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Venciendo barreras Informe sobre Situación de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos
Enero a Diciembre del 20071
A INTRODUCCIÓN El año 2007 fue, para las y los defensores de derechos humanos, un período complejo, lleno de peligros, intolerancia y violencia; pero también de procesos novedosos y de muestras pequeñas de voluntad que evidenciaron que el Estado es capaz de revertir la peligrosa situación enfrentada por el sector. 2007 fue el año del decenio de la paz. Los diez años de la suscripción del Acuerdo de Paz Firme y Duradera se conmemoraron en una Guatemala que ya ha olvidado en gran parte la importancia de la agenda allí suscrita e incluso el valor mismo de la firma de dicho acuerdo. En buena parte, los guatemaltecos y guatemaltecas están inmersos en una situación económica precaria que a pesar de las tasas de crecimiento económico y de la debatida reducción de la pobreza, mantiene a las grandes mayorías en condiciones en que las necesidades mínimas (educación, salud, vivienda) no son satisfechas a plenitud. Sumado a esto, los índices de homicidio siguen siendo bastante elevados, reportando al 27 de diciembre la cifra de 5,030 muertes violentas y, en el caso de las muertes de mujeres se reportaban 5792. Esto ha generado la percepción de que se vive otra forma de guerra en Guatemala, una más silenciosa y sin sentido. Sin embargo, las anteriores cifras constituyen una disminución del 4.7% de las muertes violentas y del 4% de las muertes de mujeres con respecto a los índices del 2006. Este fenómeno de disminución de la violencia homicida, también se ve reflejada en otros fenómenos de violencia común. Estos datos de disminución de
1 Este informe es responsabilidad de la Unidad de Protección de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos. Para contactarnos puede escribir a [email protected] o llamar al teléfono 502 � 22545840. 2 En �Muertes Violentas se reducen en 4.7%� en Siglo XXI del 31 de diciembre del 2007. http://www.sigloxxi.com/php?noticiaid=16967.
Unidad de Protección de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos � Guatemala
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tasas dependen de informes policiales y entre los expertos existen muchas dudas sobre la rigurosidad de las mismas en tanto que las tasas de subregistro son muy altas, por lo que habrá que observar la tendencia en el tiempo. En contraste con estas disminuciones, fenómenos como las ejecuciones extrajudiciales de personas estigmatizadas sólo sufrieron una merma significativa durante el segundo trimestre del 2007 y luego volvieron a tener una conducta similar a la que tuvieron durante el primer trimestre. Por otra parte, la interdicción de drogas no logra generar los resultados esperados. Desde el punto de vista político, este año fue un año marcado por una serie de eventos que generaron turbulencias: el asesinato de los diputados salvadoreños, el proceso electoral, la violencia política durante las elecciones, la evidencia pública de la existencia de cuerpos ilegales dentro de la Policía Nacional Civil para la ejecución extrajudicial de personas estigmatizadas, mal llamada �limpieza social�, y la gestión de la impunidad en la solicitud de extradiciones por la Audiencia Nacional de España en el caso de genocidio realizada por la Corte de Constitucionalidad. Definitivamente uno de los aspectos que influyó en la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos fue el proceso electoral. Tanto el período previo al cierre de la inscripción de los candidatos como el posterior a la primera vuelta, fueron particularmente violentos para este sector. El período preelectoral fue el más violento y auguraba una situación de mayor vulnerabilidad pero una serie de factores, como lo constituye la intervención de la comunidad internacional, el cambio de autoridades en el Ministerio de Gobernación y la aprobación de la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala (CICIG), cambiaron la tendencia de violencia que se vivía en el sector. Aunque luego de la primera vuelta hubo un nuevo ciclo de violencia, esta no fue tan dramática como la experimentada en el período preelectoral. El factor que generó la posibilidad de un cambio en la disminución de los índices delictivos, así como en la disminución de ataques a defensores y defensoras, lo constituyó el nombramiento en la cartera del interior de la Licda. Adela de Torrebiarte, miembra del Consejo Asesor de Seguridad y de la organización de la sociedad civil Madres Angustiadas. Aunque con muy poco margen de maniobra y con un apoyo limitado de un gobierno más concentrado en la campaña electoral y en el proceso de salida; la Licda. de Torrebiarte inició un proceso de depuración en la Policía Nacional Civil (PNC), el impulso de la Dirección General de Inteligencia Civil (DIGICI) y el desarrollo de algunas reformas a la institución policial en concordancia con el modelo de seguridad democrática impulsado por los Acuerdos de Paz. Aunque los resultados son aún incipientes, se reconoce que los logros obtenidos son resultado de las acciones impulsadas desde el Ministerio y que en muchas
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ocasiones han gozado del apoyo de las organizaciones de la sociedad civil especializadas en la materia. Sin embargo, el Estado de Guatemala aún carece de un plan coherente en materia de seguridad y justicia que permita vislumbrar a futuro una salida a la situación de deterioro en que se vive. Otro factor positivo de este año lo marca la firma del convenio en la Organización de Naciones Unidas (ONU) de creación de la CICIG y su posterior aprobación por parte del Congreso de la República el 1 de agosto. Aunque la Comisión tiene un mandato muy amplio de combate a la impunidad a través del apoyo al Estado en la investigación de los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad; como este es un fenómeno que afecta a los defensores y defensoras, el trabajo de la Comisión redundará en la protección de este sector. En buena medida, la CICIG es un producto del trabajo de cabildeo de años de las organizaciones de derechos humanos que han solicitado el fin de la impunidad y la desarticulación de las estructuras que se consideran responsables de la violencia que por ocho años han afectado a los y las defensoras. Por ello, la CICIG es el inicio de un proceso que se espera permita la persecución penal de los responsables del fenómeno expresado en estos informes. El informe de situación de las defensoras y defensores de derechos humanos del 2008 se intitula �Venciendo Barreras�, ya que por primera vez en este ciclo se logró una disminución de los ataques. Aunque el número de ataques aún es elevado y aún se reportan asesinatos a defensores de derechos humanos; el comportamiento de los ataques en el segundo semestre muestra algunas luces de los caminos que pueden seguirse si existe voluntad política por parte de actores del Estado para proteger a los defensores y defensoras de derechos humanos y así disminuir las violaciones de derechos humanos. Ahora queda más claro, dónde están las barreras que impiden la persecución penal, así como aquellas que dificultan la protección de los defensores y defensoras en riesgo. La superación de estas barreras será el reto para el próximo gobierno que deberá abordarlas en los primeros meses del año si no quiere que los incipientes avances obtenidos se caigan dramáticamente.
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B. ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE EL TRABAJO DE LA UNIDAD El presente informe sobre la situación de las defensoras y defensores es el producto del trabajo de la Unidad de Protección de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (Unidad o UDEFEGUA). La Unidad es un servicio que se presta a todo defensor, defensora, activista, organización e institución de derechos humanos que haya sido agredido. Desde el año 2003 hasta el año 2007, la Unidad estuvo adscrita al Movimiento Nacional por los Derechos Humanos y funcionó como un servicio de esta. La Unidad agradece el apoyo dado por el Movimiento al funcionamiento de la Unidad ahora que se emprende una nueva etapa en el desarrollo institucional de la Unidad. Para desarrollar sus actividades, la Unidad funcionó durante el 2007 con un equipo de seis personas. Dos personas que atienden la verificación de casos, 1 investigador, 1 asesora legal, 1 coordinadora técnica-investigación y 1 coordinadora técnica-administrativa3. Con este equipo, durante este año se logró mejorar la aplicación del protocolo desarrollado durante el 2007, así como el acompañamiento de los defensores y defensoras ante el Ministerio Público y la gestión de Medidas Cautelares. El protocolo de atención de casos para el monitoreo de la Unidad establece un proceso de monitoreo para los casos de ataques cuando llegan y una atención inicial de los mismos que permite determinar cuando un ataque es o no es una violación al derecho a defender derechos humanos. En el caso de que la agresión denunciada no sea una violación (delincuencia común, otro tipo de violación de derechos humanos o problemas personales) se remite a otra organización o a los canales institucionales correspondientes. El protocolo establece dos momentos para realizar el análisis de los hechos denunciados, uno después de la primera entrevista e investigaciones iniciales y luego de la segunda etapa de la investigación. Usualmente cuando tenemos duda de un caso no lo colocamos en nuestros informes preliminares hasta estar seguros; pero en el caso del informe de agosto se reportó una amenaza a Carmelina Rodríguez del Sindicato de Trabajadores de la Salud del Hospital de Chiquimula que en la segunda etapa de investigación se determinó que estas habían sido fraudulentas. Otro ejemplo, de la versatilidad del informe lo constituye el seguimiento que se da a los casos en su fase de investigación en el Ministerio Público. Los pocos casos que tienen alguna investigación y resultados son documentados. En dos casos del 2007, reportados en informes preliminares, las investigaciones del 3 Esta estructura de funcionamiento será modificada para el año 2008 atendiendo al proceso de fortalecimiento institucional que actualmente desarrolla la Unidad.
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Ministerio Público arrojan que la responsabilidad de los hechos es una de la delincuencia común y otra que fue un mala práctica de un oficial de policía (Caso Interpeace y una vigilancia reportada por el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales en Guatemala)4, lo que permite sacar de la base ambos casos del informe final para este año. De acuerdo a nuestros registros, durante el año recibimos 259 denuncias de las cuales el 25% resultaron rechazadas por considerarse delincuencia común o una violación de derechos humanos no relacionada al ejercicio de la defensa de derechos humanos luego de la verificación. Véase la siguiente gráfica que ilustra la situación.
Gráfica 1
Denuncias de ataques recibidas por la Unidad durante el año 2007
195, 75%
64, 25%
Casos de defensores/as Casos desestimados
Fuente: Unidad de Protección de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos
En el marco de la comunicación con los mecanismos internacionales de protección a los defensores y defensoras de derechos humanos, incluyendo a la comunidad internacional presente en Guatemala para el impulso de las Directrices sobre Defensores de Derechos Humanos de la Unión Europea y de Noruega, la Unidad emitió las siguientes denuncias urgentes:
Tabla 1 Denuncias Urgentes emitidas durante el 2007
Denuncia Caso 1-2007 Trópico Verde 2-2007 Bianchini- Madre Selva 3-2007 Movimiento Nacional por los Derechos Humanos,
4 Ambos casos serán explicados a profundidad en el apartado �Respuesta del estado ante los ataques a defensoras y defensores de derechos humanos�.
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COMUNICARTE, Unidad de Protección de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos
4-2007 CALDH 5-2007 CUC � Chiquimula 6-2007 Instituto de Estudios Comparados en Ciencias
Penales de Guatemala 7-2007 Consejería en Proyectos 8-2007 FAFG 9-2007 Ixqik 10-2007 SEDEM 11-2007 Varios ataques en septiembre 12-2007 Hilda Mérida y Carlos Enrique Castellanos 13-2007 SINTRABANSUR 14-2007 Felipe Álvarez � COCODE Sta. Lucía Cotz.
Fuente: Unidad de Protección de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos Además de las denuncias urgentes, la Unidad realizó investigaciones especiales para aquellos casos que por su gravedad o complejidad consideró necesario. Este año, los casos que ameritaron una investigación profunda fueron:
• Pedro Zamora � Sindicato de la Empresa Portuaria El Quetzal • Rogelio Lorenzo Maldonado � CUC • Abelardo Roldán � CUC • Ixquik • José Méndez Dardón • Francisco Coché � Santiago Atitlán • Marco Tulio Ramírez Portela � SITRABI • SITRABANSUR
De estas investigaciones profundas, cabe resaltar las investigaciones realizadas en torno a los casos de Ixquik, José Méndez Dardón y SITRABANSUR. En el caso de Ixquik, el caso que origina la investigación es el asesinato de una defensora, la Sra. María Cristina Gómez y las heridas de su hija Edith Corado, trabajadora de Ixqik, en el entorno de una serie de amenazas e intimidaciones en contra de la organización de mujeres que ha estado bajo asedio desde el 2005. Esta investigación determina que no existe relación entre los hechos de la muerte violenta y los actos de amenaza que se siguieron suscitando luego de la muerte. En el caso de SITRABANSUR, la investigación se realiza ante la denuncia de la desaparición de uno de los sindicalistas luego de actos de intimidación y desmembramiento del sindicato. Afortunadamente, la investigación propia así como la de la policía logra determinar que el sindicalista desapareció para ocultar que aceptó el dinero ofrecido por la patronal. La investigación también verificó la veracidad de las denuncias sobre los actos intimidatorios o de coacción; así como el desmembramiento del sindicato cometido por la patronal. En el caso de José Méndez Dardón, la investigación trató de determinar si se estaba ante un asesinato que tenía como objeto detener la acción de un
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defensor de derechos humanos. Dicho extremo no se determinó pero se concluyó que se estaba ante la acción de un aparato clandestino que funciona en Aeronáutica Civil y cuyo desmantelamiento es necesario. La lucha de Amilcar Méndez, defensor de derechos humanos, por conseguir que se esclarezca el caso de su hijo es una lucha que la Unidad acompaña y por ello se pronuncia a favor de que se esclarezca este crimen. Durante el año 2007, la Unidad ha acompañado varios casos de defensores y defensoras cuyo origen es la conflictividad local. En estos casos, la Unidad ha favorecido la gestión del diálogo, además de la intervención del sistema de justicia. Este año, se han acompañado dos casos de defensores y defensoras agredidos:
• Comité de Desarrollo Los Cimientos • Asociación Médicos Descalzos
En el primer caso se colocó una denuncia ante el Ministerio Público por acciones de intimidación por parte de un grupo de ex patrulleros civiles que obligó a parte de la comunidad a salir de su aldea hacia la capital. Las medidas cautelares otorgadas a favor de la comunidad, la intervención de la Procuraduría de Derechos Humanos, la COPREDEH, el MAGA y otras organizaciones de la sociedad civil permite que la crisis se resuelva con un acuerdo de reasentamiento. En el segundo caso, la Asociación Médicos Descalzos llega a la Unidad luego de que varias comadronas son estafadas y varios miembros reciben intimidaciones por parte de miembros de la directiva parroquial de Chinique. Las agresiones son parte de un conflicto en torno a la propiedad de la casa que utiliza la Asociación y que según la historia fue adquirida por la misma pero puesta a nombre de la Iglesia Católica en un momento histórico en el que el miedo impedía la organización indígena: 1986. El problema entre legalidad y legitimidad de la posesión de la casa genera una situación que ameritó el inicio de un proceso de diálogo facilitada por la Procuraduría de Derechos Humanos que logra disminuir la conflictividad del momento. El conflicto no ha tenido una salida al momento; pero se ha evitado más agresiones en contra de los defensores y defensoras. La Unidad sigue llamando a la realización de un diálogo abierto entre las partes y ha estado vigilante que la situación no sea aprovechada para agredir a las comadronas y guías espirituales en un entorno altamente discriminatorio. La Unidad sigue trabajando con el Ministerio Público en la medida en que se puede avanzar en los casos. El rol de la Unidad sigue siendo propiciar el acercamiento de los defensores y defensoras agredidas hacia la fiscalía para la denuncia. Lamentablemente, la denuncia hacia la Unidad de Delitos contra Activistas de Derechos Humanos, Operadores de Justicia, Sindicalistas y
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Periodistas se ha vuelto compleja y burocrática ya que su accesibilidad se ha visto reducida y cada vez más los defensores y defensoras deben ir a la ventanilla de Atención Permanente arriesgándose que el caso se asigne a cualquier fiscalía y los defensores y defensoras de otros departamentos que no son de la capital deben acudir a sus fiscalías municipales o departamentales. Esta situación llevó a la Unidad a desarrollar una asistencia legal más cercana y especializada a los defensores y defensoras que así lo requieran. Aunque aún no se cuenta con un abogado de planta, la persona de la Unidad está próxima a graduarse y cuenta con los elementos necesarios para dar asesoría a las víctimas para que puedan realizar las diligencias necesarias ante el Ministerio Público para dar seguimiento a sus casos. Este año se dio especial atención a los casos de julio a diciembre del 2006 para establecer una línea base en cuanto a la respuesta que el Ministerio Público da a los casos. En cuando al Ministerio de Gobernación y la Policía Nacional Civil, la tradicional relación tirante con estas instituciones derivada de la implementación de las medidas cautelares se modificó por la implementación de instancias de coordinación impulsadas por la Ministra de Gobernación a partir de junio de este año. Estas instancias de coordinación orientadas particularmente hacia la prevención y protección de defensores y defensoras en alto riesgo han tenido incipientes resultados que serán descritos en el apartado sobre respuestas del Estado pero que obligó a la Unidad a desarrollar mayores capacidades de respuesta en materia de sistematización de información. Las relaciones de coordinación con la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) se mantuvieron durante el 2007. Como ya se explicó, la intervención de la Procuraduría se buscó para casos de mediación pero también para casos de exhibición personal como lo fue el caso de SITRANBANSUR. Durante este año se observó una merma de denuncias por parte de los defensores y defensoras hacia la Procuraduría de Derechos Humanos. En el caso de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos (COPREDEH), a parte de las negociaciones de medidas de protección en los casos de otorgamiento de medidas cautelares se trató de establecer medidas alternativas de protección a defensoras y defensores en riesgo. Por ello, durante el año se discutió y consensuó un �Catálogo de Medidas de Protección para defensores, periodistas, operadores de justicia, sujetos procesales y otros�, lamentablemente dicho catálogo no logró consensuarse con todos los actores del Estado y nunca se concluyó. En otro ámbito, la Unidad siguió favoreciendo entre las organizaciones, defensores y defensoras agredidas la generación de procesos de salud mental como una de las medidas de protección a tomar. Asimismo, impulsó tanto a
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nivel de las organizaciones internacionales presentes en el país como de las organizaciones de derechos humanos la generación de planes de seguridad institucionales basados en análisis de riesgo institucionales. Ambas estrategias siguen siendo consideradas como medidas preventivas a tomar para todo defensor o defensora en Guatemala. Durante este año hemos seguido trabajando con el apoyo y en coordinación de organizaciones de derechos humanos con las que compartimos el objetivo de promover el derecho a defender los derechos humanos en Guatemala. En este sentido, Asociación Seguridad en Democracia (SEDEM) ha sido nuestro colaborador cercano en materia de análisis de riesgo y elaboración de planes de seguridad y protección informática, Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) en materia de coordinación de acciones públicas y diplomáticas a favor de defensores y defensoras en riesgo, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG) ha apoyado a varios defensores a través de su asesoría jurídica, la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG) y el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) brindan su apoyo cuando se les solicita. Especial mención merecen el Equipo Comunitario de Asistencia Psicosocial (ECAP) y la Maestría en Psicología Social y Violencia Política de la Universidad de San Carlos de Guatemala que han apoyado el desarrollo de acciones para la salud mental. Asimismo, la Consejería en Proyectos (PCS) que transformó el proceso de investigación de sus agresiones en un caso paradigmático para ayudar al impulso de la persecución penal de todos los casos de defensores y defensoras de derechos humanos. En cuanto al acompañamiento de las organizaciones internacionales queremos mencionar el aporte brindado a la protección de defensores y defensoras impulsada por ACOGUATE, Amnistía Internacional, Brigadas de Paz Internacional, Front Line, Human Rights First y OMCT. Una particular mención amerita las Fuerzas de Paz Noviolentas que, a partir de abril, brindaron acompañamiento al equipo de la Unidad como medida de protección a nuestro trabajo ante las amenazas posteriores al allanamiento sufrido en febrero. Gracias a su intervención no sólo fue más fácil el trabajo de la Unidad durante el año, sino también se generó protección a los y las defensoras atendidas. En cuanto a la cooperación internacional que ha hecho posible el trabajo de la Unidad durante el 2008, incluyendo la recuperación después del allanamiento, se reconoce el apoyo de PCS, Oxfam Gran Bretaña, Trocaire, Action Aid, Front Line, NOVIB, Diakonia, Iglesia Canadiense, Comité de Solidaridad de Gales.
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C. ANÁLISIS DE LOS ATAQUES 1. LOS ATAQUES Durante el 2007, se registraron 195 ataques a defensores y defensoras de derechos humanos5, lo que implica una disminución del 30% de las agresiones con respecto a los del año 2006 que llegaron a ser 2776. Esta significativa disminución durante el último año de gobierno no logra contrarrestar el incremento de agresiones ocurridas entre los gobiernos del FRG y del GANA. Durante el gobierno de Portillo, la Unidad registró 382 actos en contra de defensores y durante el gobierno de Berger se registraron 823. Esto implica que durante el período gubernamental bergeísta casi se duplica el número de ataques. Desde que se inició el registro, en estos ocho años, se han verificado 1206 ataques a defensores y defensoras de derechos humanos. En el Anexo II se encuentra el cuadro con el resumen de todos los casos del año. A continuación se encuentra una gráfica que muestra la conducta anual de los ataques en contra de los defensores y defensoras de derechos humanos.
