Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación … · 2018-04-04 · Superior...

$: Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación … · 2018-04-04 · Superior de la Federación a cargo de realizar la auditoría (artículo 36, fracción II$
Marco de Referencia para el Análisis de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016

1

r

SERIE: ANÁLISIS DE LOS INFORMES INDIVIDUALES DE AUDITORÍAS

CORRESPONDIENTES A LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR

DE LA CUENTA PÚBLICA 2016 Enero de 2018

CUADERNO 6

DOCUMENTO DE CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

ANÁLISIS DE LA SEGUNDA ENTREGA DE INFORMES INDIVIDUALES DE

AUDITORÍAS CORRESPONDIENTES A LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA

CUENTA PÚBLICA 2016

Comisión de Vigilancia

de la Auditoría Superior de la Federación

Unidad de Evaluación y Control

La versión electrónica de este documento se encuentra disponible en el sitio web de la Unidad de

Evaluación y Control <http://uec.diputados.gob.mx> o <www.diputados.gob.mx/UEC>

Fiscalización Superior Parcial de la Cuenta Pública 2016

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Conclusiones y Recomendaciones FSCP 2016

CONTENIDO Presentación .............................................................................................................................................. 5 1. Conclusiones derivadas del trabajo de análisis a la 2a. entrega de los informes individuales de

auditorías correspondientes a la fiscalización de la CP 2016 ........................................................... 7 1.1. Sobre el cumplimiento del marco jurídico ................................................................................. 7 1.2. Sobre la numeralia de la fiscalización superior efectuada ......................................................... 8 1.3. Sobre el avance en el cumplimento del PAAF 2016 ................................................................. 13 1.4. Sobre el enfoque de la fiscalización superior ........................................................................... 18

2. Atención de la ASF a los planteamientos y propuestas de la CVASF sobre la 1a. entrega de

informes individuales de auditorías correspondientes a la fiscalización de la CP 2016 ............... 20 2.1. Atención a los planteamientos por Grupos Parlamentarios .................................................... 20 2.2. Atención a las propuestas de auditorías, estudios y evaluaciones .......................................... 62

3. Planteamientos de los grupos parlamentarios que integran la CVASF en torno a la 2a. entrega

de los informes individuales de auditorías correspondientes a la fiscalización de la CP 2016 ..... 70 3.1. Grupo Parlamentario del PRD .................................................................................................. 70 3.2. Grupo Parlamentario del PRI.................................................................................................... 73 3.3. Grupo Parlamentario del PAN .................................................................................................. 80 3.4. Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano ...................................................... 86

4. Recomendaciones a la ASF y propuestas de auditorías, estudios y evaluaciones ........................ 89

4.1. Recomendaciones al trabajo de fiscalización superior de la ASF ............................................. 89 4.2. Propuestas de auditorías, estudios y evaluaciones ................................................................. 92


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Presentación

En seguimiento al análisis de la segunda entrega de informes individuales de auditorías

correspondientes a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016, y de conformidad con lo

estipulado en los artículos 44, 81 fracción III y VII, 82, y 104 fracción X, de la Ley de Fiscalización

y Rendición de Cuentas de la Federación, así como en el Acuerdo de la Comisión de Vigilancia

de la Auditoría Superior de la Federación (CVASF), No. CVASF/LXIII/002/2017, esta Comisión -

con el apoyo técnico de la Unidad de Evaluación Técnica (UEC)-, preparó el presente documento

que incluye las conclusiones derivadas del análisis referido, así como las correspondientes

recomendaciones que se emiten a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para mejorar su

labor de fiscalización superior.

Tal cual como se realizó en la ocasión pasada, para la preparación del presente documento de

Conclusiones y Recomendaciones a la ASF, se consideraron como insumos tanto el reporte

ejecutivo preparado por la UEC sobre los Datos Básicos de la segunda entrega de informes

individuales de auditorías correspondientes a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública

2016, como los cinco documentos de evaluación sectorial de los informes individuales ya

citados, también elaborados por la Unidad. Adicionalmente se consideraron las respuestas que

la ASF dio a los planteamientos hechos por los grupos parlamentarios que integran la CVASF

relativos a la primera entrega de informes individuales, así como los comentarios emitidos por

la propia ASF respecto de las sugerencias de auditorías, evaluaciones de políticas públicas y

estudios formuladas por la Comisión en su análisis de la primera entrega de informes

individuales.

En tal virtud, el documento de Conclusiones y Recomendaciones a la ASF fue integrado por tres

secciones: la primera, que presenta las conclusiones de la Comisión en torno al cumplimiento

de los ordenamientos legales y normativos de los informes individuales y sobre el análisis

técnico del segundo paquete de auditorías practicadas a la Cuenta Pública 2016 (numeralia

principal de la fiscalización, avance en el cumplimiento del PAAF y enfoque de la fiscalización

realizada). La segunda sección incluye las consideraciones de la ASF que hace respecto a los

planteamientos que la Comisión emite con motivo del análisis de los resultados del primer

paquete de Informes individuales 2016 y de las propuestas de la propia Comisión de auditorías,

evaluaciones de políticas públicas y estudios, que se derivan también del análisis del primer

paquete de informes. Por último, en el tercer apartado se exponen y sustentan tres

recomendaciones a la ASF para mejorar su labor fiscalizadora, así como doce propuestas de

auditorías, siete de evaluaciones y once de estudios para que la ASF valore su incorporación al

PAAF, en el marco de su autonomía técnica y de gestión.


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1. Conclusiones derivadas del trabajo de análisis a la 2a. entrega de los informes individuales de auditorías correspondientes a la fiscalización de la CP 2016

1.1. Sobre el cumplimiento del marco jurídico

Una vez realizado el análisis técnico y normativo de los 664 informes individuales de auditorías que corresponden a la segunda entrega referida a la Cuenta Pública 2016, se considera que existen los elementos técnicos necesarios y suficientes para determinar que, en términos generales, las auditorías practicadas por la ASF a las entidades vinculadas a los grupos funcionales de Gobierno, Gasto Federalizado, Desarrollo Social y Desarrollo Económico, fueron realizadas de conformidad con las disposiciones generales establecidas en el marco legal y normativo aplicable.

Asimismo, se considera que los informes presentados atendieron los criterios normativos y legales que regulan la formulación, presentación y contenido de los informes individuales de auditorías correspondientes a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016, de conformidad con lo establecido en los artículos 74 fracción VI y 79, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 1, 2, 14, 15, 35, 36, y 37 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación (LFRCF).

Los informes de auditoría emitidos permiten observar con suficiencia sus criterios de selección, el objetivo, el alcance de cada una de ellas, los procedimientos de auditoría aplicados y el dictamen de la revisión (artículo 36, fracción I de la LFRCF); el cumplimiento, en su caso, de la Ley de Ingresos, el Presupuesto de Egresos, de la Ley Federal de Deuda Pública, la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y demás disposiciones jurídicas(artículo 36, fracción III de la LFRCF); los resultados de la fiscalización efectuada (artículo 36, fracción IV de la LFRCF); las observaciones, recomendaciones, acciones, con excepción de los informes de presunta responsabilidad administrativa (artículo 36, fracción V de la LFRCF), y en algunos casos, el apartado específico en cada una de las auditorías realizadas donde se incluyan una síntesis de las justificaciones y aclaraciones que, en su caso, las entidades fiscalizadas hayan presentado en relación con los resultados y las observaciones que se les hayan hecho durante las revisiones (artículo 36, fracción VI de la LFRCF).

Respecto de la inclusión de los nombres de los servidores públicos de la Auditoría Superior de la Federación a cargo de realizar la auditoría (artículo 36, fracción II de la LFRCF), de la muestra revisada por esta Unidad, solo se encontraron los nombres de los Directores Generales y Directores de Área, pero no de los auditores que realizaron la auditoría, por lo que se considera que no se está dando cumplimiento puntual a lo establecido en el artículo antes referido.

La ASF refirió en los informes individuales entregados a la Cámara sobre las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas, así como la imposición de las

Análisis de los Informes Individuales de Auditorías. Segunda Entrega

8

FSCP 2016

multas y demás acciones derivadas de los resultados de las auditorías practicadas en la revisión parcial de la Cuenta Pública 2016 (artículo 37 de la LFRCF).

Las denuncias de hechos (DH) correspondientes a la segunda entrega de la revisión de la Cuenta Pública 2016 al igual que de la primera entrega, no fueron reportadas por la ASF, (artículo 36, fracción V, de la LFRCF).

Por último, se constató que los informes individuales tuvieron un carácter público, al ser publicados en la página de internet de la ASF, en formatos abiertos conforme a lo establecido en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (artículo 36, último párrafo de la LFRCF).

1.2. Sobre la numeralia de la fiscalización superior efectuada

— Auditorías practicadas y la cobertura de fiscalización

Se verificó que derivado de la fiscalización superior parcial (segunda entrega) a la Cuenta Pública 2016, entregado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a la Comisión de Vigilancia (CVASF) el pasado 31 de octubre, se practicaron de 664 auditorías (vs. 502 reportadas en el primer paquete), de las cuales, 245 (vs. 236 en el primer paquete) fueron de cumplimiento financiero (36.9% del total); 330 (vs. 154 del primer paquete) de cumplimiento financiero con enfoque de desempeño (49.7%); 47 (vs. 40 en el primer paquete) de inversiones físicas (7.1%); 38 (vs. 72 en el primer paquete) de desempeño (5.7%); 2 forenses (0.3%), (no se reportaron de este tipo en la primera entrega); y 2 estudios (0.3%), (no se reportaron estudios en la primera entrega).

Con el número de auditorías practicadas hasta la segunda entrega (31 de octubre de 2017) se contabiliza un total de 1 mil 166 revisiones correspondientes a la Cuenta Pública2016, mismos que representan el 62.5% respecto del total de revisiones consideradas en el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización de la Cuenta Pública 2016 (PAAF 2016).

Realizadas (%) Realizadas (%) Realizadas1/ (%)

Total 1,659 100.0 1,643 100.0 664 100.0

Desempeño 149 9.0 149 9.1 38 5.7

Financiera con enfoque de desempeño 748 45.1 792 48.2 330 49.7

Evaluación de políticas públicas 8 0.5 8 0.5

Estudios 5 0.3 15 0.9 2 0.3

Cumplimiento Financiero 605 36.5 527 32.1 245 36.9

Inversiones Físicas 133 8.0 138 8.4 47 7.1

Forenses 10 0.6 14 0.9 2 0.3

Situación Excepcional 1 0.1 0.0

AUDITORÍAS PRACTICADAS POR LA ASF EN LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA 2014-2016

Fuente. Elaborado por la UEC con datos de la ASF.

Grupo/Tipo

Auditorías 2014 Auditorías 2015

1/. Segunda entrega de informes individuales de auditorías sobre la Cuenta Pública 2016.

Auditorías 2016


9


Por lo que respecta a la cobertura de fiscalización, se constató que los entes públicos fiscalizados en los tres poderes de la nación (legislativo, judicial y ejecutivo) y órganos autónomos fue de 75 entes públicos a quienes se les aplicaron 186 auditorías, los cuales incluyeron: un ente del Poder Judicial a quien se le practicaron dos auditorías; 69 entidades del Poder Ejecutivo a quienes se les practicó 177 auditorías; y cinco órganos autónomos que fueron objeto de siete revisiones. Considerando adicionalmente a las entidades federativas y la Ciudad de México (32, que fueron sujetas a 147 auditorías), los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México (245, que fueron objeto de 328 auditorías), así como las instituciones públicas de educación superior revisadas (tres, a las que se les aplicaron igualmente una auditoría a cada una), la cobertura de fiscalización total fue de 355 entes fiscalizados, mismos que fueron objeto de 664 auditorías.

Por grupo funcional, se tiene que en este segundo paquete de informes individuales correspondientes a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016, se observó que las funciones de Gobierno fueron objeto de 49 auditorías (7.4% de las 664 auditorías practicadas) a 17 entidades de cinco sectores y órganos autónomos. Particularmente, el sector Hacienda y Crédito Público, que forma parte del grupo funcional Gobierno, fue objeto de 36 auditorías practicadas a 9 entidades.

Asimismo, el grupo funcional de Desarrollo Económico fue objeto de 93 auditorías (14.0% de los 664 informes individuales) que fueron practicadas a 35 entidades de 9 sectores. En cuanto a las funciones de Desarrollo Social estas fueron objeto de 40 revisiones (6.0% de los 664 informes individuales) practicadas a 25 entidades agrupadas en 5 sectores y entidades no coordinadas sectorialmente.

Sujetos de Auditoría Universo RevisadoAuditorías

Practicadas% de Cobertura

Total de Entidades Fiscalizadas 3,310 355 664 10.7

Entidades Federativas y Ciudad de México 32 32 147 100.0

Municipios y Órganos Político-Administrativos del

Distrito Federal2,462 245 328 10.0

Instituciones Públicas de Educación Superior 494 3 3 0.6

Subtotal 322 75 186 23.3

Poder Legislativo 2 0 0 0.0

Poder Judicial 3 1 2 33.3

Poder Ejecutivo: 305 69 177 22.6

Dependencias 21 13 69 61.9

Entidades Coordinadas Sectorialmente 188 40 66 21.3

Entidades No Coordinadas Sectorialmente 10 3 6 30.0

Órganos Desconcentrados 86 13 36 15.1

Órganos Autónomos 12 5 7 41.7

COBERTURA DE FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2016 1/




10

FSCP 2016

Finalmente, a los Estados y Municipios les fueron practicadas de forma directa 482 auditorías (72.6% del total), mismas que incluyen 469 auditorías a Gasto Federalizado y 13 revisiones de diversa índole a entidades federativas. De las 469 auditorías practicadas a Gasto Federalizado, correspondieron: 182 auditorías a fondos de Infraestructura Social Básica; 2 a Educación; 172 a Seguridad Pública; 72 a Participaciones Federales; 3 a Financiamiento Público; 7 al Sistema de Evaluación del Desempeño de Gasto Federalizado y 31 a Participación y Contraloría Social.

Es de destacarse que para esta segunda entrega de informes individuales se practicaron 72 auditorías sobre Participaciones Federales: 33 a la distribución de los recursos; 17 a la ministración a entidades federativas; 21 a la ministración a municipios y una revisión del reintegro del ISR –derivado del pago de nómina financiado con las mismas participaciones- que realiza la Federación a las entidades federativas.

Sobre los Sectores más auditados dentro de la Administración Pública Federal (APF), por grupo funcional, se observaron los siguientes: en el grupo funcional de Gobierno, el Sector Hacienda y Crédito Público con 36 auditorías de 49 practicadas en el grupo funcional; en funciones de Desarrollo Social, el sector Salud con 14 de 40; y en funciones de Desarrollo Económico, el sector Comunicaciones y Transportes con 28 auditorías de 93 practicadas al grupo funcional.

En cuanto a las Entidades de la Administración Pública Federal más fiscalizadas, por grupo funcional, fueron: en el grupo funcional de Gobierno, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con 18 y Servicio de Administración Tributaria (SAT) con 9 auditorías. En el grupo funcional de Desarrollo Económico, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (16 auditorías) y la Comisión Nacional de Agua (11 auditorías). En el grupo funcional de Desarrollo Social, la Secretaría de Educación Pública (7 auditorías), así como SEDESOL y el Instituto Mexicano del Seguro Social (con cuatro auditorías cada uno).

Respecto a Gasto Federalizado, las entidades federativas más auditadas fueron: Campeche y Jalisco con 19 auditorías cada una y Puebla y Querétaro con 17 auditorías cada una. Por el lado de los subsidios y fondos fiscalizados en Gasto Federalizado, los más auditados fueron: los comprendidos en Infraestructura Social Básica (182 auditorías) y Seguridad Pública (172).

— Observaciones – acciones emitidas

De acuerdo con el segundo paquete de informes individuales de auditorías de la Cuenta Pública 2016, y con base en los datos estadísticos del anexo Matriz de Datos Básicos elaborada por la ASF, se determinaron 2 mil 642 observaciones que dieron origen a la promoción de 3 mil 465 acciones, de las que se cuentan 1 mil 587 acciones preventivas (45.8%) y 1 mil 878 correctivas (54.2%).


11


Respecto de las acciones preventivas, la ASF emitió 1 mil 287 recomendaciones y 300 Recomendaciones al Desempeño (RD). Por su parte, de las acciones correctivas, estas registraron 798 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS); 797 Pliegos de Observaciones (PO); 238 Solicitudes de Aclaración (SA); 41 Promociones del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal (PEFCF) y 4 Multas (M).

Por lo que toca al número de Denuncias de Hechos (DH), al igual que en la primera entrega, la ASF no dio cuenta de las presentadas ante las instancias correspondientes1.

Por grupo funcional, las entidades con mayor número de acciones emitidas fueron: en el grupo funcional de Gobierno, la SHCP con 90 acciones promovidas, la SRE con 72 y el SAT con 39 acciones. En el grupo de Desarrollo Económico, SCT con 199 acciones promovidas; CONAGUA con 94; SAGARPA con 84 acciones promovidas y PEMEX con 80 acciones promovidas. En Desarrollo Social, SEDESOL con 91 acciones promovidas, IMSS con 75, SEP con 68, INBAL con 42 y el Hospital Regional con Alta Especialidad de la Península de Yucatán con 39 acciones. En Gasto Federalizado, la mayor cantidad de acciones promovidasse presentó en Nayarit con 97, Sonora con 71, San Luis Potosí con 69 y Veracruz con 64 acciones promovidas.

1 La ASF aclara en su documento “Consideraciones para la Labor Legislativa, Cuenta Pública 2016. 2da. Entrega de Informes Individuales”, que las potenciales Denuncias de Hechos (DH) derivadas de la labor de fiscalización, se presentarán cuando se cuente con los elementos que establezcan las leyes aplicables, como lo dispone el artículo 67, fracción V de la LFRCF.

Absolutos % Absolutos % Absolutos %

Auditorías practicadas 1,659 1,643 664

Observaciones 6,346 6,491 2,642

Acciones Promovidas 8,245 100.0 9,472 100.0 3,465 100.0

Preventivas 3,365 40.8 3,942 41.6 1,587 45.8

R 2,233 27.1 2,735 28.9 1,287 37.1

RD 1,132 13.7 1,207 12.7 300 8.7

Correctivas 4,880 59.2 5,530 58.4 1,878 54.2

SA 1,207 14.6 377 4.0 238 6.9

PEFCF 75 0.9 73 0.8 41 1.2

PRAS 1,871 22.7 2,400 25.3 798 23.0

PO 1,639 19.9 2,662 28.1 797 23.0

M 88 1.1 18 0.2 4 0.1

R. Recomendación.

RD. Recomendación al Desempeño.

SA. Solicitud de Aclaración.

PEFCF. Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal.

PRAS. Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.

PO. Pliego de Observaciones.

M. Multa.



OBSERVACIONES-ACCIONES PROMOVIDAS POR LA ASF EN LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA 2014-2016

Concepto2014 2015 20161/


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FSCP 2016

Con base en los datos reportados, se tiene que, en promedio, la ASF determinó 4.0 observaciones por auditoría y promovió 5.2 acciones por revisión. Asimismo, la ASF determinó en promedio, 7.4 observaciones y 9.7 acciones por entidad fiscalizada.

— Recuperaciones determinadas

De acuerdo con la Matriz de Datos Básicos del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016, la ASF reportó, respecto del segundo paquete de informes individuales de auditorías que, se determinaron recuperaciones por 28 mil 958.7 millones de pesos; importe del cual se han operado por poco más de 355 millones de pesos (equivalente al 1.2% de las recuperaciones determinadas), cifra muy inferior a los 1 mil 581.9 millones de pesos reportados como operados en el primer paquete de informes individuales; quedando aún por aclarar 28 mil 603.7 millones de pesos, que constituyen las recuperaciones probables, las cuales sólo pueden hacerse válidas si los entes auditados no presentan la documentación comprobatoria del gasto observado, de acuerdo a la normatividad establecida al respecto.

Las recuperaciones operadas que se derivan del segundo paquete de los informes individuales correspondientes a la Cuenta Pública 2016 (355 millones de pesos) provienen en su mayor parte de: la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios con recuperaciones operadas por 52.1 millones de pesos; Chiapas (80.2 millones de pesos); Quintana Roo (40.3 millones de pesos) y Yucatán (34.6 millones de pesos). Las recuperaciones de las cuatro entidades referidas (207.2 millones de pesos) equivalen al 58.4% del total de las recuperaciones operadas por la ASF.

ConceptoMonto

(Mi l lones de Pesos)

Total de Recuperaciones Operadas 2001-2016 118,352.4

Recuperaciones Derivadas de la Revisión de la Cuenta Pública 2016 1/ 1,927.2

Subtotal 2001-2015 116,425.2

Recuperaciones Derivadas de Procedimientos Resarcitorios 2001-2015 2,097.0

Recuperaciones Derivadas de la Solventación de Observaciones 2001-2015 114,328.3

Cuenta Pública 2015 3,126.8













Cuenta Pública 2002 964.5


RESUMEN DE RECUPERACIONES OBTENIDAS 2001-2016 (Ci fras a l 15 de octubre de 2017)




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Como parte de un ejercicio de análisis, se observa que de manera acumulada, por la revisión de las Cuentas Públicas 2001-2015 (116 mil 425.2 millones de pesos) más lo reportado en las dos entregas de la fiscalización de la Cuenta Pública 2016 (1 mil 927.2 millones de pesos)2, se han operado un total de recuperaciones por 118 mil 352.4 millones de pesos en la revisión de las Cuentas Públicas 2001-2016, al 31 de octubre de 2017.

Ahora bien, conforme a su origen, del total de recuperaciones operadas en el periodo 2001-2016 (118 mil 352.4 millones de pesos), 98.2% proviene de la solventación de observaciones (116 mil 255.5 millones de pesos) y 1.8% se deriva de la solventación de observaciones (2 mil 097.0 millones de pesos).

