1. Primeras hojas 69√ - Repositorio Digital FLACSO...

ECUADOR

DebateCONSEJO EDITORIALJosé Sánchez-Parga, Alberto Acosta, José Laso Ribadeneira,Simón Espinosa, Diego Cornejo Menacho, Manuel Chiriboga,Fredy Rivera Vélez, Marco Romero. eDirector:Primer Director:Editor:Asistente General:

Francisco Rhon Dávila. Director Ejecutivo del CAAPJosé Sánchez Parga. 1982-1991Hernán Ibarra CrespoMargarita Guachamín

p

(

REVISTA ESPECIALIZADA EN CIENCIAS SOCIALESPublicación periódica que aparece tres veces al año. Los artículos yestudios impresos son canalizados a través de la Dirección y de losmiembros del Consejo Editorial. Las opiniones, comentarios y análisisexpresados en nuestras páginas son de exclusiva responsabilidad dequien los suscribe y no, necesariamente, de ECUADOR DEBATE.© ECUADOR DEBATE. CENTRO ANDINO DE ACCION POPULARSe autoriza la reproducción total y parcial de nuestra información, siemprey cuando se cite expresamente como fuente a ECUADOR DEBATE.

SUSCRIPCIONESValor anual, tres números:EXTERIOR: US$ 45ECUADOR: US$ 15,50EJEMPLAR SUELTO: EXTERIOR US$. 15EJEMPLAR SUELTO: ECUADOR US$ 5,50

ECUADOR DEBATEApartado Aéreo 17-15-173B, Quito-EcuadorTelf: 2522763 . Fax: (5932) 2568452E-mail: [email protected]ón: Diego Martín de Utreras 733 y Selva Alegre, Quito.

PORTADAPuntoyMagenta

DIAGRAMACIONMartha Vinueza

IMPRESIONAlbazul Offset

LJ([

e

T

Lrl'1\[

J(Ld»EnA

[

TP

<U caap I ISSN-1012-1498 I

ECUADORDEBATE 81Quito-Ecuador, Diciembre del 2010

PRESENTACION / 3-6

COYUNTURA

La pobreza en la “revolución ciudadana” o ¿pobreza de revolución?Juan Ponce y Alberto Acosta / 7-20Diálogo sobre la coyuntura: Causas y consecuencias del 30 de septiembre / 21-32Conflictividad socio-política: Julio-Octubre 2010 / 33-42

TEMA CENTRAL

Las cambiantes concepciones de las políticas culturalesHernán Ibarra / 43-50Notas sobre “política cultural”Iván Carvajal / 51-62Del consumo de cultura a la cultura del consumo: una mutación antropológicaJosé Sánchez Parga / 63-74Las “políticas culturales” en la Casa de la Cultura Ecuatoriana entre 1944 y 1957:desavenencia o armonía entre Benjamín Carrión y Pío Jaramillo AlvaradoAnne-Claudine Morel / 75-92Entre análisis, política y moral: Intelectuales latinoamericanos en un contextomundialMichiel Baud / 93-116

DEBATE AGRARIO

Tungurahua rural: el territorio de senderos que se bifurcanPablo Ospina / 117-152

ANÁLISIS

Modelo productivo y modelo sindical en EcuadorRaúl Harari / 153-168 ...Entre cruces del estado penal: el caso ecuatoriano neoliberal, 2003-4Civis Garcés /169-198 '

RESEÑAS

Refundación del Estado en América Latina: perspectivas desdeuna epistemología del Sur / 199-204Administración de Poblaciones, Ventriloquía y Transescritura / 205-208Rosa Luxemburg o el precio de la libertad / 209-214¿Qué esperar de las ONG? Enfoques y prácticas de desarrollo ruralen los países andinos / 215-218

]

EccI(ti1,cct<ddhtE

bnuSI

tl

ednpndv

PSI

U

edenp

El evento

n agosto de 2003, treinta y cua-tro internos de una penitenciaríaestatal en las afueras de

Guayaquil iniciaron una huelga impre-vista que quizás no sorprendió al puebloecuatoriano. La Penitenciaría del Litoralse construyó en los sesenta como uncomplejo penal modelo; ahora, empero,“La Peni”—como los internos se refierena su propio espacio de miseria—es sinó-nimo del hacinamiento incontrolado,una infraestructura decrépita, y condi-ciones de vida infrahumanas. No obs-tante, el 31 de agosto los huelguistasempezaron a montar una serie de cruci-fixiones sangrientas para llamar la aten-ción pública hacia ciertas leyes queinjustamente retenían a cientos de sos-pechosos encarcelados. Estos actos muycalculados—en los cuales los reos invo-lucrados: (1) acordaron clavarse y col-garse en cruces de madera; (2) ofrecién-

dose a ser sacrificados al mismo tiempo;(3) durante un evento planeado de ante-mano con medios de comunicación; (4)para que ocurriera de manera episódica;(5) hasta que sus demandas fueran acep-tadas con definitivas reformas legales—fueron llevados a cabo para denunciarla práctica jurídica denominada comodetención en firme.

Lo que motivó a estos huelguistas aadoptar una protesta tan dramática fuesu encarcelamiento sin sentencia, inde-finido, y por ende, en su opinión (aligual que en la mía), ilegal. A comien-zos del 2003, como ha descrito FloresAguirre (2007), los miembros delPartido Social Cristiano propusieron ylograron la figura jurídica de la deten-ción en firme en el Congreso Nacional.Esta ley garantizó la no-caducidad deldebido proceso, en conformidad con elprocedimiento penal, pero al precio defracturar las protecciones constituciona-les más fundamentales y sus procedi-

Entre cruces del estado penal: el caso ecuatoriano neoliberal, 2003-4Chris Garcés*

Las condiciones de aplicación de la legislación penal, el hacinamiento y la sobrepoblación dela Penitenciaría del Litoral, son el otro lado de la regeneración urbana de Guayaquil. La cru-cifixión de los detenidos con su amplio impacto público en 2003 permite desentrañar el sig-nificado teológico político de un acontecimiento que evidenció la vigencia de un Estadopenal.

E

* Postdoctoral Fellow. Cornell University

mientos más antiguos—como el dehábeas corpus—inscrito con la aplica-ción legal de una prisión preventiva tem-poralmente limitada y por razones jurí-dicamente transparentes. Alrededor de2003-4, sin embargo, las prácticas dedetención en firme se aproximan a la“prisión preventiva” verdadera—frasejurídica que pone en relieve la estructu-ra de lo absurdo en la ley penal.Realizando su potencial de criminalizarcon impunidad, la joven carta magnaecuatoriana, en efecto desde 1998, pro-movió un estatuto—Artículo 24,Numeral 8 (A24N8)— estipulando quetodo ecuatoriano detenido sin sentenciapor más de un año y todo extranjero quesobrepase los dos años habría de serliberado. Pero las cortes en Guayaquilignoraron dicho Artículo, mientras milesde internos fueron negados de su liber-tad. A pesar de que la máxima ley delEcuador ordenaba las limitaciones delA24N8, en la interpretación de los jue-ces, su código penal efectivamente pre-valecía sobre la autoridad de la constitu-ción mandaba la reclusión de todos lossospechosos clasificados como unaamenaza pública.

A mediados de 2003, los secuestra-dos respondieron a su abyecta condi-ción legal con el anuncio de su inmi-nente sublevación. Pero eventos inespe-rados les llevaron a modificar sus tácti-cas. Un gran motín efecto del problemajurídico del hacinamiento en el penalGarcía Moreno de Quito—la segundaprisión más grande del país—resultó enuna intervención policial-militar, una

represión de los internos, y unas tensasnegociaciones desiguales entre reos yautoridades1. Conscientes del fracasojurídico de los reclusos en Quito, losrehenes jurídicos de la Penitenciaría vis-lumbraron la necesidad de seguir uncamino “más cauteloso” para revitalizarlo que consideraron sus derechos inalie-nables de un estado mal dispuesto aconferirlos.

Mi etnografía en la Penitenciaríatuvo lugar inmediatamente después delos acontecimientos mencionados,cuando los reos, políticos, expertos, yciudadanos discutieron ampliamente susignificado. La salida autorizada por elgobierno de centenares de detenidosafectados poco después de sus protes-tas, nos señala cómo los procesos polí-tico-teológicos son claves para mitigar,aunque sea temporalmente, la legitimi-dad de un estado carcelario descontro-lado bajo el nombre del discurso de laseguridad estatal. Mi investigación den-tro y fuera de la Penitenciaría muestracómo, en un estado secular aunque pre-dominantemente Católico, los prisione-ros crearon vínculos sociales nuevos yefectivos entre la Penitenciaría y lasociedad en general. La inusual huelgade los prisioneros constituyó un cuestio-namiento a los abusos de la ley quepodría ser llamado un “desensamblaje”del poder estatal contemporáneo (cfr.Ong y Collier 2004), lo cual hizo implo-sionar distinciones normativas queseparaban artificialmente ámbitos deconocimientos y habilidades seculares yreligiosas.

170 CHRIS GARCÉS / Entre cruces del estado penal: el caso ecuatoriano neoliberal, 2003-4

1 Ver el documental: El comité, FLACSO 2005, para analizar una reyerta muy parecida que sucedió mastarde.

El esfuerzo mancomunado de losprisioneros no sólo requería que losmedios de comunicación y los interesespolíticos se alinearan con sus exigenciasrelacionadas con el Artículo 24, sinoque también, visto retrospectivamente,implicaba una manipulación bien coor-dinada de la soberanía estatal dentro dela prisión misma. El gesto teológico-polí-tico de los internos—una imitación de laforma originaria de sacrificio cristiano—claramente inclinó el poder soberano asu favor. El objeto de mi estudio es ana-lizar cómo esta protesta logró tal proezademocrática a través de múltiples cam-pos de fuerza. Visto a posteriori, cual-quier narración de estas manifestacionesdebe ocuparse de la campaña de los pri-sioneros en términos de una interven-ción “postsecular” basada en el ejerciciode la autoridad religiosa, legal y políticaen Ecuador, y sin embargo orientadahacia la subversión y rearticulación desus aplicaciones hegemónicas dentrodel Estado. Mi trabajo de campo en laPeni explora las condiciones bajo lascuales las acciones de los prisionerosperturbaron el crecimiento irrestricto deun régimen neoliberal de contenciónpunitiva en Ecuador—problematizandola aceptación en el país del discursointernacional sobre seguridad como elsine qua non de la soberanía estataldemocrática (Agamben 2001).En lo quesigue, ilustraré etnográficamente cómolas protestas de crucifixión (ver figura 1)estimularon la opinión pública, aunqueconstituyeron al mismo tiempo unamanera limitada de revelar la expansióndel sistema penal ecuatoriano. Estaestrategia popular de movilización deiconografía religiosa con fines políticos

desafiaba el (normalmente oculto)núcleo teológico del Estado, indicandola “licencia” o la extraña condicionali-dad de actuar con abandono (contraAgamben 1998). El acto religioso de losrehenes jurídicos demuestra que a pesarde la exclusión de tales sujetos bajo lasoberanía, no se puede vivir enteramen-te bajo su signo. Al hacer énfasis sobre lateología política ecuatoriana, la inter-vención de los prisioneros clarificó yocultó al mismo tiempo cómo la violen-cia soberana afecta a los presuntosdelincuentes dentro y fuera de la prisión,enfatizando formas de ilegalidad ennombre de la ley y la democracia y suexpansión reciente a lo largo del contex-to urbano ecuatoriano.

