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XXVII Congreso Nacional de Trabajo social. 11, 12 y 13 de septiembre de 2014
INTERVENCIÓN DEL TRABAJO SOCIAL ANTE LOS PROCESOS DE RENOVACIÓN
URBANA EN EL BARRIO DE CONSTITUCIÓN.
Eje Temático: Intervención profesional
Alderete, Diego Ignacio1; Battistessa, Esteban Omar2; Cocco, Mariana3;
Matusevicius, Jorgelina4; Toscani, María de la Paz5
Resumen
Los procesos urbanos que caracterizan a las ciudades capitalistas contemporáneas se
encuentran inmersos en una dinámica que configura de modo particular la demanda
de atención a los servicios sociales. El aumento de los desalojos, la imposibilidad de
pago del alquiler por los salarios provenientes de una inserción precaria en el mercado
laboral, los abusos y episodios de violencia directa que sufren las personas que
padecen esta problemática son algunas de las situaciones que se presentan a los
trabajadores sociales. La posibilidad de encontrar estrategias de abordaje exige
realizar un proceso de reflexión acerca de los determinantes de las experiencias
subjetivas y de los procesos de despojo y expulsión que viven las personas que
presentan problemas habitacionales. De esta manera entramos en un proceso de
ejercicio crítico del propio proceso de intervención en el que se analizan los alcances y
límites en torno a las estrategias de abordaje colectivo tendiente a la organización
comunitaria y la adopción de una perspectiva de derechos.
Introducción
El presente trabajo pretende realizar un análisis de las estrategias de intervención
desarrolladas en el marco del Proyecto “Hábitat y Salud” del Centro de Salud N° 10
ante el proceso de renovación urbana en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires.
Esta dinámica de modificación del uso del suelo incluye una recomposición por
desplazamiento, que ha marcado un aumento significativo de la demanda al Servicio
Social del CeSAC por las distintas problemáticas habitacionales que surgen del mismo 1 (trabajador social, UBA 2 (trabajador social, UBA, omarbattistessa@yahoo.com.ar ) 3 (trabajadora social, UNLa) 4 (trabajadora social, UBA, matusevicius@hotmail.com) 5 (trabajadora social, UBA). Institución: Centro de Salud y Acción Comunitaria N° 10, A. P. Hospital Penna, CABA
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y que se suman a las ya existentes. Dicho proyecto es llevado adelante en el Barrio de
Constitución que se caracteriza por el predominio de viviendas colectivas: hoteles,
inquilinatos y pensiones. El trabajo realiza un recorrido por el dispositivo de
intervención que se ha constituido como un espacio de producción colectiva de
conocimiento, articulando distintos saberes, para superar las respuestas escasas y
precarias (y en algunos casos represivas) que se proponen para las personas que
viven esta problemática.
Las principales tendencias que influyen en la transformación del espacio urbano
resignifican la demanda y exigen estrategias de intervención que exceden la gestión
de recursos asistenciales. Los conflictos ligados a la resistencia a los desalojos, la
exigencia de respuestas definitivas a la problemática, las luchas por el uso del espacio
público brindan una trama organizativa con la cual dialogar desde las instituciones en
las que trabajamos. En este sentido se presenta la necesidad de conocer en
profundidad las determinaciones del entramado social y su correlato con la dinámica
del mercado, lo que ha suscitado la necesidad de emprender la tarea de investigación
que contribuya a potenciar el proceso de intervención. En el presente análisis
pretendemos mostrar algunos resultados de dicha indagación y sus contribuciones a la
estrategia de abordaje de la problemática que enfrentamos. En este sentido nos
planteamos: ¿Qué procesos hicieron incrementar los desalojos en el barrio?, ¿qué
destino se da a las viviendas desalojadas?, ¿cómo influyen los emprendimientos
inmobiliarios en el rediseño urbano y en la trama social?, ¿se verifica un proceso de
expulsión de la población pobre? ¿qué estrategias despliegan los vecinos afectados?
Pasaremos primero a explicitar los procesos que se vienen dando en el territorio de la
Ciudad de Buenos Aires vinculados a la disputa en torno al suelo urbano y los
procesos de renovación que implica en lo cotidiano desplazamiento de familias hacia
otras zonas de menor valor. Dichos procesos impactan en la configuración de la
demanda al trabajo social en el servicio social de los efectores de salud, lo se
analizará en el siguiente apartado. Posteriormente se describirá el dispositivo de
intervención ligado a la estrategia de abordaje diseñada por el equipo. En función de
este recorrido y de la reflexión crítica en torno a la práctica desarrollada en el marco
del proceso de intervención, se analizarán dos aspectos que consideramos ejes
prioritarios de trabajo. Nos referimos por un lado a los procesos subjetivos que
atraviesan las personas que padecen la problemática habitacional que se encuentran
entre la responsabilización individual y las estrategias colectivas. Por otro lado
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analizaremos la distancia entre la formulación abstracta de la perspectiva de derechos
y la correspondencia de dicha perspectiva con la práctica institucional.
Procesos urbanos. La Ciudad de Buenos Aires y la recomposición por desplazamiento.