1.3. Sobre el avance en el cumplimento del PAAF 2016

De conformidad con las recientes modificaciones a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación (LFRCF), la ASF ha entregado dos de las tres partes previstas de los informes individuales programados para los trabajos de fiscalización superior de la Cuenta Púbica 2016, quedando pendiente la tercera y última entrega que deberá ser recibida junto con el Informe General programado para febrero de 2018, de acuerdo con lo establecido en el artículo 33 del ordenamiento antes señalado, bajo el siguiente calendario3:

2 Importe reportado por la ASF, correspondiente a las Recuperaciones operadas de las Cuentas Públicas 2001-2016 (mdp), en su documento “Consideraciones para la Labor Legislativa, Cuenta Pública 2016. 2da. Entrega de Informes Individuales. 3 Ver Informe General de la Cuenta Pública 2015, página 37, “Comparativo de plazos de Fiscalización”. Febrero 2017, ASF. Asimismo, véase en los artículos 33 y 35 de la nueva Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

ConceptoMonto

(Mi l lones de Pesos)

Total de Recuperaciones Operadas 2001-2016 118,352.4

Recuperaciones Derivadas de Procedimientos Resarcitorios 2,097.0

Recuperaciones Derivadas de la Solventación de Observaciones 116,255.5

Recuperaciones Derivadas de la Revisión de la Cuenta Pública 2016 1/ 1,927.2

Recuperaciones Derivadas de la Revisión de la Cuenta Pública 2001-2015 114,328.3

RESUMEN DE RECUPERACIONES OBTENIDAS 2001-2016 (Ci fras a l 15 de octubre de 2017)




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FSCP 2016

En la primera entrega, realizada en el mes de junio pasado, la ASF practicó 502 auditorías: 41 al grupo funcional de Gobierno; 37 a Desarrollo Social; 46 a Desarrollo Económico; y 378 a Gasto Federalizado. Del total de los informes que la ASF entregó, 72 son revisiones de desempeño, 154 financieras con enfoque de desempeño, 236 financieras y de cumplimiento, y 40 de inversión física.

Para esta segunda entrega, la ASF practicó 664 auditorías: 49 al grupo funcional de Gobierno; 40 a Desarrollo Social; 93 a Desarrollo Económico; y 482 a Gasto Federalizado. Del total de los informes que la ASF entregó, 38 son revisiones de desempeño, 330 financieras con enfoque de desempeño, 245 financieras y de cumplimiento, 47 de inversiones físicas, dos Forenses y dos Estudios.

Junio 20171

Primera Entrega de Informes Individuales

Octubre 20172

Segunda Entrega de Informes

Individuales

20 de Febrero 20183

Tercera Entrega de Informes Individuales

Informe General Ejecutivo del Resultado de la

Fiscalizacion de la Cuenta Pública 20161

Plazo vencido al último día hábil de junio; Art. 35 LFRCF. 2 Plazo vencido al último día hábil de octubre; Art. 35 LFRCF.

3 Plazo que vence. Art. 33 LFRCF.

Fuente: Elaborado por la UEC con base en la LFRCF.


15


GobiernoDesarrollo

Social

Desarrollo

Económico

Gasto1

Federalizado

1a. Entrega 41 37 46 378 502

2a. Entrega 49 40 93 482 664

Acumulado 1a. y 2a. 90 77 139 860 1166

Pendiente2 55 103 84 457 699

PAAF 145 180 223 1317 1865

1a. 28 24 20 0 72

2a. 8 15 15 0 38

Acum. 36 39 35 0 110

vs. PAAF 46 52 51 0 149

Pendiente2 10 13 16 0 39

1a. 1 0 0 153 154

2a. 0 0 0 330 330

Acum. 1 0 0 483 484

vs. PAAF 3 14 3 730 750

Pendiente2 2 14 3 247 266

1a. 8 7 7 214 236

2a. 36 22 48 139 245

Acum. 44 29 55 353 481

vs. PAAF 77 97 89 544 807

Pendiente2 33 68 34 191 326

1a. 4 6 19 11 40

2a. 3 1 30 13 47

Acum. 7 7 49 24 87

vs. PAAF 13 8 74 41 136

Pendiente2 6 1 25 17 49

1a. 0 0 0 0 0

2a. 0 2 0 0 2

Acum. 0 2 0 0 2

vs. PAAF 1 7 5 2 15

Pendiente2 1 5 5 2 13

1a. 0 0 0 0 0

2a. 0 0 0 0 0

Acum. 0 0 0 0

vs. PAAF 3 2 1 0 6


1a. 0 0 0 0 0

2a. 2 0 0 0 2

Acum. 2 0 0 0 2

vs. PAAF 2 0 0 0 2


Fuente: Elaborado por la UEC con datos del PAAF 2016 y de la de la Matriz de Datos Básicos de la ASF 2016.

2/ Las revisiones pendientes se esperan recibir en la tercera y última entrega de informes individuales de auditorías, a más tardar el 20 de febrero

de 2018.

Financiera y de

cumpliminto

Inversiones Físicas

Forenses

Evaluación de Políticas

Públicas

Estudios

TOTALES

1/ Se incluyeron 11 auditorías correspondientes a Otras auditorías a Entidades Federativas para la primera entrega de informes Individuales y 13

par la segunda entrega, todas de Inversiones físicas.

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS PARA LA FISCALIZACIÓN (PAAF) 2016PAAF vs. Primera y Segunda Entrega de los Informes Individuales

Grupo Funcional

Tipo de Auditoría

Informe Individual y

PAAF

Desempeño

Financiera con enfoque

de desempeño


16

FSCP 2016

De acuerdo con la última modificación al Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización 2016 (PAAF 2016) remitida a la CVASF el pasado mes de octubre, el número de auditorías programadas asciende a 1 mil 865: 145 a funciones de Gobierno; 180 a Desarrollo Social; 223 a Desarrollo Económico; y 1 mil 317 a Gasto Federalizado.

Las 664 auditorías presentadas en esta segunda entrega en conjunto con las 502 de la primera entrega, representan un avance del 62.5% del total de las auditorías programadas en PAAF 2016. Por grupo funcional se observa lo siguiente:

Al Grupo Funcional de Gobierno se practicaron 49 auditorías, (33.8%) para esta segunda entrega y en conjunto con la primera entrega (41; 28.3%) acumulan un total de 90 auditorías practicadas para este grupo funcional (62.1%), restando respecto de lo programado en el PAAF, 55 auditorías (37.9%).

Para el Grupo Funcional de Desarrollo Social se practicaron 40 auditorías, (22.2%) para esta segunda entrega y en conjunto con la primera entrega (37; 20.6%) acumulan un total de 77 Auditorías (43.5%) practicadas para este grupo funcional, restando respecto de lo programado en el PAAF, 103 auditorías (57.2%).

Auditorías Pract. 1a. Entrega 41;

28.3%


33.8%

Auditorías Pend. PAAF 55; 37.9%

1/ Auditorías Programadas PAAF 2016.Fuente: Elaborado por la UEC con datos del PAAF 2016 e Informes Individulaes 1a. y 2a. entrega de la C.P. 2016, ASF.

Avance del PAAF 2016 a la Segunda Entrega de Informes IndividualesGOBIERNO

(145 Auditorías totales1)


17


Por lo que toca al Grupo Funcional de Desarrollo Económico se practicaron 93 auditorías, (41.7%) para esta segunda entrega y en conjunto con la primera entrega (46; 20.6%) acumulan un total de 139 auditorías practicadas para este grupo funcional (62.3%), restando respecto de lo programado en el PAAF, 84 auditorías (37.7%).


20.6%


22.2%



Avance del PAAF 2016 a la Segunda Entrega de Informes IndividualesDESARROLLO SOCIAL(180 Auditorías totales1)


20.6%


41.7%

Auditorías Pend. PAAF84; 37.7%


Avance del PAAF 2016 a la Segunda Entrega de Informes IndividualesDESARROLLO ECONÓMICO

(233 Auditorías totales1)


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FSCP 2016

En cuanto al Gasto Federalizado se practicaron 482 auditorías, (36.6%) para esta segunda entrega y en conjunto con la primera entrega (378; 28.7%) acumulan un total de 860 auditorías practicadas para este grupo funcional (65.3%), restando respecto de lo programado en el PAAF, 457 auditorías (34.7%).

Por tipo de auditoría practicada restan, respecto del PAAF 2016: 39 auditorías de

desempeño, 266 auditorías financieras con enfoque de desempeño, 326 financieras y de cumplimiento, 49 de inversiones físicas, 13 forenses y 6 evaluaciones de políticas públicas.

1.4. Sobre el enfoque de la fiscalización superior

Del total de los informes individuales de auditorías presentados en el segundo bloque de 2016 por la ASF, 624 fueron revisiones de regularidad; 38 de desempeño y 2 Estudios; no se realizaron evaluaciones de políticas públicas. Con base en lo anterior, la práctica de auditorías observó un sesgo hacia las auditorías de regularidad, significar el 93.9% de los informes de auditoría presentados (624 de 664 auditorías practicadas); de las cuales 52.9%, (330 auditorías fueron financieras con enfoque de desempeño, 39.3% (245) financieras y de cumplimiento, 7.5% (47) de inversiones físicas y 0.3% (2) auditorías forenses. En la revisión correspondiente a la primera entrega de los informes individuales de la Cuenta Pública 2016, no se practicaron auditorías forenses y las revisiones de regularidad significaron el 85.7% de las revisiones practicadas para este bloque.


28.7%

Auditorías Pract. 2a. Entrega482;

36.6%



Avance del PAAF 2016 a la Segunda Entrega de Informes IndividualesGASTO FEDERALIZADO(1317 Auditorías totales1)


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Es necesario destacar que Gasto Federalizado concentró el 70.6% del total de auditorías de regularidad; (469 revisiones de un total de 624), de las cuales 330 fueron financieras con enfoque de desempeño y 139 financieras y de cumplimiento.

Del total de auditorías de inversiones físicas practicadas en la 2a. entrega (47), el 63.8% correspondió al grupo funcional Desarrollo Económico (30); el 27.7% a Gasto Federalizado (13); el 6.4% a Gobierno (3) y el 2.1% a Desarrollo Social (1).

Por su parte, el 5.7% de las revisiones practicadas en el segundo bloque de informes individuales de auditorías correspondientes a la revisión de la Cuenta Pública de 2016 fueron de desempeño (38 de 664 auditorías), porcentaje muy inferior respecto al observado en la primera entrega de informes individuales 2016 (14.3%; 72 de 502 auditorías). En conjunto (primera y segunda entrega de informes individuales) las auditorías de desempeño practicadas (110) representan el 73.8% de las que se tienen programadas en su totalidad en la revisión de la Cuenta Pública 2016.


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FSCP 2016

2. Atención de la ASF a los planteamientos y propuestas de la CVASF sobre la 1a. entrega de informes individuales de auditorías correspondientes a la fiscalización de la CP 2016

2.1. Atención a los planteamientos por Grupos Parlamentarios GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO (MC) - Denuncias de la ASF ante la PGR Observación: Al igual que en ocasiones anteriores, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) no informa del número y situación que guardan las denuncias presentadas ante la Procuraduría General de la República (PGR). Recomendación: Se recomienda a la ASF que, en el marco del Convenio de Colaboración con la PGR, que suscribió en el pasado mes de abril, incluya en los informes individuales en las futuras entregas de la Cuenta Pública 2016 información acerca del estatus de las denuncias penales que la ASF ha presentado ante la PGR. No basta conocer la cantidad de denuncias presentadas, esa información es pública y se encuentra disponible en la página web de la ASF, lo que le interesa conocer a la sociedad mexicana son los motivos por los cuales la autoridad en materia de procuración de justicia dilata tanto tiempo en ejercer acción penal contra los responsables de los múltiples casos de desvíos de recursos públicos, los cuales han sido documentados de manera exhaustiva por la ASF. Brindar justicia pronta y expedita es un principio constitucional.

Respuesta ASF: La Auditoría Superior de la Federación (ASF) dará cumplimiento a lo establecido en el artículo 38 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación (LFRCF), en el sentido de que será en los informes semestrales en los que se dé a conocer la información sobre las denuncias penales. Dichos informes, según lo dispone el referido artículo, deberán ser entregados a más tardar los días primero de mayo y de noviembre de cada año, con los datos disponibles al cierre del primer y tercer trimestre del año, respectivamente. En lo que respecta a los tiempos de resolución de las denuncias de hechos que presenta la ASF, es importante mencionar que, justamente, el objetivo del Convenio General de Colaboración con la Procuraduría General de la República (PGR) fue agilizar el intercambio de información para coadyuvar a robustecer el desahogo de las denuncias.

- Propuesta de auditoría a la compra, actualización y uso del software Pegasus Observación: El 19 de junio de 2017, el diario New York Times publicó un artículo en el cual señala que destacados defensores de derechos humanos, periodistas y activistas anticorrupción de México han sido afectados por un avanzado programa de espionaje, conocido como Pegasus, el cual fue adquirido por el gobierno mexicano para investigar a criminales y terroristas. El diario


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estadounidense señaló que desde 2011 el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto ha gastado casi 80 millones de dólares [aproximadamente unos 1,600 millones de pesos] en programas de espionaje de la empresa israelí NSO Group Technologies LTD. Esta empresa cobra a sus clientes gubernamentales según el número total de objetivos a vigilar, por ejemplo, para espiar a diez usuarios de iPhone el fabricante cobra 650,000 dólares [unos 13 millones de pesos], además de una cuota de instalación del programa de 500,000 dólares15 [unos 10 millones de pesos]. Recomendación: Por todo lo antes expuesto, se recomienda a la ASF que lleve a cabo una exhaustiva auditoría a la adquisición, actualización y uso del software Pegasus realizada por dependencias del gobierno.

Respuesta ASF: Se analizará la pertinencia de elaborar una propuesta de auditoría en los términos planteados para su inclusión en el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización (PAAF) de la Cuenta Pública 2017.

- Recomendaciones de la ASF para el trabajo legislativo Comentario: El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano valora el esfuerzo y agradece a la ASF por la entrega del documento (separata) titulado Consideraciones para la Labor Legislativa. Al igual que en la entrega del Informe de Resultados de la CP 2015, la ASF incluyó una lista de ordenamientos legales susceptibles de ser modificados por parte del poder Legislativo a fin de resolver algunas de las problemáticas más recurrentes halladas por la ASF en su labor fiscalizadora. El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano tomará en cuenta todas estas sugerencias de la ASF y promoverá los consensos necesarios con los demás grupos parlamentarios para impulsar las reformas a diversas leyes, tales como la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), pero de manera particular, retomaremos las sugerencias que hace la ASF en el tema de la conformación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2018.

Respuesta ASF: De igual forma a como se realizó en la primera entrega de Informes Individuales (junio 2017), la ASF presentó el documento de “Consideraciones para la Labor Legislativa” cuyo objetivo es apoyar el trabajo de los Diputados, a través de propuestas concretas vinculadas con diversos ordenamientos legales y con el proceso de conformación del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).


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FSCP 2016

- Otras recomendaciones Comentario: El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano se adhiere a las recomendaciones hechas por la UEC para las subsecuentes entregas parciales de informes individuales que hará la ASF:

Incluir un Informe (separata) acerca de los factores determinantes de las irregularidades recurrentes observadas.

Incluir un Informe (separata) de las amortizaciones de la deuda pública, costos de reestructuración y pago de dicha reestructura y comisiones de la misma, nombres de los comisionistas, directos e indirectos.

En particular, es de suma importancia conocer las razones del desproporcionado aumento que ha registrado la deuda pública de algunas Entidades Federativas, así como las condiciones bajo las cuales se contrata. Por ejemplo, Zacatecas cerró 2016 con un saldo de 8,205.3 millones de pesos de deuda pública, cuando en 2010 la deuda de la Entidad sumaba 682 millones de pesos, es decir, en tan sólo seis años, la deuda del Estado aumentó 1,103%.

Respuesta ASF: En relación con la recurrencia de las observaciones derivadas de la fiscalización, es importante señalar que la ASF, a partir del Informe General de la Cuenta Pública 2013, ha utilizado un marco conceptual para la identificación de distintas condiciones que afectan la gestión del sector público. El concepto principal que sustenta dicho marco es el de “áreas con riesgo”; definidas como aquellas situaciones que implican determinados efectos en la gestión gubernamental o en la aplicación de los recursos públicos que pueden darse en el futuro, o que ya se han materializado y, de no ser debidamente gestionados, continuarán presentándose. Cada año la metodología ha sido revisada y actualizada, a fin de presentar mayores elementos de análisis a la Cámara de Diputados. Adicionalmente, es importante subrayar que la nueva LFRCF establece que el análisis de las áreas con riesgo es uno de los componentes obligatorios del Informe General. En concordancia con lo anterior, como parte de la entrega del Informe General de la Cuenta Pública 2016 (febrero 2018), se incluirá una sección específica sobre los riesgos determinados a partir de los resultados de las auditorías practicadas. Respecto a la inclusión de una separata de las amortizaciones de la deuda pública, costos de reestructuración, comisiones asociadas y nombres de los comisionistas, directos e indirectos, es necesario mencionar que como parte de la fiscalización de las Cuentas Públicas 2014 y 2015, se realizaron dos auditorías relacionadas con dicho tema. De manera específica, se revisó la programación, contratación, manejo, evaluación y capacidad de pago de la deuda del Gobierno Federal y del Sector Público Federal.


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Al respecto, se concluyó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) contrató y administró la deuda del Gobierno Federal y del Sector Público Federal, atendió las necesidades del gasto, y contribuyó a mantener la estabilidad macroeconómica del país. Sin embargo, prevalece el problema de la insuficiente capacidad de pago para reducir el saldo de la deuda, lo que significa que se continúa recurriendo al endeudamiento interno y externo para pagar el saldo acumulado de la deuda, y cubrir el costo financiero de la misma.

FUNCIONES DE GOBIERNO Sector Gobernación - Prevención y Readaptación Social. “Administración del Sistema Federal Penitenciario” Auditoría de Desempeño. No. 11. Recomendación: Ante el problema de sobrepoblación es necesario conocer la problemática que enfrentan los menores de edad que viven con sus madres en los centros penitenciarios del país. Por ello, se sugiere que la ASF modifique el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 (PAAF 2016), o bien, incluya en el PAAF 2017, una auditoría de desempeño a fin de conocer el detalle de las condiciones de vida en las cuales realizan sus actividades cotidianas los menores de edad que habitan junto con sus madres los Centros Penitenciarios del país. La Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad 2016 (ENPOL), recientemente publicada por el INEGI, puede ser un instrumento útil para la ASF a fin de planear la auditoria recomendada. La ENPOL permite conocer la cantidad de mujeres que tienen hijos viviendo con ellas dentro del Centro Penitenciario, la cantidad de menores que viven con sus madres en el Centro Penitenciario, si se otorgan o no a los menores servicios médicos, atención psicológica, medicamentos, vacunas, alimentos, educación escolar, ropa, calzado, juguetes y materiales escolares.

Respuesta ASF: Como parte del proceso de conformación del PAAF de la Cuenta Pública 2017 se analizará la factibilidad de revisar la operación del Sistema Nacional Penitenciario a partir de las siguientes auditorías:

− Secretaría de Gobernación (SEGOB), coordinación del sistema.

− Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), administración y desarrollo profesional del personal.

− Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), protección de los derechos

humanos de las personas reclusas.


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FSCP 2016

FUNCIONES DE DESARROLLO SOCIAL Sector Salud - Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CENSIA). “Programa de Vacunación” Auditoría de Desempeño, No. 214. Recomendación: Programar para la revisión de la Cuenta Pública 2017 nuevamente una auditoría de desempeño al Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, en particular al Programa de Vacunación, para dar un seguimiento puntual a la debida solventación de las observaciones hechas por la ASF en la Auditoría 16-5-12R00-07-0214 214-DS.

Respuesta ASF: Como parte del proceso de conformación del PAAF 2017 está considerada una propuesta de auditoría de desempeño al Programa de Vacunación, a fin de abordar la política de atención a los niños, niñas y adolescentes, en la cual se consideraría dar seguimiento a las medidas efectuadas para atender a las recomendaciones emitidas con motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública 2016.

FUNCIONES DE DESARROLLO ECONÓMICO Sector Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación - SAGARPA. “Programa de Fomento a la Agricultura: Componente PROAGRO Productivo”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento, No. 0288. Preguntas: ¿Se han fincado responsabilidades administrativas o penales a los responsables de las irregularidades mencionadas que representan desvío de recursos públicos por un monto de 121.5 millones de pesos? ¿El ente auditado ha podido, a la fecha, aclarar el motivo de estas irregularidades?

Respuesta ASF: Las irregularidades referidas motivaron la emisión de cinco Pliegos de Observaciones, los cuales, de conformidad con el artículo 39 de la LFRCF quedaron formalmente promovidos ante la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) mediante la notificación del Informe Individual respectivo el 5 de julio del 2017. En atención a lo anterior, con fecha 22 de agosto de 2017, la SAGARPA envío la documentación e información que consideró pertinente para aclarar las citadas irregularidades, la cual se encuentra en proceso de análisis a efecto de determinar lo procedente.


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Cabe señalar que si una vez evaluada la respuesta de la entidad fiscalizada se advierte la posible comisión de hechos delictivos, se formularían las Denuncias de Hechos procedentes.

Sector Comunicaciones y Transportes - Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). “Liquidación del Programa para la Transición a la Televisión Digital Terrestre”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento, No. 0321. Preguntas: ¿Dónde se encuentran los 5,094 televisores comprados en exceso; los auditores de la ASF pudieron verlos físicamente? ¿Es posible que la ASF verifique la existencia física de los 11,533 televisores cuya documentación no acreditó su destino final, en otras palabras, en realidad existen esos 11,533 televisores o únicamente hay documentos?

Respuesta ASF: Los 5,094 televisores se encuentran en el almacén “Bombas”, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) ubicado en Calzada de las Bombas 421, Colonia Los Girasoles, C.P. 04920, Delegación Coyoacán, Ciudad de México, los cuales se verificaron físicamente por personal de la ASF, tal como quedó asentado en la minuta de trabajo del 13 de febrero de 2017. De 2014 a 2016, los 11,533 televisores fueron entregados en 29 entidades federativas, de acuerdo con la base de movimientos de entregas de televisores a beneficiarios; sin embargo, la SCT no presentó la evidencia documental necesaria. Por lo anterior, durante la ejecución de la auditoría no fue posible realizar una verificación física.