Mi argumento rastrea los niveles desoberanía y violencia corporal en losque estos rehenes jurídicos se encontra-ban (una reseña de la oscura intimidadde vínculos entre el Estado y el cuerpopuede encontrarse en Hansen yStepputat 2005). Esta travesía etnográfi-ca dentro del laberinto del sistemapenal ecuatoriano muestra cómo lasoberanía privatizada como tal actúa enmodalidades de fuerza múltiples e inter-imbricadas, tanto dentro de la prisióncomo a través de zonas crecientementemilitarizadas de la ciudad gentrificante.Este ensayo registra, en primer lugar, laprivatización del espacio público urba-no a través de la implementación deestrategias policivas de “cero toleran-cia”. En Guayaquil, las autoridadesmunicipales de renovación urbana rehi-cieron la estructura de la ley, expan-diendo el poder jurídico del Estado paraperseguir y encarcelar a personas sospe-chosas de haber cometido crímenes

Ecuador dEbatE / ANÁLISIS 171

menores. Mediante la descripción de lagentrificación como un brutal procesocultural, muestro cómo surgió un estadode anomia urbana cuando familias yvecinos, al ver convertido su ambienteurbano en una zona de guerra de bajaintensidad, se sintieron amenazados yalienados y le dieron la espalda a losrecientemente acusados. Este contextode desconfianza y sospecha generaliza-do es la nueva base del poder soberanoen Guayaquil—transformando presun-tos criminales en no-ciudadanos “anti-sociales”, lo cual generó de inmediatouna nueva casta de sujetos legalesabyectos.

Posteriormente, este ensayo seocupa del evento de la crucifixión y dela brutalización de la vida diaria en laPenitenciaría. En el espacio de la pri-sión, los rehenes jurídicos de Guayaquil,alejados del público y amenazados porlos guardias y la mafia, activamente bus-caron la restitución de sus derechoshumanos y civiles a través de su inusualprotesta. Sin embargo, la campaña decrucifixiones de los presos también bus-caba poner en evidencia la inhumani-dad de la Penitenciaría como espacioen el cual se amontonan los olvidadosbajo el nuevo régimen de contenciónpunitiva. A diferencia de los constructospropios de la alta modernidad de la pri-sión como una zona de reclusión de

internos, de disciplina y de rehabilita-ción (Foucault 1995), la Penitenciaríade Guayaquil sirve, más bien, como unmecanismo del gobierno local para laconcentración y almacenamiento inde-finido de presuntos criminales con míni-ma disciplina y ningún tipo de rehabili-tación formal. Las mafias de los bloquesde la prisión gobiernan indiscriminada-mente dentro del complejo, en colusióncon los guardias que empuñan susarmas y ejercen su poder coercitivo através de los edificios y patios del com-plejo.2

Como respuesta a su miserable con-dición, las crucifixiones de los prisione-ros se empeñaron en construir un puen-te de reconocimiento moral sobre lasmuchas fisuras irregulares de desagrega-ción social del estado penal. Los reclu-sos momentáneamente usurparon eldiscurso teológico político del estado alencarnar, literalmente, la historia de lacrucifixión cristiana—un evento coope-rativo específicamente encaminado atrastornar las atribuciones colectivas yde sentido común de lo sagrado y loprofano en Ecuador, y a restaurar lasexigencias morales de los sospechososal discurso de derechos. Sin embargo, lapuesta en escena de estas crucifixionesoculta la labor de los más íntimos cola-boradores de los prisioneros—en parti-cular, los guardias y los prisioneros


2 Al mencionar la “reclusión, disciplina y rehabilitación”, hago uso de la clásica exposición que Foucaulthace del modelo Benthamiano del panóptico como un discurso de reforma “compasivo”: de la inte-riorización por parte de los prisioneros de la mirada de la sociedad, cultivando disposiciones más pro-ductivas para el Estado dentro del “alma” del prisionero. Aunque es difícil imaginarse una estructuramás cercana al panóptico que la Penitenciaría de Guayaquil, debo añadir que el gesto de crucifixiónde los prisioneros hace referencia a nociones cristianas de piedad como un índice de la vida religiosaíntima—sólo para denunciar el régimen penal al que estaban sometidos.

extranjeros—sin cuya participación nohabría podido tener lugar la campaña.Creo que estas múltiples formas de cola-boración con los rehenes jurídicos deGuayaquil en el espacio de la prisióndemuestra la medida en que la violen-cia soberana del estado penal opera entodos los cuerpos de quienes se encuen-tran confinados en sus más grandes pro-fundidades.

El surgimiento del Estado penal

El predicamento que motivó la cam-paña de las crucifixiones fue el naci-miento de un sistema penal alimentadopor intereses privados y cosmopolitas.Nuevas políticas urbanas y económicasse implementaron, especialmente enGuayaquil y Quito, durante los noventa,para reconfigurar distritos tradicionalesen zonas que estaban experimentandoun aumento del turismo y la inversiónprivada internacional (Hanley & Carrión2005). Esta transformación radical delnúcleo urbano requería de una reaco-modación simultánea del paisaje legal ypolítico de la ciudad. En 1995, porejemplo, los líderes municipales yempresariales de Guayaquil, siguiendolas directivas del alcalde conservadorLeón Febres Cordero, crearon la prime-ra ONG—Fundación Malecón 2000—que canalizó recursos de recaudaciónde impuestos y donaciones privadas enla construcción de nuevas obras públi-cas a lo largo de la orilla del río. LaFundación Malecón 2000 rápidamentese convirtió en el modelo para la admi-nistración civil y empresarial a través deiniciativas público-privadas que queda-ban fuera del alcance impositivo delEstado y del control político; la

Fundación empleó grupos de seguridadprivados para vigilar las áreas reciente-mente renovadas, y subcontrató lamano de obra municipal con organiza-ciones terciarias que contrataban unnúmero inédito de guayaquileños entrabajos con bajos salarios y sin losseguros y las protecciones laboralesordenadas por el Estado.

Durante la siguiente década, la crea -ción de una red de este tipo de funda-ciones marcó una nueva época en losgobiernos municipales. Guayaquil SigloXXI, la fundación que de alguna mane-ra cobija a todas las demás, buscó re -crear el trabajo urbano alrededor de laestructura municipal liderada por lasONGs; promover una retórica de inclu-sión moral a través de un discurso de“orgullo” colectivo con respecto al pro-greso económico compartido localmen-te (llamado “orgullo guayaquileño”); yrevitalizar las redes empresariales clien-telistas alineándolas con flujos de capi-tales internacionales. La llegada de unestilo de gobierno neoliberal aGuayaquil a través de múltiples funda-ciones no gubernamentales aliadas conel capital privado ha sido descrita por elantropólogo Xavier Andrade como la“domesticación de los habitantes de laurbe” (2007)—descripción que acerta-damente captura los esfuerzos de loslíderes municipales que buscaban, a tra-vés del tercer sector, subordinar los inte-reses públicos a la esfera privada. Sinembargo, en la mayoría de los recuen-tos acerca de la planeación urbana enSuramérica hace falta, extrañamente, elreconocimiento de la medida en que laneoliberalización arribó junto con lamilitarización de espacios urbanosrecientemente privatizados, una manio-


bra tecnocrática sobre la que Leslie Gilly Teresa Caldeira llaman la atención enel caso de El Alto, Bolivia, y Sao Paulo,Brasil (Caldeira 2000; Gill 2000). Por lotanto, lo que esbozo a continuación escómo las políticas urbanas de cero tole-rancia militaron en contra de los norepresentados en el nuevo orden jurídi-co-político, especialmente los jóvenesde la clase obrera—o los que apenastenían una vida estable dentro de la redeconómica informal. La canalización detales poblaciones a través de circuitoscada vez más asediados tenía el fin desubyugarlos a una virtual guerra de bajaintensidad, y de estimular paradójica-mente la demanda del público por unsistema carcelario extendido para alber-gar los nuevos enemigos internos delestado.

El proceso de renovación urbanadesalienta, y busca eliminar a la fuerza,cualquier amenaza real o simbólica a lapropiedad y la seguridad personal de losresidentes más acaudalados, retirando asospechosos de haber cometido un cri-men de áreas de fuerte circulacióncomercial—y restaurando a través de lalimpieza social lo que los tecnócratasmunicipales consideran son las bases“ordenadas” y “civilizadas” de la socie-dad urbana moderna. Una nueva gene-ración de presuntos criminales rápida-mente emergió dentro del espacio de laciudad como resultado de la limpiezasociológica del centro urbano y las tác-ticas de “cero tolerancia”. Se criminali-zaron así ofensas menores tales comoorinar en público o vandalizar los bie-nes ciudadanos, además del aumentode la vigilancia sobre otros crímenesmenores de antaño—indigencia o labeligerancia pública. Estas estrategias se

originaron en el Nueva York “revanchis-ta” de los noventa y se exportaron a lasgrandes metrópolis de Latinoamérica(Smith 2002, Swanson 2007).

Estas transformaciones no se puedenreducir a una guerra de clases—o,mejor aun, las manifestaciones tradicio-nales de diferencias urbanas fueroncomplementadas por una retórica ima-ginaria emergente de la división racialurbano-rural, recreada con el fin de cri-minalizar racialmente a sujetos a lamanera de la ciudad norteamericana, lacual está saturada de tecnologías devigilancia. En una Guayaquil definidapor el valor supremo de la “seguridad”,las inseguridades de los residentes máspobres acerca de su bienestar físico ycolectivo en barrios en los que abundanformas de transgresión ilegal y cunde lapersecución de la policía se articulanperfectamente con la importación de undiscurso de mano dura, estimulando deesta manera a los propietarios de peque-ños negocios y a los residentes localespara que tomen la justicia en sus pro-pias manos, organizándose en gruposbarriales para perpetrar asaltos preventi-vos contra los sospechosos y los nuevosindeseables de la ciudad (cfr. Garcés2004; Goldstein et a. 2008; Hylton2006; Swanson 2007; Taussig 2005). Lapresencia del conflicto de clase y gene-racional era claramente perceptible encada esquina de los barrios sitiados, asícomo también la creciente marginaliza-ción social a través de la racializaciónde los presuntos criminales a lo largo deespacios de la clase trabajadora.

Trabajos etnográficos han demostra-do cómo el discurso trans-hemisféricode la renovación urbana enmascara lafortificación de las élites en comunida-


des segregadas y armadas para asegurarsu seguridad personal (Caldeira 2000);el aumento de la brutalidad policial quetuvo lugar en distritos urbanos margina-dos que se convirtieron en sinónimo dedesorden público (Caldeira 2002); lapérdida de la autoridad policial y el sur-gimiento de la justicia popular entre lascomunidades desprotegidas ante laausencia de protección estatal (Golds -tein 2005); y el traslado de las fronterasétnicas desde los márgenes urbanoshasta la extrema periferia de la ciudad(Davis 2007). Loïc Wacquant (2008),por ejemplo, demuestra cómo un nuevo“triángulo fatídico” de la desregulacióneconómica, la división etnoracial, y lareestructuración del poder privado hadesatado el aparato punitivo del Estado,creando un “laboratorio vivo” capaz dedesafiar la más profunda lógica de lacontención punitiva (56-7). Este artículoparte de la hipótesis de Wacquant segúnla cual la desregulación de los munici-pios ha llevado a la penalización y lamilitarización de la marginalidad urba-na, argumentando que el sistema de jus-ticia criminal establece nuevos códigosjurídicos que han fragmentado y refor-zado nuevas divisiones internas entrelas masas obreras al someterlas a la sos-pecha y a la represión policial. Talestransformaciones recientes en Guaya -quil y en otras partes, sin embargo, seconstruyeron sobre largas trayectoriasdel desarrollo económico y político.

