La reunión más grande de Naciones

Unidas es ahora historia. El 22 de

Junio, el último día de la Conferencia,

representantes de más de 180

gobiernos aprobaron el documento

resultado de la Conferencia titulado

“El Futuro que Queremos.” Si alguien

lee el documento, claramente éste es

la reafirmación de los principios

claves y acuerdos realizados en el

1992. Por ejemplo, un compromiso

con el desarrollo sustentable, que

coloca a las personas, la equidad y la

inclusión en el centro de este

esfuerzo; el reconocimiento que

erradicar la pobreza es el desafío

global más grande que enfrenta el

mundo hoy en día y una condición

sine qua non para el desarrollo

sustentable; re-enfatizando la

importancia de la gobernabilidad

democrática (derechos, libertades,

equidad de género; estado de

derecho) y reconociendo que el

desarrollo sustentable puede ser

logrado solo si diferentes esferas de

la política se vinculan y articulan

efectivamente, así como el trabajo

conjunto en alianza y sociedad entre

el gobierno, el sector privado y las

organizaciones de la sociedad civil. El

documento de Río+20 es más

explícito sobre el rol de los gobiernos

sub-nacionales y la gobernabilidad en

el desarrollo sustentable, así como

sobre los temas relacionados con la

transparencia y la rendición de

cuentas. Ambos temas establecen las

pautas que permiten la creación de

un entorno de desarrollo sustentable,

y resaltan la importancia de las

instituciones en todos los niveles de

gobierno y su capacidad de diseñar y

articular políticas y generar acciones.

Esencialmente, la adopción del

documento no sólo es consistente con

los Principios de Rio, la Agenda 21 y el

Plan de Implementación de

Johannesburgo, si no que también

amplia los objetivos en términos de

mejorar y fortalecer el actual marco

institucional de gobernabilidad. Está

claro, que sin una efectiva

gobernabilidad, el desarrollo

sustentable es inalcanzable.

Este fue el tema central expresado

por Helen Clark, Administradora del

PNUD, en el discurso que ella ofreció

en el Instituto de Estudios de Asia

Sur-Oriental (Institute of Southeast

Asian Studies) en Marzo de este año

en Singapur. La Administradora del

PNUD destacó tres elementos del por

qué la gobernabilidad hoy en día es

esencial para el desarrollo

sustentable. Primero, el gobierno en

todos los niveles tiene que promover

el desarrollo y la expansión de las

oportunidades, a través de una

planeación y prestación de servicios

de forma deliberada, específica y pro-

activa.” Segundo, el desarrollo

sustentable, y la capacidad de

resistencia que este requiere, es un

proceso multidimensional complejo

Continúa en la siguiente página

En esta Edición Perspectivas Reseñas Artículo – El Índice de Desempeño de Gobernabilidad y

Administración Pública Provincial en Vietnam (PAPI) Evento - El Estado del Servicio Civil y sus Recursos Humanos

en América Latina Sitio Web Temático Golstat Bienvenida Agenda

Centro Regional LAC

Centro Regional LAC Centro Regional LAC

Centro Regional LAC

Centro Regional LAC

que necesariamente involucra una

gobernabilidad y gobierno efectivos.

Por consiguiente, como la

Administradora del PNUD resaltó “los

desafíos que los países enfrentan hoy,

demandan políticas públicas que vean

el crecimiento económico, reducción

de la pobreza, desarrollo social,

equidad y sostenibilidad, no como

metas que compiten entre sí, para

compensarse unas con otras, sino que

son objetivos interconectados los

cuales son mas efectivos de alcanzar

en conjunto." Y tercero,

los ciudadanos más que

nunca necesitan sentirse

significativamente

compro-metidos con los

gobiernos, informados

sobre las políticas y tener

la posibilidad de

participar en las

decisiones tomadas por

los gobiernos y que

afectan sus vidas. Por lo

tanto, un gobierno

transparente y que rinde

cuentas es de gran importancia para

el desarrollo sustentable, al igual que

la existencia de instituciones

independientes, que pueden mantener

una vigilancia sobre el gobierno. Como

la Administradora del PNUD ha

destacado "instituciones justas,

confiables y responsables construyen

confianza entre las personas y el

gobierno y estas instituciones deben

estar libres de corrupción."

