Análisis sobre el Estado
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Autoritarismo, colonialidad del poder y la idea de raza.
Si bien se puede señalar que el concepto de autoritarismo surge como categoría analítica al
comienzo del siglo XX y que expresa a una autoridad opresiva, que aplasta la libertad e
impide la crítica, se podría considerar que el fenómeno de los estados autoritarios en
Latinoamérica, serían una constante que tendría su origen en el modelo colonial absolutista,
fuertemente centralizado en una autoridad y en un aparato público poderoso que controla
todos los espacios, principalmente lo fiscal y lo económico, y que esto tendrá continuidad
con los movimientos de emancipación y con el tipo de estado que se construye, que como
señala Kaplan (1986, 7) sería, un Leviatán criollo que hereda las tradiciones, fuerzas,
estructuras y tendencias que proviene de la fase de conquista y colonización, es decir, el
proceso de colonización sería estructurante de las condiciones para que los rasgos
autoritarios sean una constante en el proceso de formación de los estados nacionales
latinoamericanos y no constituiría solo procesos episódicos, que se proyectarán en el estado
nacional-popular y posteriormente en la instalación de los estados neoliberales. Este
proceso, sin embargo, ha tenido distintos grados y formas de autoritarismo/democracia; y
capacidad para integrar/desintegrar a los sectores sociales.
La construcción y formación de los estados nacionales como imperativo de un orden
moderno, fue una tarea que tomó la “elite criolla” como elite dominante que reemplaza el
poder colonial, y por lo tanto, lo hace desde la perspectiva de proteger sus intereses,
buscando desarrollar las condiciones necesarias para permitir la reproducción del capital y
mantener las ventajas que habían logrado con la colonia; Desde esta perspectiva la elite
criolla intentó reproducir las condiciones de desarrollo y modernidad imitando a Europa y
dejando de lado el rescate de la realidad latinoamericana, lo que incluyó mantener las
relaciones de dominación y sometimiento a los sectores que no formaban parte de la elite
criolla y precipitando la formación de estados anclados en el modelo colonizador, por tanto,
fuertemente desintegradores y excluyentes. Estas élites dominantes de criollos
terratenientes, es decir, vinculados al sector de producción agrícola-hacendaria, pasarán a
formar las clases gobernantes que darán estabilidad a las naciones latinoamericanas
mediante la exclusión y marginación de los sectores populares y en muchos casos por el
sometimiento y la servidumbre en que seguirán viviendo los sectores subalternos
vinculados al agro, tanto indígenas como campesinos mestizos.
Señalar dos consideraciones para sostener la línea argumental: La primera relacionada con
lo que Quijano señala respecto de la idea de raza como justificación de la dominación y que
permite generar una particular división del trabajo, que utiliza todas las formas de
explotación de la mano de obra disponible, y la segunda, que se desprende de lo anterior, es
que el patrón de acumulación capitalista en Latinoamérica utiliza la explotación de la mano
de obra para poder sostener las condiciones de dominación de los sectores populares,
puesto que mantienen una situación de inferioridad respecto del criollo, que se concibe
como blanco español, y por tanto superior.
Quizás se podrías agregar, que las condiciones que emergerán a partir de la emancipación,
son principalmente propicias para el desarrollo del capital mercantil productivo, sin
embargo las condiciones van a favorecer al capital mercantil financiero, que impondrá su
propio plan de desarrollo, vinculado a la sobre-explotación de las clases populares y la
formación de un estado restringido y controlado por la elites de poder u oligarquías que
aplicarán sus lógicas durante el siglo XIX, manteniendo las condiciones heredadas del
régimen colonial y que no permitirán que el bajo pueblo pueda protestar por las condiciones
de marginalidad y exclusión que impone el estado-autoritario y la sociedad-jerarquizada al
monopolizar la democracia y la ciudadanía. Como señala Kaplan (1996, 57) el estado se
desarrolla en el contexto de la inserción dependiente en un orden mundial y una división
social del trabajo bajo la hegemonía de Europa y de los Estados Unidos; de una economía y
un desarrollo de tipo primario-exportador; de una sociedad jerarquizada y rígida; y un
orden político elitista-oligárquico.