La ciudad puede pensarse como un espacio construido y modificado a partir de las
distintas intervenciones públicas, inversiones privadas o prácticas autogestionadas o
de ocupación del espacio por parte de la población. Esto va acompañado de
apropiaciones desiguales del espacio, de acuerdo a la capacidad adquisitiva y las
relaciones de poder en el orden existente.
La ciudad se configura como un espacio deseado por los diferentes actores que en
ella coexisten. En términos de intereses de las empresas capitalistas, la ciudad, como
parte de su valor de uso (Topalov, 1979) ofrece los medios necesarios para la
reproducción de la mano de obra y la infraestructura necesaria para que dichas
empresas se desarrollen. En términos de la población que allí habita, la ciudad se
configura como un espacio de posibilidades y de acceso a diferentes servicios,
“expresa la posibilidad de acceder a oportunidades de trabajo, a equipamientos de
educación, salud y esparcimiento más especializados, dicho de otro modo, a un
conjunto de atributos complejos e indivisibles que no pueden adquirirse como
mercancías” (Catenazzi y Reese, 2010: 74).
Se entiende a la ciudad como resultado de un proceso de conformación histórica de
apropiación desigual y privada del espacio. En el interjuego de actores e intereses se
van generando modificaciones en el espacio urbano que conllevan a una lógica de
concentración territorial que, asimismo, conduce a la diferenciación y desarrollo
desigual de los espacios, ya que los capitales privados van a invertir en donde le sea
más rentable. De esta manera, van a existir zonas con sobreacumulación y
concentración de capital y otras de escasa inversión. En este sentido, “la aglomeración
urbana que se conforma es funcional, contradictoria y desigual en su distribución entre
la población” (Lombardo, 2001: 109).
En la Ciudad de Buenos Aires esto se expresa en la conformación de una segregación
socioespacial que implica una diferenciación entre las zonas norte y sur de la ciudad.
La primera, foco de inversiones públicas y privadas y la segunda relegada. Esta
asimetría genera dos áreas diferentes según los distintos grados de concentración y
exclusión social, que dan cuenta de un espacio y una sociedad desigual y
fragmentada. Por un lado, el sur de la ciudad “donde habría una mayor presencia de
los estratos pobres y bajos de la sociedad, y por otro lado, el norte donde se
concentrarían los estratos medios y altos” (Mazzeo; 2008:32).
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A partir de la década del 90, en un contexto de globalización, estos procesos se
complejizan aún más, ya que la economía mundial requiere para su desarrollo una red
de lugares estratégicos que incorporen nuevas inversiones e infraestructuras. De esta
manera, se advierten nuevos procesos de transformación urbana, relacionados con la
puesta en valor y rehabilitación de zonas antiguamente olvidadas y degradadas. En
dichos procesos el Estado cumplió un rol fundamental generando las condiciones
necesarias para la inversión de emprendimientos privados. Se trata de la conformación
de ciudades globales6 (Sassen, 2001) que compiten entre sí para ser atractivas a la
inversión de grandes emprendimientos privados y trasnacionales. La intervención de
ambos actores –estado y privados- facilitó un nuevo uso territorial, una valorización
del suelo y con ello la probabilidad de desplazamiento de los sectores de menores
ingresos que lo habitan (Lanzetta y Martin, 2001). Como señalan Rodriguez y Von
Lûcken (2011) “los procesos de renovación y recualificación urbana, contribuyen a un
reordenamiento de la ciudad, poniendo en cuestión la existencia de los sectores de
menores recursos en áreas urbanas consideradas estratégicas” (2011; 212)
Estos procesos se expresan en la Ciudad de Buenos Aires en el diseño y la
planificación de la Ciudad a través de distintos distritos. Entendidos por el gobierno de
la CABA como “la concentración de establecimientos de un mismo sector, en un
espacio geográfico delimitado, dedicadas al desarrollo de actividades similares
incentivadas con beneficios fiscales y de promoción. Se trata de sectores estratégicos
para la Ciudad porque tienen un gran impacto en la economía: son generadoras de
empleo de alto valor agregado y exportadoras por naturaleza”(Sitio web Gobierno de la
Ciudad, 2014) A través de la sanción de diferentes leyes fueron conformándose los
distritos que reorganizan a la ciudad: Distrito Tecnológico7, en los barrios de Parque
Patricios y Nueva Pompeya; Distrito Audiovisual8 en Chacarita, Villa Ortúzar, Paternal,
Palermo y Colegiales; Distrito de Diseño9 en Barracas; y Distrito de las Artes10 en San
6 A modo de ejemplo de la masividad de este fenómeno, ver nota del diario Clarín “Buenos Aires, cada vez mejor posicionada como Ciudad Global” Edición digital 20/04/14. Disponible en: http://www.clarin.com/ciudades/Buenos-Aires-posicionada-ciudad-global_0_1123687734.html 7 Ley 2972, sancionada en Diciembre de 2008, dentro del área comprendida por las Avenidas Sáenz, Boedo, Chiclana, Sánchez de Loria y Brasil, las calles Alberti y Manuel García y la Avenida Amancio Alcorta, en ambas aceras. 8 Ley 3876 sancionada en Septiembre de 2011, comprende desde la intersección de Fray Justo Santa Maria de Oro y Guatemala, por esta hasta las vías del ex-ferrocarril Bartolomé Mitre ramal José León Suárez, por estas hasta la Av. Federico Lacroze; Av.Álvarez Thomas; Av. Forest; Av de Los Incas; Holmberg; La Pampa; Av Triunvirato; Av Combatientes de Malvinas; Av. Chorroarín; Av. San Martin; Paysandú; Av. Wames; Av. Juan B Justo; Av Córdoba; Uriarte; Fray Justo Santa María de Oro hasta la intersección con la calle Guatemala 9 Ley 4761, sancionada en Noviembre de 2013 y reglamentada en Julio de 2014. En el polígono comprendido por ambas aceras de las siguientes arterias: Av. Australia, Av. Pinedo, calles Dr. Ramón Carrillo, Brandsen, Azara, Río Cuarto, Av. Regimiento de Patricios, la Ribera del Riachuelo y la Av. Vélez Sársfield
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Telmo, La Boca y Barracas. A esto se le agrega el proyecto de trasladar las oficinas
gubernamentales del Gobierno de la Ciudad al Barrio de Constitución, lo que
completaría el proyecto para los barrios de la zona sur. Este último proyecto intentó
avanzar a fuerza de una inédita represión en el predio del Hospital Borda.
