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CARTA DE AUTORIZACIÓN DE LOS AUTORES PARA LA CONSULTA, LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL, Y PUBLICACIÓN ELECTRÓNICA DEL TEXTO COMPLETO. (OPCIONAL) Bogotá, D.C., Marzo 30 de 2009 Tesis doctoral Trabajo de grado X Señores BIBLIOTECA GENERAL Cuidad Estimados Señores: Los suscritos Laura Ximena Triana Gallego, con C.C. No. 1.032.367.079, autor(es) de la tesis doctoral y/o trabajo de grado titulado”La “Raíz” y el “Fruto”: Movimientos indígenas en el sur de México y de Colombia, como alternativas al neoliberalismo 1994 – 2007” presentado y aprobado en el año 2008 como requisito para optar al título de Politóloga ; autorizo a la Biblioteca General de la Universidad Javeriana para que con fines académicos, muestre al mundo la producción intelectual de la Universidad Javeriana, a través de la visibilidad de su contenido de la siguiente manera: • Los usuarios puedan consultar el contenido de este trabajo de grado en Biblos, en los sitios web que administra la Universidad, en Bases de Datos, en otros Catálogos y en otros sitios web, Redes y Sistemas de Información nacionales e internacionales “Open Access” y en las redes de información del país y del exterior, con las cuales tenga convenio la Universidad Javeriana. • Permita la consulta, la reproducción, a los usuarios interesados en el contenido de este trabajo, para todos los usos que tengan finalidad académica, ya sea en formato CD-ROM o digital desde Internet, Intranet, etc., y en general para cualquier formato conocido o por conocer. • Continúo conservando los correspondientes derechos sin modificación o restricción alguna; puesto que de acuerdo con la legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en ningún caso conlleva la enajenación del derecho de autor y sus conexos. De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993, “Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables.
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CARTA DE AUTORIZACIÓN DE LOS AUTORES PARA LA CONSULTA, LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL, Y PUBLICACIÓN ELECTRÓNICA DEL
TEXTO COMPLETO. (OPCIONAL)
Bogotá, D.C., Marzo 30 de 2009
Tesis doctoral Trabajo de grado X Señores BIBLIOTECA GENERAL Cuidad Estimados Señores:
Los suscritos Laura Ximena Triana Gallego, con C.C. No. 1.032.367.079, autor(es) de la tesis doctoral y/o trabajo de grado titulado”La “Raíz” y el “Fruto”: Movimientos indígenas en el sur de México y de Colombia, como alternativas al neoliberalismo 1994 – 2007” presentado y aprobado en el año 2008 como requisito para optar al título de Politóloga ; autorizo a la Biblioteca General de la Universidad Javeriana para que con fines académicos, muestre al mundo la producción intelectual de la Universidad Javeriana, a través de la visibilidad de su contenido de la siguiente manera: • Los usuarios puedan consultar el contenido de este trabajo de grado en Biblos,
en los sitios web que administra la Universidad, en Bases de Datos, en otros Catálogos y en otros sitios web, Redes y Sistemas de Información nacionales e internacionales “Open Access” y en las redes de información del país y del exterior, con las cuales tenga convenio la Universidad Javeriana.
• Permita la consulta, la reproducción, a los usuarios interesados en el
contenido de este trabajo, para todos los usos que tengan finalidad académica, ya sea en formato CD-ROM o digital desde Internet, Intranet, etc., y en general para cualquier formato conocido o por conocer.
• Continúo conservando los correspondientes derechos sin modificación o
restricción alguna; puesto que de acuerdo con la legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en ningún caso conlleva la enajenación del derecho de autor y sus conexos.
De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993, “Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables.
PUJ– BG Normas para la entrega de Tesis y Trabajos de grado a la Biblioteca General –Noviembre 14 de 2007
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Firma, nombre completo y documento de identificación del estudiante Laura Ximena Triana Gallego cc. 1.032.367.079 NOTA IMPORTANTE: El autor y o autores certifican que conocen las derivadas jurídicas que se generan en aplicación de los principios del derecho de autor. C. C. FACULTAD Ciencias políticas y Relaciones Internacionales PROGRAMA ACADÉMICO Carrera de Ciencia Política.
PUJ– BG Normas para la entrega de Tesis y Trabajos de grado a la Biblioteca General –Noviembre 14 de 2007
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FORMULARIO DE LA DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE GRADO
TÍTULO COMPLETO DE LA TESIS DOCTORAL O TRABAJO DE GRADO: “La “Raíz” y el “fruto”: Movimientos indígenas en el sur de México y Colombia, como alternativas frente al neoliberalismo.” SUBTÍTULO, SI LO TIENE:
AUTOR O AUTORES Apellidos Completos Nombres Completos
Triana Gallego
Laura Ximena
DIRECTOR (ES) TESIS DOCTORAL O DEL TRABAJO DE GRADO
Apellidos Completos Nombres Completos Ahumada Beltrán
María Consuelo
ASESOR (ES) O CODIRECTOR
Apellidos Completos Nombres Completos
TRABAJO PARA OPTAR AL TÍTULO DE: __Politóloga___________________________________________ FACULTAD: Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales PROGRAMA: Carrera _X__ Licenciatura ___ Especialización ____ Maestría ____ Doctorado ____ NOMBRE DEL PROGRAMA: Carrera de Ciencia Política NOMBRES Y APELLIDOS DEL DIRECTOR DEL PROGRAMA: Adriana Castro González
PUJ– BG Normas para la entrega de Tesis y Trabajos de grado a la Biblioteca General –Noviembre 14 de 2007
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CIUDAD: BOGOTA AÑO DE PRESENTACIÓN DEL TRABAJO DE GRADO: ______ NÚMERO DE PÁGINAS: 51 TIPO DE ILUSTRACIONES:
Ilustraciones Mapas Retratos Tablas, gráficos y diagramas Planos Láminas Fotografías
SOFTWARE requerido y/o especializado para la lectura del documento Adobe
Abrobat
MATERIAL ANEXO (Vídeo, audio, multimedia o producción electrónica):
Duración del audiovisual: ___________ minutos.
Número de casetes de vídeo: ______ Formato: VHS ___ Beta Max ___ ¾
___ Beta Cam ____ Mini DV ____ DV Cam ____ DVC Pro ____ Vídeo 8
____ Hi 8 ____
Otro. Cual? _____
Sistema: Americano NTSC ______ Europeo PAL _____ SECAM ______
Número de casetes de audio: ________________
Número de archivos dentro del CD (En caso de incluirse un CD-ROM
diferente al trabajo de grado):
_______________________________________________________________
__________
PREMIO O DISTINCIÓN (En caso de ser LAUREADAS o tener una mención especial): _______________________________________________________________________________ DESCRIPTORES O PALABRAS CLAVES EN ESPAÑOL E INGLÉS: Son los términos que definen los temas que identifican el contenido. (En caso de duda para designar estos descriptores, se recomienda consultar con la Unidad de Procesos Técnicos de la Biblioteca General en el correo [email protected], donde se les orientará).
ESPAÑOL INGLÉS
Neoliberalismo Neoliberalism Movimientos indígenas Indigenous Movements Cauca (Colombia) Cauca (Colombia) Oaxaca (México) Oaxaca (México)
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Acción colectiva Colective Action Territorio Territory Visibilización política Political Visibility Autonomía Autonomy Identidad Cultural Cultural Identity RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS: (Máximo 250 palabras – 1530 caracteres):
La hipótesis central de éste trabajo es que en el periodo comprendido entre 1994 y 2007, en el marco estratégico del TLCAN y el Plan Puebla Panamá, en México, y algunas reformas del Estado colombiano, específicamente la Ley Páez, y un eventual TLC en Colombia, se han visto afectadas como nunca antes las comunidades indígenas de las regiones del sur de Colombia y México, quienes como respuesta ante la situación, se han configurado en organizaciones indígenas que se aferran más a la propiedad comunitaria desde su identidad cultural, y proponen alternativas económicas y políticas diferentes frente a esas políticas neoliberales. La lógica neoliberal conlleva a la mercantilización de los recursos naturales, incluyendo aquellos intangibles o ancestrales que son de vital importancia para la existencia de las comunidades indígenas de las regiones del Cauca en Colombia y de Oaxaca en México. Los proyectos neoliberales mencionados buscan apropiarse de dichos recursos, aprovechando la flexibilidad de las políticas estatales en materia comercial en ambos países. La propuesta que surge de este análisis, es la de visibilizar la configuración de estos nuevos movimientos indígenas como sujetos políticos en la agenda nacional e internacional tomando posición frente a los proyectos económicos y políticos que los afectan mediante propuestas participativas autónomas, el establecimiento de alianzas con otros sectores populares y la búsqueda de mercados y comercio alternativos e incluso, en el ámbito académico.
Abstract: The central hypothesis of this work is that in the period between 1994 and 2007 in the framework of NAFTA and the Plan Puebla Panama in Mexico, and on the other hand some reforms of the Colombian State, the specifically Páez Law and a possible FTA in Colombia have been affected as never before the indigenous communities of the southern parts of Colombia and Mexico, who in response to the situation, are set in indigenous organizations that cling more to the community property from their cultural identity, and propose alternatives different economic and political face of these neoliberal policies.
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The neoliberal logic leads to the commodification of natural resources, including ancestral or those intangibles that are vital to the existence of indigenous communities in the Cauca region in Colombia and Oaxaca in Mexico. Neoliberal projects mentioned seeking appropriate resources, taking advantage of the flexibility of state policies on trade in both countries. The proposal that emerges from this analysis is to make visible the configuration of these new indigenous movements as political subjects in the national and international agenda by taking a stand against political and economic projects that affect them through participatory autonomous, establishing alliances with Other popular sectors and the search for alternative markets and trade, and even in academia.
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Bogotá, 30 de marzo de 2009 Señores BIBLIOTECA GENERAL Pontificia Universidad Javeriana Ciudad Respetados Señores, Me permito presentar el trabajo de grado titulado “LA “RAÍZ” Y “EL FRUTO”:
MOVIMIENTOS INDÍGENAS EN EL SUR DE MÉXICO Y COLOMBIA, COMO
ALTERNATIVAS FRENTE AL NEOLIBERALISMO 1994-2007”, elaborado
por la estudiante de la Carrera de Ciencia Política Laura Ximena Triana
Gallego, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.032.367.079, para que
se incluya en el catálogo de consulta.
Cordialmente, ADRIANA CASTRO GONZÁLEZ Directora Carrera de Ciencia Política
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LA “RAÍZ” Y “EL FRUTO”: MOVIMIENTOS INDÍGENAS EN EL SUR DE
MÉXICO Y COLOMBIA, COMO ALTERNATIVAS FRENTE AL
NEOLIBERALISMO 1994-2007
LAURA XIMENA TRIANA G.
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y RELACIONES
INTERNACIONALES
CARRERA DE CIENCIA POLÍTICA
BOGOTÁ D.C.
2008
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LAURA XIMENA TRIANA
Trabajo de grado para optar al título de Politóloga
Directora:
CONSUELO AHUMADA
Directora de la Maestría en Estudios Latinoamericanos
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y RELACIONES
INTERNACIONALES
CARRERA DE CIENCIA POLÍTICA
BOGOTÁ D.C.
2008
12
A mi madre, mi hermano y Gabriela, por ser la
energía y el apoyo fundamental de mi vida.
13
AGRADECIMIENTOS
A Consuelo Ahumada, por darme la oportunidad de asumir este reto, total
gratitud. A mi mami por ser la raíz de mi árbol, a mi hermano por que me ha
enseñado que la distancia es un vínculo de fortaleza, y a Gabriela por darle luz
a mi vida.
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TABLA DE CONTENIDO
INTRODUCCIÓN 15
MARCO TEÓRICO 21
NEOLIBERALISMO Y TERRITORIO 21 MOVIMIENTOS INDÍGENAS Y EL VALOR DEL TERRITORIO 31
EL SUR DE MÉXICO: OAXACA 38
2.1 EL TLCAN COMO “ENSAYO” DEL ALCA 38 2.2 EL PLAN PUEBLA PANAMÁ: EFECTO EN EL ISTMO DE TEHUANTEPEC 42 2.3 RESISTENCIA INDÍGENA EN OAXACA 44
EL SUR DE COLOMBIA 51
EL CAUCA COLOMBIANO: DE LA LEY PÁEZ, AL CRC, COMO DESAFÍOS NEOLIBERALES 51 MOVIMIENTO INDÍGENA: RESISTENCIA “DESDE ABAJO” 55
DOS PUEBLOS INDÍGENAS COMPARADOS FRENTE AL DESAFÍO NEOLIBERAL 59
A MANERA DE CONCLUSIÓN… 64
15
LA RAÍZ Y EL FRUTO: MOVIMIENTOS INDÍGENAS EN EL SUR DE
MÉXICO Y COLOMBIA, COMO ALTERNATIVAS FRENTE AL
NEOLIBERALISMO 1994-2007
Introducción La tierra es considerada el bien común o colectivo más importante para las
comunidades indígenas del sur de México y Colombia, así como del resto de
comunidades de América Latina. Históricamente, ha sido un motivo de lucha
desde la conquista hasta la actualidad y es, por tanto, un motivo para el análisis
político.
La aplicación del modelo neoliberal, difundido por los procesos de
globalización, ha llevado al desmantelamiento de las funciones sociales del
Estado, la privatización de la infraestructura productiva y de las tierras de uso
social, que afectan la subsistencia de las comunidades indígenas.