Gráfica 2
Ataques a defensores/as en Guatemala por Año
5981
115 127 127
224
277
195
0
50
100
150
200
250
300
Serie1 59 81 115 127 127 224 277 195
Año 2000 Año 2001 Año 2002 Año 2003 Año 2004 Año 2005 Año 2006 Año 2007
Fuente: Unidad de Protección de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos
La disminución de ataques experimentada durante este período se explica, en buena medida, por la combinación de actuación de la comunidad internacional, la decisión de acción de la nueva Ministra de Gobernación y la aprobación de la
5 En el anexo 1 se encuentra la metodología de lo que se considera una agresión y las categorías que a continuación se utilizan en la siguiente descripción. 6 En el año 2006, se habían reportado 278 agresiones; pero una de ellas al ser investigada en el análisis de respuesta del Ministerio Público fuimos informados por la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) quien fue agredida que el agresor fue atrapado y que confesó que había robado a la PDH para poder venderlos afuera. Al regresar lo robado se procedió a un criterio de oportunidad; lamentablemente, la Unidad no fue informada de estos avances oportunamente antes para poder quitar el incidente ante de hacer el informe anual.
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CICIG. Estos fenómenos combinados explican en buena medida la baja de agresiones; sin embargo, para mayo de este año los números arrojaban una proyección de aumento y agravamiento de la situación marcado por los ataques a organizaciones internacionales.
Caso Demostrativo 1 Los allanamientos que conmovieron a la comunidad de derechos humanos
Los hechos El jueves 5 de abril, en horas de la madrugada, fue allanada la oficina donde se encuentran las sedes de las ONG internacionales TROCAIRE, ACSUR � Las Segovias y la guatemalteca Colectivo Poder y Desarrollo Local. En la sede de la organización se observaba registro de archivos y basureros. Algunos proyectos de contrapartes habían sido revisados. Se robaron algunos CPU�s dejando atrás equipo de cómputo y otros objetos de valor más fácil de robar. La organización había observado vigilancia previa. Este hecho ocurre en jueves santo. El lunes santo, 9 de abril, los funcionarios de CARE Internacional descubren que su sede también fue allanada. El allanamiento pudo haber ocurrido el mismo jueves o días posteriores. En este allanamiento, los perpetradores sólo registraron dos oficinas y robaron dos computadoras y diskettes de la oficina de proyectos relacionados con temas relativos a tierras y catastro. Aún teniendo todo el tiempo para sí y muchas computadoras y cosas de valor nada más fue sustraido. El 20 de mayo, a las 7:34 a.m., allanaron la sede Actión Aid International ingresando por la casa vecina, los datos de la empresa de alarmas establecen que dos o tres personas que permanecieron dentro de las oficinas 7 minutos. Los perpetradores fueron directamente por una lap top vieja que contenía lo referente al programa sobre derecho a la alimentación, también robaron la lap top que utilizó la Junta Directiva dos días antes y la computadora de recepción. Los tres equipos de cómputo eran viejos comparados con otros equipos que eran visibles y no fueron sustraidos. Un antecedente que no puede dejar de mencionarse El 20 de marzo fue allanada, en horas de la madrugada, la sede de la Asociación Guatemalteca de Alcaldes y Autoridades Indígenas (AGAAI). Este allanamiento tuvo poca atención porque no hubo sustracción de nada de valor sino que solamente registro de documentación escrita. Nunca se pudo determinar si hubo sustracción de documentos. La AGAAI está involucrada en los procesos de consulta popular y, en el momento, en la organización de la �III Cumbre Intercontinental de Pueblos Indígenas del Abya Yala.� El Contexto Político A inicios de año, el tema de las consultas populares desarrollada por los municipios en torno al tema de las licencias de exploración y extracción minera; así como al de construcción de represas estaba siendo fuertemente objetado desde el punto de vista legal y político. Un amparo constitucional puso en duda su vinculancia y una serie de articulistas de opinión bombardeaban constantemente a los defensores y defensoras de derechos humanos que las promovían. Adjetivos como terroristas, desestabilizadores y comunistas eran comunes de leer para calificar a las organizaciones de derechos humanos dedicados a la defensa del medio ambiente sano y a las organizaciones de cooperación que les financian. En este contexto, se encuentra las declaraciones del 10 de enero del 2007, del vicepresidente Eduardo Stein afirmando que los medioambientalistas y las organizaciones internacionales �particularmente las
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españolas- que financian consultas son el segundo factor más preocupante de ingobernabilidad para el año electoral después del narcotráfico7. Aunque las consultas populares no eran realizadas exclusivamente por población indígena, son los pueblos indígenas lo que enarbolan más fuertemente la bandera del derecho de la consulta y que tienen el Convenio 169 de la OIT a su favor. El 29 de marzo dio inicio la �III Cumbre Intercontinental de los Pueblos Indígenas del Abya Yala� en Iximché que duró hasta el 1 de abril. Aunque los temas tratados fueron muy variados, el tema del derecho de consulta y de acceso a la tierra y al agua estuvieron presentes en el mismo. Hipótesis sobre las agresiones. Todas las organizaciones allanadas tienen como denominador común el trabajo en comunidades indígenas, reforzando el poder local y el ejercicio de los derechos indígenas �entre ellos el de la consulta. Las organizaciones allanadas ayudaron de forma directa o indirecta a las organizaciones indígenas a desarrollar la �III Cumbre Intercontinental de los Pueblos Indígenas del Abya Yala�. Así mismo, varias de las organizaciones allanadas tienen de contrapartes a organizaciones de derechos humanos que participan activamente del apoyo a comunidades que organizaban en el momento consultas populares. En particular, hay que hacer mención de la consulta popular que ocurriría a finales de abril en Ixcán en torno a la construcción de la represa de Xacbal II. Esto lleva a pensar que los allanamientos a organizaciones internacionales están vinculados no sólo a un proceso de obtener información sobre las acciones de las organizaciones nacionales sino también en un intento de quitar el apoyo que estas tienen con la comunidad internacional. Ya que el mensaje no sólo lo recibieron las organizaciones agredidas sino toda la comunidad de la cooperación internacional en el país. 2. LUGAR DE LOS ATAQUES La Unidad verificó ataques en 14 de los 22 departamentos de la República. Siguiendo la tendencia de los últimos siete años, el 51% de los ataques se concentran en el departamento de Guatemala, con 99 ataques. Mientras que en esta ocasión los departamentos que le siguen en número de ataques son: Escuintla (18), Quetzaltenango (11), Sacatepéquez (10) y El Petén (10). Al igual que el año pasado, la violencia en estos departamentos tiene orígenes diferenciados que van desde problemas sindicales, problemas con redes locales de criminalidad, conflictos laborales hasta el crimen organizado. Los 4 departamentos que superan los 10 ataques y que no incluyen el departamento de Guatemala representan el 25%, el año pasado los departamentos que sumaban más de 10 ataques representaban el 36% de las agresiones y en el 2005, los que sumaban más de 9 ataques representaban el 46%. Esto significa que con el paso de los años ha habido una mayor concentración de agresiones en la capital de Guatemala.
7 En Ordoñez, Antonio. �Los focos de ingobernabilidad que prevé el gobierno; Crimen organizado y activista contra las hidroeléctricas figuran en la lista.� El Periódico. http://www.elperiodico.com.gt/es/20070111/actualidad/35625/
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A continuación la gráfica con el desglose de agresiones por departamento.
GRÁFICA 3
Departamento en el que ocurrieron los ataques a defensores/as en Guatemala durante el 2007
1 1 1 3 6 6 6 7 8 8 10 10 1118
99
0
20
40
60
80
100
120
Serie1 1 1 1 3 6 6 6 7 8 8 10 10 11 18 99
Alta Verapaz
San Marcos
Suchite-péquez
Chimal-tenango
Chiqui-mula
Izabal Zacapa Sololá Baja Verapaz
El Quiché
Petén Sacate-pequez
Quetzal-tenango
Escuin-tla
Guate-mala
Fuente: Unidad de Protección de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos
Estableciendo qué tipo de defensores y defensoras fueron más atacadas en los departamentos, la siguiente gráfica muestra el tipo de defensor/a más atacada en el departamento. En Quetzaltenango y en Sacatepéquez aparece la categoría otro, que representa defensores que se dedican a la defensa de otro tipo de derechos. En el caso de Quetzaltenango, son defensores que defienden el derecho a la educación y en Sacatepéquez son defensores que dan ayuda humanitaria. A continuación la tabla que muestra que tipo de defensores y defensoras son más atacadas por los departamentos donde hay mayor número de ataques.
Tabla 2 Defensores/as más atacados por departamento
Departamento Tipo de Defensor/a
Número de
Ataques
Total de Ataques
Baja Verapaz Verdad 7 8Escuintla Sindicalista 13 18Guatemala Justicia 20 99Izabal Ambientalista 3 8El Petén Mujer 9 11Quetzaltenango Otro 10 10Sacatepéquez Otro 8 10
Fuente: Unidad de Protección de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos
Entre las organizaciones más atacadas se encuentran: Madre Selva (16), Fundación de Antropología Forense de Guatemala (11), Centro Universitario de Noroccidente (10), Asociación de Mujeres Ixquik (9), Instituto de Estudios
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Comparados en Ciencias Penales (8) y Sindicato de Trabajadores Bananeros de Sur (8). A diferencia del año pasado, los ataques continuados en contra de las organizaciones no llegaron a superar el número de 19. Sin embargo, en el caso de Madre Selva y FAFG, los mismos se concentraron en dos personas en el caso de la primera o en poco tiempo en el caso de la segunda.
Caso Demostrativo 2 La Fundación de Antropología Forense de Guatemala se encuentra otra vez bajo asedio
La Fundación de Antropología Forense de Guatemala FAFG tiene como propósito apoyar el esclarecimiento de la verdad a través de medios científicos contribuyendo al fortalecimiento de los procesos de justicia, pacificación, reconciliación y propiciando espacios de apoyo legal y psicosocial en las comunidades afectadas por el conflicto armado interno en donde se realizan las investigaciones antropológico-forenses. La FAFG tiene registradas en La Unidad 23 agresiones en los períodos: febrero-abril de 2002, agosto- septiembre de 2003, agosto-septiembre de 2005, enero-febrero de 2006. Los hechos
• El 25 de mayo se recibió en los correos electrónicos de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG) y en los personales de Fredy Peccerely, José Suassnavar, Omar Bertoni y Bianka Peccerely un e-mail proveniente de Juan Yax del remitente [email protected] intitulado �Carta de saludos� con el texto: Los he vigilado como águilas, morirán en poco tiempo tenemos un orden para hacer sufrir a ese maldito director de la fafg. Todos en su familia están vigilados, por un largo tiempo se nos había escapado la mierda de su hermana que si la vimos en el IGSS maldita sufrirá por su hermano la violaremos y descuartizaremos por pedazos la encontrará Omar Girón viuda se quedará, luego sigue el saliendo lo detendremos nunca se lo imaginará. En el fafg estarán de luto no solo por los parientes de Fredy, peor por otros miembros de alto rango. REVOLUCIONARIOS DE MIERDA. Todos deben morir en la zona 12 esta nuestro ataque. La lista es larga pero te llegará tu día FREDDY después de darle muerte a toda tu familia.
• El 25 de mayo una investigadora de FAFG recibe a las 6:00 p.m. una llamada en donde le dijeron con voz ronca y distorsionada Maldita sabemos que conoces a un monton de sopilotes, igual te vamos a quebrar el culo. Remueve muertos.�
• El 28 de mayo se recibió un correo electrónico en el correo personal de Fredy Peccerely de Pedro Waj del remitente [email protected] intitulado �Carta de placer� con el texto: Los dias se estan acabando REVOLUCIONARIO de mierda. Hoy tenemos vigilada a tu hermana tiene pantalón negro y camisa blanca, va ser mas facil de lo que esperamos. El momento que Omar sepa que la violamos va valer todo, a el lo vamos a torturar hasta que nos diga todo de las exhumaciones, Fredy tu turno viene. Los ANTROPOLOGOS DEBEN MORIR!!!!!!!!!!!!!!!!!
• El 29 de mayo, Omar Girón recibe en su celular un mensaje de texto que dice Muerte>van a morir tu hermano, hermana, papas e hijos Fredy hijo de
• El 29 de mayo, el hermano de Fredy Peccerely recibe en su celular el siguiente mensaje de texto: Muerte>van a morir tu hermano, hermana, papas e hijos Fredy hijo de
• El 29 de mayo a las 10:45 a.m. un hombre en motocicleta fue visto tomándole fotos a Fredy Peccerely mientras salía de las oficinas de FAFG.
Antecedentes a tomar en cuenta El Equipo Comunitario de Estudios Psicosociales (ECAP) recibió entre julio del 2006 y enero del 2007, 25 agresiones de variado tipo. Aunque la mayoría de agresiones estuvieron concentradas en Rabinal, Baja Verapaz. ECAP es una de las contrapartes principales de la FAFG. El Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) fue objeto de una serie de actos intimidatorios y amenazas durante la primera semana de febrero. El 3 de febrero, el coordinador del Área Indígena fue objeto de un secuestro temporal. Ese mismo día a uno/a de los/as abogados/as le rompieron la llanta de su carro. El 5 de febrero, en el parabrisas de uno/a de los abogados/as fue dejada una nota que
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decía "DEJA DE FASTIDIAR CON PROTECCION PROTEGETE VOS MISMA QUE NO ENTENDES CON TANTO AVISO DECILE AL XXX QUE SE CUIDE... Y USTEDES ABOGANSTER DE MIERDA QUE SOLO DINERO QUIEREN BUSQUEN OTRO TRABAJO SI NO UN DIA DE ESTOS SALDREMOS A ALMORZAR JUNTOS COMO SIEMPRE NOSOTROS INVITAMOS ENTIENDAN HIJOS DE PUTA". Luego el 31 de mayo en las instalaciones de CALDH se recibió una llamada donde una voz de hombre les dijo �Dejen de estar chingando al general porque les vamos a poner una bomba�. Contexto Político En enero del 2007, se realiza una audiencia pública ante la Corte Suprema de Justicia por la apelación sobre el acceso a los planes de campaña Victoria 82 y el Plan Sofía en el marco del proceso de genocidio abierto en contra del general Efraín Ríos Montt y su alto mando militar. A partir de allí y de la resolución favorable de la Corte que inmediatamente es amparada y llevada hacia la Corte de Constitucionalidad, se abre a la opinión pública la información sobre la Plan Sofía que contiene pormenores sobre las ordenes militares en la región del Triángulo Ixil y la Fuerza de Tarea Tigre. En la época, el general Otto Pérez Molina, candidato presidencial, comandaba la región. Asimismo, una serie de exhumaciones estaban planificadas en la región ixil en el marco de los planes desarrollados con el Programa Nacional de Resarcimiento, los cuáles fueron anunciados públicamente en Guatecompras en la época de las amenazas. Hipótesis FAFG ha estado recibiendo amenazas recurrentes a lo largo de estos años sin que a la fecha se haya realizado una investigación sólida que de con los responsables de las mismas. Aunque en otras ocasiones se ataque a otros miembros de la organización, los ataques principales se han dirigido en torno a Fredy Peccerely, su hermana Bianka Peccerely y Omar Bertoni Girón (esposo de Bianka) y trabajador de FAFG. Existe un patrón de amenazas contra FAFG vinculadas con acciones desarrolladas en torno a los casos de genocidio, en particular ante la Audiencia Nacional y en este caso en el plano nacional, aunque la institución no está involucrada en el mismo mas que como perito en las exhumaciones de masacres. Los hechos de este año confirman el patrón y la hipótesis de que a FAFG se le ataca para desmovilizar el apoyo que reciben las víctimas de genocidio en su búsqueda de justicia. 3. ¿A QUIÉN ATACAN? Durante el 2007, el sector de defensores y defensoras de derechos humanos más atacado fue de nuevo el de desarrollo que acumula 32 ataques, lo que representa el 16% de las agresiones. Este índice de ataques es seguido por los sindicalistas (25) y defensores/as al derecho a la verdad (25). Luego en el listado le siguen los ambientalistas (22) y los defensores al derecho a la justicia (20). Ahora si sumamos los ataques a los defensores del derecho a la verdad y a la justicia que son dos caras de la misma moneda vemos que este sector tiene más ataques, 45, en comparación con los de desarrollo. Véase a continuación la gráfica que muestra los ataques por tipo de defensor/a.
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GRÁFICA 4 Número de ataques por defensor/a en Guatemala durante el año 2007
22
13
32
1
53
20
13
5
19
12
25 25
0
5
10
15
20
25
30
35
Serie1 22 13 32 1 5 3 20 13 5 19 12 25 25
Ambienta-lista
Campesino Desarrollo Diferencia sexual
Estudiante Indígena Justicia Mujer Niñez y juventud
Otro Periodista Sindicalista Verdad
Fuente: Unidad de Protección de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos
Al realizar la comparación de la conducta de las agresiones a los diferentes tipos de defensores y defensoras durante los últimos tres años a través de la evaluación de los porcentajes puede observarse que existe una disminución en la mayor parte de las categorías, menos en la de ambientalistas, indígenas y mujer donde en el porcentaje aumentó. En los casos de defensores al derecho a la verdad y la justicia la disminución no es significativa en tanto se trata sólo de un punto porcentual. A continuación la gráfica que muestra los ataques contra los diferentes defensores y defensoras durante el año 2007.
Gráfica 5 Comparación de porcentajes de ataques ataques a tipo de defensor/a entre los años 2005,
2006 y 2007
1
8 86
9
14 4 44
14
27
1
11
3
10
15 1411
7
16
2
107 6
13 13
0
5
10
15
20
25
30
2005 1 8 8 6 9 1 4 4 4
2006 4 14 27 1 11 3 10 15 14
2007 11 7 16 2 10 7 6 13 13
Ambientalista Campesino Desarrollo Indígena Justicia Mujer Periodista Sindicalista Verdad
Fuente: Unidad de Protección de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos
Caso Demostrativo 3
Ataques a defensores de desarrollo producidos por grupos ilegales La Asociación de Desarrollo Comunal del Cantón Panabaj (ADECCAP) fue creado después de la tormenta Stan para gestionar todo lo referente a la emergencia y reconstrucción de la Aldea Panabaj. Luego de muchos esfuerzos, ADECCAP se colocó al frente de los esfuerzos comunitarios y municipales que se han considerado ejemplares en procesos de reconstrucción que han sido reconocidos por la comunidad internacional. El director de ADECCAP es Francisco Coché Pablo.
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Los hechos • El 5 de agosto el Sr. Francisco Coché recibió una llamada desde el celular 52102401, de una
persona conocida como el Mish, esta persona le dijo: �Ten cuidado de lo que estas haciendo, algo te puede pasar, te estás aprovechando de la reconstrucción�.
• El 10 de agosto recibió una amenaza en un boletín elaborado por el �Grupo de los Justicieros� en el que se amenaza a defensores que dice lo siguiente: Los que estan aprovechando del stan así como Francisco Coché Pablo (�) son ustedes ladrones y mentirosos sino hacen lo que se les pide en dejar todo lo que estan haciendo pues lo que nosotros lo que queremos es justicia y si es asi pues que se aga y se comienza la JUSTICIA DEL PUEBLO A TODOS LOS MALOS PERSONAS PARA QUE SANTIAGO ATITLÁN YA NO TENGA LADRONES DE LOS PUEBLOS Y POBRES DE AQUÍ/.
• El 21 de agosto recibía una llamada de número privado en su celular, una persona de sexo masculino que tendría aproximadamente entre 30 o 40 años, ladino, que le dijo: �Estuvo bien que haya entrado esta llamada para decirte que te damos un plazo de cuatro días para poder permanecer en Santiago Atitlán y dejar todo el trabajo de reconstrucción de las familias afectadas, y si no haces caso te vá a pasar algo, porque conocemos tus movimientos desde la seis y media de la mañana, y conocemos que tienes dos hijas y que llegas a dejarlas a la Escuela de Panabaj todas las mañana, con esto estas avisado que dentro de cuatro días si sigues permaneciendo en Santiago Atitlán, mataremos a tu esposa y a tus dos hijas.� Luego recibió cinco mensajes que reiteraban esta amenaza.
• El 23 de agosto balearon la casa del Sr. Francisco Coché en el Cantón Panabaj. Los vecinos presumen que eran hombres encapuchados que se dirigían a pie.
• El 21 de agosto, el defensor Sr. Francisco Coché Pablo se desplazó de Panabaj � Santiago Atitlán junto con su familia huyendo del lugar.