Este estado que emerge, es un estado autoritario que reproduce las lógicas de dominación
coloniales, que no pretende cambiar esta relación asimétrica establecida en la sociedad
latinoamericana, puesto que resulta necesaria para los fines hegemónicos de la clase
dominante y para la imposición del modelo de sociedad capitalista/eurocéntrico que
adoptan los estados latinoamericanos, para lo cual deben ser capaces de adaptar las
condiciones de su desarrollo al modelo de integración capitalista. De esta forma las
condiciones de participación permiten solo la expresión de los imaginarios de las clases
dominantes, que reproducen una realidad propia que se representa al amparo de una
institucionalización estado-pública que permite mantener estas condiciones de dominación
frente a sectores subalternos, fuertemente desestructurados e incapaces de auto-
organización que desarrolle lógicas grupales de oposición a la realidad estatal dominante.
Kaplan (1996, 57) señala en este sentido que estado y elite públicas se autoconstruyen y se
auto-desarrollan, con una realidad y lógica propia, que imprime un sentido determinante
para los sectores populares subalternos que quedan fuera del control del sistema estatal y
sometidos a una integración por arriba, es decir, a través de las elites dominantes que
controlan las condiciones y modos de producción; y que por tanto, mantienen un control de
la masa de trabajadores, a través de la división del trabajo y de la explotación.
Las elites dominantes cuentan con un estado centralizado que les permite consolidar su
hegemonía e imponer sus términos, puesto que las elites públicas, por sí mismas, y en
creciente acuerdo con la oligarquía, construyen un estado y lo dotan de un ordenamiento
político-militar, de una legalidad y una institucionalización que rige y garantizan la
adquisición y el ejercicio del poder, el monopolio y la organización de la violencia, de
definición y la estabilización de la solución hegemónica (Kaplan 1996, 58). Es decir, la
formación de un estado nacional será el instrumento mediante el cual se podrá imponer la
de dominación eurocéntrica que se legitimará a través de la colonialidad del poder, pero
además la modernidad eurocéntrica dispondrá de un aparato jurídico que permitirá
reglamentar las condiciones de la hegemonía, a través de legislaciones que solo admitirán la
reproducción de las condiciones de dominación y el establecimiento de la democracia
liberal-europea como régimen de relación política al interior del sistema, pero que será
naturalizada según las condiciones de dominación en una democracia restringida y
desprovista de las características esenciales de toda democracia formal.
Sin embargo, el estado oligárquico tendrá un desgaste y no podrá hacer frente a los
procesos de movilización y emergencia de los sectores populares en el inicio del siglo XX y
terminará aceptando que una parte del capital se coluda con los sectores populares y
medios; e impongan un nuevo modelo de desarrollo para las naciones Latinoamérica, que
nuevamente intentará alcanzar e imitar el centro, ya no solo Europa, sino a Estados Unidos
como imaginarios posibles de alcanzar, esto a través, de una fuerte industrialización de su
aparato productivo y una modernización de sus estructuras estatales que tendrán un nuevo
rol e impulso frente a este desafío como conductores y dinamizadores de las economía.