Sector Medio Ambiente y Recursos Naturales - Comisión Nacional del Agua. “Protección de las Aguas Subterráneas”. Auditoría de desempeño, No. 0415. Comentario: Los hallazgos de la ASF hacen evidente la desatención de la CONAGUA en este importante tema, pues como lo señala la ASF estos descuidos, aunados a que el número de acuíferos sobreexplotados pasó de 32 en 1975 a 105 en 2016, representan un riesgo para garantizar el vital líquido a los 119.5 millones de habitantes del país, en especial para los 60.0 millones de personas que se abastecen de los 105 acuíferos sobreexplotados, así como para las generaciones futuras. Pregunta: ¿Quiénes son los responsables directos de estas omisiones señaladas por la ASF? y ¿es posible fincar responsabilidades de tipo penal a los responsables de estas omisiones en materia de conservación de aguas subterráneas toda vez que se trata de un acto de negligencia criminal al poner en riesgo el abasto del vital líquido para la población?


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FSCP 2016

Respuesta ASF: De conformidad con la Ley de Aguas Nacionales (LAN), la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) es responsable de la implementación de proyectos de recarga artificial de agua y de la emisión de decretos de veda, reglamentos y declaratorias de rescate y reserva con el propósito de detener y revertir la sobreexplotación y el deterioro de las aguas subterráneas. Aunque se identificaron deficiencias por parte de la CONAGUA respecto a la administración de las aguas subterráneas, los resultados de las auditorías muestran que no se trata de actos constitutivos de presuntos delitos, por lo que se considera que las evidencias no son suficientes para fincar responsabilidades de tipo penal. La Comisión implementó dichos instrumentos legales, sin embargo el resultado fue marginal al no abarcar la totalidad de acuíferos en condiciones para su aplicación. La CONAGUA justificó que los proyectos de recarga artificial son una actividad costosa que no está cubierta de manera integral con el presupuesto asignado anualmente. Asimismo, la entidad aclaró que no emitió los decretos de veda y las declaratorias de rescate y reserva debido a la dificultad que representa la elaboración, revisión y aprobación de dichos documentos por parte del área jurídica de la Comisión, la SEMARNAT, la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.

Sector Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano - Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU). “Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio”. Auditoría de Desempeño, No. 0385. Preguntas: En opinión de la ASF ¿Qué tanta responsabilidad tienen en la problemática señalada los grupos empresariales de desarrollos inmobiliarios (residenciales y no residenciales? y ¿Es posible conciliar los intereses económicos de esos grupos con los objetivos de la política pública en materia de desarrollo urbano y desarrollo territorial?

Respuesta ASF: De conformidad con la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (LGAHOTDU), expedida el 28 de noviembre de 2016, “la planeación del Ordenamiento Territorial de los Asentamientos Humanos y del Desarrollo Urbano y de los Centros de Población estará a cargo, de manera concurrente, de la Federación, las entidades federativas, los municipios y las Demarcaciones Territoriales,


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de acuerdo con la competencia que les determina la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y esta Ley”. En el artículo 14 de dicha ley se dispone la conformación del Consejo Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, como una instancia de carácter consultivo, de conformación plural y de participación ciudadana, convocada por el titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) para la consulta, asesoría, seguimiento y evaluación de las políticas nacionales en la materia. Los desarrolladores inmobiliarios, así como otros actores, podrán participar en la política de desarrollo urbano y ordenamiento territorial en estos términos, pero no son responsables del diseño e implementación de la misma. Asimismo, de acuerdo con la LGAHOTDU, el Consejo Nacional diseñará el Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, el cual contendrá “los lineamientos y estrategias que orienten la inversión pública y privada a proyectos prioritarios para el Desarrollo Urbano del país”. En este sentido, a través de dicho programa sería posible incentivar la participación coordinada de los sectores público y privado.

GASTO FEDERALIZADO - Subejercicios del Gasto Federalizado en materia de Salud Comentario: Es preocupante el hallazgo que reporta la ASF acerca del tamaño de los subejercicios en programas sociales, específicamente en el área de salud, lo cual provoca un daño a la población al no brindárseles los apoyos o servicios correspondientes por la falta de aplicación de los recursos autorizados y ministrados.

− Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), subejercicios por un monto total de 1,116.8 millones de pesos, en los Estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, México, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luís Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

− PROSPERA Programa de Inclusión Social (componente de salud), subejercicios por un monto total de 571.1 millones de pesos en los Estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas.


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FSCP 2016

Pregunta: ¿La ASF ha fincado o fincará responsabilidades administrativas y/o penales a los funcionarios responsables de estos subejercicios, toda vez que se ha dejado de atender los problemas de salud de la población por la ineficiencia en la gestión del gasto?

Respuesta ASF: Los recursos no ejercidos son observados por la ASF y se les considera un monto por aclarar. Para su solventación se requiere a los entes fiscalizados que acrediten su aplicación en los fines previstos por la normativa. Con ello se evita que las secretarías de finanzas mantengan en sus cuentas bancarias recursos que posteriormente ya no se pueden fiscalizar por la ASF, lo que podría generar discrecionalidad en su aplicación.

- Problemas detectados en el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) Comentario: Es preocupante el hallazgo que reporta la ASF acerca del tamaño del subejercicio en el FAFEF, el cual asciende a 1,979.8 millones de pesos; así mismo, también es motivo de inquietud que en general, las Entidades Federativas no cuenten con sistemas de control interno eficientes, y tengan deficiencias en los procesos de planeación, ejecución y entrega de las obras, así como en los procesos de adjudicación de bienes y servicios. Comentario: Es preocupante el hallazgo que reporta la ASF acerca de las Transferencias de recursos a otras cuentas bancarias en el FAFEF por un monto total de 1,719.7 millones de pesos, principalmente en los Estados de Coahuila, Zacatecas y Morelos.

Respuesta ASF: La disposición legal que regula los criterios generales para la utilización de este fondo es la Ley de Coordinación Fiscal (LCF). La ASF considera que la gran diversidad de usos potenciales indicados en dicho ordenamiento ocasiona que el FAFEF no cuente con objetivos específicos y que los recursos se apliquen prácticamente a cualquier concepto, lo que implica que no se destine financiamiento, por ejemplo, a proyectos de alto impacto. Además, la asignación de este fondo en el PEF se encuentra sujeta a un patrón histórico: la fórmula de distribución establece que cada entidad federativa recibirá un monto equivalente a la aportación recibida en el año anterior más un porcentaje de incremento en sus recursos totales. La ASF ha determinado que, a pesar de que el FAFEF representa un apoyo importante para el financiamiento del servicio de la deuda pública de las entidades federativas, los


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recursos se utilizan para resarcir el monto pagado para estos efectos con las participaciones federales. Esto afecta la transparencia de la gestión del fondo y dificulta su trazabilidad. Con base en lo anterior, y para mejorar la gestión del FAFEF, la ASF plantea cambios específicos en distintas fracciones del artículo 47 de la LCF:

En la fracción I, se sugiere incluir que los estudios, elaboración y evaluación de proyectos, supervisión y control deben referirse a las obras de infraestructura financiadas con los recursos del fondo. Asimismo, precisar el alcance del concepto de Infraestructura física, para lo cual se propone que en ésta se consideren las obras referentes a: las infraestructuras artística y cultural, deportiva, educativa, social, vial y urbana.

En la fracción II, se sugiere especificar que la utilización del FAFEF para el saneamiento financiero debe constreñirse al pago de la amortización de la deuda pública y los gastos asociados a la misma, de manera directa, en porcentajes a ser determinados. Asimismo, se propone que se precise el concepto de “acciones de saneamiento financiero”.

En la fracción III, se sugiere especificar que el saneamiento de pensiones se realizará mediante el pago de la nómina de jubilados y pensionados. Por su parte, en cuanto a la reforma del sistema de pensiones de los estados, se sugiere que se señale que un porcentaje por definirse del fondo, se destine a incrementar las reservas actuariales.

En las fracciones IV, V, VI, VII y VIII, se sugiere establecer un porcentaje para asignar recursos a los rubros indicados en cada una de ellas.

En la fracción IX, se sugiere especificar que el financiamiento de pago a estudios, proyectos, supervisión, liberación del derecho de vía y otros bienes y servicios, se debe relacionar exclusivamente con las obras financiadas con recursos del fondo.

En el último párrafo del citado artículo, se sugiere incluir como salvedades de su destino para erogaciones de gasto corriente o de operación, los casos previstos, expresamente, en las fracciones I y III.


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GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL (PRI) SECTOR GOBIERNO - Suprema Corte de Justicia de la Nación En la auditoría de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, “Construcción del Nuevo Edificio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Ciudad de México”, auditoría de Inversiones Físicas, No. 4-GB, se encuentra en proceso de solventación la Solicitud de Aclaración 16-0-03100-04-0004-03-003, en la cual se destaca lo siguiente: “Para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por conducto de su Dirección General de Infraestructura Física, aclare y proporcione la documentación adicional justificativa y comprobatoria de 1,706,095.21 pesos (un millón setecientos seis mil noventa y cinco pesos 21/100 M.N) por concepto de obra y servicios pagados no ejecutados en las subpartidas video digital de recorrido virtual, representaciones virtuales en perspectiva (renders) y cisternas y cárcamo de bombeo del contrato de obra pública a precio alzado y tiempo determinado núm. SCJN/DGIF/09/07/2016”. Pregunta: ¿Si la ASF está realizando alguna acción de fiscalización que contribuya en el futuro para que no se presenten pagos por concepto de obra y servicios no ejecutados en las distintas instancias?

Respuesta ASF: La ASF, como parte del proceso de fiscalización, comprueba si los recursos de las inversiones y los gastos autorizados a las entidades fiscalizadas se ejercieron en los términos de las disposiciones aplicables, a través de la formulación de recomendaciones, las cuales son acciones de carácter preventivo. De este modo, las entidades fiscalizadas tienen la oportunidad de tomar las medidas de control pertinentes para evitar los pagos de obra y servicios no ejecutados cometidos por las instancias revisadas.

DESARROLLO SOCIAL - Seguro de Vida para jefas de familia Sobre la auditoría de desempeño 266, Seguro de Vida para Jefas de Familia, la ASF determinó que la SEDESOL carece de mecanismos internos que aseguren que las mujeres pre-registradas en el programa cumplan con los criterios de selección. Al respecto, la ASF considera que es necesario implementar un proceso sistemático que le permita identificar, evaluar, jerarquizar, controlar y dar seguimiento a los riesgos que puedan obstaculizar o impedir el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.


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Preguntas: ¿qué tipo de proceso recomienda la ASF implementar a fin de que la SEDESOL cumpla cabalmente con sus objetivos y metas establecidos? La ASF revisó la operación del Programa de Fomento a la Economía Social (auditoria 272). Entre los resultados más importantes destaca que el INAES revisó que los apoyos otorgados en 2016 no hayan presentado duplicidades con otros programas de otras dependencias, sobre el particular, durante la revisión se comprobó que en efecto la Coordinación General de Planeación y Evaluación del INAES envió 28 oficios solicitando la confronta de los solicitantes de apoyos en 10 convocatorias: a la Comisión Nacional para los Pueblos Indígenas (CDI), la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), y la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), detectándose concurrencias que se hicieron del conocimiento de los involucrados para evitar la duplicidad de los apoyos. Por lo anterior, la ASF recomendó que estas entidades evalúen la conveniencia de crear una base de datos única que les permita compartir en línea, la información de las solicitudes de apoyo a fin de facilitar su consulta en tiempo real para evitar la duplicidad en el otorgamiento de apoyos entre dichas dependencias. Al respecto quiero comentar que hace 11 años que se aprobó la Ley General de Desarrollo Social, donde se estableció como obligación la creación del Padrón Único de Beneficiarios (PUB) justamente para evitar las duplicidades en la entrega de los apoyos y llevar de una manera ordenada la concentración de la totalidad de los programas sociales, sin embargo, hasta la fecha no se ha logrado consolidar y estos resultados lo confirman. Preguntas: ¿Qué acciones ha emprendido la ASF contra las dependencias por el incumplimiento de lo que mandata la Ley General de Desarrollo Social?; ¿Por qué en los resultados de la auditoría señalada no se menciona nada sobre el Padrón Único de Beneficiarios y en cambio se recomienda la creación de una base de datos única?; ¿No resultaría improductivo crear una base de datos única si ya se tiene por mandato en ley la creación de un padrón único de beneficiarios?, y finalmente, ¿cuáles son las consecuencias sociales que esta situación acarrea?

Respuesta ASF: Respecto a la revisión al programa “Seguro de Vida para Jefas de Familia” la ASF recomendó que la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) dispusiera de la información necesaria para evaluar la contribución del programa a la permanencia en el sistema escolar de los hijos de hasta 23 años en estado de orfandad. Asimismo, se recomendó a la Secretaría contar con mecanismos para verificar que las madres jefas de familia que se incorporen al programa se encuentren en condiciones de pobreza, vulnerabilidad por carencias sociales o vulnerabilidad por ingresos. En relación con los resultados de la auditoría al Programa de Fomento a la Economía Social, es importante aclarar que la revisión se realizó de conformidad con las Reglas de Operación del ejercicio 2016, las cuales disponen la focalización e integración del Padrón Único de Beneficiarios.


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Asimismo, cabe señalar que la observación emitida se refiere a las confrontas efectuadas de los solicitantes de apoyos, con respecto a los registros de otras dependencias, y no del propio padrón de beneficiarios, el cual de acuerdo con la Ley General de Desarrollo Social, constituye la relación oficial de todas las personas atendidas por programas federales de desarrollo social. Como ya se mencionó, la confronta que realizó el Instituto Nacional de la Economía Social (INAES) únicamente incluyó a los solicitantes que participaron en las convocatorias, es decir, éstos aún no pueden clasificarse como beneficiarios. En este sentido, la observación emitida por la ASF se refirió a que la retroalimentación entre dependencias y al interior de las mismas no es oportuna, lo cual origina que se dictaminen y aprueben apoyos, aun cuando existe el riesgo de duplicidades. Por lo anterior, se propuso la elaboración de una base de datos que permitiera realizar las confrontas necesarias antes de someter las solicitudes a dictaminación, con el fin de prevenir duplicidades. Dicha base de datos únicamente incluiría a quienes participen en alguna convocatoria para el otorgamiento de apoyos; motivo por el cual no se contrapone con la creación del Padrón Único, el cual abarca a quienes ya reciben algún tipo de beneficio. Por esta razón, la ASF considera que la observación emitida no implica consecuencias sociales negativas, toda vez que la creación de una base de datos única de solicitantes constituye una herramienta adicional que coadyuva a evitar duplicidades en la entrega de apoyos. Por último, cabe mencionar que como parte de la fiscalización de la Cuenta Pública 2013, la ASF emitió una recomendación al INAES respecto a la creación de una base de datos única en línea que le permitiera compartir las solicitudes de apoyo de la SEDESOL, la Comisión Nacional de los Pueblos Indígenas (CDI) y la SEDATU. A la fecha, únicamente se han efectuado algunas reuniones para acordar las características de dicho sistema de información.

DESARROLLO ECONÓMICO - Deficiencias en la inspección laboral (Economía y Trabajo) En el sector Trabajo y Previsión Social, la ASF practicó a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, una auditoría de desempeño denominada “Inspección Laboral”. Tal como se señala en el Informe del Resultado, las irregularidades detectadas fueron las siguientes:


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Baja cobertura de los centros de trabajo inspeccionados.

Deficiencias en la integración de los expedientes de inspecciones a los centros de trabajo.

Desconocimiento de que los centros de trabajo cumplen o no con la normativa laboral.

Inexistencia de indicadores y metas de la cobertura de visitas.

Incumplimiento del objetivo de profesionalizar a los servidores públicos en las tareas de inspección.

No se reportó ninguna persona certificada en materia de inspección laboral.

Preguntas: ¿Qué acciones recomienda la ASF, en el ámbito de su competencia, para promover que en los centros de trabajo se cumplan las disposiciones jurídicas en materia laboral, de acuerdo con el artículo 18, fracciones I y II, del Reglamento General de Inspección del Trabajo y Aplicación de Sanciones (RGITAS)?, ¿La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita determinó que la prestación de servicios de contratación (outsourcing) es vulnerable a estas operaciones, de qué manera estas inspecciones laborales están contribuyendo a que el outsourcing no este albergando Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita?

Respuesta ASF: Con motivo de las observaciones determinadas durante los trabajos de auditoría, la ASF formuló recomendaciones orientadas a que las autoridades en materia laboral brindaran asesoría y asistencia técnica para fomentar, entre trabajadores y patrones, el cumplimiento de la normativa laboral, el trabajo digno, la inclusión laboral, la capacitación, la productividad y una cultura de la prevención de riesgos de trabajo, en línea con la salvaguarda de los derechos humanos laborales. De manera particular, la ASF recomendó a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) que diseñara un indicador de cobertura de visitas de asesoría y asistencia técnica; dispusiera de una programación de metas de visitas a los centros de trabajo; instrumentara mecanismos de control y criterios generales para la integración de la documentación en los expedientes que resulten de las visitas de inspección. Asimismo, se sugirió que la Secretaría cumpliera con el indicador "número de certificaciones en estándares de competencia en seguridad y salud en el trabajo", el cual mide la eficiencia del desempeño de los inspectores federales del trabajo, mediante la certificación en temas relacionados con el proceso de inspección. Por otra parte, en 2016, la STPS realizó 115,041 visitas de inspección a los centros de trabajo, con el objeto de promover y vigilar el cumplimiento de las condiciones generales de trabajo, seguridad, higiene y adiestramiento, entre otras materias. De la información anterior se concluyó que las visitas de inspección realizadas en ese año no contribuyeron, ni permitieron conocer en qué medida las prácticas de outsourcing albergan la posibilidad de operaciones con recursos de procedencia ilícita.


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- Pequeña representatividad del programa “Fortalecimiento de la Infraestructura Científica y Tecnológica” (Ciencia y Tecnología) En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 y en el Programa Sectorial de Educación (PSE) 2013-2018, se establece que el sector ciencia y tecnología presenta problemáticas diversas: rezago en el mercado global de conocimiento; carencia en la formación de capital humano; falta de inversión privada en Ciencia Tecnología e Innovación (CTI); insuficiencia en la inversión gubernamental; falta de vinculación empresarial con los grupos y centros de investigación científica en el país y desarticulación de los actores del Sistema Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación (SNCTI) con las empresas, por lo que no son aprovechadas las capacidades de las Instituciones de Educación Superior (IES) y los Centros Públicos de Investigación (CPI). En materia de infraestructura científica y tecnológica, también se identifican deficiencias: desconocimiento del acervo y distribución de la infraestructura para la ciencia, tecnología e innovación del país, y falta de políticas públicas que faciliten los esquemas de importación de equipos, materiales, insumos, reactivos y animales para la investigación que realiza el sector ciencia, tecnología e innovación. En 2016, el gasto ejercido por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (31 mil 626.5 millones de pesos), fue orientado principalmente a Becas de Posgrado y Apoyo a la Calidad (29.8%); al Sistema Nacional de Investigadores, (14.1%); Investigación Científica, Desarrollo e Innovación (13.9%); Innovación Tecnológica para Incrementar la Productividad de las Empresas (12.9%); Apoyos para Actividades Científicas, Tecnológicas y de Innovación (9.6%); Diseño y Evaluación de Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación; y, otros programas de menor representatividad (15.5%). Preguntas: De acuerdo con la asignación del gasto en 2016, el programa presupuestario S236 “Fortalecimiento de la Infraestructura Científica y Tecnológica”, recibió pocos recursos federales, es decir, tuvo una baja representatividad en la distribución del gasto total de la entidad, ¿En materia de fiscalización, que acciones recomendaría la ASF al CONACYT, para que en la asignación del gasto priorice programas fundamentales considerados en la planeación nacional?

Respuesta ASF: En el diagnóstico del Programa Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, en materia de ciencia, tecnología e innovación (CTI), se señala que la experiencia internacional muestra que para detonar el desarrollo en la materia es conveniente que la inversión en investigación científica y desarrollo experimental (IDE) sea superior o igual al 1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). En nuestro país, esta cifra alcanzó 0.5 por ciento del PIB en 2012, lo cual representó el nivel más bajo entre los países miembros de la Organización


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para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) e incluso fue menor al promedio latinoamericano. Asimismo, en el diagnóstico del Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación (PECITI) 2014-2018, se señala que después del capital humano, el elemento más relevante para el desarrollo de la CTI lo constituye la infraestructura científica y tecnológica. Asimismo, se menciona que se requiere la creación de nuevos laboratorios nacionales, regionales y universitarios que faciliten el trabajo colaborativo entre diversas instituciones. En este contexto, la ASF a partir de su ejercicio fiscalizador ha recomendado que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) analice y priorice sus programas, con el objeto de atender los objetivos establecidos en los documentos de la planeación nacional, así como en los programas sectoriales y especiales vigentes.

- Daños económicos en proyectos de mantenimiento en las refinerías (Energía) En su labor de fiscalización a la Cuenta Pública 2016, la ASF aplicó a Pemex Transformación Industrial una auditoría de inversiones físicas, relativa al “Mantenimiento de la Capacidad de Producción en las Refinerías de Salinas Cruz y Minatitlán, y Tren Energético”; dicha revisión permitió a la ASF detectar diversas irregularidades, entre las que destacan las siguientes: Daño probable a la Hacienda Pública Federal por un monto de 127 mil 884.9 millones de pesos, por la adquisición de 47 equipos completos por emergencia, afectados por la presencia de cloruros orgánicos para diferentes plantas de proceso de la refinería, en Minatitlán, Veracruz. Se observó que 20 equipos no están instalados, los cuales presentaban deterioro, por lo que dicha emergencia no está debidamente justificada. La ASF derivada de estas observaciones emitió tres Promociones de Responsabilidad Administrativa (PRAS) y un Pliego de Observaciones. Preguntas: ¿Tiene conocimiento qué acciones ha tomado PEMEX para atender el señalamiento del probable daño a la hacienda pública federal?, ¿En la labor de fiscalización superior, se han identificado casos semejantes en los proyectos de mantenimiento efectuados por esta entidad?, ¿Qué hechos y denuncias ha realizado en el pasado la ASF sobre esta problemática y cuales han sido los resultados?