Así mismo, el documento central de

Rio+20 hace un llamado de reforma

institucional para promover un

desarrollo sustentable. Esto no

significa más gobierno sino una

gobernabilidad más efectiva. Este

llamado no puede ser más relevante

para la región de América Latina y el

Caribe, la cual esta atravesando su

período más prolongado de regímenes

democráticos, una prosperidad y

niveles de desarrollo humano sin

precedentes. Ésta es la base para un

desarrollo sustentable. Sin embargo,

junto con el progreso también existe

una creciente frustración ciudadana

por la persistente desigualdad de

poder y riqueza, la creciente

inseguridad ciudadana y la erosión

del estado de derecho. La región no

sólo sigue siendo la más desigual del

mundo, sino que también muestra

tres tendencias adicionales que

pueden afectar directamente la

capacidad de resistencia y el

desarrollo sustentable. En primer

lugar, la región sigue siendo

altamente centralizada, a pesar de

algunos progresos en la delegación y

desconcentración de algunas

competencias a los gobiernos sub-

nacionales; segundo, es la región mas

urbanizada en el mundo; y tercero, a

pesar de las impresionantes

tendencias del desarrollo económico

y la serie de actores en la lucha contra

la corrupción, las herramientas y los

marcos jurídicos; los indicadores de

transparencia siguen siendo

relativamente bajos en la región y la

percepción de la corrupción sigue

siendo alta.

En consecuencia una

gobernabilidad más efectiva y

con redición de cuentas hacia

sus ciudadanos es necesaria en

la región, no sólo para

responder al Marco de Acción

y Seguimiento de “El Futuro

que Queremos”, sino también

para manejar la transición

hacia una región más

transparente y descentralizada

y para hacer frente a los

desafíos de la creciente

urbanización. Las aspiraciones de

Rio+20 proveen la oportunidad para

una mejor gobernabilidad tanto en

los niveles nacionales como sub-

nacionales, arraigados en los

principios básicos de la transparencia

y rendición de cuentas. Un

crecimiento urbano centralizado,

opaco y no planificado podría

conducir a un futuro no sustentable y

ésta no puede ser una opción. Rio+20

ha sentado las bases para una

Continúa en la siguiente página

transformación a largo plazo y una

reforma institucional, las cuales

ofrecen una oportunidad para

mejorar la capacidad de rendición de

cuentas del gobierno desde abajo

hacia arriba.

La generación de un enfoque

integrado y estratégico para

fortalecer la gobernabilidad sub-

nacional será decisiva para responder

a los retos ya emergentes y

potenciales. Por ejemplo, el

crecimiento urbano no planificado y

las densidades poblacionales de las

ciudades y nuevos centros urbanos;

fenómenos meteorológicos y

naturales extremos que incluyen

inundaciones, incendios y desastres

naturales han agudizado aún más la

conciencia en la comunidad para la

planificación de un uso de la tierra

más eficaz que minimice el riesgo;

transporte público que soporte el

tránsito rápido dentro de y entre los

centros urbanos; apoyar un mejor

diseño urbano, espacios abiertos y

verdes con innovación e investigación,

para edificios y construcciones que

mejoren el bienestar; y oportunidades

de desarrollo regional o de

mancomunidades para aliviar la

presión sobre las ciudades capitales y

el gobierno nacional.

Sólo se puede cerrar la brecha de la

implementación de desarrollo

sustentable en América Latina y el

Caribe si se mejoran las capacidades

de los gobiernos sub-nacionales. Por

ejemplo, capacidades claves en

términos de identificar, gestionar y

movilizar recursos y diseñar

estrategias de inversión. Igualmente,

las capacidades también son

necesarias para asignar y distribuir

recursos que garanticen la eficiencia,

equidad y participación ciudadana. El

desarrollo sustentable en el nivel sub-

nacional también requiere

instituciones más efectivas y

adaptables en los sectores públicos y

privados. Esto también requiere una

planeación urbana innovadora y un

mayor emprendimiento y una clara

cooperación de todas las esferas del

gobierno. Un nuevo diseño de la

gobernabilidad necesita emerger a

nivel de país, para tener mecanismos

efectivos para articular una

gobernabilidad multi-nivel. Hay un

espacio político que es disfuncional

en el ámbito sub-nacional,

(municipalidades, distritos, y

condados) de tal forma que la

interacción directa con actores del

gobierno nacional, y no actores sub-

nacionales, debilita la gobernabilidad

sub-nacional. Por eso el nivel

intermedio de gobierno necesita ser

fortalecido y/o donde es inexiste, se

necesitan diseñar e implementar

nuevos arreglos institucionales más

efectivos. Esto puede tener un

enorme potencial para promover los

principios de desarrollo sustentable,

pero a menudo no existen, o si

existen, se caracterizan por unas

estructuras de gobernabilidad

superpuestas y fragmentadas. A este

nivel es importante desarrollar

estrategias espaciales que promuevan

una configuración de la infraestructura

que maximice los beneficios y minimice

la excesiva movilidad y uso de recursos.