El estado que emerge de esta alianza de clases, es un estado nacional popular-desarrollista,
que intentará incluir a los sectores marginados, a través de políticas públicas, como
respuestas a la cuestión social que emergerá tras la transformación de la sociedad y una
mayor participación de los sectores populares, sin embargo este estado continuará siendo
autoritario y no representará un cambio respecto de las clases populares, las que serán
incluidas mediante la participación política electoral y no tendrán capacidad para poder
generar cambios profundos en la sociedad. Con todo, los sectores populares seguirán
sometidos a la matriz de dominación eurocéntrica que reproduce la colonialidad del poder,
pero ahora con la posibilidad de participar a través de las elecciones y la formación de
partidos y organizaciones que representen los intereses de clase, lo que sin embargo no
significará que dejen de estar sometidos a la matriz de dominación, por el contrario, el
sistema abrirá la puerta a la integración de los sectores excluidos, pero con un fuerte control
que permita mantener la condiciones de estabilidad del sistema, y por tanto, deberán
someterse a las reglas establecidas por la democracia liberal controlada por los sectores
dominantes, es decir, ni los partidos, organizaciones ni movimientos de los sectores
populares y de los trabajadores podrán, ni lograrán romper la lógica de la matriz de
dominación, ni menos transformar el estado, ni profundizar la democracia. Siempre los
procesos de democratización serán parciales y desprovistos de la capacidad de transformar
la sociedad, puesto que los propios ordenamientos jurídicos protegerán los intereses de las
clases dominantes, y por sobre todo la propiedad, lo que implica la permanente protección
de la estructura heredada del modelo colonial y de formación de los estados nacionales.
Incluso, es posible verificar que en aquellos estados donde los regímenes populistas
impondrán una nueva relación de clases y formas de representación de las clases populares,
estará fuertemente determinado, según indica Ianni (1975, 15) sobre el populismo, como
fenómeno típico del paso de la sociedad tradicional, arcaica o rural, a la sociedad moderna,
urbana o industrial. La sociedad se ve tensionada a asumir un cambio producto de los
procesos modernizadores sostenido por el capitalismo, pero estos cambios no serán
precedidos por el cambio en las elites dirigentes, sino por un cambio de posición táctica al
interior del sistema de dominación de partes de estas mismas elites que deberán articular
alianzas colusivas con sectores populares y que responderán a la necesidad de resolver los
conflictos internos del capitalismo y las diferentes alternativas de desarrollo de los estados
latinoamericanos frente al capitalismo mundial o como sostiene Ianni (1975, 17) el
populismo latinoamericano parece corresponder a una etapa específica en la evolución de
las contradicciones entre la sociedad nacional y la economía dependiente, la cual se
intentará resolver por la dinamización de los sectores asalariados urbanos como actores, a
través de sus organizaciones sindicales, pero nuevamente serán cooptados por el
autoritarismo estatal, ahora encarnado por el líder o caudillo que encabezará un proceso de
participación ascendente de las clases populares y que llevará a procesos de inestabilidad
política y tensiones con las clases dominantes. Esta tensión será resuelta a través de los
golpes militares que repondrán el orden de la matriz de dominación eurocéntrica.
Por otro lado, los estados nacional-populistas entregaran la posibilidad de articulación a los
sectores medios y de trabajadores que podrán incorporarse al sistema político como actores,
es decir, como ciudadanos.
El autoritarismo como constante en las relaciones políticas de los estados latinoamericanos.
El autoritarismo sería una relación y expresión de poder expresada por las clases
dominantes, que se legitima en la condición de civilizados o raza superior y la alteridad de
un “otro” inferior, y por lo tanto, incapaz de poder llevar adelante el desarrollo y
conducción de las cuestiones del estado. Es decir, sería una expresión más de la
colonialidad del poder sostenida por Quijano, puesto que ésta permite la colonización del
estado y el imperio de las minorías representadas por las elites oligárquicas que conducirán
la formación de los estados nacionales. De esta forma las clases dominante utilizarán un
proceso de continuidad del régimen colonial, a través de la formación del estado nacional
como herramienta de mantención de las condiciones de dominación, y por lo tanto, el
estado que surge será necesariamente un estado autoritario que reproduce las relaciones de
clases y de dominación de la sociedad latinoamericana.