Mi genealogía sobre los procesosdel desarrollo urbano en Guayaquildemuestra en parte cómo la amenazade la Guerra Fría implicó un doble aten-tado en contra de los intereses capitalis-tas de la élite y del criollismo social cris-tiano; en concreto, se podrían enumerar

los siguientes desarrollos: (1) el arma-mento urbano de grupos socialistas; (2)el surgimiento de una población univer-sitaria liberal y militante, lo cual generóun temor generalizado a “elementosanti-sociales” y su fortalecimiento po -tencial al entrar a (3) una red de som-bras de los circuitos narco-traficantes; y(4) la economía informal descontrolada(cf. Garcés 2004: 56-7). No sorprendeque las políticas urbanas de la renova-ción, ampliamente celebrada en elGuayaquil en los noventa y los primerosaños del nuevo siglo, conllevaron unaexpansión del discurso anti-social sinprecedentes, lo que criminalizó a lossospechosos de crímenes menores yvinculó sus acciones a los espectros dela posguerra (1 a 4), mientras que el sis-tema jurídico-político nulificó los dere-chos civiles y humanos que los damnifi-cados habrían podido usar para enfren-tarse a la raison d’être del estado neoli-beral: la productividad económicaurbana y privada.

El surgimiento de una “ciudad de lossospechosos” (Piccato 2001) ocurrió demanera simultánea con la criminaliza-ción del trabajo informal (Garcés enprensa) y el crecimiento de esfuerzosanti-narcóticos conjuntos de EstadosUnidos y Ecuador durante el tratado de1999 llamado “Plan Colombia” (NúñezVega 2007). Estos desarrollos guberna-mentales y policivos han sometido amuchos barrios a una guerra de bajaintensidad cotidiana, lo cual equivaleen la práctica a la política de “divide yvencerás” para las comunidades priva-das de sus derechos.

En otras palabras, mi trabajo sobrelas transformaciones urbanas de Gua -yaquil encuentra un notable paralelo en


el retrato que hace Wacquant de la polí-tica penal de los Estados Unidos y suexportación global como un “laborato-rio viviente” neoliberal (2007, 2008,2009). Aunque mi trabajo de campopuede enmarcarse dentro del modeloWacquaniano, también me aparto de sudiagnóstico y revelo mecanismos emer-gentes que los individuos más sumergi-dos en tales procesos han utilizado paraescapar del destino penal que padecen.En el Guayaquil contemporáneo, lasacralización ideológica del desarrolloprivado y el aparato represivo en expan-sión del Estado aparecen como incon-mensurables o como ámbitos totalmen-te diferenciados en las discusionespúblicas sobre la sociedad civil ecuato-riana. Mi tarea etnográfica consistió enexplorar cómo la neoliberalización y lacriminalización formaban parte de unmismo proceso de desarrollo y se resis-tían a cualquier crítica pública. Es pre-cisamente en este contexto—una ciu-dad providencial, alabada por su nuevainfraestructura privada y sus medidas deseguridad avanzadas—en el cual losrehenes jurídicos necesitaban tomar lamedida de crucificarse—literalmente—para reinsertarse como sujetos estatalesbajo el discurso político-teológico ecua-toriano.

un pantano legal

Los tribunales de Guayaquil seempantanaron con nuevos procesos.Una y otra vez, los jueces consideraronlas leyes de procedimiento como unaorden para salvaguardar la primacía deldebido proceso, y por ende la mayoríade los reos estaban obligados a esperarsus juicios postergados indefinidamen-

te. El que los testigos utilizaran sobornospara evitar sus citaciones para testificar,o las ignoraron por completo era depúblico conocimiento. Según los rehe-nes jurídicos, los jueces también se abs-tuvieron de proferir sentencias paraaprovecharse de las personas amenaza-das de encarcelamiento —lo quemuchas veces dejó a los parientes comointermediarios victimizados entre losfuncionarios de las cortes y el acusado.La política guayaquileña de las cortes esbien conocida entre rejas, pero todavíaconsiderada una especie de tabú paraarticularse transparentemente (eg. Jaime1985).

Curiosamente, sin embargo, lamayoría de los guayaquileños eran rea-cios a quejarse por las arbitrariedadesjurídicas. La instancia más elocuentedel secreto público de la auto-censurafrente a la injusticia sistemática enGuayaquil es el caso de Pancho Jaime,un periodista político, promotor demúsica rock y caricaturista quien, paradesacreditar la modalidad de domina-ción política del “club de los viejosmuchachos” del Partido Social Cris -tiano, publicó caricaturas homoeróticasde líderes del partido durante finales delos setenta y los ochenta (Andrade2001). Jaime fue secuestrado y desapa-recido por un poderoso grupo de líderesmunicipales que denunciaron sus difa-maciones ante las cortes y promovieronsu encarcelamiento político. Una vezliberado, Jaime (s.f.) escribió un detalla-do recuento de su período en cautive-rio: un verdadero catálogo de maltratosen el cual hacía públicas las identidadesy los nombres de quienes lo atormenta-ron, rompiendo un tabú urbano en con-tra de articular de manera transparente


la colusión entre la elite política y legalde la ciudad. Pancho Jaime fue asesina-do a balazos a la salida de su estudiodespués de haber sido dado de alta dela Peni. La policía municipal procedió amatar a su presunto asesino en unabalacera que se desató mientras trata-ban de capturarlo—antes de que el sos-pechoso pudiera dar un testimoniopúblico.

La muerte de Pancho Jaime fue unespectáculo mediático (Andrade 2006)cuya memoria todavía persiste en lasconversaciones sobre el gobierno muni-cipal durante los últimos años de losnoventa, despertando innumerablespreguntas sobre la justicia criminal enGuayaquil. Para la mayoría de los resi-dentes urbanos, la historia de la muertede Jaime era la muestra más elocuentede la falta de independencia del poderjudicial en la ciudad. Tal y como losmiembros del Comité de DerechosHumanos de Guayaquil me dijeron conalguna reserva, la normalización de lacorrupción (informalmente conocidacomo el “refilo”, esto es, el encubri-miento de irregularidades políticas olegales) era casi total; la mayoría de losciudadanos que hacían reclamos o acu-saciones en contra de personas conbuenas conexiones se convertían rápi-damente en blancos de la coerción através de amenazas de muerte, insultosa su credibilidad profesional, o abusofísico directo. Como resultado de esteestado de cosas, el sistema legal de

Guayaquil—la máquina político-jurídi-ca de contención punitiva—estaba efec-tivamente inoculado contra la críticasistemática pública o privada.

En su defensa, los jueces señalaronla ineptitud burocrática y la insuficien-cia estructural del sistema jurídico: seles habían entregado demasiados casos;no podían observar el debido procesocon el estatuto de limitaciones por lasacusaciones; y que el problema de haci-namiento carcelario requería nuevasleyes constitucionales y una infraestruc-tura jurídica fortificada3. Los juecestambién lamentaban la “impunidad delos asesinos”, argumentando que elA24N8 había fallado en reconocer la“realidad del tiempo” necesario paracompletar un proceso legal serio, locual requeriría la coordinación de lapolicía, los fiscales, y los testigos de ladefensa y el acusado. Un juez de un tri-bunal de Guayaquil aseguró que mien-tras 10 cortes y 300 fiscales eran nece-sarios para llevar a cabo los procesoscriminales generados anualmente en laciudad, al comienzo del 2004 se conta-ba con solamente 5 tribunales y 100abogados. Miles de los encarcelados enGuayaquil, como la mayoría de loshuelguistas, entonces fueron condicio-nados por la estructura de la ley paraesperar dos o más años antes de recibirsu sentencia4.

Mientras tanto, muchas comunida-des urbanas dan la espalda a los nueva-mente acusados; al considerarles “insal-


3 El Telégrafo Enero 20, 2004 “Libertad de presos sin sentencia divide criterios de judiciales”; El Universo

Enero 7, 2004;: El Telégrafo Viernes 16, Diciembre 2003 “Liberación de presos preocupa a jueces ypolicía”

4 El Universo Agosto 8, 1999; El Universo “En Guayas 379 presos saldrían en libertad”.

vables,” se pone en duda el apoyo in -condicional de la familia, los amigos ylos vecinos. Aun peor, los vecinos debarrios marginalizados se refieren lin-güísticamente al sospechoso que pidedinero con un término designado paraseparar lo confiable de lo indigno deconfianza: “sapo”; esto es, alguien que,por espiar y pedir apoyo material, oaprovecharse del prójimo, abusa de laconfianza y generosidad del otro.Asimismo, los moradores de barriossuburbanos en Guayaquil ven a ladetención y reclusión inicial—ya sea“preventiva” o “sentenciada”—como sise tratara del comienzo de un ciclo deviolencia y de un interminable encarce-lamiento que es mejor que sea adminis-trado por el sistema carcelario. En efec-to, parece que la prisión preventiva úni-camente acelera el proceso por el cuallos parientes, los amigos, y los conoci-dos se desasocian, paulatinamente, deaquellos que muestran signos externosde “delincuencia urbana” (i.e., la ventay el consumo de drogas, acoso en elbarrio y pequeños robos, etc.). Esta pro-yección colectiva sobre las subjetivida-des criminales promueve una fragmen-tación social y cívica que produce, iró-nicamente, “pandillas” o grupos de“antisociales como tal (cf. Cerbino2004).

El problema del hacinamiento car-celario tuvo su primera crisis en el vera-no de 1999, cuando 5.558 acusados sevieron detenidos sin sentencia. Alrede -dor de 2003 y 2004, la situación empe-oró significativamente. A pesar de las

apelaciones de los abogados defenso-res, casi la mitad de la población penalecuatoriana—6.779 individuos5—per-maneció encarcelada sin sentencia,encerrada en una pesadilla. Mientras 5acusados fueron retenidos bajo ladetención en firme a fines de 2002, endiciembre de 2003 la cifra de 1.221reos adicionales representó un aumentodel 20% en las encarcelaciones preven-tivas. En agosto, cuando los reos afecta-dos comenzaron su huelga, la “situa-ción carcelaria”, como los medios decomunicación la denominaron—comosi fuera meramente una cuestión delespacio libre en la cárcel—, había llega-do hasta tal punto que algo tenía queestallar. El complejo de Guayaquil fuediseñado arquitecturalmente para unacapacidad máxima de 1.290 individuos,pero casi cuatro mil personas habitabanel complejo; la disminución de serviciosde agua y electricidad fueron rutinarios;y un hedor insoportable que conjurabala memoria olfativa de los zoológicos,como yo mismo pude constatar, emana-ba de todos los rincones de los bloques.A finales del año, había en laPenitenciaria del Litoral 1.513 indivi-duos que buscaban su libertad bajo elA24N8, representando casi un tercio dela población interna.

