades que nunca habían conocido. Para otros, fueron lo peor porque
precisamente al abrir las puertas de su territorio se escaparon muchas de sus riquezas culturales.
Lo cierto es que las carreteras cambiaron la forma de vida de los awás. Los caminantes, por
ejemplo, desaparecieron porque ya nadie mandaba a cambiar a los pueblos de afuera los
productos que sobraban de sus cosechas ni los animales que criaba, sino que ahora le vendían
todo a los conductores de los camiones que regularmente ingresaban a sus poblados. En las
noches tampoco volvieron a escuchar las historias de los mayores alrededor del fogón, porque
ahora preferían mantener encendida la radio marca Sanyo que comerciantes llegaderos habían
venido a venderles. Ni volvieron a utilizar en sus techos la bijawa curada a punta de humo,
porque ahora resultaba más fácil instalar las tejas de Eternit que les traían de los pueblos de
afuera. Y hasta los niños dejaron de subirse a los árboles a bajar algún fruto, porque preferían
comer los caramelos y algodones de azúcar que de vez en cuando alguien llegaba a venderles.
LA LEY DEL
NARCOTRÁFICO
LA HISTORIA DE CÓMO UNA NUEVA LEY CONVIRTIÓ LA SELVA EN UN INFIERNO Y AMENAZÓ CON ACABAR PARA SIEMPRE A LOS INDÍGENAS AWÁS.
Durante la ley del narcotráfico, los cementerios de los poblados quedaron repletos de muertos.
Además, muchos indígenas aseguran que
las carreteras fueron las principales responsables
de que miles de personas armadas y repletas de
dinero llegaran hasta sus poblados para imponer
una nueva ley, la ley del narcotráfico. Los
analistas, en cambio, explican que las carreteras
no tuvieron nada que ver. Ellos coinciden en que
todo se debió al Plan Colombia, que lanzó una
fuerte ofensiva en los departamentos de Caquetá
y Putumayo, presionando a los narcotraficantes a
buscar nuevos territorios, en este caso el
departamento de Nariño. “La coca”, explica un
reportaje publicado el 13 de octubre de 2002 en
el diario El Tiempo, “parodiando el célebre
principio de conservación de la materia, no se
crea ni se destruye; se desplaza”.
Lo primero que hicieron los
narcotraficantes fue pedirles a los paramilitares
del Bloque Libertadores del Sur que se
encargaran de prepararles el camino. Los
paramilitares, bajo la consigna de acabar con los
guerrilleros, se ganaron la confianza de algunas
empresas palmeras que no solo los guiaron sino
que también los cofinanciaron. Su primera
incursión en el territorio de los awás fue en
noviembre del año 2000 y estuvo compuesta por
60 hombres armados con fusiles Ak 47, todos
bajo el mando de Guillermo Pérez Alzate, alias
Pablo Sevillano. Ellos, en varias camionetas de
vidrios oscuros, se movilizaron por las carreteras
deteniéndose en cada poblado para exigirles a los
hombres que se desnudaran, y ver quiénes
supuestamente tenían en la espalda marcas de
haber cargado un fusil. “Uno de los pobladores se
resistió y fue golpeado hasta morir delante de
todos sus vecinos”, cuenta el texto ‘Las masacres
y los nexos del ejército de Pablo Sevillano’,
publicado en VerdadAbierta.com. Ese día, diez
hombres más fueron ejecutados.
Los paramilitares repitieron este tipo de
acciones en distintos poblados. Los guerrilleros se
replegaron lejos de las carreteras, sin poderse
movilizar libremente como lo hacían antes y sin
poder recibir el impuesto de guerra porque ya las
empresas palmeras se negaban a pagarles.
Algunas familias indígenas se vieron obligadas a
abandonar sus ranchos y se fueron a vivir a los
pueblos de afuera. La mayoría, pese a todo,
decidió quedarse. El miedo que ahora ellos
sentían no se parecía en nada al experimentado
en aquellos tiempos de antes, ese miedo de saber
que Astarón los podría castigar si atentaban
contra la naturaleza o contra los demás awás. No,
este miedo de ahora realmente era el de saber
Los primeros desplazamientos de indígenas durante la ley del narcotráfico se dieron a raíz de las incursiones paramilitares. Luego vendrían otros problemas que también expulsarían a más indígenas de sus poblados.
que fácilmente los podían matar sin ni siquiera
haber hecho algo en contra de la nueva ley.
Julio Nastacuaz, de 30 años, recuerda que
su padre le prohibió a él y a sus hermanos que
volvieran a acompañarlo a trabajar en los
cultivos. “Nos tocaba quedarnos en el rancho
cuidando a mi mamá y a mis hermanas,
acostados en las hamacas sin hacer nada
mientras escuchábamos radio”. Sin embargo,
cada vez que veían una camioneta de vidrios
oscuros acercándose por la carretera, corrían a
ocultarse en la selva. Ahí esperaban durante
varias horas hasta que decidían regresar. Por
suerte, nunca sucedió nada grave, tan solo que
siempre encontraban las paredes de su rancho
pintadas con letreros de aerosol, los cuales
indicaban que ahora el territorio le pertenecía a
los paramilitares de Pablo Sevillano.
Los líderes de la Unipa y Camawari no
podían realizar mayor cosa frente a esta
problemática. Aquellos que se encontraban en los
pueblos de afuera se dedicaban a enviar
comunicados a la opinión pública denunciando lo
que estaba sucediendo, pero no se atrevían a
ingresar a los territorios porque en caso de que se
encontraran en una carretera con los
paramilitares morirían torturados bajo la
acusación de ser aliados de la guerrilla. De igual
modo, los líderes que vivían en los territorios
selváticos preferían mantenerse en silencio,
porque sabían que cualquier amago de querer
organizar a los indígenas les significaría la muerte.
Incluso, bajo la nueva ley, el solo hecho de
manifestar que se pertenecía a la Unipa o
Camawari era motivo suficiente para ser
asesinado.
OPINIONES SOBRE EL
NARCOTRÁFICO
CAUSAS
La gente de afuera es la responsable
"Esas plantas las ha sembrado gente que no es indígena, que ha venido de otras
partes": Rolando Cantincuz, líder indígena.
La pobreza obligó a los awás
"Por la misma necesidad la población indígena ha sembrado coca, pero en una
menor escala": Jaime Caicedo, líder indígena.
El gobierno quiere despejar
territorio
"Crearon la imagen de que los indígenas estaban asociados narcotráfico para
quitarnos la tierra": Rolando Cantincuz.
Es una forma fácil de ganar
dinero
"Nuestros indios aquí quieren vivir de lo más fácil, que es sembrar de la coca": María de Jesús Marín, líder indígena.
CONSECUENCIAS
Violencia
"Los indígenas que están en eso reciben la plata, se van a las cantinas, compran
los revólveres, se emborrachan y por ahí se arma la pelea": María de Jesús Marín.
Contaminación
"Eso (fumigación) no logró disminuir el narcotráfico. Lo único que hizo fue afectar al pueblo": Rider Pai, líder
indígena.
SOLUCIONES
Decisión del pueblo
"Si el país y el pueblo no toman la decisión, eso nunca acabará. Nosotros los awás tenemos que tomar la decisión de
acabar con eso": Rider Pai.