Respuesta ASF: En relación con las tres Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS) emitidas por la ASF, la entidad dictó los acuerdos dando por iniciadas las investigaciones correspondientes conforme a las denuncias registradas con los siguientes expedientes: 2017/PTI/DE154; 2017/PTI/DE155; 2017/PTI/DE156.


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Por otra parte, la entidad no se ha manifestado respecto al Pliego de Observaciones, por lo cual la ASF podría elaborar el oficio de no atención, con lo cual se daría inicio a las acciones legales respectivas conforme a la normativa aplicable. El monto del presunto daño asentado en el Pliego de Observaciones es de $127,884,919.06 (ciento veintisiete millones ochocientos ochenta y cuatro mil novecientos diecinueve pesos 06/100 M.N.).

GASTO FEDERALIZADO - Sistema Nacional anticorrupción Dentro del Sistema Nacional Anticorrupción, tan sólo siete Estados han nombrado a los encargados de las Fiscalías Anticorrupción y cinco han conformado los Tribunales de Justicia Administrativa. La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, establece en su artículo 2° transitorio “Dentro del año siguiente a la entrada en vigor del presente Decreto, el Congreso de la Unión y las Legislaturas de las Entidades Federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán expedir las leyes y realizar las adecuaciones normativas correspondientes de conformidad con lo previsto en el presente Decreto”. Por lo anterior, Querétaro, Morelos, Sonora y Edo México son las únicas entidades que han cumplido con las reformas y los nombramientos para la Fiscalía y el Tribunal; caso contrario se observa en el Estado de Chihuahua. Pregunta: ¿Tiene la ASF, previsto algún tipo de estrategia con la cual coadyuve con las Entidades Federativas, en especial Chihuahua, para avanzar en este tipo de reforma urgente y sensible para la modernización de fiscalización?

Respuesta ASF: En el marco de las actividades del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), la ASF ha promovido distintas acciones de seguimiento a los avances de las entidades federativas respecto a la conformación de los sistemas locales. De manera particular, en septiembre la ASF llevó a cabo el levantamiento de una encuesta sobre el estado que guarda la armonización legal en los estados, así como sobre el contenido de dichas leyes. Con base en los resultados de la encuesta referida, el Comité Coordinador del SNA analizará la mejor alternativa para coadyuvar a la conformación de las instancias locales de combate a la corrupción. Asimismo, en el marco de las reuniones del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF) y de los Grupos de Trabajo que lo integran, la ASF ha promovido la discusión e intercambio de información y materiales de apoyo sobre los distintos componentes legales y operativos de la política nacional anticorrupción. Por ejemplo, como parte de las actividades del Grupo Jurídico Consultivo del SNF, se acordó la elaboración de un prontuario sobre la Ley


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General de Responsabilidades Administrativas (LGRA), así como una guía para la conformación de las áreas de investigación y substanciación, entre otras acciones.

En la administración Federal se ha observado que uno de los factores más importantes en la corrupción es la incorporación de funcionarios públicos al sector privado con conflictos de interés, que luego retornan otra vez al sector público. Este mal endémico ha sido señalado en la criminología internacional como el problema por excelencia detonante de la corrupción sistemáticamente organizada a través de redes complejas de corrupción anidadas de forma simultánea en las tres esferas de gobierno: Local, Estatal y Federal. En el ámbito de los gobiernos subnacionales: Preguntas: ¿Cómo contribuirá la ASF a erradicar este problema?, ¿Tiene la ASF un diagnóstico de la corrupción basada “en las puertas giratorias” (revolvingdoor)?

Respuesta ASF: Si bien la ASF no cuenta con un diagnóstico sobre la problemática denominada “puertas giratorias”, es importante mencionar que en el marco de las actividades del SNF y de conformidad con la Ley General del SNA (LGSNA) la institución, de manera coordinada con la Secretaría de la Función Pública (SFP), está elaborando los “Lineamientos para la mejora institucional de los integrantes del SNF”, en los cuales se hace mención de la importancia de establecer políticas de control interno y ética pública, con el fin de detectar oportunamente riesgos de integridad, entre los que se encuentran los conflictos de interés. Asimismo, el Comité Rector del SNF está llevando a cabo la revisión y actualización de las Normas Profesionales de Auditoría, las cuales de acuerdo con la LGSNA, serán de aplicación obligatoria para todos los órganos de auditoría gubernamental del país. Dichas normas igualmente hacen referencia a la necesidad de establecer directrices para la identificación y atención de conflictos de interés.

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL (PAN) SECTOR GOBIERNO - Consejo de la Judicatura Federal En la auditoria número 8 realizada al Poder Judicial y en específico al Consejo de la Judicatura Federal, se hace la siguiente Recomendación por parte de la Auditoría Superior de la Federación: “Para que el Consejo de la Judicatura Federal instruya a las áreas responsables para que en lo subsecuente se aseguren de que en la ejecución y terminación de los trabajos de las obras públicas a su cargo se cumpla en tiempo y forma con la formalización de los finiquitos y del acta de extinción de derechos de las obras”.


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Este tipo de recomendaciones se han realizado a otras instancias del Gobierno prácticamente en los mismos términos y condiciones a lo largo de diferentes años. Preguntas: ¿Señor Auditor, la ASF está realizando alguna acción para inhibir esta deficiente práctica gubernamental en la ejecución del gasto?

Respuesta ASF: De conformidad con el marco jurídico que rige la actuación de la ASF, en los casos en los que los resultados de las auditorías a obras públicas han revelado la existencia de irregularidades, la institución ha actuado al límite de sus atribuciones con el objeto de emitir las acciones preventivas y correctivas necesarias. Asimismo, la ASF ha llevado a cabo análisis sobre las problemáticas específicas que se presentan en materia de obra pública en el país, con base en los resultados agregados de las auditorías practicadas a las últimas Cuentas Públicas. Asimismo, dichos análisis incluyen una descripción de los factores estructurales que han propiciado que las inversiones en infraestructura constituyan una importante área de riesgo en cuanto a la comisión de irregularidades. De manera particular, la ASF elaboró un informe especial en materia de obra pública, a partir de los resultados de las auditorías de las Cuentas Públicas de 2011 a 2016. Dicho informe fue presentado a la Cámara de Diputados el pasado 31 de octubre y puede ser consultado en la siguiente dirección: http://www.asf.gob.mx/uploads/256_Informes_Especiales/Informe_Especial_Obra_publica.pdf Asimismo, en los Informes Generales de las Cuentas Públicas 2014 y 2015 se incluyen análisis sobre las problemáticas asociadas a los procesos de planeación, contratación, ejecución y supervisión de los proyectos. Dichos informes están disponibles en las siguientes direcciones: http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2014i/Documentos/InformeGeneral/ig2014.pdf y, http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2015i/Documentos/InformeGeneral/ig2015.pdf

- Proceso electoral De la auditoría 1796 al INE referida al proceso electoral realizado en 2016, a 17 entidades federativas para renovar 1,430 cargos de elección popular: 13 gubernaturas, 448 diputaciones locales y 969 ayuntamientos, en los que la Unidad Técnica de Fiscalización del INE realizó la fiscalización de los ingresos y egresos de los 8,271 candidatos locales que participaron en los procesos electorales locales, mediante la verificación del registro de sus operaciones en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF), la práctica de auditorías y visitas de verificación, la

http://www.asf.gob.mx/uploads/256_Informes_Especiales/Informe_Especial_Obra_publica.pdf

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http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2014i/Documentos/InformeGeneral/ig2014.pdf

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revisión de sus informes de ingresos y egresos, así como la promoción de sanciones ante el Consejo General del instituto; nos señala usted Señor Auditor que, es necesario fortalecer el Sistema de Evaluación del Desempeño, a fin de contar con indicadores que permitan evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas relacionados con la fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos. Preguntas: ¿Qué medidas ha implementado el INE para integrar a los partidos políticos al Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)? ¿Qué medidas de Fiscalización Superior está pensando realizar la ASF para que se avance en la aplicación del SED a los partidos políticos?

Respuesta ASF: Respecto de la primera pregunta, el Instituto Nacional Electora (INE) publicó en 2016 su Reglamento de Fiscalización, el cual en su artículo 178, señala que los partidos políticos contarán con un Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) para los programas y las operaciones relativas a la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres. Para la evaluación del SED, la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) del INE deberá analizar la consistencia y resultados generados, considerando los criterios de eficacia, eficiencia y calidad. Además, podrá emitir recomendaciones para asegurar mejores condiciones en el ejercicio del gasto de los partidos políticos y garantizar el derecho de las mujeres a una participación política en condiciones de equidad. Asimismo, el INE emitió los lineamientos del gasto programado, a fin de lograr la adecuada integración de los Programas Anuales de Trabajo de los partidos y de incluir las disposiciones para el diseño de indicadores de desempeño. Respecto al papel de la ASF en esta temática, se analizará la pertinencia de proponer una auditoría de desempeño al INE en lo concerniente al ejercicio fiscal 2018. La revisión abarcaría el diseño de los indicadores del SED de los partidos políticos, los resultados de los ejercicios 2017 y 2018, así como el seguimiento de las recomendaciones determinadas por la UTF.

DESARROLLO SOCIAL - Adultos Mayores El Gobierno Federal ha emprendido, desde el inicio de la Administración, una campaña para reconocer a los adultos mayores como principales fuentes de sabiduría, pero sobre todo para proteger sus derechos y ponerlos como una prioridad dentro del eje México Incluyente del Plan Nacional de Desarrollo (PND). Por ello puso en marcha un programa denominado “Servicios a


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Grupos con Necesidades Especiales” a través del cual da atención integral a los adultos mayores. En la fiscalización a la Cuenta Pública 2016, la ASF reconoció que el Instituto de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) atendió a 230,579 adultos mayores, cantidad superior en 14.1% a la meta de 202.1 miles de personas adultas mayores y que representaron el 1.8% de las 12,520.7 miles de personas adultas del país. Respecto de la incorporación de los adultos mayores a la vida laboral, el Instituto vinculó a 11,165 personas a una actividad productiva, cifra que representó el 73.0% de los 15,287 adultos mayores comprometidos. Preguntas: ¿la ASF considera que se ha avanzado en el cumplimiento de la meta del Gobierno Federal en cuanto a lo establecido por el PND? Por otro lado ¿cuáles son los retos que la entidad de fiscalización superior considera aún quedan por cumplir?

Respuesta ASF: Como resultado de la fiscalización superior al programa presupuestario E003 “Servicios a grupos con necesidades especiales” se concluyó que a 14 años de su operación, el Instituto de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) desconoce en qué medida promovió, en coordinación con las autoridades competentes, el desarrollo humano integral de las 230.6 miles de personas adultas mayores beneficiadas. Lo anterior impidió a la ASF valorar el cumplimiento del objetivo establecido en el PND 2013-2018 de transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente mediante la articulación de políticas que atiendan de manera específica cada etapa del ciclo de vida de la población. En relación con los retos que identifica la ASF, se considera necesario que el INAPAM se coordine con los estados y municipios, para que la prestación de los servicios de asistencia social a las personas adultas mayores se realice con calidad y conforme a los objetivos de los distintos programas. Asimismo, es necesaria la conformación del Registro Único Obligatorio de todos los centros para la atención de personas adultas mayores en México, con el objeto de garantizar una regulación y supervisión adecuadas de las instituciones públicas y privadas que ofrecen servicios a dicho grupo poblacional.

Como se sabe, el Gobierno Federal implementó un proceso presupuestario desde la perspectiva de base cero, lo que implicó la reestructuración de diversos programas sociales, uno de ellos fue el Programa de Fomento a la Economía Social, el cual estuvo a cargo de la Secretaria de Economía hasta el 2015 pero posteriormente se sectorizó al ramo 20 Desarrollo Social. A partir de ese momento el Gobierno Federal está implementando acciones para fusionar el Programa de Fomento a la Economía Social con el Programa de Opciones Productivas que ya existía en la dependencia a cargo (SEDESOL), el objetivo de esto es contribuir a mejorar el ingreso de las personas en situación de pobreza mediante el fortalecimiento de capacidades y medios de los Organismos del Sector Social de la Economía.


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Preguntas: ¿considera la ASF que esta fusión cubra de manera íntegra todas las vertientes que por sí solos atendía cada uno de los programas? ¿Considera que fue una acción adecuada del Gobierno Federal el fusionar ambos programas?

Respuesta ASF: El Programa de Fomento a la Economía Social inicialmente afectó presupuestalmente al ramo 10 “Economía”; por tal motivo, en la Cuenta Pública revisada, los apoyos estuvieron dirigidos a los “Organismos del Sector Social de la Economía” regidos por la Ley de la Economía Social y Solidaria, mientras que el Programa de Opciones Productivas, con cargo al ramo 20 “Desarrollo Social”, se dirigió a grupos de personas con ingresos por debajo de la línea de bienestar que contaran con alguna iniciativa productiva, de conformidad con la Ley General de Desarrollo Social. Por lo anterior, aun cuando el objetivo de ambos programas es apoyar proyectos productivos, a la fecha de la revisión, los requisitos y criterios para su otorgamiento no se corresponden, razón por la cual, aunque forman parte de las mismas Reglas de Operación, dichos programas se operan y registran por separado, además de que sus indicadores de propósito son diferentes y también se calculan de manera independiente. Cabe señalar que a la fecha no se ha definido la población potencial y objetivo del programa consolidado, ni se han igualado las vertientes, requisitos ni montos de los apoyos de tipo económico y social que otorgan el INAES y la Dirección General de Opciones Productivas (DGOP) de la SEDESOL, respectivamente. De igual forma, no se tiene definida la unidad responsable de la unificación de los programas. A pesar de las deficiencias antes mencionadas, la ASF considera acertado haber fusionado dichas políticas, ya que ambas proporcionan apoyos a proyectos productivos. Con su unificación se favorece la identificación de oportunidades de inversión, capacitación, asistencia técnica, organización, entre otras acciones de apoyos a los grupos sociales. Asimismo, la consolidación de los dos programas coadyuvará a la optimización de los recursos y a la mejora en su implementación. Asimismo, el nuevo programa contribuye al logro del Objetivo 6 "Mejorar el ingreso de las personas en situación de pobreza mediante el apoyo y desarrollo de proyectos productivos" del Programa Sectorial de Desarrollo Social 2013-2018 a través de la Estrategia 6.1 "Promover la generación y consolidación de proyectos productivos sustentables en el sector social de la economía para mejorar los ingresos de las personas en situación de pobreza".


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SECTOR SALUD En la revisiones de las cuentas públicas 2014, 2015 y el parcial de 2016 se ha observado que la ASF ha realizado diversas auditorías, tanto a la Secretaría de Salud como a otras entidades del estado, para verificar el desempeño respecto de la calidad en la Atención Medica brindada, en seguimiento a los compromisos establecidos en el PND 2007-2012, el cual “la calidad” es uno de los componentes de la política de salud, estableciéndose para ello la estrategia 5.3 “Asegurar recursos humanos, equipamiento, infraestructura y tecnologías de la salud suficientes, oportunas y acordes con las necesidades de salud de la población”, para que ésta contara con servicios de salud eficientes y de alta calidad. Preguntas: ¿Cuál ha sido el desempeño general de los objetivos y programas destinados a la atención de dicha estrategia?, Con base en los resultados obtenidos en sus diferentes revisiones tanto a la Secretaria de Salud como a las entidades de salud involucradas, ¿Considera la ASF que los compromisos establecidos en el PND 2007-2012 están alcanzando tanto los objetivos como las metas propuestas?

Respuesta ASF: A efecto de evaluar el cumplimiento de las líneas de acción establecidas en el PND 2013-2018, relacionadas con la formación de recursos humanos y el desarrollo y fortalecimiento de la infraestructura en salud, la ASF ha llevado a cabo diversas auditorías de desempeño y evaluaciones de políticas públicas a las instituciones del sector salud que prestan servicios médicos en el primero, segundo y tercer niveles. Dichas revisiones se han focalizado a la revisión de la atención médica que se brinda a la población con seguridad social y a la abierta. De manera particular, se han fiscalizado los resultados sobre la formación de recursos humanos; el desarrollo de la investigación médica, y el mantenimiento y ampliación de la infraestructura y equipamiento hospitalario. En cuanto a las instituciones de seguridad social, se han verificado los siguientes avances:

Con motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública 2014, se realizaron cuatro auditorías de desempeño a la atención médica preventiva, en las que se emitieron tres recomendaciones al desempeño al Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y a Petróleos Mexicanos (PEMEX), orientadas a que sus plantillas de personal médico se ajustaran a los estándares establecidos por la Secretaría de Salud (SS), a fin de garantizar la atención médica preventiva a sus derechohabientes. Para la atención de las recomendaciones referidas, el ISSSTE acreditó que en 2016, la SHCP le autorizó 4,000 plazas de médicos, enfermeras y personal técnico, lo que le permitiría acercarse al estándar establecido por la SS de 1.4 médicos y 2.1 enfermeras por cada 1,000 derechohabientes. Por su parte, PEMEX sustentó el inicio de las gestiones con el área de recursos humanos, para la autorización de plazas adicionales para cubrir la falta de personal médico en sus unidades hospitalarias.


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En materia de infraestructura y equipamiento, se emitieron dos recomendaciones al ISSSTE y a PEMEX, respecto al diseño de indicadores y metas que den cuenta de la capacidad instalada de su infraestructura. Para su atención, el ISSSTE modificó la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) de 2016, del programa presupuestario K011 “Proyectos de infraestructura social”, en la que incorporó once indicadores para evaluar su capacidad instalada. Por su parte, PEMEX elaboró el documento “Estándares asistenciales” de las unidades médicas, mediante el cual se actualizaron los indicadores del área operativa, entre los que se identificaron los relacionados con la infraestructura física.

En la fiscalización de la Cuenta Pública 2015, se llevaron a cabo cinco auditorías a las instituciones de seguridad social, sobre la prevención y control de las principales enfermedades crónicas no transmisibles (diabetes, obesidad, enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias no transmisibles y cáncer de la mujer). De estas revisiones, derivaron diez recomendaciones al desempeño, enfocadas a que las instituciones dispusieran de un análisis para determinar el personal médico especialista requerido en sus unidades médicas para la atención de los derechohabientes que presenten dichos padecimientos, y catorce para contar con un diagnóstico situacional de la infraestructura disponible y la requerida.

Para la atención de las 24 recomendaciones, el IMSS, el ISSSTE, el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM) y PEMEX acreditaron en 2017 la realización de un diagnóstico situacional del personal médico, así como de la infraestructura y equipamiento requerido para la prevención y control de las principales enfermedades crónicas no transmisibles, a fin de contribuir a mejorar la calidad de los servicios médicos que ofrecen a su derechohabiencia.

Respecto a la atención de la población que no tiene acceso a la seguridad social, la ASF observó lo siguiente:

En la fiscalización de la Cuenta Pública 2015, se realizó la evaluación 1576 “Evaluación de la Política Pública del Sistema de Protección Social en Salud (SPSS)”. Los resultados evidenciaron que la implementación de dicho programa permitió atender el problema público de la falta de acceso de la población abierta a los servicios de salud, mediante un esquema de solidaridad social. Sin embargo, de persistir o incrementarse las debilidades y deficiencias identificadas, particularmente en materia de financiamiento, el SPSS no logrará, en el mediano plazo, asegurar la protección financiera de la población afiliada ante contingencias médicas; satisfacer las expectativas de los usuarios afiliados.


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En consecuencia, de mantenerse el diseño e instrumentación de la política pública de protección social en salud bajo las condiciones actuales, céteris páribus, es de esperar que no se cumpla con el mandato de garantizar el acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso al momento de utilización y sin discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan las necesidades de salud de las personas sin seguridad social.

Las sugerencias derivadas de la evaluación se dirigieron a que el SPSS garantice el acceso a los servicios de salud de la población sin seguridad social y contribuya a concretar la visión de un sistema de salud universal con las siguientes características: (1) único, (2) no fragmentado, (3) de cobertura total, (4) con recursos suficientes para asegurar la atención efectiva, y no sólo la afiliación nominal de las personas, (5) financiado equitativamente por medio de impuestos generales progresivos, (6) con una planeación estratégica de alcance nacional, (7) que permita satisfacer las necesidades de salud de la población, desde las unidades de atención primaria hasta las de tercer nivel, (8) que priorice la prevención de la salud; con una calidad homogénea en todo el territorio, y (9) con una operación descentralizada en la que cada orden de gobierno cumpla cabalmente sus atribuciones y responsabilidades.

Asimismo, la fiscalización de la Cuenta Pública 2016 incluye la evaluación núm. 1783 "Evaluación de la Política Pública de Infraestructura, Equipamiento y Disposición de Recursos Humanos en Salud" en la SS, el IMSS, el ISSSTE, el ISSFAM y PEMEX, la cual se presentará en febrero de 2018, como parte de la tercera entrega de Informes Individuales. El objetivo de dicha revisión es determinar en qué medida el Sistema Nacional de Salud (SNS) ha logrado aminorar las problemáticas vinculadas con la insuficiencia y deficiencia de la infraestructura, equipamiento y recursos humanos relacionados con la prestación de servicios de salud a toda la población.

Se ha observado que en muchos de los programas auditados, el común denominador de las irregulares detectadas coincide con la falta de certeza de la información provista por las entidades encargadas de llevar a cabo la aplicación de los programas, en consecuencia la ASF ha recomendado reiteradamente la mejora del diseño de sus indicadores de manera que permitan verificar y contar con información suficiente, clara y oportuna para la adecuada rendición de cuentas de su gestión pública. Pregunta: ¿Ha observado la ASF avances positivos significativos sobre estas recomendaciones?