El documento “El Futuro que

Queremos” es también explícito en

términos de la rendición de cuentas y

la transparencia. La rendición de

cuentas es vista como un fin y medio

para un amplio número de actores,

como gobiernos, sector privado/

empresarial, el sector no

gubernamental, y aún donantes,

incluyendo el sistema de Naciones

Unidas. La transparencia es vista

como un medio complementario y un

fin, relacionada particularmente con

el proceso de elaboración de las

políticas, la participación ciudadana y

la información financiera y

presupuestaría. Es imposible

deshacer la cultura de la no rendición

de cuentas con el golpe de una varita

mágica. El actual entramado

institucional y sus interrelaciones o

falta de ellas, no pueden ser

cambiadas de la noche a la mañana.

Este proceso requiere liderazgo y un

dedicado compromiso a largo plazo.

Lo que se necesita es un conjunto de

medidas más drásticas

implementadas gradualmente para

comenzar a crear una cultura

alternativa de rendición de cuentas

que refine, refuerce y recompense los

hábitos de rendición de cuentas.

Continúa en la siguiente página

A diferencia de 1992, Rio

+20 ofrece la oportunidad

de hacer un balance y

avanzar hacia una agenda

para lograr el desarrollo

sustentable. Entre los

avances y retrocesos de

los últimos 20 años, ésta

fue una oportunidad para

renovar los compromisos

políticos y el respeto por

los compromisos

anteriores y construir

sobre los principios de

Río, la Agenda 21 y el Plan de

Implementación de Johannesburgo.

Más allá de las múltiples demandas y

la cobertura de los medios, el

resultado del Río +20 ha inyectado un

importante impulso al fortalecimiento

de la gobernabilidad y la rendición de

cuentas. Y, francamente éste no

puede ser sólo acerca del documento

aprobado, las diferencias entre 1992

y 2012 o acerca de las diferentes

reacciones frente al resultado. En

última instancia, las acciones dicen

más que las palabras. El desarrollo

sustentable depende del liderazgo e

iniciativas de los gobiernos, el sector

privado, ONG, organizaciones

académicas y educativas, y donantes

trabajando juntos para fortalecer la

gobernabilidad para el desarrollo

sustentable. Ya hay muchas promesas

y compromisos como resultado de la

agenda de Rio +20. La iniciativa de

Energía Sustentable para Todos, es un

ejemplo, de las promesas y

compromisos que se hicieron para la

economía verde, la reducción de

desastres y para hacer frente a la

desertificación. También se prometió

plantar 100 millones de árboles al

2017, donde más de 7,000 escuelas

en 150 países expresaron su interés

en participar. Los mayores

compromisos vienen de las escuelas y

universidades, con casi 250 promesas,

muchas de ellas en especie, como

programas académicos, campus

ecológicos y reducción de la huella

ecológica (para ver más compromisos,

clic aquí).

El documento de Rio+20 también

ofrece un número explícito de claves

para fortalecer los gobiernos sub-

nacionales. La sección E del

documento, en los numerales 97 – 203,

establece una serie de

elementos para fortalecer la

gobernabilidad sub-nacional

y la rendición de cuentas. Ya

ha habido algunas

reacciones constructivas por

parte de la Federación

Latinoamericana de

Ciudades Municipios y

Asociaciones de Gobiernos

Locales, la UCLG, la

declaración conjunta, y

FOGAR.

Podría enviarse una mensaje fuerte,

si en la región más compromisos y

promesas se hacen e implementan

para fortalecer el gobierno sub-

nacional y la rendición de cuentas

para el desarrollo sustentable.

Para comentarios sobre este artículo,

por favor haga clic en el logo de

Teamworks

El Uso del Sistema Integrado de Administración Financiera como Instrumento de Transparencia y Control por la Sociedad BID Marzo 2012.

Este estudio evaluó los sitios web de transparencia de los gobiernos de 18 países Latinoamericanos por medio de la búsqueda en Internet, con el propósito de identificar tres tipos de requisitos relacionados con: (i) la revelación del contenido de la gestión de las finanzas públicas, (ii) la disponibilidad de información histórica y oportuna; y (iii) su usabilidad y accesibilidad. Los resultados muestran una evolución positiva de la transparencia fiscal en la mayoría de los países evaluados. El estudio también introduce dos temas para la discusión, relacionados con la definición de estrategias de implementación de Portales de Transparencia de la Gestión Financiera Publica (GFP) en países con pocos recursos y con la calidad de información revelada.