Contexto Político Las amenazas a Francisco Coché hay que enmarcarlas en la situación que se vive en Santiago Atitlán (45.000 hab.) donde grupos armados ilegales actúan con total impunidad. Estos grupos armados tienen como objetivo la mal llamada �limpieza social� que corresponde más a una eliminación de personas estigmatizadas. Este fenómeno cuenta con abundantes expresiones en todo el país, desde la capital a municipios de departamentos alejados y una de sus características es la connivencia de la Policía Nacional Civil y la aceptación de algunos sectores de población como una respuesta a la inseguridad ciudadana. Estos grupos ejercen la violencia en contra de todo lo que ellos consideran delincuencia generando abundantes violaciones de los derechos fundamentales. La expresión de este fenómeno en Santiago Atitlán arroja importantes luces sobre estos grupos y su accionar. Según parece por la coincidencia de testimonios el grupo se organiza con el apoyo y concurrencia de autoridades ediles, el asesoramiento y abastecimiento armamento y equipo de personas ajenas a Santiago Atitlán, se menciona a un ex coronel del ejército de Guatemala y, como en la mayoría de los casos, la connivencia de la PNC. Amenazan a delincuentes habituales, prostitutas, sacerdotes mayas (acusándolos de brujos), mujeriegos, maestros y agentes sociales (acusándolos de corrupción) y muchas personas comerciantes o con pequeños negocios. En cambio las estructuras bien conocidas de narcotráfico, prostitución, pederastia, tráfico de niños no están siendo afectadas. En Santiago Atitlán el fenómeno se ve agravado por un conflicto que divide el grupo originario autodenominado �La Limpieza Social� y genera nuevas siglas como �EJDP� Ejércitos Justicieros Del Pueblo provocando ajustes de cuentas entre ellos mismos. En este contexto muchos defensores y defensoras de derechos humanos están siendo afectados, comités de desarrollo, asociaciones de ayuda sectores desfavorecidos y otros de índole cultural maya, como sacerdotes mayas, Cabecera de Santiago Atitlán (máxima autoridad de la tradición maya) y sus ayudantes. En la mayoría de los casos renuncian a denunciar porque estas denuncias rápidamente son conocidas por los grupos armados ilegales y genera aún más indefensión. Hipótesis
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Las amenazas a Francisco Coché Pablo y ADECCAP provienen de dos fuentes. Una de los grupos armados ilegales que operan en el territorio en donde se está reconstruyendo y que buscaron amedrentar a la organización para controlar a los vecinos y así poder ejercer el control para favorecer posiblemente otras actividades ilícitas que no son tocadas por estos grupos y que incluso son protegidas. En el caso de las amenazas al celular de Francisco Coché ser presume que estas pueden estar vinculadas a las acciones de auditoria que en ese momento realizaba a lo interno de la organización y que tocaba a una persona que tiene vínculos con personas cercanas a estos grupos armados ilegales. Al analizar los ataques en relación al género de la persona atacada, el 67% de los mismos se dirigió contra hombres (129), el 17% contra mujeres (34) y el 16% contra instituciones (32). Véase la gráfica a continuación.
Gráfica 6
Género de los/as defensores/as atacados/as en Guatemala durante el 2007
34, 17%
129, 67%
32, 16%
Mujer Hombre Institucional
Fuente: Unidad de Protección de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos
Estas cifras rompen totalmente con la tendencia demostrada en años anteriores en donde inclusive en el 2006 había habido un aumento de ataques contra mujeres. Este año, la proporción de ataques contra los hombres fue muy superior. Véase las siguiente gráfica para ver la conducta a través de los últimos años.
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Gráfica 7
Comparación de porcentajes de ataques a defensores/as en Guatemala por género durante el 2007
17
67
16
29
54
1721
63
17
01020304050607080
2007 17 67 162006 29 54 172005 21 63 17
Mujer Hombre Institucional
Fuente: Unidad de Protección de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos
Haciendo una relación entre género y el tipo de defensor/a atacado, se logró establecer que en los tipos de defensores/as más atacados, sólo en el sector indígena fueron las organizaciones las más atacadas y, por supuesto, las defensoras de los derechos de las mujeres, los ataques correspondieron a mujer. Véase la siguiente tabla.
Tabla 3 Porcentaje de defensores/as más atacados/as por género
Tipo de defensor/a
Sexo del defensor más atacado del sector
Porcentaje de ataques con respecto al universo
Ambientalista Hombre 9%Campesino Hombre 5%Desarrollo Hombre 13%Indígena Institucional 2%Justicia Hombre 6%Mujer Mujer 5%Sindicalista Hombre 11%Verdad Hombre 8%
Fuente: Unidad de Protección de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos Una explicación para la baja incidencia de mujeres atacadas en cada sector puede deberse a que las mujeres en los sectores señalados no ocupan cargos directivos y las agresiones se dirigieron durante este año más hacia este sector. Si esta hipótesis fuese la correcta, existe una necesidad de enfrentar más de
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frente las políticas de equidad de género dentro del movimiento social y de derechos humanos. 4. ¿CUÁNDO SON ATACADOS? Como se explicó en la introducción, la conducta de los ataques a los defensores y defensoras durante el 2007 tuvo un patrón diferente al experimentado a los años anteriores. El primer mes, las agresiones fueron 35, un número muy elevado. De hecho fue el mes de enero más violento en los ocho años del registro. Aunque los números fueron bajando en los siguientes meses, volvió a darse un pico en mayo, estos números en general daban una sumatoria más alta a la del año 2006. Durante estos cinco meses, la conducta cíclica de los años anteriores se rompe totalmente. Luego, en mayo, el número de ataques empieza a disminuir con una baja en julio bastante marcada. Durante los siguientes meses, la conducta de los ataques se estabiliza en un promedio de 9 ataques al mes contra el promedio de 26 ataques al mes durante los primeros 5 meses del año. Véase la siguiente gráfica que muestra la conducta de los ataques por mes durante el año 2007.
Gráfica 8 Ataques a defensores/as por mes en Guatemala durante el 2007
35
25 2319
27
15
612 12
712
2
0
10
20
30
40
Serie1 35 25 23 19 27 15 6 12 12 7 12 2
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem-bre
Octubre Noviem-bre
Diciembre
Fuente: Unidad de Protección de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos
Cuando se analiza qué sectores fueron más atacados por mes, puede observarse que durante los primeros cinco meses del año los defensores más atacados fueron los ambientalistas, los defensores de la justicia, los de la verdad y los que defienden otro tipo de derechos. En cambio, cuando se da la disminución de ataques, los sectores más agredidos son los de desarrollo, los periodistas, los sindicalistas y los estudiantes. Véase la gráfica a continuación que muestra la conducta de los ataques por mes y por tipo de defensor/a.
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Gráfica 9
Tipo de defensor/a más atacado/a en Guatemala por mes durante el 2007
15
8
5 5
2
5
89
8
42
8
10
0
2
4
6
8
10
12
14
16
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Ambientalista Campesino Desarrollo Estudiante Justicia Otro Periodista Sindicalista Verdad
Fuente: Unidad de Protección de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos
Para analizar a más profundidad el porqué de la conducta de los ataques de los defensores y defensoras de derechos humanos durante el año 2007 hay que explicar el contexto político nacional o de los defensores y defensoras que puede explicar la situación. En este caso, los fenómenos políticos pueden explicar las alzas o bajas en los ataques e incluso los desplazamientos hacia los sectores.
• Violencia de Enero: al inicio de este mes Madre Selva y la comunidad de Sipacapa anuncia que denunciará a la empresa minera Montana por envenenamiento de las aguas del río. El 10 de enero, la Vicepresidencia anuncia los factores de ingobernabilidad entre los que incluye a los ambientalistas que promueven consultas y las ONG�s que financian consultas. Ante la Corte de Constitucionalidad está pendiente de resolverse el amparo sobre la vinculancia de las consultas populares ya realizadas y por realizarse. En la prensa nacional se empieza a discutir acerca de la presunta participación en el genocidio por parte de Otto Pérez Molina a través del impulso del Plan Sofía dentro de la Campaña Victoria 82. Sale a la luz pública que dentro del caso de genocidio en el Ministerio Público se está solicitando la desclasificación. Sector más atacado: Ambientalistas.
• Violencia de Mayo: Son dirigidas a Guatemala cartas del Congreso de Estados Unidos exigiendo que se proceda con la captura de Efraín Ríos Montt para evitar su inscripción como candidato a diputado. Efraín Ríos Montt es inscrito como candidato a diputado por el FRG. Las organizaciones de derechos humanos impugnan su candidatura. La Corte de Constitucionalidad declara no vinculantes las consultas populares. Sector más atacado: Verdad.
• Violencia de Junio: Se articula una respuesta pública por parte del cuerpo diplomático acreditado en Guatemala y de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU en torno a la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos. El evento se realiza el 28 de junio y convoca a las autoridades del Ministerio de Gobernación, Ministerio Público, Procuraduría de Derechos Humanos y Comisión Presidencial de Derechos Humanos
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(COPREDEH). El Ministerio de Gobernación anuncia una serie de medidas y la decisión de tomar las que sean necesarias para detener la violencia. Sector más atacado: Desarrollo. La violencia se desplaza y no se vuelve a recibir un ataque en contra de una organización internacional y el resto del año sólo se recibe una agresión contra una organización de justicia y de verdad.
• Violencia de Septiembre: El 9 de septiembre se realizan las elecciones nacionales. En el ámbito municipal existen varios reclamos por irregularidades en el patrón que no son aceptadas por el Tribunal Supremo Electoral. En muchas localidades, las autoridades electas tienen vínculos con el crimen organizado; pero en otras no fueron electas generando represalias particularmente en contra de defensores y defensoras de derechos humanos que denunciaron su presencia. Sector más atacado: estudiantes. Si uno observa la coyuntura del mes de enero, puede explicarse muy bien la reacción hacia el sector ambiental; pero también los ataques hacia el sector justicia que fueron relevante durante el mes de febrero. Durante el mes de mayo, el debate sobre la participación de Efraín Ríos Montt tiene un correlato directo en los ataques contra el sector de verdad. En el mes de junio, la actividad diplomática pública aunada a las acciones internacionales que para ese entonces están reaccionando a denuncias urgentes de los ataques a varias organizaciones de verdad y justicia, además de los ataques a organizaciones ambientalistas y al asesinato de Pedro Zamora generan la suficiente presión para provocar la baja sensible de ataques. De hecho una baja de 30% de ataques. Pero es mucho más significativa cuando se observa que ya no existen más agresiones contra una organización internacional y que los defensores al derecho a la verdad y justicia que habían sido severamente agredidos en los primeros cinco meses dejan de serlo, hasta el punto de sólo recibir una agresión en el mes de noviembre. Claro está que esa presión tiene una respuesta clara en el Ministerio de Gobernación no sólo a través de la generación de respuestas especializadas, sino también en la respuesta general en lo que empiezan a ser cambios incipientes en la institucionalidad policial tendientes al impulso del modelo civil de la policía, así como al de seguridad democrática en la respuesta del Estado ante los conflictos. Luego, existe un ligero aumento de ataques en los meses de septiembre y octubre derivados de la coyuntura electoral, ya sea por represalia o porque sencillamente la atención pública estaba en otro lugar y permitió que se agudizarán algunos conflictos. Es en estos meses en donde se registran una serie de asesinatos que levantaron la preocupación de la Unidad y nuevamente de la comunidad internacional y que ameritaron la inmediata y pronta reacción del Ministerio de Gobernación.
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Caso Demostrativo 4 Agresiones contra Consejería en Proyectos
Consejería en Proyectos (PCS por sus siglas en inglés) tiene como misión fortalecer las capacidades de las poblaciones afectadas por el desplazamiento, el refugio y otras formas de desarraigo, para potenciar procesos organizativos autónomos, democráticos, interculturales y con perspectiva de género, en el marco de la promoción, defensa y ejercicio de los derechos humanos. En Guatemala, PCS se ha comprometido con procesos de lucha contra la impunidad y búsqueda por la justicia ante violaciones a los derechos humanos cometidas en el marco del conflicto armado interno y en el post-conflicto guatemalteco. PCS ha puesto especial énfasis en el tema de la violencia sexual. Los hechos
• A la 1:30 p.m., del lunes 7 de mayo, un funcionario de PCS se encontraba parqueando con el vehículo de la organización (con placas de Misión Internacional) en una calle de la zona 3 de la capital. En ese momento fue encañonado por dos hombres de 24 o 25 años con apariencia de militares quienes lo hicieron trasladarse a la parte trasera del vehículo acostándolo allí. Uno de los asaltantes procedió a golpearle con la cacha de la pistola par pedirle que le diera el arma y el dinero. El negó la posesión de arma e indicó que el dinero se encontraba en la mochila, al no encontrar suficiente dinero en su persona procedieron a bajarle los pantalones y agredirle sexualmente. Durante la agresión sexual, constantemente preguntaban por el arma y el dinero. Quince minutos después lo dejaron en la colonia Castillo Lara, zona 7. 20 minutos después del incidente, una persona de la oficina recibió llamadas procedentes del celular del funcionario ya en posesión de los agresores. En ese mismo día PCS iniciaba en Antigua Guatemala el encuentro internacional �Compartir la memoria colectiva: el acompañamiento psicosocial y justicia integral para mujeres víctimas de violencia sexual en conflictos armados�.
• A las 6:45 a.m. del 17 de mayo, 10 días después del robo y agresión sexual, el mismo funcionario
de PCS, recibió una llamada al teléfono de su casa, al contestar una voz masculina al parecer distorsionada por un aparato le dijo �hijo de puta, ¿no fue suficiente?�Te dijimos que no hicieras nada. ¿No entiendes, verdad? Les vamos a quebrar el culo a vos y a todas las huecas y putas de tu oficina. Sabemos quienes son y que hacen. No chingen y dejen las cosas como están�. El teléfono de la casa de Jorge estaba en la agenda que fue robada el día 7 de mayo. Desde ese mismo día se estuvieron haciendo gestiones para lograr que el Ministerio de Gobernación y Ministerio Público iniciaran acciones por el robo y la agresión sexual. El día 16 de mayo por la noche, dos investigadores del Ministerio de Gobernación dieron indicios de que finalmente se iban a empezar a realizar algunas diligencias de investigación del caso.
Antecedentes a tomar en cuenta Algunas de las organizaciones financiadas por PCS habían sufrido ataques en los meses anteriores a estas agresiones, Unión Nacional de Mujeres de Guatemala (julio 2006), Equipo Comunitario de Acción Psicosocial (julio 2006 a enero 2007), Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (enero a febrero de 2007), Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (marzo a mayo de 2007). Posteriormente a los hechos relatados, el Consorcio Actoras de Cambio cuyo objetivo es el trabajo con víctimas de la violencia sexual durante el conflicto armado interno y que es también contraparte de PCS empieza a sufrir amenazas y actos de intimidación. El 6 de junio, mientras se desplazaba del trabajo de campo una funcionaria del Consorcio recibió un mensaje que indicaba que debía revisar sus frenos porque podía accidentarse. Este mensaje fue antecedida y seguida de una serie de llamadas intimidatorios en contra del entorno de la funcionaria. Luego de las acciones públicas y de un alto en las intimidaciones, después del III Encuentro Nacional de Mujeres Sobrevivientes de Violencia Sexual, el 24 de noviembre, Amandine Foulchiron, otra funcionaria del Consorcio Actoras de Cambio, encontró a la salida de una reunión en la asociación �Lesbiradas�, un calzón en el parabrisas de su vehículo rasgado por las partes anterior y posterior, lo que se consideró un mensaje intimidatorio-coaccionador por el trabajo que realiza.
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Contexto Político En el momento en que se dan las agresiones a PCS, existe una serie de acciones por parte de las organizaciones internacionales a favor de las organizaciones que habían sido allanadas a inicio de abril, así como a favor del fin de las agresiones en contra del Instituto de Estudios Comparados en Ciencia Penales de Guatemala, exigiendo investigación en un marco de cambio de autoridades del Ministerio de Gobernación. Asimismo, en ese momento está en auge las solicitudes internacionales por que se implementen las órdenes de captura y extradición de Efraín Ríos Montt para evitar que se inscribiera como candidato a diputado en el proceso electoral y ganara así mecanismos de impunidad ante la persecución penal por la comisión de genocidio. Hipótesis. Existen varias hipótesis abiertas en la investigación penal ante el Ministerio Público. Para la Unidad existen dos hipótesis plausibles que explican lo ocurrido en Consejería en Proyectos:
• La primera es que este fue un ataque dirigido al donante con un múltiple objetivo: primero tratar de dejar sin financiamiento vía la desestabilización a las organizaciones que buscan el fin de la impunidad y la promoción de derechos humanos. Esto es porque el ataque deja un mensaje y afectó a aquellos trabajando activadamente en temas de mujeres víctimas de violencia sexual en conflictos armados, víctimas del conflicto armado y genocidio, feminicidio y violaciones de derechos humanos cometidas por cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad.
• La segunda es que este fue un ataque dirigido a PCS para desarticular el trabajo que se desarrolla en materia de víctimas de violencia sexual durante el conflicto armado y constituyó el inició de ciclo de agresiones contra el sector que trabaja el tema.
Observando la tendencia global de ataques en contra de defensores y defensoras durante los últimos siete años, encontramos que durante el primer semestre del 2007, la tendencia de violencia se mantuvo similar a la que se tuvo durante el segundo semestre del 2006. En el corte por semestre, la baja de ataques durante el segundo semestre se observa más dramática, llegando a niveles similares a los observados durante el 2002. Es aquí en donde se vuelve irrebatible la función de la presión de la comunidad internacional combinada con la respuesta pública de la Ministra de Gobernación. Sin embargo, hay que dejar abierta la posibilidad la combinación de otros factores como la entrada del proceso electoral. Véase la siguiente gráfica.
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Gráfica 10
Ataques a defensores/as por semestre en Guatemala entre el 2000 y el 2007
28 23 24
57 66
29
78
4736
86
138
86
121
156144
51
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
Serie1 28 23 24 57 66 29 78 47 36 86 138 86 121 156 144 51
1er. Sem. 2000
2do. Sem. 2000
1er. Sem. 2001
2do. Sem. 2001
1er. Sem. 2002
2do. Sem. 2002
1er. Sem. 2003
2do. Sem. 2003
1er. Sem. 2004
2do. Sem. 2004
1er. Sem. 2005
2do. Sem. 2005
1er. Sem. 2006
2do. Sem. 2006
1er. Sem. 2007
2do. Sem. 2007
Fuente: Unidad de Protección de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos
La conducta de los ataques durante el 2008 combinados con la persistencia o no de la presión internacional, las acciones de prevención y protección policial demostraran si es esta la fórmula que provocó este cambio de conducta. 5. ¿QUÉ TIPO DE ATAQUES? A partir de la definición del delito cometido, es posible determinar el tipo de ataques de que son objeto las defensoras y defensores. A excepción de acciones como la criminalización, la violación a la libertad de información; todos los demás hechos son acciones que constituyen conducta delictiva. Este año hemos agregado a la categoría intimidación, el adjetivo coacción ya que por razones que se explicarán en el apartado sobre respuestas del Estado se ha querido deslegitimar la naturaleza delictiva de los actos intimidatorios que según el código penal entran dentro del tipo penal de la coacción. Véase a continuación la siguiente gráfica que muestra los tipos de delitos cometidos contra defensores y defensoras durante el 2007.
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Gráfica 11
Tipo de delito cometido contra de defensores/as en Guatemala en 2007
159
39 40
93 4
50
10
2 1
10
2 10
10
20
30
40
50
60
Serie1 15 9 39 40 9 3 4 50 10 2 1 10 2 1
Allana-miento
Amenazas en
persona
Amenazas escritas
Amenazas telefónicas Asesinato
Denuncia judicial
Intento de asesinato
Intimidación/coacción
Persecu-sión Secuestro Tortura Vigilancia
Violación libertad de informació
Violencia Sexual
Fuente: Unidad de Protección de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos
Nuevamente este año son los actos de hostigamiento y generación de miedo las agresiones más frecuentes contra defensoras y defensores. En el 2007, se da como dato relevante un importante aumento en los allanamientos a sedes de organizaciones de defensores, mientras descienden los asesinatos e intentos de asesinatos con respecto al 2006.
Gráfica 12 Conducta de delitos contra la vida contra defensoras y defensores entre el 2000 y 2007
0
5
10
15
20
Asesinato 16 10 12 10 9 3 14 9
Intento de Asesinato 2 3 1 1 2 7 9 4
Desaparición Forzada 1 1 0 1 0 2 1 0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Fuente: Unidad de Protección de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos
Según se observa en la anterior gráfica, los casos de asesinatos, después del importante repunte de 2006, se reducen en este año hasta niveles de 2004. Siguen siendo los defensores del derecho al desarrollo los más golpeados y especialmente los miembros de Consejo Comunitario de Desarrollo (COCODE) figura creada a raíz de los acuerdos de paz. El sector campesino es el segundo en importancia en estos casos de asesinato según su dedicación como defensores de derechos humanos, aunque si miramos la dedicación laboral de las víctimas veremos que 8 de las 9 personas asesinadas son campesinos y las nueve víctimas mortales son varones que residían en pequeñas comunidades o aldeas. Siete de las víctimas pertenecían a algún sindicato agrario (3 de ellos) u
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organización campesina (4 de ellos). Si se realiza un análisis de los intentos de asesinatos encontramos nuevamente campesinos que residen en zonas rurales.