Durante el periodo comprendido entre 1994 y 2007 se adoptaron diferentes
medidas estatales de acuerdo con el neoliberalismo, que son materializadas,
en el caso de México, en el marco del Tratado de Libre Comercio con los
Estados Unidos (EEUU) y Canadá, TLCAN, y más recientemente el Plan
Puebla Panamá (PPP) en el ámbito regional; en el caso colombiano, las
reformas al Estado muestran una protección hacia las disposiciones extranjeras
que incluyen la Ley Páez y las políticas del TLC con EEUU.
Frente a estas políticas las comunidades indígenas reaccionan, resisten y,
además, plantean modelos alternativos de acuerdo con la reivindicación de los
derechos territoriales que aparte de tener un significado cultural que refleja su
propia identidad, les permite su autonomía y libre autodeterminación dentro de
los Estados nacionales.
Esto representa un choque o colisión de dos procesos simultáneos
temporalmente, pero antagónicos, a la luz de Allison Brisk (2000), quien
entiende este fenómeno como una colisión entre el viejo y el nuevo orden
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mundial1. Con esto se refiere a que el desarrollo económico a partir de la
década de los años noventa, empeoró la situación de los grupos indígenas, en
tanto inspiró la colonización incontrolada de territorios de regiones forestales y
la privatización de tierras comunales, al tiempo en que se visibilizan nuevos
movimientos indígenas en el sistema internacional.
La incursión de empresas privadas e intereses internacionales en tierras
comunitarias e indígenas no es un fenómeno reciente, pues se ha manifestado
desde antes de la independencia y a lo largo del siglo XX. Desde la década de
los noventa, y comenzando el nuevo milenio, dichos intereses han cambiado de
acuerdo con las necesidades del nuevo orden mundial, de los países
industrializados y de las grandes corporaciones que demandan recursos
energéticos, biológicos y desde luego comerciales, que les representan
beneficios económicos, intereses que se disfrazan actualmente en discursos
ecológicos, del “desarrollo sostenible” o de un supuesto respaldo al desarrollo
económico a la región.
La respuesta indígena actual sí es un fenómeno propio del siglo XX,
especialmente a partir de 1970. En ese escenario lo indígena se manifiesta
como la reivindicación de lo étnico, ante formas de explotación provenientes del
terraje, con la creación de movimientos indígenas tanto en Oaxaca, México,
con la Coalición Obrero campesina del Istmo, (COCEI) en 1973, como en
Colombia con la creación Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) en
1971.
En la década de los noventa lo indígena aparece como elemento fundamental
en la consecución de prácticas, discursos, protestas, que se articulan en la
conformación de movimientos indígenas que reformulan sus modos de
organización, reafirman su posición con respecto a las políticas neoliberales
que los afectan, reivindican el discurso del territorio desde su cosmovisión
cultural, e incluyen propuestas económicas y políticas propias, cuestionando la
homogenización de la ideología dominante.
1 BRISK, Allison. From Tribal Village to Global Village: Indian rights and international relations in Latin America. Stanford CA: Stanford University Press, 2000, p 1.
17
Pablo Dávalos (2005) del grupo de trabajo sobre movimientos indígenas del
CLACSO, plantea este renacer de nuevos movimientos indígenas, a fines del
siglo XX, de acuerdo al reconocimiento político que se les otorga, como
producto de la insurrección zapatista de Chiapas y la formación del ELZN, el
mismo año que entra en vigencia el TLCAN en 19942.
Lo anterior demuestra una nueva forma de visibilización de lo indígena y lo
crucial de sus problemáticas, así como se convierte en modelo para otros
movimientos indígenas de México y América Latina. Las “coyunturas
constitucionales”, son otras circunstancias que permiten la “visibilización” y el
reconocimiento de los pueblos indígenas, en la década de los noventa, según
Víctor Toledo (2005).
En el caso colombiano, a partir de la Constitución de 1991, en teoría, no sólo
se reconoció la diversidad étnica y cultural de la nación sino que la
descentralización política y económica permitió el fortalecimiento y la creación
de nuevas organizaciones dentro del movimiento indígena, lo cual no quiere
decir que, en la práctica, otras leyes estipuladas por el Estado no los haya
perjudicado, como la Ley Páez de 1994.
La hipótesis central de éste trabajo es que en el periodo comprendido entre
1994 y 2007, en el marco estratégico del TLCAN y el Plan Puebla Panamá, en
México, y algunas reformas del Estado colombiano, específicamente la Ley
Páez, y un eventual TLC, se han visto afectadas como nunca antes las
comunidades indígenas del Cauca colombiano y del Estado de Oaxaca, en
México, respectivamente, las cuales, como respuesta ante la situación, se han
configurado en organizaciones indígenas que se aferran más a la propiedad
comunitaria desde su identidad cultural, y proponen alternativas económicas y
políticas diferentes frente a esas políticas neoliberales.
2 DÁVALOS, Pablo Pueblos Indígenas Estado y Democracia. “Introducción”. Buenos Aires : Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. 2005, p. 28.
18
Este trabajo es importante para la Ciencia política principalmente porque la
lucha por el territorio es un fenómeno político en sí mismo. El concepto de
territorio se ha transformado en la última década, de acuerdo con los
planteamientos del nuevo orden mundial, en que el territorio es visto como un
bien económico, teniendo en cuenta que los recursos naturales son cada vez
más escasos y su control económico representa poder político.
Mientras tanto, las comunidades indígenas reivindican el territorio como parte
fundamental de su identidad cultural y desde esa base se configuran como
movimientos, organizaciones, asociaciones que exigen su autonomía y
autodeterminación como parte de los Estados nacionales, pero también como
sujetos políticos diferenciados con capacidad de proponer una agenda propia
en los aspectos transversales a las sociedades.
En los grupos que se van a analizar, ubicados en el sur de México y el sur de
Colombia, este “choque” se manifiesta frente a una realidad poco
esperanzadora, ya que la sociedad en general es indiferente frente a aquellos
sectores que representan la diversidad étnica y cultural, con capacidad de
acción política y social autónoma. Por eso el problema de esta investigación se
plantea como una propuesta de análisis o estudio, donde se debe retomar el
tema indígena como un problema de investigación, pero también analizar estas
poblaciones como sujetos políticos que reaccionan frente a determinados
fenómenos que los afectan, en este caso frente las estrategias que desde el
neoliberalismo se han configurado, para reafirmar el poder en el hemisferio de
las grandes corporaciones e intereses de los países desarrollados,
especialmente de los Estados Unidos.
El objetivo general de este trabajo es plantear un análisis comparado sobre el
efecto del neoliberalismo y sus estrategias en las regiones de Oaxaca (sur de
México), y el Cauca (sur de Colombia) frente al acopio de estas políticas
establecidas sin consultar a las comunidades indígenas originarias de dichas
regiones y sus principales respuestas.
19
Se pretende explorar el efecto que el TLCAN ha tenido para el sur de México,
como antecedente del Plan Puebla Panamá, iniciativa de este milenio que se
circunscribe directamente en la región de Oaxaca, teniendo en cuenta que esta
región es la que posee mayor cantidad de población indígena en México.
En el caso colombiano se trata de ver cómo se cuestionan las garantías de la
Constitución de 1991 en cuanto al referente indígena, cuando se puso en
marcha la Ley Páez de 1994 y otras reformas recientes que protegen los
intereses de los países y corporaciones extranjeras, incluida la iniciativa de
suscribir un TLC con EEUU.
Se busca establecer en cada región cuáles son las principales formas de
resistencia indígena que se han implementado frente a los efectos de las
políticas neoliberales impuestas en las respectivas regiones, y aportar al menos
un caso específico de sistemas alternativos creados desde las comunidades,
para así establecer una comparación de cada región con respecto a las
respuestas ante la problemática planteada y las alternativas.
Para la construcción de este análisis, se han creado dos grandes términos o
variables de correlación: LA RAÍZ Y EL FRUTO; la primera se refiere a la raíz
del problema, es decir aquellas políticas neoliberales: TLCAN, PPP; Ley Páez y
TLC y algunos asuntos derivados de éstas. El fruto será la forma de resistencia
desde las organizaciones indígenas a esas políticas, enmarcadas en marchas,
movilizaciones e instrumentos de consulta popular como referendos, pero
también serán fruto las propuestas alternativas que desde el seno de las
comunidades se plantean, desde el sistema alternativo “Tul” en el Cauca, y la
“Milpa Campesina” en Oaxaca.
Estos términos se construyeron principalmente a partir de una revisión
bibliográfica de distintos documentos como libros, revistas y recursos
electrónicos referentes a la temática en ambos países y sus regiones, y un
trabajo de campo efectuado en el municipio de Santander de Quilichao
(departamento del Cauca, donde se hizo entrevistas abiertas a algunos
miembros del Consejo indígena y coordinadores de programas y el Resguardo
20
de Huellas-Caloto, como complemento de la investigación para el caso
colombiano.
El trabajo está dividido en cuatro capítulos: El primero, es la construcción
teórica desde la cual serán abordados LA RAÍZ Y EL FRUTO: Neoliberalismo y
territorio, y, movimientos indígenas y el valor del territorio.
En el segundo capítulo se presenta el caso del Estado de Oaxaca, sus
particularidades, contexto histórico, políticas neoliberales propias, resistencia
indígena y alternativas. Lo mismo se investigará para el caso colombiano en el
tercer capítulo. En el cuarto capítulo se abordarán ambos casos en perspectiva
comparada y se presentará una conclusión...
21
Capítulo primero:
MARCO TEÓRICO
El presente capítulo está dividido en dos secciones. En primer lugar,
“Neoliberalismo y territorio”, donde se pretende explicar lo que desde el
neoliberalismo se entiende por territorio y el lugar que ocupan en su
concepción los recursos naturales, apelando principalmente al valor
económico; y, en segundo lugar, “Movimientos indígenas y el valor del
territorio” donde se aprecia la concepción de territorio, y el valor otorgado al
mismo por parte de los pueblos indígenas, esto es, concebido desde la
identidad cultural, los objetivos colectivos y el libre ejercicio de la autonomía
como una noción diferente de territorio.
Neoliberalismo y territorio
Para Absalón Machado, el neoliberalismo se caracteriza por una visión
individualista, utilitarista y ahistórica. Sus supuestos básicos excluyen lo que es
la esencia de la vida en sociedad: la cooperación, las alianzas, la asociación y
el conflicto, por ello, postula la eliminación de las interferencias que limitan la
flexibilidad de los agentes que actúan en función de un “cálculo racional
maximizador” especialmente las estatales3.
En esa misma línea Darío Restrepo complementa:
…El neoliberalismo es un principio de política económica en el cual los precios son el indicador fundamental para el análisis de las asignaciones de los factores productivos: Capital, trabajo, tierra, tecnología y conocimiento”4. Partiendo de ello, el neoliberalismo busca acabar con el proteccionismo en los mercados internacionales, regionales o locales (Barreras, aranceles, subsidios a grupos sociales), que pueden generar desequilibrio en la economía, a través de cualquier intervención, pero principalmente la del Estado…5.
3 MACHADO, Absalón “La cuestión agraria frente al neoliberalismo”. En: La falacia neoliberal: crítica y alternativas. RESTREPO, Darío (comp). Bogotá : Universidad Nacional de Colombia, 2003. p. 269. 4 RESTREPO, Darío La Falacia Neoliberal: Critica y alternativas : “Introducción”. Bogotá : Universidad Nacional de Colombia, 2003, p. 19. 5 Ibíd.
22
Por el contrario, para Perry Anderson (2004), no existe una hegemonía
internacional sin un Estado igualmente hegemónico: “Los sistemas de
intercambio de mercancías, trabajo y capital puro y autónomo, sin
interferencias políticas, son un mito, los mercados han sido siempre regulados
por el Estado, la única cuestión pertinente es qué tipo de política los determina
y moldea”6.
Para Anderson, el neoliberalismo comporta la imposición de reglas de comercio
que favorecen los intereses de los Estados y las corporaciones en detrimento
de los intereses de los países periféricos. En ese sentido el proteccionismo es
un privilegio reservado para los países del norte, mientras que su aplicación en
el sur es vista como un factor que no contribuye a un desarrollo económico
eficiente. Existe, por lo tanto, una discrepancia entre mercados y gobiernos que
hacen utópico el alcance a exigencias populares como la redistribución de
tierras, por obedecer a pretensiones económicas.
De acuerdo al párrafo anterior, el Estado en el modelo neoliberal, no disminuye
su intervención, sino que adecua sus políticas internas garantizando los
intereses de los organismos internacionales como el Banco Mundial y el Fondo
Monetario Internacional, y de las grandes multinacionales principalmente las de
Estados Unidos.
Las primeras estrategias de los países industrializados para asegurar sus
acciones comerciales fueron las políticas y los acuerdos de cooperación
arancelaria, GATT –por sus siglas en inglés–, y en la actualidad la
Organización Mundial del Comercio (OMC) y las políticas de ajuste estructural
que se contemplan para América Latina en el Consenso de Washington y que
protegen principalmente los intereses comerciales de los organismos
6 ANDERSON, Perry. “El papel de las ideas en la construcción de alternativas”. En: BORON, Atilio (comp). Nueva hegemonía mundial, alternativas de cambio y movimientos sociales. Buenos Aires : Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. 2004, p. 40.
23
internacionales, países industrializados y corporaciones, dentro de los países
en desarrollo.
Pero esas exigencias comerciales incorporan otros sectores más específicos,
cuyos recursos son básicos, sustanciales, necesarios para la conservación del
medio ambiente y la subsistencia humana, pero que igualmente representan
valores agregados en sus beneficios económicos.