[Para descargar clic aquí]

Vinculando la Discreción en la Toma de Decisiones y la Rendición de Cuentas de los Gobiernos Locales en la Descentralización Serdar Yilmaz, Yakup Beris y Rodrigo Serrano-Berthet. Development Policy Review, Blackwell Publishing, 2010. El artículo propone una metodología para analizar los vínculos entre la discreción y rendición de cuentas de los gobiernos locales desde las perspectivas tanto de la oferta (sector público), como de la demanda (sociales) en tres dimensiones: fiscal, política y administrativa. A partir del análisis de la literatura existente y tomando como ejemplo algunos casos del Asia y América Latina, se argumenta que la relación entre la discreción y rendición de cuentas local es más compleja que simplemente tener más rendición de cuentas como resultado automático de un aumento de la discreción en la toma de decisiones. Es más, cuando se está incrementando la asignación de recursos para servicios públicos y expandiendo las responsabilidades de los gobiernos locales para decidir sobre el uso de estos recursos, se requiere atención especial para mejorar y/o fortalecer la estructura de incentivos de la rendición de cuentas. De otra forma, los esfuerzos de descentralización probablemente no se traducirán a una gobernabilidad con más rendición de cuentas. Mientras los procesos de descentralización se expanden en todo el mundo, con frecuencia se incrementa la autonomía y discreción de decisión de los gobiernos locales sin pensar profundamente en la estructura de incentivos de rendición de cuentas que son cruciales para obtener gobiernos más responsables y transparentes. Aun cuando se toma en cuenta la rendición de cuentas, los esfuerzos tienden a poner más énfasis sólo en los mecanismos internos gubernamentales, sin tomar en cuenta el control externo y ciudadano. Adicionalmente, la relación entre la discreción de decisión y la rendición de cuentas en esfuerzos de reforma de descentralización se complica aun más cuando se desagregan aspectos fiscales, administrativos y políticos. El artículo argumenta que son justamente estos aspectos los que son claves para considerar en cualquier esfuerzo de reforma [Para descargar clic aquí]

Desarrollo Sostenible y Gobiernos Sub-nacionales: ¿Más allá de Políticas Simbólicas? Sander Happaerts Instituto de Investigación para el Trabajo y la Sociedad (HIVA), 2012. Este documento examina las políticas de desarrollo sostenible de los gobiernos sub-nacionales. En las últimas décadas varios gobiernos sub-nacionales han dado pasos concretos para institucionalizar el desarrollo sostenible. Este documento muestra que la mayoría de las políticas sub-nacionales se caracterizan por su simbolismo, lo que significa que tienen una alta eficacia política-estratégica, pero una baja eficacia en términos de impacto. Estas políticas simbólicas pueden explicarse por dos dinámicas. En primer lugar, en los gobiernos sub-nacionales falta una voluntad política para lograr cambios fundamentales en el desarrollo sostenible, aunque se percibe la necesidad de hacer algo al respecto. En segundo lugar, las políticas simbólicas son favorecidas por la ambición de los gobiernos sub-nacionales de cumplir con estándares internacionales. El documento tiene dos secciones, en la primera sección se presenta un análisis de estudios de caso comparativo de cinco gobiernos sub-nacionales: Quebec (Canadá), Flandes (Bélgica), la Valonia (Bélgica), la Renania del Norte-Westfalia (Alemania) y el norte de Holanda (Países Bajos). La segunda sección ofrece un marco conceptual de la política simbólica. Finalmente, el documento también mira hacia adelante al posible impacto de Rio+20 y los nuevos conceptos que la conferencia aprobaría, tales como la “economía verde.”

[Para descargar clic aquí]

Hacia una Política de Rendición de Cuentas en México Auditoria Superior de la Federación/CIDE/ Red por la Rendición de Cuentas. 2011. El libro es resultado de las discusiones y presentaciones en el marco del Seminario Internacional "Hacia una Política de Rendición de Cuentas en México," realizado en Agosto del 2011 en México y convocado por la Red por la Rendición de Cuentas de México, una coalición de alrededor de 50 organizaciones comprometidas con el tema de rendición de cuentas. El objetivo del Seminario fue definir, y deliberar acerca de las casusas del problema que originan la falta de rendición de cuentas en México. El Libro es producto del Seminario, y contiene 7 artículos que abordan distintos temas y dimensiones de la rendición de cuentas. Se reconoce que las reformas logradas en las últimas décadas han creado un conjunto de instituciones orientadas a fiscalizar el gasto público, lo cual permite evaluar las políticas públicas, medir el desempeño de los gobiernos y analizar el impacto de contar con acceso a la información gubernamental. Así mismo se reconoce que la sociedad civil cuenta ahora con más y mejores capacidades para participar en la vida pública y exigir rendición de cuentas. A pesar de estos avances, una de las principales conclusiones del libro es que para superar los desafíos aún pendientes de rendición de cuentas en México no es necesario elaborar más normas y dependencias descoordinadas, sino construir un entramado institucional articulado, concreto y con objetivos bien definidos.