Caso Demostrativo No. 5 El asesinato de un sindicalista por ser un defensor
Marco Tulio Ramírez Portela era Secretario de Cultura y Deportes del Comité Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores Bananeros de Izabal (SITRABI). Vivía en la Finca Yumá en Morales, Izabal de propiedad de BANDEGUA8. El señor Ramírez Portela era el hermano del Sr. Noe Antonio Ramírez Portela, Secretario General de la SITRABI. Independiente de su puesto en el sindicato, según testimonios recogidos por la Unidad, su función en la finca era de atender los conflictos de los trabajadores ante despidos y conflictos con la patronal. Los hechos
• El 23 de septiembre de 2007, hacia las 5:45 de la mañana, cuando Marco Tulio Ramírez Portela, salía de su casa para el trabajo, fue interceptado por varios hombres enmascarados con pasamontañas y fuertemente armados, quienes le dispararon con armas de fuego de alto calibre provocándole la muerte. Los hombres viajaban en moto. También se vio un pick up blanco vigilando el lugar.
Antecedentes directos del asesinato Desde varios meses antes, el Sr. Marco Tulio Ramírez Portela había estado recibiendo amenazas de muerte por parte del alcalde de Morales, Izabal y con intenciones de reelección. El 9 de septiembre, mientras el Sr. Ramírez realizaba funciones de fiscal de mesa para el partido Unión Nacional de la Esperanza (UNE), partido con el que simpatizaba y que había apoyado a través del trabajo a favor del candidato a alcalde, tuvo un incidente en donde la amenaza hacia el sindicalista fue presenciado por varias personas. El alcalde de Morales, Oscar de León, quien perdió las elecciones volvió a proferir amenazas contra el Sr. Ramírez Portela a pesar de que él no era candidato y sólo apoyaba al candidato ganador. Una semana previa al asesinato, el Sr. Ramírez Portela externó a sus compañeros del sindicato el temor por su vida. Contexto de amenazas contra la SITRABI En el mes de julio de 2007, miembros del ejército guatemalteco, plenamente identificados, entraron a la sede del SITRABI. Durante la acción, los militares sometieron a interrogatorios intimidatorios a los presentes en la mencionada sede buscando obtener la identidad de los directivos sindicales. El hecho fue denunciado. Previo a este hecho intimidatorio, se tienen registrados los siguientes hechos que han afectado a defensores y defensoras de derechos humanos en los últimos diez años. En 1998 y en relación a las ocupaciones en las fincas bananeras Mopá y Panorama de Morales se inició un proceso penal contra los principales dirigentes de SITRABI que generó la salida de muchos de ellos y una declaración de MINUGUA sobre la violación al ejercicio sindical. En 1999 BANDEGUA despidió ilegalmente a 918 trabajadores de la plantación. Unos meses después de que se despidiera a los campesinos, unos hombres armados, entre los que había algunos ganaderos, irrumpieron en un local donde SITRABI estaba celebrando una reunión para protestar por los despidos. Por su propia seguridad, los dirigentes del sindicato tuvieron que dimitir y, más tarde, huir del país. El 13 de septiembre de 2001, la sede de SITRABI en Morales fue allanada ilegalmente, se robaron pertenencias, destruyeron archivos y sabotearon teléfonos. El 1 de octubre de 2001, José Rigoberto Alvayero y Gumersindo Loyo de SITRABI fueron amenazados por desconocidos. El 22 de octubre de 2001, Manuel Pablo Aquino, dirigente de CGTG dio a conocer que miembros del comité ejecutivo de SITRABI habían recibido amenazas de muerte.
8 BANDEGUA es la filial guatemalteca de la empresa multinacional de producción de fruta Del Monte Fresh Produce.
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Hipótesis. El asesinato de Marco Tulio Ramírez respondió probablemente más a la conflictividad derivada de su apoyo al candidato de la UNE en el proceso electoral y por el que recibió amenazas directas y en varias oportunidades. Sin embargo, el porqué es él, el escogido para ser asesinado y no el candidato ganador y no otros miembros de consejo municipal de la UNE u otros miembros del equipo de campaña tienen que ver directamente con su función como sindicalista y como miembro activo de su comunidad y defensor de derechos humanos. Esto lo convierte en el blanco, probablemente, de los odios del grupo que lo elimina. El asesinato se comete dentro de propiedad privada que está resguardada por miembros de una seguridad privada contratada por BANDEGUA. ¿Cómo pueden entrar personas con las características mencionadas?, es una pregunta que debe responderse. ¿Hasta dónde la conflictividad mencionada durante los años previos está relacionada con la facilitación de condiciones o con la generación de la vulnerabilidad debería ser motivo de las investigaciones policiales y del Ministerio Público? Véase la siguiente tabla para ver el nombre de los defensores asesinados durante el año 2007, la organización a la que pertenecen así como la actividad a la que se dedicaban.
Tabla 4 Lista de defensoras y defensores asesinados
Nombre Organización Tipo de defensor/a Lugar del asesinato Pedro Zamora Sindicato de
trabajadores de la Portuaria El Quetzal
Sindicalista Puerto Quetzal - San José � Escuintla
Israel Carias Ortiz Asociación Integral de Desarrollo Los Achiotes
Campesino Los Achiotes � Cabañas � Zacapa
Vicente Ramírez López Empresa Campesina Asociativa Nueva San José Las Lágrimas
Campesino San José Las Lágrimas � Esquipulas � Chiquimula
Bonificio Lajuc Cuxum Asociación Pro Tierra Achí
Campesino Pochoazú - Rabinal - Baja Verapaz
Marco Tulio Ramírez Portela
Sindicato de Trabajadores del Banano en Izabal SITRABI
Sindicalista Morales � Izabal
Emilio García Martínez Asociación Campesina de Capucal COCODE
Desarrollo Capucal - La Unión � Zacapa
Fidelino García López Asociación Campesina de Capucal COCODE
Desarrollo Capucal - La Unión � Zacapa
Carlos Eduardo Garach de León
Asociación de Astilleros, COCODE
Desarrollo San Juan El Obispo � Sacatepéquez
Felipe Álvarez COCODE Desarrollo El Naranjo � Santa Lucía Cotz. � Escuintla
Fuente: Unidad de Protección de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos
Las amenazas y actos de intimidación-coacción son los delitos que más afectan a las defensoras y defensores de derechos humanos en todos los grupos en que dividimos su trabajo. Solo el caso de los delitos contra organizaciones de diferencia sexual aparece un único caso que corresponde a un allanamiento y no aparecen amenazas o intimidaciones si exceptuamos las que lleva implícitas el propio hecho del allanamiento.
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Tabla 5 Grupos más afectados por el tipo de delitos en el año 2007
Tipo de defensor/a
Tipo de ataque más frecuente durante el 2007
Ambientalista Amenazas Telefónicas Campesino Intimidación-Coacción
Desarrollo Amenazas Telefónicas/Intimidación-Coacción
Diferencia sexual Allanamiento Estudiante Intimidación-Coacción Indígena Allanamiento Justicia Intimidación-Coacción Mujer Amenazas Telefónicas
Niñez y juventud Amenazas Telefónicas/Intimidación-Coacción
Otro Amenazas Escritas Periodista Amenazas Telefónicas Sindicalista Intimidación-Coacción Verdad Amenazas Escritas
Fuente: Unidad de Protección de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos 6. ¿CUÁL ES LA ACTIVIDAD DE LOS DEFENSORES? Para los criterios de análisis de esta sistematización, el objeto de la actividad de las defensoras y defensores de derechos humanos establece posibles líneas de investigación de patrones a la hora de perseguir a los responsables de los delitos aquí enumerados. En la siguiente gráfica, volvemos a encontrar de forma persistente al igual que se hizo en los años anteriores, al sector empresarial/finquero como el principal sector objeto de la actividad de las defensoras y defensores de derechos humanos atacados. Cuando se hace un análisis más específico de quiénes son el sub sector objeto del trabajo, se observa que son empresarios del agro o finqueros. Entonces reafirmamos, que nos encontramos con un viejo conflicto que sigue marcando el devenir de las defensoras y defensores relacionados con el agro, ya sea en defensa del derecho a la tierra o los derechos sindicales de los trabajadores del sector agrario.
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Gráfica 13
Objeto de la actividad de los/as defensores/as atacados/as en Guatemala durante el 2007
26
52
21
5
1410
5 4 4
23
31
0
10
20
30
40
50
60
Serie1 26 52 21 5 14 10 5 4 4 23 31
Ejército de Guatemala
Empresarios/Finqueros Gobierno
Grupos clandestinos
Impunidad y Violencia
Narcotrafico y crimen
organizadoOtros Periodismo PNC Poder Local
Violaciones a los DDHH
Fuente: Unidad de Protección de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos
Gráfica 14
Comparación de porcentajes de ataques a defensores/as en Guatemala por objeto de actividad durante el 2007
0
10
20
30
40
2005 14 30 21 2 0 1
2006 15 25 15 14 9 2
2007 13 27 11 3 2 16
Ejército de Guatemala Empresarios/Finqueros Gobierno Otros PNC Violaciones de DDHH
Fuente: Unidad de Protección de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos
Según se puede observar en la gráfica anterior sobre comparación de tendencias en los objetos de ataques, en el año 2007, se confirma la tendencia de años precedentes (2005 y 2006) en que el porcentaje de ataques a defensores y defensoras que tienen como objeto de actividad a empresarios/finqueros y al ejército de Guatemala se mantiene similar. En cambio, se redujo los porcentajes de ataques contra los defensores y defensoras que tienen como objeto al gobierno y a la Policía Nacional Civil. En cambio, hay un aumento en los ataques sufridos por organizaciones que tienen como objeto la investigación de violaciones de derechos humanos.
Caso Demostrativo No. 6 Agresiones a defensores que investigan violaciones de derechos humanos
El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala desarrolla investigaciones en torno de violaciones de derechos humanos cometidas tanto por el sistema penitenciario como por la Policía Nacional Civil. Asimismo, es una organización que constantemente monitorea el sistema de justicia y su
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respuesta para emitir recomendaciones. Durante el 2006, se aquerelló en casos donde policías habían cometido ejecuciones extrajudiciales, así como tortura y violación sexual. También litiga casos en el sistema interamericano de derechos humanos. Los hechos
• El 14 de marzo, dos investigadores del ICCPG fueron seguidos por un vehículo marca Galloper de modelo reciente, cuando se dirigían al banco. Al día siguiente, 15 de marzo, cuando se dirigían a visitar a la familia de Tirso Román Valenzuela (víctima de una ejecución extrajudicial) en Quetzaltenango, el carro en que viajaban propiedad de ICCPG fue detenido cinco veces por la PNC. Este hecho es absolutamente inusitado.
• El 20 de marzo, la investigadora del área de mujeres en prisión y violencia de género, Paola Barrios, encontró su casa allanada. En su casa no faltaba nada, en el cuarto de sus hijos encontró que uno de los osos de peluche tenía un tape en la boca. La casa de la señora Barrios queda a pocas cuadras de una sede de la PNC y un día antes había realizado diligencias en torno al caso de Juana Méndez de Nebaj.
• El 12 de abril, un trabajador de ICCPG salió de la sede de esta organización a la 1:15 p.m. cuando un hombre le encañonó y lo introdujo a un vehículo donde habían dos hombres armados. Dentro del vehículo le interrogaron y le dijeron �vos sos un ratón, vos no sabes nada de esto, decile a esos hijos de la gran puta que sabemos como está estructurado (el Instituto) y cuantas cabezas tiene. Si se siguen metiendo en cosas donde no los han llamado vamos a comenzar a cortar cabezas. Ya estamos cansados de estar advirtiendo�. Luego le liberaron.
• El 25 de abril a las 6:40 p.m. en la zona 1 de la capital, una camionetilla negra con vidrios polarizados y sin placas aorilló y hostigó el carro en el que iba una trabajadora de ICCPG que regresaba de hacer diligencias en el caso de Juana Méndez (mujer violada por miembros de la PNC). Luego en inmediaciones del cerrito del Carmen con otra camionetilla le obligaron a pararse. Dos hombres que llevaban pasamontañas se bajaron de la camionetilla, portando uno de ellos un bate y procedieron a sacar a la trabajadora del carro. Los agresores le dijeron que sabían que trabajaba en el Instituto, desde cuando trabajaba y que hacen dentro (del Instituto) y que querían saber de donde venía. Al contestar que venía del Instituto se pusieron agresivos y le dijeron que venía de viaje. Le dijeron que tenía controlado todo. La trabajadora contestó de donde venía y luego de registrarle el maletín le dijeron �esta es la última advertencia�.
• ICCPG cuenta con medidas de protección perimetral policial otorgadas a raíz de una medida otorgada en 2003 cuando se asesinó al educador Edy Gómez. La medida se da de forma irregular y una serie de incidentes de amenaza directa han ocurrido sin que la presencia policial se encuentre en el lugar.
Contexto Político En Marzo del 2007, ocurre la dimisión del Director de la Policía Nacional Civil, Erwin Sperinsen, y del Ministro de Gobernación, Carlos Vielman, a raíz de las investigaciones iniciales que vinculaban a investigadores de la Unidad del Crimen Organizado de la Dirección de Investigación del Crimen (DINC) con el asesinato de diputados del Parlamento Centroamericano. Los policías que se entregaron fueron asesinados posteriormente en el centro de detención de El Boquerón. Durante las investigaciones hubo denuncias en torno a la existencia de cuerpos ilegales operando dentro de la Policía Nacional Civil y dentro del Ministerio de Gobernación para la comisión de ejecuciones extrajudiciales de personas estigmatizadas o la mal llamada �limpieza social�. Se señalaron los nombres de Víctor Rivera, asesor del Ministro de Gobernación; Javier Figueroa, sub director de investigaciones de la Policía Nacional Civil y Víctor Soto, Director del (DINC) como personas responsables de estos cuerpos. Aunque ninguna investigación posterior ha vinculado a estas personas, las dos últimas se retiraron de sus cargos, una voluntariamente y otra por procesos internos. Durante el mes de abril, la nueva ministra de gobernación, Adela de Torrebiarte consigue reformas legales para agilizar los procesos de depuración de policías con procesos penales y de violaciones de derechos humanos abiertos en su contra.
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Hipótesis. Estos hechos se entienden como una reacción de la estructura delictiva que funciona dentro de la PNC y Ministerio de Gobernación que es responsable de una serie de violaciones de derechos humanos como detenciones ilegales, tortura, ejecuciones extrajudiciales de personas estigmatizadas, de personas en prisión y probablemente de algunos defensores de derechos humanos. ICCPG es querellante adhesivo e varios casos que de llevarse a cabo con éxito desnudarán la corrupción interna y las violaciones de derechos humanos del sistema. Si unimos el análisis de frecuencia de ataques a defensoras y defensores de derechos humanos en relación al objeto de su actividad con el análisis de los ataques más graves contra defensoras y defensores (asesinatos e intentos de asesinatos) podemos ver que es en el conflicto agrario donde los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad mantienen un mayor compromiso para actuar en contra de defensoras y defensores de derechos humanos en defensa de un estatus quo que favorece a un pequeño sector de la población en contra de una mayoría de la población principalmente indígena y campesina.
Tabla 6 Objeto de la actividad de la defensora y defensor y tipo de delito
durante el 2007 Objeto de actividad del/la
defensor/aTipo de ataque más frecuente
durante el 2007Ejército de Guatemala Amenazas Escritas
Empresarios/Finqueros Amenazas Telefónicas/Intimidación-Coacción
Gobierno Intimidación-CoacciónGrupos clandestinos Amenazas TelefónicasImpunidad y Violencia Amenazas TelefónicasNarcotrafico y crimen organizado Intimidación-CoacciónOtros Intimidación-CoacciónPeriodismo Intimidación-CoacciónPNC Amenazas TelefónicasPoder Local Amenazas Escritas
Violaciones a los DDHH Amenazas Escritas/Intimidación-Coacción
Fuente: Unidad de Protección de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos
Otro análisis que se puede realizar es en torno al defensor o defensora agredida de acuerdo al tipo de derecho que promueve. En este análisis se observa que los defensores y defensoras que promueven los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) son los más agredidos (47% de los ataques), seguidos por los defensores y defensoras de los derechos civiles y políticos (DCP) (29% de los ataques). Véase la siguiente gráfica para ver la conducta de las agresiones en contra de los defensores y defensoras de derechos humanos por tipo de derechos que se promueven.
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Gráfica 15
Tipo de Derechos Humanos que promueven los/as defensores/as atacados/as en Guatemala durante el 2007
92, 47%
57, 29%
13, 7%
3, 2%
30, 15%
DESC DCP Mujer Indígena Otros
Fuente: Unidad de Protección de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos
Una comparación de la conducta de estos ataques a través de la mirada del tipo de derechos que se promueven de los agredidos durante los últimos cuatro años muestra que ha habido una variación en la conducta en el último año. Tanto las agresiones contra defensores y defensoras que promueven los DESC y los DCP disminuyeron en su porcentaje; sin embargo, las agresiones contra defensoras que promueven los derechos de la mujer aumentaron. Esta última tendencia preocupa profundamente. Véase la siguiente gráfica que muestra la comparación de los porcentajes de agresiones por tipo de derecho promovido.
Gráfica 16 Comparación de porcentaje de ataques a defensores/as en Guatemala por tipo
de derecho promovido; 2004-2007
0
20
40
60
2007 47 29 7 2 15
2006 57 35 3 1 4
2005 44 37 3 13 3
2004 26 55 3 0 16
DESC DCP Mujer Indígena Otros
Fuente: Unidad de Protección de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos
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7. ¿CUÁLES SON LAS VIOLACIONES PRODUCIDAS? Siguiendo la tónica de años anteriores las violaciones al derecho a la libertad y la seguridad mantiene en 2007 una abrumadora mayoría con respecto a las violaciones a otros derechos, un 83% lo fueron a este derecho. Siguen en importancia por número de ataques, al igual que en 2006, los relacionados con el derecho a la vida con un 7% y a la propiedad con un 6%. En menor grado aparecen las violaciones al derecho a la integridad personal, a la libre expresión y al derecho a la justicia. Hay destacar el importante descenso de la criminalización de defensoras y defensores de derechos humanos (derecho a la justicia) que solo registró dos casos en 2007: la acusación en contra de funcionarios de Madre Selva por parte de la Empresa Minera Montana (8 de marzo de 2007) y una acusación contra Joel Agner Escobar García del Sindicato de Trabajadores de la Salud de Guatemala (19 de julio de 2007). Véase a continuación la gráfica que muestra el tipo de violación de derechos humanos cometida en contra de los defensores y defensoras de derechos humanos durante el año.
Gráfica 17
Tipo de violación de derechos humanos cometida contra el/la defensor/a en Guatemala durante el 2007
4, 2%
163, 83%
2, 1%2, 1%11, 6%
13, 7%
Violación a la integridad personal Violación a la libertad y seguridad Violación a la libre expresiónViolación al derecho a la justicia Violación al derecho a la propiedad Violación al derecho a la vida
Fuente: Unidad de Protección de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos
8. ¿EXISTEN INDICIOS DE PLANIFICACIÓN? Con el objeto de establecer si estamos ante un caso en donde se puede presumir la participación de un grupo organizado, ya sea un cuerpo ilegal, un aparato clandestino u otro tipo de organización criminal. La Unidad busca indicios sobre
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elementos de planificación en el proceso de verificación. Durante el 2007, de 195 ataques, 141 (72%) reflejaron que existían indicios de planificación. Esto implica 12% menos que en 2006, rompiendo la dinámica de años anteriores en los que aumentaban los casos con indicios de planificación en relación a las acciones reactivas. Véase la siguiente gráfica que muestra las agresiones con indicios de planificación.
Gráfica 18
Indicios de planificación en ataques a defensores/as en Guatemala durante el 2007
54; 28%
141; 72%
No hay indicios Si hay indicios
Fuente: Unidad de Protección de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos Entre los tipos de indicios de planificación identificados en las agresiones se ha establecido que la vigilancia previa y avisos previos se muestran como una constante en los ataques. Véase a continuación la gráfica que muestra el tipo de indicios encontrados.