Los rasgos autoritarios en la representación y ejercicio del poder, desde la instalación de las
administraciones que establece el régimen colonial y posteriormente en el proceso de
emancipación, serán una constante. Se podría sostener, por tanto, que el autoritarismo sería
el rasgo dominante del régimen político que se va a establecer en el continente, que
utilizarán las clases dominante para poder mantener el poder, y que se establecerá sobre las
bases de la matriz de dominación colonial, donde la constante sometimiento/autoridad
determinará una particular forma de relaciones sociales, de los pueblos latinoamericanos
respecto de los conquistadores, que mantendrán una relación de obediencia respecto de los
sectores dominantes. Así, tanto el régimen de los corregimientos, como el reparto, la
encomienda y la mita, serán instrumentos que permitirán la instalación de una autoridad
central, premunida de poder absoluto, que impondrá un régimen de señorío y vasallaje
explotando la mano de obra disponible, y que luego continuará con la hacienda como
instrumento reproductor del orden social dominante y que como señalará Mariátegui (2004,
31), la herencia colonial que se debe eliminar es la del régimen económico feudal, cuyas
expresiones son el gamonalismo, el latifundio y la servidumbre, puesto que aquí se asentará
el poder de las clases dominantes que someterán a los sectores populares, a través de una
especial división del trabajo y de la apropiación de la tierra, destruyendo además todo rasgo
comunitario de relación social. De esta forma la presunción sería que la colonialidad del
poder permitirá el desarrollo de una matriz de dominación eurocéntrica, donde los rasgos
autoritarios constituyen una constante en el proceso de formación de los estados
latinoamericanos y no una excepción. Por tanto, la democracia sería un régimen de
excepción que nunca ha podido desplegarse en la sociedad Latinoamérica, constituyéndose
en una promesa incumplida de la modernidad eurocéntrica. Esta imposibilidad es producto.
i) de que las clases dominantes son retardatarias y reaccionarias a cualquier posibilidad que
pueda existir una mayor democratización de la sociedad, puesto que como señala Quijano
(2000, 241) toda democratización posible de la sociedad en América Latina debe ocurrir en
la mayoría de los países, al mismo tiempo y en el mismo movimiento histórico como una
descolonización y como una redistribución del poder, y ii) que las clases populares
subalternas puedan alcanzar el poder y hagan peligrar la posición de dominio y privilegio
de estos sectores, por tanto, los sectores dominantes afirmarán su poder en la matriz de
dominación autoritaria como repertorio conocido y mediatizador de cualquier posibilidad
de rebelión, el que además contará con un brazo armado a través de los ejércitos y fuerzas
armadas. Así lo señala Allub (1983, 11). Toda vez que la democracia aparece como
disfuncional para la alta burguesía, esta reaccionará con la fuerza quebrando el experimento
democrático.
Como señala Gómez (2008, 5) respecto de Chile, durante el siglo XIX no se desarrolló de
ninguna manera algún tipo de régimen político democrático, ni siquiera semi-democrático.
Los distintos regímenes políticos existentes fueron alguna variedad de autoritarismo. Esto
reafirma lo sostenido, que los regímenes autoritarios serán el modelo permanente de
relación política que establecerán las clases dominantes, y que a través de este régimen, los
sectores dominantes mantendrán el poder a través de la subordinación de los indígenas en
su propio beneficio (Matos 1986, 27) y donde posteriormente la república otorgó a los
criollos el nuevo monopolio del dominio, en el contexto de una renovada y poderosa
dependencia ideológica, política y económica, frente al mundo europeo (Matos Mar 1986,
27). La raíz de este autoritarismo se encontraría en el proceso de conquista y la forma
como legitiman la dominación los blanco-europeos y el sometimiento de los pueblos
indígenas, Así Quijano señala (2000, 343-344), en esa calidad Europa y los europeos eran
el momento y el nivel más avanzado en el camino lineal, unidireccional y continuo de la
especie. Se consolidó así, junto con esa idea, otro de los núcleos principales de la
colonialidad/modernidad eurocéntrica: una concepción dualista de humanidad, según la
cual, la población del mundo se diferenciaba en inferiores y superiores, irracionales y
racionales, primitivos y civilizados, tradicionales y modernos. Como indica Mires (2005,
16) la sociedad colonial nunca constituyó un todo donde los individuos, los grupos y las
etnias hubieran establecido relaciones de dominación y subordinación sobre la base de una
legitimidad que más o menos se sobreentendiera, por tanto, la legitimidad no era posible
mediante la aceptación de los dominados, sino mediante el sometimiento y la articulación
de una matriz que permitiera que el conquistador impusiera sus términos sobre una base
autoritaria, en la medida que los principios de legitimidad que debieran existir en toda
sociedad, eran extremadamente débiles o simplemente no existían (Mires 2005, 16).