[Para descargar clic aquí]

La transición de ser un país de ingreso bajo a ingreso

medio implica un cambio en la relación entre las

instituciones del gobierno y las organizaciones de la

sociedad civil y en la forma en que interactúan unas con

otras. En los países con bajos ingresos, los responsables de

diseñar las políticas públicas generalmente dependen de

evidencia o narrativas anecdóticas para evaluar la calidad

de su administración pública y la prestación de los

servicios públicos, sin embargo con frecuencia esta

información es engañosa y además incompleta. Para

enfrentar los nuevos desafíos sociales, económicos e

institucionales, los responsables de diseñar las políticas

públicas necesitan estar informados; los ciudadanos (por

ejemplo, la sociedad civil) con información están

empoderados, y una ciudadanía informada y empoderada

puede tener mayor compromiso hacia su comunidad y

país.

La relación entre gobiernos y ciudadanos ha cambiado en la

mayoría de los países en vías de desarrollo en la última

década, y Vietnam no es la excepción. Los ciudadanos mejor

educados y más

informados, son los

que más demandan

una mejor y más

eficiente

administración de

servicios por parte de

sus gobiernos. Actualmente Vietnam se está acercando a la

escala de países de ingreso medio, y los ciudadanos exigen

cada vez más un sistema de administración pública libre de

burocracia y corrupción administrativa, clientelismo,

nepotismo, desvío y robo de fondos públicos. De igual forma,

los ciudadanos demandan sistemas de administración

pública que promuevan el desarrollo y la equidad, así como

una mayor participación en los procesos de decisión de las

políticas públicas, así como en su implementación y

monitoreo.

En un contexto de crecientes demandas de participación

de los ciudadanos en los asuntos del gobierno, el PNUD en

Vietnam ha incrementado sus servicios de asesoría

xxxxxxx

enfocándose en formas innovadoras para que la toma de

decisiones sea objetiva y basada en la evidencia. El Índice

de Desempeño de Gobernabilidad y Administración

Publica Provincial (PAPI), es un esfuerzo pionero de

incorporar las experiencias ciudadanas sobre cómo reducir

la corrupción y mejorar la gobernabilidad en un país

unipartidista. El PAPI (por sus siglas en inglés) da voz a los

ciudadanos para que puedan valorar sus experiencias con

la gobernabilidad y los servicios públicos. Es el ejercicio

más extenso de este tipo en medir la gobernabilidad

desde las interacciones de los ciudadanos con las

autoridades gubernamentales en los diferentes niveles,

incluyendo temas de transparencia, rendición de cuentas y

control de la corrupción.

Un total de más de 13,600 ciudadanos fueron consultados

sobre su experiencia directa con el desempeño de

autoridades provinciales y sub-nacionales en temas de

gobernabilidad y administración pública. La investigación de

PAPI ofrece un panorama completo del actual estado de la

gobernabilidad sub-nacional en las 63 provincias de Vietnam.

PAPI también provee un

extenso análisis del

desempeño de la

administración pública y la

gobernabilidad en el nivel

nacional.

La investigación de políticas del PAPI también incluye

información sobre una variedad de temas que afectan

comúnmente a los vietnamitas, incluyendo el acceso a la

tierra, educación y salud. En el tema de acceso a la tierra,

por ejemplo, la encuesta PAPI encontró que 8 de cada 10

ciudadanos en el ámbito sub-nacional desconocen los

planes de uso del suelo. Obtener el certificado de derecho

de uso de la tierra sigue siendo un servicio público

problemático que sistemáticamente obtiene los puntajes

mas bajos entre los cuatro tipos de procedimientos

administrativos medidos tanto en las encuestas PAPI de

2010 y 2011.

Continúa en la siguiente página

De acuerdo a los hallazgos de

la encuesta PAPI 2011, de un

tercio de los ciudadanos que

perdieron su tierra solo el 9%

de los encuestados dijeron

que habían recibido

compensaciones cercanas al

valor del mercado. Esto

representa una disminución

respecto a los resultados del

2010, donde el 17% dijo que

la indemnización era cerca del valor de mercado.