Gráfica 19
Tipos de indicios de planificación presentes en los ataques a defensores/as en Guatemala durante el 2007
133
78
28 294 13 168
63
113 112137 128 125
020406080
100120140160
Vigilancia Previa Avisos Previos Presencia deOperativo
Vigilancia en ellugar
VehículosMúltiples
VigilanciaPosterior
EntorpecimientoInvestigación
SiNo
Fuente: Unidad de Protección de Defensoras y Defensores
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Caso Demostrativo No. 7 Historia de otra muerte más anunciada por sus presuntos perpetradores.
Felipe Álvarez Tobías es miembro del Consejo Comunitario de Desarrollo (COCODE) del Microparcelamiento El Naranjo. Lo ha sido desde el 2004, año en que por buscar la seguridad en su comunidad se puso una ley seca de mutuo acuerdo con los vecinos la cuál fue violada por el dueño de la tienda local, Sr. Ambrosio Juárez. Esta medida era parte de las medidas de seguridad dentro de un plan de desarrollo promovidas por la nueva alcaldía municipal. La noche del 21 de noviembre del 2004, a raíz de la presencia de sicarios en dicha tienda y de la violación de la ley seca, la comunidad llamó a la policía para que pidiera que se cerrara la tienda. La policía, el Alcalde Auxiliar Juan José Atz y el resto del fue repelida a balazos. A raíz de ese incidente, fue herido de bala el Sr. Ambrosio Juárez y posteriormente murió. Un proceso judicial fue abierto en contra de los policías y del COCODE. El proceso se encuentra en curso por allanamiento ilegal y lesiones graves. Dentro del proceso se demostró que la bala que mató al Sr. Juárez era hechiza. Luego de iniciado el proceso, los miembros del COCODE recibieron amenazas procedientes de varios miembros de la familia Juárez, particularmente del Sr. Ismael Juárez los cuáles han sido documentados ante el Ministerio Público a lo largo de los años y no se han investigado. En el informe del año 2006, se documenta como caso demostrativo No.5 la situación del asesinato de Juan José Atz y de las amenazas contra una defensora relacionada al COCODE. Los Hechos
• El día 8 de diciembre de 2007, es asesinado el señor Felipe Álvarez Tobías, a las 6:00 a.m., en el kilómetro 104 Ruta al Pacífico, Microparcelamiento el Naranjo, municipio de Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla, se encontraba a la orilla de la carretera en el interior de una cuneta, con 4 impactos de bala calibre 22. El señor Felipe había salido a las 5:45 de su casa para dirigirse a su trabajo en la Finca Manuelitas que está ubicada en el kilómetro 102 Ruta al Pacífico, jurisdicción de Santa Lucía Cotz.
• Alguien que pasó por allí vio a una patrulla de la PNC escondida, se le hizo sospechoso, en la patrulla estaba un piloto y en el borde de una de las peñas estaba un policía nacional civil, ella pasó como 5:30 de la mañana.
• Noé Elías Atz González, de la PNC de Santa Lucía Cotz. estaba a las 6:00 de la mañana en el lugar de los hechos, él no levantó el parte de la policía, lo hizo el piloto de la patrulla ESC 004. El oficial Atz indicó a la familia que se llevara la bicicleta del Sr. Álvarez antes de que llegara el Ministerio Público. Esta misma patrulla estuvo acompañando a la familia Juárez durante las audiencias del juicio oral. La persona del Ministerio Público no quiso hacer una inspección ocular en el lugar para recoger evidencias, en el momento de recoger el cadáver.
Antecedentes del asesinato El 12 de junio, Juan Almira, actual presidente del COCODE, se encontraba en el salón comunal, llegó un hombre moreno, delgado, que iba acompañado de un niño, y preguntó si él era Juan Almira, a lo cual él respondió que sí. El individuo le informa que él trabajaba en la policía (PNC) y que era enviado por un oficial de Patulul para avisarle que había escuchado que a Juan Almira, Felipe Alvarez, Nicolás Almira y el hijo pequeño de Moisés Ajbal, Elmer Ajbal, los iban a matar, que los tenían vigilados, y que sabían por dónde pasaban todos los días, qué estaban haciendo y en qué finca trabajaban. Para confirmar su relato le dijo: "usted esta construyéndole una terraza al nacimiento de agua", agregó que: con la información que le estaba dando él estaba arriesgando su vida y que si fuera posible que mejor se marcharan del lugar, porque según la información son tres personas de Patulul y cuatro de Santa Lucía los que están planificando matar a todos los mencionados. Ante ello, Felipe Álvarez que estaba presente contestó que si venía para conocerlos, pues que los matara. Esta denuncia fue presentada ante el Ministerio Público y ninguna investigación fue realizada. En octubre del 2007 se desarrolló parte del debate oral del juicio en contra de los miembros del COCODE acusados vivos, luego de que un testigo de la parte acusadora dio sus declaraciones, el Sr. Felipe Álvarez reportó que había recibido amenazas de esa persona. Después durante el mes de noviembre, esta persona estuvo siguiéndole y amenazándole. El Sr. Álvarez no quiso denunciar al Ministerio Público porque argumento que ya habían denunciado en junio y nada había pasado y que el Sr. Juan José Atz había denunciado hasta juez e igual le mataron.
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Antecedentes de asesinatos y amenazas en torno al COCODE
• 16/09/05 Moises Ajbal que apoyó a sacar a los policías heridos y a COCODE el 24 de noviembre del 2004 es asesinado.
• 16/02/06 Juan José Atz denuncia al juzgado de paz amenazas por parte de Ismael Juárez en contra de su persona, Juan Francisco Almira y Manuel Aguilar.
• 24/04/06 Juan José Atz denuncia ante la Procuraduría de Derechos Humanos que Ismael Juárez le amenaza blandiendo un machete ante él.
• 04/06 Moises Ajbal Paredes, hijo de Moisés Ajbal de 17 años, es ametrallado en la entrada de la escuela. Los ejecutores se mueven en un pick up rojo.
• 18/05/06 Memetrio Yañez, testigo de descargo que estuvo presente el 24 de noviembre que había salido huyendo de El Naranjo con las primeras amenazas, es ejecutado en la capital mientras conducía en autobús. Se descartó el móvil de la extorsión. Los asesinos iban en un pick up rojo.
• 3 y 4/06/06 Juan José Atz denuncia ante el Ministerio Público amenazas por parte de familiares de la familia Juárez.
• 02/09/06 Juan José Atz es ejecutado por un hombre armado y otro hombre que cuidó la salida en la barbería en que trabajaba a las 8:50 a.m. Los hombres eran esperados por un pick up negro. Varios vecinos reconocieron a Rodolfo Miranda �un conocido sicario.
• 26/09/06 al 1/11/06 Gloria Almira prima de Juan Francisco Almira y cuñada de Manuel Aguilar y quien facilita apoyo para la defensa del COCODE es seguida por Rodolfo Miranda e Ismael Juárez. Le advierten que tiene los días contados.
• 25/09/06 al 2/10/06 Abel Osorio amenaza a Magdalena Atz para que cese de investigar el caso de su hermano.
El juicio Durante el mes de octubre del 2007, se realizaron once audiencias del Juicio Oral y Público celebrado en el Tribunal de Sentencia de Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla, en contra del Consejo Comunitario de Desarrollo del Microparcelamiento El Naranjo (Juan Francisco Almira, Juan José Atz (muerto), Felipe Alvarez, Moisés Ajbal (muerto) y Manuel Antonio Aguilar) y dos ex agentes de la Policía Nacional Civil, bajo los cargos de �lesiones graves y allanamiento ilegal�. Éste es un debate oral que se lleva a cabo luego de tres años del incidente que originó la acción de criminalización en contra de la organización defensora de derechos humanos. El día miércoles 31 de octubre de 2007, en el Tribunal de Sentencia de Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla, se realizó la última Audiencia del Juicio, ya que todas las actuaciones quedaron suspendidas a raíz de que el Querellante Adhesivo y el Ministerio Público solicitaran una ampliación de los cargos contra algunos de los sindicados, a Ejecución Extrajudicial. La resolución fue desfavorable, por lo que, tanto el Querellante Adhesivo como el Ministerio Público, interpusieron un Recurso de Reposición al Tribunal que fue declarado sin lugar, lo que motivó que los anteriores recusaran al Tribunal, para lo que se suspendió toda diligencia hasta que la sala cuarta de la Corte de Apelaciones resuelva. Mientras esto ocurre, los miembros del Consejo Comunitario de Desarrollo siguen viviendo un clima de amenazas, que ha sido extendido a los miembros de la Defensa Pública Penal que, en el transcurso del debate, argumentaron ante el juez su malestar por la actitud intimidatoria de la querellante adhesiva. Hipótesis del asesinato Nuevamente la hipótesis de investigación se dirige a la familia Juárez desde donde proceden las amenazas según abundantes testimonios y hacia el testigo de acusación que vigilaba y amenazaba presuntamente a Felipe Álvarez. La ausencia de investigación y actuación por parte de las autoridades en torno a las denuncias realizadas por el COCODE y el hecho de que siguen muriendo miembros del grupo amenazado levantan las razones de la sospecha. Sin embargo, no se debe descartar la posibilidad de que exista otro actor aprovechando la conflictividad para realizar estas acciones ya que este COCODE fue uno de los apoyos de la alcaldía de Santa Lucía Cotzumalguapa en su modelo de gestión del desarrollo y de seguridad democrática. Los golpes recibidos por este grupo de defensores y defensoras generó miedo en toda la población comprometida con el cambio.
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9. LOS PATRONES IDENTIFICADOS EN LOS ATAQUES De acuerdo a los diferentes elementos analizados en los ataques, las agresiones son clasificadas de acuerdo a cinco diferentes patrones de ataques. Durante el año 2007, se determinó que la mayor parte de los ataques constituyeron ataques que provienen de un poder local o un enemigo específico, que venía siendo un patrón desde años anteriores. Sin embargo, un patrón que aumentó y preocupa es que el número de ataques que muestran intención de desarticulación y paralización (52) es bastante elevado. Véase la siguiente gráfica.
Gráfica 20
Tipos de patrones identificados en los ataques contra defensores/as en Guatemala durante el 2007
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Serie1 52 14 25 11 77 15 1
Ataque de desarticulación/para
lización
Ataque de descabezamiento
Ataque de la base operativa
Ataque de múltiple objetivo/simbólico
Ataque de poder local/enemigo
específico
Ataque para obtener información
Ataque por aprovechamiento
Fuente: Unidad de Protección de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos
10. LOS CONDUCTA DE LOS ATAQUES POR SECTOR El año pasado y en razón de la vulnerabilidad de cuatro sectores se empezó a desarrollar información desagregada para defensores DESC, Verdad y Justicia, Mujer e Indígena. Con el objeto de apoyar en el análisis de riesgo de las organizaciones de estos sectores de cara a la realización de sus planes de seguridad. En cuanto a las defensoras y defensores de derechos económicos, sociales y culturales, durante los últimos ocho años el sector ha registrado 480 agresiones que representa el 40% de las agresiones cometidas contra los defensores y defensoras en Guatemala. De estas, el año que tuvo más fue el 2006, registrándose una baja de agresiones en el 2007, que le regresa al nivel de violencia experimentado en el 2005 que es cuando el sector sufre un incremento del 84% de la conducta previa de los ataques.
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Véase la siguiente gráfica sobre la conducta anual de agresiones contra defensores y defensoras de derechos económicos, sociales y culturales.
Gráfica 21
Ataques a defensores/as de DESC en Guatemala del 2000 a 2007
23 24 29 24 32
98
158
92
020406080
100120140160180
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Fuente: Unidad de Protección de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos
Los tipos de defensores y defensoras consideradas dentro de esta categoría mantienen una conducta distinta. Son los defensores y defensoras al desarrollo los que mantienen la curva general del sector. De allí se puede observar que los defensores y defensoras a un medio ambiente sano emergen como sector en riesgo en nuestro registro a partir del 2004. Véase la gráfica sobre el tipo de defensor/a DESC atacado.
Gráfica 22
Tipo de defensor/a DESC atacado, 2000-2007
1 2
11
22
8 8
15 16
8
38 40
139
4 36
13
38
64
32
612 11
2
10
20
43
25
0
10
20
30
40
50
60
70
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Ambientalista Campesino Desarrollo Sindicalista
Fuente: Unidad de Protección de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos
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Por otra parte, los defensores y defensoras del derecho a la verdad y la justicia mantuvieron una conducta ascendente de agresiones hasta el año 2006 y existe un baja en el 2007 atribuible a las acciones realizadas a partir del 2007. Los niveles de violencia en este año regresaron a los niveles experimentados por el sector en el 2004; pero cualitativamente golpeó a las organizaciones más grandes del mismo y con agresiones más intimidatorias. En estos ocho años, el sector acumuló 364 ataques que representa el 30% de las agresiones contra los defensores y defensoras de derechos humanos. Véase la siguiente gráfica que muestra la conducta durante estos años.
Gráfica 23
Conducta de los ataques contra defensores/as del derecho a la verdad y la justicia en Guatemala entre 2000 y 2007
2824
31
41
62 6370
45
0
10
20
30
40
50
60
70
80
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Fuente: Unidad de Protección de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos
Aunque el porcentaje y número de ataques es menor al sector de DESC, hay que tomar en cuenta que el número de organizaciones y defensores dedicados a la promoción del derecho a la verdad y justicia es significativamente menor. Según nuestros registros, casi todas las organizaciones de este sector han sido agredidas y muchas de ellas han sido agredidas en más de una ocasión. Por ello se considera a este tipo de defensor y defensora como una de las más vulnerables en el país. En el caso de los tipos de defensor y defensora dentro de este sector, la conducta de los ataques varía año con año, siendo agredido cada uno de forma diferenciada en distintos años como lo muestra la gráfica a continuación.
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Gráfica 24
Conducta de los ataques contra defensores/as de derechos a la verdad y justicia en Guatemala entre 2000 y 2007
1117
101413
1821 20
25
37
45
18
31
39
2025
0
10
20
30
40
50
Justicia Verdad
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Fuente: Unidad de Protección de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos
Un análisis más específico a nivel de las organizaciones del sector detectó que existe un patrón de agresiones correspondiente a una operación psicológica de terror. Hay una alternación de ataques múltiples, entre 4 y 18 agresiones, entre las organizaciones más grandes y públicas que llevan casos, denuncian o dan peritajes técnicos en casos relacionados al pasado. En mayo del 2007, la Unidad emitió un informe específico sobre el fenómeno que mantiene su vigencia. La siguiente gráfica muestra las agresiones contra las organizaciones que han recibido ataques continuados y que fue detenida momentáneamente en junio del 2007, luego de su denuncia.
Gráfica 25
Concentración en el tiempo de los ataques contra organizaciones de verdad y justicia en Guatemala, 2000- 2007
189 7
19 7
5 8
5
5 11
9
8
9
10 94
6
05
10152025303540
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Junio 2007
CALDH ECAP FAFG FRMT GAM HIJOS ICCPG MNDH ODHAG
Fuente: Unidad de Protección de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos
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En cuanto a los ataques que han recibido las defensoras del derecho a la mujer en los últimos ocho años, estos suman 36 agresiones. Como ya se había señalado la curva ascendente del sector es significativa y preocupante. Como un agravante a esta situación, existe una agresión dirigida en contra de defensoras que buscan la verdad y la justicia en torno al tema de la violencia sexual durante el conflicto armado interno. Véase la gráfica a continuación.
Gráfica 26
Ataques en contra de defensoras del derecho de la mujer en Guatemala entre el 2000 y el 2007
3
12
4
67
13
0
2
4
6
8
10
12
14
2000 2001 2002 2004 2005 2006 2007
Fuente: Unidad de Protección de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos
En cuanto a los ataques que han recibido los defensores y defensoras de los derechos de los pueblos indígenas, en los últimos ocho años sumaron 60 ataques. El año más violento para el sector fue el 2005 cuando iniciaron las demandas por las consultas populares. Véase la gráfica a continuación.
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Gráfica 27
Ataques contra defensores/as de derechos indígenas en Guatemala entre el 2000 al 2007
1 2
14
6
30
4 3
0
5
10
15
20
25
30
35
2000 2001 2002 2003 2005 2006 2007
Fuente: Unidad de Protección de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos
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D. LA RESPUESTA DEL ESTADO ANTE LAS AGRESIONES A DEFENSORES Y DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Existen cuatro instituciones del Estado que deben responder para prevenir las agresiones y proteger a los defensores agredidos, estos son la Policía Nacional Civil-Ministerio de Gobernación, el Ministerio Público, la COPREDEH y la Procuraduría de Derechos Humanos. Durante estos ocho años, estas instituciones han tenido sus altos y bajos en las respuestas y definitivamente la institución más ausente y más criticada de todas ha sido la Policía Nacional Civil, seguida por el Ministerio Público por la inefectividad de sus acciones. En este año, se tomó la decisión de evaluar a profundidad la respuesta del Ministerio Público dado la ausencia de casos que terminaban con persecución penal, los resultados de esta investigación se colocan en este informe pero se han puesto también a la disposición para un análisis más a profundidad que realiza Consejería en Proyectos con la intensión de generar propuestas para la mejora de la atención fiscal a los defensores y defensoras de derechos humanos. A continuación se presenta una evaluación de las respuestas de las instituciones. 1. Ministerio Público: Diagnóstico del tratamiento de casos En el informe del 2006, se reportó la alarmante situación de impunidad en que se encontraban los casos tanto del 2005 como los de ese año. A mediados del 2007, los defensores y defensoras de derechos humanos empezaron a reportar de nueva cuenta que estaban siendo llamados para solicitar su anuencia de archivo de los casos. Esta situación generó la decisión en la Unidad de realizar el siguiente estudio de los casos de los ataques ocurridos entre julio y diciembre del 2006, que representan un 56% de los ataques perpetrados en contra de los defensores y defensoras de derechos humanos durante el año pasado. El estudio fue realizado durante el mes de julio y agosto del 2007 y evaluaba los avances de la investigación de los casos después de entre un año y seis meses de cometido el delito. Este estudio enfrentó varios retos porque ninguno de los defensores agredidos en este período se presentó como querellante adhesivo por lo que como víctimas dependen de las acciones realizadas por el o la agente fiscal; pero en lo referente al acceso a la información están sujetos a la voluntad individual del mismo. Esto a pesar de que la ley le permite acceder a conocer sobre todo lo actuado en su nombre.
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Para realizar esta investigación, una funcionaria de la Unidad fue con las víctimas para entrevistarlas y solicitar que se acercaran al Ministerio Público para poder acceder al expediente y conocer lo actuado en el mismo. En la mayor parte de los casos, las víctimas ignoraban, antes de la visita a la fiscalía, la existencia de cualquier diligencia de investigación por parte del Ministerio Público. Los 157 ataques reportados entre julio y diciembre del 2006 son individualización de violaciones de derechos humanos; pero como hechos delictivos que se registran en el Ministerio Público estos se traducen en 72 casos ante el sistema de justicia. De estos casos, 14 se encuentran exclusivamente en la Procuraduría de Derechos Humanos y esta no había procedido a remitirlos al Ministerio Público.9 Luego, 8 casos eran procedimientos abiertos en contra de defensores/as de derechos humanos, en otras palabras hablamos de actos de criminalización de la defensa de derechos humanos, la mayoría relacionada con el delito de usurpación agravada. Esto deja para el análisis de la respuesta del Ministerio Público, un total de 50 casos. Véase la siguiente imagen que grafica el movimiento de los casos.
Gráfica 28
Fuente: Unidad de Protección de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos
De los 50 casos analizados, 22 se encuentran en fiscalías departamentales, 3 en otras fiscalías del distrito central, 4 se encuentran extraviadas y 22 en la Fiscalía
9 El Procurador de Derechos Humanos al recibir una denuncia en donde se presume que existe la comisión de un delito debe remitir el expediente al Ministerio Público, esto independientemente de que siga conociendo el caso en virtud de la existencia de la violación de un derecho humano. Un número pequeño de defensores/as prefieren utilizar este canal para la denuncia ya que consideran estar más protegidos de esta manera.
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de Derechos Humanos en la Unidad de Delitos contra Activistas de Derechos Humanos, Operadores de Justicia, Sindicalistas y Periodistas (11 en la Unidad de Activistas de Derechos Humanos y 11 en la de Sindicalistas y Periodistas). Véase las siguientes tablas para ver la distribución de los casos en el distrito central y en los departamentos.