El modelo de conquista español aplica un régimen autoritario, donde está legitimada la
imposición y abuso del poder, y que permitirá, sostenida sobre las base de su dominación,
una nueva legalidad configurada por el propio avance del proceso de conquista (Mires
2005, 17) y que se afirmará en la colonialidad del poder como matriz de dominación,
produciendo, como señala García Linera (2008) una sociedad abigarrada que no integrará
sus diversos sentidos, saberes y conocimiento; donde una parte subsumirá a la mayoría,
imponiendo su espíritu superior sobre la subjetividad del otro. Esta forma de entender las
relaciones es implantada por la matriz de dominación y se transformará en la realidad para
las comunidades y sectores populares que irán legitimando esta forma de organización y
administración de los nuevos estados, es decir, de forma racional se constituye un “otro”
superior que es aceptado como autoridad legitimada, él que impone una forma de relación
vertical de obediencia que conculca toda posibilidad de derechos a aquellos que no son
parte de la elite dominante.
El modelo colonial se sostiene, como señala Quijano (2000) en el eurocentrismo, la
colonialidad del poder y la idea de raza como clasificación y estratificación de la sociedad.
Es esta estratificación la que impondrá una lógica de participación restringida, solo
reservada a las clases superiores que podrán intervenir en los asuntos del estado, es decir,
las clases dueñas de la tierra, y por tanto del capital. Son estás misma clases las que
asumirán el protagonismo en la emancipación y llevarán a las naciones latinoamericanas a
consolidar su liberación, lo que les permitirá imponer sus lógicas en la conducción de los
asuntos de los estados en formación. Además, la sociedad campesina tradicional como
indica Dahl (1989, 51) propende a la desigualdad, a la jerarquía y a la hegemonía política,
lo que permite reproducir en la sociedad latinoamericana la matriz de dominación y
establecer una democracia/autoritaria.
En este sentido, Latinoamérica tendrá un proceso donde el autoritarismo es consustancial a
la forma de dominación que imponen las clases dirigentes que instalaran en el imaginario
de los pueblos indígenas una relación de jerarquía racial, que atribuirá sentido a las vidas y
desarrollos culturales de los pueblos. El conquistador además tomará posesión de la tierra,
y la producción de esta, lo que en esa sociedad agraria le otorgará una posición superior y
capacidad para imponer sus términos. Pero esto además establecerá una división del trabajo
que asignará los status dentro de la sociedad en formación, que estará determinada por el
origen racial y donde los blanco tendrás la posibilidades de ocupar las posiciones y roles al
interior de la sociedad, que permitirán el control de las condiciones de desarrollo, a través
de la formación estatal y el sistema político que se impondrá. Como señala Marx (n.d.) Las
diferentes fases del desarrollo de la división del trabajo son otras tantas formas distintas de
la propiedad; o dicho en otros términos, cada etapa de división del trabajo determina
también las relaciones de los individuos entre sí. El resultado de esto, en Latinoamérica,
generará una división del trabajo, donde la situación de la propiedad permitirá construir las
bases para imponer un sistema capitalista, el que utilizará la matriz de dominación como
mecanismo de destrucción de la base comunitaria de la economía de los pueblos indígenas
y de distribución del poder, e implicará intervenir los universos subjetivos, donde la
modernidad eurocéntrica tendrá un rol fundamental para legitimar las condiciones de
dominación e imponer un sentido de las clases subalternas a la autoridad de este espíritu
europeo superior.