Proyectos sociales
"Nosotros estamos desarrollando un exitoso modelo de sustitución voluntaria
de cultivos. Son 40 profesionales que acompañan a cada familia para que salga
adelante con nuevos cultivos": Zabier Hernández, ex funcionario público.
Miradas al narcotráfico
Cuando ya los paramilitares terminaron de
preparar el camino, los narcotraficantes entonces
enviaron a la selva a sus trabajadores. Se trataba
de centenares de personas que llegaron en
camiones provenientes de Putumayo, Antioquia y
Valle del Cauca, principalmente. Ellos, bajo la
custodia de los paramilitares, se encargaron de
sembrar la coca, instalar los laboratorios para su
procesamiento y buscar modos de transportarla a
las costas del Océano Pacífico, especialmente al
puerto de Tumaco. En pocos meses, estas
personas no solo devastaron extensos territorios
con sus cultivos, sino que además crearon en
muchos poblados nuevas formas de vida. En Inda
Sabaleta, por ejemplo, levantaron dos discotecas
con piscinas donde bebían Buchanan’s mientras
fornicaban con prostitutas. En Llorente, uno de
los pueblos de afuera, organizaban cada fin de
semana bacanales orgiásticas donde siempre
resultaban asesinadas más de quince personas.
En tan solo dos años, en el 2002, había
sembradas más de 20 mil hectáreas de coca en el
territorio de los awás, según un documento
elaborado por el periodista e investigador Fabio
Castillo. El presidente Álvaro Uribe, que recién
empezaba a gobernar, decidió enviar a más de
tres mil hombres del Ejército y la Policía para que
acabaran con la ley del narcotráfico. Ellos, en los
pueblos de afuera, instalaron bases y retenes
donde detenían a los indígenas para solicitarles
documentos, realizarles requisas y someterlos a
interrogatorios, especialmente a los líderes de la
Unipa y Camawari, a quienes acusaban de ser
guerrilleros. Los únicos que podían circular
libremente sin ningún problema eran los
paramilitares. La razón es que el Ejército y la
Policía se aliaron con ellos para juntos combatir a
la guerrilla. “A raíz de la ley 975”, explica el
defensor del pueblo de Nariño, “hemos conocido
esos lamentables vínculos que se dieron entre la
fuerza pública y el paramilitarismo, vínculos en los
que se cometieron muchas actividades ilícitas”.
Sin embargo, hasta ahora solo dos de esas
muchas actividades ilícitas han sido investigadas
por la justicia. La primera fue la cometida en 2002
por un sargento y dos cabos de inteligencia,
quienes llevaron a los paramilitares al Batallón
Boyacá de Pasto para entregarles ahí a dos
supuestos guerrilleros del Eln que, días después,
aparecieron asesinados con señales de tortura
por la carretera que une a Pasto con Tambo. La
segunda actividad ilícita que la justicia ha
investigado fue la cometida en 2003 por un
capitán y un mayor del Grupo Cabal de Ipiales,
quienes custodiaron a los paramilitares mientras
realizaban una de aquellas visitas a los poblados
para matar a quienes supuestamente tenían
marcas de haber cargado un fusil.
El Ejército y la Policía, después de instalarse
en los pueblos de afuera y de haber fortalecido su
relación con los paramilitares, procedieron a
ingresar a la selva para buscar a los guerrilleros.
Amilkar Ayudín, de 38 años, recuerda que todo
empezó una noche en que él y su familia ya
estaban dormidos en sus hamacas, cuando de
repente escucharon un bombazo que hizo
temblar las paredes de chonta del rancho. De
inmediato él y su mujer se levantaron asustados
sin saber qué hacer, si quedarse en el rancho con
sus pequeños hijos que lloraban a gritos o si salir
corriendo con ellos hacia la selva para ocultarse.
Pero más y más bombazos, acompañados de
ráfagas de fusil que sonaban por todas partes, los
convencieron de que lo mejor era quedarse. A
ratos, cuando los niños lograban conciliar el
sueño, Amilkar se asomaba por la ventana de su
rancho y observaba un espectáculo
impresionante: las balas atravesaban el cielo
nocturno como una lluvia incesante de fugaces
cocuyos.
Al otro día, muchos de los vecinos de
Amilkar empacaron sus cosas y se fueron a vivir a
uno de los pueblos de afuera. Él decidió quedarse
en el poblado con su familia. En la tarde, los
soldados llegaron a su rancho con los cadáveres
de siete guerrilleros envueltos en bolsas negras.
Le contaron que llevaban más de un mes
caminando por la selva en busca de esos
guerrilleros, y que ya estaban hartos de las
raciones enlatadas que tenían para alimentarse.
Por eso, en nombre del sacrificio que realizaban
por la patria, iban a llevarse las gallinas y los
cuyes que su mujer criaba. Amilkar les entregó,
además, dos quintales de plátanos y yucas, no
para subirles la moral, sino para asegurarse de no
terminar también él en una de esas bolsas
negras.
Los guerrilleros, frente estos ataques que
cada día los acorralaban aún más, decidieron, a
partir del año 2003, sembrar minas
antipersonales en algunas partes de la selva, para
impedir así que los soldados y los policías
continuaran persiguiéndolos y, en lo posible, para
causarles heridas de gravedad. Las minas también
dejaron amputados a varios awás y provocaron
que la mayoría de familias quedaran confinadas
en sus poblados, sin poder ni siquiera salir a
trabajar en sus cultivos. Por esa razón muchos
más indígenas también decidieron irse a vivir a
los pueblos de afuera. Los que se quedaron
tuvieron que dedicarse a sembrar plátano y yuca
en los alrededores de sus ranchos, obteniendo
cosechas que apenas alcanzaban para alimentar
escasamente a la familia, ya sin posibilidad de
vender nada.
La situación empeoró cuando empezaron a
llegar las avionetas cargadas de glifosato a
fumigar los cultivos de coca. Entonces los awás se
quedaron prácticamente sin qué alimentarse,
porque sus pequeños sembríos de plátano y yuca
alrededor de sus ranchos se secaron, y las gallinas
y los cuyes que criaban murieron apestados. De
igual modo, las empresas palmeras tuvieron que
hacer millonarias inversiones en productos
químicos para combatir un hongo que apareció
en las palmas y que las dejaba sin una gota de
aceite. Por primera vez en tantos años, sus
extensos cultivos empezaron a disminuir de
tamaño: la ley del narcotráfico, sin proponérselo,
estaba logrando lo que no pudo la ley de la Unipa
y Camawari.
“El glifosato”, explica el científico Armando
Arrollo Osorio, de la Subdirección de
Conocimiento y Evaluación Ambiental de
Corponariño, “es un componente químico que al
asperjarse sobre una hectárea afecta
directamente a otras veinte hectáreas,
envenenando toda la flora y la fauna”. Jairo
Los líderes de la Unipa y Camawari han
solicitado insistentemente que el Ejército
y la Policía salgan de sus territorios.