Tabla 7 Distribución de Casos de Defensores y Defensoras en el Distrito Central
Fuente: Unidad de Protección de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos
Tabla 8 Distribución de Casos de Defensores y Defensoras en los
Departamentos DEPARTAMENTO No. De Casos
Quetzaltenango � Coatepeque 5 Totonicapán 1 Escuintla, Sta. Lucia Cotz. 1 Cobán 1 Chimaltenango 7 Cuilapa, Santa Rosa 1 Retalhuleu 3 Huehuetenango 3 TOTAL 22
Fuente: Unidad de Protección de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos De los 50 casos, sólo uno ha sido resuelto en la Fiscalía Distrital de Quetzaltenango y aplicando un criterio de oportunidad. Es el caso de un allanamiento denunciado por la PDH de Quetzaltenango en donde el perpetrador fue aprehendido y luego de aceptar su responsabilidad y devolver los objetos robados fue dejado en libertad. De hecho, la investigación muestra que este caso fue un hecho de delincuencia común y por lo tanto fue dado de baja de nuestro listado. Del universo de los casos, 9 han sido desestimados, todos en la Unidad de Delitos contra Sindicalistas y Periodistas. Según testimonios de los defensores/as la desestimación se dio luego de que los fiscales les presionaran para dejar los
FISCALÍA No. DE CASOS Activistas de Derechos Humanos 11 Periodistas y Sindicalistas 11 Delitos contra la Vida 1 Desjudialización 1 Casos no ubicados 4 TOTAL 28
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casos ya que les argumentaban que si denunciaban las amenazan, luego les iban a procesar a ellos10. De los 50 casos, 19 presentan alguna diligencia de investigación dentro del expediente que usualmente consiste en la realización de alguna entrevista �usualmente de la víctima o su entorno-, solicitud de despliegue telefónico o realización de foto robot. De estos, 10 se encuentran en la Unidad de Activistas de Derechos Humanos. Sin embargo, ninguno de los expedientes muestra un estado de investigación tendiente a la identificación de responsables de los hechos investigados. Sólo 4 expedientes muestran más de cinco diligencias de investigación distintas, coinciden estos expedientes con casos que emitieron alertas urgentes o que tienen víctimas más pendientes de sus casos. Cuando se realizó la investigación, sólo 6 casos habían sido ratificados de los 41 que estaban en investigación, en los demás, el Ministerio Público no había llamado al defensor/a para solicitar la ratificación de la denuncia o para informarle el estado de las investigaciones. De los casos ratificados, 3 se encontraban en la Fiscalía de Derechos Humanos. Véase la siguiente tabla para ver los detalles.
Tabla 9 Identificación de investigación en los casos por Fiscalía
FISCALÍA No. De Casos
Casos con diligencias de inves-tigación
Casos sin diligencias de investigación
Casos Resueltos
Aplicación de
Desjudicia-lización
Tipo de Medida
Activistas de Derechos Humanos
11 10 1 - -
Periodistas y Sindicalistas
11 2 911 - -
Delitos contra la Vida 1 1 - - - Desjudicialización 1 1 - - - Casos no ubicados12 4 - - - - Quetzaltenango 1 1 - 1 1 Criterio Oportunidad Coatepeque 4 - 4 - - Totonicapán 1 ignorado - - - Sta. Lucía Cotz. 1 1 - - - Cobán 1 1 - - - Chimaltenango13 7 2 5 - -
10 La amenaza es un delito de acción pública, previa instancia privada, por lo que si un fiscal logra el desistimiento de la víctima puede dejar de actuar. El argumento de que ante una denuncia �falsa�, el defensor/a pueda ser sujeto a acusaciones de difamación u otros delitos es el que comúnmente se aplican. 11 Estos casos fueron sobreseídos luego de conseguir el desistimiento de las víctimas. 12 De los casos no ubicados ha uno que fue presentado a la Fiscalía de Activistas de Derechos Humanos se presenta una denuncia el 30 de agosto de 2,006 por agresiones contra Pedro Ical de AVIDHESMI, lamentablemente al tratar de indagar sobre el proceso de investigación se encontró que está extraviado el expediente. 13 En el caso del Proyecto Montecristo, las víctimas fueron informadas de una orden de aprehensión contra un supuesto responsable del allanamiento pero no fueron informadas sobre la identidad de la persona por lo que ignoran si existe fundamento para la misma.
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Cuilapa, Sta. Rosa 1 ignorado - - - Retalhulehu 3 - 3 - - Huehuetenango 3 - 3 - - TOTALES 50 19 25 1 1
Fuente: Unidad de Protección de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos
Asumiendo que existen diligencias iniciales, como la elaboración de una foto robot cuando se ha visto al agresor, que deberían realizar los fiscales como parte de una investigación de gabinete en una serie de hechos, nuestro diagnóstico se concentró en identificar si las mismas se habían llevado a cabo y en que tiempo se habían realizado. De los 50 casos analizados, 7 requerían de la realización de fotos robot, sólo en 2 casos realizaron la misma. En un caso, llevado por la Unidad de Activistas de Derechos Humanos se realizó el mismo día de los hechos y en otro caso, que llevaba la fiscalía de desjudicialización se llevó a cabo 12 días después de los hechos denunciados. Otra acción de de investigación común es la elaboración de despliegues telefónicos. De los 50 casos analizados, 5 requerían despliegues telefónicos tanto de los teléfonos de las víctimas como de los teléfonos sospechosos. De estos, en sólo dos casos se realizaron las diligencias, pero al momento de nuestras entrevistas no se había hecho ningún estudio para determinar al sospechoso. En un caso de allanamiento también se había realizado un despliegue telefónico pero como indagatoria dirigida a las víctimas que están siendo investigadas como sospechosas del mismo. Dos de los despliegues telefónicos han sido solicitados por la Unidad de Activistas de Derechos Humanos y el otro por la de Periodistas y Sindicalistas. El tiempo de entrega por la telefónica de los mismos varía, por ejemplo, en el caso donde la investigación es para ayudar a identificar al sospechoso es de cuatro meses; en el caso de la investigación orientada para averiguar sobre la participación de la víctima en el allanamiento, 15 días. En el caso de la temporalidad de entrega del despliegue solicitado por la Unidad de Periodistas y Sindicalistas esta no quiso colaborar dando las fechas. De los casos investigados y que no fueron desestimados por las fiscalías, en siete los defensores y defensoras de derechos humanos identifican a los perpetradores de los delitos. De estos sólo en dos casos hubo una diligencia de entrevista testimonial con los mismos. Véase la siguiente tabla.
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Tabla 10 Distribución de casos en donde se entrevistó al sindicado
FISCALÍA No. de Casos
Identificación de Sindicados
Entrevistas a Sindicados
Activistas de Derechos Humanos
11 1 1
Periodistas y Sindicalistas 11 2 1 Santa Lucía Cotz.14 1 1 - Retalhuleu 3 3 - TOTALES 26 7 2 Fuente: Unidad de Protección de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos
La impunidad de los casos de defensores/as de derechos humanos está vinculada íntimamente a la ausencia de investigación. En ese sentido la creación de la Fiscalía de Derechos Humanos en el 2004 y previo a ello la fiscalía especial de defensores de derechos humanos en el 2002, era para subsanar esta situación; sin embargo después de 5 años no hay resultados concretos para exhibir, lo más evidente es que, al menos una de sus unidades, la de delitos contra sindicalistas y periodistas, está generando una fuente de agresión más hacia los/las defensores/as. En un 68% de casos sencillamente no existe ni una sola diligencia de investigación. En los casos en que hay diligencias estas no necesariamente se realizan para esclarecer los hechos, como es el caso en que se conoce al perpetrador sólo el 29% tiene alguna diligencia orientada hacia su persecución pero eso no quiere decir que se les llegue a acusar de los hechos que se les sindica. Siendo esta la situación de los casos del 2006, la inacción del Ministerio Público empezó a generar mucho malestar entre los defensores y defensoras de derechos humanos. Esto provocó escepticismo entre los defensores hacia la labor de la institución e hizo cada vez más difícil levantar la denuncia. Es por ello que la Unidad establece la necesidad de contratar a una persona para que le de asistencia legal a los y las defensoras para que estas puedan interlocutar con la fiscalía que no sólo no presenta resultados sino también empieza a cambiar sus metodologías. A la falta de credibilidad en el sistema de justicia, la inacción o falta de eficiencia del MP genera mayores niveles de escepticismo entre defensores, lo que hace más difícil levantar las denuncias, cada vez se hace más evidente la necesidad de contar con asesoría legal para la interlocución con la fiscalía que no cuentan con una clara política de investigación criminal en este ámbito.
14 En este caso, la víctima de asesinato Juan José Atz había denunciado amenazas al Ministerio Público, a la PDH y al Juzgado de Paz en varias ocasiones tal como se volvió a señalar en el caso demostrativo 7 de este informe. La inacción del sistema es responsable de su asesinato y de nuevo la ausencia de investigación puede estar vinculado al asesinato de otro compañero del COCODE.
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Durante el 2007, nuevamente se observan en dos oportunidades momentos en que la Unidad de Delitos contra Activistas de Derechos Humanos le plantea a los defensores y defensoras la necesidad de archivo de casos. Asimismo, la política de atención de casos para defensores y defensoras de derechos humanos cambia y se establece un nuevo mecanismo para la atención de casos. El mecanismo es el que sigue15. - El defensor o defensora debe realizar denuncia ante la Oficina de Atención
Permanente, en la capital, o ante la fiscalía distrital el hecho delictivo que le afecta.
- La Oficina de Atención Permanente decide si le corresponde a la Fiscalía de Derechos Humanos conocer, si no envía el caso a la fiscalía de turno o a otra fiscalía especializada.
- El Auxiliar Fiscal departamental o la fiscalía de turno realiza las diligencias de investigación iniciales y si durante el procedimiento de investigación determina que el bien de defender derechos humanos ha sido afectado lo remite a la Fiscalía de Derechos Humanos.
- La Fiscalía de Derechos Humanos puede solicitar el caso pero el auxiliar fiscal departamental o la fiscalía de turno deberá realizar la investigación y establecer si existe el supuesto necesario para que la fiscalía conozca el caso.
Aunque aún existen casos en donde los defensores y defensoras se acercan directamente a las unidades de delitos contra activistas de derechos humanos o de sindicalistas y periodistas y son atendidos en primera instancia, muchos son remitidos a la oficina de atención permanente. Para la Fiscalía de Derechos Humanos y la Unidad de Activistas de Derechos Humanos, Operadores de Justicia, Sindicalistas y Periodistas sigue siendo un debate quién es un defensor de derechos humanos y cuándo debe ser atendido por la Unidad especializada. En otras palabras, ¿cómo establecer si el bien jurídico tutelado de defender derechos humanos fue violado? Esto es complejo cuando no existe investigación criminal previa y los fiscales están haciendo estas evaluaciones de forma subjetiva a través del acercamiento individual de los casos, sin ver contexto o patrones. Es por ello que han establecido este mecanismo de investigación preliminar para determinar si están ante una violación del derecho de defender derechos humanos; pero un sistema que no investiga y no tiene capacitación para hacer investigaciones de contexto y de patrones, ¿cómo va establecer que se está ante algo más que un delito común? Y así es como el Ministerio Público se ha enredado en un círculo vicioso.
15 El siguiente mecanismo fue descrito a la Unidad por la Licda. Rosa María Salazar durante el mes de octubre.
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Esta situación es lamentable ya que luego de 5 años de creación de la instancia especializada se esperaba que los casos investigados y el análisis de patrones hubiesen desarrollado un corpus de saber interno que no sólo ya tuviese la capacidad de identificar cuándo se está ante un caso de delitos en contra de defensores y defensoras de derechos humanos; sino también tuviera una política de investigación criminal para la persecución de los responsables. Al contrario nada de esto ocurre y la impunidad es la respuesta que se tiene. Los casos que ingresaron al sistema de justicia para el año 2007 fueron 66. La evaluación general sobre la respuesta del sistema se realizará durante el 2008. Sin embargo, hay que señalar que durante este año hay dos ataques que fueron reportados en los informes preliminares que fueron quitados de este informe gracias a la pronta y efectiva investigación. Uno fue un acto de vigilancia a una actividad del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala realizada por un sujeto que se identificó con el nombre de un policía que era conocido por los organizadores. En este caso, el agente fiscal de la Unidad de Delitos contra Activistas de Derechos Humanos diligenció una investigación pronta y efectiva ya que se logró determinar que efectivamente la persona que llegó a la actividad era una miembro de un cuerpo de seguridad que brindaba seguridad a alguien de los asistentes y que estaba tratando de ocultar su identidad. Otro hecho fue el robo de la organización Interpeace en junio de este año. En este caso, el mismo día de los hechos fueron halladas las computadoras en una casa en Villa Nueva, en donde se procedió al arresto de una señora que estaba en dicha casa. En el mes de noviembre, en un procedimiento abreviado la señora fue sentenciada por robo de las computadoras. El caso es llevado por la Fiscalia Distrital de Villa Nueva. Las computadoras fueron devueltas a Interpeace. La Unidad presume que este hecho delictivo fue cometido por un grupo criminal con vinculaciones con miembros de la Policía Nacional Civil. Los últimos al darse cuenta de las vinculaciones de las organización hicieron aparecer las computadoras; sin embargo, no se hicieron investigaciones tendientes al esclarecimiento de quiénes eran los autores materiales del crimen. Véase a continuación un esquema de los casos, según deberían de aparecer en el sistema �ya sea en el Ministerio Público y/o la Procuraduría de Derechos Humanos.
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Tabla 7 Ataques sintetizados de acuerdo a casos
Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial
Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala
Acción de Reconciliación Nacional
Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala
Unidad de Acción Sindical y Popular Asociación de Estudiantes Universitarios
Trópico Verde
Sindicato de Trabajadores de la Portuaria de El Quetzal
Pedro Zamora.
Madre Selva
Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos CALDH
MNDH/Comunicarte
Asociación K´amalbé Rech Tinamit Ixim Ulew
Asociación Integral de Desarrollo Los Achiotes
Israel Carias Ortiz.
Defensoría Maya Q'eqchí
Empresa Campesina Asociativa Nueva San José Las Lágrimas.
Vicente Ramírez López.
Asociación Coordinadora Pastoral Campesina de Acompañamiento Técnico y Desarrollo Rural
Sindicato de Aeronáutica Civil
Radio Punto
Noticiero GUATEVISIÓN
Bomberos Municipales de Antigua Guatemala
Cristóbal Pérez
FEMVEMEGUA
Asociación Guatemalteca de Alcaldes y Autoridades Indígenas
Casa Alianza.
Xxx Bonifacio Lajuj Cuxum. TROCAIRE/ACSUR Las Segovias/Colectivo Poder y Desarrollo Local
Care Internacional
Asociación Amigos de Izabal ASALI.
SINTRABANSUR
Comité de Unidad Campesina Consejo de Desarrollo Comunitario Los Cimientos
Alcaldía Indígena de Nueva Santa Catarina Ixtahuacán
Consejería en Proyectos
Organización RETO del Centro Universitario del Occidente USAC
Asociación de Mujeres Ixqik
Action Aid ODHAG Plataforma Agraria SEDEM
Asociación Pro-Desarrollo y Educación Popular "La Voz de Nahualá"
COCODE Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla
Felipe Álvarez. Movimiento Social por los derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud
CERIGUA
Fundación Red de Sobrevivientes. Consorcio Actoras de Cambio SITRABI Marco Tulio Ramírez Portela
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud Hospital San Juan de Dios
Asociación de Desarrollo del Cantón de Panabaj ADECCAP.
Coordinadora de Asociaciones y Comunidades para el Desarrollo Integral de la Región Chortí,
Comité Comunitario de Desarrollo. Aldea Chagüiton, La Unión, Zacapa
Emilio García Martínez
Fidelino García López Radio Nuevo Mundo Frente Humanista. Asociación de Comité de Desarrollo CODECA
Gente Positiva.
Sindicato de Trabajadores de la Oficina de Servicio Civil de los trabajadores del Estado
COCODE, San Juan El Obispo, Sacatepéquez
Carlos Garach Periodistas del El Periódico
Fuente: Unidad de Protección de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos Además de los retos ya descritos del trabajo con el Ministerio Público, el último fue encontrarnos con la negativa de recibir una denuncia por intimidación con el
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argumento de que el hecho no es constitutivo de delito. En este sentido, dicha decisión ha sido cuestionada y con el acompañamiento de la Procuraduría de Derechos Humanos se ha vuelto a poner la denuncia. La intimidación es una conducta encuadrada dentro del tipo delictivo de la coacción. La coacción como delito se define en el artículo 214 del Código Penal de Guatemala como �Quién, sin estar legítimamente autorizado mediante procedimiento violento, intimidatorio o que en cualquier forma compela a otro, obligue a éste para que haga o deje de hacer lo que la ley no le prohibe, efectúe o consiente lo que no quiere o que tolere que otra persona lo haga, sea justo o no��. Como puede observarse para ejercer el delito de coacción este se puede hacer a través de una intimidación. Si bien es cierto no todo acto intimidatorio es una coacción, cuando un defensor o defensora de derechos humanos recibe una acción intimidatoria, el fin último de la misma es compelerlo/a u obligarlo/a a que deje de realizar su acción de defensa que no sólo no está prohibida por ley sino que está garantizada por la misma. En este sentido, las intimidaciones recibidas por los defensores y defensoras cuando se denuncian como actos de violación al derecho de defender derechos humanos por definición son actos de coacción. Es por ello que a partir de este informe hemos modificado la categorización del delito de intimidación agregándole el de coacción para que quede claro que sí se denuncia un delito y para argumentar en contra de los rechazos de oficio de las denuncias. 2. Ministerio de Gobernación � Policía Nacional Civil La labor del Ministerio de Gobernación de cara a los defensores y defensoras de derechos humanos en riesgo es de tres niveles:
• Elaboración de políticas de prevención del delito cometido en contra de este sector.
• Implementar las medidas de protección derivadas de las acciones cautelares solicitadas por jueces, fiscales, la Procuraduría de Derechos Humanos o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
• Investigar los delitos cometidos en contra de los defensores y defensoras de derechos humanos en coordinación con el Ministerio Público y bajo la dirección del fiscal a cargo del caso.
Tradicionalmente, la respuesta del Ministerio de Gobernación en esta materia había sido muy pobre. Las políticas de prevención eran inexistentes, las medidas de protección son implementadas de medida irregular cuando finalmente se consigue que se impulsen y la investigación, cuando se da, no es coordinada y muchas veces es ineficiente. Como ya se ha explicado durante este informe, esta tendencia cambió durante la gestión de Adela de Torrebiarte provocando, junto con otros factores un impacto
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importante en la disminución de las agresiones en contra de los defensores y defensoras de derechos humanos. En materia de prevención de las agresiones en contra de los defensores y defensoras de derechos humanos, el Ministerio de Gobernación impulsó dos medidas:
a) El teléfono de emergencia 110. Este servicio de emergencia que existe para todos los ciudadanos y que recibe decenas de miles de llamadas al mes generó un servicio especializado para defensores y defensoras ofreciendo una atención focalizada para sus casos. La oferta era que se iba responder a hechos de vigilancia y persecución (hechos a los que usualmente no se responde); así como informar inmediatamente a unidades especializadas de la policía ante hechos cometidos en contra de defensores como lo son el asesinato y el robo. El servicio funcionó bastante bien durante los primeros meses; pero enfrentó la desconfianza de los defensores y defensoras que aún no saben o no quieren utilizarlo. Pero en el último mes, también se reportó un incidente en donde el servicio respondió negativamente a la identificación del defensor/a que llamó.
b) La Instancia de Análisis de Ataques en contra de Defensores de Derechos Humanos en Guatemala. Este espacio de análisis del Ministerio de Gobernación, la Dirección General de Inteligencia Civil, la División de Investigación del Crimen (DINC)-PNC, las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales y del Ministerio Público � si este último acepta algún día la invitación- busca establecer los patrones que están detrás de los ataques a los defensores y defensoras para poder desarrollar políticas de prevención y eventualmente, poder apoyar los esfuerzos de investigación que se desarrollan desde las instituciones obligadas a hacerlo. Aunque el trabajo de la Instancia es incipiente y sólo se avanzó en el análisis de los patrones detrás de robos y allanamientos, el valor de la Instancia fue establecido y coadyuvó de manera importante a la respuesta ante el delito.
c) La Unidad de Derechos Humanos de la División de Investigación del Crimen (DINC) de la Policía Nacional Civil. En el marco de la reorganización y depuración de esta estructura de la Policía, la nueva gestión de la Policía estableció una unidad cuya función es responder ante los delitos cometidos contra los defensores y defensoras de derechos humanos para coadyuvar a la investigación de los casos en coordinación con los fiscales a cargo del mismo. La Unidad responde a la solicitud del Ministerio Público o puede responder a la solicitud del defensor o defensora en riesgo y allí ponerse a la disposición del fiscal a cargo de la investigación. Durante este período, la Unidad de Derechos Humanos mostró una gran capacidad de despliegue y de
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atención de casos a nivel nacional; aunque siendo un equipo pequeño que requiere de apoyo en la capacitación y en la dotación de más recursos en algunos casos los resultados iniciales prometían la ruptura de la impunidad de algunos casos. Lamentablemente, la falta de coordinación con el Ministerio Público o en algunos casos la obstrucción desde esta instancia ha dejado parado muchos de estos casos. Esto ha dejado como resultado que la labor hecha por la Unidad haya tenido el impacto preventivo de reducir el número de agresiones pero no el de reducción de la impunidad.