La campaña de crucifixión

Análogamente con el crecimientode la planta, los eventos de la huelga sedesarrollaron como si tuvieran vida pro-pia6. El primer individuo que accedió a


5 El Universo Diciembre 24, 2003 “6,779 reos sin sentencia habitan cárceles del país”.6 El Universo Enero 6, 2004 “Reos dieron 48 horas o enjuiciarán al Estado”.

crucificarse por el Artículo 24 fue undeterminado Gustavo Gordillo. El even-to tomó lugar en el bloque Tratado,donde los prisioneros nacionales fueronsecuestrados por su propia seguridad ysegregados del resto de la población.Según los huelguistas, el acto de Gor -dillo no recibió cobertura por parte delos medios de comunicación a pesar deque los reclusos habían anunciado desu “terrible nueva medida”. La siguienteprotesta, sin embargo, produjo una ver-dadera ola de publicidad7. El giro de losmedios puede atribuirse en parte alhecho de que había múltiples teléfonoscelulares tendidos por cada bloque—comprados por colaboradores externosy regulados por redes mafiosas adentro.Los reos a quienes di mi número de telé-fono me llamaron con regularidad, acualquier hora, a propósito de quedenunciara sus condiciones miserablesa la prensa nacional. Inundados tam-bién con sus peticiones, supongo quelos reporteros, el 31 de Agosto, quizástenían una buen razón para dudar quelos reos se crucificarían como habíanadvertido, ese día en particular, paradenunciar sus peticiones perpetuamenteignoradas por el Artículo 24.

Para sorpresa de los medios nacio-nales, sin embargo, la protesta de lascrucificaciones se llevó a cabo justocomo los reos habían advertido. Co -menzando el 2 de septiembre, reporte-ros y equipos de cámara, rodeados deotros observadores (como algunosmiembros de la Cruz Roja Interna cio -

nal, el Cónsul de Colombia en Guaya -quil, y representantes locales delComité de Derechos Humanos), visita-ron regularmente la Peni para docu-mentar las crucifixiones en vivo y paracomunicar las peticiones de los reclusosal Congreso Nacional8.

Los presos continuaron clavándosea los palos de madera hasta el 6 deenero del siguiente año. Las imágenesde hombres decididos a mutilarse sedifundieron a través de los principalesmedios de comunicación masiva. El 1de enero, El Universo nombró a las pro-testas entre sus “Historias del año” debi-do a los debates cívicos y a la inquietudque habían ocasionado. Para una mayo-ría de los ecuatorianos, la desagradableposición de ser testigo de las crucifixio-nes en nombre de la justicia sólo podíaser igualada por la indignación ante lapolémica sobre si los “delincuentes” o“drogadictos”—como los internos fue-ron tachados—deberían regresar o no ala sociedad.

La mayoría de los comentarios ini-ciales en la prensa estaban enmarcadospor una lógica sobredeterminada: ¿Seráposible que un espectáculo penal, orga-nizado por dichos “desequilibrados”,ejerza una influencia sobre la políticade un gobierno secular y su sistema jurí-dico? ¿Puede que una intervención asímerezca la distinción de ser calificadacomo algo “religioso”? Sin embargo, loque tales preguntas hicieron perfecta-mente aparente fue que un pequeñogrupo de los rehenes jurídicos (situado


7 Compárese El Universo Septiembre 2, 2003; “Recluso se crucificó durante una huelga” & El Universo

Septiembre 4, 2003 “Caos en la penitenciaría por huelga de 34 reclusos”.8 “Mantilla visitó a reclusos en huelga” El Universo Septiembre 6, 2003.

en un bloque, en la prisión más grandedel estado) lograron llamar la atenciónde la sociedad en actos religiosos queforzaron a los ciudadanos ecuatorianosa cuestionar la contabilidad legal y espi-ritual del estado. Sus acciones se entre-tejieron con un modelo de ciudadaníaestablecido hace siglos y ligado a laideo logía de puridad Cristiana, y loslegados postcoloniales de la repúblicadecimonónica en lo cual los caciquesnotables justificaron los movimientosrevolucionarios y las formas de gober-nar a través de los valores hegemónicosde la dominación criolla, el orden cívi-co Católico, y la caridad religiosa (De -mélas y Saint-Geours 1988; Williams2001, 2005). Los dichos reos simbólica-mente se apropiaron de la imagen desoberanía ecuatoriana para trastornar elpoder soberano asimismo—obligandoal aparato jurídico del estado a “revivir”o a aniquilar” sus peticiones como suje-tos del estado.

un reto político-teológico

Aunque los prisioneros que partici-paron en las crucifixiones no erannumerosos (unos 34 de casi 1500 reclu-sos sin sentencia), el desarrollo de lacampaña de crucifixiones y sus repercu-siones captaron el interés público comopocas historias del penal lo habíanlogrado anteriormente. La mayoría deacadémicos y profesionales con quienescomentaba el asunto lo considerabancomo un acontecimiento incomparabley sin precedentes. Lo que los reos hicie-ron para exhibir e invertir el imaginariosacrificial había llevado las protestas aun nivel impensable de la ignominia.No obstante, un proceso colectivo de

olvidar el carácter político teológico delas quejas legítimas ante el gobierno yaestaba operando.

La mayoría de los ecuatorianos a finde cuentas normalizaron tal forma deprotesta, esperando a la próxima rondade crucificaciones para que tomaralugar tan pronto como se les estorbara.Un estado general de amnesia—espe-cialmente en torno a la relación entre laimaginería del sacrificio y la influenciaidiomática de la moral cristiana—pare-cía regir en todas las conversacionesacerca de las horribles acciones de losreclusos. En un país con un alto porcen-taje de Católicos, donde la literaturanacionalista hagiográfica y religiosarepresenta una gran parte del programaeducativo en las escuelas, incluso losoídos de los ciudadanos más secularesse acostumbran a las narrativas teológi-cas de la injusticia y de la redenciónsacrificial.

A lo largo del cuarto de siglo pasa-do, la reorganización de la prácticaCatólica posterior al Concilio VaticanoII, junto con el crecimiento explosivodel cristianismo evangélico, ha llevadoa personas “laicas” a defender la justiciasocial en un nivel sin precedentes(González y González 2008). Aunquegrupos evangélicos específicos enEcuador promueven la acumulación dela riqueza y principios de “responsabili-dad social” a lo largo de redes interna-cionales de colaboración evangélica(Andrade 2004; Stoll 1990: 266-304), laIglesia Católica contemporánea seencuentra sacudida por ideologías alter-nativas de justicia propuestas por defen-sores de la teología de la liberación y su“opción preferencial por los pobres”, ygrupos conservadores “seculares” como


el Opus Dei, y su promoción de la con-solidación de la clase empresarial y dela ortodoxia doctrinal de la élite a lolargo de la esfera pública (Garcés 2009:168-203). Sin embargo, lo que éstosrápidamente crecientes y divergentesmovimientos teológicos cristianos com-parten es una marcada tendencia deestimular actividades de reforma comu-nitaria piadosa lideradas por una inicia-tiva religiosa individual. El sujeto reli-gioso ideal, en cualquier caso, es moral-mente llevado a identificar la injusticiamundana—independientemente decómo sea ésta concebida—y a trabajarsilenciosamente para neutralizarla a tra-vés de una continua labor de sacrificiopersonal. A este proceso generalizadode “laización” hace claramente referen-cia la campaña de crucifixión de los pri-sioneros, la cual denuncia el régimenecuatoriano de contención punitiva. Sinembargo, la campaña de los prisionerosse alimenta, más específicamente, deuna variedad de gestos político-teológi-cos Católicos normalizados con el finde protestar contra la injusticia en elEstado ecuatoriano.

A través de las comunidades ecuato-rianas, la vida ceremonial Católica y lapráctica devocional piadosa le transmi-te un significado personal a las imáge-nes Católicas, aunque la fuerza moral yel uso de dichas imágenes raramente sediscute públicamente. Con respecto a laarquitectura religiosa, por ejemplo, lapolicía municipal tiende a reconocer ydemarcar el espacio ritual Católicocomo una zona de libre expresión.Cuando las marchas de protesta enGuayaquil se tornan violentas, los indi-viduos perseguidos por la policía localusualmente se refugian en la Iglesia más

cercana, haciendo uso del derecho asantuario, el cual, como ellos biensaben, será respetado por la policía. Unmes antes del comienzo de la campañade crucifixión, por ejemplo, yo mehabía mudado a un apartamento en elcentro de Guayaquil con la esperanzade documentar el proceso de gentrifica-ción de cerca. Una tarde, un pequeñogrupo de adultos mayores detuvo el trá-fico para protestar por la disminuciónen los pagos de sus pensiones. Losmolestos pensionados no habían solici-tado de antemano un permiso del muni-cipio para llevar a cabo su protesta, y lapolicía municipal (los “municipales”camisas negras) persiguieron al grupohasta la Iglesia San Francisco—el lugarde culto más antiguo e histórico de laciudad. Desde mi ventana pude vercómo los perseguidos insultaban a suspersecutores desde el interior de laIglesia durante más de dos horas. Laimpunidad otorgada a estos ciudadanosme causó mucho asombro pues yahabía visto cómo vendedores ambulan-tes y otras personas que cuestionaban sudesalojo habían sido maltratados por lamisma fuerza policial (Garcés 2004).Sin embargo, rápidamente entendí quelas protestas que hacen uso de los espa-cios y códigos religiosos de la mayoríaen Guayaquil generan un umbral moralcontra el cual las formas seculares deautoridad e incluso el imperio de la leyquedan, al menos temporalmente, sus-pendidos. Algo similar le dio un gradode inmunidad política a las crucifixio-nes de los prisioneros.

Los significados históricos de la cru-cifixión son raramente discutidos cuan-do salen de su ámbito ritualístico. Lapolicía municipal tiende a reconocer y


marcar un espacio religioso como unazona de libre expresión—como refu-giarse en un convento o una iglesia oprotestar en público a nombre de laespiritualidad. En el presente caso unasuerte de inmunidad también habíamatizado la “nueva medida” para quelos prisioneros secuestrados apelaran alsentido de la justicia del A24N8. El psi-cólogo jefe de la Penitenciaría de Litoralme explicó la lógica de su acción políti-co-teológica en los siguientes términos:“En una huelga de hambre el espíritu deGandhi se revela, y en la crucifixión elespíritu de Jesús; no hay una violenciaen contra del ser humano.” En estaexplicación, la disipación de las ener -gías vitales de la persona en huelga dehambre (con su tácita referencia alayuno católico) nos recuerda el extrañopoder de la protesta no-violenta y subarrera moral en contra de la represiónfísica externa. Pero al justificar lainfluencia de las autocrucifixiones, elpsicólogo también pasó por alto elcarácter del sacrificio como una prácti-ca que hace legible un espíritu de cari-dad irreprochable.

Históricamente, las crucifixionescomo protesta fueron populares a fina-les de los noventa en Guayaquil. Algu -nos activistas laborales recuerdan cómoemplearon esta táctica colocando a lavíctima a la cabeza de la marcha de unaprotesta (imitando así a las procesioneslitúrgicas) cuando sus derechos econó-micos eran menospreciados por leyesmunicipales. Y la práctica ha continua-

do hasta el presente, cuando los traba-jadores informales se crucificaron paradenunciar la represión municipal enGuayaquil9. Lo mismo sucedió muyrecientemente con los ex-trabajadoresde la Fábrica Nacional de Vidrio Plás -tico S.A., quienes “emular[on] una cru-cifixión” ante el Ministerio del Litoral enprotesta por la ausencia de derechoslaborales10. Simbólicos en su naturale-za, estos actos de protesta fueron impo-sibles de ignorar y asimismo se volvie-ron claves para las exigencias dentro dela penitenciaría. El 6 de agosto de 1999,Silvio Silva, un prisionero detenido enfirme, se ató a la cruz para protestar porsu prisión preventiva: después de unaño en prisión, el A24N8, implementa-do en 1998, tendría que haberle otorga-do la libertad inmediatamente.