Las diferentes transformaciones de la ciudad, llevan a la consolidación de un mercado
inmobiliario fuerte y hegemónico en lo que respecta al acceso tanto de compra-venta
de inmuebles como de alquiler de los mismos. Se trata de un mercado que no es
inclusivo, si no que favorece el acceso a quienes disponen de mayores recursos
económicos. Ante esta situación, la ciudad, lejos de ser un espacio para todos, va
imponiendo dificultades y restricciones a su acceso, ante esto la población de menores
recursos económicos desarrolla diferentes estrategias para poder vivir en la Ciudad.
Ejemplo de ello lo configuran las villas miseria, los asentamientos, los conventillos,
inquilinatos, hoteles-pensión y la situación de calle.
A partir de esto se puede pensar a la ciudad como un espacio escindido. Desde las
conceptualizaciones de Duhau (2003), pueden identificarse dos lógicas dentro de la
ciudad i) como ciudad formal, que es producto de un proceso histórico de construcción
de un marco jurídico y normativo de la ciudad y de los procesos de producción de la
misma, relacionada con la construcción de un prototipo de ciudad deseada que logra
imponerse como la correcta; ii) y como ciudad informal, por contraposición, es aquella
que presenta una irregularidad jurídica en la propiedad del suelo y la producción de la
vivienda. Esta ciudad es la que tiende a permanecer invisibilizada por la sociedad y
funcionando al margen del orden hegemónico.
Entre ambas ciudades, se establecen desigualdades en cuanto objeto de inversiones
tanto públicas como privadas. Como señala Cravino (2001) “quienes tienen poder
adquisitivo, son el objetivo de los nuevos emprendimientos inmobiliarios urbanos del
capital concentrado. Quienes tienen la necesidad como prioridad, son el objetivo de
clientelismo político, de propietarios que promueven la ocupación de sus tierras, de
prestamistas usureros, de locadores y proveedores, que obtienen ganancias
generalmente vendiendo productos subestándar sobrevaluados, u obligados a
autoproducir su suelo urbano” (2001:7).
La problemática en el barrio de Constitución se presenta de manera crítica ligada a la
presencia predominante de viviendas colectivas. Se conjugan viejas y nuevas, o
relativamente nuevas, problemáticas. Las primeras se encuentran asociadas a la
10 Ley 4353, sancionada en Noviembre de 2012, para el polígono comprendido por ambas aceras de Avenida Regimiento de Patricios, Río Cuarto, Azara, Avenida Martín García, Tacuarí, Avenida San Juan, Avenida Ing. Huergo, Avenida Elvira Rawson de Dellepiane, las parcelas frentistas de la Dársena Sur, ambas márgenes, y la ribera norte del Riachuelo,
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deficiente infraestructura, a las arbitrariedades de parte de dueños y encargados, a la
ausencia de regulación del mercado de alquiler de piezas por parte del Estado. Por su
parte las “nuevas” problemáticas se hayan vinculadas a la generalización de los
desalojos en esta parte de la Ciudad y a la renovación urbana, que incluye obras
financiadas por el Estado, típica de los procesos de recomposición por
desplazamiento.
La problemática habitacional como objeto de intervención del Trabajo Social en un
Centro de Salud.
Las políticas públicas implementadas por el Gobierno de la Ciudad se dirigen
mayormente a generar condiciones para las inversiones inmobiliarias y acompañar con
mecanismos asistenciales el proceso de expulsión de los antiguos habitantes del
barrio. Los sujetos que solicitan respuesta ante las problemáticas de vivienda se
encuentran inmersos en esta dinámica que los excede y ante la cual las herramientas
organizativas y asistenciales existentes resultan escasas e insuficientes. Es así como
el dispositivo de intervención implementado desde el Centro de Salud busca combinar
la recuperación de una mirada colectiva del problema para los que lo atraviesan;
articular respuestas organizativas y de disputa de este modelo de Ciudad; la adopción
de una perspectiva de derechos y el ejercicio de los mismos en los problemas
cotidianos. El dispositivo cuenta con distintos componentes que incluyen: espacio
grupal de abordaje de la problemática, entrevistas individuales y colectivas,
articulación con organizaciones sociales, generación de una red de abordaje
institucional y un proceso de investigación y formación permanente.