“Porque ellos dicen que entran a
protegernos”, explica Diego Guanga,
secretario de asuntos indígenas de la
Alcaldía de Ricaurte, “pero realmente
entran a destruir nuestra cultura”. De
igual modo, Jaime Caicedo Guanga,
director de la Reserva Natural La
Planada, denunció públicamente que los
soldados estaban ofreciendo dinero a los
indígenas a cambio de información sobre
la ubicación de los guerrilleros, además
estaban enamorando a las jóvenes
indígenas para sacarles ese tipo de
información. “Nosotros”, dice Jaime
Caicedo, “tenemos nuestra autoridad
legítima, que es la guardia indígena, no
necesitamos que nadie venga a
protegernos”.
El Ejército y la Policía, por su parte,
aseguran que es su deber constitucional
ingresar a los territorios indígenas a
combatir la subversión. “Yo no me puedo
comprometer a sacar la tropa porque
tenemos una misión constitucional qué
cumplir. Lo que tenemos es que tratar de
cumplirla dentro de las normas, tratando
de causar el menor impacto ambiental
como también a las comunidades
indígenas”, explicó el general Jorge
Eliécer Pinto Garzón, Comandante de la
Brigada XXIII de Nariño. Además, frente a
los abusos denunciados por los
indígenas, replicó que muchas de estas
acciones son cometidas realmente por
los grupos subversivos con el fin de
empañar la imagen del Ejército.
Guerrero, asesor indigenista, agrega que lo más
grave de todo es que las fumigaciones nunca se
realizaron de manera selectiva sobre los cultivos
de coca, sino que “el glifosato fue asperjado
indiscriminadamente por toda la selva”. De
hecho, Javier Dorado, director del Comité
Permanente por la Defensa de los Derechos
Humanos en Nariño, asegura que el propósito
real de las fumigaciones fue “obligar a más
indígenas a que salieran de sus territorios”.
De acuerdo a las estadísticas del Programa
Presidencial de Derechos Humanos, en el 2004,
cuatro años después de que los narcotraficantes
impusieran su ley, más de tres mil indígenas, casi
el 10% de la población total, habían abandonado
sus ranchos y se encontraban viviendo en los
pueblos de afuera. Los más afortunados, aquellos
pocos que habían sido caminantes, llegaban a las
casas de personas conocidas para quedarse unas
semanas, hasta encontrar un trabajo como
obreros de construcción e irse a arrendar su
propio cuarto. Otros, los que no conocían a nadie
en los pueblos de afuera, que eran la mayoría,
tenían dos opciones: hacinarse en los precarios
albergues levantados por la Unipa y Camawari
con la ayuda de organizaciones humanitarias; o
quedarse en las calles con sus hijos mendigando
el pan diario.
A los indígenas que permanecían en la selva
también les quedaron dos opciones: padecer
hambre en la más extrema pobreza o hacer parte
de la ley del narcotráfico. Emilio Guanga, de 27
años, escogió la segunda opción: se fue a trabajar
a los cultivos de coca arrancando las hojas de las
matas para luego enviarlas a los laboratorios. Una
semana después regresó feliz a su rancho con los
bolsillos llenos de dinero. En la tienda del poblado
compró suficientes alimentos para su familia,
relojes y pulseras para sus hermanas, ropa de
marca para él, y luego fue a divertirse en la
discoteca con los nuevos amigos que había
hecho. Sin embargo, no gozaba de tranquilidad.
Todas las noches, bien fuera que estuviera en los
cultivos de coca o bien fuera que estuviera en su
CONSECUENCIAS DE LA VINCULACIÓN DE AWÁS CON LA GUERRILLA
"Los indígenas que se han ido con la guerrilla han aprendido sus vicios, entonces se van masacrando entre ellos mismos. Se les hace que es fácil matar, y eso no debe de ser así": María de Jesús Marín.
LO QUE LE SUCEDE AL AWÁ QUE SE VINCULA CON LA GUERRILLA
"El gobernador indígena tiene prohibido defender al indígena que decide irse para un bando, debe dejarlo que se defienda allá como pueda, porque ese indígena ya no hace parte de nuestra organización ni para bien ni para mal. Es la única forma como podemos estar fuera de estos problemas": Jaime Caicedo.
CAUSAS DE VINCULACIÓN DE AWÁS CON LA GUERRILLA
Por desconocimiento: "Los compañeros no saben lo que hacen ni el daño que les ocasionan a sus familias", Diego Guanga, secretario de asuntos indígenas en la Alcaldía de Ricaurte. / Por reclutamiento forzado: "Los jóvenes indígenas son víctimas de reclutamiento por parte los grupos armados ilegales", Álvaro Raúl Vallejo, defensor del pueblo de Nariño. / Por pobreza: "Se aprovechan de la situación económica de los indígenas y los convierten en guerrilleros o informantes", Jaime Caicedo, líder indígena. / Por su falta de criterio: "Somos débiles, nos dejamos convencer de ver a los armados que llegan en sus carros, o a cambio de un mercado": María de Jesús Marín, líder indígena.
Awás convertidos en guerrilleros
rancho, pasaba en vela, sin poder conciliar el
sueño porque temía que en cualquier momento
lo mataran. “Entonces me compré un revolver”,
cuenta, “porque todos los awás que andábamos
en ese negocio teníamos que estar armados para
defendernos matando al que fuera”.
Entre tanto, la guerrilla, con la instalación
de las minas antipersonales, logró recuperarse y
empezó a convocar a los jóvenes awás que
estaban en la pobreza extrema para que se
unieran a sus filas. Los líderes de la Unipa y
Camawari aseguran que fueron muy pocos los
que aceptaron; por el contrario, la mayoría de
indígenas consultados recuerda que fueron
muchos. Alfonso Nastacuaz, de 21 años, explica
que aceptó la propuesta porque era un
muchacho falto de experiencia que se fascinó con
la idea de tener un arma. Los guerrilleros, a
diferencia de lo que hacían en décadas
anteriores, nunca le hablaron de cosas extrañas
como los poderes oligárquicos, la lucha armada,
el marxismo y el comunismo. No, lo único que le
enseñaron fue a disparar un fusil, y luego lo
especializaron en extraer el crudo de los
oleoductos para convertirlo en gasolina que les
vendían a los narcotraficantes. “También nos
dedicábamos a conseguir acetona, cemento,
todos los químicos que se necesitaban en los
laboratorios de coca”, dice Alfonso Nastacuaz
desde la prisión de Cali donde paga una condena
por subversión y narcotráfico.
La selva, entonces, al iniciar el año 2005,
era un infierno. A diario los paramilitares de
Pablo Sevillano recorrían las carreteras en sus
camionetas asesinando al que les parecía
sospechoso; de vez en cuando un soldado, un
policía o un indígena quedaba con sus pies
destrozados al pisar una mina antipersonal;
frecuentemente las avionetas pasaban
asperjando glifosato sobre la selva; cada ocho
días los trabajadores de los narcotraficantes se
emborrachaban y armaban escándalos en las
discotecas con las prostitutas; permanentemente
los guerrilleros incorporaban a más awás para
que les ayudaran a proveer los laboratorios de
insumos químicos; y los indígenas, por su parte,
vivían divididos entre aquellos que derrochaban
el dinero ganado en los cultivos de coca, y
aquellos otros que se morían de hambre sin
poder cultivar nada.