Según Enrique Leff (2006) los recursos de la biodiversidad de los ecosistemas
son bastante demandados. “La naturaleza es cosificada, desnaturalizada de su
complejidad ecológica y convertida en materia prima de un proceso económico
para la explotación de capital”7. Lo mismo plantea Hipólito Rodríguez (2007),
desde una perspectiva energética, en la que el mapa geopolítico actual
contempla el control de la configuración genética de los seres vivos, para
establecer un monopolio de recursos naturales, inicialmente el petróleo, el
agua, y ahora el maíz para la producción de alcohol carburante.
Desde ese enfoque de economía política, con la nueva “mercantilización de la
naturaleza” se han transformado las relaciones de producción y fuerzas
productivas: El discurso de la biodiversidad, el desarrollo sustentable, los
conceptos de territorio, autonomía y cultura se convierten entonces en
conceptos políticos, que cuestionan las formas de apropiación de la naturaleza.
La racionalidad económica se hace justificable ante los Estados en desarrollo
con el discurso del “Desarrollo sostenible”, –que define Enrique Leff como “el
propósito de generar conocimientos propios necesarios para un
aprovechamiento autodeterminado y sustentable en potenciales ecológicos”8– y
la conservación ecológica, también como una propuesta benéfica contra el
calentamiento global, asumiendo que los estados carecen de los conocimientos
y la tecnología para potencializar sus recursos o volverlos más eficientes.
7 LEFF, Enrique. “La geopolítica de la biodiversidad y el desarrollo sustentable: Economización del mundo, racionalidad ambiental y reapropiación social de la naturaleza”. En: CECEÑA, Ana Esther y SADER, Samir. La guerra infinita, hegemonía mundial y terror. Buenos Aires : Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. 2002, p. 192. 8 Ibíd.
24
Los países industrializados hacen ese intercambio mediante los Mecanismos
de Implementación Conjunta (MIC) o de transferencia de capital a naciones en
desarrollo amparados en nuevas formas de proteccionismo en la OMC, al
tiempo que estos países se las arreglan para revalorizar la capacidad de
absorber los excesos de los industrializados y ofrecer recursos genéticos y
ecoturísticos de sus propias reservas de biodiversidad. Como consecuencia, se
han intensificado los ritmos de explotación y transformación económica.
Un ejemplo claro de la explotación de recursos naturales es el caso del
petróleo. Bruno Carton (2003), del CLACSO, dijo que durante la década de los
años noventa el petróleo representó 40 por ciento del consumo mundial
energético, que representa a su vez 15 por ciento del comercio mundial
demandado en su mayoría por países industrializados y sociedades
transnacionales. La privatización de ese sector es recomendada por el FMI; la
estrategia es realizar exploraciones para obtener información estratégica y
trasladar toda la maquinaria para su explotación, información y material que
claramente no es compartida con los países productores, para luego
posesionarse de su control comercial.
Ante la necesidad de combustible y la subida de los precios del petróleo se
recurre a otros suministros sustitutos como el famoso etanol. Según Hipólito
Rodríguez (2000), el “biocombustible” se presenta como una alternativa para la
conservación de la biodiversidad de los países tropicales, ante la “inminente
industrialización incontrolada” y el calentamiento global, pero no se están
teniendo en cuenta los riesgos reales en la biodiversidad y los factores de
incertidumbre que siempre están presentes.
Otro factor importante en el marco del neoliberalismo es la biotecnología,
enmarcada principalmente en los organismos genéticos. Teniendo en cuenta
que el conocimiento en la producción agrícola se ha intensificado en los países
industrializados, entonces la biodiversidad es valorada también por su riqueza
genética y recursos ecoturísticos. Estos conocimientos sugieren la
dependencia de los países en desarrollo hacia una política científico
25
tecnológica con la que no cuentan y de nuevo se hace justificable la
intervención foránea mediante los Mecanismos de Implementación Conjunta
(MIC). Así lo describe Enrique Leff:
…Es así como las transnacionales se apropian de la riqueza genética de países biodiversos, para luego invadir sus territorios con productos transgénicos ahondando la dependencia de los agricultores del sur mediante el régimen de patentes que les permite captar los mayores beneficios económicos provenientes del control y explotación de recursos genéticos. Hoy en día los cinco gigantes de la biotecnología concentran más riqueza que los grandes consorcios petroleros y las transnacionales de otros sectores industriales9.
Un último factor, que se considera crucial en el análisis de las políticas
neoliberales y su efecto en el territorio, es la crisis del agua. En ese punto,
Bruno Carton, del CLACSO, plantea que si bien antes se creía que era un
recurso inagotable y su uso era totalmente contrario al del petróleo, hoy el
agua se ha convertido en un bien estratégico, ante la amenaza de la escasez
de los recursos naturales. Sobre ese discurso de “desarrollo sostenible” surge
el Consejo Mundial del Agua, como órgano para “identificar los problemas
críticos del agua” y sugiere la aplicación de políticas y estrategias apropiadas
para la “gestión sostenible”.
Según GEO-2000 (The Global Environment Outlook) son tres las
características que acentúan la crisis mundial del agua: la primera, el aumento
de la demanda que se ha multiplicado por seis, debido al crecimiento
demográfico. El 70 por ciento del agua es absorbida por la agricultura, 20 por
ciento por la industria y tan sólo 10 por ciento por las personas. De éstas, 20
por ciento del total mundial carecen de agua potable y a 50 por ciento le falta
saneamiento. La polución de los mantos freáticos, es decir la contaminación de
los excedentes industriales y domésticos incluidos los del uso de fertilizantes y
pesticidas de la agricultura, más el uso indiscriminado de los recursos, son la
segunda y tercera causa respectivamente10.
9 LEFF, Enrique. Op. cit., p. 192. 10 CARTON, Bruno. “Los propósitos globales con el agua: entre “petrolización” y patrimonio mundial”. En: AMÍN, Samir; HOUTART, François (eds). Mundialización de las resistencias. Buenos Aires : Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. 2003, p. 184.
26
Ante la crisis del agua, los organismos internacionales que componen el
Consejo Mundial del Agua proponen considerar a este vital líquido como un
bien económico, para realizar las inversiones necesarias y administrar la
producción y distribución de manera eficaz. En ese sentido, J. Winpenny
(1994) afirma que “una mayor aceptación de las fuerzas del mercado,
constituye una solución eficiente y equitativa frente a las austeridades de la
acción pública”11.
Esto supone que el carácter gratuito, más que el carácter público del agua, es
la base de la crisis actual del mundo frente a este recurso. De esta manera la
privatización “paso al precio pagado” de la misma constituye una rentabilidad
que favorecería a las inversiones privadas, sobre todo si se tiene en cuenta
que el mercado mundial de consumo del agua se eleva a 300 millones de
dólares cada año, lo que constituye el 1 por ciento del total del PIB mundial.
Según Carton, esta problemática se disfraza de una óptica favorable en
“dibujos con crayola de niños”.
En el hemisferio, todos estos intereses de los países desarrollados, que se
disfrazan laxamente en beneficios otorgados a los países en desarrollo, se
concretan con la iniciativa de la Asociación de Libre Comercio de las Américas
o ALCA, iniciativa norteamericana de expandir su hegemonía al menos
comercial, a lo largo del continente, y los Tratados de Libre Comercio o de
negociación bilateral.
La plataforma creada por el ALCA es copiada casi en su totalidad por los
acuerdos comerciales bilaterales, divididos en temas sustantivos y normativos
correlacionados. Dentro de los primeros se encuentran el acceso a mercados,
servicios, inversiones, agricultura y compras al sector público; en los segundos
se hallan propiedad intelectual, subsidios antidumping, derechos
compensatorios, solución de controversias y políticas de competencia, según
Aurelio Suárez (2004).
11 CARTON, Bruno. Op. cit.
27
El ejemplo más consolidado es el TLCAN, entre México, EEUU y Canadá. En
una primera fase, los tratados bilaterales estipulan la apertura comercial de
mercancías, para luego extender dicha ampliación y reglamentación a
servicios, propiedad intelectual y factores de inversión. Los instrumentos de
negociación están soportados en la OMC y son las normas de origen, las
cláusulas de salvaguardia, y las normas de competencia y dumping
principalmente. Los TLC se ofrecen como una garantía en la que los países en
desarrollo van a acceder a grandes mercados y a competir.
Ante la iniciativa del ALCA, el profesor Édgar Vieira (2004) advierte que en el
tema agrícola se presenta una asimetría en cuanto a la desgravación de
aranceles, y el tema de los subsidios agrícolas12. En este último asunto, Luis
Jorge Garay precisa que EEUU invierte 71.269 millones de dólares, mientras
en Colombia, por ejemplo, se invierte 62 veces menos. Esto significa que la
inundación de productos agrícolas norteamericanos en los países de América
Latina sería mayúscula y los pequeños y grandes agricultores desaparecerían
ante la imposibilidad de competir frente a precios por debajo del costo de
producción. Según Suárez (2004), el maíz norteamericano llega con un 20 por
ciento por debajo del costo de producción a los países latinoamericanos y el
trigo a un 50 por ciento.
Según Vieira, el tema agrícola es de gran sensibilidad también en el marco de
las rondas de la OMC y es un asunto por el cual Brasil frena la iniciativa del
ALCA, algo que EEUU prefiere negociar dentro del marco multilateral y no
directamente con los países involucrados en los distintos TLC.
Los mercados agrícolas y pecuarios necesitan de un agente comercializador
que sirva de puente entre el productor y el consumidor. En el marco del
neoliberalismo éstos fueron reemplazados por grandes monopolios, que en la
actualidad estimulan la sobreproducción de especies tropicales, sacrificando la
12 VIEIRA, Édgar. “Escenarios alternativos para la integración andina”. En : Alternativas para la Comunidad Andina frente al Alca y a Mercosur. Bogotá : Observatorio Andino, Pontificia Universidad Javeriana, Facultad Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, 2004, p. 80.
28
dieta básica y la soberanía alimentaria, este es el caso de las agro-empresas y
las empresas intensivas en la explotación y exportación de recursos naturales.
Otro tema fundamental es el de propiedad intelectual. La OXFAM (2003),
informó que “el 90 por ciento de las inversiones en investigación, desarrollo de
conocimientos científico e innovación tecnológica las detentan los países
industrializados”13.
Según Édgar Vieira, en el sector de la biodiversidad la preocupación son las
patentes, tal como lo habría señalado anteriormente Enrique Leff, en referencia
a que existen como mecanismos de protección de los monopolios y las
corporaciones de los países industrializados. Vieira plantea que este tema
sería de potencial desarrollo, en la medida en que los países que presentan
esta diversidad tuvieran control de los recursos.
En cuanto a los medicamentos, se manejan normas de registro, uso de marcas
y registros de segundos usos, que en caso de efectuarse, restringiría el acceso
a medicamentos genéricos. En el marco del ALCA los microorganismos están
catalogados como mercancía, cuya patente dura 20 años.
…No obstante, pese a las insistentes exhortaciones a proteger la propiedad intelectual, no se guarda el mismo recelo cuando se trata de plantas naturales o recursos genéticos situados en áreas donde se asientan comunidades o recursos genéticos situados en áreas donde se asientan comunidades indígenas o minorías étnicas con conocimientos tradicionales14.
En ese punto entra el tema de los Organismos Genéticamente Manipulables
(OGM), que cubre semillas y variedades vegetales con una patente de 15 a 20
años, y árboles frutales y vides con una patente de 18 a 25 años
principalmente. En cuanto a semillas y vegetales entran la soya, el maíz y
algodón dentro de los principales productos genéticamente manipulables o
transgénicos que reducen el gasto en herbicidas y pesticidas y así mismo se
constituyen como un fuerte negocio de los fabricantes agroquímicos en alianza
con los comercializadores, según Aurelio Suárez.
13 SUÁREZ, Aurelio. Crítica al ALCA: La recolonización. Bogotá : Ediciones Aurora, 2003, p. 209. 14 Ibíd.
29
De lo anterior se puede puntualizar principalmente que la estrategia para
obtener mayores beneficios comerciales y, por tanto, poder político por parte
de los países industrializados y las grandes corporaciones, requiere del control
de los recursos naturales estratégicos de los territorios de los países en
desarrollo, en todo lo pertinente a su biodiversidad. Esta transformación se ha
dado progresivamente en los países latinoamericanos, bajo el discurso del
“desarrollo sostenible”, la protección de los recursos naturales y la estrategia
frente a los cambios climáticos, sin dejar nunca de lado, por supuesto, el
discurso del desarrollo y crecimiento económico como el que se maneja en el
ALCA y el TLC.
Como dice Enrique Leff, “la sobreexplotación ya no es tan visible como se
daba por el pillaje, sino que queda camuflada bajo nuevas funciones asignadas
a la naturaleza en estrategias de apropiación de bienes y servicios
ambientales”15.
En ese sentido, los gobiernos de la región han desarrollado reformas o
medidas a sus Estados de acuerdo con esas necesidades impuestas desde
fuera, y dentro de ese marco las culturas agrícolas se condicionan al poder
hegemónico que van adquiriendo las grandes corporaciones. El TLCAN es el
“primer borrador del ALCA” y la primera estrategia bilateral que efectúa EEUU
en el hemisferio, cuyo efecto en la región del sur mexicano es muy diciente,
teniendo en cuenta que EEUU concentraba 80 por ciento del PIB del
hemisferio hacia el año 2000, según Vieira, lo que representa de antemano
una asimetría, sin profundizar tanto en el tema en el presente apartado.