Es claro que el modelo colonial sentará las bases para lograr que los pueblos se sometan a
la autoridad, pero será la colonialidad del poder que permitirá el asentamiento definitivo de
la matriz de dominación y dependencia de las sociedades latinoamericanas, así Quijano
(2000,37) señala que la colonialidad del poder se constituyó en una piedra fundacional del
patrón de poder mundial capitalista, colonial/moderno y eurocentrado, puesto que impone
una clasificación racial/étnica del mundo, la que configura un nuevo universo de relaciones
intersubjetivas de dominación bajo la hegemonía euro-centrada que pasa a denominarse
“modernidad” (Quijano 2000,342). Es esta modernidad eurocentrada la que impondrá a las
sociedades Latinoamericanas modelos de administración estatal y políticos que serán
naturalizados al interior de la matriz de dominación, secuestrando la posibilidad de
constituir espacio de integración y desarrollos equitativos e impidiendo la aparición del
ciudadano, como situación necesaria para la negociación al interior del poder, de las
condiciones de dominación. Por el contrario, los estados formados por las clases poderosas
u oligarquías criollas, darán pasos a construcciones estatales con una participación
restringidas, sólo, respecto de las clases dominantes y continuadoras del poder, es decir, los
criollos-blancos-latinoamericanos propietarios y comerciantes que no tendrán contrapeso
para imponer sus condiciones y términos para conservar las condiciones de explotación y
dominación de los sectores populares, y que ya en el proceso de emancipación no fueron
capaces de asumir una actitud revolucionaria que cambiara el sentido a la dominación, sino
por el contrario, asumen su condición de clase dominante que solo pretende conservar las
condiciones de dominación. Como señala Mires (2005, 72) el factor decisivo que
imposibilita que los criollos se comprometieran como una clase revolucionaria nacional
derivaba de su propia condición de propietario, y por cierto, de la naturaleza de sus
propiedades. Es decir, estas clases dominantes no estaban en condiciones de asumir algún
cambio en la forma de vida que tenía, sino muy por el contrario, tenían la intensión de
mantener y acrecentar el poder que poseían. Así, la clase criolla en su conjunto no estaba
dispuesta a correr el riesgo de ser sobrepasada por las clases peligrosas o por el populacho
(Mires 2005, 73) que pretendiera impulsar algún cambio a la base de sus privilegios, por la
tanto, tendría que dotarse de los medios que hiciera posible la mantención de la
dominación, a través de la legitimidad que les otorgará la colonialidad del poder por medio
del Estado como herramienta de control de la sociedad y la imposición de un orden
sustentado en la idea de democracia.
Pero, esto solo será posible bajo una determinada administración del poder y la imposición
de una matriz de dominación legitimada como señala Quijano, en la idea de que todo lo
diferente a Europa y los blanco-europeos son inferiores. De esta forma, el control del
trabajo en el nuevo patrón de poder mundial se constituyó así, articulando todas las formas
históricas de control del trabajo en torno a la relación capital-trabajo asalariado (Quijano
2000, 208) es decir, el modelo de dominación al naturalizar la inferioridad de los indígenas
o de los no europeos y utilizar todas las formas de producción o trabajo no remunerados
conocidas (relaciones de esclavitud, señorío, reciprocidad, pequeña producción mercantil,
salario); las somete mediante la lógica colonial al servicio de la producción capitalista y
determina la adscripción del trabajo pagado, asalariado, a la raza colonizadora, los blancos.