Cuatro años más tarde, sin embargo,lo que llenaba la boca con disgusto fuelo que solamente se puede calificarcomo una respuesta al espíritu literal decrucifixión. “Sangre inocente” fue de -rramada. Y así como la lógica del sacri-ficio de Cristo delataba su naturalezaparadójica como un ser humano y unser divino, lo que el gesto de los prisio-neros impuso sobre los imaginariosecuatorianos más amplios fue una suer-te de desensamblaje político-teológicoen el cual el rehén jurídico fue, almenos por un sólo momento, inocente.Las demandas de los reos podrían habersido aceptadas o negadas, pero la lógi-ca irreprochable de su trágica campañafue profundamente incómoda para los


9 El Universo, 20 Julio 2009 “Grupo de informales en huelga de hambre”; El Universo, Agosto 23, 2008“Comerciantes analizan reubicación”.

10 El Universo, Martes 11 Noviembre, 2008, “Coyuntura: Pedido protestas por pago de liquidaciones”.

públicos ecuatorianos. Como uno deellos exclamó, “lo que ocurrió dentro dela prisión no es eso [esto es, una huel-ga]—es una revolución.” El grado dehipérbole de la oración es innegable.Pero la campaña de crucificaciones del2003 ciertamente fue la chispa queincendió nuevas discusiones imprevis-tas sobre la interpretación constitucio-nal y la categoría jurídica de la deten-ción en firme. Al igual que las protestasmundiales en contra de los EEUU sobrelas formas de abuso extralegal enGuantánamo, después de estos mórbi-dos, ampliamente publicitados, y espec-taculares hechos algo en el concepto deseguridad del estado ecuatoriano fuepuesto en duda.

Las noticias en los medios de comu-nicación narraron la campaña con deta-lles típicos de la crónica roja. La condi-ción física de los secuestrados ya eraimposible de ignorar en los periódicosde amplía difusión. Uno de los titularesde dichos reportajes expuso la siguientedeclaración junto a la foto de una manocrucificada. La mano abierta de un suje-to desconocido es apuntillada a unatabla de madera, exhibiendo la ubica-ción específica de vasos arteriales ycapilares. Como si se tratase de un librotexto de anatomía humana, se utilizanvarias indicaciones para localizar lospeligros que corre la salud y la vitalidadanatómica de un prisionero crucificado:“(1) infección por tétano, al no estardesinfectado el clavo; (2) fractura de loshuesos metacarpianos y tendones; (3)infección de huesos; (4) problemas neu-

rológicos, si el clavo afecta algún nervio(que da sensibilidad a los dedos); (5) loscrucificados necesitan limpiarse ycurarse las heridas, así como tambiéniniciar una terapia con antibióticos paraprevenir cualquier infección.”11 Estasespeluznantes representaciones de loscuerpos de los crucificados consti -tuían— aunque de manera limitada—un llamado de atención y desacomoda-ban los modos habituales de pensa-miento sobre los encarcelados, la ley, yla justicia.

Otros investigadores han analizadolas manipulaciones religiosas de la vio-lencia corporal, o la manera en que lossujetos religiosos re-enmarcan la acep-tación de la violencia a través de la teo-logía como un gesto de una voluntadcolectiva que decide participar en unalucha perpetua, produciendo de estamanera exigencias irreprochables en elterreno de los derechos humanos y civi-les (por ejemplo, Asad 2003: 127-158).En Irlanda del norte, Allen Feldman(1991: 167-211) describe la influenciadel “Dirty Protest” de los prisionerospolíticos del IRA, protesta en la cual losreclusos se negaron a bañarse o a cam-biarse de ropa para hacer público elultraje del que eran víctimas dentro deun Estado que se negaba a reconocersus derechos, estimulando de estamanera el apoyo del público a su causa.La campaña de los internos de la Peni sealimenta de una matriz ideológica simi-lar. Sin embargo, el uso de la auto-cru-cifixión para denunciar su condiciónlegal de abandono puede ser entendida


11 Ver “Reos no suspenderán huelga en la penitenciaría”, El Universo, septiembre 18, 2003: 8A.

más precisamente como un llamadohistórico directo a la soberanía Católicaecuatoriana, demostrando así cómo unsometimiento compartido a una domi-nación jurídica arbitraria y a una vio-lencia a distancia era de hecho la razónde ser de los sentimientos anticolonialesy de la ciudadanía postcolonial comotal.

Durante el transcurso de las crucifi-xiones, me di cuenta de hasta qué puntolas auto-justificaciones de izquierdas yde derechas, o laicas y religiosas, esta-ban cada vez más desarraigadas. Ha -ciendo eco de estas vinculacionesimprescindibles, el Congreso Nacional,normalmente dividido, se puso deacuerdo en debatir la primacía delA24N8 a principios de año. El 13 deenero, los legisladores lograron unacuerdo preliminar de que la detenciónen firme “no podía aplicarse retroactiva-mente hasta después del 13 de enerodel 2003.” La nueva reglamentaciónapoyaba contradictoriamente la validezlegal del A24N8 y, al mismo tiempo, lapráctica de la detención en firme; losinternos que contaban sin una sentenciade más de un año tenían que ser pues-tos en libertad (según el A24N8), mien-tras aquellos detenidos por menos de unaño tendrían que permanecer interna-dos en espera de una sentencia (deacuerdo con el debido proceso). Milesde reclusos a través de todo el sistemacarcelario merecían, por lo menos ofi-cialmente, ser puestos en libertad—inmediatamente y sin condiciones pre-vias. Pero el nuevo reglamento tambiénimpartió legitimidad política sobre elencarcelamiento preventivo. En su com-promiso faustiano, los asambleístashicieron poco más que reforzar el esta-

tus quo ante el emergente estado penal:los centros de rehabilitación, ahorasuperpoblados, podrían reducir definiti-vamente su número de internos, mien-tras el congreso seguía debatiendo laprovisión de fondos extraordinariospara incrementar el número de prisio-nes, cortes, jueces, y fiscales.

Con una sola excepción, todos losreos que participaron en la campaña decrucificaciones fueron puestos en liber-tad. El único reo al que se le negó lapuesta en libertad en este caso fue unpolaco que se amputó su dedo pequeñopara dar más crédito a su petición delA24N8. Su acto de protesta recibió bas-tante atención de la prensa, generandotanta noticia como la de otro rehén jurí-dico que bebió de un pozo lodoso fren-te a los reporteros en el terreno comunalde la planta. Las acciones del Polaco,sin embargo, fueron descritas como elproducto de una alteración mental. Elcarácter “disparatado” de su auto-des-membración no agregó ninguna fuerzamoral extra, y de hecho sirvió para dis-minuir su petición de salir libre comoun miembro del colectivo huelguista enel Bloque Tratado y su acción religiosa.

observando el sacrificio dentro de laprisión

Los reos y funcionarios fueron ini-cialmente reticentes a discutir los oríge-nes de la campaña de crucificacionescon gente de fuera de la planta. Desdemi primera visita a la Penitenciaría, ubi-cada a 45 minutos del centro deGuayaquil, me presenté a los adminis-tradores e internos como un antropólo-go, mitad ecuatoriano, radicado en losEstados Unidos, sin afiliación institucio-


nal local. Me di cuenta que ningúnhuelguista me explicaría cómo llegarona la decisión de emplear las crucifixio-nes como táctica de protesta. En celdasrepletas o en privado, los reos invaria-blemente condujeron nuestras conver-saciones a la sangre derramada de losretenidos o al valor redentor de su sacri-ficio. Actuando como “Cristo” ante“Tomás,” un huelguista levantó sus dosmanos para enseñármelas y dijo: “¿Quécrees que vale esto? ¿Cinco mil dóla-res?” Me quedé pensando: ¿por quéhabría relatado la historia de su sacrifi-cio a través de una óptica comodifica-da, en vez de hacer referencia a un retolegal, político, o fenomenológico? ¿Se -ría que su falta de voluntad para expli-car su participación en la protesta ten-dría que ver con potenciales represaliassi transmitía su información a los admi-nistradores? Basta decir que las incerti-dumbres de los reos de cara a mis “inte-rrogatorios” etnográficos parecieronreflejar, al instante, su encarcelaciónindefinida y la exigencia de sus propiascrucifixiones. Como una representaciónpública, estas crucifixiones no “se adue-ñaron” de ninguno de los reos que llevóa cabo el horrendo calvario; la energíadel acto sagrado, un evento colectivopor excelencia, perteneció al grupoentero de los huelguistas y a la crecien-te población de los detenidos preventi-vamente que lo representaron.

Al descubrir la presencia y voluntadde un etnógrafo para entrar en laPenitenciaría, un grupo de derechoshumanos me pidió colaborar con laorganización realizando una encuestainformal sobre las condiciones de vidadentro del complejo. A través de un

acuerdo entre la organización y elComité de Evaluación Social y Rehabi -litación de la Penitenciaría, que busca-ba publicidad sobre su propia transpa-rencia, me dieron una oficina comparti-da y mucho tiempo para entrevistar alos internos y documentar casos deabuso. Solamente así, en un espacio deinteracción formal con los reos—inclu-yendo a muchos de los huelguistas—,llegué a clarificar aspectos de las jerar-quías administrativas y culturales infor-males de la cárcel.

La mayoría de mis contactos conempleados de la Penitenciaría tuvieronlugar en la misma sección de diagnósti-co del complejo. Las élites administrati-vas se quejaron sin cesar del hacina-miento, la escasez de fondos, y los repe-tidos motines para protestar en contrade las “irregularidades”. Los psicólogosdeclararon que el problema más gravedel complejo era el bajo subsidio deprogramas de rehabilitación, atribuidobajo su punto de vista al imparable robode fondos entre los altos cargos. Tal dis-función administrativa, según añadie-ron, era estimulada por la “puerta gira-toria” de la llegada de un nuevo grupode mando con cualquier cambio guber-namental—un fenómeno que habíaocurrido cinco veces en los cuatro añosanteriores. Los fondos públicos genera-dos para la alimentación y medicina delos reos siempre fueron escasos. Losreos protestaron amargamente sobre lamala calidad de las comidas diarias, ysobre la falta de medicinas (apenas dospastillas estaban disponibles para curarinfecciones o enfermedades serias,como la diabetes o el SIDA). Pero losoficiales de la cárcel no se consideraban


responsables éticamente por los escasosvíveres ya que a todos los reos se lespermitía el privilegio de “la visita,” estoes, las reuniones que toman lugar tresdías a la semana cuando familiares yamigos traen abastecimientos para lasupervivencia. Como resultado, la poli-cía estatal encargada de la entrada alcomplejo únicamente requisaba a losvisitantes de mala gana, y cualquier irre-gularidad que surgiera era fácilmentesilenciada con el paso de uno, cinco, oveinte dólares en sobornos informal-mente regularizados.