También es claro que la OMC y sus disposiciones están claramente inclinadas
hacia la hegemonía de EEUU, lo que se refleja en el tema de los subsidios
agrícolas y las patentes. Sobre estos temas es preocupante la avalancha de
productos agrícolas norteamericanos en las regiones de los países
latinoamericanos, la producción concentrada de “Biocombustibles” que
15 LEFF, Enrique. Op. cit.
30
sustituyen la dieta básica, especialmente de las comunidades rurales incluidas
las indígenas. Lo mismo en el tema de patentes, pues la “Biotecnología”
irrumpe en territorios igualmente rurales, donde no sólo existen bosques y
selvas tropicales sino también fuentes importantes de agua, y esto incluye las
regiones del sur de Colombia y sur de México.
De manera que el panorama general no se vislumbra muy alentador para las
comunidades indígenas. Sin embargo, desde una visión un poco más
optimista, Perry Anderson (2004) plantea que se está ejerciendo un “poder
desde abajo” de acuerdo a la posición de resistencia de algunos gobiernos,
pero también de movimientos sociales típicamente más radicales, como un
fenómeno que sólo se da en América Latina, proponiendo al Foro Social
Mundial como principal forma de resistencia.
Bruno Cartón (2003) afirma que el Estado se abstrae de la nación y se une a
las potencias dominantes. Frente a esto existe un rechazo generalizado donde
se exige una garantía de contratos sociales en que se haga la gestión sobre
impactos en el medio ambiente, que generalmente se ocultan, en
contraposición de las “soft law” o leyes dictadas por las mismas empresas.
Frente a la privatización del agua, por ejemplo, Carton plantea la acción de
iniciativa en la sociedad, que retoma la concepción del agua en tanto derecho
humano fundamental de responsabilidad pública, pues la privatización del agua
no garantiza el abastecimiento para las comunidades rurales e indígenas.
También reconoce al Foro Social Mundial como un escenario de convergencia
entre movimientos sociales, indígenas y ambientalistas, en contraposición, por
ejemplo, del Consejo Mundial del Agua.
Allison Brisk (2000) dice que frente a los proyectos económicos nacionales que
realmente buscan destruir la organización de las comunidades indígenas,
éstas se visibilizan en el sistema internacional en la medida en que no se
identifican con sus Estados Nacionales, y la influencia internacional se
empieza a focalizar en Latinoamérica.
31
En ese sentido, François Morin y Roberto Santana (2002), plantean que la
aparición de nuevos actores, espacios e instituciones internacionales se
constituyen “como instrumentos políticos para que los pueblos autóctonos
puedan darse visibilidad”16.
A través de ese hilo conductor finalmente se especifica que ante todo un marco
de políticas que afectan directamente a las comunidades indígenas, éstas
también se han visibilizado en ese panorama, lo que será tema del siguiente
apartado.
Movimientos indígenas y el valor del territorio
La concepción de territorio, y el valor otorgado al mismo por parte de los
pueblos indígenas, son totalmente opuestos a los imaginados por la política
neoliberal, por que es concebida desde la identidad, los objetivos colectivos y
una noción diferente de territorio.
Con respecto a los movimientos sociales, Sydney Tarrow (1994) afirma que
todo movimiento social se crea a partir de una acción colectiva contenciosa.
…La acción colectiva contenciosa, es utilizada por personas que carecen del acceso a las instituciones y medios de regularlas. En la acción colectiva contenciosa se actúa en nombre de reivindicaciones nuevas o no aceptadas y que se constituyen en una amenaza fundamental para otros…17.
Para la construcción de movimiento social Tarrow plantea el desafío colectivo
desde la noción de incentivos selectivos y objetivos comunes para el
mantenimiento de la acción colectiva. En lo pertinente a la construcción de una
noción de movimientos indígenas, desde su teoría, se recupera el concepto de
solidaridad en la consecución de objetivos comunes, que se genera desde el
sentimiento de identidad como el que deviene de vínculos reales o
16 MORIN, François; SANTANA, Roberto (eds). Lo transnacional, instrumento y desafío para los pueblos indígenas. Quito : Ediciones Abya-Yala, 2002, p. 08. 17 TARROW, Sydney. El poder en movimiento, los movimientos sociales, la acción colectiva y la política. Madrid : Alianza Universidad, 1994. p. 19.
32
“imaginados” que, según él, “han sido bases más fiables de cara a los
movimientos que las clases sociales”18.
Por su parte, C. Piazzini (2006), plantea que el concepto de territorio ha
cambiado “con la globalización, conceptos espaciales como frontera, paisaje,
pero especialmente territorio y lugar se desdibujan”19. El espacio ya no es un
contenedor de lo social, sino un concepto multidisciplinar incluido el cultural.
Sobre el mismo tema Enrique Leff (2002), afirma: “frente al proceso de
globalización regido por la racionalidad económica y las leyes del mercado,
emerge una política de lugar, espacio y tiempo movilizada por derechos a la
identidad cultural y de los pueblos indígenas”20.
Es decir se está reafirmando la identidad frente a la lógica económica que
ignora la naturaleza y la cultura, y también frente a los discursos políticamente
correctos de multiculturalismo neoliberal, empleados por Estados e
instituciones”21, en las palabras de Víctor Toledo Llancaqueo.
Leff añade que “cada cultura define sus tiempos a través de sus cosmologías y
sistemas simbólicos… el tiempo libera a la naturaleza desde el sentido de la
cultura, por la autonomía del territorio22”. Esto nos conduce a cuestionar la
geopolítica de acuerdo con la noción de territorio, que plantean los movimientos
indígenas, pues el valor fundamental que le otorgan a la tierra es un valor de
uso y no de cambio, como el que promueve la racionalidad económica.
Las poblaciones indígenas están afirmando sus derechos culturales para
recuperar el control sobre su territorio. Según Stefano Varese, “a esas acciones
políticas y económicas los indígenas responden aferrándose más a la
18 Ibíd. 19 PIAZZINI, Carlo y HERRERA, Diego. (Des) territorialidades y (No) lugares: “Introducción”. Medellín : Universidad de Antioquia, 2006. 20 LEFF, Enrique. Op. cit. 21 TOLEDO, Víctor. “Pueblos indígenas y derechos territoriales en América Latina: 1990-2004 ¿las fronteras indígenas de la globalización?”. En: DÁVALOS, Pablo (comp). Pueblos Indígenas Estado y Democracia. Buenos Aires : Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. 2005, p. 95. 22 Op. cit.
33
propiedad comunitaria y propiedad social revalidando su ciudadanía comunal
indígena, fundada en la posición colectiva del territorio23. Esto no significa una
venganza hacia el pensamiento económico dominante sino la apertura hacia
alternativas a la globalización homogeneizante desde las singularidades y
diversidades culturales.
Retomando los conceptos anteriores, Jorge Hernández Díaz define movimiento
indígena como:
Manifestaciones organizadas con diferentes orientaciones ideológicas, extensión, estructura organizativa y composición. Son organizaciones con diferente tamaño, cobertura y duración que justifican sus demandas como reclamos históricos de acuerdo a su afiliación a grupos culturales y étnicos específicos, particularmente en función del valor del territorio que se le asigna24.
Según el autor, los movimientos sociales conformados por miembros de
población indígena surgen por la recuperación del interés de grupo,
colectividad y su relación con la estructura social mayor (Estado), así como por
sus percepciones y motivaciones subjetivas. Comparten una identidad colectiva
económica, social y cultural, una percepción y experiencias comunes y
alternativas de solución a sus problemas, lo que plantea una noción propia de
acción colectiva.
Desde 2003 se viene desarrollando el grupo de trabajo del CLACSO
“Movimientos indígenas en América Latina”, que junto con otros grupos del
Consejo abordan las temáticas pertinentes a este campo. El grupo está
integrado por intelectuales indígenas de toda América Latina, y hace parte de
esa resistencia que se viene ejerciendo en todo el continente.
23 VARESE, Stefano. “Oaxacalifornia”. En MORIN, François y SANTANA Roberto (eds). Lo transnacional, instrumento y desafío para los pueblos indígenas”. Quito : Abya-Yala. 2002, p. 103. 24 HERNÁNDEZ, Jorge. “La organización de los indígenas de Oaxaca”. En: ZAFRA, Gloria y HERNÁNDEZ, Jorge (eds). Organización popular y oposición empresarial: manifestaciones de acción colectiva en Oaxaca. Oaxaca: Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Plaza y Valdez. 2002, p. 115.
34
Pablo Dávalos, coordinador del grupo, propone definir al movimiento indígena
desde el concepto de territorialidad y autonomía, como sujeto político desde su
interlocución con el Estado, democracia, cultura, derechos, recursos naturales
y economía:
La eclosión del movimiento indígena latinoamericano se sitúa en un contexto en el que en la región se consolidan las políticas neoliberales de ajuste macroeconómico y reforma estructural, un proceso que genera graves fracturas sociales, que polariza la sociedad y vulnera la capacidad de construir una estrategia de desarrollo autónomo democrática, equitativa y sostenible25.
Al respecto, Héctor Díaz Polanco, afirma que la presencia de movimientos
indígenas en América Latina otorga una dimensión a la participación y la lucha
social, “dando paso a la discusión entre la emancipación y la redistribución
como producto de las movilizaciones en contra de las políticas neoliberales,
protagonizadas por el movimiento indígena de todo el continente”26.
Según Víctor Toledo, una vez los pueblos indígenas reclaman su estatus
político ante los Estados y la arena pública, la cuestión indígena deja de
tratarse como la de una simple minoría étnica y entra en la agenda
institucional, multilateral, de derechos humanos, medio ambiente y cultura. Se
trata de actores políticos que reafirman una postura ante el sistema económico
dominante, desde sus propios principios para revalorizar el ambiente, la
naturaleza y, por tanto, el territorio, que según Toledo, tiene cuatro
dimensiones para los pueblos indígenas:
El territorio como jurisdicción, como una zona geográfica bajo el control político de un colectivo indígena (titulaciones); el territorio como hábitat, como un conjunto sistémico de recursos esenciales para la existencia colectiva (aguas, bosques, tierras, subsuelo); el territorio como biodiversidad y conocimientos indígenas sobre la naturaleza y su expresión en derechos de propiedad intelectual; y el territorio como simbólico e histórico, como especialidad socialmente construida, vinculada primordialmente a la identidad colectiva, que suele denominarse como etno-territorialidad27.
25 DÁVALOS, Pablo. Op. cit. 26 Ibíd. 27 TOLEDO, Víctor. Op. cit.
35
Entonces la territorialidad como eje central del surgimiento del movimiento
indígena va más allá de los reclamos de los derechos territoriales. De acuerdo
con las múltiples significaciones que para los pueblos indígenas tiene el
territorio, es un discurso político, que busca hacer frente a las abruptas
reclasificaciones de los espacios en los que sus vínculos comunitarios se
rompen, y también frente a la pérdida de los recursos naturales.
La acción colectiva indígena se apoya en nuevas estructuras de oportunidad,
según Víctor Toledo, las crisis nacionales, la erosión de nociones de soberanía
estatal, la emergencia de nuevos actores internacionales, el impacto de nuevas
tecnologías y las nuevas legislaciones internacionales a su favor.
En la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo,
celebrada en Ginebra en 1989 se adopta el Convenio 169 sobre pueblos
indígenas y tribales, como garantía en el tema de derechos colectivos de las
comunidades, y la obligación de los Estados de velar por los mismos, así como
de consultarles en las decisiones que los afecten. También se les reconoce la
libre autodeterminación, la disposición libre de sus riquezas y recursos
naturales, y se prohíbe además privar a los pueblos de sus medios de
subsistencia.
En realidad, este Convenio no constituye una norma supranacional para los
Estados y, por lo tanto, no cumplen sus disposiciones a cabalidad, cuando se
trata de proyectos y disposiciones políticas y económicas en detrimento de las
comunidades indígenas. También es un desafío para que los pueblos
indígenas lo potencialicen como instrumento de su visibilidad
En América Latina existe una población que oscila entre 33 y 40 millones de
indígenas. Se constituyen como movimientos indígenas desde una visión
simbólica, cultural, política y económica propia del territorio, contrario a lo
propuesto por la racionalidad económica. Su objetivo común es la protección
del territorio como base de su subsistencia y se amparan fundamentalmente en
el apoyo internacional, su incidencia más representativa se ubica en la
legitimación de una nueva problemática de la sociedad, el problema territorial
36
desde una dimensión simbólica, para ello también han sofisticado sus formas
de resistencia.
Hasta el momento no tienen instrumentos de defensa jurídica sobre su
biodiversidad y conocimientos, que los protejan de las políticas de de la OMC
que salvaguardan los intereses de los países industrializados en sus territorios
y las pocas que existen desde la legislación del Convenio 169 son imprecisas
en los distintos países, cuestión en la que los movimientos deben focalizarse.
Como se mencionaba con anterioridad, han sido más eficientes las alianzas
que se ejercen con otras comunidades indígenas y otros pueblos étnicos, así
como con otros organismos internacionales que los asesoran en investigación
y metodologías estratégicas para la protección de la tierra como la OXFAM.
Francisco Peña (2005)28 señala que los indígenas se han manifestado
mediante movilizaciones de protesta, como en Bolivia, en la cuestión del agua,
y en la conformación de instituciones y formas autónomas dentro de las
organizaciones, ejerciendo una jurisdicción autónoma que les permite a las
comunidades indígenas crear alternativas para su subsistencia dentro de sus
propias regiones, en palabras de Aracelli Burguete, también del CLACSO.
Esto permite determinar que, efectivamente, dentro del nuevo movimiento
indígena latinoamericano afectado por las políticas neoliberales, surgen
mecanismos y alternativas frente a los efectos de las mismas. Todo esto se
encuentra enmarcado desde el valor integral que el territorio representa para
ellas, cuestionando la noción mercantilista del territorio que antagónicamente
aparece.