- Reuniones grupales: Las mismas constituyen espacios de admisión colectiva de
aquellas personas que concurren al CeSAC a solicitar asistencia por su problemática
habitacional. La puerta de entrada a la participación grupal, consiste en una reunión en
la que cada persona que concurre realiza una breve presentación y descripción de su
situación. A partir de lo que surge en estas intervenciones, se comienzan a trabajar los
temas emergentes ligados a la urgencia que implican las situaciones de desalojo o de
inestabilidad habitacional. El objetivo principal es, además de comenzar a visualizar el
problema como problema social, poder brindar herramientas individuales y colectivas
para defenderse de la vulneración de derechos ante los desalojos. Para esto las
herramientas que se brindan van desde la legislación vigente que regula el mercado
de piezas de alquiler, hasta las posibilidades de resistencia y la socialización de
experiencias exitosas de defensa de los derechos. Se trabaja también los recursos
institucionales involucrados en esta defensa, brindando los datos de referencia para
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poder realizar denuncias, presentar pedidos de amparo, exigir intervención ante casos
de vulneración de derechos.
- Entrevistas: Luego de las reuniones grupales las personas son entrevistadas en
forma personalizada. Se establece una continuidad con lo trabajado en las reuniones
grupales. El espacio de entrevista se extiende más allá de la confección de la Historia
Social y el Informe Social. Se trabaja en el asesoramiento personalizado respecto de
la manifestación particular del problema de emergencia habitacional que se expresa
en cada vecino que asiste a la consulta. Se realiza una caracterización de la situación
problemática, tomado un registro de los distintos aspectos que intervienen en dicha
situación. La integración de estas entrevistas en el marco del proyecto local, permite
resignificar el espacio de entrevista. Se crea, entonces, un espacio de reflexión
conjunta. Se indagan las posibilidades de colectivizar la demanda y la acción con otros
vecinos y se pone a disposición la información de las redes de organizaciones
comunitarias que trabajan la problemática y que pueden servir de apoyo para
determinadas medidas de resistencia. Asimismo se articulan los recursos legales y de
defensa de derechos acordes a la situación que trae cada vecino.
- Trabajo de indagación empírico conceptual: A partir del material empírico relevado en
entrevistas y reuniones grupales, de lo indagado bibliográficamente y del conocimiento
que se va adquiriendo en la intervención se presenta la necesidad de organizar toda la
información y relevar los aspectos vacantes que no pueden ser observados de manera
directa. El objetivo principal es conocer cómo se manifiesta en el barrio de
Constitución el proceso de recomposición urbana que se da en la Ciudad de Buenos
Aires y determinar cómo impacta en la cotidianeidad de las familias que viven en
hoteles-pensión.
Con este trabajo de indagación se pretende, por un lado, superar en el plano del
conocimiento la mirada en torno a la manifestación del problema e ir a sus
determinaciones más profundas, esto nos brinda herramientas para pensar la
intervención y redireccionarla. Asimismo la experiencia se constituye en un proceso de
investigación acción, en tanto los nuevos conocimientos se materializan en acciones y
se constituyen en poderosas herramientas para fundar la organización y participación
vecinal.
- Articulación con organizaciones sociales: La articulación se da en los distintos
espacios del proyecto. En sus inicios se trabajó en vinculación con CIBA
(Coordinadora de Inquilinos de Buenos Aires) quienes concurrían a las primeras
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charlas para trabajar qué hacer ante los desalojos. Asimismo los compañeros del
Movimiento de Ocupantes e Inquilinos y del Movimiento Territorial de Liberación fueron
clave en la socialización de su experiencia de lucha por el acceso a una vivienda
definitiva. Para el caso de las situaciones particulares de desalojos en el área del
CeSAC se trabajó y trabaja articuladamente con distintas organizaciones: Movimiento
Popular Latinoamérica, Movimiento de Trabajadores 1º de mayo (FOL). Estas
organizaciones han sido clave en los procesos de resistencia a los desalojos que se
han dado en el barrio, impulsando y apuntalando procesos organizativos. La
experiencia acumulada de estas organizaciones permite forjar nuevas estrategias ante
estas situaciones y dar una disputa, que a partir de cambiar la correlación de fuerzas
entre vecinos y dueños de hoteles y pensiones garantiza la protección de algunos
derechos.
- Seguimiento de hoteles en conflicto: Algunas de las situaciones que llegan a través
de la demanda espontánea o que se ponen de manifiesto en el espacio grupal
ameritan un acompañamiento y apoyo con recursos organizativos y legales por parte
del equipo que lleva adelante el proyecto local. Para ello se realizan reuniones en
algunos hoteles en conflicto y se articula con los movimientos, anteriormente
mencionados, que trabajan el tema. Una pieza clave dentro de esta estrategia es
contar con servicios jurídicos que además de ser gratuitos trabajan desde una
perspectiva de defensa del derecho a la vivienda. Es en esta instancia de participación
en procesos de lucha en la que las personas se apropian de las herramientas que
brindamos en los talleres, porque es allí donde se genera una praxis que permite
transformar conocimientos en acción.