Respuesta ASF: La atención de las recomendaciones emitidas por la ASF ha tenido como efecto los siguientes avances.


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En 2016 el IMSS implementó el sistema “Registro Institucional de Cáncer”, el cual tiene como propósito establecer canales de comunicación efectivos entre los tres niveles de atención, así como dar seguimiento a las pacientes con cáncer cérvico-uterino y de mama. Con este sistema, que a su vez forma parte del Sistema de Información de Atención Integral a la Salud (SIAIS) del IMSS, se dispondrá de registros médicos de carácter histórico. Con base en dicha información se podrán establecer metas en materia de cobertura, oportunidad y calidad en el diagnóstico y tratamiento de las derechohabientes con dicho padecimiento.

En 2016 el ISSSTE dio inicio a la implementación de mejoras en su Sistema de Información Médica Financiera (SIMEF), a través de la incorporación de indicadores que den cuenta de las pruebas de detección (positivas y negativas) de las principales enfermedades crónicas no transmisibles; pacientes confirmados; pacientes que reciben atención médica; tratamientos otorgados; pacientes en seguimiento, y las estadísticas de morbilidad y mortalidad. Estos ajustes permitirán al instituto mejorar los indicadores de control y seguimiento de sus derechohabientes, independientemente de la patología que padezcan.

En 2016 el ISSFAM inició el proceso de mejora de sus sistemas de información en salud, a fin de que registren, en tiempo y forma, datos de cada una de sus unidades médicas. En el caso de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), su Sistema Digital de Sanidad reportó, al cierre de 2016, un avance entre el 85 y el 100 por ciento en su implementación en los diferentes escalones sanitarios. En cuanto a la Secretaría de Marina (SEMAR), su Sistema de Control Hospitalario fue dictaminado y autorizado por la SS en enero de 2017. Como resultado de la intervención de la ASF, se incorporaron 130 indicadores al sistema de información de la SEDENA, y 114 al de la SEMAR, lo que permitirá que ambas dependencias registren y generen información confiable, oportuna y suficiente, que posibilite la adecuada toma de decisiones, transparencia y rendición de cuentas sobre la prevención y el control de las principales enfermedades que presentan sus derechohabientes.

En PEMEX, la atención de las recomendaciones emitidas por la ASF ha posibilitado que, a partir de 2016, se disponga del “Catálogo de Indicadores de Salud”, que comprende 86 indicadores sobre los resultados obtenidos en cuanto a la atención médica que se brinda. Asimismo, en 2017 se adicionaron cinco indicadores con el objeto de medir la cobertura de las campañas para la prevención y atención de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), asma e influenza, así como para monitorear el control y manejo de enfermedades respiratorias no transmisibles.

En la SS la atención de las recomendaciones emitidas por la ASF posibilitó que en 2017, en coordinación con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO),


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se pusiera en operación el Observatorio Mexicano de Enfermedades no Transmisibles (OMENT), el cual tiene como objetivo realizar comparaciones transversales de los resultados de las 32 entidades federativas en torno a 67 indicadores vinculados con la incidencia de la obesidad, diabetes e hipertensión.

DESARROLLO ECONÓMICO - Irregularidades recurrentes en el Programa de Fomento Agrícola (Sector Agropecuario y Pesquero) En su labor de fiscalización superior a la Cuenta Pública 2015, la ASF aplicó a la SAGARPA auditorías forenses a 2 componentes del Programa de Fomento a la Agricultura (PROCAFÉ e Impulso Productivo al Café, y Programa de Incentivos para Productores de Maíz y Frijol), con el fin de buscar evidencias de actos u omisiones que impliquen irregularidades o conductas ilícitas para promover las acciones legales procedentes. La aplicación de estas auditorías le permitió a la ASF detectar las siguientes irregularidades:

Avalar operaciones bancarias alteradas.

Entregar facturas falsas y otorgar recursos a empresas que no operan o se dedican a otros giros.

Establecimiento de convenios con universidades que subcontrataron a personas no aptas y entregó estudios bajados de Internet.

Liberación de pagos a proveedores sin que se acrediten la entrega de bienes y sin tener la certeza de la población objetivo, ya que hubo beneficiarios que no confirmaron haber recibido apoyos y, en otros casos, a la fecha de la auditoría ni siquiera dieron inicio los proyectos, aunque ya se les había liquidado.

Pagos duplicados.

Por su parte, en la fiscalización superior a la Cuenta Pública 2016, la ASF aplicó a la SAGARPA una auditoría financiera y de cumplimiento a un componente del Programa de Fomento a la Agricultura (PROAGRO Productivo), cuyo propósito es que los apoyos otorgados deben vincularse con el mejoramiento de la productividad agrícola, es decir, los beneficiarios están obligados a acreditar el destino de los recursos en aspectos técnicos, productivos, organizacionales y de inversión. Las irregularidades detectadas en la aplicación de la auditoría, fueron las siguientes:

Pagos realizados en exceso.

Otorgamiento de apoyos a personas fallecidas y a servidores públicos.

Otorgamiento de apoyos a beneficiarios que no acreditaron la vinculación con el programa.


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Uso de los recursos otorgados en otros fines a los autorizados.

Falta de documentación comprobatoria de los apoyos otorgados.

Preguntas: ¿Por qué no se han tomado medidas preventivas para evitar continuar destinando recursos año con año a programas que han mostrado recurrentes irregularidades, incumplimiento de sus objetivos y permitido el desvío de recursos utilizando un gran número de acciones fraudulentas?, ¿Qué acciones ha realizado la ASF, en el ámbito de su competencia, para sancionar a los principales responsables de estas irregularidades recurrentes?, ¿Qué está haciendo la ASF para contribuir a erradicar la práctica recurrente de desviar recursos con flagrante impunidad?, La ASF ha dicho repetidas veces que lo que no se puede cuantificar no se puede evaluar. ¿Sobre esta base y considerando, que las auditorías practicadas al sector son una muestra del gasto auditado puede la ASF cuantificar el daño general social de las irregularidades anteriormente señaladas?

Respuesta ASF: De 2012 a 2016 la ASF, en el ámbito de sus atribuciones, promovió 422 recomendaciones para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) implementara los mecanismos de control y supervisión necesarios para asegurar que los apoyos se otorgaran conforme a la normativa aplicable. Las irregularidades señaladas efectivamente tuvieron aparejado un daño social, toda vez que los apoyos no llegaron a la población objetivo que realmente los necesita para activar o reactivar la actividad agrícola. Dicha situación podría derivar en el abandono de las tierras de cultivo, o incluso en la migración de la población campesina y agrícola. En el caso particular de la auditoría al PROAGRO, la cuantificación del daño económico ascendió a 131.7 millones de pesos (mdp); sin embargo, “el daño general social” no podría ser cuantificado dado que, como se menciona en el propio cuestionamiento, las auditorías se practican sobre una muestra de los recursos que se destinan al sector. Asimismo, es importante resaltar que, con motivo de las acciones promovidas, se ha observado una disminución en cuanto a las irregularidades determinadas; tal es el caso, por ejemplo, de los beneficiarios fallecidos que recibieron apoyos, los cuales en la revisión de la Cuenta Pública 2014 ascendieron a 1,850 personas, mientras que en la Cuenta Pública 2016 disminuyeron a 752 casos. Por otra parte, es importante recordar que la ASF está facultada para promover las sanciones administrativas y/o penales necesarias cuando, derivado de los resultados de las auditorías, se advierta la comisión de alguna irregularidad. En concordancia con lo anterior, la ASF como parte de las revisiones de las Cuentas Públicas de 2012 a 2016, emitió 343 Pliegos de Observaciones, 208 Promociones de


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Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 50 Denuncias de Hechos, vinculadas con la actuación de la SAGARPA.

- Aplicación de la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA) (Comunicaciones y Transportes) La auditoría financiera y de cumplimiento, “Tarifa de Uso de Aeropuerto Facturada y sus Aplicaciones”, que practicó en la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2015, al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. (GACM), señaló que el ente fiscalizado, no acreditó con la documentación soporte los siguientes aspectos:

El costo total que se tendrá que pagar con recursos de la TUA por las disposiciones del contrato del crédito de 1, 000,000.0 miles de dólares, tales como intereses, comisiones, y gastos asociados con el mismo.

Las características de las disposiciones del crédito contratado por 1, 000,000.0 miles de dólares.

El plazo por el que tendrían que ceder los recursos de la TUA para liquidar las disposiciones del crédito del esquema de financiamiento.

Los controles establecidos para conocer el ingreso que tienen las líneas aéreas por la recolección de la TUA, ya que entregan al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V. (AICM), los “Manifiestos de salida” (documentos de buena fe), en los que informan, bajo protesta de decir verdad, la TUA que pagaron los usuarios.

Los procedimientos de control y supervisión respecto de la facturación que el AICM, realiza a las aerolíneas, las cuales depositan la TUA al fideicomiso privado 2172, como parte del esquema de financiamiento para la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Cómo se erogaron 2, 706,991.1 miles de pesos de recursos provenientes de la TUA por los fideicomisos privados 2172 y 80460 y las instrucciones giradas por las dos entidades para el efecto, ya que el esquema de financiamiento fue estructurado bajo el marco legal de derecho privado, modificando su naturaleza de recursos públicos a privados, lo que evitó que el crédito por 1, 000,000.0 miles de dólares se registrara como deuda pública.

Bajo el mismo esquema financiero y operativo del proyecto, en la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016, la ASF aplicó la auditoría financiera y de cumplimiento, “Aplicación de la Tarifa de Uso de Aeropuerto”, al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. Se señaló en el dictamen que en términos generales, el GACM y el AICM cumplieron con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, específicamente en lo relacionado con el ejercicio de los recursos de la Tarifa de Uso de Aeropuerto, derivada de los compromisos pactados en el esquema de financiamiento del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de


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México. Se emitió este dictamen no obstante que fueron señaladas nueve recomendaciones derivadas de la siguiente observación:

“El AICM cuenta con controles, mediante el Sistema Oracle y conciliaciones, para confirmar que la recolección, facturación, cobro y registro de la TUA se realiza correctamente; sin embargo, se detectó que (i) para efectos de conciliar con las aerolíneas a qué facturas corresponden los pagos realizados al fideicomiso privado 2172, éstas no le desglosan esa información; que (ii) el Sistema Oracle no cuenta con alertas para identificar las facturas vencidas pendientes de cobro, ni determina el monto de los intereses moratorios a cubrir por las aerolíneas, situación que representa un riesgo operativo, y (iii) el registro de las cuentas por cobrar no se realiza en subcuentas por concepto a fin de distinguir las correspondientes a la TUA”.

Pregunta: Tanto en la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2015 como en la de 2016, se detectaron diversas irregularidades; no obstante esta situación, en la revisión de 2016 la ASF emitió un dictamen de cumplimiento, ¿cuáles fueron las consideraciones para que la ASF emita una opinión de este tipo?

Respuesta ASF: Las revisiones referidas dieron lugar a la formulación de diversas observaciones, las cuales no se relacionaron con irregularidades que implicaran la emisión de acciones como Pliegos de Observaciones, Promociones del Responsabilidades Administrativas Sancionatorias o Denuncias de Hechos.

- Deficiencias en las Reglas de Operación y cuantificación de la población objetivo (Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano) Con el propósito de resolver la problemática derivada de la insuficiencia de ingresos para cubrir las necesidades básicas que da pie a un aumento de hogares que presentan carencia de calidad y espacio de vivienda, el programa “Programa de Infraestructura: Componente Ampliación y/o Mejora de la Vivienda” creó espacios públicos adecuados y favorables para el desarrollo comunitario, incorporó políticas de inclusión social con perspectiva de género, a fin de apoyar a las mujeres con la construcción de centros integrales, los cuales contaron con distintos módulos de servicios de fortalecimiento económico, educación colectiva, atención a la salud sexual y reproductiva, violencia intrafamiliar, así como incorporar bibliotecas, zonas de recreación y estimulación infantil. En 2016, la ASF aplicó a la SEDATU la auditoría de desempeño al programa mencionado, la cual le permitió detectar diversas irregularidades en las Reglas de Operación y en la cuantificación de la población potencial, objetivo y atendida, ya que no se definió de manera específica su población objetivo para la vertiente evaluada, no se establecieron los montos por porcentaje del costo total del programa, no se definió cómo evitar que se destinen recursos a una


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administración costosa y excesiva, ni cómo se garantizaría que los recursos se canalizaran exclusivamente a la población objetivo; asimismo, la SEDATU cuantificó a 21,889,499 hogares como su población potencial, y a 69,681 hogares como la atendida; sin embargo, no determinó a la población objetivo ni identificó si la población atendida se correspondió con los hogares ubicados dentro de las localidades rurales de muy alto, alto y medio rezago social. Preguntas: ¿Cuáles han sido las recomendaciones para que la entidad pública verifique o en su caso realice un adecuado diseño de las Reglas de Operación, a fin de atender irregularidades detectadas en la identificación de la población objetivo, establecimiento de montos por porcentaje del costo total y se garantice que los recursos se canalicen exclusivamente a la población objetivo?; en su opinión, ¿la deficiente cuantificación de la población objetivo no da pie a que la dependencia incurra en la práctica de desvío de recursos?; ¿Cómo piensa contribuir la ASF en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción para inhibir esta mala práctica del ejercicio del gasto que puede derivar en corrupción profunda?

Respuesta ASF: A partir de las revisiones realizadas por la ASF a los programas que entregan subsidios al sector rural, se ha observado como una problemática recurrente, la falta de cuantificación de la población objetivo, lo cual tiene como consecuencia que los recursos se otorguen a los productores con más posibilidades de incursionar en el mercado, y se deje fuera a quienes utilizan su producción para el autoconsumo. Por lo anterior, la ASF ha emitido recomendaciones orientadas a definir adecuadamente la población objetivo en las reglas de operación, cuantificar dicha variable correctamente, así como contar con un adecuado padrón de beneficiaros. De manera particular, la ASF recomendó a la SEDATU que revisara y ajustara sus reglas de operación en los términos que establece el artículo 75, fracciones I, II, y IV, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), a efecto de definir con precisión su población objetivo y garantizar que los subsidios se canalizaran exclusivamente a dicho grupo, conforme a los montos y porcentajes determinados. La falta de precisión en la definición de la población objetivo impide focalizar la entrega de los subsidios a quienes cumplen con las disposiciones establecidas en las reglas de operación, lo cual genera espacios de discrecionalidad para el ejercicio irregular de los recursos. Por lo anterior, la ASF recomendó a la dependencia auditada revisar y ajustar sus reglas de operación, y además solicitó la intervención del OIC de SEDATU y de la Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control de la SFP para que, en el ámbito de sus competencias, realizaran las investigaciones correspondientes y, en su caso, fincaran las responsabilidades y sanciones respectivas. Ahora bien, respecto al impacto de la labor de la ASF en el marco del SNA, es importante mencionar que la fiscalización no está concebida como una herramienta orientada al abatimiento de la corrupción, ya que se trata de un fenómeno que obedece a múltiples


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causas y, por lo tanto, debe ser abordado mediante la coordinación efectiva de un conjunto de actores e instituciones, incluyendo a la propia sociedad, a fin de modificar las condiciones estructurales que generan este tipo de conductas. En este sentido, la ASF promoverá que el tema de la inadecuada definición y cuantificación de la población objetivo de los programas sociales sea abordado en las discusiones del Comité Coordinador del SNA. De igual forma, la ASF ha aportado información específica de las deficiencias, imprecisiones, inconsistencias y omisiones de las reglas de operación de los programas del sector rural, respecto a la cuantificación de la población objetivo. En el caso particular de los programas a cargo de la SAGARPA, las revisiones a las Cuentas Públicas de 2000 a 2013 evidenciaron la falta de integración del padrón único de beneficiarios del sector rural, lo que limitó la determinación de la cobertura de atención de los programas, la cuantificación de la población objetivo, el seguimiento de los recursos otorgados, así como la comprobación de las duplicidades en la información y el mal uso de los recursos públicos. Como resultado de las recomendaciones emitidas por la ASF, la SAGARPA informó que está desarrollando dicho padrón único, a través del establecimiento de un sistema de información y coordinación entre las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, con el objetivo de determinar si quienes acceden a los subsidios cumplen con los requisitos de elegibilidad establecidos en las reglas de operación.

GASTO FEDERALIZADO - Entidades de Fiscalización Locales En la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación señala que la ASF llevará a cabo, de manera directa, las auditorías que correspondan, cuando el órgano local de fiscalización haya solventado sin sustento, o en contravención a los lineamientos, observaciones realizadas con motivo de auditorías al ejercicio de las participaciones federales durante dos años consecutivos. Preguntas: ¿Cuáles son los mecanismos y procesos que permitirán identificar en qué momento las Entidades Fiscalización Locales solventan sin sustento?; ¿La ASF tiene un estimado cuantitativo del importe solventado sin sustento?; En el momento de presentarse un caso ¿Cuáles son las sanciones que se aplicarán a la(s) Entidad(es) de Fiscalización Local(es)?

Respuesta ASF: A partir de la firma de los convenios de coordinación que se llevó a cabo en diciembre de 2016, se estableció una nueva relación entre la ASF y las Entidades Fiscalizadoras Locales


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(EFL). La ASF, de acuerdo con la LFRCF, podrá fiscalizar las Participaciones Federales de manera directa, o a través de la coordinación con las EFL. Asimismo, el desempeño de las EFL deberá de ser reportado por la ASF a la CVASF, en términos del artículo 51 de la LFRCF.

Casos de contratación excesiva de deuda pública como los de Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, Quintana Roo, Sonora y Veracruz, que no sucedieron de un ejercicio fiscal a otro, sino que se trató de un endeudamiento acumulado durante las administraciones de sus Gobernadores, nos hacen reflexionar respecto del papel que desempeñaron las Entidades de Fiscalización Locales respecto de la dictaminación de las Cuentas Públicas de cada Entidad Federativa. Pregunta: ¿Por qué la Auditoría Superior de la Federación no realiza observaciones públicas respecto del desempeño de los Titulares de las Entidades de Fiscalización Locales, quienes no sólo omitieron advertir los riesgos del insostenible endeudamiento público, sino que con su silencio decidieron obviar estas malas prácticas gubernamentales?; ¿Por qué la Auditoría Superior de la Federación no ha denunciado públicamente la falta de probidad o de independencia de los Titulares de las Entidades de Fiscalización Locales respecto de los Gobernadores de las Entidades Federativas? Casos como los de Tlaxcala, Veracruz, Chihuahua o Coahuila demuestran que los llamados Auditores Superiores Locales acatan las instrucciones de los Gobernadores y no cumplen su función de apoyo técnico del Congreso Local.

Respuesta ASF: Las observaciones que emite la ASF están vinculadas, de manera exclusiva, con los procesos de fiscalización. Consecuentemente, las denuncias que presenta la ASF deben estar sustentadas, no en dichos o anécdotas, sino en evidencia documental.

- Gobiernos de las Entidades Federativas Los recursos federales transferidos a las Entidades Federativas y a los Municipios representan la fuente principal de ingresos de estos órdenes de gobierno y son fundamentales para financiar sus estrategias y programas de desarrollo. En el periodo de 2000 a 2012, el gasto federalizado ascendió a 13 mil 270 millones de pesos, de los cuales el 59% correspondió al gasto federalizado programable, mientras que las participaciones federales representaron el 41%. En ese mismo periodo, el gasto federalizado programable significó el 20% del gasto neto total y el 25% del gasto programable total. A decir de la propia Auditoría Superior de la Federación en el estudio “Diagnóstico sobre la opacidad del gasto federalizado” elaborado en 2012, el marco normativo que regula la gestión del gasto federalizado es genérico, ambiguo e insuficiente en algunos aspectos sustantivos, además de estar disperso en diversos ordenamientos; asimismo, se puntualiza la falta de


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mecanismos explícitos para la distribución de recursos; la insuficiente transparencia en la definición o aplicación de la fórmula o el mecanismo de distribución de los recursos, entre otros cuestionamientos. Pregunta: ¿cuáles son los señalamientos más sentidos de la Auditoría Superior de la Federación respecto del ejercicio del gasto federalizado por parte de las Entidades Federativas?

Respuesta ASF: Un indicador estratégico que coadyuva a valorar la calidad de la gestión del gasto federalizado es el referente al monto observado en relación con la muestra auditada. Su valor en la Cuenta Pública 2015 fue del 9.5 por ciento, en 2014 13.2 por ciento; en 2013 14.5 por ciento y en 2012 12.7 por ciento. Si bien ese indicador ha registrado una mejoría respecto a su valor en años previos, aún es alto, lo que denota insuficiencias importantes en el manejo de dichos recursos. En términos absolutos, el monto observado en la revisión de la Cuenta Pública 2015 fue de 65,193.8 mdp, en 2014 de 77,380.6 mdp, en 2013 de 73,451.5 mdp y en 2012 de 64,333.5 mdp. Aunque el monto observado es susceptible de justificación y aclaración por parte de los entes auditados, el nivel alcanzado refleja una gestión que aún no es del todo eficiente y transparente. De acuerdo con lo anterior, el monto observado podría interpretarse como la brecha entre la generación de beneficios reales y potenciales para la población; en un escenario de múltiples y significativas carencias sociales, su existencia y recurrencia es injustificada. Para la Cuenta Pública 2015 se identificaron las siguientes problemáticas:

Gasto Federalizado, Monto Total Observado: principales irregularidades. Cuenta Pública 2015

(mdp)

Concepto de Irregularidad TOTAL %

Total 65,193.8 100

Recursos no ejercidos 33,449.1 51.3

Falta de documentación comprobatoria del gasto 7,893.7 12.1

Transferencia de recursos a otras cuentas bancarias 6,106.0 9.4

Recursos ejercidos que no cumplen con los objetivos

específicos de cada fondo o programa.4,936.0 7.6

Pago de remuneraciones indebidas o injustificadas al personal 2,639.5 4

Retenciones no enteradas a terceros institucionales 2,017.8 3.1

Conceptos no autorizados por la instancia coordinadora federal 1,112.9 1.7

Pago excedente en prestaciones no ligadas al salario 1,005.6 1.5

Otros conceptos 6,033.2 9.3

FUENTE: ASF, Informes de auditoría de la Cuenta Pública 2015.