ACUERDO MINISTERIAL No.103-2008 GUATEMALA, 10 DE ENERO DE 2008.
LA MINISTRA DE GOBERNACIÓN
CONSIDERANDO:
Que de conformidad con el Artículo 36 de la Ley del Organismo Ejecutivo, al Ministerio de Gobernación le corresponde formular las políticas, cumplir y hacer cumplir el régimen jurídico relativo al mantenimiento de la paz y el orden público, la seguridad de las personas y de sus bienes y la garantía de sus derechos y que, para ello, tiene a su cargo, entre oras funciones, la de elaborar y aplicar planes de seguridad pública y encargarse de todo lo relativo al mantenimiento del orden público y a la seguridad de las personas y de sus bienes;
CONSIDERANDO: Que en el cumplimiento de dichas atribuciones y a efecto de prevenir los ataques contra los defensores de derechos humanos en Guatemala, es conveniente establecer una instancia, cuya función sea el análisis de los patrones en dichos ataques, en caso que estos existieran, mediante una metodología científica definida, aprobada y consensuada por las partes;
POR TANTO: En el ejercicio de las funciones que le confiere el artículo 194 literales a) y f) de la Constitución Política de la República de Guatemala y con fundamento en lo que establecen los artículos 27 literales c), f) y m) y 36 literal m) de la Ley del Organismo Ejecutivo, Decreto 114-97 del Congreso de la República,
ACUERDA: Artículo 1.- Crear la Instancia de Análisis de Ataques Contra Defensores de Derechos Humanos en Guatemala, en adelante �la instancia�, adscrita al Primer Viceministerio del Ministerio de Gobernación, cuya función será la de analizar, en contexto, los patrones de ataques en contra de observadores y defensores de derechos humanos, en caso existan, a través de una metodología científica definida, aprobada y consensuada por los integrantes de la instancia que se crea. El plazo de vigencia de esta Instancia será de cuatro años, contados a partir de la vigencia del presente Acuerdo. Artículo 2.- La Instancia estará integrada por:
a) Un representante del Ministerio de Gobernación, quien la coordinará; b) Un representante de la Dirección General de Inteligencia Civil �DIGICI-; c) El Jefe de la Unidad de Derechos Humanos, de la División de Investigación Criminal �DINC-, de
la Policía Nacional Civil; Adicionalmente, con el consentimiento de las autoridades de las respectivas entidades, la Instancia invitará a sus actividades a:
d) Un representante del Ministerio Público, específicamente de la Fiscalía de Sección de Derechos
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Humanos; e) Dos representantes de las Organizaciones de Derechos Humanos, a nivel nacional; y f) Un representante de las Organizaciones de Derechos Humanos, a nivel internacional;
Los miembros que integren la instancia deberán ser funcionarios del más alto nivel jerárquico
dentro de la institución que representen o deberán ser delegados especialmente designados para el efecto, que gocen de las facultades suficientes para tomar decisiones dentro de la institución que representen y desempeñarán sus funciones dentro de la misma manera ad honorem.
Artículo 4.- La instancia se reunirá ordinariamente una vez a la semana y, en forma extraordinaria, cuando sea necesario, previa convocatoria efectuada por quien la coordine. Sus dictámenes o informes serán aprobados por consenso. Artículo 5.- El quórum de presencia para que una sesión de la instancia sea considerada válida, será la mitad más uno de los integrantes de la misma. Artículo 6.- La instancia deberá emitir las disposiciones que permitan regular su funcionamiento operativo, asignando funciones internas estrictamente de naturaleza administrativa propia, dentro del término de sesenta días, contados a partir de la vigencia del presente acuerdo. Artículo 7.- El presente acuerdo empieza a regir al día siguiente de su publicación en el Diario de Centro América.
NOTIFÍQUESE Adela Camacho de Torrebiarte
Ministra de Gobernación
Ezequiel Rodríguez Viceministro Administrativo Ministerio de Gobernación
En cuanto al dilema enfrentado por el Ministerio Público sobre quién es defensor y si el defensor merece la atención de la unidad especializada; la forma de enfrentar esta pregunta por parte de las autoridades fue más pragmática y de acuerdo a los compromisos institucionales, legales e internacionales. La obligación del Estado es proteger a un ciudadano en riesgo, no importa su condición. Ante la comisión de un delito, la Policía Nacional Civil tiene la obligación de investigar y de actuar por lo que la pregunta sobre el origen del delito se resolverá durante la investigación y es una que hay que hacer. Si el defensor dice que es defensor; eso es suficiente. Si en el camino se prueba que no lo es o que ha engañado, en el futuro no se atenderá su solicitud de emergencia (eso en el caso del 110). Como puede observarse, las medidas desarrolladas son iniciativas positivas que aún tienen que fortalecerse y continuar para mostrar su real potencial en la ruptura de la impunidad. Aunque tardías en la gestión de Oscar Berger, la existencia de la mismas muestran que si hay voluntad política, el Estado y las fuerzas de seguridad si pueden desarrollar acciones tendientes a la disminución de las agresiones en contra de los defensores y defensoras de derechos humanos.
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A pesar de estos avances, hay que mencionar que las medidas de protección brindadas por la Policía en cumplimiento de las medidas cautelares de diverso tipo se mantuvieron bastante irregulares y padeciendo de las mismas problemáticas que antes. 3. Comisión Presidencial de Derechos Humanos La Comisión Presidencial de Derechos Humanos (COPREDEH) es la responsable de velar por la implementación de las medidas cautelares y provisionales ordenadas a favor de los y las defensoras de derechos humanos por la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto le llevó a crear una unidad especializada para la gestión de medidas para este sector, así como para sujetos procesales en el año 2004 como una de las primeras medidas de la gestión de Frank La Rue. Por años se estuvo debatiendo con esta Unidad la posibilidad de generar un �Catálogo de Medidas de Protección para defensores, periodistas, operadores de justicia, sujetos procesales y otros.� A mediados de este año un catálogo fue propuesto por la COPREDEH pero no se pudo concretar una discusión con sociedad civil, Ministerio de Gobernación y la Procuraduría de Derechos Humanos. En buena parte, la sociedad civil planteó reservas ante la iniciativa por ser tan amplia y por la inconsistencia del cumplimiento de las medidas cautelares tal como se estaban dando; así como la dificultad para que se estableciera un diálogo franco y abierto sobre el tema entre las autoridades como el que se estaba dando en el Ministerio de Gobernación. Sin embargo, lo avanzado en dicho Catálogo es muy valioso y debe ser retomado por la gestión de la nueva Secretaría Presidencial de Derechos Humanos y de la Paz (SEPREDEHPAZ). Durante el año 2007, la COPREDEH presentó en diciembre, el Plan de Acción Nacional en Derechos Humanos (2007 � 2017) en el marco del cumplimiento de la Convención de Viena sobre los Derechos Humanos de 1995 y la obligación de realizar un plan de este tipo. En dicho plan dividido por planes operativos sectoriales, existe uno sobre derechos de los defensores de derechos humanos, víctimas de delito o de violaciones de derechos humanos. En este plan, en el Objetivo 7, el plan establece que el Estado habrá de �Garantizar los derechos de los defensores de derechos humanos, víctimas del delito o de violaciones de derechos humanos ocurridas por el conflicto armado interno y testigos.�
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Para la consecución de dicho objetivo, el Estado establece para los próximos diez años las siguientes metas16:
a) Garantizar que los defensores y defensoras de derechos humanos, realicen su labor en condiciones de seguridad, apegándose el Estado de Guatemala a los Convenios, Convenciones y Tratados Internacionales en materia de Protección de los Derechos Humanos y de los Defensores y Defensoras de Derechos Humanos.
b) Garantizar que los jueces, abogados, peritos y otros sujetos procesales no sean intimidados, amenazados para lograr el combate a la impunidad y lograr la justicia.
c) Reducir el índice de ataques a grupos vulnerables, fomentando el respeto a las personas individuales y jurídicas que se dedican a la defensa de los Derechos Humanos.
d) Hacer conciencia en los empleados y funcionarios públicos sobre el papel de los defensores en la construcción de la democracia.
e) Medidas de seguridad para las víctimas de alguna violación a los derechos humanos por el conflicto armado.
f) Fortalecer el Programa de Protección de Testigos (ampliar la ley, o hacerle reformas).
En el Anexo II, se encuentra la matriz correspondiente a las acciones diseñadas para la consecución de estas metas. Como puede observarse en dicho anexo, el gobierno se compromete a acciones de dignificación y promoción de la acción de los defensores y defensoras así como de las víctimas como parte de los mecanismos de protección. Este plan tiene acciones valederas y valiosas que de realizarse pueden ser un buen complemento a las medidas asumidas por el Ministerio de Gobernación y al impulso del Catálogo y que junto a la persecución penal podrían reducir significativamente el riesgo en el que viven los defensores y defensoras. El reto es que la SEPREDEHPAZ impulse las medidas allí comprometidas. 4. Procuraduría de Derechos Humanos La Procuraduría de Derechos Humanos apoyó este año a los defensores y defensoras de derechos humanos en casos puntuales, tanto en la denuncia como en la mediación y solución de conflictos. Sin embargo, a pesar de lo solicitado en años anteriores aún no genera un espacio especializado de atención a casos de defensores y defensoras lo que hace que se disperse la atención de los mismos y que sea muy complejo establecer vínculos con la organización. En muchos casos, los defensores y defensoras de derechos humanos recurren a
16 Para ver la versión completa del plan dirigirse a la página web de la COPREDEH www.copredeh.gob.gt.
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contactos personales dentro de la institución para resolver problemas lo que implica que las respuestas ante la problemática pueden ser diferenciadas. Independientemente de la ausencia de una defensoría o unidad de análisis que monitoree los casos que recibe la institución a nivel nacional, la institución no ha generado desde el año 2005 un informe específico sobre la situación de defensores y defensoras de derechos humanos. Sin embargo, este año el Procurador de Derechos Humanos emitió una resolución en donde se pronunció de manera conjunta sobre una serie de hechos denunciados por defensores y defensoras de derechos humanos entre septiembre del 2006 y mayo del 2005 concluyendo la existencia de la violación del derecho de defender derechos humanos. Dicha resolución está vinculada a las denuncias en torno a la existencia de una lista para la vigilancia y agresión de defensores y defensoras que había sido realizado en la Guardia Presidencial. La resolución del Procurador de Derechos Humanos tiene un valor en tanto que utiliza el canal legal de pronunciamiento de la institución y sanciona al Estado de Guatemala por violar las garantías de los defensores y defensoras de derechos humanos. Esta práctica debería extenderse a todas las denuncias de defensores y defensoras, ya que la mayor parte de defensores y defensoras que someten denuncias rara vez reciben la resolución de las mismas con una investigación que les permita aportar hacia el esclarecimiento de los hechos. El resultado de esta situación ha sido que los defensores y defensoras de derechos humanos cada vez menos denuncian en la Procuraduría de Derechos Humanos. Esta situación no es beneficiosa para el sector y creemos que debe superarse esta situación de desgaste de relación para encontrar el rol en la protección de defensores y defensoras que debe jugar la institución del defensor del pueblo.
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E. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES El año 2007 representa un año de inflexiones en la situación de defensores y defensoras de derechos humanos en Guatemala. El tiempo dirá si fue sólo un espejismo o si realmente se está empezando a vencer las barreras de la intolerancia y la ausencia de voluntad política. El año definitivamente no empezó con este tono positivo, lo concluye así por lo que es una serie de factores: • Una comunidad internacional que toma la decisión de actuar colectivamente,
en público y sin descansar, por hacer que se cumplan los compromisos internacionales por la protección de las personas e instituciones que cumplen con el deber y el derecho de promover y defender derechos humanos.
• Una Ministra de Gobernación con voluntad política de impulsar la agenda de seguridad democrática en un clima adverso y dentro de este reto, se comprometió a garantizar la seguridad de los defensores y defensoras. Esto lo hizo no sólo porque la Ministra venía de la sociedad civil y de la comunidad de defensores y defensoras sino también porque sus principales aliados para impulsar los cambios eran la sociedad civil.
• La aprobación de la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala que dio el mensaje a una serie de actores más locales que se escudan en la impunidad de que las cosas pueden cambiar. En ese marco, la oportuna presencia de la policía o de la presión de la comunidad internacional trae la amenaza de la posibilidad de la investigación de la CICIG.
• La insistente lucha por el fin de la impunidad en torno a los casos de defensores y defensoras y la protección de los mismos que los distintos sectores del movimiento social y de derechos humanos tienen.
Dos actores están ausentes en esta ecuación que deben integrarse para coadyuvar que las barreras efectivamente se venzan: el Ministerio Público y la Procuraduría de Derechos Humanos. Particularmente, la Fiscalía General debe corregir su rumbo, de lo contrario todo lo actuado puede ser un rotundo fracaso. Para este año las recomendaciones son: Ministerio Público 1. Evaluar el funcionamiento de la Fiscalía de Sección de Derechos Humanos y
revisar la metodología de investigación que se implementa en la Unidad de Delitos contra Activistas de Derechos Humanos, Operadores de Justicia, Sindicalistas y Periodistas.
2. Desarrollar una política de investigación criminal en materia de delitos en contra de defensores y defensoras de derechos humanos y difundirla a todos los fiscales.
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3. Evaluar el desempeño de los agentes fiscales y auxiliares fiscales de la Unidad de Delitos contra Activistas de Derechos Humanos para establecer si deben o no seguir en su función.
4. Definir la participación en la Instancia de Análisis de Ataques en contra de Defensores de Derechos Humanos en Guatemala
Ministerio de Gobernación 1. Mantener y afianzar el trabajo de la Instancia de Análisis de Ataques en
contra de Defensores de Derechos Humanos en Guatemala 2. Fortalecer la Unidad de Derechos Humanos de la División de Investigación
del Crimen de la Policía Nacional Civil. 3. Revisar el mecanismo con el que se brindan las medidas cautelares y mejorar
las medidas de protección. 4. Apoyar el establecimiento de un �Catálogo de medidas de protección de
defensores.� Secretaría Presidencial de Derechos Humanos y de Paz 1. Facilitar la visita de la Representante Especial del Secretario General de la
ONU para Defensores de Derechos Humanos 2. Desarrollar un �Catálogo de medidas de protección de defensores y
defensoras� que contenga el criterio de los distintos organismos del Estado así como de la sociedad civil.
3. Garantizar el impulso del objetivo 7 sobre protección de defensores del Plan Nacional de Derechos Humanos.
4. Establecer mecanismos de comunicación ágiles con defensores y defensoras de derechos humanos en el ámbito local para agilizar mecanismos de protección en caso de emergencia.
Procuraduría de Derechos Humanos 1. Establecer un espacio dentro de la institución que canalice las solicitudes y
denuncias de defensores y defensoras de derechos humanos y que sirva de interlocutor para las distintas iniciativas de políticas públicas.
2. Realizar las investigaciones necesarias en las denuncias sobre violación al derecho a defender derechos humanos para resolver en coherencia para resolver rápida y oportunamente los casos individuales.
3. Capacitar a investigadores para el desarrollo de investigaciones de contexto y de patrones que permitan identificar el origen de las violaciones de derechos humanos.
Defensores y Defensoras de Derechos Humanos 1. Seguir impulsando las medidas de seguridad para sus organizaciones como
análisis de riesgo y planes de seguridad para gestionar su autoprotección.
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2. Utilizar los mecanismos generados desde el Estado para la protección y, en el caso que desde ellos se ponga en riesgo la seguridad del defensor o defensora, documentarlo y denunciarlo.
Medios de Comunicación 1. Dar seguimiento a la situación de defensores y defensoras de derechos
humanos, en particular cuando un defensor o defensora denuncia una agresión.
Comisión de Investigación contra la Impunidad 1. Establecer mecanismos de comunicación entre la CICIG y los defensores y
defensoras de derechos humanos para la canalización de casos que puedan entrar dentro de su mandato.
2. Coadyuvar a la Fiscalía de Derechos Humanos en el impulso de las investigaciones sobre casos de defensores y defensoras de derechos humanos; particularmente, en el desarrollo de una política de investigación criminal específica.
3. Apoyar al Estado en el establecimiento de mecanismos de protección para defensores y sujetos procesales garantizando la participación de defensores y defensoras de derechos humanos con experiencia en la materia.
Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos 1. Continuar monitoreando la situación de los defensores y defensoras de
derechos humanos en Guatemala. 2. Establecer un apoyo técnico hacia la Procuraduría de Derechos Humanos, el
Ministerio Público, el Ministerio de Gobernación, la SEPREDEHPAZ y la sociedad civil en esta materia en donde se generen lazos de comunicación y vínculos de confianza entre las instituciones y organizaciones.
Comunidad Internacional 1. Fortalecer el trabajo del grupo filtro sobre defensores y defensoras de
derechos humanos. 2. Explorar más mecanismos para la respuesta ante agresiones de defensores
como los que se encuentran en el Manual sobre las Directrices sobre Defensores de Derechos Humanos de la Unión Europea producido por el Reino de los Países Bajos.
3. Apoyar a las organizaciones de derechos humanos en el establecimiento de planes de seguridad y en el establecimiento de las medidas allí identificadas.
4. Acompañar el impulso de las políticas públicas orientadas a la protección de defensores y defensoras de derechos humanos.
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ANEXO I
Características de la Sistematización de Ataques contra Defensores y Defensoras de Derechos Humanos
SOBRE LA BASE DE DATOS Entre el año 2000 y 2001, la sistematización de ataques en contra de defensores de derechos humanos se realizaba de una forma muy empírica a través de la recopilación de las denuncias al MP o PDH, los comunicados de prensa y acciones urgentes. La información se ordenaba en un documento de word lo que implicaba que cada vez que se tenía que rendir informe había que contar los casos y esto generaba imprecisiones en cada cuenta. Era una aspiración poder trasladar la información a una base de datos que permitiera la guarda de la información y su sistematización. Cuando se planteó la necesidad de ordenar la información sobre ataques a los defensores de cara al trabajo de la Comisión para la Investigación sobre Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad se evaluó la necesidad de ampliar los campos a sistematizar para que pudieran observarse patrones de actuación propios de los Aparatos Clandestinos de Seguridad. De forma que se desarrolló una ficha de análisis de caso que contó con la revisión de expertos en investigación y en temas de inteligencia militar y que permite la evaluación de patrones que hasta el momento no se habían estudiado. La base de datos se desarrolló en el programa de Microsoft Office: Access, que puede extrapolarse hacia Excel para desarrollar una serie de tablas dinámicas que facilitan el análisis de la información. La base tiene 115 entradas y 25 de estas entradas están asociadas a su vez a tablas de información fija. La idea fue generar suficientes campos de información estandarizada que permita el análisis de patrones y la recolección de información en este trabajo de análisis y ante cualquier posible requerimiento que se pueda hacer de la información. Es así como surge la base de datos que sustenta el análisis de información que año con año sirve para la elaboración del informe de la Unidad. El proceso de verificación de casos y traslado a la ficha que nutre la base de datos ocurre desde el año 2003 que es cuando la base de datos ya validada opera en normalidad. La ficha ha sufrido dos alteraciones menores en el 2006 y en el 2007 en función de mejorar los criterios de ingreso de la información; así como la facilidad de manejo por parte de las verificadoras. A continuación se explican los criterios establecidos para la estandarización de algunas categorías de la base de datos de ataques a defensores de derechos humanos.