Procesos de aceptación – resistencia frente a los desalojos.
En la dinámica del área de Trabajo social del CeSAC N°10 la problemática se nos
presenta de un modo fragmentario, como una demanda, en la inmensa mayoría de los
casos, que remite a situaciones de vulneración del derecho a la vivienda de una
persona o familia.
La posición subjetiva de dichos sujetos de la demanda, o de la mayoría de ellos, se
caracteriza por la pasividad y la fragmentación. La primera entendida como una forma
de acomodamiento al menos en dos aspectos: 1) la aceptación pasiva del poder que
los locadores ejercen sobre ellos imponiéndoles en general pésimas condiciones de
alojamiento, la amenaza perpetua de desalojo y su asidua concreción; 2) el
acomodamiento a los requerimientos de los programas asistenciales que muchas
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veces implican soportar malos tratos y asumir posturas denigrantes para dar el perfil
de pobres meritorios. La segunda, la fragmentación, remite no sólo al modo en que se
expresa la demanda sino al modo en que se piensa la problemática, despojada de sus
determinaciones colectivas. A ambas cosas contribuye la oferta asistencial: no sólo
separando a los destinatarios sino enfrentándolos en una guerra de pobres contra
pobres.
No es difícil imaginar cual es la concepción del mundo, de la sociedad, del sujeto que
subyace a esas posiciones y sus consecuencias más allá de las mismas. En los
espacios de reflexión del programa, fundamentalmente en el dispositivo grupal
problematizamos los aspectos antes mencionados. Respecto de la actitud de los
inquilinos frente a los locadores, predomina la idea de que éstos tienen el derecho de
desalojarlos por el sólo hecho de ser los propietarios del inmueble. El derecho humano
a una vivienda queda subsumido al derecho a lucrar con la vivienda en tanto
mercancía. Cierto es que en un sentido esta conciencia expresa la realidad jurídica y
fáctica. Lo que oculta es la existencia de mecanismos legales de defensa del derecho
a la vivienda. Ello a su vez implicaría contar con el apoyo de un tercero que compense
la relación de fuerzas desfavorable al inquilino. Contar con estas herramientas abre
posibilidades a un cambio en la posición de los sujetos. En ciertos contextos los
sujetos de la demanda logran resultados favorables en la disputa con los locadores.
Resultados que dependen del nivel de apropiación de las herramientas jurídicas por
parte de aquellos y de la respuesta de los locadores. A lo que debe agregarse el
papel jugado, en cada caso, por los organismos judiciales correspondientes.
Cabe destacar tanto el impacto que produce en un número significativo de personas el
conocimiento de sus derechos, como que son excepcionales los casos en que logran
empoderarse a partir de ello.
Con respecto al segundo aspecto, la relación con la oferta asistencial gubernamental
es sumamente problemática. Es unánime la queja por el maltrato recibido en los
organismos efectores de los programas asistenciales, incluso más allá de los casos en
los que se rescata la atención recibida por parte de algunos operadores. Los turnos
lejanos para situaciones de emergencia, la cantidad de requisitos, muchos de ellos
injustificados, los permanentes atrasos en los pagos, etc. son moneda corriente. Sin
embargo las más de las veces las quejas son contra otras víctimas del sistema
(argentinos contra argentinos que supuestamente no necesitan “realmente” la
asistencia, o argentinos contra extranjeros, por el sólo hecho de serlo) que son
identificados como competidores por un recurso escaso. Ana María Fernández (2007),
en relación al fenómeno de la violencia social dice que el estallido de instituciones y
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subjetividades está detrás del cada vez más feroz e implacable “todos contra todos”.
Y que éste es producido por muy eficaces políticas de Estado, que operan
destruyendo lazos sociales mediante nuevas y variadas estrategias biopolíticas de
vulnerabilización. Estrategias que promueven el aislamiento, la desconfianza, la
competencia, la pérdida de la experiencia de la propia potencia, el desamparo.
No podemos olvidar que en el capitalismo es cada vez mayor la población obrera
excedentaria, aquella de la que prescinde el capital para reproducirse. Prescindencia
que es relativa dado que aquella población cumple un papel fundamental en el
sometimiento de la población obrera ocupada. Las estrategias políticas antes
descriptas no hacen sino reforzar las contradicciones entre las propias víctimas del
sistema.
Que esa dinámica determinada por la estructura misma del sistema y favorecida por
políticas específicas sea lo predominante, no significa que no se desarrollen procesos
de resistencia ante la sistemática vulneración del derecho a la vivienda.
En el ámbito inmediato de nuestra intervención, barrio de Constitución, en los últimos
años se incrementó considerablemente la cantidad de desalojos individuales
(personas solas o familias aisladas) y colectivos.