Premunidos de la legitimidad que emerge de la situación racial que determinará a inferiores
y superiores, los sectores coloniales dominantes, pese a tener sus propias contradicciones
como señala Mires (2005, 21), los representantes de la administración estatal y los criollos
propietarios de haciendas y minas, logran un pacto que les permita mantener el
sometimiento de las clases sub-alternizadas mediante la colonialidad del poder como
mecanismo de legitimación y el establecimiento de relaciones de señorío y vasallaje; y que
posteriormente permitirá a estos últimos hacerse del poder para iniciar un proceso de
instalación de estado- nacionales, sin cambiar dicha matriz y reforzando las estructura de
dominación, a través del establecimiento de ordenamientos jurídicos claramente autoritarios
que expresan visiblemente la idea de dominación, pero que sin embargo, logra generar las
condiciones para que los sectores populares se mantengan dentro de la matriz de
dominación y no puedan lograr una articulación en la búsqueda de un cambio de la
situación a la que están sometidos. Es más, los sectores dominantes lograrán que los
sectores populares se sometan a estas condiciones de dominación y las acepten por medio
de clientelismo que compensará la opresión, pero que los hará dependientes del estado
central, en donde juega en este esquema, un rol fundamental la capacidad de imponer un
régimen centralizado sobre la formación, y en alguna forma la administración, de una
clientela amplia y políticamente significativa que se desarrolló alrededor del sistema de
patronazgo del estado central (Veliz 1984, 283).
En este sentido, se podría sostener que el rasgo autoritario presente en los estados
Latinoamericanos es inseparable de una tradición centralista de concentración de poder, que
en todo momento ha permitido a las elites políticas generar las condiciones para imponer
sus términos y cuando no han podido por la vía del control político, han utilizado una
recentralización autoritaria, esto es lo que Veliz (1984, 287) señala al indicar que los
sectores urbanos medios parecieron haber conducido hasta su fin a la pausa liberal. Es
decir, lo que Veliz señal es que, finalmente la presión que producen los sectores populares
van a provocar que el estado sea incapaz de responder a las demandas siempre mayor de
democracia; y que por tanto, las elite de poder resolverán, a través de recentralización
autoritaria los conflictos al interior del estado, clausurando toda posibilidad de que los
sectores populares hegemonicen el proceso. Este proceso de reconcentración de poder
tiene una particularidad, puesto que además significa un reordenamiento al interior de la
elite de poder capitalista. Este reordenamiento significó la imposición del capital mercantil
financiero por sobre el productivo, que finalmente se somete a la lógica del primero, pero
además implica la derrota de las clases populares y del estado en su forma nacional-popular
o como sostiene Lechner (1977, 32) el nuevo autoritarismo surge como reacción a dos
momentos: internamente, la agudización de las lucha de clases, que desestabilizan la
estructura de dominación, sin poder crear un nuevo orden. Externamente, la
internacionalización del capital, que transforma el proceso de acumulación e impulsa un
reordenamiento de las economías locales.
Pero, este rasgo autoritario de las sociedades latinoamericanas está asociado además a la
capacidad militar de los sectores dominantes, que controlaran este factor determinante en
términos de la resolución de los conflictos, desde la colonia hasta nuestros días. De manera
constante las clases dominantes se valieron del ejército para solucionar los problemas al
interior del bloque dominante o para “pacificar” (someter) a los sectores peligrosos cuando
se movilizaban y traspasaban los límites puestos por los sectores dominantes. Ya lo señala
Dahl (1989, 60) al referirse a que los conquistadores ejercieron un monopolio de la fuerza
militar y que les permite subyugar a avanzadas civilizaciones imponiendo sus lógicas y
cultura, y a la vez sometiendo los pueblos a una explotación permanente que provocará una
desigualdad en la forma de integración de los sectores subalternos. El mismo Dalh (1989,
60) señala que las desigualdades cumulativas de status, riqueza, ingresos y medios de
coacción equivalen a desigualdades manifiestas en la manipulación de las fuentes de acción
política.