En el área de la corrupción en el sector público, una

tercera parte (31%) de los encuestados, señaló que los

sobornos eran necesarios para recibir atención medica;

casi un tercio (29%) que estos eran necesarios para

obtener un trabajo en el sector público; dos de cada cinco

(21%), señalaron que los sobornos eran necesarios para

aplicar a un certificado de uso del suelo; y para el 17% los

sobornos eran necesarios para que los niños tengan un

mejor tratamiento en las escuelas.

La investigación esta ayudando a los encargados de

diseñar las políticas públicas, y a la cooperación

internacional a entender mejor las experiencias de los

vietnamitas y extraer lecciones concretas sobre cómo

reducir la corrupción y mejorar la satisfacción de los

ciudadanos con la administración pública.

Por ejemplo, en 2010, la provincia de Kon Tum en la parte

central de Vietnam fue clasificada como una de las

provincias con los índices de desempeño más bajos. Como

resultado, las autoridades provinciales decidieron usar los

datos de la encuesta y las buenas prácticas de las otras

provincias para desarrollar un plan de acción para

enfrentar la corrupción y los pagos informales, y mejorar

la prestación de servicios públicos. Este plan actualmente

está siendo implementado en toda la provincia.

La Encuesta PAPI examina seis dimensiones diferentes de

la gobernabilidad y la administración pública provincial.

Estas incluyen: (i) participación en el nivel sub-nacional; (ii)

transparencia; (iii) rendición de cuentas vertical; (iv)

control de la corrupción en el sector público; (v) procesos

de la administración pública; y, (vi) prestación de servicios

públicos. El Informe completo está disponible dando clic

aquí.

Desde el lanzamiento de la Encuesta 2011, realizada en

Mayo de 2012, esta ha tenido una amplia cobertura

mediática y discusión sobre los resultados. El debate en

los medios de comunicación continúa lo cual ayuda a

mantener la atención sobre los temas y problemas

planteados, así como en la necesidad de centrarse en las

soluciones y las acciones.

PAPI es una iniciativa de investigación de políticas

conjunta implementada en colaboración con el Frente

Patriótico de Vietnam (Viet Nam Fatherland Front), el

Centro de Apoyo a la Comunidad y Estudios de Desarrollo

(Centre for Community Support and Development Studies)

bajo la Unión de Asociaciones para la Ciencia y Tecnología

de Vietnam (Viet Nam Union of Science and Technology

Associations) y la Comisión sobre peticiones de la gente

bajo el Comité permanente de la Asamblea Nacional

(Commission on People’s Petitions under the Standing

Committee for the National Assembly) y el PNUD Vietnam.

* Asesor de Políticas, Reforma de la Administración Pública y Anti-Corrupción del PNUD-Vietnam, Correo electrónico jairo.acuna@undp.org, www.papi.vn

El pasado 9 de julio,

se llevó a cabo en

Ciudad de Panamá, el

Conversatorio “El

Estado del Servicio

Civil y sus Recursos

Humanos en América

Latina: ¿Dónde

Estamos y Cómo Vamos?” El evento estuvo dirigido a

profesionales del Centro Regional y la Oficina de País de

PNUD, otras Agencias del Sistema de Naciones Unidas e

investigadores del mundo académico. fue una

oportunidad para intercambiar ideas en torno al estado

del servicio civil en América Latina y compartir resultados

de recientes estudios. A continuación una síntesis de los

principales temas resaltados en el evento.

Los sucesivos estudios regionales y subregionales que se

vienen llevando desde los organismos internacionales,

desde principios de los 2000 (Informe Servicios Civiles, BID

2006, Barómetro 2009 y Barómetro 2012), para

monitorear el grado de instalación de los principios

contenidos en la Carta Iberoamericana de la Función

Pública muestran que los esfuerzos por construir servicios

civiles meritocráticos y flexibles han tenido un éxito

parcial y muy diverso. Hay distinciones entre países, pero

también un mosaico que combina al interior de cada país

segmentos de burocracia meritocrática, paralela,

clientelar y administrativa (ver How Democracy Works).

Dentro de esta diversidad, en el claroscuro que presenta

la región deliberadamente se hizo foco en experiencias

interesantes que no llegan a distinguirse en juicios

generales acerca de “la” función pública latinoamericana,

que dista de ser un todo homogéneo.

La profesionalización en términos de la Carta

Iberoamericana implica combinar mérito y flexibilidad en

el diseño del sistema de función pública, y la traducción de

estos principios en prácticas de gestión concreta requieren

áreas rectoras capaces y respaldadas políticamente, y

segmentos directivos involucrados en la gestión de los

grupos a su cargo (ver Iacoviello y Strazza, 2011, Iacoviello

y Pulido, 2012). Veamos experiencias concretas que van

en este sentido en la región.