En este contexto, pero involucrando a viviendas colectivas, en las que se
desarrollaban procesos de desalojos masivos (numerosas familias de una misma
casa) comenzaron a darse procesos de resistencia colectivos. Que el desalojo
involucre a un conjunto de familias aparece como la primera condición para que se
desencadenen dichos procesos.
No tenemos registro de la totalidad de los casos de ese tipo y por tanto de la evolución
de todos ellos. Sí conocemos la experiencia de algunos de ellos que lograron darse
una organización al interior de cada casa que les permitió primero resistir el desalojo y
luego desarrollar estrategias que les permitieran ampliar el horizonte de permanencia
hasta donde fuera posible para, finalmente, negociar la mejor salida a su alcance. No
era mucho más a lo que podía aspirarse en un principio pero no era poco teniendo en
cuenta el contexto y la práctica social predominante, la aceptación pasiva de los
desalojos.
Un caso paradigmático fue el del hotel El Cid. Allí el conflicto se desencadenó al
rebelarse los inquilinos contra condiciones abusivas del locador¸ precios exorbitantes
de los alquileres y estado deficitario de instalaciones y servicios. El proceso colectivo
se fue consolidando en la misma lucha a medida que iban superando los obstáculos
que se le presentaban por la acción del aparato del estado (jurídico y punitivo) a su
servicio. Un hito en esa lucha fue la resistencia a una orden de desalojo en la que
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intervino el grupo GEOF. El éxito de los vecinos unidos al lograr resistir el desalojo a
pesar de la extrema violencia del operativo generó una conciencia de su propia fuerza
(empoderamiento) y la valoración de la organización como herramienta de lucha.
Sin embargo, consideramos que hay otro componente o característica distintiva de esa
experiencia que fue la dinámica participativa, democrática, autogestionaria promovida
por quienes asumieron el rol de coordinación de la lucha colectiva: algunos vecinos
con perfil militante junto a miembros de agrupaciones universitarias.
La herramienta o método por excelencia para la toma de decisiones era la asamblea.
La coordinación de las mismas era llevada adelante por aquellos, aplicando dinámicas
participativas al mejor estilo de la Educación Popular. Consideramos que ese particular
modo de organización permitió superar la tradicional modalidad de funcionamiento
jerárquico-delegativa que concentra el poder en algunos y sume en la pasividad a las
mayorías. Se trataba de una dinámica asamblearia, de democracia directa, horizontal
y no jerárquica que, como dice Ana María Fernández (2007), no busca acumular poder
sino multiplicar potencia.
Y siguiendo la misma lógica de la multiplicación los sujetos de esa experiencia vieron
que a su alrededor otros sujetos se debatían en experiencias que al menos tenían en
común la resistencia colectiva a los desalojos. La articulación con esos otros dio lugar
a la conformación de un espacio de lucha común en el que se difundió la modalidad
asamblearia tanto al interior de cada casa involucrada como del espacio de
coordinación entre todas ellas. La experiencia de El Cid data del año 2.009 y ya en el
año 2.010 el conjunto de las casas en conflicto se constituye como movimiento
autodenominándose MPL (Movimiento Popular Latinoamérica).
Sin embargo, como señala la autora antes citada “En cualquier colectivo que se
proponga autogestivo la tendencia a la reinstalación de modalidades jerárquico-
delegativas (…) opera en permanente conflictividad con la apuesta a la
horizontalidad…”. Es así que cada experiencia tuvo avances y retrocesos, algunas
abandonaron el movimiento e incluso la lucha. Algunas antes del desalojo y otras
como consecuencia de la dispersión provocada por el mismo. Pero el movimiento
continúa con su misma modalidad incluso creciendo hacia adentro, incorporando
nuevas casas y hacia afuera a través de la articulación con otros espacios de lucha
por el derecho a la vivienda en un horizonte de cambio social más amplio.
Nos centramos en la experiencia del MPL porque es propia del ámbito territorial de
intervención inmediato del Programa de Hábitat y salud del CeSAC N°10 en el que nos
insertamos. Sin embargo, como quedó dicho hay otros espacios de lucha
protagonizado por distintos movimientos sociales y políticos. El gran desafío es la
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confluencia de esas experiencias en un espacio común orientado a la multiplicación de
las potencias particulares y no a la concentración de poder en un solo grupo. Hoy
todavía reina la fragmentación.
Somos conscientes de las limitaciones de la intervención profesional. Pero creemos
que nuestra potencia está en la capacidad de articularnos con los procesos sociales
que luchan contra la vulneración de derechos, poniendo a su servicio las herramientas
que nos provee nuestra disciplina.
¿Sujetos de derechos o derechos sujetos a la propiedad?
Como dijimos anteriormente, la estrategia de intervención en el dispositivo grupal está
ligada a trabajar en el fortalecimiento de los vecinos en el ejercicio de sus derechos.