Se apoyan en las nuevas oportunidades políticas donde la aparición de
nuevos actores internacionales, Organizaciones no Gubernamentales y otras
instituciones diferentes del Estado han contribuido en la visibilidad y el
28 PEÑA, Francisco. “La lucha por el agua, reflexiones para México y América Latina”. En: DÁVALOS, Pablo. Op. cit. También [en línea]. (2005). [Consultado mayo 2008]. Disponible en <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/davalos/CapPena.pdf>
37
reconocimiento de los pueblos indígenas mediante el apoyo del fortalecimiento
de sus estructuras organizativas, apelando a diversas herramientas como el
Derecho Internacional y estrategias de comunicación, aprovechando las
actuales facilidades tecnológicas.
Es un proceso que está en camino, cuya adversidad se debe al peso que
tienen los países industrializados en los países en desarrollo, ha ido arrojando
algunos logros como producto de la resistencia de los movimientos indígenas
que también se han ido reestructurando tanto como las formas de
mimetización de los intereses hegemónicos a lo largo de esta larga década
que abarca el presente estudio.
38
Capítulo segundo:
El sur de México: OAXACA
En este capítulo se explorarán las principales políticas neoliberales que han
tenido efecto en el sur de México, especialmente el TLCAN y el Plan puebla
Panamá (PPP). Uno es el primer “borrador” del ALCA en el hemisferio, y el
otro, se puede considerar como un puente, que tiene como objetivo reafirmar la
Iniciativa de las Américas, cuyos proyectos afectan directamente a la región de
Oaxaca y por tanto a las comunidades indígenas que habitan allí. Otra sección
del capítulo explorará las principales resistencias indígenas de la región,
especialmente las del Istmo de Tehuantepec.
2.1 El TLCAN como “ensayo” del ALCA
Oaxaca es un estado federal ubicado en el sur de México caracterizado por
albergar a la mayor cantidad de indígenas del país. Está conformado por 418
municipios, en donde se distribuyen 16 grupos étnicos dentro de los cuales
1´120.312 personas hablan lengua indígena y representaban el 37.11 por
ciento de la población total del estado hacia el año 200029. Cuenta con
importantes recursos naturales, minerales, forestales, agrícolas y marítimos
que han sido compartidos históricamente por las diferentes etnias debido a la
diversa situación natural geográfica que presenta.
Según los datos de Darío Vásquez, del Instituto Tecnológico de Oaxaca, la
región del Istmo de Tehuantepec, además de ser una zona estratégica por
conectar el Atlántico y el Pacífico, cuenta con bosques de pino, bosques de
encino, selvas altas lluviosas, selvas medianas y bajas subtropicales y los
bosques de niebla. Se ha estimado que una sola hectárea de vegetación no
alterada en los Chimalapas llega a albergar hasta 900 especies vegetales y
29 HERNÁNDEZ, Jorge. Op. cit.
39
más de 200 especies animales, así como yacimientos de petróleo y otros
minerales como sal, mármol, ónix y micas30.
Todos estos recursos naturales se han visto comprometidos luego de la
entrada en vigencia del TLCAN, según Hipólito Rodríguez, desde la
reestructuración del territorio de los ejidos indígenas, la mercantilización de la
tierra, y la incursión de inversionistas privados:
Para estas poblaciones (indígenas), el TLC significa además de la reforma de las estructuras de propiedad social heredadas de la revolución de 1910 (el ejido), reforma orientada a la creación de un mercado de tierras, el arribo de nuevos inversionistas privados (nacionales y extranjeros), que buscan una rentabilidad a corto plazo en la explotación de los recursos, y que imponen a las comunidades rurales nuevas relaciones de mercado31
El Tratado de Libre Comercio entre México, EEUU y Canadá se firmó en 1993,
sin fecha de caducidad. Una vez entró en vigencia al año siguiente se da la
inmediata eliminación de tarifas comerciales por un período de 15 años –de
hecho en enero de 2008 se cumplió ese plazo–, se acabaron las restricciones
sobre las inversiones extranjeras, se eliminaron los subsidios a la agricultura,
se aseguró trato no discriminatorio para las compañías locales cuyos
propietarios sean inversionistas de otros países, se aprobó la eliminación de
barreras a las compañías de servicios, incluidos los financieros, y las reglas
para impedir que monopolios estatales y empresas restrinjan el comercio,
según Aurelio Suárez (2003).
Según Laura Carlsen (2008), “cada hora México importa $1.5 millones de
dólares en productos agrícolas y alimenticios, casi todos estos productos
vienen de los Estados Unidos”32. En efecto, la cuestión agrícola es uno de los
temas que más ha afectado a la región de Oaxaca y a las comunidades
indígenas que viven de la siembra: aumentó la dependencia alimentaria con
30 VÁSQUEZ, Darío. “Capitalismo y reproducción comunitaria en el istmo de Tehuantepec” [en línea]. (2006). {consultado 25 de mayo de 2008]. Disponible en <www.ciesas-golfo.edu.mx/istmo/docs/ponencias/capitalismo01.htm> 31 RODRÍGUEZ, Hipólito. “El proceso de integración económica en la región del istmo de México: poblamiento, movilidad y recomposición productiva, territorial y étnica”. [en línea]. (2006). [consultado 26 de mayo 2008]. Disponible en <www.ciesas-golfo.edu.mx/istmo/docs/ponencias/proceso01.htm> 32 CARLSEN, Laura. “Enfrentando al TLCAN” [en línea]. (2007). Disponible en <http://www.ircamericas.org/esp/4873>
40
respecto de a los productos provenientes de los Estados Unidos especialmente
el trigo, el maíz y otros alimentos básicos.
Se generó una importación masiva de productos tales como trigo, maíz y otros
granos y comenzó a implementarse el uso de agroquímicos en la tierra, lo que
tuvo como consecuencia inmediata la disminución del precio del maíz en un 59
por ciento entre 1993 y 2006 y, como si fuera poco, se ha ido erosionando el
suelo por el uso de agroquímicos lo que ha provocado el desplazamiento de
pequeños agricultores indígenas y campesinos.
Artículos como el arroz también son importados, por debajo de los precios de
producción (dumping) y el ingreso de otros productos transgénicos golpea a los
cosechadores nacionales de Oaxaca y Veracruz. Según Janet Ruiz,
Por medio de los proyectos agroalimentarios, las compañías transnacionales han impuesto el paradigma de la producción agrícola basada en el monocultivo. A la luz del cual un número importante de tierras del sur de México, se ha convertido en latifundios agroindustriales33.
Con la exacerbación de las exportaciones, en 2007, el precio de la tortilla de
maíz aumentó de 50 a 90 centavos por kilo, debido a la demanda mundial del
grano para producir etanol o “biocombustibles”. Esto es sólo una muestra de la
progresiva pérdida de la seguridad alimentaria en la región desde la
implementación del TLCAN.
Al respecto, Silvia Rodríguez (Seedling, 2008) afirma que el dominio que
ejercen las compañías transnacionales les permite apropiarse de las semillas
que han sido del uso colectivo de los pueblos, y cobrar por contaminación,
teniendo en cuenta que las semillas transgénicas invaden los cultivos plantados
con las semillas tradicionales.
En ese sentido, en 2003 se presentó el caso de la contaminación transgénica
del maíz Starlink, de las empresa Aventis (de Bayer), Monsanto y Novartis –
variedad prohibida para el consumo humano en EEUU–, en nueve estados
mexicanos incluido Oaxaca, como consecuencia de las importaciones masivas
33 RUIZ, Janet. “El caso del TLCAN en el campo mexicano”. [en línea]. (2007). {Consultado mayo 25 de 2008]. Disponible en <http://www.ecoportal.net/content/view/full/57746>
41
provenientes de su vecino del norte; otro caso es la empresa de minería
canadiense Continuum Resources, a la que el gobierno federal dio en
concesión el 90 por ciento del territorio comunal de Oaxaca y Méndez, y que ha
negado la responsabilidad de los contaminantes. Estas empresas, en primer
lugar, afectan la seguridad alimentaria de la región y la salud pública, y en
segundo lugar, alteran el ecosistema de los cerros para extraer el mineral de la
superficie, lo que traería como consecuencia la desaparición de bosques y
diversidad biológica en el segundo caso.
También dentro del marco del TLCAN, se da paso a la reestructuración de los
grandes complejos petroquímicos, que se asientan en el Estado de Oaxaca,
“Petróleos mexicanos” y PEMEX, la reorientación de mano de obra hacia las
zonas rurales, y la implantación de nuevas empresas transnacionales de hule,
celulosa y plantaciones forestales, según lo afirmado por Hipólito Rodríguez.
En pocas palabras, el común denominador de que el efecto del TLCAN traiga
tan graves consecuencias para la región del sur de México que es
principalmente agrícola, es la asimetría con respecto al mercado
norteamericano y la protección de sus intereses en la OMC, por ejemplo
respecto a las patentes.
Según Édgar Vieira, en el año 2001 del total del PIB del TLCAN, México sólo
aportó un 3.85 por ciento, mientras que EEUU el 79 por ciento; de ahí se
derivan otras conclusiones, como la eliminación de subsidios agrícolas, las
importaciones masivas de productos de consumo básico, la deserción de
pequeños y medianos productores y la destrucción de la organización social
indígena.
Este es sólo un marco general del subsiguiente Plan Puebla Panamá,
concebido como un megaproyecto de inversión que afecta directamente el
territorio y los modos de vida indígena en Oaxaca, por el carácter estratégico
del Istmo de Tehuantepec, mencionados al principio de este apartado.
42
2.2 El Plan Puebla Panamá: Efecto en el Istmo de Tehuantepec
EL PPP es un megaproyecto integracionista de colaboración entre
transnacionales y gobiernos de ocho países de la región: Nicaragua,
Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Honduras Panamá, Belice y México,
oficializado en 2001.
En México compromete las regiones del sur, sureste de Campeche, Chiapas,
Guerrero, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz, Yucatán, Puebla y Oaxaca, este
último el estado con mayor concentración indígena de la región del sur de
México.
Según Eduardo Sandoval, de la organización Insumisos Latinoamericanos, “el
PPP sirve de puente entre el TLCAN y la consolidación del ALCA”34. Es un
megaproyecto de inversión que recoge dos planes establecidos por el Banco
Mundial, el “plan nuevos horizontes” en materia de seguridad regional y el
“corredor biológico mesoamericano”, donde se busca fortalecer formas
innovadoras para manejar la biodiversidad de la región incluyendo su
explotación con fines económicos, manteniendo una continuidad funcional
entre ecosistemas del sureste México-Guatemala, integrado en un corredor
biológico.
Para Emmanuel Gómez, el objetivo del PPP es construir infraestructura que
permita la libre circulación de capitales, y constituye, por tanto, un proyecto
económico con repercusiones ecológicas –explotación, despojo y saqueo de
los recursos naturales, contaminación y monocultivos–, económicas –por la
libre circulación de productos que perjudicarían los propios– y, desde luego,
sociales, por el efecto en la región y la población que allí habita35.
El PPP también busca invertir en infraestructura vial, sembrado e instalación
de fibra óptica, ampliación de puertos y aeropuertos, la instalación oleoductos y
gasoductos, y particularmente en Oaxaca, la construcción de una carretera
34SANDOVAL, Eduardo y SALAZAR, Robinson. Lectura crítica del Plan Puebla Panamá “Introducción”. México : Biblioteca de Insumisos Latinoamericanos. 2003, p. 17. 35 GÓMEZ, Emmanuel. “Organizaciones campesinas de cinco estados se reúnen en Jáltipan para analizar el impacto social y ecológico del Plan Puebla Panamá”. [En línea] (2001). [Consultado 13 de mayo 2008). Disponible en <http://www.geocities.com/chimalapasmx/reportajes/jaltipan.htm>
43
turística Oaxaca-Huatulco, plantas forestales de eucalipto y granjas industriales
camaronícolas, lo que implica, entre otras cosas, el reordenamiento territorial y
demográfico en la región, así como la transformación de la agricultura de
subsistencia.
Al implementarse todas estas políticas, algunas todavía en proceso de
consecución, desalojan, en primer lugar, a las comunidades indígenas que
habitan en el Istmo y la selva de Chimalapas, y ponen las tierras en manos de
empresas privadas mediante permisos de aprovechamiento forestal otorgados
por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat),
incentivando, a su vez, la siembra de eucalipto, supuestamente como proceso
de reforestación, pero también propenden por la protección de manglares, de
acuerdo a la incursión de compañías industrializadas como las asiáticas, que
buscan la privatización de los mismos36.
De acuerdo con Jorge Lora, de la organización Insumisos Latinoamericanos,
las comunidades son el principal obstáculo para la consecución de este
megaproyecto, por eso, en primer lugar, se planea convertir a los campesinos
indígenas del sur-sureste mexicano en trabajadores asalariados súper
explotados de fábricas maquiladoras, en función de la industria
norteamericana. En segundo lugar, se afianza la acción de las transnacionales
–como el del grupo Pulsar Internacional y Savia que se dedica a la producción
de transgénicos–, además de las que ya funcionan, mediante la privatización
de los recursos naturales existentes allí, con el antecedente de lo ocurrido con
el TLCAN, dentro de los cuales se ve con gran preocupación al agua.
Esta nueva geopolítica de intereses económicos por parte de EEUU favorece
principalmente sus intereses, lo que pone en evidencia una falta de postura
estatal con respecto al proyecto, lo que constituye un hecho preocupante,
porque una vez en marcha el megaproyecto no existen políticas estatales que
puedan regular las acciones de las transnacionales, ni responsables por la
36GUEVARA GONZÁLEZ, Yaatsil. “Estructuras de poder y cultura política: continuidades y transformaciones en las organizaciones políticas y sociales en San Juan Guichicovi, Oaxaca 1980-2005”. [Tesis de licenciatura Universidad Veracruzana]. (2006). [en línea] [Consultado 13 de mayo de 2008]. Disponible en <http://www.ciesas-golfo.edu.mx/istmo/docs/tesis/ayaatsil.html>
44
contaminación, la exploración y explotación de los abundantes recursos
naturales existentes en la zona, ni proteger a las 10 comunidades étnicas que
habitan sólo en el Istmo, y en últimas el territorio nacional dejaría de serlo
instantáneamente.