De un tercio a la mitad de la pobla-ción estaba sentenciada por narcotráfi-co local o transnacional, y existe unflujo diario y continuo de narco-dólaresentre los reos y sus contactos afuera delcomplejo. La economía informal y flore-ciente de las drogas ha conllevado unaserie de nuevas formas de administra-ción informal entre los internos. En pri-mer lugar, la mayoría de los bloques sehan organizado en jerarquías a la som-bra que no solamente manejan el flujodel dinero, los narcóticos y las armas,sino que también promueven prácticasde chantaje, robo, y tortura que los reoscomúnmente denominan “sometimien-to”. El proceso de extorsión normalmen-te ocurre de la siguiente manera: (1) unnuevo interno llega a un bloque; (2) elcapo del bloque inmediatamente loobliga a dar a su mafia entre unos US$100 y US$5.000 (dependiendo de suapariencia o del país del que provenga)a cambio de garantías de protecciónfísica; y (3) aceptar el “pacto” de seguri-dad, lo cual significa pedir a su familiao amigos un préstamo para evitar serhumillado, torturado, o asesinado.Cuando les pregunté a los reos si ciertos

individuos eran un blanco especial delsometimiento, la respuesta fue siemprela misma: “todos”. En un día típico deentrevistas, me encontraba, por ejem-plo, a colombianos sentenciados pornarcotráfico y a ecuatorianos pobres yencarcelados por crímenes menores,todos quejándose por el sometimiento ymostrándome sus moretones y heridasde arma blanca. Sin embargo, misinvestigaciones revelaron que los muyjóvenes y los muy viejos estaban gene-ralmente exentos de dicho sometimien-to. Tales ritos de iniciación en los blo-ques de la Peni fueron raramente reve-lados en los principales medios decomunicación, tratados en cambio en lacrónica roja y relegados a “sucesos dellado oscuro” o “leyendas urbanas” entrela mayoría de los ciudadanos.

La tragedia humana de este estadode cosas se hace evidente en el caso deSantiago Teodoro Ibáñez Castro, tam-bién conocido como “El Engorrado”,caso que salió a la luz a finales de agos-to de 2004. Condenado por hurto yhomicidio, el Engorrado contactó areporteros del tabloide Extra—el únicoperiódico de circulación nacional queestableció una oficina dentro de laPeni—y les suplicó para que denuncia-ran públicamente la existencia de dosgrupos de mafiosos que estaban tratan-do de asesinarlo. El tabloide inmediata-mente comenzó a publicar boletinesdiarios sobre su condición física; de otrolado, El Universo y otros periódicos mástradicionales sólo se concentraron enlos “eventos” dentro de la prisión, limi-tando su cobertura periodística a asun-tos que pudieran ser de interés a unpúblico urbano más amplio. El directorde la prisión aseguró, frente a los perio-


distas, no tener conocimiento de lasituación del Engorrado. Tres días des-pués este prisionero fue asesinado concinco disparos mientras se despedía desu esposa con un beso después de lavisita de ésta a la Penitenciaría.12 ElUniverso no cubrió el drama de Gorradentro del complejo sino hasta que éstefue acribillado—el inverso de la lógicadel reportaje “serio” de un periódico yel cubrimiento “sensacionalista” de untabloide.

Las amenazantes condiciones devida cotidiana en los bloques organiza-dos por las mafias constituyen el telónde fondo subjetivo de la campaña decrucifixión de los prisioneros. Sinembargo, entre más me adentraba en elcomplejo penal, menos le encontrabasentido a la manera en que los mediosde comunicación y los ciudadanosecuatorianos hablaban sobre la campa-ña de crucifixión. Fuera de la prisión,casi todas las narraciones públicas de lacampaña coincidían en que la crucifi-xión constituía un espantoso y consu-mado ejemplo de auto-tortura. De unlado, la violencia del gesto de los pri-sioneros y su destinatario final —el Esta -do— no podían negarse. De otro lado,todos los internos que participaron en lacampaña estaban, en menor o mayormedida, sometidos a una disciplina cor-poral que ponía en riesgo sus vidas yque era ejecutada no sólo por parte delEstado sino también por parte de lamafia ignorada por el Estado.

La supervisión de la crucifixión

Los policías generalmente conside-ran su cargo y salario inconmensurablecon el peligro que afrontarían al super-visar los presos. Tienen como regla noentrar al espacio de la Peni y aún menosen los bloques si no reciben una ordende parar un motín. Las tareas de vigilan-cia recaían entonces en los 117 guardiasformalmente contratados—de los cuales97 fueron empleados de tiempo com-pleto en 2003-04. Estos individuos tra-bajan tres turnos distintos, lo cual impli-caba que había más o menos 30 guíaspara mantener el orden de una pobla-ción de casi 4.000 personas. El grupo deguardias estaba compuesto mayoritaria-mente por: (1) soldados quienes termi-naron su servicio militar; (2) guardias deseguridad desempleados; o (3) ex-reosdel sistema carcelario. El guardia de laPenitenciaría está sistemáticamente malremunerado a pesar de múltiples res-ponsabilidades como el control delorden de las zonas comunes, la decisiónde dónde albergar a los nuevos reclu-sos, y la supervisión del movimiento delos internos dentro del complejo.

Ampliamente superados por el nú -mero de internos (una proporción guar-dia-reo de 1:125 es lo normal), los guar-dias se disponen rápidamente a em plearla fuerza para mantener la autoridad eimponer su aura de violencia soberana.Fuera de los bloques, los guardias sue-len mostrar su arma preferida, la esco-


12 Ver “Me quieren matar: El ‘Engorrado’ Denuncia Desde el Interior del Penal”, Extra, agosto 7, 2004: 3;“Y lo Mataron: Que lo Maten Delante de Mi”, Extra, agosto 10, 2004: 2; “Lo Mataban Cuando Me Dabaun Beso”, Extra, agosto 11, 2004: 2.

peta serruchada, en un despliegue dra-mático de su poder. Mis entrevistas en lacárcel fueron súbita y frecuentementeinterrumpidas por el estallido de susarmas, lo cual me causaba un sobresal-to mientras el entrevistado permanecíaimpasiblemente enfocado en nuestraconversación—sonriendo ante misobresalto. Durante las tardes calurosasdel invierno guayaquileño, el olor de losbloques superpoblados y sus deplora-bles condiciones sanitarias obligaban amuchos internos a pedir tiempo fuera desus celdas en la zona común. Aquí, sinembargo, eran sometidos al abuso delos guardias. Subiendo a los techos delcomplejo en busca de aire fresco, losreos jugaban al peligroso juego del gatoy el ratón con los guías que considera-ban esta práctica como un juego de tiroal blanco. El centro de atención médicade la Penitenciaría estaba repleto deindividuos con heridas de perdigones.Sin embargo, el que morir por una heri-da de perdigón sea improbable enfatizael rol performativo de estos encuentros,además de revelar una peligrosa com-plicidad entre guardias y reos.

Para los guardias, la petición decada recluso tiene un precio. El costomínimo para trasladarse de una celda aotra es de un dólar. Esta regla restringela movilidad de la mayoría de los presosy recae en manos de las mafias centrali-zadas (de las que aparentemente habíatres en el complejo). La mayor parte deltráfico de bienes y personas ocurría conel consentimiento de un guardia o porsu negligencia. Dicho de otra manera,

el guardia actúa como un intermediarioentre las mafias de las celdas y la admi-nistración de la prisión que supervisadiariamente las transacciones de lospresos y refuerza las condiciones bási-cas de la vida penitenciaria cotidiana.

La mayoría de los guías, estigmati-zados fuera de la prisión como ex-con-victos o personas que “saben demasia-do”, inspiran un respecto sobrehumanoy reciben un salario informal más altoque el de la gran mayoría de los poli -cías. Sin embargo, son los primeros aquienes no les pagan cuando hay unacrisis de la Dirección Nacional deRehabilitación Social (DNRS). Unademora en el pago de salarios en 2008impulsó al jefe de los guías a declarar losiguiente en la prensa nacional: “Noquiero justificar, pero ¡cómo se puedeexigir a un trabajador que no cometairregularidades si ni siquiera le pagan susalario a tiempo!”13 Obviamente losreporteros habían provocado al porta-voz para que hiciera dicho comentarioque tan fácilmente se presta para sensa-cionalizar la corrupción normalizada desu oficio. Sin embargo, llama la aten-ción a la situación ultra precaria de losguardias y su dependencia de la econo-mía informal dentro del penal.

Calculo haber gastado aproximada-mente unos US$300 en “donativos” alos guardias o a los reclusos que a veceslos suplían (llamados “guías”) a cambiode un salvoconducto para pasar entrelos boques y a las oficinas administrati-vas durante mis seis meses de trabajo decampo. Nadie está exento. Pero incluso


13 El Universo, Febrero 11, 2008 “Empleados carcelarios exigen pago de sueldos”.

los guardias resultaban ser figuras trági-cas dentro del complejo. Fuera de losmuros de la prisión, llevan un estigmacomo veteranos del sistema carcelarioen una ciudad sitiada por el secuestro,el robo y la corrupción. Como nexosinformales dentro de la penitenciaría,están cada vez más involucrados y ame-nazados en la red de las mafias y suextensión afuera del penal. En otraspalabras, los guardias están doblementesometidos: de un lado está la adminis-tración, y, de otro, la mafia. Segúnreportó El Universo, entre 2005 y 2007,cuatro guardias fueron asesinados:

2005, septiembre 24. El guardia CarlosMacías es asesinado por sujetos desco-nocidos en un bus de transporte urbano,cerca de Florida Norte

2005, diciembre 10. El jefe de guardiasde la Penitenciaría del Litoral, LuisTenemaza Vivanco, fue muerto a bala-zos cuando iba a comprar materiales deconstrucción en El Fortín.

2006, abril 9. Lisacio Quinde era guar-dia de la Penitenciaría cuando lo asesi-naron de diez balazos en el interior desu hogar en la Cooperativa SantiaguitoRoldós, por mantener relaciones con laesposa de un reo del penal.

2007, febrero 24. El guardia MiguelÁngel Muñoz Ortega fue asesinado deun balazo en la esquina de su casa, ubi-cada en la cuarta etapa de El Recreo, enDurán.14

A mediados de la década pasada,entre los guías de la Penitenciaría del

Litoral había una tasa de mortalidadalrededor de dos por ciento al año o, enla tasa más utilizada por la comunidadinternacional de derechos humanos,unos 2.000 muertes por cada 100.000personas—lo cual se aproxima a lascifras que se pueden observar en unaguerra abierta. Y no había salida paraesta forma de encarcelamiento. Losguardias también estaban obligados apermanecer en un espacio cada vezmás superpoblado y peligroso. Mientraslos presos bajo detención en firme erancapaces de llamar la atención sobre lainjusticia de su retención, los guardiasque colaboraron en hacer la vista gordaa sus protestas ejercían de prisionerossocio-económicos y por lo tanto simpa-tizantes de los crucificados. Esta es almenos una de las razones por la cual losguardias—en contra pero a la vez cóm-plices de los reclusos—quisieron parti-cipar, no por acción sino por omisión,en la campaña. Como ningún guíaaceptó ser entrevistado, mi etnografía selimitó al análisis de los medios y condi-ciones por las cuales apoyaron ilícita-mente a los presos indefinidamenteencarcelados en Guayaquil.