Ese mismo año, sin embargo, nació la
esperanza de que quizás la situación empezaría a
cambiar. El 30 de julio, en horas de la madrugada,
la mayoría de los paramilitares, incluyendo a su
máximo jefe, Pablo Sevillano, se montaron en
varios camiones y salieron rumbo a la inspección
de policía de El Tablón, en el municipio de
Taminango. Ahí, en un acto al que asistieron altos
funcionarios del gobierno nacional, entregaron
Una indígena awá y su pequeño hijo esperan en la parte trasera de un restaurante, en Tumaco, a que les regalen algo de comer. Los dos
llevaban casi dos meses vagando por las calles del puerto nariñense después de haber sido obligados a salir de su poblado.
sus armas como parte de un proceso de paz
adelantado en todo el país. “Esta es una de las
desmovilizaciones en la que se han entregado
más armas”, afirma el investigador Juan Carlos
Garzón en un documento titulado
‘Desmovilización del Bloque Libertadores del Sur’,
“con 593 armas de corto y largo alcance; esto sin
contar los pertrechos militares, dentro de los que
se encontraban 88 granadas de 60mm, 293
granadas de 40mm, 120 granadas de mano, 37
granadas para fusil y 1 granada de humo”.
Semanas después la esperanza se
desvaneció: los paramilitares, poco a poco,
empezaron a retornar a la selva, ahora
conformando grupos que se llamaban Águilas
Negras, Mano Negra, Hombres de Negro, Nueva
Generación, Autodefensas Campesinas de Nariño,
Los Rastrojos y Los Fideles. Lo que sucedió, según
explica Fabio Trujillo, ex secretario de Gobierno
Departamental, fue que la desmovilización
apenas se efectuó en algunas zonas de Nariño
como Barbacoas y Buena Vista. No obstante,
Zabier Hernández, ex asesor departamental de
Paz y Derechos Humanos, considera que
realmente todo fue un engaño a la sociedad
nariñense: “Lo único que los paramilitares
hicieron fue reestructurarse y cambiar de jefes,
pero de resto siguieron trabajando para el
narcotráfico, con amenazas a los líderes sociales,
con restricciones a la movilización por las
carreteras y asesinando a los indígenas”. Los
líderes de la Unipa y Camawari agregan, además,
que la desmovilización fue una estrategia de
guerra que, en primer lugar, le permitió al
presidente Álvaro Uribe ser reelegido y, en
segundo lugar, les permitió a los paramilitares
aumentar su número de hombres y armarse más
fuertemente. De hecho, el reportaje ‘Los rastros
de un cadáver’, publicado en Semana.com,
asegura que en Nariño, después de la
desmovilización, “el número de paramilitares se
multiplicó por tres”.
Al llegar el año 2006, la ley del narcotráfico
se encontraba en su máximo esplendor: poseía
50 mil hectáreas de cultivos de coca, contaba con
nuevos paramilitares fortalecidos, tenía a su
servicio a una guerrilla recuperada, y cada día
incorporaba a más awás y a más trabajadores que
llegaban de todos lados del país. Sin embargo,
ese mismo año, el presidente Álvaro Uribe, ahora
en su segundo mandato, lanzó una impresionante
arremetida que consistió en triplicar las
fumigaciones, implementar las erradicaciones
manuales y enviar a la selva a siete mil soldados
más pertenecientes a la Brigada XXIX y a la
Brigada Móvil XIX.
Los resultados de esta arremetida, desde el
punto de vista militar, fueron excepcionales. En
tan solo dos años, el Ejército y la Policía
incautaron más de 320 mil galones de insumos
químicos en las zonas de Roberto Payán, Magüí
Payan y el Patía; decomisaron a orillas del
Telembí 23 lanchas rápidas que servían para
transportar la cocaína por los ríos hasta el
Océano Pacífico; destruyeron varios laboratorios
avaluados en mil millones de pesos; fumigaron
con sus avionetas, según la Dirección de
Antinarcóticos de la Policía Nacional, más de 286
mil 587 hectáreas de selva; y erradicaron
manualmente otras 31 mil 701 hectáreas
sembradas de coca. De acuerdo a un estudio de
la Oficina de las Naciones Unidas Contra las
Drogas, a finales del 2008 habían logrado reducir
los cultivos de coca a apenas 19 mil 612
hectáreas.
Ahora bien, desde el punto de vista de
aquellos awás que vivían en la pobreza extrema,
es decir, aquellos que no se habían involucrado ni
con la ley del narcotráfico ni con la guerrilla, los
resultados de esta arremetida fueron
desastrosos. En mayo del 2006, de acuerdo a los
testimonios recogidos por Gladys Celeide Prada,
del CODHES, los soldados destruyeron los ranchos
de los indígenas del poblado Panelero. Un mes
después, en junio, según lo que cuenta el
reconocido periodista Alfredo Molano en un
editorial titulado ‘Los awás, a las puertas del
exterminio’, bombardearon una escuela de
Magüí. En agosto, en desarrollo de una operación
llamada Gladiador, se enfrentaron a las Farc en
un lugar de Barbacoas donde estaban más de mil
300 desplazados, lo que dejó a cinco indígenas
muertos. En julio del 2007, según la Agencia
Presidencial para la Acción Social y la
Cooperación Internacional, en un nuevo
enfrentamiento con las Farc provocaron que los
poblados de Guadual, Arrayán, Cucarachero, San
Antonio, Quelbi y Vegas quedaran totalmente
desolados. Y en septiembre de ese año, según el
diagnóstico del Programa Presidencial de
Derechos Humanos, en otro enfrentamiento con
las Farc, esta vez en la frontera con Ecuador,
obligaron a más de mil indígenas a abandonar sus
ranchos para irse a vivir a Llorente.
En fin, los combates y los bombardeos
desatados durante estos dos años que duró la
arremetida del Ejército y la Policía, desde el 2006
hasta el 2008, provocaron que más de 25 mil
indígenas, casi el 80% de la población total,
abandonaran sus ranchos para irse a vivir a los
pueblos de afuera, según cifras del Programa
Presidencial de Derechos Humanos. Además, las
minas que la guerrilla sembró incluso en los
caminos utilizados a diario para ir de un poblado
a otro destrozaron los pies de 67 personas, entre
ellas 46 indígenas. Y los nuevos grupos
paramilitares cometieron actos de demencia
como asesinar a centenares de trabajadores del
narcotráfico que intentaron huir de la guerra para
buscar otras opciones de vida.
Julio Pai, de 58 años, recuerda que él y su
mujer, así como las otras pocas familias que aún
quedaban en su poblado, vivían prácticamente
encerrados en sus respectivos ranchos, porque a
cada momento los soldados desataban una
balacera o llegaban los helicópteros de la Policía a
bombardear los alrededores. La única razón que
esta pareja tenía para seguir en la selva era la
esperanza de que algún día sus dos hijos
regresaran arrepentidos, el uno de haberse
convertido en guerrillero y el otro de haberse
metido en la ley del narcotráfico. Y así sucedió. El
hijo guerrillero fue devuelto con un balazo en la
cabeza y un letrero donde su comandante
indicaba que lo había fusilado por intentar
desertar. El otro hijo tuvieron que recogerlo en
una carretera cercana, donde los paramilitares lo
dejaron degollado porque se negó a seguir
trabajando en los cultivos de coca. Nadie, ni uno
solo de los vecinos que aún quedaban en el
poblado, acompañaron a Julio Pai y a su mujer en
los entierros. Todos prefirieron permanecer
encerrados en sus ranchos porque el miedo que
sentían era más fuerte que la obligación moral de
ser solidarios.