Gestión de los requisitos de mérito

La incorporación meritocrática está instalada como

principio general en las administraciones de Costa Rica,

Brasil y Chile, pero también en segmentos del empleo

público en buena parte de los países de la región.

Además, la situación dramática en la que se encontraban

países como República Dominicana, Perú o El Salvador a

principios de los años 2000 ha sido revertida gracias a

iniciativas que promueven la gradual introducción de

concursos de acceso.

A la hora del diseño, es interesante considerar la opción

de comités que integren terceros actores, como se da por

ejemplo en el caso del Sistema de Alta Dirección Pública

implantado en Chile, que incorpora la figura de un Consejo

de perfil técnico y diversidad política, que se constituye en

garante de la mejora sostenida del proceso.

Implantación de mecanismos flexibles

El modelo de gestión que sustenta la Carta

Iberoamericana de la Función Pública no plantea un

esquema de “suma cero” entre mérito y flexibilidad, sino

que se entiende justamente a esta última como garante

de la sostenibilidad de la meritocracia (LONGO 2002).

Entre los mecanismos de flexibilidad contractual podemos

mencionar las relaciones de empleo sin estabilidad, por

plazos definidos para tareas preestablecidas. El sistema de

la “contrata” en Chile, con derecho a carrera y

responsable por resultados, los cambios introducidos en

las contrataciones en Argentina a través de la Ley Marco

del Empleo Público, o el reemplazo de los “servicios no

xxxx

Continúa en la siguiente página

personales” por contratos administrativos en Perú, son

ejemplos de políticas exitosas para reducir la brecha entre

condiciones laborales el personal contratado y el de la

planta estable.

La flexibilidad funcional facilita que se puedan adaptar las

decisiones de recursos humanos a los desafíos que

enfrentan las organizaciones públicas. En esta línea el

Sistema de Alta Dirección de Chile, el Cuerpo de

Administradores Gubernamentales en Argentina y más

recientemente el Cuerpo de Gerentes Públicos de Perú

son ejemplos de gestión del

empleo flexible, con selección

meritocrática con base en

antecedentes y competencias.

La flexibilidad salarial completaría

el repertorio, aunque son aisladas

las experiencias en la región. Se

destaca Chile con estructuras

salariales equitativas y el pago

variable mediante un bono

asociado al buen desempeño

individual e institucional, tanto para los agentes

permanentes como para los contratados. En el resto de la

región todavía hay un gran déficit en términos de equidad

interna y externa de las remuneraciones, aunque situaciones

críticas, como en los casos de Ecuador y Perú, se han

revertido en los últimos años.

Jerarquización del órgano rector de la política de recursos

humanos

La presencia de un área rectora con respaldo político y

capacidad técnica es requisito ineludible para sostener la

profesionalización del empleo público. Buena parte de las

mejoras sostenidas en el servicio civil de Chile, Brasil,

Colombia, Costa Rica, y más recientemente en República

Dominicana, Perú, Paraguay y El Salvador se pudieron

concretar a partir del fortalecimiento institucional de las

áreas a cargo del respectivo sistema de servicio civil.

Liderazgo de los directivos públicos

El mejor diseño de la política de empleo público cae en el

vacío sin un segmento directivo con las competencias y los

incentivos para involucrarse en la gestión de sus equipos

de trabajo. Por eso, nos parece importante analizar y

recuperar las experiencias regionales de regímenes

especialmente diseñados para los

directivos públicos, diferenciados

del sistema general para el

servicio civil, como es el caso en

Chile y México con sistemas de

empleo directivo, o los ya

mencionados cuerpos

transversales de profesionales en

Argentina y Perú.

En síntesis, a pesar del

desarrollo desigual y de los

desafíos todavía pendientes en América Latina, en los

cuatro aspectos señalados se pueden encontrar iniciativas

alineadas con los preceptos de la Carta Iberoamericana de

la Función Pública. Y nos referimos a iniciativas que van

mucho más allá del establecimiento meramente

normativo de reglas de juego: se trata de experiencias de

implantación de prácticas meritocráticas y flexibles de

gestión de las personas en nuestra propia región.

Como se hizo en este evento, vale la pena recuperar

experiencias positivas de profesionalización del servicio

civil, no para trasladarlas automáticamente a otros

entornos político-institucionales, sino para inspirar

reformas situadas en la realidad concreta de los países

latinoamericanos.