En 2007 el PPP vuelve a priorizarse en la agenda del gobierno mexicano,
como una opción de desarrollo regional para Mesoamérica. Según Carlos
Beas, coordinador de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte
del Istmo (UCIZONI):
(El PPP) sólo pretende asegurar los negocios de alta tecnología en
telecomunicaciones de fibra óptica e inversión petrolera del Grupo Carso, y
proyectos de energía eléctrica de grupos económicos transnacionales como
Iberdrola, con la complicidad el Banco Mundial…37.
2.3 Resistencia indígena en Oaxaca
La resistencia indígena en el sur de México tiene sus raíces en la Revolución
mexicana, pero la conformación de movimientos indígenas surge en la década
de los años setenta, cuestionando el corporativismo y el monopolio de Estado.
Jorge Hernández afirma que en ese contexto se forma la Coalición Obrero
Campesino Estudiantil del Istmo (COCEI), en 1974, que se asegura fue la
primera organización indígena pionera del actual movimiento. Dentro de sus
principales logros están las primeras destituciones de autoridades agrarias en
su región por la corrupción en el ejercicio de sus funciones y el agrupamiento
en su coalición de líderes indígenas de las etnias más representativas.
Según Armando Bartra, en la década de los años ochenta éstos movimientos
sociales mixtos incorporaron en su causa la “lucha por la apropiación del
proceso productivo”38, abriendo paso a la creación de movimientos indígenas.
Éstas eran comunidades indígenas productoras de café en su mayoría, que
exigían una producción basada en la organización autogestionada y autónoma.
37VÉLEZ, Octavio. "Carso e Iberdrola serían beneficiarios del Plan Puebla- Panamá: UCIZONI”. [en línea]. (2007). [Consultado 13 de mayo 2008]. Disponible en <http://www.jornada.unam.mx/2007/04/12/index.php?section=politica&article=014n1pol> 38 HERNÁNDEZ, Jorge. Op. cit., p. 121-122.
45
En Tehuantepec, durante el año 1983, en ese espacio y contexto, surgió la
Unión de Comunidades de la Región del Istmo (UCIRI), vigente en la
actualidad, y la antes mencionada UCIZONI, en 1985, reivindicando sus
sistemas tradicionales del trabajo de la tierra.
El proceso anterior resultó de la lucha social de los promotores bilingües y
campesinos, la cual estuvo en un principio constituida inicialmente por 11
autoridades de distintos pueblos de la región selvática de Oaxaca, quienes han
participado activamente en la defensa de la selva tropical de Chimalapas,
intentando detener la devastación de las grandes compañías madereras39.
La insurrección de Chiapas en 1994, la marcha al Zócalo, y la conformación del
EZLN, sirvieron como un hito de sensibilización para los movimientos
constituidos, por el respeto de los derechos territoriales y culturales, ante un
gobierno despótico y fue crucial para la conformación y la reestructuración de
otras formas de resistencia ante las políticas neoliberales especialmente frente
al TLCAN. Jorge Hernández Díaz plantea al respecto, que a partir de esa
manifestación, la noción de visibilidad indígena cambia para construir una
nueva ideología para mantener la diversidad y de esa manera “ser reconocidos
como unidades políticas constituyentes40.
Desde esa base, las demandas de la tierra surgieron como producto de
reivindicaciones que tienen un significado cultural, histórico y simbólico,
además del redistributivo, lo que hace diferente esa lucha con respecto a las
anteriores, recordando a lo planteado por Víctor Toledo y las diversas
significaciones de territorio que tienen para los pueblos indígenas.
Sobre esa nueva noción de movimiento indígena que surge en la década de los
noventa, brotan, de igual modo, nuevos movimientos en la zona: el Consejo de
Organizaciones Indígenas, las Organizaciones Indígenas Oaxaqueñas, el
Consejo Nacional Indígena, la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca
39 Ibid. 40 Ibíd.
46
donde convergen miembros de las diferentes etnias del Estado de Oaxaca,
porque entendieron la importancia de las alianzas para ejercer resistencia.
Fueron creados también distintos centros de investigación étnica (CIES)
conformados por intelectuales indígenas, y distintos escenarios indígenas –
como el Foro de Organismos Civiles de Oaxaca (FOCO), que en 2006
agrupaba 209 organismos, según Jorge Hernández.
Estos movimientos demandan conjuntamente respeto por los recursos
naturales, prohibición de la explotación forestal a compañías privadas
particulares, construcción de redes de comunicación y suministro de servicios
públicos, instalación de tiendas de abasto y, lo más importante, respeto y
restitución de territorios ancestrales, así como condiciones materiales y legales
para mantener técnicas de producción ancestrales.
Para lograr estos objetivos impulsaron la creación de un marco jurídico que
sirviese como garantía del cumplimiento de sus demandas culturales y del
respeto de la tierra. Esto como una forma de ejercer autodeterminación al
interior del Estado mexicano, tanto de la autonomía territorial, como jurídica y
política.
Otras formas de resistencia se han manifestado en marchas, bloqueos,
plantones como manifestaciones de acción colectiva, así como también
documentos que han redactado dirigidos a las autoridades locales, en
cuestionamiento del efecto de barbaries como la del maíz Starlink, mencionado
con anterioridad, que amenaza la seguridad alimentaria y pública, y la
permisividad ante este hecho, por parte del entonces gobernador del Estado
Ulises Ruiz.
La UCIZONI agrupa 84 comunidades y colonias mixes zapotecas, zoques,
chinantecas, barreñas, mixtecas y mestizas de 9 municipios del Estado de
Oaxaca en la región del Istmo de Tehuantepec, con sede en el municipio de
47
San Juan Guichicovi41. UCIZONI también ha participado activamente en el
cuestionamiento de las estructuras y decisiones de las instituciones políticas
estatales, a nivel local y regional. Desde 1992, la asociación ha apoyado al
Partido de Revolución Democrática, y en alianza con otras organizaciones, ha
funcionado como base en la lucha contra la estructura caciquil que ha primado
en la región y el gobierno despótico del PRI, hasta la actualidad, en la que el
PRD tiene la presidencia del municipio.
Carlos Beas Torres, coordinador de la UCIZONI, organización que ha liderado
gran parte de las formas de resistencia en los últimos años, con respecto a la
situación de la zona en 2006 expresaba lo siguiente:
Con una agricultura de subsistencia y la caída brutal de los precios
internacionales del café, agudizada por la apertura comercial, son las
remesas que envían los trabajadores que migraron al norte las que, en
buena medida, le dan vida a Oaxaca. Por concepto de ingresos turísticos
también se produce un importante derrame económico, que se concentra
entre los grupos propietarios42
La UCIZONI traza programas alternativos para dar un uso más eficiente a los
recursos con los que se cuenta, hace capacitación en materia de derechos
humanos, programas de salud y prevención, programas de reforestación, y
gestión y desarrollo de obras de tipo comunitario, en infraestructura y provisión
de servicios básicos, cultivos orgánicos, utilización de estufas ahorradoras de
leña principalmente
.Para los proyectos productivos, la UCIZONI cuenta con el apoyo de
organizaciones civiles y organizaciones extranjeras. De Canadá y Holanda
41 Información suministrada por la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del istmo (UCIZONI). [en línea] [consultada el 13 de mayo de 2008]. Disponible en <http://www.redindigena.net/organinteg/ucizoni.html>
42 BEAS TORRES, Carlos. “Oaxaca, una rebelión plebeya”. En publicación: OSAL, Observatorio Social de América Latina, año VII, no. 21. CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Buenos Aires, Argentina. (2006). [Citado: 15 de febrero de 2008]. Disponible en: http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/osal/osal21/Torres.pdf ISSN: 1515-3282.
48
“Desarrollo y paz”, “Public Wellcell”, y en menor escala, el apoyo estatal y
regional. La veeduría del desempeño de sus miembros también la coordinan
organismos de cooperación internacional.
Según Eduardo Sandoval, frente al PPP, la UCIZONI, organización de mayoría
étnica mixe, lideró la creación de la Coordinadora Regional de Pueblos
Indígenas del Istmo-mixes, chontales, zapotecas, zoques, junto a la Red “todos
los derechos para todos” en 2002. Frente al PPP, donde la problemática se
acentúa en el Istmo de Tehuantepec mediante la construcción de embalses, la
UCIZONI, fomenta la coalición de organismos opositores al proyecto, llamando
la atención de los enormes intereses económicos que yacen sobre el recurso.
También en la región se llevan a cabo proyectos que generen alternativas a la
invasión de importaciones de EEUU, y la manipulación genética. En este
campo la UCIRI, ha sido protagonista.
La Unión de Comunidades Indígenas de la Región del Istmo (UCIRI) que tiene
como base a campesinos caficultores, ha implementado programas que les
permite la comercialización de su producto ante la incursión de empresas
privadas explotadoras de madera que pagan muy bajo el precio del café. Para
ello han buscado otros mercados alternativos con los cuales pueden exportar
directamente como Holanda y Alemania, empezando a consolidar un “mercado
alternativo”43.
Como complemento, empiezan a recolectar otros productos: maíz, fríjol,
verduras, así como zarzamora y maracuyá; el mejoramiento de la salud
mediante la aplicación de la medicina tradicional y las “hierbas sanas” mediante
la “milpa campesina”. También el mantenimiento de la “cultura y sabiduría” por
medio de las reivindicación de las múltiples lenguas que se hablan al interior de
la organización. La UCIRI tiene una estructura política propia fundada en el
ejido, como espacio territorial conformado desde la familia hasta las asambleas
generales que tienen la tarea de dirigir los proyectos de la organización.
43 Unión de Comunidades Indígenas de la Región del Istmo, UCIRI. [en línea]. (2007). [Consultado 12 de mayo de 2008). Disponible en <http://www.uciri.org/espanol/espanol.htm>
49
En la actualidad, existen ocho proyectos que cubren los aspectos
fundamentales que demanda la comunidad, dentro de los más importantes está
la creación de un centro de educación campesina (CEC) creado en 1985,
donde se pretende que los jóvenes de la organización se capaciten de acuerdo
con las necesidades de los otros proyectos como el orgánico en cada
comunidad; entonces el conocimiento adquirido se especializa en cultivos
orgánicos, combate de plagas sin venenos químicos y nocivos, optimización de
recursos naturales, y en otros casos, capacitación en técnicas para aprender a
inspeccionar el café que se produce44.
Otro proyecto vital es el de café orgánico y la planta de procesamiento de
frutas, como garantía para la seguridad alimentaria y el comercio. En estos
proyectos se busca reivindicar el cultivo y producto orgánicos, mediante
técnicas tradicionales desde la aplicación de la composta o abono, producto de
la fermentación de material orgánico; el deshierbe de aquellas plantas que
sean sólo perjudiciales, la poda, recepe y deshije de cafetos, la renovación de
plantas, el abonado, la construcción de terrazas, y la regulación de las
sombras, son medidas que se aplican al café de manera que se pueda
garantizar su calidad de orgánico.
Por ello fueron certificados por Naturland de Alemania e IMO-control Suiza,
para su legalización oficial por parte de la Unión Europea desde 1993; más
tarde crearon su propia certificadora en la ciudad de Oaxaca recientemente
acreditada por ISO 65, que es por lo tanto una estrategia de comercialización y
a su vez de subsistencia.
El proyecto de la planta de procesamiento de frutas existe para crear
mermeladas, jugos y concentrados de fruta, de manera industrial y artesanal,
para el autoabastecimiento de la comunidad, pero también para la
comercialización. Por eso encontraron que principalmente la zarzamora y el
maracayá, son las frutas que más permiten ese comercio, así que aunque el
proyecto no es muy ambicioso todavía, se están ampliando las áreas de
producción e incentivando la demanda internacional.
44 Ibíd.
50
Por lo tanto, la resistencia en el caso oaxaqueño tiene múltiples dimensiones,
que van desde la acción colectiva popular como las marchas, plantones e
interlocuciones con autoridades regionales hasta la resistencia que se crea a
partir de las organizaciones propias, mediante una estructura política y la
creación de proyectos que les permite el bienestar autónomo, partiendo desde
sus propias cosmovisiones y métodos ancestrales.
La dinámica del movimiento indígena oaxaqueño es igualmente diversa y
numerosa, ya que existen diferentes organizaciones indígenas cuyas
actividades procuran estar en consonancia con el apoyo a otras
organizaciones, en particular con aquellas que se identifican con el cuidado de
los recursos naturales que ofrece el Istmo de Tehuantepec.
51
Capítulo tercero:
El sur de Colombia
Con la Constitución de 1991 se da una mayor visibilidad a las comunidades
nativas destacando la diversidad cultural de nuestro país; esas diferencias
fueron consagradas en la Carta, donde se contemplan garantías para los
pueblos indígenas, reafirmando la diversidad étnica y cultural de la nación. Al
mismo tiempo que ocurría lo anterior se implementaron progresivamente las
políticas de ajuste estructural y de garantía de la inversión extranjera, por parte
del Estado.
Las manifestaciones del neoliberalismo en Colombia, que afectan a las
comunidades indígenas del Cauca son prácticamente las mismas que se
presentan en el caso mexicano, pero con algunas connotaciones particulares.