La arremetida del Ejército y la Policía, con tanques y helicópteros, transformó la selva en un campo de guerra.
En el año 2009, el afán de los soldados y
policías por exterminar totalmente la ley del
narcotráfico, así como la demencia de los
guerrilleros y los paramilitares por defender lo
que aún quedaba, desembocaron en dos
masacres que sirvieron para que recién, después
de casi una década de guerra, la población
colombiana y de gran parte del mundo, a partir
de todas las noticias que surgieron en los medios
de comunicación, se enteraran de que una etnia
indígena de raíces ancestrales estaba a punto de
desaparecer.
La Tercera División del Ejército aseguró, a
través de un comunicado, que sus soldados no
tuvieron nada que ver con la primera de estas dos
masacres. Por el contrario, la Organización
Nacional Indígena de Colombia, Onic, y la Unipa
expidieron en conjunto un comunicado donde
explican que todo empezó a gestarse el 1 de
febrero, cuando los soldados de la Brigada XXIX
llegaron al poblado de Tangareal, “entrando de
manera abusiva a las viviendas y obligando
mediante diferentes maltratos a miembros de la
comunidad a dar información sobre la ubicación
de los guerrilleros”. Dos días después, los
soldados se encontraron con los guerrilleros en
inmediaciones del cerro Sabaleta, donde
permanecieron durante tres días y tres noches en
enfrentamientos, hasta que los guerrilleros
decidieron replegarse y los soldados se retiraron
a otro sector de la selva. Los indígenas
aprovecharon que las ráfagas de fusil y los
bombardeos habían cesado para abandonar sus
ranchos e irse a vivir a los pueblos de afuera. Sin
embargo, cuando estaban saliendo del poblado,
el 11 de febrero, los guerrilleros aparecieron y,
según el comunicado de la Onic y la Unipa,
“retuvieron a 120 personas (hombres, mujeres y
niños), las cuales fueron llevadas amarradas a
una quebrada denominada el Hojal de la
comunidad El Bravo y se les observó asesinando a
algunas personas con arma blanca”.
El ex asesor departamental de Paz y
Derechos Humanos, quien se entrevistó
directamente con los indígenas que habían
logrado salir de la selva, recuerda que “al
principio se hablaba de siete muertos, después
aumentaron a trece y al final fueron diecisiete”.
En cambio, el ex secretario de Gobierno
Departamental, indica que “inicialmente se decía
LOS QUE HABLAN DE EXTERMINIO
LOS QUE NO HABLAN DE EXTERMINIO
¿Exterminio de los awás?
que eran diecisiete, pero luego se estableció que
eran doce o… trece”. Los medios de
comunicación, por su parte, siempre hablaron de
once indígenas asesinados. La Columna Móvil
Mariscal Sucre de las Farc, en un comunicado
publicado a través de Anncol el 16 de febrero,
aceptó que había asesinado a “ocho awás que
recogían, por grupos, información sobre nosotros
para luego llevarla a las patrullas militares que
desarrollaban operaciones militares en la zona”.
El 23 de marzo, más de un mes después de
cometida la masacre, 700 indígenas de todas las
etnias del país ingresaron a la zona para averiguar
cuántos awás realmente fueron asesinados. En
total, de acuerdo a lo que se observa en el video
que filmaron, encontraron ocho cuerpos en
avanzado estado de descomposición, todos
tendidos a lo largo de una trocha con heridas de
machete y cuchillo, dos de ellos pertenecientes a
mujeres en embarazo.
Fabio Valencia Cossio, ministro del Interior
y Justicia en aquel entonces, anunció que
conformaría una comisión para investigar lo
sucedido e impedir que se presentaran nuevos
hechos de violencia contra los awás. No obstante,
la comisión nunca se conformó y seis meses
después se presentó la segunda masacre de awás
que conmocionó al país y al mundo.
Todo empezó el 23 de mayo, cuando los
soldados, por informaciones obtenidas en labores
de inteligencia, llegaron a realizar una inspección
en el rancho del indígena Gonzalo Rodríguez, en
el resguardo Gran Rosario. Ahí, según la
información que consta en la bitácora de
operativos militares, encontraron varias piscinas
artesanales donde el indígena almacenaba el
crudo extraído del oleoducto para convertirlo en
gasolina que les vendía a los narcotraficantes. Al
momento de proceder a detenerlo, Gonzalo
Rodríguez sacó un arma para defenderse, pero
los soldados actuaron con mayor rapidez y lo
mataron frente a su esposa, Tulia García.
Sin embargo, la versión de los líderes de la
Unipa y Camawari es muy diferente. Ellos
aseguran que los soldados mataron a Gonzalo
Hacinada con sus dos hijos en una habitación de tres metros de ancho por cuatro de profundidad, vive esta indígena awá. Este albergue,
sin embargo, es uno de los más cómodos que existen para dar refugio a los miles de desplazados.
Rodríguez simplemente porque sospecharon, sin
ningún fundamento, que era guerrillero. De
hecho, el líder indígena Jaime Caicedo Guanga,
director de la Reserva Natural La Planada, cuenta
que “yo conocí a esa familia, eran de bajos
recursos económicos, eran muy pobres, es
imposible que ellos estuvieran involucrados en la
ley del narcotráfico”.
Lo cierto es que tres meses después, el 26
de agosto, a las seis y media de la mañana,
hombres armados y uniformados ingresaron al
rancho de Tulia García, y la mataron a balazos
junto con todas las demás personas que
encontraron ahí. Fueron en total doce indígenas
asesinados, entre ellos cinco niños y un bebé de
ocho meses. Los asesinos, antes de irse,
recogieron las vainillas de las balas disparadas
para que los investigadores no pudieran detectar
con qué armas se perpetró la masacre.
Algunas ONG nacionales, así como Human
Rights Watch y Amnistía Internacional, señalaron
como responsables a los soldados del Batallón
Contraguerrilla Número 23, quienes habrían
querido impedir que Tulia García o cualquiera de
los miembros de su familia denunciaran a los
soldados que meses atrás mataron a su esposo.
No obstante, el ex secretario de Gobierno
Departamental, asegura que el Ejército no fue el
responsable de esta masacre: “Yo hablé con
varias personas de la zona y todas nos dijeron que
esa masacre fue una vendetta entre
narcotraficantes, porque la familia de Tulia García
estaba metida en esos negocios ilícitos”. La ex
dirigente indígena María de Jesús Marín le da la
razón: “Eso fue entre nuestros propios indios,
pero indios envenenados por la coca”.