Al comienzo de mi investigación, noentendía cómo la administración habíapermitido que la campaña tuviera lugar.Pero después de observar la ecología dela violencia dentro de la Peni, empecé adarme cuenta hasta qué punto las jerar-quías informales del complejo hicieronposibles las crucifixiones. La existenciade zonas grises formadas por los reclu-sos, los guardias y las mafias está rela-cionada al hecho de que los guías tam-


14 El Universo, Abril 28, 2007 “Las pistas apuntan al penal por crimen contra la directora”

bién estuvieran retenidos. La teologíapolítica de la soberanía ecuatorianahizo posible una campaña de crucifixio-nes dentro de una prisión estatal, en lacual el que los guardias también seencontraran “atrapados” jugó un papelfundamental, creando unas condicionesde encarcelamiento compartidas demanera desigual en las cuales losempleados de la prisión facilitaron laespectacular protesta de los internos.Los guardias literalmente ayudaron aescenificar las crucifixiones. Pero mien-tras los guardias cooperaban con los pri-sioneros siendo una especie de tramo-yistas, el verdadero horror del evento,según mi parecer, reside en la ausenciade un “director” moralmente responsa-ble. Se podría argumentar, en cambio,que una nueva moral colectiva surgiódel espacio de la atestada prisión a tra-vés de múltiples formas de participaciónvicaria en el evento de crucifixión. Lascondiciones de victimización dentro delcomplejo, las cuales eran ampliamentecompartidas de diversas maneras, lleva-ron a múltiples actores (que podían noestar bajo encarcelamiento preventivo,pero que estaban igualmente sumergi-dos en un Estado que le daba la espaldaa los derechos de los ciudadanos) aidentificarse con los que padecen elabandono político-jurídico.

un descubrimiento teológico

Sólo hacia el final de mi investiga-ción conocí al prisionero que inspiró laidea de provocar compasión en el actode crucificarse, aproximándose a la vio-lencia primigenia de la cristiandad. JuanZamorra tenía unos cuarenta años y lle-vaba tres años en la cárcel—por cargos

relacionados con drogas—sin sentencia.Un testigo de Jehová le regaló unaBiblia y le dijo que la abriera en cual-quier página y el Espíritu Santo le habla-ría. Juan la abrió en el pasaje 2 Corintios6, donde Pablo escribe sobre su misiónapostólica y la gracia de la salvación:

“En nada damos mal ejemplo a nadie,para que nuestro trabajo no caiga endescrédito. Al contrario, en todo damosmuestras de que somos siervos de Dios,soportando con mucha paciencia lossufrimientos, las necesidades, las estre-checes, los azotes, las prisiones, losalborotos, el trabajo duro, los desvelos yel hambre. También lo demostramos porla pureza de nuestra vida, por nuestroconocimiento de la verdad, por nuestratolerancia y bondad, por la presenciadel Espíritu Santo en nosotros, por nues-tro amor sincero, por nuestro mensajede verdad y por el poder de Dios ennosotros. Nos servimos de las armas dela rectitud, tanto para el ataque comopara la defensa.” (2 Corintios 6:3-7)

Este pasaje termina con una alusiónal Libro de Isaías y al mandato profético:“Salid de en medio de ellos, y apartaos;no toquéis nada impuro. Entonces yo osrecibiré” (2 Cor 6:17). Zamorra sintió unllamado a través de las palabras queleyó.

Lo que Zamorra ayudó a organizaren el transcurso de las siguientes sema-nas se convirtió en la huelga de prisio-neros más efectiva de la que se tenganoticia. Pero tal éxito no habría ocurri-do de no haber estado Zamorra en elBloque Tratado, compuesto por unamezcla de grupos que, en opinión delos guardias, no tenían que estar activa-mente vigilados. Aquí Zamorra y otroscrearon su plan para la huelga. Los pri-


sioneros que participaron provenían deuna gran variedad de países: entre loshuelguistas había un ciudadano polaco,un peruano, un sudafricano, un ruso,dos colombianos, y veintiséis ecuatoria-nos. Algunos de los extranjeros quedecidieron crucificarse fueron visitadospor representantes de sus embajadas opor agentes del consulado nacional.Esta supervisión diplomática, junto conel aire internacional de las protestas, lesotorgó una autoridad sin paralelo a lasexigencias de los prisioneros retenidos.

Si las crucifixiones hubieran ocurri-do en un bloque compuesto exclusiva-mente por ciudadanos ecuatorianos, lamayoría de los prisioneros retenidos—procedentes de la ciudad y sospechososde haber cometido crímenes menores—habrían estado sujetos a la presiónadministrativa y a la intervención brutalde los guardias. Sin embargo, el ordenneoliberal que unió la revitalizacióneconómica y civil con el crecimientodel estado penal no se vio desafiado ensu estigmatización de sujetos urbanosmarginalizados—tanto dentro comofuera de la prisión. Sin embargo, las cir-cunstancias particulares del BloqueTratado inclinaron el balance de impu-nidad a favor de los prisioneros que secrucificaron. Para entender la lógica deléxito de las crucifixiones desde la pers-pectiva de los más afectados por ladetención preventiva, cabe considerarcómo los nuevos sospechosos utilizadoscomo “chivos expiatorios” de la urberenovada fueron víctimas del sistemapenal emergente que terminaron siendoenviadas a prisión.

Sumergido en el Estado Penal

Consideremos el caso de Julio RuizÁguila. Julio se me acercó en laPenitenciaría durante una entrevista conotros reclusos. Mi tarea en ese momen-to era la de crear un archivo sobre lascondiciones de la vida cotidiana en lapenitenciaría. Julio se sentó al otro ladode la mesa que me habían prestado, enun cuarto saturado de luz, y me explicósu predicamento. Podía observar lascicatrices en sus hombros y en su cabe-za. Al llegar a la Peni, los administrado-res pusieron a Julio bajo el cuidado deun guardia que lo llevó al bloque evan-gélico, el Buen Pastor, donde se encon-traba el secretario de la mafia. Paraobtener un salvoconducto, tal funciona-rio informal pidió US$180. Como notenía cómo pagar dicha cantidad, a Juliolo reubicaron en el bloque de los inter-nos sin recursos—Baja Reclusión—donde el capo mandó que los reos lerobaran sus pocas pertenencias y leadvirtieron que habría más abusos. Allípermanecería un año y tres meses.

Durante la entrevista, Julio nuncadivulgó por qué o cómo había acumu-lado deudas con Baja Reclusión. Elcamino normal hacia la deuda ocurre através de la extorsión por protección.Pero otro factor es el uso de drogas;cualquier préstamo tenía que ser de -vuelto a un interés semanal de un100%, lo que generó la insolvenciaentre una gran parte de la poblacióncarcelaria y la convirtió en un blanco deabusos corporales—o un instrumentopara abusar de otros internos. Su endeu-


damiento fue lo que le llevó a la oficinaen donde yo tenía mi mesa de entrevis-ta. Su incapacidad de “refilar” al capode su bloque lo llevó a recibir amenazasdiarias; entre tres y diez reos le acosa-ban en cualquier momento, dándoleuna puñalada o palizas con la parte noafilada del machete. La noche anterior,por ejemplo, Julio vio cómo unos reos—aliados con el capo—habían sacado unarma blanca, y huyó al rincón más leja-no del bloque donde tenía algunasamistades.

Ningún pariente fue capaz de ayu-darle. Su madre, hermano menor, y doshermanas habían emigrado a España,donde el hermano estaba preso por elasesinato del suegro de una hermana;además, su hermano mayor se habíasuicidado en Guayaquil hacía menos deun mes. Julio estaba todavía devastadopor los acontecimientos. No obstante,lo que más ponía en peligro su vida erasu deuda cada vez más alta. Nuestraconversación susurrada se ocupó pri-mariamente de la violencia cotidianadel bloque Baja Reclusión, pero tam-bién tocó el tema de su oscuro estatusjurídico. Después de haber completadoquince meses en la Peni, sin sentencia,Julio técnicamente habría de ser puestoen libertad por el A24N8, es decir, quedurante los últimos tres meses lo habíansometido al régimen de la prisión pre-ventiva. Los guardias, conscientes de sucondición legal precaria, lo dejaronsalir del bloque para consultar alDefensor del Pueblo y a otros oficialesde la corte para tramitar sus papeles. Sinembargo, cada vez que Julio solicitabasalir de Baja Reclusión, los guías pedíanUS$2 en vez del US$ 1, que era el costonormal.

El caso de Julio no era atípico en laPenitenciaría. Cuando le pregunté porqué lo habían detenido originalmente,me contó las circunstancias de su arres-to con detalles sorprendentementebanales.

Julio: Verá mi caso es simple. Nohay nadie quien me ayudea mí. [Y] no me encontra-ron con evidencia; mi pro-blema fue que me estabaensuciando [una propiedadprivada]; yo estaba en unafiesta y estaba ensuciandoen un solar con una lozapero sin paredes, sin nada,o sea es una construcciónvacía ya, y me bajo el pan-talón para hacer mis necesi-dades biológicas, [y] más alfondo había una, caseta deguardianes, a lo que yoestaba ensuciando sale unborracho y…

Etnógrafo: ¿Dónde estabas, exacta-mente?

Julio: En el centro, en el centro[de la ciudad]

Etnógrafo: Pero, ¿en qué parte?Julio: En la B y la Pontón [en las

márgenes del centro urba-no], ¿ya? Y salieron y mepegaron.. por aquí mepegaron [enseñándome suscostillas],

Etnógrafo: ¿Y los [policías] metropoli-tanos?

Julio: No… [eran] guardianessimples. Yo me quedé des-mayado por el tiro que mepegaron, ya, de ahí no merecuerdo mas. Me llevaron


al hospital. Del hospitalestaba con esposas y, deahí, a lo que ya me recupe-ré bien, me llevaron paraallá [la estación de PolicíaJudicial], me enseñaron lospapeles, me dicen ‘estasaquí por robo’. De ahí meponen una lavacara viejade esas llena de cemento…una lavacara vieja llena decemento, me ponen uncuchillo sin cacha oxidado,y mi pantalón y mis zapatosmismo, que tenía puesto, osea yo con eso me veo, osea como no tenían de quéacusarme me pusieron eso,mi pantalón, mis zapatos yun cuchillo sin cacha y unalavacara vieja.

Después del pasar de manos de losguardias de seguridad a la policía muni-cipal, los oficiales en la notoria estaciónde Policía Judicial (o “la P-J”) lo forzarona firmar ciertos documentos para confe-sar un intento de robo. La P-J enGuayaquil es sinónimo de tácticas deconfesión coercitiva. La mayoría de losentrevistados me dio detalles de los abu-sos que habían sufrido cuando les trans-portaron a este centro de interrogación.La tortura era común y practicada inten-sivamente con los sospechosos que seresistían o negaban a relatar sus presun-tos crímenes. Entre las formas del mal-trato que documenté a través de misentrevistas sobresalen “el submarino” (elahogo simulado), “el choque” eléctrico(frecuentemente aplicado a los genita-les), y “posiciones de estrés” (por ejem-plo, ser forzado a permanecer de pie sin

moverse durante varias horas o ser col-gado del techo de una cuerda atada alas manos con los pies hacia arriba). Enotras palabras, casi todos los detenidosbajo prisión preventiva ha bían sidosometidos a uno o más de estos tormen-tos durante los interrogatorios.

No es de sorprender que Julio hayafirmado su confesión para evitar lo queseguramente hubiera sido un ritual bru-tal—o una verdadera “cacería de bru-jas” jurídica en las palabras del etnógra-fo Núñez Vega (2006). Julio afirmó quela policía le hizo una trampa y plantó laevidencia para acusarlo—independien-temente de si los hechos ocurrieroncomo él dice. Pero lo que sí me parecióinnegable fue su afirmación de que, adiferencia de su experiencia en la Peni,por lo menos en la P-J él sabía que noiba a ser asesinado. Es necesario añadirque la experiencia de Julio no fue ex -traordinaria; a fin de cuentas, simbolizólo que la detención en firme general-mente representa para los reos de laPeniten ciaría. Para Julio, el proceso jurí-dico del interrogatorio, de la acusaciónatribuida, y de la encarcelación indefi-nida le habían expuesto a un laberintode abusos y violencia cada vez másletal. Entre más lejos que se veía forza-do a navegar en un sistema penal queno le permitió el privilegio de derechos,más que se daba cuenta de que el auxi-lio providencial solamente llegaríadesde afuera de la arquitectura física ymoral del nuevo estado penal.