1. Tipo de Defensor Aunque la categoría de defensores/as de derechos humanos incorpora a toda persona u organización que promueve o defiende uno o más derechos humanos, existe aún en Guatemala una resistencia a considerarse defensor/a de derechos humanos. Es por ello que va a parecer extraño que en esta sistematización se incorporen categorías como los campesinos, desarrollo, periodistas y sindicalistas. Sin embargo, por su actividad son defensores de derechos humanos. A continuación se encuentran la tabla que contiene los tipos de defensores/as que son considerados en la base de datos:
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TABLA 1 Tipo de Defensor/a
Acompañantes NA Ambientalistas Niñez y juventud Campesino Otro Desarrollo Periodista Diferencia sexual Religioso Gubernamental Sacerdote maya Indígena Sindicalista Justicia Verdad Mujer
Para mayor claridad en el manejo de estas categorías fijas se hace una explicación breve de cada una de estas: a. Acompañante: es considerado un defensor/a de derechos humanos el miembro
de una organización internacional que se dedica al acompañamiento de organizaciones nacionales; sea esto a través de actividades de protección no violenta o de cooperación internacional.
b. Ambientalista: es considerado un defensor/a de derechos humanos el miembro de una organización de medio ambiente, o el trabajador de una institución protectora del medio ambiente gubernamental o la organización ambientalista. También es considerado un defensor/a dentro de esta categoría las comunidades u organizaciones comunitarias cuya actividad principal es la defensa de su ambiente.
c. Campesino: es considerado un defensor/a de derechos humanos el campesino que es miembro de la junta directiva de una organización que está luchando por el derecho a la posesión, el acceso o la regularización de la tierra. También es considerado un defensor campesino el miembro de las coordinadoras regionales o nacionales de organizaciones campesinas.
d. Desarrollo: es considerado un defensor/a de derechos humanos el miembro directivo de una organización local de desarrollo, de una organización que tiene dentro de sus objetivos la promoción del desarrollo y sus empleados.
e. Diferencia Sexual: es considerado un defensor/a de derechos humanos la organización, los empleados de la misma y/o el miembro activo de una organización de defensa del derecho a la diferencia sexual y de promoción al derecho a la salud. Trasvestis y trabajadores (as) del sexo que son parte activa de las actividades de promoción de la protección ante el SIDA son consideradas defensores de derechos humanos.
f. Gubernamental: son considerados defensores/as de derechos humanos las organizaciones de gobierno o estado y sus empleados, cuyo objeto sea la promoción y defensa de los derechos humanos. En este sentido, la sistematización ha cubierto empleados de la Procuraduría de Derechos Humanos, la Comisión Presidencial de Derechos Humanos y la Fiscalía Especial de Derechos Humanos que, por la fragilidad del estado, se convierten en enemigos de factores de poder a lo interno del país.
g. Indígena: son considerados defensores/as de derechos humanos los directivos de organizaciones que se organizan para la defensa y promoción de los derechos indígenas, las organizaciones consideradas indígenas y sus empleados, y los líderes indígenas que llevan la defensa y promoción de los derechos indígenas.
h. Justicia: son considerados defensores/as de derechos humanos las organizaciones y sus empleados que tienen como objeto de actividad la reforma del sistema de justicia y seguridad o que, entre sus actividades, desarrollen acciones para el enjuiciamiento de violadores de derechos humanos y el fin de la impunidad. En esta última caracterización pueden encontrarse organizaciones que, además, realizan actividades de
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desarrollo o promoción y defensa de los derechos indígenas, por ejemplo, pero que el ataque está claramente vinculado a sus acciones en torno a la búsqueda de la justicia.
i. Mujer: son consideradas defensoras/as de derechos humanos las organizaciones, sus empleadas y/o miembros que promueven y defienden los derechos de las mujeres.
j. Niñez y Juventud: son considerados defensores/as de derechos humanos las organizaciones y sus empleados que defienden o promueven los derechos de la niñez y la juventud.
k. Otro: son aquellos defensores/as cuya actividad de trabajo no se puede enfocar en ninguna de las categorías anteriores por dedicarse a la defensa de derechos humanos muy particulares, como puede ser la defensa del consumidor, pero que su desagregación no es relevante. Aquí se encuentran defensores de derechos humanos que se posicionan en contra de la corrupción de forma individual y académicos atacados.
l. Periodista: son aquellos defensores/as de derechos humanos que, en su labor periodística, cubren la fuente de derechos humanos, hacen investigaciones en materia de derechos humanos o ante la situación de cierre de espacios para la libertad de expresión, su ejercicio de cobertura de la corrupción y las violaciones de funcionarios del estado se convierte en una defensa a los derechos humanos.
m. Religioso: son aquellos religiosos/as que en su actividad pastoral se comprometen con las luchas por los derechos humanos de sus feligreses y se convierten en promotores o defensores/as de los derechos humanos. Por ejemplo, los sacerdotes que acompañan a las organizaciones campesinas.
n. Sacerdote Maya: por la naturaleza excluyente y racista del estado guatemalteco, el ejercicio de la espiritualidad maya fue condenado moralmente por la sociedad y los guías fueron perseguidos legalmente a través de la imputación de delitos de usurpación cuando utilizaban los lugares sagrados ubicados en propiedad privada. El ejercicio de la espiritualidad maya en sí mismo ha sido considerado un acto de defensa del derecho humano al ejercicio religioso.
o. Sindicalista: son defensores/as de derechos humanos los dirigentes que encabezan sindicatos o los sindicalistas que laboran para las coordinaciones sindicales.
p. Verdad: son defensores/as de derechos humanos las personas, organizaciones y sus empleados y directivos de organizaciones locales que orientan su actuación a la promoción e investigación en torno a la verdad o memoria histórica del enfrentamiento armado interno. Aquí tenemos a los que divulgan el informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico �CEH-, las víctimas que trabajan por el resarcimiento y las exhumaciones. Esta categoría fue diferenciada de la más general de justicia, ya que los defensores aquí incluidos no se miraban como defensores de la justicia.
Aunque en todas las categorías mencionadas anteriormente no se evidencia la situación de defensores/as de derechos humanos no organizados, existen algunos casos en que estos se ven así.
2. Objeto de Actividad En esta categoría se establece quién en lo individual o en lo institucional se ve afectado por las actividades del defensor de derechos humanos. Esto establece una posible línea de investigación sobre el responsable del ataque y no la responsabilidad directa del ataque. A continuación se encuentra la tabla de las categorías predefinidas como objeto de actividad.
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TABLA 2 Objeto de Actividad del Defensor/a
Discriminación racial Otros Ejército de Guatemala Periodismo Empresarios/Finqueros PNC Gobierno Poder Local Grupos clandestinos Ríos Montt Investigaciones varias Violaciones a los DDHH
En Otros está incorporada la situación cuando el objeto de la actividad son personas en lo particular o grupos muy específicos, como niñez, medio ambiente o travestis. Violaciones a los Derechos Humanos es cuando las actividades son tan dispares que involucran a todo el tipo de actores en las violaciones a los derechos humanos y no es posible identificar un solo grupo. 3. La tipificación de la violación de derechos humanos Los ataques a defensores de derechos humanos han sido categorizados en seis grandes tipos:
! Violación al Derecho a la Vida ! Violación al Derecho a la Integridad Personal ! Violación al Derecho a la Libertad y Seguridad ! Violación al Derecho a la Propiedad Privada ! Violación al Derecho a la Libre Emisión del Pensamiento ! Violación al Derecho a la Justicia
Esta categorización toma en cuenta la clasificación de violaciones que hiciera MINUGUA para la verificación. Estos grandes tipos de violaciones están, a su vez, divididas en delitos que son cometidos en contra de defensores de derechos humanos que al ser cometidas, por acción u omisión del estado, se convierten en violaciones a los Derechos Humanos. Esto a excepción de cuando se realiza una denuncia judicial, un acto de vigilancia, persecución o intimidación que no constituyen delitos. A continuación, un cuadro que establece los hechos/delitos por tipo de violación a los derechos humanos.
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TABLA 3 Tipo de Delitos/hechos por Violación
Aunque la mayoría de categorías se explican en sí mismas, algunas pueden prestarse a equívocos; es por ello que se hace necesario aclarar alguna de las diferencias. La amenaza en persona se diferencia de la intimidación-coacción en el sentido que en la primera media el intercambio verbal entre victimario y víctima, en donde el primero con claridad le indica al segundo que le va a matar él o la persona a quien sirve. En la intimidación el victimario no se identifica y, a través de gestos como manipulación de armas o mensajes que son interpretados por la víctima, hace ver que será asesinado si no deja lo que hace. Otra diferencia que vale la pena señalar es la que existe entre allanamiento y daños a la propiedad. El allanamiento es un acto en el que victimarios desconocidos entran a las instalaciones de una organización, para revisar y sustraer material físico o informático de utilidad para la misma. El daño a la propiedad es cuando durante el allanamiento se queman las instalaciones o se destruye instalaciones de la organización no vinculadas con la acción de ingreso de los victimarios. Asimismo, la denuncia judicial aparece como consecuencia de dos violaciones de derechos humanos, la primera es la que ocurre como consecuencia de la libre expresión y una denuncia por difamación. La segunda es la que ocurre en contra de los defensores que exigen que se aplique la justicia, y se encuentran con que se abre un proceso en su contra. 4. Indicios de planificación y operativo En el análisis de patrones para establecer la existencia de cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad funcionando, se debe determinar la existencia de ciertos signos
Violación Delitos o subtipos de violaciones Asesinato Intento de Asesinato
Derecho a la Vida
Desaparición Forzada Tortura Violación Sexual
Derecho a la Integridad Personal
Violencia Sexual Secuestro Intento de Secuestro Amenazas Escritas Amenazas Telefónicas Amenazas en persona Vigilancia Persecución
Derecho a la Libertad y Seguridad
Intimidación/coacción Allanamiento Derecho a la Propiedad Daños a la Propiedad Difamación de Funcionario Denuncia Judicial
Derecho a la Libre Expresión
Violación a la libertad de información Derecho de Justicia Denuncia Judicial
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propios de la existencia de un operativo de inteligencia diseñado en el estilo de la contrainsurgencia. Este análisis se hace presuponiendo que una parte de los ataques vienen de estos grupos que están formados o dirigidos por militares en activo o en retiro, y que han tenido formación en inteligencia. A continuación, una breve descripción sobre los signos que se buscan al analizar un ataque:
1. Vigilancia previa: es cuando se evidencia la existencia de vigilancia en el lugar de los hechos días y/u horas antes del ataque. Esta vigilancia puede ser a través de indigentes o desconocidos.
2. Avisos previos: es cuando antes del ataque, sea horas, días o semanas previas, la persona ha recibido amenazas o ha sido objeto de ataques de menor gravedad.
3. Vigilancia en el lugar: es cuando se puede establecer que durante el ataque hay personas observando los alrededores, ya sea para garantizar el escape o la efectividad.
4. Múltiples vehículos: cuando, para cometer el ataque, se utiliza más de un vehículo, lo que implica el uso de infraestructura más compleja como lo es mecanismos de comunicación y cobertura para más de un vehículo.
5. Vigilancia posterior: es cuando se puede observar vigilancia en el momento en que el ataque se está denunciando y se están conduciendo las actividades de investigación particular, policial o de la PDH. Está diseñada para verificar quién se mueve y qué información se posee.
6. Entorpecimiento de la investigación posterior: éste se señala cuando hay evidencia de que alguien, sea agente de investigación de la PNC o del MP o un desconocido, genera acciones para adulterar la escena del crímen, confundir a los testigos o perder evidencia.
7. Amenazas de testigos: cuando testigos del hecho son amenazados para que no faciliten información que permita la identificación de los victimarios.
5. Patrón A través de estos años se pudo evidenciar que no todos los ataques son iguales ni tienen la misma fuente, pero que corresponden a una serie de patrones. Estos patrones fueron claramente identificados en marzo del 2003, cuando se revisaron los casos a la luz de la experiencia y con una visión de tipología. Seguramente la tipología es imperfecta, pero refleja un intento de agrupación de ataques de acuerdo a una serie de criterios que a continuación se señalan:
a) Ataque de la base operativa: es cuando el ataque se realiza en contra de empleados de las organizaciones de derechos humanos, usualmente personal administrativo o técnico. Busca inmovilizar el trabajo de la organización y quitarle el respaldo a los dirigentes. En otras palabras, no atacan al dirigente sino a sus empleados, lo que le genera una cantidad de situaciones que debe resolver y que le van inhibiendo de su acción pública y política. Por ejemplo, el asesinato de Guillermo Ovalle �contador de la Fundación Rigoberta Menchú Tum- el 29 de abril del 2002 y secuestro y tortura de Domingo Yaxón �mensajero de CONAVIGUA- el 03 de mayo del 2002.
b) Ataque de múltiple objetivo/simbólico: es cuando el ataque se comete en contra de un defensor o una organización que, por sus actividades políticas y de coordinación, usualmente están relacionadas con más de tres diferentes sectores de la comunidad de derechos humanos o de la sociedad en su conjunto. De esta forma, el ataque no solamente satisface la necesidad de callar o golpear al defensor u organización por lo que le afecta al interesado, sino también permite mandar un mensaje de advertencia y cautela a varios sectores. Estos ataques hacen difícil la investigación, porque el atacado no puede identificar por qué lo atacan. Por ejemplo, secuestro, intimidación y tortura en contra de Jose
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Rubén Zamora - Director del El Periódico- y su familia, el 26 de junio del 2003, que golpeó tanto a los periodistas como al sector de derechos humanos y a los partidos políticos que él apoya.
c) Ataque de desarticulación/paralización: es cuando se ataca sistemáticamente a una organización o un defensor, para obligarlo a dejar la investigación, la denuncia o la lucha en general. Estos ataques se caracterizan por su saña y por la generación de mecanismos de terror. El ejemplo clásico de este tipo de ataques son los cinco allanamientos en el período de 16 meses en contra de CEIBAS. En torno de los allanamientos hubo una serie de amenazas, intentos de secuestro, atentados y mensajes que obligaron a la asociación a cerrar.
d) Ataque de poder local/enemigo específico: es cuando el ataque puede ser rastreado y llegar al alcalde, ex comisionado militar, ex PAC o a las milicias de un finquero específico. En este sentido el ataque tiene posibilidad de investigarse, ya que no operan lógicas nacionales sino muy locales que se han articulado para tratar de callar al defensor o la organización.
e) Ataque para obtener información: es cuando con el ataque se sustrae información necesaria para realizar inteligencia, ya sea sobre la organización o el defensor o sobre los beneficiarios de la organización. Este tipo de ataques define la mayor parte de los allanamientos.
f) Ataque de descabezamiento: es cuando el ataque se realiza contra el líder o dirigente de la organización. El objeto es acabar con la amenaza que representa esta persona para los intereses en juego.
g) Ataque por aprovechamiento: es cuando el ataque se da en el marco de una oleada de ataques en contra de defensores de derechos humanos o de ingobernabilidad nacional, que permite que se interprete incorrectamente el móvil del ataque. Estos ataques usualmente tienen móviles personales, pero se benefician de la inacción del estado y de la impunidad reinante. Por ejemplo, el asesinato de Diego Xon en Chichicastenango, el 5 de abril de 2003, que respondió a un ajuste de cuentas, pero que fue interpretado como un ataque a defensor de derechos humanos. En este caso se utilizaron estructuras estatales para cometer el asesinato.
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rídic
as q
ue se
de
dica
n a
la d
efen
sa d
e lo
s D
erec
hos H
uman
os.
Cat
álog
o de
med
idas
de
se
gurid
ad y
pro
tecc
ión
ap
roba
do e
impl
emen
tánd
ose.
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ue e
l MP
inve
stig
ue
efic
ient
emen
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s am
enaz
as y
ac
cion
es e
n co
ntra
de
or
gani
zaci
ones
, etc
. Y
co
ordi
naci
ón c
on q
uien
es
pres
tan
serv
icio
s de
prot
ecci
ón.
Que
se p
rest
en
aten
cion
es a
decu
adas
a c
ada
luga
r a la
s vic
timas
de
las
área
s ru
rale
s y á
reas
ais
lada
s as
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o a
las d
e la
s áre
as
urba
nas y
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ridad
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s gr
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en
co
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ione
s vu
lner
abili
dad,
com
o la
s m
ujer
es e
n el
áre
a ur
bana
y
rura
l.
Se g
aran
tiza
la ju
stici
a en
G
uate
mal
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ra e
vita
r que
las
víct
imas
acu
dan
a m
ecan
ism
os
inte
rnac
iona
les.
La p
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nció
n a
los a
taqu
es a
lo
s gru
pos v
ulne
rabl
es re
duce
el
gast
o de
l Esta
do e
n br
inda
rle
prot
ecci
ón a
las v
íctim
as y
re
duce
las
inve
stig
acio
nes d
e lo
s he
chos
en
cont
ra d
e es
tos
grup
os.
La p
lena
libe
rtad
de a
ctua
r de
ntro
del
mar
co ju
rídic
o de
l pa
ís, m
ejor
ando
así
la c
alid
ad d
e vi
da d
e la
s per
sona
s.
Esta
blec
er p
riorid
ades
de
parte
de
los
Órg
anos
Esta
tale
s res
pons
able
s di
rigid
os a
opt
imiz
ar y
adm
inis
trar
los r
ecur
sos a
decu
adam
ente
. Es
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pol
ítica
s pre
vent
ivas
con
el
obj
eto
de e
vita
r los
ata
ques
a lo
s gr
upos
vul
nera
bles
. A
ctua
lizac
ión
perió
dica
de
los
regl
amen
tos i
nter
nos d
e in
stitu
cion
es
del E
stado
. D
ar a
con
ocer
a n
ivel
nac
iona
l a
Trav
és d
e ta
llere
s e in
clui
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cá
tedr
a en
Der
echo
s Hum
anos
den
tro
del p
ensu
m d
e es
tudi
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dos l
os
estu
dian
tes a
todo
niv
el, f
omen
tand
o el
resp
eto
a po
r los
mis
mos
.
UD
EFEG
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-Gua
tem
ala
Pági
na 1
07
Forta
lece
r el P
rogr
ama
de
Prot
ecci
ón d
e Te
stig
os
(am
plia
r la
ley,
o h
acer
le
Refo
rmas
).
Prot
ecci
ón d
e la
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los
test
igos
. Es
clar
ecim
ient
o de
ca
sos d
e vi
olac
ione
s de
de
rech
os h
uman
os.
Una
mej
or p
rote
cció
n a
los
test
igos
de
caso
s im
porta
ntes
. Re
visi
ón d
e la
con
cepc
ión
del
Prog
ram
a pa
ra a
dapt
arlo
a la
s nue
vas
circ
unsta
ncia
s. A
umen
to d
e Pr
esup
uest
o.
Búsq
ueda
de
coop
erac
ión
inte
rnac
iona
l.
Min
iste
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úblic
o O
rgan
ismo
Judi
cial
O
rgan
ismo
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utiv
o O
rgan
ismo
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slat
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dici
al.
Met
as
A
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nes
R
esul
tado
s E
stra
tegi
as
Inst
ituci
ones
In
volu
crad
as
Hac
er c
onci
enci
a en
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empl
eado
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nario
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blic
os s
obre
el p
apel
de
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defe
nsor
es e
n la
con
struc
ción
de
la d
emoc
raci
a.
Difu
sión
de
la im
porta
ncia
del
pa
pel d
e lo
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enso
res.
Que
los f
unci
onar
ios y
em
plea
dos p
úblic
os n
o se
an u
na
fuen
te d
e at
aque
con
tra lo
s de
fens
ores
.
Diá
logo
s e in
terc
ambi
o de
vis
ione
s en
tre fu
ncio
nario
s y d
efen
sore
s.
Las m
ismas
.
Med
idas
de
segu
ridad
par
a la
s ví
ctim
as d
e al
guna
vio
laci
ón a
lo
s de
rech
os h
uman
os p
or e
l co
nar
mad
o.
Dar
pro
tecc
ión
a lo
s A
men
azad
os.
Redu
cir e
l rie
sgo
de a
taqu
es
cont
ra e
llos.
La
s víc
timas
se se
ntirá
n re
sarc
idas
en
una
parte
.
Ace
lera
r los
pro
ceso
s jud
icia
les p
ara
gara
ntiz
ar q
ue lo
s res
pons
able
s de
las
viol
acio
nes d
el p
asad
o se
an
cast
igad
os.
Des
istir
de
cual
quie
r exp
resi
ón o
ac
ción
que
pue
da e
mpo
dera
r a lo
s vi
olad
ores
de
dere
chos
hum
anos
. D
ar a
con
ocer
la v
erda
dera
hist
oria
de
Gua
tem
ala,
par
a qu
e el
con
ocim
ient
o de
la m
ism
a se
un
elem
ento
de
disu
asió
n pa
ra q
uien
es fu
eron
vi
olad
ores
de
dere
chos
hum
anos
.
Las m
ismas
.
UDEFEGUA-Guatemala
Página 108
Este informe es responsabilidad de la Unidad de Protección de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos y fue escrito por:
Claudia Virginia Samayoa Con la colaboración del trabajo en equipo de:
Erenia Vanegas Graciela Azmitia Jabier Zabala
Luisa Pineda (Diagnóstico del Ministerio Público) Con el apoyo en la revisión de:
Ruth del Valle Edda Gaviola
Reconociendo el apoyo de las siguientes colaboradoras de la Unidad en distintos momentos del año:
María Martín Ana Gladis Ollas
Zoe Betts Durante el año recibimos el acompañamiento que brindó seguridad de las Fuerzas
Noviolentas de Paz y queremos extender nuestro agradecimiento a: Betsy, Ann, Penn, Bego, Vitto, Margarita, Bilarmina y Tiago
Enero, 2008
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