Un mes después, el 6 de octubre, el Área de
Vida de la Dijín, capturó en el corregimiento La
Guayacana, en Tumaco, a los autores materiales
e intelectuales de la masacre, todos integrantes
de una banda conocida como Los Cucarachos. El
martes 9 de noviembre del 2010, un año después,
un juez de Tumaco, después de analizar las
pruebas contundentes que presentó la Fiscalía en
el expediente radicado con el número 7758, los
condenó a pagar 52 años de cárcel por los delitos
de homicidio agravado y sucesivo y por concierto
para delinquir agravado. Sus nombres son José
Miguel Castro Bisbicus, Daniel Casaluzán
Rodríguez y Carlos Enrique Malpu, los tres
indígenas awás.
Estas dos masacres provocaron que muchos
más indígenas abandonaran sus ranchos para irse
a vivir a los pueblos de afuera. Aquellos que lo
hicieron a raíz de la primera masacre, la
perpetrada por la guerrilla el 11 febrero, se
hacinaron en el Predio El Verde, donde, según el
‘Informe del pueblo indígena Awá’ realizado por
la Unipa, “no se contaba con suministro de agua,
Para algunas personas como Fabio
Trujillo , ex secretario de Gobierno
Departamental, y la indígena María de
Jesús Marín, tantos años de guerra no
solo acabaron con las riquezas culturales
de los awás, sino que también
corrompieron a muchos indígenas. Ellos
argumentan su idea poniendo los
ejemplos de los awás que se vincularon
al narcotráfico, los que se convirtieron en
guerrilleros, los que cometieron una
masacre e incluso hablan del caso de una
ex dirigente que se robó 293 millones de
pesos destinados a inversión social.
Sin embargo, otros indígenas rechazan
esta interpretación social. Rolando
Cantincuz, ex coordinador de Camawari,
y Jaime Caicedo Guanga, director de la
Reserva Natural La Planada, aseguran
que se trata de una difamación. “El
gobierno quiere crear la imagen de que
los indígenas estamos asociados al
terrorismo, al narcotráfico, para
seguirnos quitando nuestro territorio”,
dice Cantincuz. “Lo que realmente
quieren con esas acusaciones”, agrega
Caicedo, “es dañar nuestra imagen a
nivel internacional para poder tapar con
una hojarasca todos los crímenes que
han cometido contra nosotros”.
de todos los tanques instalados por Acción Social
no quedaba ni uno solo en buen estado”, lo que
desató una epidemia de varicela que cobró la
vida de varios niños. Aquellos otros indígenas que
huyeron a raíz de la segunda masacre, la
cometida por un grupo de awás el 26 de agosto,
vivieron una situación aún peor porque, según el
documento ‘La lucha por la supervivencia y la
dignidad’, de Amnistía Internacional, se fueron a
Tumaco, donde “semanas después de su llegada
continuaban viviendo en refugios que ellos
mismos habían construido o durmiendo a la
intemperie”.
Después de tantas muertes, tantos
combates, tantos bombardeos, tantas
fumigaciones y tantas erradicaciones manuales,
el Ejército y la Policía, por fin, en el año 2010,
prácticamente cumplieron con su objetivo de
acabar (o más bien desplazar) la ley del
narcotráfico, una ley que así como las otras leyes
que tiempo atrás se impusieron en la selva
también duró una década. Por supuesto, algunas
hectáreas de selva quedaron cultivadas con coca
y unos cuantos laboratorios siguieron
produciendo cocaína, pero en un número
reducido en comparación al que existía años
atrás.
Los awás que se dedicaban a arrancar las
hojas de las matas de coca retornaron al lado de
sus familias para reconstruir sus vidas, bien fuera
en los desolados poblados o bien en los pueblos
de afuera. De igual modo, los trabajadores del
narcotráfico fueron saliendo poco a poco de los
últimos cultivos que quedaban para montarse en
camiones que los llevaban a otras regiones del
país. Sus discotecas quedaron abandonadas, con
piscinas vacías donde la hierba empezó a crecer
por las ranuras de las baldosas, en medio de las
botellas quebradas de Buchanan´s. Las tiendas
donde compraban alimentos, pulseras, relojes y
ropa de marca fueron cerradas. Los escándalos
que cada fin de semana armaban con las
prostitutas no volvieron a presentarse nunca
más.
Las empresas palmeras también
desaparecieron. Según Víctor Gallo Ortiz, alcalde
de Tumaco, más de 20 mil hectáreas sembradas
de palma africana murieron a causa de un
complejo de hongos llamado Anillo Rojo y
conocido popularmente como La Gualpa, el cual
pudrió los cogollos de las plantas y les impidió el
crecimiento. Muchos científicos atribuyen la
enfermedad a las fumigaciones con glifosato,
además hay algunos que le añaden el
calentamiento global. “El ICA”, dice el doctor
Armando Arrollo Osorio, de la Subdirección de
Conocimiento y Evaluación Ambiental de
Corponariño, “está haciendo un estudio para
determinar cuál fue el efecto de las fumigaciones
sobre las palmas”.
Los guerrilleros y los nuevos grupos
paramilitares quedaron debilitados sin la ley del
narcotráfico, ahora sin poder recurrir a las
empresas palmeras para que, en un caso, los
cofinanciaran de nuevo o para que, en el otro
caso, les volvieran a pagar el impuesto de guerra.
Entonces, sin importarles todos los años que
llevaban matándose por ser enemigos acérrimos,
los dos grupos decidieron unirse en muchos
grupos que han sido llamados las Bacrim o las
Bandas Criminales, los cuales se dedicaron a
extorsionar y a secuestrar a todos los propietarios
de locales comerciales de los pueblos de afuera.
Así, unidos y dedicados a obtener muchas
pequeñas ganancias, lograron rearmarse para
poder enfrentar al Ejército y a la Policía, que
continúa persiguiéndolos con bombardeos y
combates en inmediaciones de los poblados.
Esos combates, sumados a las minas
antipersonales que hay por todas partes,
mantienen acorralados a los pocos indígenas que
aún permanecen en la selva, aquellos que
prefirieron arriesgar sus vidas antes que
abandonar sus ranchos. “Ellos”, cuenta el
defensor del pueblo de Nariño, “están en
condiciones precarias: los niños no pueden ir a las
escuelas, los indígenas no pueden trabajar en sus
parcelas, nadie sale de sus ranchos, hay un
problema de desabastecimiento alimentario y
nadie hace nada por ayudarlos”. El problema es
tan grave que, según el documento ‘Consultoría
para los derechos humanos y el desplazamiento
forzado’, realizado por el CODHES, en la mayoría
de poblados existen altos y graves índices de
desnutrición.
De igual manera, los combates y las minas
impiden que los más de 25 mil indígenas que
viven en los pueblos de afuera regresen a la selva.
Ellos no quieren correr la misma suerte de Juan
Dionisio Ortiz, Ademelio Pai, Arcenio Cantincuz y
sus dos hijos menores, Germán y Andrés, quienes
abandonaron el albergue de Ricaurte para
regresar a su poblado, Magüí, donde dos días
después de haber llegado, el 14 de julio del 2007,
murieron al intentar sembrar plátano y yuca en
un campo minado. O la misma suerte de Misael
Malpu y su mujer María Dolores Bisbicus, quienes
ya no soportaron seguir pidiendo limosnas en las
calles de Tumaco y decidieron regresar a su
poblado, Pipalta, donde el 21 de agosto del 2010
sus dos hijos, de 11 y 13 años, murieron
abaleados al quedar atrapados en medio de un
combate.