En los últimos momentos de nuestraentrevista, le pregunté si las peticionesdel defensor del pueblo para su casoestaban en proceso. En ese momento, surespuesta me pareció como una evasióna mi pregunta: “Si se acaba la detención


en firme y si Dios quiere, me iré, peroeso no va a ocurrir. Ahora siquiera hay500 personas con la detención enfirme.” Pero la sintaxis de tal afirmacióndelató el inusual poder de las crucifixio-nes como una representación de la pri-macía del A24N8 sobre la detención enfirme. El uso por parte de los reclusos deun lenguaje de derechos exigía un míni-mo de buena voluntad caritativa paraproducir cualquier cambio en su condi-ción legal de abandono. Al serles nega-dos sus derechos civiles y humanos, losprisioneros se esforzaron por encarnarel símbolo más potente del sacrificioCristiano, y demostrar el valor moral desus peticiones a través de una represen-tación religiosa como último recurso. Enefecto, el sacrificio de los reos se con-vertiría en un dispositivo constitutivo desu éxito político-teológico: “Si se acabala detención en firme[,] y si Dios quie-ra[,] me iré…”

Entre las rejas del Estado penal

En el Ecuador, la prisión preventivase convirtió en un asunto problemáticoal final del milenio con su intensifica-ción bajo la detención en firme. Para -lelamente, el alcalde de Guayaquilordenó que la policía nacional y metro-politana coordinada con los militares,las fuerzas de seguridad privada, y losgrupos de seguridad comunitarios miti-gará la violencia urbana. La reorganiza-ción de las fuerzas aumentó el nivel devigilancia, especialmente en zonasurbanas comerciales concurridas por lasclases media y media-alta. En este con-texto, sin embargo, la prisión preventivafue la otra cara de la moneda de la reno-vación urbana: una limpieza que inten-

taron justificar como una providencialrevitalización del espacio público de laurbe. La política municipal de cero tole-rancia aumentó el número de arrestosdiarios, y las prisiones de Guayaquil sellenaron con más reclusos que los queel sistema judicial podía procesar.

Si las estrategias neoliberales delencarcelamiento preventivo —las cua-les supuestamente garantizan la seguri-dad y la productividad económica—están justificadas por amenazas a losgobiernos locales y estatales democráti-camente elegidos, su significado en lapráctica es otro asunto. En Guayaquil,dichas estrategias implicaron la expan-sión del estado penal como una reorga-nización de gobernabilidad municipal,dirigida por fiscales influenciados por lamoral de empresas público-privadas. Enotras palabras, la pesadilla de los reosretenidos preventivamente no se encasi-lla en sus centros de reclusión; más bienla historia carcelaria de 2003 y 2004muestra un estado penal desbocado. EnGuayaquil, como en otras partes, la pri-sión preventiva había fomentado nive-les de desconfianza hacia la hegemoníamoral de la gobernabilidad neoliberalmunicipal. Mientras las protestas decrucifixión se llevaban a cabo en laPenitenciaría, los Estados Unidos estabacríticamente involucrado en su propiaestrategia de contención punitiva—eneste caso, retirar sospechosos de terro-rismo de un teatro de guerra planetario.Los medios masivos de comunicaciónecuatorianos sumaron sus voces al cla-mor global sobre las formas sistemáticasde abuso practicadas en Guantánamo,Abu Ghraib, y otros “sitios negros” noidentificados. Sin embargo, ningún artí-culo trazó el paralelo entre las estrate-


gias de seguridad de los Estados Unidosy lo que en circunstancias mundanas,locales y urbanas estaba expandiéndosea lo largo del estado penal ecuatoriano.

En el clímax de la campaña de cru-cifixiones, en diciembre 23 de 2003, unperiodista de El Universo criticó la exis-tencia de 600 prisioneros retenidosindefinidamente en Guantánamo bajoacusaciones de enemigo de combate enla “Guerra contre el Terrorismo” de Esta -dos Unidos. Al mismo tiempo, el fraca-so del gobierno ecuatoriano en laimplementación del Artículo 24 de supropia Constitución, implicó que alre-dedor de 6.000 presuntos criminalesfueron encarcelados preventivamentesin haber recibido sentencia, almacena-dos y detenidos indefinidamente bajocondiciones de vida peligrosas para suintegridad.

El éxito de las crucifixiones fue el dedoblegar la voluntad del público ecua-toriano y revindicar los derechos consti-tucionales de los prisioneros. Este traba-jo etnográfico ha puesto en evidencialos momentos, radicalmente contingen-tes, en los que los presos retenidos difi-cultaron la expansión global del estadopenal desde una cárcel ecuatoriana. Lagran ironía de tales intentos de mitigarla violencia del estado penal en nombrede la seguridad es la inconmensurabili-dad radical de estas estrategias—de unamunicipalidad a otra, o de un contextonacional a otro. Mundialmente, nume-rosos individuos retenidos por prisiónpreventiva apelaron a la justicia religio-sa en estados plurales, seculares, ydemocráticos, disminuyendo la fuerzamoral de sus peticiones. Pero las protes-tas teológicas ante la detención en firmetambién encuentran profundas resonan-

cias más allá del centro de reclusión,dentro de comunidades que defiendenla importancia de la religión para con-textualizar argumentos políticos. Lejosde estar fracturada por las fuerzas secu-lares, la cultura pública ecuatoriana aveces se queda singularmente articula-da por el lenguaje del sacrificio y elimpulso caritativo y moral que conlleva.

Este ensayo ha demostrado cómouna intervención político-teológica bienescogida puede servir para mitigar elcrecimiento descontrolado del discursode seguridad urbana y nacional. Si lacampaña de crucifixión fue de hecho“exitosa”, se trató, más bien, de la ma -nera en que la crucifixión de los prisio-neros, en un rayo de reconocimientopolítico-teológico, logró que la violen-cia soberana adquiriera un sentido,tanto adentro como afuera de la prisión,que sirvió como el punto de quiebre enel cual la opinión pública se enfrentó alestado penal ecuatoriano. En 2003, lospresuntos criminales de Ecuador trans-formaron sus agravios al pasar de peti-ciones de clemencia en un sistema jurí-dico que les negaba incluso un mínimode reconocimiento civil, a una denun-cia pública más poderosa del Estadoecuatoriano y la privatización legal, asícomo también sus modalidades de vio-lencia ocultas. Treinta y cuatro rehenesjurídicos hicieron uso de la imagineríacristiana de los orígenes morales y lasobligaciones sacrificales, iniciando asíun movimiento político-teológico den-tro de la prisión que fue capaz de burlarel orden neoliberal y su régimen carce-lario prevalente. Aunque los huelguistasde la Penitenciaría generaron gran sim-patía pública después de sus crucifixio-nes, los guardias y los prisioneros


extranjeros cuya experiencia de confi-namiento era paralela en alguna medidaa la de los encarcelados preventivamen-te, y quienes hicieron posible la campa-ña, fueron ignorados por la opiniónpública y vilipendiados transcultural-mente. Estos eventos son testimonio delcreciente poder de la teología políticacomo una base ética para cuestionar laviolencia soberana en sociedades de -mocráticas contemporáneas, y proveeruna moraleja acerca de sus múltipleszonas de ceguera ética.

referencias

Andrade, Xavier2005 “Guayaquil: Renovación urbana y ani-

quilación del espacio público” in Ca -rrión, Fernando y Lisa Hanley (eds.)Regeneración y Revitalización urbanaen las Américas: Hacia Un EstadoEstable, FLACSO-Ecuador, Quito.

Caldeira, Teresa P.R.2000 City of Walls: Crime, Segregation, and

Citizenship in São Paulo, University ofCalifornia, Berkeley.

Caldeira, Teresa2002 “The Paradox of Police Violence in De -

mocratic Brazil” Ethnography v.3, n. 3:235-263.

Carrión, Fernando M y Lisa Hanley2005 Regeneración y Revitalización urbana

en las Américas: Hacia Un EstadoEstable, FLACSO-Ecuador, Quito.

Cerbino, Mauro2004 Pandillas Juveniles: Cultura y Conflicto

de la Calle, Abya-Yala-El Conejo, Quito.Coronel, Valeria

2006 “Hacia ‘Un Control Moral del Capita -lismo’: Pensamiento Social y Experi -mentos de la Acción Social Católica enQuito” en (X. Sosa-Buchholz y W.F. Wa -ters, eds) Estudios Ecuatorianos: UnAporte a la Discusión, FLACSO-Ecua -dor, Quito.

Demélas, Marie-Danielle, y Yves Saint-Geours1988 Jerusalén y Babilonia: Religión y Política

en el Ecuador 1780-1880. Quito:Corporación Editora Nacional.

de Vries, Hent, ed.2006 Political Theologies: Public Religions in

a Post-Secular World, Fordham Uni -versity Press, New York.

Flores Aguierre, Xavier2007 “La detención en firme: Crítica de un

continuo fraude a la Constitución y a laLey de la República del Ecuador” Urvio:

Revista Latinoamericana de Seguridad

Ciudadana 1(Mayo): 280-312.Garcés, Chris

2004 “Exclusión Constitutiva: las ‘organiza-ciones pantalla’ y lo anti-social en larenovación urbana de Guayaquil” ICO-

NOS v. 20, Agosto 2004.Goldstein, Daniel

2005 The Spectacular City: Violence and

Performance in Urban Bolivia, DukeUniversity, Durham, NC.

Hubert, Henri; & Marcel Muass1981 Sacrifice: its Nature and Functions,

University of Chicago Press, Chicago,IL.

Jaime, Pancho1985 Otra Obra de León: Pancho Jaime Tiene

Razón Pero Va Preso. = PublicitariaPancho Jaime & Ass., Guayaquil.

Kingman, Eduardo2006 La Ciudad y los Otros: Higienismo, Or -

nato, y Policía. FLACSO-Atrio, Quito.Leiris, Michel

1993 “The Bullfight as Mirror” Trans. AnnSmock October 63: 21-40

Núñez, Jorge2006 “Cacería de Brujos: Drogas ‘Ilegales’ y

Sistema de Cárceles en el Ecuador,”Ediciones FLACSO, Quito.

Smith, Neil2002 “New Globalism, New Urbanism: Gen -

trification as Global Urban Stra tegy” An -

tipode 34.3, 434-45.Swanson, Kate

2007 “Revanchist Urbanism Heads South:The Regulation of Indigenous StreetBeggars and Vendors in Ecuador”Antipode 39: 708-729.

Wacquant, Loïc2008 “The Militarization of Urban Margi na -

lity: Lessons from the Brazilian Metro -polis” International Political Sociology

2: 56-74.


Williams, Derek2001 “Assembling the ‘Empire of Morality’:

State-Building Strategies in CatholicEcuador, 1861-1875” Journal of Histo -

rical Sociology 14(2): 149-174.

Williams, Derek2005 “The Making of Ecuador’s ‘Pueblo

Católico; In: Nils Jakobsen and CristóbalAljovín de Losada, eds. “Political Cul -tures in the Andes, 1750-1950”. Pp. 207-229. Durham, NC: Duke UniversityPress.


1. Primeras hojas 69√ - Repositorio Digital FLACSO...

Documents

Transcript of 1. Primeras hojas 69√ - Repositorio Digital FLACSO...