Las familias se encuentran sometidas a diversas arbitrariedades por parte de los
dueños y encargados de hoteles, pensiones y casas de familia. Sumado a la
incapacidad de hacer frente al pago del alquiler, se presentan problemáticas
asociadas, que inciden negativamente en la salud de la población. Se agrava
entonces, el padecimiento subjetivo y la vulneración de derechos que enfrentan estas
familias. La resolución de la situación de deuda de alquiler es enfrentada por parte de
los propietarios con mecanismos que distan de estar ajustados a los canales
jurídicamente establecidos. Es usual el relato de situaciones por parte de las personas
que concurren al dispositivo, de desalojos compulsivos que se presentan bajo distintas
formas. Las personas, luego de ser amenazadas, hostigadas para ponerse al día, son
expulsadas de manera repentina. Se les coloca un candado en la puerta de su
vivienda, quedándose el dueño con sus pertenencias o se arrojan estas a la vía
pública.
Las familias pocas veces visualizan esto como un mecanismo ilegal de resolución,
consideran que el dueño tiene el derecho, por ser propietario, de re apropiarse de la
pieza, sin mediar una acción judicial. Contrariamente a esta percepción, la legislación
regula este tipo de situaciones. La ley de locaciones urbanas (N° 23091) considera
que si una persona ha estado viviendo más de 6 meses en una vivienda, existe un
contrato implícito que le otorga a esta persona la condición de inquilino. De acuerdo a
esta normativa la persona para ser desalojada debe ser notificada por escrito y luego
iniciársele un juicio de desalojo. Son muy pocos los casos en los que esta normativa
se cumple. Las personas tienen registro, originada en su propia percepción o a partir
de comentarios o relatos de otros vecinos, de la posibilidad del desalojo violento. Esto
lleva muchas veces a que las familias decidan retirarse de la vivienda antes de vivir
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esta situación traumática, lo que le evita al dueño o encargado la realización de los
trámites judiciales.
En el dispositivo grupal se hace referencia a los derechos que otorga la legislación a
no ser desalojado de manera violenta. Se trata de que las familias conozcan la
legislación y los derechos que le otorga para evitar la situación de calle y la
desprotección que conlleva esta condición. Los vecinos descreen de la posibilidad de
aplicabilidad de la legislación en función de la estrategia de ganar tiempo para poder
tramitar los recursos asistenciales que le permitan evitar la situación de calle. Este
descreimiento se encuentra fundado, por cierto, en el reconocimiento de que estas
situaciones por más ilegales que sean, son de ocurrencia frecuente y en el
convencimiento de que ningún dueño o encargado ha tenido consecuencias por
manejarse por fuera de los canales legales. La desprotección ante este tipo de
situaciones se agrava con el accionar de las organizaciones gubernamentales de
asesoramiento jurídico. Al consultar ante este tipo de respuestas por parte de los
dueños, las personas son aconsejadas a recurrir a la solicitud del subsidio habitacional
para superar su situación de calle. El accionar ilegal por parte de los dueños o
encargados no recibe un tratamiento desde el sistema jurídico, no se realizan acciones
para evitar la vulneración de derechos ante los desalojos ilegales. Este tipo de
asesoramiento convalida, en un punto, que la desprotección de las familias se
perpetúe en el tiempo.
Es aquí donde nos parece importante detenernos. Trabajar desde la perspectiva de
derechos debe encontrarse asociada a una práctica que ponga en marcha los
mecanismos para que esos derechos se efectivicen. El primer límite a esto es el
desconocimiento de los marcos regulatorios, no sólo por parte de las personas
afectadas sino también por los organismos encargados de velar por su aplicación. Por
otro lado se presenta otro límite que se vincula con la controversia entre defender el
derecho a la propiedad por sobre el derecho a la vivienda. El campo del derecho se
encuentra atravesado por esta contraposición de derechos que expresa a su vez la
conflictividad existente originada en el propio modo de acumulación capitalista. El
derecho a la propiedad es puesto por encima de la resolución de la necesidad, y del
derecho, al acceso a una vivienda digna. Se presenta de diversas maneras esta
confrontación al interior mismo del campo de lo jurídico. Lo que se encuentra
expresado en los artículos 14 bis de la Constitución Nacional y 31 de la Constitución
de la Ciudad y en los Pactos y Declaraciones incorporados con carácter de
constitucional en el año 1994, se encuentra negado, la mayoría de las veces, en la
práctica institucional de asistencia a las personas que padecen la problemática.
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Limitar la protección del derecho a la vivienda a la intervención asistencial implica
desconocer múltiples aspectos que se derivan del modo en el que se defiende el
derecho a la propiedad. Ya sea por canales legales como la resolución de los juicios
por desalojo, como por las informalidades y tratamiento violento a la resolución de los
litigios por falta de pago. En el caso de los desalojos judiciales, existe una controversia
entre los jueces vinculada a si se debe proteger derechos de las personas desalojadas
por sobre la restitución inmediata de la vivienda al propietario. Estos debates no hacen
otra cosa que dejar entrever que en la aplicación del marco jurídico existe un margen
de interpretación en el que entran a operar marcos teóricos ideológicos y políticos de
quienes tienen en sus manos la capacidad de decidir en estas controversias. Por otro
lado, cuando las personas están libradas a las arbitrariedades originadas en el
accionar ilegal de los propietarios, lo que encuentran como respuesta es la
intangibilidad del derecho a propiedad y el no respeto a su condición de habitantes de
un inmueble, con derecho a la tenencia del mismo, que no deberían ser tratados como
si fueran meros objetos.