De esta forma una pequeña minoría, la oligarquía, logra hegemonizar políticamente un
proceso e imponer su lógica de dominación al orden social de manera autoritaria y sin
contrapeso, donde el factor militar, estará presente en forma permanente como aliado
irrenunciable del capital y de las clases dominantes, lo que permitirá imponer las lógicas de
dominación mediante la continuación de la colonialidad del poder y la matriz de
dominación eurocéntrica. Como señala Mires (2005, 156), de esta forma el estado nacional
oligárquico se erigió precisamente sobre la base que garantiza el aplastamiento de los
movimientos sociales populares que hicieron posible la independencia, puesto que la
oligarquía impuso sus intereses por sobre los de la mayoría y diseñó un derrotero que
concluyera en la legitimización de la dominación, a través de impulsar procesos de
articulación democrática y de ciudadanización en las esferas del poder y restringiéndola a
los sectores populares. En este sentido, Cardoso (1985, 44) señala, la noción de estado se
refiere a la alianza básica, el pacto de dominación básico, que existe entre las clases
sociales o fracciones de la clase dominante y las normas que garantizan dominio sobre los
estratos subordinados.
La independencia, más que una liberación fue para los sectores populares, el mantenimiento
de la hegemonía autoritaria de las clases criollas-oligárquicas conformada por los
aristócratas, los grandes propietarios de tierras y minas, en fin los dueños del poder (Mires
2005, 156). Este poder está construido sobre la base de una explotación permanente de las
clases subalternas y del capital, lo que les permite disponer de recursos para mantener el
esquema de imposición de intereses. Las clases oligarcas serán el sujeto principal de la
emancipación y ocupan esta posición para resolver a su favor las contradicciones del
proceso de ruptura con la corona e impone su lógica dentro del modelo
capitalista/colonial/violencia, donde el control del factor militar permitirá asentar el poder y
el autoritarismo con que se administrarán las nuevas colonias liberadas. Desde este
momento el autoritarismo tiene una relación directa con el factor militar, clases dominante
y el poder, así el factor autoritarismo se impone como una lógica permanente en las
relaciones de las sociedades latinoamericana; y de alguna forma, se constituye en un
elemento central del poder de dominación de las clases dominantes que impondrán esta
estrategia para imperar.
A partir de esta situación, donde el rasgo autoritario sería una constante, y no un elemento
episódico del desarrollo de las naciones latinoamericanas, el tema de la democracia será
una complicación para los estados nacionales y para las clases dominantes. Esto, porque
las clases dominantes no tendrá la más mínima inquietud por generar los canales de
participación e integración de los sectores dominados, puesto que la democracia y las
promesas de mayor libertad pondría en cuestión el aparato de dominación, y por tanto,
perderían el poder. Esto llevo a que los sectores dominantes, es decir, los sectores
conservadores iniciaran los procesos de emancipación y posteriormente de formación de los
estados nacionales, pero este proceso tendría como objetivo proteger sus intereses, puesto
que una vez liberados los estados de la dependencia de la corona, las clases dirigentes
generarán las condiciones para crear un proceso donde las condiciones de los sectores
terrateniente no sufrieran alteración.
El surgimiento de los estados oligárquicos será una prueba clara de lo sostenido más arriba,
y donde las clases dominantes diseñarán un estado autoritario a su medida, al cual
controlarán a través del establecimiento de una democracia restringida, que permitirá
participar solo a algunos. Además, este estado emerge fuertemente centralizado y
dependiente del exterior (Allub 1983, 10) y donde las elites de poder no tendrán la
intensión de abrir los procesos para la creación de las condiciones de participación de todos
los sectores de la sociedad. En este sentido es relevante observar nuevamente lo que
plantea Gómez respecto de Chile y su autodefinición de república democrática, al señalar
que el régimen democrático nacional no tuvo 41 años de existencia como tradicionalmente
se sostiene sino 13 años, de manera que su corta existencia va entre 1958-1973, siendo
precedido por dos regímenes políticos de carácter no democrático. No obstante, incluso se
podría sostener que ese periodo democrático no lo fue tanto, pues nunca los sectores
populares logran democratizar la democracia anclada en un ordenamiento jurídico que
sigue siendo un tutelaje de los sectores dominantes, lo que permite que detengan el avance
y movilización de los sectores peligrosos y los derroten militarmente en nombre de la
democracia y del estado de derecho.