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- GASTO CENTRALIZADO En el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2016, esta Cámara de Diputados autorizó que fuera ejercido un gasto de 4.7 billones de pesos; a pesar de los recortes presupuestales efectuados por la Secretaría de Hacienda y Crédito en enero y junio por un monto total de 164 mil 777 millones de pesos, los datos sobre la Cuenta Pública 2016 señalan que el gasto presupuestario total ejercido fue de 5.3 billones de pesos, un 12.9% superior a lo que fue aprobado. El 95% de ese sobre ejercicio se concentró en el Gasto Programable, en específico en las aportaciones patrimoniales a PEMEX y a CFE; al mayor pago de pensiones, y los mayores recursos transferidos a las Entidades Federativas por concepto de subsidios a los centros educativos. Es de llamar la atención que, habiéndose registrado un sobre ejercicio tan importante en el gasto presupuestario, la parte definida de éste como Gasto Estructural no haya mostrado una expansión proporcionalmente similar; de lo que se puede inferir que los recursos disponibles para la operación corriente del Gobierno Federal y el cumplimiento de sus funciones están acotadas por las cantidades que deben destinarse al pago de pensiones y jubilaciones del sector público, así como para sufragar el costo de los combustibles utilizados para la generación de electricidad. Tratándose del gasto programable, en su clasificación administrativa, el sobre ejercicio fue del 16.2% concentrándose en los Ramos Administrativos y en los Ramos Generales, con incrementos respectivos de 36.6% y de 9.9%; sin embargo, a pesar de este sobre ejercicio, los ramos que registraron gastos inferiores a los que originalmente habían sido aprobados por la Cámara de Diputados son los que tienen mayor incidencia social: el Ramo 12 “Salud”, el Ramo 08 “Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación” y el Ramo 20 “Desarrollo Social” cuyas erogaciones fueron inferiores a los presupuestos que le habían sido aprobados en 6.0%, 6.2% y 2.9% respectivamente. Los citados subejercicios, se traducen en importantes rezagos en el gasto de los programas presupuestarios vinculados directamente con la atención de los grupos más vulnerables; a mayor abundamiento, la brecha entre los recursos ejercidos y los aprobados no sólo se registró en los Ramos vinculados a las prioridades de gasto social sino que, además, los programas presupuestales más castigados fueron los de subsidios, a pesar de que tienen como principal propósito coadyuvar a mitigar la pobreza en los grupo de población más vulnerable. Preguntas: ¿cómo podría hacerse más eficiente el gasto y el aparato público?; ¿Cuál es el monto de los recursos públicos que han sido canalizados o destinados a las organizaciones sindicales dentro de PEMEX, CFE, SNTE, etc.? ¿Cuál es la opinión de la Auditoría Superior de la Federación al respecto?


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Respuesta ASF: El Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) es una política diseñada para coadyuvar a que los recursos públicos se administren con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. Sin embargo, con base en los resultados de la fiscalización de las últimas Cuentas Públicas, se ha evidenciado la necesidad de fortalecer su implementación. De manera particular, la ASF ha recomendado perfeccionar el diseño del SED, a fin de que la gestión pública se oriente hacia resultados; se evite la discrecionalidad en la asignación y aplicación de los recursos públicos, y se fomente la transparencia y la rendición de cuentas, no sólo a nivel federal, sino en los tres órdenes de gobierno. De igual forma, es necesario consolidar el Presupuesto basado en Resultados (PbR), con el propósito de vincular efectivamente el financiamiento de los programas presupuestarios con los resultados generados; incluir en los informes trimestrales sobre la Situación Económica, de las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, elaborados por la SHCP, un apartado referente al impacto social de los programas presupuestarios; mejorar la precisión y confiabilidad de los indicadores de los programas presupuestarios; diseñar metodologías adecuadas para la determinación de la población potencial y objetivo, así como fortalecer el monitoreo y evaluación de la calidad del gasto por parte de los operadores de las políticas públicas. Respecto a los recursos ejercidos por las organizaciones sindicales, es importante señalar que éstos no se programan en el PEF, no se reportan en la Cuenta Pública, ni están ligados al cumplimiento de objetivos y metas de los programas o políticas públicas federales. Las cuotas sindicales provienen de acuerdos entre dichas organizaciones y los patrones, y quedan asentados en los contratos colectivos de trabajo. En los casos en que se destinaran recursos públicos a las organizaciones sindicales dentro de PEMEX, CFE, SNTE, la ASF evaluaría la factibilidad de incluir una propuesta de auditoría en el PAAF correspondiente.

- Delegaciones Federales Las Delegaciones Federales son órganos desconcentrados regionales, que dependen de la Administración Pública Centralizada y que, teóricamente, tienen como objetivo acercar a la ciudadanía los servicios públicos de sus respectivas competencias de manera ágil y expedita. Para el ejercicio fiscal de 2017, el Presupuesto de Egresos de la Federación prevé que sean asignados 241.5 millones de pesos para las Delegaciones Federales de la SAGARPA; 509.47 millones de pesos para las Delegaciones Federales de la Secretaría de Salud; 270.56 millones para las Delegaciones Federales de la SEMARNAT; por enunciar algunos ejemplos. Preguntas: ¿Cuál es su opinión respecto de la existencia de Delegaciones Federales de distintas Secretarías de los Ramos del Gobierno dentro de las Entidades Federativas? ¿No le parece que


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únicamente elevan el costo burocrático? ¿Qué indicadores se tienen respecto de la eficiencia en el desempeño de su gasto?

Respuesta ASF: Desde la perspectiva de la ASF, la existencia de delegaciones estatales de las secretarías que integran el sector central del Ejecutivo Federal responde a la necesidad de acercar y facilitar la prestación de servicios a la ciudadanía, así como para supervisar y coordinar la implementación a nivel regional de los diferentes programas y políticas públicas. Si bien la operación de estas instancias implica la asignación de presupuesto, también es importante considerar que, de lo contrario, la ciudadanía tendría que soportar la carga económica que implicaría, por ejemplo, desplazarse hasta las oficinas centrales de las secretarías para la realización de algún trámite, o para recibir los apoyos y beneficios de los programas públicos. Respecto al desempeño de dichos entes, es importante recordar que el SED contiene la información sobre los indicadores diseñados para monitorear los avances en la instrumentación de los programas a nivel nacional. Las auditorías practicadas a dicho sistema han mostrado que los esfuerzos realizados hasta ahora han sido insuficientes para alcanzar mejores niveles de eficiencia, eficacia y transparencia en el ejercicio del gasto.

- Combate a la corrupción La reforma constitucional de mayo de 2015, situó a la fiscalización superior, primordialmente, como una herramienta para combatir a la corrupción. Asimismo, para que la fiscalización superior pudiera incidir en el combate a la corrupción, se planteó a la sanción como núcleo duro de la rendición de cuentas, enfocándose a que las prácticas de irregularidades y de actos de corrupción, tuvieran consecuencias. La Auditoría Superior de la Federación prevé recomendaciones de tipo preventivo y acciones de tipo correctivo, que derivan de las observaciones efectuadas a los resultados de las auditorías. Dentro de las acciones promovidas con carácter correctivo se encuentra la formulación de un pliego de observaciones, siendo éstas de carácter económico en las que se presume un daño, un perjuicio, o ambos, así como la presunta responsabilidad de infractores, en cantidad líquida. Cuando la entidad fiscalizada solventa en forma parcial o no solventa el pliego de observaciones, la Auditoría Superior de la Federación lleva a cabo el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria, en que se determina la indemnización correspondiente por los daños y perjuicios estimables en dinero.


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Con fecha 31 de marzo de 2017, la Auditoría Superior de la Federación entregó a la Cámara de Diputados el “Informe del estado que guarda la solventación de observaciones y acciones promovidas a las Entidades Fiscalizadas”. Preguntas: ¿Cuál es el estado que guardan las 9,146 acciones promovidas que estaban en proceso de solventación al 31 de marzo de 2017? ¿Cuál es el estado que guardan los 628 procedimiento resarcitorios reportados a esa fecha?; No consideraría conveniente la Auditoría Superior de la Federación que, después de la solventación de las observaciones ¿se emita un nuevo informe para tener claridad de cuáles son –realmente– los montos en desvío y los observados?

Respuesta ASF: Dicha información es reportada a la CVASF, de conformidad con la LFRCF, a través de los informes semestrales, así como del Sistema Público de Consulta de Auditorías. De cualquier forma, la ASF está abierta para atender dudas específicas sobre el seguimiento de las observaciones.

- Sistema Nacional Anticorrupción El Sistema Nacional Anticorrupción se concibió como la instancia de coordinación entre las autoridades de los tres niveles de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y de hechos de corrupción, así como la fiscalización y control de los recursos públicos. En el Artículo Séptimo de las Disposiciones Transitorias del Decreto por el que se expide el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2017, se estableció que durante dicho ejercicio, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizaría las adecuaciones presupuestarias correspondientes para proveer de recursos humanos, financieros y materiales correspondientes al inicio de operación de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción. Durante 2017 se instaló el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción y comenzó operaciones la Secretaría Ejecutiva del mismo; es prudente señalar que, con ello, inició la coordinación de siete instituciones como i) la Auditoría Superior de la Federación; ii) la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; iii) la Secretaría de la Función Pública; iv) el Tribunal Federal de Justicia Administrativa; v) el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; vi) el Consejo de la Judicatura Federal; y, vii) el Comité de Participación Ciudadana. Una de las problemáticas actuales en materia presupuestaria, es la ausencia de mecanismos de rastreo que den visibilidad a los ejecutores del gasto dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación, lo que limita la evaluación, la planeación, la asignación, la ejecución y la medición de la eficiencia del gasto público.


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La literatura especializada ha señalado que una de las herramientas para conocer cómo es que será ejercido el gasto público para problemáticas específicas, son los Anexos Transversales. En éstos, se concentran programas presupuestarios y unidades responsables con recursos destinados a obras, acciones y servicios vinculados con un sector en específico. Para que un Anexo Transversal surja, su obligatoriedad no necesariamente debe derivar de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, sino que también puede crearse directamente en el Decreto de Presupuesto. Nos enfrentamos a la problemática de irrastreabilidad del gasto público que se destina para la operación del Sistema Nacional Anticorrupción, tanto para las nuevas instituciones, así como para las que ya existen. Preguntas: ¿Considera viable la existencia de un Anexo Transversal para el Sistema Nacional Anticorrupción? En su opinión, la calidad y eficiencia del gasto público destinado al combate a la corrupción en general, canalizado a través del Sistema Nacional Anticorrupción ¿mejoraría con la inclusión de un Anexo Transversal de esta naturaleza dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación?

Respuesta ASF: Desde la perspectiva de la ASF, la inclusión en el PEF de un anexo específico referente a la operación del SNA permitirá que las distintas instancias que conforman su Comité Coordinador cuenten con los recursos suficientes para cumplir las nuevas atribuciones que les fueron conferidas, de acuerdo con el marco normativo en materia de combate a la corrupción. Asimismo, es importante recordar que dicho marco legal señala una serie de políticas públicas que tendrán que ser diseñadas, implementadas y evaluadas; por ejemplo, la Plataforma Digital Nacional, el seguimiento a las recomendaciones que emita el Comité Coordinador, la emisión de informes públicos, entre otros productos. Dichas actividades implican la participación coordinada de todas las instituciones que integran el Comité Coordinador, para lo cual contarán con el apoyo técnico de la Secretaría Ejecutiva. De lo anterior se infiere la necesidad de asignar recursos suficientes para la operación de dichos órganos, así como para la implementación a nivel nacional de las herramientas de política que prevé la Ley General del SNA. En este sentido, la aprobación de un anexo presupuestario para el SNA no sólo es un elemento que incrementará la calidad y eficiencia del gasto público destinado al combate a la corrupción, sino que se trata de un requisito indispensable para materializar los objetivos de la reforma constitucional en la materia.


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GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA (PANAL) GRUPO FUNCIONAL GOBIERNO - Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Procuraduría General de la República y Comisión Nacional de Derechos Humanos La violencia e inseguridad son, lamentablemente, temas de la mayor importancia. También lo son la protección y el trato adecuado a los ciudadanos por parte de todas las instancias públicas. Lo que nos coloca en el terreno del respeto a los derechos humanos. En este sentido, en la primer entrega de avances de informes de auditoría, hay tres referidas a ellos: la auditoría 29-GB realizada al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación; la auditoría 107-GB a la Procuraduría General de la República y la auditoría 117-GB a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En la auditoría al CONAPRED la Auditoría Superior de la Federación señala que la Matriz de Indicadores para Resultados –MIR-, no permite valorar el cumplimiento de los objetivos institucionales. En la auditoría realizada a la PGR, la entidad de fiscalización superior señala insuficiencias en la MIR, por lo que no es posible determinar la relación causa – efecto que existe entre los distintos niveles de la matriz; es decir, que no se conoce el efecto logrado como consecuencia del servicio prestado. Por último, en la auditoría realizada a la CNDH la ASF encontró deficiencias en el diagnóstico de necesidades de capacitación y deficiencias legales que limitan el seguimiento de las recomendaciones. Dado que de las tres auditorías se desprende la existencia de insuficiencias o deficiencias de diseño y normativas que impiden el adecuado conocimiento del impacto que las tres instituciones realizan para la protección de los derechos humanos: Preguntas: ¿Por qué los dictámenes de las auditorías mencionadas puntualizan exclusivamente las acciones realizadas por las 3 instituciones auditadas, dejando de lado las insuficiencias detectadas por la entidad de fiscalización?

Respuesta ASF: De conformidad con lo señalado en el artículo 14 de la LFRCF, la fiscalización de la Cuenta Pública tiene por objeto verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas, por tanto, el dictamen de auditoría debe expresar una opinión sobre los efectos de la acción gubernamental en el estado que guarda el problema público. En las auditorías de desempeño núms. 29-GB realizada al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación; 107-GB a la PGR, y 117-GB a la CNDH, se determinaron insuficiencias o deficiencias de diseño y normativas de sus MIR, pero el dictamen se formuló con base en el cumplimiento de su mandato legal y la atención del problema público.


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- Plataforma Nacional de Transparencia En la auditoría 129-GB realizada al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), en lo específico a la Plataforma Nacional de Transparencia y a los Sistemas que la integran, la ASF concluyó que los Sistemas presentan fallas en su funcionalidad, específicamente el Sistema de Gestión de Medios de Impugnación (SIGEMI) y el Sistema de Comunicación entre Organismos Garantes y Sujetos Obligados (SICOM), se encuentran en funcionamiento sin que a la fecha de la auditoría (mayo 2017) hayan culminado las etapas de pruebas para proceder a su plena operatividad. Preguntas: ¿Qué repercusiones respecto a la protección de datos y acceso a la información han ocasionado las fallas de dicha Plataforma? y ¿Qué medidas se pusieron en marcha a partir de los resultados de esta auditoría para solucionarlas?

Respuesta ASF: El 5 de mayo de 2016 se puso en operación la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) conforme al artículo 31, fracción VI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP). En ese año, se registraron 53 incidencias, tales como la caída temporal del registro de usuarios para solicitar el acceso a la información y la falta de visualización de respuestas a recursos de revisión. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) acreditó la realización de las gestiones pertinentes ante el prestador de los servicios para que se atendieran y solucionaran las incidencias señaladas. Dichos trabajos concluyeron el 14 de noviembre de 2016, mediante acta circunstanciada formalizada ante la contraloría del INAI. En 2015, antes de la puesta en operación de la PNT, se formularon 171,503 solicitudes de acceso a la información, mientras que en 2016 se recibieron 238,090; 38.8 por ciento más que el año anterior. De dichas solicitudes, el 79.5 por ciento (189,210) fue registrado por medio de la PNT. Las repercusiones en la protección de datos y el acceso a la información han sido marginales, ya que, a pesar de que la PNT es el principal medio de acceso a la información, los sujetos obligados deben contar con unidades de enlace para atender los requerimientos que los particulares formulen.

GRUPO FUNCIONAL DESARROLLO SOCIAL - Educación Actualmente, el dominio del idioma inglés de un amplio porcentaje de los estudiantes mexicanos es, en el mejor de los casos, muy limitado; lo que significa que la mayoría de las y los niños y jóvenes en México no comprende el idioma ni puede responder a las preguntas más


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elementales en dicha lengua. Sin embargo, al igual que en otras asignaturas, los métodos de evaluación implementados permiten que los alumnos continúen avanzando en los niveles escolares, sin contar con los conocimientos suficientes para ello. Situación que acentúa y mantiene la mala calidad de la educación en esta materia. Lo anterior representa una gran área de oportunidad para el sistema educativo, ya que una amplia gama de oportunidades laborales se mantiene inaccesible a los profesionistas mexicanos que no dominan el idioma, siendo este un requisito básico en la mayoría de las compañías en expansión. A partir de la fiscalización superior efectuada a entes vinculados con el sector educativo, particularmente al Programa Nacional de Inglés. Preguntas: ¿Qué deficiencias se identifican en la tentativa gubernamental por dar cumplimiento a lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo, Programa Sectorial de Educación y Programa para Democratizar la Productividad, en lo relativo al fomento de la adquisición de capacidades básicas, incluyendo el manejo de otros idiomas, para incorporarse a un mercado laboral competitivo a nivel global?; ¿Cuáles son las razones por las cuales los Informes de Auditoría son cada vez más escuetos? [En mi opinión, serían de mayor utilidad Dictámenes de auditoría con resultados más claros y contundentes sobre los hallazgos de la entidad de fiscalización a su cargo; ya que si bien se trata de un esfuerzo de sistematización de la información por parte de la entidad de fiscalización a su Digno cargo, también lo es, que la revisión de los informes a partir de la información presentada resulta insuficiente, limitando con ello los resultados de la fiscalización superior y el impacto de sus resultados].

Respuesta ASF: De conformidad con lo señalado en el artículo 14 de la LFRCF, la fiscalización de la Cuenta Pública tiene por objeto verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas, por tanto, el dictamen de auditoría debe expresar una opinión sobre los efectos de la acción gubernamental en el estado que guarda el problema público. Como parte del Análisis al Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2007, la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, en junio de 2009, emitió la recomendación siguiente: Recomendación CV-IR07-001. Que la ASF lleve a cabo un análisis del contenido y tamaño del Informe de la revisión de la Cuenta Pública, a fin de que perfeccione los contenidos de cada informe de auditoría, reduzca su dimensión a lo estrictamente relevante y valore la inclusión en el Tomo Ejecutivo de aspectos no considerados hasta ahora, tales como balances generales y sectoriales de la fiscalización superior de la Cuenta Pública, y caracterización de los resultados de las revisiones integrales, horizontales y de centricidad que se realicen.


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En atención a dicha recomendación, a partir de 2008, los informes de auditoría son más concisos, sin que ello signifique que no cuentan con la información suficiente para evidenciar los hechos y las observaciones que se presentan en cada uno de ellos. Respecto al cuestionamiento sobre el Programa Sectorial de Educación, es importante señalar que la SEP puso en marcha el Programa Nacional de Inglés, el cual, de acuerdo con sus reglas de operación, tiene como objetivo fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje del inglés como una segunda lengua en las escuelas públicas de educación básica, por medio del establecimiento de condiciones técnicas y pedagógicas adecuadas. La auditoría número 152-DS practicada a la SEP consistió en verificar que el presupuesto del programa se ejerciera, aplicara y registrara conforme a los montos aprobados, y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables. Dicha auditoría permitió constatar que el objetivo del Programa Nacional de Inglés sólo se cumple parcialmente debido a diversas irregularidades en las reglas de operación, tales como:

La descripción de los perfiles del personal que impartirá las clases de inglés no incluye una definición precisa de sus aptitudes, cualidades y capacidades requeridas, lo cual genera el riesgo de que se contraten instructores no aptos para enseñar el idioma.

No se señalan los plazos perentorios para que las tesorerías estatales radiquen los recursos del programa a las autoridades educativas locales, en su calidad de unidades ejecutoras, lo cual conlleva que los recursos no sean transferidos oportunamente para su adecuada aplicación.

No se contemplan mecanismos de seguimiento y supervisión para que la SEP tenga la certeza de que los informes trimestrales que emiten las autoridades educativas de las entidades federativas, se encuentren sustentados en documentación justificativa y comprobatoria, en términos de los artículos 74 y 75 de la LFPRH, y 66, fracción III, de su reglamento.

2.2. Atención a las propuestas de auditorías, estudios y evaluaciones

— FUNCIONES DE GOBIERNO

Auditorías

Solicitudes CVASF Respuesta ASF

Se recomienda realizar un análisis de la Política Fiscal, referente a las exenciones, condonaciones o cancelaciones de adeudos o

El pasado 31 de octubre, como parte de la segunda entrega de Informes Individuales correspondientes a la fiscalización superior


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créditos fiscales que ha realizado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SAT). Revisar los tratamientos diferenciales contenidos en las disposiciones tributarias que, por una parte, benefician a unos sectores y por otra constituyen un límite al gasto público y la consecución de objetivos sociales. En este sentido se solicita a la ASF realice las siguientes cuatro auditorías financieras con enfoque de desempeño: − Gastos fiscales por exenciones en el IVA. − Gastos fiscales por exenciones en el ISR. − Gastos fiscales por exenciones al IEPS. − Número de créditos fiscales firmes, no

pagados o no garantizados, así como el monto de créditos fiscales cancelados o condonados y el monto de adeudos fiscales, a las Personas Físicas y Morales.

de la Cuenta Pública 2016, se presentaron los resultados de las auditorías 52-GB “Ingresos Públicos Presupuestarios y Gastos Fiscales” y 64-GB “Revelación de Estímulos, Beneficios y Exenciones Fiscales” practicadas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Dichas revisiones abarcan los temas generales referidos en la recomendación. Asimismo, el documento de “Consideraciones a la Labor Legislativa” —que acompañó la entrega de Informes Individuales— en la sección de “Propuestas de modificaciones y reformas legislativas” incluyó el tema de las exenciones fiscales, así como una propuesta normativa en la materia. De igual forma, el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017 (PAAF) incluye dos propuestas de auditoría, las cuales cubren los temas señalados en la recomendación: “Recaudación de las contribuciones federales: créditos fiscales, grandes contribuyentes” y “Recaudación de las contribuciones federales: créditos fiscales, otros contribuyentes”.