El Cauca colombiano: de la Ley Páez, al CRC, como desafíos neoliberales
Según el Censo Nacional efectuado por el DANE en 2005, el país cuenta con
42’090.502 de habitantes, 1’378.884 pertenecen a diversas comunidades
indígenas (3.28 por ciento del total de la población) y tienen presencia en 27
departamentos y 228 municipios, en 710 resguardos titulados, que ocupan una
extensión de aproximadamente 34 millones de hectáreas, o sea 29,8 por ciento
del territorio nacional45.
El departamento del Cauca está ubicado en la parte sur-occidental de
Colombia, la extensión de su territorio representa el 2.7% del territorio nacional.
Está conformado por 41 municipios y cuenta con una población total que
asciende a 1´200.000 personas, de las que 245.486, pertenecen a diferentes
45 DANE. Departamento Administrativo Nacional de Estadística. “Estadísticas población indígena de Colombia” 2005. [En línea] (2005). [Consultado marzo de 2008]. Disponible en <http://www.dane.gov.co/files/censo2005/etnia/sys/etnias.pdf>
52
pueblos indígenas, entre ellos los pueblos Nasa (Páez), Guambiano,
Yanacona, Kokonuco, Totoroes, Inga, y Eperara Siapidara46, organizados en 77
resguardos indígenas. Los Nasa (Páez) hacen parte es la etnia más
representativa de la región con una población de 167.207 individuos
(Hernández, 2004) que se extienden por todo el departamento, incluso a otros
como los del Huila y Putumayo
La principal amenaza que ha aparecido en los últimos años para la comunidad,
han sido la flexibilidad de las políticas estatales en la protección de intereses
particulares debido a la implementación de programas en el marco de la Ley
Páez que se encuentra dentro de ese marco. Esta ley fue creada en 1996 y
hace parte de una estrategia estatal, que surgió como política pública en ayuda
a las comunidades que fueron víctimas del terremoto y posterior avalancha de
Tierradentro en 1994.
El Centro de Investigación en Economía y Finanzas CIENFI de la Universidad
ICESI (2004) afirma al respecto:
La Ley 218 de 1996 (más conocida como la Ley Páez) es tal vez el hito más importante de finales de siglo en la vida económica y social del departamento del Cauca y en especial del norte del Cauca. Es innegable la importancia de esta ley de incentivos tributarios en la transformación del aparato productivo caucano y en la atracción de inversión al departamento47.
A partir de la Ley Páez quedan exentas del impuesto de renta e impuestos
complementarios las nuevas empresas del sector agrícola y ganadero,
microempresas, establecimientos comerciales, industriales, turísticos, y las
compañías exportadoras y mineras que no se relacionen con la exploración o
explotación de hidrocarburos. Para obtener dichos privilegios, las empresas
debían instalarse efectivamente en la zona antes de 1994 y demostrar
46 HERNÁNDEZ DELGADO, Esperanza. Resistencia civil artesana de paz. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, 2004. p. 43. 47 EQUIPO DE INVESTIGACIÓN del CIENFI. Centro Colombiano de Economía y Finanzas ICESI. 10 años de la Ley Páez Impacto económico. Resumen ejecutivo. [en línea]. {Consultado el 25 de mayo de 2008]. Disponible en <http://www.icesi.edu.co/leypaez/contenido/pdf/resumen_ejecutivo.pdf>
53
incrementos sustanciales en la generación de empleo. Esta política tuvo una
duración de exención que rigió por un período de diez años.
Como resultado, la agroindustria de la caña se ha favorecido, no sólo por la
producción de azúcar, sino por el auge del alcohol carburante, que
generalmente exige grandes cantidades de tierra en primer lugar, y arroja un
gran gasto ecológico, porque la quema de la caña mata los microorganismos y
por lo tanto la vida de la tierra, mientras que la contaminación no disminuye,
por el contrario, se consume más agua y por lo tanto se reseca la tierra.
La generación de empleo no tuvo el alcance que se esperaba con la Ley para
la población indígena, por el contrario, Germán Campo, coordinador de la
Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, afirma que a los
“corteros” de la caña, que generalmente son indígenas, se les ofrece unas
condiciones de trabajo precarias, volviendo a lo que se puede llamar una
“nueva esclavitud”, mientras las estructuras familiares se separan, por lo tanto
más allá de un problema netamente económico-ambiental, es un problema
social.
(…) en últimas el beneficio lo obtienen los ingenios, el que gana no es quien los produce, que no es el negro, ni el indio, ni el campesino, y se va perdiendo la seguridad alimentaria pues prefieren que un carro ande, y no que la gente coma (…)48.
A las agroindustrias de la caña se le suman aquellas de explotación de
minerales, las empresas de cartón y la misma Corporación Autónoma Regional
del Cauca (CRC), en el sector estatal, cuyas normas de legislación ambiental
con aplicabilidad en la región son perjudiciales para el territorio de los
resguardos indígenas y van en detrimento de su propia organización
económico-ambiental.
48 Entrevista con Germán Campo, miembro del “Tejido económico-ambiental” de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca ACIN, realizada en Santander de Quilichao entre el 10 y 11 de mayo de 2008.
54
En cuanto a los minerales, se encuentra oro en los cerros de Munchique y
Catalinateta; mármol y piedra caliza en Canoas, bauxita y roca muerta. En ese
aspecto, Gustavo Ulcué, líder indígena de la ACIN afirma:
La incursión de una multinacional surafricana propone sacar los minerales industrialmente, mediante el “barequeo”, utilizando el mercurio, lo cual contamina recursos hídricos tan importantes como el río Palo y otras cuencas y quebradas, y se ampara en una ley forestal anticonstitucional49.
La Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC), tiene las concesiones
para realizar el Plan de Ordenamiento Territorial en la región. Según Germán
Campo, la corporación no reconoce a los cabildos como autoridades
ambientales, y mediante el decreto 1729 de Ley 99 de 1991, se les concede a
las corporaciones hacer el ordenamiento de las cuencas hidrográficas.
Con respecto a los recursos hidrográficos, la CRC ha ido rodeando algunos
territorios dándoles el estatus de reserva natural. Para las comunidades de la
zona esto no es más que una privatización disimulada que excluye a los
indígenas de sus resguardos, dijo en la entrevista Gustavo Ulcué.
Las empresas de cartón, en particular “Cartones de Colombia”, han estimulado
la siembra de árboles maderables, como eucalipto y pino, nogal, y palma
africana para lo obtención de diferentes productos estratégicos, que alteran el
medio ambiente porque éstos árboles no hacen parte de ese ecosistema y
absorben grandes cantidades de agua. De otra parte, afecta la seguridad
alimentaria de las comunidades.
Otras políticas estatales que han perjudicado a las comunidades indígenas en
este milenio han sido las que establecen límites a la expansión del gasto a los
entes territoriales como la Ley 617 del 2000, y la reforma al régimen de
transferencias que es el Acto Legislativo de 2001, porque debilitan la poca
autonomía de los entes territoriales de municipios tan importantes para la
comunidad como Jambaló, cuyo cabildo alberga a más de 15.000 indígenas.
49 Ibíd.
55
Hablando de biodiversidad, otra política que afecta a las comunidades
indígenas es la iniciativa reciente de la Ley del Agua o Ley 365, mediante la
cual se regulan importantes aspectos como el ordenamiento de las cuencas
hidrográficas, las concesiones para uso del agua, la explotación de las aguas
subterráneas, la información sobre el agua, las tasas retributivas y
compensatorias, entre otros. Para las comunidades indígenas del Cauca esta
iniciativa representa una amenaza a la conservación del recurso, que dejaría
de ser un bien público natural y pasaría a ser un bien económico que lo
condenaría a su escasez.
Frente a todas éstas políticas que facilitan los intereses extranjeros y que
infortunadamente están amparadas por el Estado, los pueblos indígenas del
Cauca también reaccionan y hacen propuestas
Movimiento indígena: Resistencia “desde abajo”
El principal movimiento indígena en la región es el Consejo Regional Indígena
del Cauca (CRIC), creado en 1971 como resultado del auge de la violencia de
los actores armados, la invisibilidad de sus territorios ancestrales y costumbres,
y el sometimiento a la dominación terrateniente, que explotaba a la población
los pueblos indígenas, según Esperanza Hernández.
Inicialmente se constituyó para la recuperación de tierras del resguardo, el no pago de terrajes, la difusión de las leyes indígenas, la reivindicación de las costumbres y lengua, así como el fortalecimiento de los cabildos50.
En la década de los años ochenta surgen otras organizaciones y proyectos
comunitarios que parten de la iniciativa del CRIC, el Proyecto Nasa (1980) en
Toribío y el Proyecto Global en Jambaló (1987), un contexto en el que aparece
el narcotráfico como fenómeno generalizado, la presencia de actores armados
50 El cabildo es una forma de autoridad propia de las comunidades, en la actualidad existen más de 115 cabildos indígenas. Véase HERNÁNDEZ, Delgado Esperanza, Op. cit., p. 52.
56
interesados en las tierras, que desatan una ola de violencia, al tiempo que el
Estado impulsaba la “modernización del campo”.
La constitución del movimiento indígena Colombiano, como sujeto político, se
da en el marco de la Asamblea Nacional Constituyente, en 1991, en que el
pueblo Nasa contribuyó.
Los procesos de descentralización económica y política, también fueron
importantes para el fortalecimiento de las entidades territoriales y por lo tanto
para la creación de nuevas organizaciones indígenas. Paradójicamente en el
marco de esas garantías en 1991, se dio la masacre de la Hacienda el Nilo, en
un proceso de recuperación de tierras, donde murieron 21 indígenas.
En ese contexto surge la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del
Cauca (ACIN) en 1994. Está conformado por 14 resguardos, 18 cabildos, dos
de ellos no constituidos legalmente: Toribío, Tacueyó, San Francisco, Corinto,
Miranda, Huellas Caloto, Toéz, Jambaló, Munchique los Tigres, Canoas,
Delicias, Concepción, Guadualito, Cerro Tijeras, Pueblo Nuevo Ceral, Alto
Naya y el Cabildo urbano de Santander de Quilichao, en siete municipios:
Toribío, Caloto, Miranda, Corinto, Jambaló, Santander de Quilichao y Suárez.
La ACIN articula ideas comunitarias de otros cabildos como el proyecto Nasa
de Toribío, Proyecto Global de Jambaló, y otras propuestas comunitarias
creadas más recientemente como la de Las Delicias, La Concepción, Pueblo
Nuevo Ceral, Cerro Tijeras y Alto Naya, creada en 2002.
Según Gustavo Ulcué, en el Congreso de Jambaló en 2001, la comunidad
Nasa decidió reestructurar su organización, pues antes funcionaba de manera
más jerárquica, ya que era conformada por una especie de “Ejecutivo” y no era
efectiva de acuerdo a las necesidades reales de toda la comunidad51.
51 Información suministrada por Gustavo Ulcué, en entrevista realizada en Santander de Quilichao el 15 de mayo de 2008; el señor Ulcué es coordinador del Tejido de relaciones externas de la ACIN.
57
La ACIN ha participado de las principales manifestaciones de resistencia, tanto
a las políticas neoliberales que los afectan, como al proceso de recuperación
de tierras latente hasta la actualidad.
Para ello, dentro de la organización se conformó la “guardia Indígena”, dentro
de la cual todos los miembros de la comunidad pueden participar,
principalmente para proteger el territorio, mediante la resistencia pacífica.
A esa acción conjunta recíproca ellos le llaman minga, que se convoca para las
necesidades de la comunidad, desde las familiares, hasta las grandes
marchas, según Gustavo Ulcué, coordinador del tejido de relaciones externas
de la organización. Desde esa concepción, marchas como la de la vía
panamericana en 2004 contra el TLC, titulada “por la verdad y la vida” de más
de 40.000 indígenas entre Cali y Popayán, se concibe como una minga.
Pero la verdadera resistencia indígena, según Gonzalo Rivera coordinador del
tejido económico ambiental de la ACIN, empieza en el resguardo, en el
territorio. A partir de eso, se crea un sistema económico-cultural alternativo,
llamado “Tul” o de huerta variable teniendo en cuenta que 95 por ciento de la
población indígena vive de la agricultura.
El valor de la tierra desde la cosmogonía indígena se basa en la sabiduría
ancestral y la identidad cultural. La Hacienda el Nilo, en cuyo proceso de
recuperación murieron muchos indígenas, en la actualidad está integrada por
varios sistemas Tul –en el resguardo de Huellas, Caloto–.
Desde el trabajo de campo realizado en dicho resguardo, se pudo observar la
constitución de este sistema, que tiene como objetivo principal el
autoabastecimiento familiar, mediante la sustitución del monocultivo, por
diversos productos básicos para la subsistencia de la comunidad, desde
granos, frutas, hortalizas, tubérculos y plantas medicinales. Las comunidades
indígenas han establecido alianzas con otras comunidades étnicas para la
comercialización de sus productos, pero también han recuperado el trueque, en
58
contraposición al valor que desde la racionalidad económica se le da al
territorio y sus productos.
El tejido económico-ambiental también está construyendo su propia legislación
ambiental, desde sus conocimientos ancestrales y el valor que le dan a la
tierra, con ayuda de organismos internacionales como la OXFAM, en la
exploración de sus propios recursos para poder establecer un “ordenamiento
territorial propio”, entre comillas porque para ellos la tierra ya esta ordenada, la
cuestión es apreciar los recursos que nos brinda, en palabras de Gonzalo
Rivera.