*Experta Asociada del Área de Gobernabilidad Democrática del Centro Regional para América Latina y el Caribe.

www.mercedesiacoviello.com.ar

Directorado de Gobernabilidad Pública y Desarrollo

GOV es un sitio web especializado de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OECD), la cual ofrece a gobiernos herramientas para adaptar sus arreglos del sector público a las cambiantes necesidades de la sociedad moderna. Es una plataforma completa que contiene reportes, documentos y análisis estadístico. GOV tiene siete áreas principales de trabajo: 1) presupuesto y gasto público, 2) lucha contra la corrupción en el sector público, 3) empleo públicoo y su gestión, 4) innovación en el sector público y gobierno electrónico, 5) desarrollo regional, 6) política regulatoria y 7) manejo de riesgo. GOV ofrece acceso al Observatorio de Innovación del Sector Público, que apunta a recolectar sistemáticamente, categorizar, analizar, y compartir prácticas innovadoras desde todas las dimensiones del sector público, a través de una base de datos interactiva. El sitio tiene como audiencia principal a servidores públicos, académicos, decisores de políticas y practicantes. Para visitar el sitio Web, haga clic aquí

De acuerdo al Boletín No 13 de Perú Pro-Descentralización, en el

año 2011, los gobiernos locales y regionales del Perú tuvieron

una ejecución del gasto público en inversiones menor al

porcentaje de ejecución del gobierno nacional. Los gobiernos

locales y regionales ejecutaron 62%, y 64% respectivamente,

mientras que el gobierno nacional ejecutó 82%. Asimismo, si se

compara la ejecución de inversiones del año 2011 en relación al

2010, la tendencia observada es negativa, puesto que sólo el

Gobierno Nacional muestra una variación positiva del 9.5%,

mientras los gobiernos regionales y locales presentan una

disminución del 5% y 13.5%, respectivamente. En el 2010, los

gobiernos locales ejecutaron en moneda nacional (nuevos soles)

aproximadamente el equivalente en US$ a 3, 6750 millones de

dólares, y en 2011 se ejecutaron 3,250 millones

respectivamente. En cuanto a los gobiernos regionales, en el

año 2010 ejecutaron en moneda nacional (nuevos soles)

aproximadamente el equivalente en US$ a, 1,830 millones, y en

el 2011 ejecutaron 1,730 millones respectivamente.

http://www.regionalcentrelac-undp.org/es

Misión de Asesoría Técnica para el Fortalecimiento Institucional de la Fundación Rafael Landaverde del Experto Asociado Álvaro Gálvez a PNUD Honduras, Agosto 1 al 15, Tegucigalpa, Honduras.

Día Internacional de la Juventud, Agosto 12.

Taller Regional: Desde la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC) a las Políticas Anti-Corrupción en América Latina, Agosto 23 y 24. UNODC y Centro Regional para América Latina PNUD, Panamá.

Encuentro de Diálogo con Organizaciones Juveniles: Oportunidades y Desafíos de la Participación Juvenil en la Gobernabilidad Sub-nacional, Agosto 26 al 29, Santo Domingo, República Dominicana.

Taller Regional para el Caribe, “Fortaleciendo las Habilidades de los Líderes Jóvenes para Involucrarlos a los Procesos de Auditoría Social, Septiembre 19 al 21, Kingston, Jamaica.

Taller Regional “Gobernabilidad y Rendición de Cuentas en el Sector Agua,” Septiembre/Octubre, Ciudad de Panamá, Panamá.

Comunidad de Practica del Área de Gobernabilidad Democrática, Octubre 23 al 25, México.

Quinta Comunidad de Practica Global Anti-Corrupción del PNUD, Noviembre 5 y 6, Brasilia, Brasil.

Damos la más cordial bienvenida a Lissa Schafer, quien desde

el mes de Agosto se ha incorporado al Equipo de

Gobernabilidad Democrática del Centro Regional. Lissa, nació

en Heidelberg, Alemania y es profesional en Traducciones

Públicas en los idiomas alemán, inglés y español, y recibió su

grado en el año 2010 en la Universidad del Sarre en Alemania.

Actualmente está cursando una Maestría en Relaciones

Internacionales con enfoque en temas de desarrollo,

cooperación y economía en la Universidad del Salvador,

Buenos Aires/ Argentina. En 2010, durante el último

semestre de su carrera en Traducciones realizó una pasantía

por 4 meses en el Consulado General Argentino de Frankfurt

am Main, Alemania. Trabajó en el grupo representador REFRA

de la Embajada Argentina. Entre varios proyectos,

traducciones y tareas ayudó en la organización de la

representación argentina, como invitado de honor, en la Feria

Internacional del Libro de Frankfurt.