Evaluaciones

Solicitudes CVASF Respuestas ASF

Evaluación integral que vincule el análisis de la estrategia de desarrollo rural y agropecuario con los objetivos precisos de bienestar social y alimentación comprometidos institucionalmente.

El tema de la política agropecuaria, debido a su relevancia y complejidad, ha sido incluido en la fiscalización de las Cuentas Públicas 2013, 2014 y 2015, a través de las siguientes evaluaciones: Política Agraria, Política Pública de Pesca y Acuacultura y Política Pública de Ganadería. Asimismo, en la revisión de la Cuenta Pública 2016 se incluyó el estudio 1785-DE a la Política Pública de PROAGRO Productivo y su antecedente PROCAMPO, el cual será


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presentado en febrero de 2018, como parte de la tercera entrega de Informes Individuales. Por lo anterior, se considera que las evaluaciones realizadas hasta el momento atienden la solicitud de la CVASF.

Evaluación del Nuevo Modelo Educativo para verificar su alcance y capacidad para acometer las deficiencias más apremiantes del Sistema Educativo Nacional.

El pasado 30 de junio, como parte de la primera entrega de Informes Individuales correspondientes a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016, se presentaron los resultados de las auditorías 124-GB y 125-GB practicadas al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. De igual forma, debido a la relevancia del tema, el PAAF de la Cuenta Pública 2017 incluye una propuesta de auditoría a los “Servicios de Educación Básica” y una propuesta de evaluación de política pública denominada “Evaluación de la Reforma Educativa”.

Evaluación de las políticas públicas vinculadas con programas y acciones desarrolladas por el Ejecutivo Federal a partir de la entrada en vigor de la nueva Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista.

Se analizará la pertinencia de elaborar una propuesta de auditoría o evaluación en los términos planteados para su inclusión en el PAAF de la Cuenta Pública 2018, toda vez que la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista entró en vigor hace poco más dos años (30 de abril de 2015), por lo cual se considera necesario contar con un margen de tiempo mayor para evaluar los resultados de su instrumentación.

Estudios


Estudio panorámico y comparativo de las estrategias de combate a la adicción en México y entre México y otros países. Tal estudio desembocaría en la ampliación de opciones de combate, control o freno de la expansión de las adicciones en México.

Se analizará la pertinencia de elaborar una propuesta de estudio o auditoría en los términos planteados para su inclusión en el PAAF de la Cuenta Pública 2017.


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Estudio-inventario de los mecanismos de transferencias sociales federales, estatales y municipales existentes.

Como parte de la fiscalización anual de la Cuenta Pública se hace entrega a la Cámara de Diputados de una separata sobre el Gasto Federalizado, la cual incluye una descripción general de la estructura de dicho rubro presupuestario, así como una síntesis de los principales resultados de las auditorías en la materia.

— FUNCIONES DE DESARROLLO SOCIAL

Auditorías

Solicitudes CVASF Respuesta ASF

Auditoría de desempeño al Programa Nacional de Inglés para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas.

El pasado 30 de junio, como parte de la primera entrega de Informes Individuales correspondientes a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016, se presentaron los resultados de la auditoría 152-DS “Programa Nacional de Inglés” practicada a la Secretaría de Educación Pública. De igual forma, debido a la relevancia del tema, el PAAF 2017 incluye una propuesta de auditoría al “Programa Nacional de Inglés”.

Auditoría de cumplimiento financiero con enfoque horizontal, para verificar que los recursos presupuestarios asignados para la implementación de la estrategia denominada Cruzada Nacional contra el Hambre se hayan aplicado conforme la normatividad y se hayan cumplido las metas y objetivos establecidos.

La fiscalización de la Cuenta Pública 2016 incluye las auditorías 255-DS “Comedores Comunitarios” y 258-DS “Cruzada Nacional contra el Hambre”, las cuales serán presentadas en febrero de 2018, como parte de la tercera entrega de Informes Individuales. De igual forma, debido a la relevancia del tema, el PAAF 2017 incluye una propuesta de auditoría a la Cruzada Nacional contra el Hambre.

Auditoría de inversiones físicas a las obras en salud pública (hospitales, clínicas de medicina familiar, entre otras) que se encuentran abandonadas o inoperantes en los estados de Veracruz, Chiapas, Yucatán, Oaxaca, Puebla, Tamaulipas, Nuevo León, Durango, Sinaloa, Jalisco, Chihuahua, y Coahuila.

La fiscalización de la Cuenta Pública 2016 incluye seis revisiones a inversiones físicas, en los términos planteados en la recomendación; de las cuales, dos se entregaron en junio de 2017 (217-DS y 841-DS-GF), tres en octubre de 2017 (202-DS-GF, 1224-DS-GF y 1702-DS-GF) y la restante (235-


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DS) se presentará en febrero de 2018, como parte de la tercera entrega de Informes Individuales.

Estudios

Solicitud CVASF Respuesta ASF

Estudio sobre el impacto del rezago en la enseñanza del idioma inglés en las escuelas públicas, en el desarrollo académico y profesional de niños y jóvenes mexicanos.

El pasado 30 de junio, como parte de la primera entrega de Informes Individuales correspondientes a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016, se presentaron los resultados de la auditoría 152-DS “Programa Nacional de Inglés” practicada a la Secretaría de Educación Pública. De igual forma, debido a la relevancia del tema, el PAAF 2017 incluye una propuesta de auditoría al “Programa Nacional de Inglés”.

— FUNCIONES DE DESARROLLO ECONÓMICO

Auditorías


Auditoría forense al Paso Express de Cuernavaca, en el Estado de Morelos, debido a los daños patrimoniales y las responsabilidades civiles ocasionados por el socavón, a fin de documentar fehacientemente los presuntos ilícitos, adicionales a las irregularidades en la administración de la obra, pagos en exceso por omisiones de la supervisión externa y falta de coordinación entre la supervisión externa y la constructora que derivó en sobrecostos, que fueron detectadas en la Cuenta Pública 2015.

El pasado 31 de octubre, como parte de la segunda entrega de Informes Individuales correspondientes a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016, se presentaron los resultados de la auditoría 326-DE “Paso Exprés de Cuernavaca” practicada la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Asimismo, como parte de la fiscalización de las Cuentas Públicas 2014 y 2015, se incluyeron las auditorías 372 “Libramiento de Cuernavaca (Paso Exprés) y el distribuidor Vial Palmira, en el estado de Morelos” y 380 “Paso Exprés de Cuernavaca”, respectivamente.

Auditoría forense a Pemex Transformación Industrial, debido al notable crecimiento de

La fiscalización de la Cuenta Pública 2016 incluye trece revisiones a PEMEX


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tomas clandestinas, que pasaron de 1,323 en 2011 a 6,537 en 2016, es decir, se registró un incremento de 394.1% en cinco años (a un ritmo promedio anual de 37.6%). Asimismo, los costos de reparación de ductos se incrementaron significativamente en 868.5% (a una tasa media anual de 57.5%), al pasar de 182.5 millones de pesos en 2011 a 1 mil 767.8 millones de pesos en 2016. En el periodo 2011-2016, existen 17,535 tomas clandestinas.

Transformación Industrial; de las cuales, una se entregó en junio de 2017 (478-DE), cinco en octubre de 2017 (475-DE, 476-DE, 479-DE, 480-DE y 482- DE), y las siete restantes (474-DE, 477-DE, 481-DE, 483- DE, 484-DE, 485-DE y 1800-DE), se presentarán en febrero de 2018 como parte de la tercera entrega de Informes Individuales. Asimismo, el pasado 31 de octubre se hizo entrega del Informe Individual de la auditoría 448-DE referente a la gestión financiera de la estrategia de desempeño de PEMEX.

Evaluaciones


Evaluación de la política pública de Regulación y Supervisión de la infraestructura aeroportuaria, de manera particular la relacionada con el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, con el propósito de constatar que su construcción se lleva a cabo de acuerdo a las mejores normas y prácticas empleadas en este tipo de infraestructura y conocer de manera transparente, quienes son los encargados de la construcción y la supervisión.

La fiscalización de la Cuenta Pública 2013 incluyó la “Evaluación de la Política Pública de Regulación y Supervisión del Sistema Aeroportuario”, cuyo objetivo fue identificar los avances y logros alcanzados, a partir de la concesión de los principales aeropuertos del país, respecto de las obligaciones y los propósitos gubernamentales establecidos. Asimismo, la fiscalización de la Cuenta Pública 2016 incluye quince auditorías referentes a la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México; de las cuales, cuatro fueron entregadas en junio de 2017 (353- DE, 356-DE, 361-DE y 367-DE), cinco en octubre de 2017 (355-DE, 358-DE, 359-DE, 360-DE y 366-DE), y las restantes seis (354-DE, 357-DE, 362-DE, 363-DE, 364-DE y 365-DE) se presentarán en febrero de 2018, como parte de la tercera entrega de Informes Individuales.

Estudios


Estudio diagnóstico sobre el proceso de contratación de empresas de supervisión de

Se analizará la pertinencia de elaborar una propuesta de estudio o auditoría en los


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obras de infraestructura, debido a que gran parte de las irregularidades que son detectadas por la ASF, se deben a que en la supervisión de las obras se incurren en omisiones y actos de negligencia.

términos planteados para su inclusión en el PAAF de la Cuenta Pública 2017.

— GASTO FEDERALIZADO

Auditorías


Auditoría Financiera y de Cumplimiento para fiscalizar los recursos de los siguientes Fondos: FISM-DF en los Municipios de Chamula, Chiapas y San Pablo del Monte, Tlaxcala; FORTALECE en el Municipio de Comalcalco, Tabasco; FORTASEG en el Municipio Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, Municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala, Municipios de Cuautla, Cuernavaca, Jiutepec y Jojutla, Morelos; FORTAMUN – DF en el Municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala y; SEGURO POPULAR al Estado de Oaxaca. En razón de que en la primera entrega de informes individuales de la fiscalización de la Cuenta Pública 2016, correspondientes al Gasto Federalizado, se detectó que los informes de las auditorías practicadas a dichos entes fiscalizados (11 auditorías), reportan abstención de opinión en el dictamen por parte de la ASF, motivada por irregularidades graves, entre las que destacan la falta de documentación comprobatoria.

Se analizará la pertinencia de elaborar una propuesta de auditoría en los términos planteados, para su inclusión en el PAAF de la Cuenta Pública 2017.

Estudios


Estudio sobre los riesgos fiscales de los servidores públicos y el futuro de su seguridad social; derivado de las retenciones de ISR y las aportaciones de seguridad social realizadas

Atentamente se solicita proporcionar mayor información respecto a los objetos específicos que se solicita auditar.


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por la Entidad Federativa, que no son enteradas a la SHCP y al ISSSTE.

Estudio sobre la dependencia financiera que tienen las entidades federativas a los recursos federales que le son transferidos.

La fiscalización de la Cuenta Pública 2016 incluye las siguientes tres auditorías a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las cuales cubren los temas señalados en la recomendación, 39-GB “Evaluación del Marco Institucional para la Disciplina Financiera de Entidades Federativas y Municipios” (presentada en junio 2017); 55- GB “Participaciones Federales a Entidades Federativas” (entregada en octubre de 2017), y 57-GB “Posición Fiscal de los Gobiernos de las Entidades Federativas” (se presentará en febrero de 2018, como parte de la tercera entrega de Informes Individuales).

Estudio sobre el impacto que tiene la deuda subnacional en el crecimiento y/o desarrollo económico de la(s) entidad(es) federativa(s).

La fiscalización de la Cuenta Pública 2016 incluye doce auditorías que cubren los temas señalados en la recomendación; de las cuales, una se entregó en junio de 2017 (1092-GB-GF), dos en octubre de 2017 (43-GB-GF y 1217-GB-GF), mientras que las restantes nueve (44-GBGF, 57-GB-GF, 559-GB-GF, 672-GB-GF, 722-GB-GF, 1070-GB-GF, 1247-GB-GF, 1382-GB-GF y 1501-GB-GF) se presentarán en febrero de 2018, como parte de la tercera entrega de Informes Individuales.


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FSCP 2016

3. Planteamientos de los grupos parlamentarios que integran la CVASF en torno a la 2a. entrega de los informes individuales de auditorías correspondientes a la fiscalización de la CP 2016

3.1. Grupo Parlamentario del PRD

1. Recuperación de créditos fiscales controvertidos con sentencia favorable al Sistema de Administración Tributaria

Me refiero a la auditoría financiera y de cumplimiento 82-GB sobre recuperación de créditos fiscales controvertidos con sentencia favorable al Sistema de Administración Tributaria. En ella encontramos que, entre 2013 y 2016, de un total de créditos fiscales con sentencia favorable al SAT por 74.5 mil millones de pesos se cobraron únicamente 2.8 mil millones; es decir el 3.8 por ciento del total. En la muestra revisada por la ASF en 2016, por 7.7 mil millones de pesos la autoridad fiscal logró cobrar 166 millones; el 2.2 por ciento. La información que nos proporciona es relevante y valiosa; las cifras son impresionantes; pero al final de cuentas nos deja con un sentimiento de gran frustración. ¿Cómo es posible que en los créditos fiscales con sentencia favorable al SAT se obtenga una recaudación proporcionalmente insignificante? Parte de la respuesta nos la da la propia auditoría: del lado del SAT existen problemas de manejo de información y de los tiempos requeridos por las distintas diligencias e investigaciones. Del lado de los contribuyentes existe una generalizada y sospechosa insolvencia; con frecuencia originada en estrategias de reducción de actividades y bienes para no pagar. No se trata de un tema menor; no cobrar más de 7 mil millones de pesos en un año y más de 70 mil millones en cuatro constituye un cuantioso despojo a la nación que obstruye el cumplimiento de las responsabilidades del Estado de promover la equidad y la justicia social proporcionando, entre otros elementos, servicios adecuados a la ciudadanía. Es desde esta perspectiva de indignación, que creo que compartimos, que me atrevo a mencionar lo que parecen ser insuficiencias del informe y derivarlas a preguntas.

Le solicito atentamente que a partir de la auditoría ya realizada se nos proporcionen mayores precisiones estadísticas sobre el grado de concentración del no pago, el tipo de empresas que lo practican y la reiteración, si es que ocurre, de estas prácticas en algunas de ellas.

La auditoría concluye que en términos generales, el Servicio de Administración Tributaria cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia. No lo pongo en duda. Y sin embargo esta afirmación parece evadir el problema de fondo: el hecho de que se le sustraen a la nación miles de millones de pesos año con año.


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De la auditoría derivan básicamente tres recomendaciones orientadas a acelerar procesos administrativos y compatibilizar sistemas de manejo de información. La impresión es que abordan temas menores; mejoras poco significativas frente a la magnitud del asunto de fondo.

Tal vez lo que ocurre es que en una auditoría financiera y de cumplimiento la perspectiva es muy formalista. Le solicito atentamente examine la posibilidad de que a partir de lo ya investigado se pudiera abordar un enfoque de desempeño complementario que, basado en la reconocida capacidad de la ASF, pudiera desembocar en recomendaciones substanciales, incluso relacionadas con medidas que pudiera tomar esta honorable Cámara de Diputados.

Le solicito su opinión sobre lo siguiente: ¿considera Ud. viable, y cómo se haría para que aquellos que han desfalcado a la nación de la manera que se describe en la auditoría de referencia sean notificados al buró de crédito? Parece una medida moderada, sin descartar otras, que simplemente colocaría a los ciudadanos incumplidos en una circunstancia similar a las de cualquier otro ciudadano incumplido en el pago de sus obligaciones. ¿Qué medidas alternativas eficaces se pueden instrumentar que requieran más apoyo legislativo?

2. Deuda Subnacional y Sismo Las afectaciones de los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017, detonaron necesidades financieras urgentes para hacer frente a la reconstrucción (viviendas, infraestructura pública, etc.) en las Entidades Federativas más afectadas: Chiapas, Oaxaca, Morelos, Puebla, Estado de México y Ciudad de México; para tal fin se han etiquetado recursos públicos federales y estales para la reconstrucción. Sin embargo, esos gobiernos estatales han gestionado ante sus congresos locales la adquisición de deuda pública para hacer frente a la reconstrucción. En ese orden de ideas señor Auditor, ¿Cuál es la estrategia a seguir por la ASF para fiscalizar el endeudamiento para la reconstrucción de los daños por los sismos de septiembre en las Entidades Federativas?

3. Deuda Subnacional y Sismo En las revisiones de la ASF a recursos destinados a reconstrucción nacional en el ámbito federal se identificaron mecanismos financieros como el bono cupón cero que potencia los recursos a utilizar, pero que la ASF determinó que es un mecanismo oneroso comparado con otras alternativas financieras. Por otro lado, la ASF en sus revisiones a ingresos excedentes ha determinado subestimación de ingresos en los proyectos aprobados de la LIF, concretamente en los ingresos proyectados en


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el rubro de los Aprovechamientos, que son consistentemente muy inferiores que los ingresos efectivamente recaudados. Una parte de estos ingresos por Aprovechamientos está etiquetado como los provenientes del remanente operativo de Banxico. Sin embargo, otros ingresos pueden reetiquetarse en virtud de las nuevas prioridades generadas por los sismos. ¿Qué cantidad de recursos excedentes por Aprovechamientos de acuerdo a los datos históricos pueden estar disponibles en el 2018 que pudieran generarse para ser utilizados en la reconstrucción de la infraestructura dañada por los sismos de septiembre de 2017 y en el apoyo a damnificados? Cabe señalar, que el Senado incremento la bolsa de recursos por Aprovechamientos en aproximadamente 2,000 millones de pesos. ¿Cuánto más podrá asignarse de este rubro de ingresos, a estas imperiosas necesidades que demanda la sociedad para el gasto demandado por los sismos, sin los costos onerosos del financiamiento del bono cupón cero?

4. Retenciones no Enteradas a Terceros Institucionales En la revisión de los recursos del Ramo General 33 de la Cuenta Pública 2016, la Auditoría Superior de la Federación detectó Entidades Federativas que no pagan las aportaciones de seguridad social y el ISR retenido a sus trabajadores, y justifican la omisión con los Convenios suscritos por el Gobierno del Estado con la SHCP y el ISSSTE, aunque en términos reales la Federación deja de captar impuestos. En ese orden de ideas: Una vez formalizado el convenio con la SHCP y el ISSSTE, ¿Cuál es el daño patrimonial por esta práctica detectada por la ASF, es para el trabajador o para la Hacienda Pública Federal? ¿Cuáles son los riesgos observados por la ASF en la situación fiscal del trabajador y en el futuro de su seguridad social; derivados de esta práctica cada vez más recurrente en las administraciones de los Estados? ¿De qué manera se consideran estos ingresos federales en los Presupuestos de Egresos de las Entidades Federativas y para que programas federales pueden ser destinados? ¿Se emitieron las acciones necesarias (PRAS) para sancionar a los servidores públicos responsables de la irregularidad? ¿Qué mecanismos de control interno impulso la ASF para evitar la recurrencia de la irregularidad y, qué área de la propia Entidad de Fiscalización Superior de la Federación es la responsable de corroborar su implementación e informar de esta?


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3.2. Grupo Parlamentario del PRI

1. Infraestructura Social Básica Derivado de las reformas de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación (LFRCF), disminuyeron las auditorías en Municipios para la fiscalización del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) de la Cuenta Pública 2016. ¿Cuáles son los riesgos observados por la ASF en la recurrencia de actos de corrupción en el ejercicio de los recursos del FISMDF, derivados de la disminución de auditorías practicadas a los Municipios? ¿Cuál es la estrategia que va a implementar la ASF para aumentar en el futuro la muestra de Municipios seleccionados, para fiscalizar los recursos del FISMDF?

2. Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado En la revisión de la Cuenta Pública 2016 la ASF dio continuidad a las auditorías para la revisión del “Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado”, en las que los procedimientos de auditoría que se aplicaron fueron implementados para determinar el avance y las insuficiencias en la adopción del modelo PbR-SED. Los resultados de estas auditorías sólo acreditan las buenas prácticas implementadas y señalan, con un ánimo constructivo, las insuficiencias encontradas, a efecto de coadyuvar al desarrollo de la evaluación en la gestión del Gasto Federalizado. Aprovechando la reconocida metodología de la ASF en evaluación del desempeño, ¿Cómo se puede implementar la referida metodología, en una plataforma que permita una mejor evaluación del Gasto Federalizado?

3. Perspectiva en torno al Nuevo Modelo Educativo Debido al evidente rezago que presentaba el esquema de enseñanza implementado durante las últimas décadas, en marzo de 2017 fue presentado, en el marco de la Reforma Educativa, el Nuevo Modelo Educativo, el cual entrará en vigor a partir del ciclo escolar 2018-2019 y cuyo fin consiste, fundamentalmente, en garantizar el acceso equitativo de niños y jóvenes mexicanos a una educación integral de calidad, así como convertir a la educación en un cimiento para edificar condiciones de justicia y prosperidad en el país. Partiendo de los resultados obtenidos en las diversas auditorías, evaluaciones de políticas públicas y estudios llevados a cabo en los últimos años a los entes públicos que conforman el sector educativo, ¿cuáles son los elementos del nuevo modelo con mayor alcance para corregir las principales fallas en materia educativa y de qué elementos carece?


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Uno de los requisitos primordiales para lograr las metas trazadas es lograr la viabilidad del modelo con el paso de los años, ¿se considera que el modelo será sustentable en la transición de la presente Administración a la siguiente?

4. Resultados de las auditorías forenses a las Instituciones Públicas de Educación Superior (IPES)

En los últimos años se ha llevado a cabo un conjunto de auditorías forenses a distintas a las IPES con el objeto de revisar los recursos públicos recibidos mediante contratos, convenios y anexos técnicos, celebrados entre dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para el desarrollo de diversos proyectos, adquisiciones y otros servicios.