La construcción del “Tul”, y la creación de una autoridad ambiental propia –en
caso de ser exitosa–, permite que el impacto de medidas como la Ley Páez
entre otras, sean menos lesivas para la comunidad, porque concientiza a sus
miembros de los recursos que poseen y fortalece los vínculos comunitarios,
haciendo un “ejercicio de poder desde abajo” de acuerdo con lo mencionado
por Perry Anderson.
59
Capítulo cuarto:
Dos pueblos indígenas comparados frente al desafío neoliberal
Las disposiciones del neoliberalismo –en el período comprendido entre 1994 y
2007–, enmarcadas en el TLCAN, el Plan Puebla Panamá, en el caso de
México, y las políticas estatales de los gobiernos neoliberales, en Colombia
han tenido efecto en el estado de Oaxaca, y el departamento del Cauca,
respectivamente, y han despertado unas reacciones específicas en las
comunidades indígenas de ambas regiones, que se han manifestado en
acciones y nuevas estructuras de organización indígena.
El principal motivo de éstas reacciones y acciones por parte de las
comunidades indígenas, es la incidencia que tienen las políticas neoliberales
en sus territorios, y se manifiestan en la diferencia de las concepciones de
territorio que tienen ambas corrientes. Desde la concepción neoliberal todo lo
que hay en el territorio constituye un bien económico y es por lo tanto
comercial. Para las comunidades indígenas de ambos países tiene un
significado simbólico, cultural y ancestral, que les permite ejercer su autonomía
y libre autodeterminación, concepción que reivindican dentro de sus
propuestas de resistencia.
Frente al Tratado de Libre Comercio y el Plan Puebla Panamá como
estrategias del neoliberalismo, que inciden en la redistribución del territorio, la
manipulación de su biodiversidad y la apropiación comercial de sus recursos,
las comunidades indígenas de Oaxaca, establecen alianzas para ejercer
resistencia, y realizar acciones como protestas, marchas y documentos que
manifiesten sus posiciones frente a estas políticas y hacer menos lesivos sus
efectos en la integridad de las comunidades. Ejemplos de estas acciones se
encuentran en las marchas al Zócalo en el Distrito Federal, que en el año 2000
60
congregó a millones de indígenas; los plantones frente a instituciones o
autoridades públicas, y denuncias permanentes sobre violaciones de Derechos
Humanos, entre otras.
Además proponen la reivindicación de sus métodos ancestrales de producción
y la diversificación en la producción de alimentos de manera orgánica para
garantizar su seguridad alimentaria. En lo que respecta a la comercialización,
buscan otros mercados y apoyo internacional, especialmente de países
europeos, con los que se pueda negociar directamente y no se interpongan las
disposiciones de la OMC y los países industrializados, en las que claramente
están en condiciones de desventaja.
El hecho de que existan numerosas asociaciones integradas por indígenas de
las diferentes etnias y que se haga una coordinación entre las mismas, en la
región de Oaxaca, responde al tamaño de la población indígena que allí
habita. Por eso el ejercicio de cooperación y concertación entre varias
asociaciones es un logro fundamental en los procesos de resistencia del
pueblo indígena Oaxaqueño. En varios casos se observa que la UCIZONI, de
mayoría mixe, lidera el proceso de cohesionar la posición de los pueblos
indígenas y otros sectores sociales frente a las falencias que las estrategias
implementadas en la zona han tenido en la comunidad, como por ejemplo el
caso mencionado de la contaminación y el riesgo en la salubridad pública
provocado por el maíz StarLink, y en general en materia de Derechos
Humanos, programas de reforestación, de salud y prevención, gestión de
proyectos comunitarios y cultivos orgánicos.
Por la heterogeneidad de los proyectos, empresas y corporaciones
internacionales que han incursionado en la zona para la explotación de sus
recursos naturales con fines económicos y que responden a diferentes
intereses comerciales, minero, petrolero, de biocombustibles y de
biotecnología, el pueblo indígena oaxaqueño ha desarrollado formas de
comunicación e interlocución en espacios como asambleas –como la
Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO)– y los foros –como el
61
Foro de Organismos Civiles de Oaxaca (FOCO)–, e incluso de manera virtual,
donde se difunde e involucra a otros sectores de la sociedad en las distintas
dimensiones, reafirmando su posición frente a dichos proyectos y evidenciando
sus efectos, en la zona.
Frente al Plan Puebla Panamá –cuyo antecedente inmediato es el TLCAN–
pero que es más ambicioso, se crea la Coordinadora Regional de Pueblos
Indígenas del Istmo, que agrupa a la gran mayoría de coaliciones opositoras al
proyecto, puesto que el PPP implica la reterritorialización de las comunidades,
quienes no fueron previamente consultadas para ejecutar el mismo, lo que de
por sí representa el “choque” descrito al comienzo de este trabajo, donde las
concepciones de territorio son totalmente antagónicas entre quienes quieren
ejecutar el proyecto con el discurso del desarrollo, pasando por encima de los
habitantes de la región, y la “unión de los países latinoamericanos” y la
concepción que desde la identidad cultural y las reivindicaciones étnicas tienen
las comunidades indígenas.
Las comunidades indígenas del Istmo de Tehuantepec también se hallan
buscando otros mercados internacionales para la comercialización de sus
productos, especialmente el café, recurriendo a los usos tradicionales y
orgánicos del producto, y construyendo un círculo que comienza con la
preparación educativa de los jóvenes, que no se desprenda de sus saberes
ancestrales propios del contexto rural en que se desenvuelven, y construyendo
un conocimiento propio de sus recursos naturales, programas que hacen parte
de los aspectos social y político de varias de las organizaciones indígenas.
Como se puede observar, son diversas las formas de resistencia y propuestas
alternativas emanadas desde el pueblo indígena Oaxaqueño, con las que se
ha logrado llegar a objetivos comunes y consensos, hechos que los ha
posicionado como movimiento indígena y por lo tanto como sujetos políticos,
como una reacción frente a la propuesta neoliberal que con el paso del tiempo
tiene efectos cada vez más profundos al interior del movimiento indígena.
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No obstante, lo que se quiso observar en el presente trabajo, más allá del
alarde de una protesta o de las expresiones mediáticas del movimiento, fue
tratar de ver la construcción de alternativas desde el fortalecimiento de las
organizaciones que representan a los indígenas y la construcción de
proyectos, como los de producción económica basada en la recuperación de
prácticas ancestrales y el comercio directo con otros países, que no impliquen
la descomposición del tejido social, como el que se presenta con la aplicación
del TLCAN o el Plan Puebla Panamá.
En el caso colombiano, la Ley Páez facilitó la incidencia de la inversión
extranjera en el territorio pero no aumentó las posibilidades de empleo para
los miembros de las comunidades indígenas, como estaba estipulado; estas
comunidades han generado nuevas formas de organización basadas en el
principio de la seguridad alimentaria mediante la creación de huertas variables
en los resguardos indígenas, llamadas “Tul” o tulpa, la implementación del
trueque, la producción artesanal que recoge la cosmogonía de la comunidad y
la comercialización que incorpora a otras comunidades étnicas que habitan en
la región.
Además de los efectos de la Ley Páez o las políticas del TLC, los pueblos
indígenas del Cauca han tenido que sufrir, entre otros, los efectos políticos,
sociales, culturales y ambientales del conflicto armado. Este es un factor que
incide en la complejidad de la situación de la comunidad en la recuperación del
territorio y el ejercicio de la autonomía en el mismo, más aún teniendo presente
que la intervención del Estado en la mediación del conflicto es mínima y que en
la zona hay movimiento permanente de actores armados, tanto estatales como
al margen de ley, pues se registran permanentemente hechos de violencia. A
su vez, también se presentan conflictos entre la población indígena y las
Fuerzas Militares en el proceso de recuperación de tierras, como producto del
incumplimiento de los acuerdos por parte del Estado, firmados luego de la
masacre del Nilo en 1991.
La minga es la forma de resistencia más contundente que desde la comunidad
indígena, al menos en esta zona por parte de los Nasa, se presenta. Es una
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forma de resistencia en la que los miembros de la comunidad se cohesionan
en torno a un objetivo comunitario y que puede involucrar al núcleo familiar, el
resguardo, o toda la comunidad. La Asociación de Cabildos Indígenas del
Norte del Cauca (ACIN), desde la noción de minga ha construido una
estructura de organización propia desde las necesidades de la comunidad
Nasa, que se divide en tejidos de vida y que tiene como objetivo la armonía
entre los pueblos, fomentando la conservación ambiental y sostenible del
territorio y la construcción y fortalecimiento de un gobierno propio.
De acuerdo con lo anterior, en cuanto a la protección de la biodiversidad, en el
tejido económico ambiental se han venido construyendo propuestas concretas
de una autoridad ambiental que complemente las políticas que se han venido
implementando desde la Corporación Autónoma Regional, con ayuda de
organismos internacionales, partiendo del reconocimiento del territorio desde
su cosmovisión, la ubicación de los recursos principales que existen en la zona
(donde el recurso más importante es el hídrico), y cooperando en alianza con
otros sectores sociales en proyectos regionales y nacionales que los afectan,
como la Ley del agua, mediante la herramienta del referendo, o por medio de
foros y asambleas para capacitarse en el tema ambiental y del desarrollo
sostenible.
El “tul” es el núcleo del su sistema productivo por medio del cual buscan, en
primer lugar, autoabastecer la familia y la comunidad del resguardo, también
es una contrapropuesta al cultivo de la caña y del maíz para producir
biocombustibles, y una respuesta ante de la invasión de maderables como el
eucalipto y el pino que demandan gran cantidad de agua. El conocimiento de
las funciones estatales les permite, a su vez, entender cómo pueden construir
mejor sus propuestas, y mejorar el alcance de la interlocución con otras
instituciones y organismos en el proceso de toma de decisiones donde pueden
reafirmar su autonomía.
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A manera de conclusión…
En este trabajo se observa que el movimiento indígena es en la actualidad un
sujeto político que reivindica el ejercicio de la autonomía en el territorio de
acuerdo a su pertenencia al mismo, desde su identidad étnica y cultural. Este
auge de los movimientos al principio de la década de los noventa, responde
también a un contexto mundial en el que los modelos económicos de los dos
países estudiados, Colombia y México, comenzaron a aplicar políticas
neoliberales al interior, que han respondido fundamentalmente a los intereses
de terceros países, industrializados, especialmente de los Estados Unidos, y
de corporaciones y empresas transnacionales.
No obstante, en ese contexto surgen, a su vez, otras oportunidades políticas,
tales como la aparición de distintos organismos internaciones que han ayudado
a visualizar los movimientos indígenas en la construcción de herramientas
jurídicas y políticas que beneficien sus acciones, como el Convenio 169 de
1989 cuyo contenido es de supuesta aplicabilidad en todos los países que
tienen en su interior población indígena y reivindican el principio de autonomía,
pero que en la realidad su cumplimiento es insuficiente por parte de los
gobiernos. En otras instancias, también los ayudan en la financiación de sus
proyectos, y en la capacitación en algunos métodos que se constituyen como
herramientas para la efectividad de sus acciones colectivas.
Ese fenómeno o proceso, en el que el movimiento indígena en tanto sujeto
político se posesiona en las agendas nacionales e internacionales, tiene unas
características específicas que permiten replantear o cuestionar los conceptos
de movimiento social que se presentaron en el trabajo como los de Sidney
Tarrow, o Mancur Olson, entre muchas otras, en primer lugar porque la
identidad étnica y cultural pocas veces se incluye en dichos conceptos, y las
nociones de acción colectiva parten de la utilización de incentivos selectivos
impuestos externamente, siendo que para los pueblos indígenas estudiados -y
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se podría extender en general para todos los pueblos indígenas-, la tierra es la
principal motivación por la cual se organizan y toman acción, por la
significación cultural y ancestral que como pueblos representa para ellos. No
son movimientos coyunturales, ni revolucionarios, ni corporativistas y al menos,
en los casos estudiados, rechazan la vía armada para el ejercicio del poder.
Los conceptos de conservación del medio ambiente y desarrollo económico, no
son indivisibles, como se propone en las políticas neoliberales. Por el contrario
la incursión de megaproyectos, empresas de carácter comercial e incluso
turístico como en el caso de Oaxaca, van en detrimento total de la subsistencia
de las comunidades. Todavía existe una marcada asimetría entre las acciones
de los movimientos indígenas y las políticas neoliberales, pero como sujetos
políticos, los primeros han logrado cuestionar los efectos de ver los recursos
naturales desde la racionalidad económica a partir de significaciones
simbólicas y culturales de conservar y proteger la biodiversidad.
Esto cuestiona el papel de los Estados, que deberían ejercer mayor control de
los recursos naturales y así mismo participar en su desarrollo y transformación,
en un contexto en que se hace necesario el conocimiento como herramienta
fundamental en un mundo globalizado. Las alternativas que vienen generando
las comunidades en sus regiones se manifiestan en todo el hemisferio y
deberían ser, a largo plazo, propuestas que se constituyan como políticas
públicas para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas y del
medio ambiente, es decir, de un desarrollo sostenible real.
La lucha por el territorio y la protección de los recursos naturales sigue siendo
un tema latente que debe estar en la agenda de los Estados y el sistema
internacional. Por ser una propuesta que se viene constituyendo desde los
movimientos indígenas, como sujetos políticos, debe ser un tema que merece
ser estudiado desde la ciencia política, porque si bien las estrategias políticas
neoliberales se han venido transformando trascendentalmente, como se
demuestra en este trabajo, también lo hacen las formas de ejercer resistencia,
como el que hace la autora, en cuenta a que informar, describir u observar este
fenómeno político desde la perspectiva de otros actores no convencionales con
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capacidades de toma de decisiones desde su condición étnica y cultural, es
una forma de visibilizarlos en su lucha por la autonomía.
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