Por eso, los indígenas han aprendido a
adaptarse a una nueva forma de vida en los
pueblos de afuera, algunos soportando las
condiciones de hacinamiento en los albergues,
otros resignándose a la humillación de las
limosnas, y la mayoría buscando un trabajo para
dignificar su vida, en el caso de los hombres como
obreros de construcción y en el caso de las
mujeres como empleadas de servicio doméstico o
como auxiliares de cocina en restaurantes. Así lo
han hecho Aníbal Casaluzán, de 38 años, y su
mujer Eugenia Taicuz, de 29. Ellos dos, todos los
días, a las seis de la mañana, dejan a sus tres hijos
en una guardería para irse a trabajar, ella lavando
platos en el restaurante El Corrientazo, de
Tumaco, y él revolviendo cemento en la
construcción de una hacienda, en el
corregimiento Bucheli. A las siete de la noche,
ambos regresan a recoger a sus hijos para ir a
encerrarse en una pequeña habitación donde
viven en alquiler. Ahí, después de ayudarles a sus
hijos a resolver las tareas, todos se sientan en la
cama a hacer lo que más les gusta en la vida: ver
televisión. Los niños sueñan con participar en el
concurso ‘Factor Xs’, mientras que ellos dos
anhelan ganarse algunos millones de pesos en el
programa ‘Quién quiere ser millonario’.
Las condiciones de desplazamiento de los indígenas han transformado su cultura.
En orden alfabético por título:
Título: Comunicación con los espíritus de la naturaleza para la cacería, pesca, protección, siembra y cosecha en el pueblo indígena awá de Nariño Autor: Gabriel Teodoro Bisbicús, José Libardo Pai Nastacuas, Rider Pai Nastacuas Editorial: Unión Europea, Programa somos defensores Fecha: 2010 Comentario: Es una tesis de grado perteneciente a la Universidad Autónoma Indígena Intercultural (UAIIN) para obtener el título de Formación en Derecho Propio. Este libro ofrece un panorama amplio, con una visión indígena, acerca de todos los seres que pueblan las selvas de los awás. Además indica cómo esos seres afectan a los awás y cómo se puede contrarrestar los males que ocasionan. Título: Condena por muerte violenta de indígenas awá en Ricaurte, Nariño Autor: Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Fecha: 18 de julio de 2007 Título: Desmovilización del Bloque Libertadores del Sur del Bloque Central Bolívar Autor: Juan Carlos Garzón Editorial: Fundación Seguridad y Democracia Fecha: 2007 Comentario: El documento habla del accionar de los grupos paramilitares en Nariño. Hace especialmente un recuento biográfico de algunos paramilitares, entre ellos Pablo Sevillano. Título: Diagnóstico de la situación del pueblo indígena awá Autor: Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH. Vicepresidencia de la República Fecha: 2010 Comentario: Es un estudio estadístico de la mayoría de hechos violentos que han afectado a los awás y a otros grupos étnicos de Nariño en la última década. Título: Echando pa’lante. Camino de exigibilidad de los derechos patrimoniales de la población desplazada. Autor: Project Counselling Service Fecha: 2009 Editorial: Coordinación Nacional de Desplazados, ILSA, Kerkinactie Comentario: Es un documento pedagógico que ofrece, en primer lugar, un contexto sobre las causas y las consecuencias del desplazamiento en Colombia. En segundo lugar, presenta un taller para trabajar con poblaciones desplazadas con el objetivo de que conozcan y sepan aplicar sus derechos. La mayoría de líderes indígenas awás lo utilizan para trabajar con las poblaciones desplazadas. Título: Grave situación de indígenas Awá en Nariño Autor: Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Fecha: 8 de julio de 2005 Título: Informe del primer semestre 2009 sobre la situación humanitaria y de desplazamiento forzado de la población indígena awá del departamento de Nariño. Autor: Unipa Fecha: 2009 Comentario: El informe hace un recuento de los problemas en que permanece la población awá que ha sido desplazada. Es una recolección de testimonios en los albergues donde se encuentran los indígenas desplazados.
Algunos documentos utilizados
Título: Las masacres y los nexos del Ejército de 'Pablo Sevillano' Autor: VerdadAbierta.com Fecha: Octubre de 2009 Comentario: Este reportaje presenta los testimonios que Pablo Sevillano les brindó a los jueces de Tampa, Florida, después de ser extraditado a los Estados Unidos. Título: Los awás, a las puertas del exterminio Autor: Alfredo Molano Fecha: 2010 Comentario: El texto hace inferencias acerca de cómo el Ejército puede estar detrás de las masacres cometidas contra los indígenas awás. Título: Lucha por la dignidad y la supervivencia Editorial: Amnistía Internacional Fecha: Febrero 2010 Comentario: El documento presenta un panorama amplio de los principales problemas que atraviesan los pueblos indígenas en Colombia debido al conflicto armado. Analiza con especial interés los pueblos ubicados en las fronteras, entre ellos el pueblo awá. Título: Organización, territorio y conservación. Las comunidades awás de Ecuador y Colombia frente al manejo del territorio, un caso comparativo. Autor: Juan Pineda Medina Fecha: 2010 Comentario: Es una tesis donde se analiza comparativamente cómo en el último siglo los pueblos awás de Ecuador y Colombia se han organizado políticamente. Título: Políticas públicas para atención al desplazamiento forzado en Nariño Autor: Gladys Celeide Prada Pardo Editorial: CODHES Fecha: Mayo de 2006 Comentario: El documento recrea, a partir de la recolección de testimonios, algunos de los abusos cometidos por el Ejército y la guerrilla contra los awás. Título: Visibilización mediática DDR “Caso Nariño” octubre 2009-enero 2010 Autor: Observatorio de Procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración -ODDR- Editorial: Universidad Nacional de Colombia Fecha: Febrero de 2010 Comentario: El estudio consiste en un diagnóstico que muestra cómo aparece reflejado el conflicto armado de Nariño en los medios de comunicación nacionales y locales. También, como fuente documental, se utilizaron los comunicados expedidos por la Unipa, Camawari y la
ONIC en los últimos ocho años. Muchos de estos comunicados se encuentran sin fecha.
En orden alfabético por nombre:
Lea la entrevista realizada a Álvaro Raúl Vallejo, defensor del pueblo en Nariño
El defensor del pueblo quedó aterrado después de haber realizado un recorrido
por la población de Magüí, en las selvas de los awás. La desolación que observó,
las condiciones de miseria y la tristeza de los indígenas quedaron impregnadas
en su memoria. De todo eso y de otros problemas como las minas
antipersonales, los abusos del Ejército, las masacres y la importancia de las
alertas tempranas, habla el funcionario en esta entrevista.