La enunciación del reconocimiento de las personas como sujetos de derechos debe
atender, justamente, a los modos en los que esto se ve permanentemente negado en
el recorrido de resolución de las problemáticas. Michel Foucault nos alerta que las
disciplinas, las prácticas institucionales operan como un contraderecho. Las
respuestas institucionales al no intervenir en evitar las prácticas arbitrarias e ilegales
de los propietarios, operan individualizando el problema y, aun sin quererlo,
responsabilizando de modo individual a aquellos que padecen el problema. Las
dificultades para hacer frente al pago del alquiler están vinculadas a problemáticas de
salud que desencadenan dificultades para sostener las inserciones laborales, a la
inserción precaria en el mercado de trabajo. Muchos jefes de familia sostén de hogar
poseen empleos inestables, sin seguridad social y con ingresos que no alcanzan a
cubrir las necesidades básicas. Ya vimos como la política pública desatiende esto
como problemática social, pero vemos aquí cómo la dinámica de respuesta
institucional se corresponde con tal concepción e interviene en el caso por caso, con
estrategias equívocas respecto a la aplicación de la legislación vigente.
Palabras finales
En los últimos años, la Ciudad de Buenos Aires viene experimentando
transformaciones vinculadas a procesos urbanos propios de las ciudades
contemporáneas. En esta nueva concepción del espacio urbano, las ciudades son
percibidas por los gobiernos locales como un objeto de consumo que debe ser vendido
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en el mercado mundial, en función de una imagen urbana hegemónica y dominante;
regidas por los mismos condicionantes que una empresa, compitiendo globalmente
por lograr una posición ventajosa en la red de ciudades para lograr la atracción de
inversiones del mercado financiero e inmobiliario para el desarrollo urbano,
despreocupándose por la tarea de garantizar condiciones de vida digna a los
ciudadanos. Estos proyectos de ciudad se asientan sobre el proceso de expulsión de
la población pobre y una política restrictiva y mercantil respecto del uso del espacio
público. Frente a esto se presentan desafíos a la intervención que no pueden limitarse
al rol institucionalmente asignado, que exigen procesos de reflexión y reconocimiento
de los determinantes más estructurales de la problemática que se nos presente como
demanda. Esto permitirá diseñar e implementar estrategias de intervención que
puedan enfrentar los problemas por los que somos demandados y también aquellos
que se derivan de las respuestas instituidas, que muchas veces convalidan procesos
de padecimiento subjetivo. Dada la complejidad que reviste la problemática se
requiere la necesaria articulación con aquellos actores parte en los procesos de lucha
para la protección de la vulneración sistemática de derechos.
Bibliografía
CATENAZZI, A y Reese, E. (2010) Derecho a la ciudad. La dinámica de crecimiento
urbano, el déficit habitacional y las asignaturas pendientes en Revista Voces del Fénix,
Junio, año 1 nº 1.
CRAVINO, M.y otros (2001) Notas sobre la política habitacional en el AMBA en los
años ’90. Disponible en:
http://www.urbared.ungs.edu.ar/textos/Notas%20sobre%20la%20politica%20habitacio
nal%20en%20el%20AMBA.pdf
DUHAU, (2003) E. La ciudad informal el orden urbano y el derecho a la ciudad
(Versión para discusión) Trabajo presentado en el Congreso de la ANPUR, Belo
Horizonte.
FERNÁNDEZ, Ana María, (2007) Las lógicas colectivas: imaginarios, cuerpos y
multiplicidades. Editorial Biblos. Buenos Aires.
LANZETTA, M. y Martín, L. (2001) El proceso de renovación urbana en el barrio de La
Boca (Buenos Aires) Vulnerabilidad y organización socia”.(Versión preliminar) Instituto
de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, UBA.
XXVII Congreso Nacional de Trabajo social. 11, 12 y 13 de septiembre de 2014
LOMBARDO, J., Di Virgilio, M., Fernández, L. (2001) La conformación del espacio
urbano en un país de economía emergente. El caso de cinco municipios en la Región
Metropolitana de Buenos Aires. Cadernos Metrópole n. 6, 105-134, 2º sem.
MAZZEO, Miguel (2007) Sobre lo popular. En ACHA, Omar y otros. Reflexiones sobre
el poder popular. Editorial El colectivo. Buenos Aires.
RODRÍGUEZ, M. F. y Luckman, M. (2011) Los desalojos como política de Estado. Un
estudio de caso: villa La Maternidad en la ciudad de Córdoba y el asentamiento
Costanera Sur Rodrigo Bueno en la ciudad de Buenos Aires. En: La cuestión urbana
interrogada. Transformaciones urbanas, ambientales y políticas públicas en Argentina.
Editorial Café de las Ciudades. Buenos Aires.
SASSEN, Saskia, (2001), La ciudad global. New York, Londres, Tokio, EUDEBA,
Buenos Aires.
TOPALOV, Ch.(1979), La urbanización capitalista, Edicol, México.
Páginas web
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires http://www.buenosaires.gob.ar/
Diario Clarín http://www.clarin.com/