Lea la entrevista realizada a Diego Guanga, secretario de Asuntos Indígenas en la Alcaldía de Ricaurte
Este joven de 18 años, quien empieza a trazarse un camino como líder indígena,
refleja en esta entrevista la posición que tienen muchos jóvenes respecto a los
grupos armados en su territorio. Diego Guanga, entre otras cosas, expresa su
rechazo a la presencia de actores armados en la selva, incluyendo a la Policía y al
Ejército. Además, hace conciencia de cómo su generación, debido a la guerra, ha
sufrido una pérdida cultural.
Lea la entrevista realizada a Fabio Trujillo Benavidez, ex secretario de Gobierno de Nariño
Desde la Gobernación de Nariño, donde ha desempeñado importantes cargos en
las administraciones de Eduardo Zúñiga y de Antonio Navarro, este funcionario
ha observado, analizado e intervenido en las principales problemáticas que han
afectado a los awás. Esto lo ha convertido en un conocedor de todos los abusos
que han sufrido los awás, pero también en un crítico de muchas de las decisiones
de la Unipa y Camawari.
Lea la entrevista realizada a Guillermo Nastacuaz, líder de Inda Sabaleta
Él vivió en carne propia la peor época de los indígenas awás, la época en que el
narcotráfico reinaba en la selva. Un sobrino suyo que se vinculó a la guerrilla fue
luego fusilado bajo la acusación de ser informante del Ejército. Todos los días
debía soportar las balaceras que se desataban entre los grupos armados. Hoy,
Guillermo Nastacuaz, de 56 años, vive como desplazado en uno de los pueblos de
afuera, esperando que el gobierno le cumpla con las promesas de ayudarlo
económicamente.
Algunas de las entrevistas realizadas
Lea la entrevista realizada a Jaime Caicedo Guanga, líder indígena
Estudia Derecho en la Universidad Cooperativa de Colombia, en Pasto. Los fines
de semana viaja a su territorio, en Pialapí Pueblo Viejo. Ahí quisiera aprovechar
el tiempo para dedicarse a su hija, de 8 años, y a su mujer. Pero, mientras está en
su rancho, a cada rato llegan a buscarlo otros indígenas para solicitarle asesorías
legales y redacciones de oficios. Esto se debe a que lleva más de 20 años como
dirigente, ocupando cargos tan importantes como el de coordinador de
Camawari y el de secretario de Gobierno de la Alcaldía de Ricaurte.
Lea la entrevista realizada a Jairo Guerrero, asesor indigenista
Este ingeniero agrónomo, especializado en agricultura orgánica, se dedica a
analizar las problemáticas de todos los grupos indígenas que habitan en Nariño,
principalmente de los awás. En sus posiciones plantea hipótesis acerca de un
plan macabro orquestado por el gobierno nacional para apoderarse de las selvas
de los indígenas awás.
Lea la entrevista a Javier Dorado, director del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos
Su trabajo lo desarrolla en medio de amenazas contra su vida. Sin embargo, nada
lo detiene para salir a hacer recorridos por la selva escuchando los problemas de
los indígenas y luego exigiéndoles a las autoridades soluciones. Es firme al hablar
y sus enemigos relacionan sus posiciones con los grupos subversivos.
Lea la entrevista realizada a Leonel Guanga, líder de los awás desplazados
Salió huyendo de su poblado, Magüí, y llegó a vivir a Ricaurte en condiciones
deplorables. Pero eso nunca detuvo su ánimo para empezar a organizar a los
demás awás desplazados. Conformó el primer Cabildo Awá Desplazados.
Después de muchas gestiones, él y otras familias integrantes del Cabildo han
logrado obtener lotes en Ricaurte para reconstruir sus vidas, lejos de su poblado.
Lea la entrevista realizada a María de Jesús Marín, líder indígena
Es un referente en su zona, una mujer reconocida por su liderazgo como
docente, gobernadora y madre comunitaria. Lo primero que advierte al hablar,
es que no esconde nada, que dice las cosas tal como son. De hecho, muchas de
sus posiciones frente a problemáticas graves se oponen a las de otros líderes
indígenas.
Lea la entrevista realizada a Rider Pai, líder indígena
Su tesis de grado para obtener el título de licenciado, titulada ‘Comunicación con
los espíritus de la naturaleza […]’, fue publicada para que los jóvenes conozcan
gran parte de la riqueza cultural que han perdido. Es un docente de 36 años que
se entrega de lleno a las actividades y programas organizados por la Unipa.
Sueña con que algún día la selva vuelva a ser ese territorio maravilloso donde
pasó su infancia.
Lea la entrevista a Rolando Cantincuz, líder indígena
Para él, la guerra es un negocio donde los ganadores son los grupos armados y el
gobierno, mientras que los perdedores son los indígenas awás. ¿Por qué?
“Porque nuestra filosofía es distinta a la de los actores armados y a la del
gobierno, porque hacemos un proceso de resistencia, porque proponemos la paz
y eso no le interesa a nadie, no ve que la guerra deja mucha plata”.
Lea la entrevista a Víctor Gallo Ortiz, alcalde de Tumaco
Para este alcalde, las palmas africanas fueron una opción de desarrollo
económico en su región. De igual manera, considera que la minería es una
posibilidad para encontrar el desarrollo. Su posición, sin embargo, es que la
explotación se dé en condiciones de seguridad ambiental. Tumaco es uno de los
municipios más complicados de Colombia, tanto en materia económica como en
materia de seguridad.
Lea la entrevista a Zabier Hernández, ex asesor de Paz y Derechos Humanos de la Gobernación de Nariño
Es una persona que se ha empecinado en el tema de la paz en Nariño.
Frecuentemente organiza seminarios, encuentros, talleres y foros para encontrar
salidas a problemas de violencia. Los líderes de la Unipa y Camawari confían en él
porque siempre ha demostrado su empeño y voluntad para solucionar
problemas y para atender crisis humanitarias.
Lea la transcripción de algunas de las intervenciones realizadas en el Encuentro de los Awás
El 26 de mayo del 2011, en Pasto, Zabier Hernández y Jaime Caicedo Guanga
organizaron un evento donde los indígenas se reunieron con altos mandos
militares y con medios de comunicación para denunciar los daños ambientales
cometidos por los soldados en la Reserva Natural La Planada. En el evento los
indígenas discutieron con el general Jorge Eliécer Pinto Garzón, comandante de
la Brigada XXIII de Nariño, acerca de la consulta previa que debía realizar el
Ejército para ingresar a los resguardos. El general les respondió que no había
lugares vedados para sus hombres porque ellos debían cumplir con la misión
constitucional de defender a la población. He aquí la transcripción de las
intervenciones del general y del líder indígena.
Lea la sistematización por temas de las entrevistas realizadas a 45 personas, entre ellas indígenas awás,
líderes de la Unipa y Camawari, funcionarios públicos y analistas de la situación de los awás.
Los testimonios de algunas de las personas que fueron entrevistadas para
realizar este reportaje, se encuentran aquí organizados en temas y subtemas. No
se han incluido las entrevistas de varios indígenas que fueron entrevistados por
lo doloroso que resultan sus testimonios. Algunos de los temas aquí
sistematizados son: minas antipersonales, grupos armados, narcotráfico,
empresas palmeras, fumigación, paramilitares, abusos del Ejército, awás
vinculados a la guerrilla, masacres y desplazamiento.