Como es sabido, el objeto de las auditorías forenses consiste en revisar y analizar los procesos, hechos y evidencias derivados de la fiscalización por la presunción de un ilícito, con el propósito de documentar las conclusiones con pruebas válidas y suficientes; lo cual indica que en los últimos años la ASF ha detectado actividades ilícitas en las instituciones de educación superior fiscalizadas. Tomando como referencia los dictámenes negativos emitidos por la ASF en la mayoría de las auditorías en comento, ¿existe evidencia de que los daños hayan sido resarcidos?, ¿se ha modificado el fundamento legal para la celebración de contratos y convenios suscritos entre IPES y la APF?, ¿qué medidas se han tomado a partir de las irregularidades detectadas por la ASF?

A partir de los resultados obtenidos en las auditorías efectuadas, ¿se tienen programadas alteraciones en el esquema técnico para la implementación de las auditorías que, en lo subsecuente, se realizarán a los contratos entre IPES y APF?

5. Obligaciones constitucionales del IFAI En el ejecutivo federal se implementaron nuevos mecanismos de control interno, de evaluación del desempeño y de rendición de cuentas. Se creó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IFAI); con relación al informe elaborado al mes de octubre del presente año, se encontró que los estados de Michoacán y San Luis Potosí, no habían armonizado su marco normativo con la legislación general, situación que limitó la coordinación efectiva del Sistema Nacional de Transparencia (SNT), al haberse determinado un retraso promedio de emisión de 3 años después de lo dispuesto. También se encontró que la Ley de Expropiación; la Ley de Seguridad Nacional; la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas; la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, y la Ley Federal de Defensoría Pública no contaban con los reglamentos dispuestos en sus artículos transitorios.


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Adicionalmente se cuantificó en el informe que el 79.5% de las 238,090 solicitudes de acceso a la información pública a los sujetos obligados, se recibieron por medio del Programa Nacional de Transparencia (PNT). Sin embargo, se registraron limitantes para ejercer la efectiva coordinación del SNT, ya que no se armonizó la totalidad de las leyes locales en el plazo dispuesto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP) y la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP). Con el debido respeto Sr. Auditor Superior, ¿Qué medidas se han implementado para que se dé cumplimiento en los objetivos y metas y el debido funcionamiento y cumplimiento de las obligaciones constitucionales del Instituto? ¿Por qué no se ha realizado una revisión para la armonización de su marco normativo, cuando es una de las herramientas para desempeñar de manera eficiente el trabajo? En relación a los reglamentos dispuestos de las leyes antes citadas ¿Cuál sería el motivo por el cual, no contaban con dichos reglamentos?, ¿Qué consideraría que fuera la mejor dinámica para la armonización de las leyes de manera eficiente y oportuna en la coordinación del Sistema Nacional de Transparencia (SNT)

6. Apoyos otorgados por la SRE Los consulados de México en Dallas, Nueva York, Laredo, Chicago y Los Ángeles entregaron 801 millones de pesos (más de 42 millones de dólares) a organizaciones no gubernamentales de apoyo a mexicanos radicados en ese país, pero sin evaluar previamente sus proyectos. Cabe destacar que desde las revisiones de la cuenta pública 2014, la ASF ha hecho un importante número de recomendaciones a la SRE, y las observaciones siguen siendo recurrentes, sería conveniente realizar un diagnóstico, para identificar si los procesos actuales requieren una modificación Sr. Auditor, ¿Consideraría que las acciones emprendidas por parte de SRE han sido suficientes en la mejora continua de las normas y procedimientos que se atienden en beneficio de las comunidades mexicanas en el exterior? En relación a los recursos radicados a las 50 Representaciones de México en el Exterior (RME) por 48,342.2 miles de dólares equivalentes a 915.9 millones de pesos, no suscribieron los convenios de coordinación específicos con cada RME, en los que se establecieran las condiciones, requisitos, objetivos específicos y programas de trabajo. Me podría indicar ¿Cómo es que las funciones primordiales de la SRE, no se llevan a cabo de manera eficiente, cuando es el único fin de dichos programas para el bienestar de nuestro connacionales fuera de nuestro país?, ¿Qué está sugiriendo la ASF, para que estas anomalías no continúen pasando?


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7. Robo clandestino de combustible

De acuerdo con la ASF, en el periodo 2011-2016, el número de tomas clandestinas identificadas aumentó en 394.1%, al pasar de 1,323 a 6,537, con un total acumulado de 17,535 tomas. Asimismo, la ASF mencionó que los costos de reparación de ductos se incrementaron en 868.5%, alcanzando un costo acumulado en el periodo de referencia, de 3 mil 070.8 millones de pesos, equivalente al 88.1% del presupuesto ejercido en el programa presupuestario K027 para el mantenimiento de la infraestructura de logística en 2016, lo que repercute en la rentabilidad y sustentabilidad de la prestación del servicio de logística de gasolinas y diésel. Las auditorías practicadas por la ASF destacan un número importante de irregularidades que han derivado en observaciones y acciones preventivas y correctivas, e incluso el órgano fiscalizador las ha dictaminado con opinión negativa. No obstante, no se reportan sanciones de mayor alcance relacionadas con procedimientos judiciales como son las denuncias de hechos dirigidos a los responsables. Le pregunto señor Auditor, Debido a que es un tema de suma gravedad, ¿Qué acciones se tomarán para detener urgentemente la proliferación de tomas clandestinas? ¿Cómo contribuirá el Sistema Nacional Anticorrupción a resolver esta problemática? ¿Qué rendición de cuentas ha habido sobre esta problemática?

8. Esquema Financiero para la Construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México

En reunión celebrada el mes pasado con diputados integrantes de la Comisión Especial de Seguimiento a la Construcción del NAICM, la ASF señaló que quedó rebasado el gasto original programado para la obra, que ascendía a 13 mil millones de dólares; que existen montos irregulares que ascienden a un total de 234.722 millones de pesos, detectados durante la revisión a 88 contratos de diversas áreas y que la obra no será entregada en la fecha comprometida (20 de octubre del 2020). El informe de auditoría financiera y de cumplimiento “Esquema de Financiamiento para la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México” No. 359-DE, además de señalar que para 2017, en la Cartera de Programas y Proyectos de Inversión de la SHCP, el monto del Proyecto de Inversión del NAICM ascendió a 186 mil 092.0 millones de pesos, el cual correspondió al monto original por 169 mil 000.0 millones de pesos, (actualizado por la inflación), advierte que el esquema de financiamiento para la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), si bien permite al Gobierno Federal captar recursos para atender necesidades que no pueden ser cubiertas presupuestalmente,


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también origina que la captación del financiamiento no se refleje como un pasivo, ni se reconozca como deuda y tampoco se registre en la finanzas públicas. Asimismo, el informe especial “Estrategia de Fiscalización del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México” señala que ninguna instancia en el Gobierno Federal se hace responsable del seguimiento, consolidación, registro y revelación de las erogaciones que se realizan para la construcción del NAICM. Con el debido respeto Sr. Auditor Superior, En el marco de las modificaciones constitucionales que aprobaron siete paquetes de legislación secundaria que dieron origen al Sistema Nacional Anticorrupción, ¿qué garantía se tendrá para considerar que esta compleja problemática no represente un riesgo latente para las finanzas públicas del país, al margen de las responsabilidades administrativas, civiles y penales que pudieran derivarse? ¿En una actitud de autocrítica genuina considera que las acciones promovidas derivadas de la auditoría No. 359 (4 R y 1 PRAS), resolverán la opacidad y los riesgos detectados y alertarán de manera cabal el problema potencial en el que se encuentra el proyecto del NAICM?

9. Política Hídrica Nacional La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, tiene a su cargo la administración del agua, la realización de estudios sobre la disponibilidad y calidad del recurso hídrico; expedición de títulos de concesión o asignación de aguas nacionales para la extracción, explotación, uso o aprovechamiento de materiales pétreos; verifica el cumplimiento de las disposiciones establecidas en los títulos de concesión o asignación; recauda el pago de los derechos del agua y lleva un control sistematizado mediante el Registro Público de Derechos de Agua. En la revisión a la Cuenta Pública 2016, la ASF realizó diversos estudios en materia de control interno, administración de riesgos y promoción de la integridad. Los hallazgos y resultados presentados por la ASF en las auditorías practicadas a la CONAGUA, por su impacto y probabilidad de ocurrencia, ponen en riesgo el cumplimiento de los objetivos y metas del ente auditado, o motivan la existencia de uno o varios eventos que causarían daño o perjuicio al erario federal. Asimismo, los mandos superiores tienen la obligación de subsanar los riesgos o debilidades identificadas en los procesos y que, en caso de no implementar los controles necesarios para su mitigación, asumen la responsabilidad de su materialización y de las consecuencias económicas, legales y administrativas. Con el debido respeto Sr. Auditor,


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¿Cuál es el tipo de seguimiento que la Auditoría realizará para atender esta situación, con el propósito de que la CONAGUA cumpla con lo establecido en los principios de la Política Hídrica Nacional?

10. Riesgo de pérdida de competitividad y escasa asistencia en los destinos turísticos prioritarios

La ASF realizó a la SECTUR la auditoría de desempeño “Fortalecimiento de la Competitividad del Sector Turismo” con el objetivo de fiscalizar y analizar los resultados relativos al fortalecimiento de la competitividad en el periodo 2014-2016, así como evaluar los mecanismos de control, evaluación y rendición de cuentas de la SECTUR, ICTUR y la CSTAV. La aplicación de esta auditoría permitió a la ASF detectar deficiencias en la asistencia brindada por la Corporación de Servicios al Turista Ángeles Verdes (CSTAV) a turistas nacionales y extranjeros en trayectos carreteros al concentrar la atención en entidades del centro del país y no en zonas con el mayor número de destinos turísticos; y riesgos en la pérdida de competitividad pese a mejora en el ranking del Foro Económico Mundial (FEM), No obstante este logro, no existe una relación directa con la gestión de los actores del sector, ya que se presentaron deficiencias en la conducción de la política turística. La mejoría en la posición, se explica por la diversidad cultural y natural del país y las fluctuaciones de los mercados financieros internacionales que ocasionaron devaluaciones de la moneda mexicana, haciendo los destinos más accesibles para los turistas respecto de otros países. A partir de estos resultados, le pregunto Señor Auditor, ¿Cuáles han sido las recomendaciones para que la entidad pública fiscalizada cumpla la política turística, identifique sus debilidades, las corrija y conozca el efecto de su gestión en el fortalecimiento de la competitividad del sector turismo? ¿Por qué no se han tomado medidas preventivas para que la entidad fiscalizada brinde mayor asistencia a las zonas con el mayor número de destinos turísticos prioritarios y no sólo se focalice en las entidades del centro del país?

11. Deficiencias en el diseño de las Reglas de Operación para la entrega de subsidios y desconocimiento del padrón de beneficiarios

La ASF aplicó a la SEDATU la auditoría de desempeño al “Programa de Prevención de Riesgos” con el objetivo de fiscalizar las acciones de la Secretaría para incentivar el crecimiento ordenado de los asentamientos humanos, a fin de disminuir la vulnerabilidad de la población por efectos de fenómenos perturbadores. La aplicación de esta auditoría permitió a la ASF detectar deficiencias en el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), situación que impidió precisar el avance en la atención del problema público que dio origen a ese programa; deficiencias en las Reglas de Operación


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establecidas para la entrega de subsidios; falta de integración y registro del padrón de beneficiarios al no acreditar que en los proyectos financiados se hubiesen integrado y registrado el padrón de beneficiaros en el Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPP-G) e incumplimiento en los plazos establecidos para la conclusión de obras al brindar mayor cantidad de recursos a proyectos en los cuales no se acreditó la conclusión de las obras, aun cuando fueron definidos como acciones urgentes e impostergables relacionadas con la prevención y reducción de riesgos. A partir de estos resultados, le pregunto Señor Auditor, ¿Por qué no se han tomado medidas preventivas para la integración y registro del padrón beneficiarios, a fin de medir el avance en la atención al problema público que dio origen a ese programa?

¿Cuáles han sido las recomendaciones para que la entidad fiscalizada realice un adecuado diseño de la MIR y Reglas de Operación, a fin de garantizar la entrega de subsidios a la población objetivo?

En su opinión, ¿la falta de integración y registro del padrón de beneficiarios no da pie a que la dependencia incurra en la práctica de desvío de recursos?

12. Degradación de los recursos forestales

La Comisión Nacional Forestal otorgó apoyos para el fomento y desarrollo del manejo forestal, pero su contribución para reducir la degradación y deforestación fue marginal, este bajo desempeño afecta la conservación de los recursos forestales, ya que de 2011 a 2016, continuó registrándose la pérdida de superficie forestal, siendo durante el citado período de 1,004,335.1 hectáreas, lo que no contribuye a propiciar el desarrollo forestal sustentable en perjuicio de los 119.5 millones de mexicanos.

No obstante lo dicho anterior, en el período que se revisa, la ASF realizó sólo dos auditorías a la CONAFOR. Con el debido respeto Sr. Auditor Superior, ¿Cuántas auditorías se tiene programado realizar en revisiones futuras a la CONAFOR, cómo está contribuyendo la ASF para que desde una perspectiva sectorial en el ámbito de su competencia, coadyuve al desarrollo forestal sustentable?

13. Deficiencias en la identificación de riesgos y distribución desigual de subsidios

La ASF aplicó al Consejo Nacional de Vivienda (CONAVI) la auditoría financiera y de cumplimiento al Control Interno del “Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones Habitacionales”, con el objetivo de evaluar los mecanismos de control interno establecidos para


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coordinar la asignación del subsidio, a fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos y metas del programa en 2016. La aplicación de esta auditoría arrojó los siguientes resultados: ausencia de mecanismos para la identificación de riesgos, al carecer las empresas contratadas de informes de riesgo respecto al diseño de controles del trabajo que desempeñan y el cumplimiento de sus objetivos; desigual distribución de los subsidios al brindar más subsidios a los estados que contaban con menor cantidad de viviendas con rezago, y debilidades en la gobernanza de la institución debido al incumplimiento por parte del CONAVI de asistir a los Comités y Junta de Gobierno y no contar con mecanismos de control interno en materia de línea ética.

A partir de estos resultados, le pregunto Señor Auditor, ¿Por qué no se han tomado medidas preventivas para evitar este tipo de deficiencias en la gobernanza de la entidad fiscalizada?

¿Cuáles han sido las recomendaciones, en el ámbito de su competencia, para que la entidad fiscalizada realice una adecuada distribución de los subsidios a los que realmente necesitan de ellos?

¿Por qué no se han tomado medidas preventivas para brindar una correcta distribución de los subsidios? ¿Seguirá siendo necesario que se tenga que hacer observaciones y recomendaciones por parte de la ASF, para que la entidad fiscalizada realice correctamente su labor?

3.3. Grupo Parlamentario del PAN

1. Facultades de la Auditoría Superior de la Federación. La fracción V del artículo 36 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación establece que dentro del contenido mínimo de los Informes Individuales se contendrán las observaciones, recomendaciones, acciones y, en su caso, denuncia de hechos. No obstante, ni en la primera entrega de informes individuales, ni en ésta segunda entrega de informes individuales, la Auditoría Superior de la Federación reportó las denuncias de hechos correspondientes. Considerando que las facultades de la Auditoría Superior de la Federación deben entenderse vinculadas al Sistema Nacional Anticorrupción y, por ende, a la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y delitos por hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de los recursos públicos ¿cuál considera que sean las razones principales


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por las cuales las auditorías llevadas a cabo no han tenido como consecuencia denuncias de hecho? 2. Entidades de Fiscalización Locales La Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación señala que la Auditoría Superior de la Federación podrá llevar a cabo las auditorías sobre las participaciones federales a través de los mecanismos de coordinación que implemente, en términos del artículo 79, fracción I, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y; que emitirá los lineamientos técnicos que deberán estar contenidos en los mecanismos de colaboración correspondientes.

¿Cuál es el avance que se tiene en la implementación de los mecanismos de coordinación con las Entidad (es) de Fiscalización Local (es), para llevar a cabo la fiscalización de las participaciones federales? ¿Cuál es el avance en la elaboración de los Lineamientos que deben observar las Entidad (es) de Fiscalización Local (es), para la fiscalización de las participaciones federales? ¿Cuál es la estrategia que implementará la ASF para evaluar el desempeño de la (s) Entidad (es) de Fiscalización Local (es) que establezca (n) un mecanismo de coordinación para la fiscalización de las participaciones federales? 3. Fiscalización de la deuda estatal garantizada. En el Capítulo III “De la Fiscalización Superior de la Deuda Pública de las Entidades Federativas y Municipios que cuenten con Garantía del Gobierno Federal” del Título Tercero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, se establece que la Auditoría Superior de la Federación deberá fiscalizar todos los instrumentos de crédito público y de financiamiento, así como las otras obligaciones contratadas por las entidades federativas, siempre que éstas cuenten con la garantía y aval de la Federación. De acuerdo con el reporte del tercer trimestre del 2017 del Registro Público Único previsto en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios, el saldo de la deuda subnacional como porcentaje de las Participaciones Federales representa el 75.4%. ¿Cuáles han sido los principales hallazgos que la Auditoría Superior de la Federación ha tenido en el ejercicio de esta facultad de fiscalización? ¿Cuáles son los mecanismos y líneas de acción que la Auditoría Superior de la Federación ha instrumentado con los gobiernos subnacionales para la debida fiscalización de la deuda estatal garantizada?


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4. Fiscalización del cumplimiento de la de la Ley de Disciplina Financiera. Conforme a las disposiciones previstas en el Capítulo IV “De la Fiscalización del Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios” contenidas en el Título Tercero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, la Auditoría Superior de la Federación tendrá la obligación de fiscalizar la observancia de las reglas de disciplina financiera; la contratación de los financiamientos y otras obligaciones; y, el cumplimiento de inscribir y publicar la totalidad de sus financiamientos y otras obligaciones en el Registro Público Único. De acuerdo con la fracción VIII del artículo 2º de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios, por disciplina financiera debe entenderse la observancia de los principios y las disposiciones en materia de responsabilidad hacendaria y financiera, asegurando la gestión responsable y sostenible de las finanzas públicas. Sin embargo, atendiendo a la información pública disponible al tercer trimestre de 2017 en http://disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx portal habilitado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se advierte que en los casos de Chihuahua, Coahuila, Quintana Roo y Nuevo León, la deuda que tienen como porcentaje de sus ingresos totales es superior al promedio nacional (25.5%) en más del doble. ¿Qué acciones y recomendaciones ha realizado la Auditoría Superior de la Federación al respecto? ¿Cuáles son los principales hallazgos obtenidos respecto al cumplimiento y observancia de la Ley de Disciplina Financiera por parte de los Estados y los Municipios? 5. Investigación científica y tecnológica en el sector salud

Derivado de la auditoría realizada al Instituto Nacional de Pediatría (INP) para Fiscalizar que la investigación científica y tecnológica haya contribuido a resolver los padecimientos de la población infantil (230-DS), la ASF determinó que el Instituto desarrolló 64 investigaciones en su área de conocimiento sin acreditar avances en la atención del problema público, ya que no comprobó contar con mecanismos de control para vincular las líneas de investigación utilizadas con los temas prioritarios y emergentes en materia de salud infantil, y en la publicación y difusión no demostró que estuvieran relacionadas con los temas investigados. En este sentido mis preguntas son: ¿Cuáles son las consecuencias sociales que esto trae consigo?

¿Cuál es el beneficio directo que la población obtiene de la realización de este tipo de investigaciones?

http://disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/


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¿Cuál es la opinión de la ASF en términos de rentabilidad, sobre tales investigaciones llevadas a cabo por el INP?

6. Desvío de recursos de un servidor público a sus cuentas personales

Con los resultados de la auditoria relativos al Fideicomiso del Fondo de Investigación en Salud –FIS- (249-DS), la ASF observó que un responsable administrativo presuntamente desvió recursos económicos del fondo, ya que realizó una transferencia de una cuenta del fondo por 814.0 miles de pesos a su cuenta personal, situación que claramente representa un perjuicio económico al patrimonio del fondo. Es importante señalar que este monto se totalizó ya que el responsable realizó transferencias a lo largo de 2 años.

En este caso específico la Coordinación Laboral de la Dirección Jurídica del IMSS rescindió el contrato individual de trabajo de la persona. En los resultados de la auditoría, la ASF claramente señala que el Titular de Quejas del Órgano Interno de Control (TOIC) turnó el caso al Área de Responsabilidades el 8 de septiembre de 2015. Con motivo de la intervención de la ASF, el FIS solicitó al TOIC y a la Unidad de Investigaciones y Procesos Jurídicos de la Dirección Jurídica, conocer el estatus actual de dicho caso, lo que está en espera de respuesta.

En este sentido, mi primera pregunta es ¿ya tienen conocimiento de la existencia de alguna respuesta?, de ser así, ¿en qué sentido se emitió dicha respuesta?

A consideración de la ASF ¿cuál es el motivo por el que 2 años y 8 meses después de lo sucedido se está dando a conocer apenas el caso a la Procuraduría General de la República de la Ciudad de México?

Finalmente, ¿ya recibió respuesta o justificación acerca de porque los estados financieros dictaminados del FIS, al 31 de diciembre de 2016, sólo refieren el desvío de recursos, por 504.1 miles de pesos, en lugar de 814.0 miles de pesos? ¿Si bien el monto monetario observado es pequeño, tiene la ASF un conocimiento de cuantos involucran casos similares en la Administración Pública Federal? 7. Sistema Automatizado de Administración de Riesgos La ASF ha trabajado con las instituciones del sector público federal con objeto de contribuir al fortalecimiento de sus sistemas de control interno y de sus programas de promoción de la integridad. Para ello, utilizó un enfoque basado en la aplicación de evaluaciones especializadas y la difusión de mejores prácticas en la materia, así como para reducir efectivamente la posibilidad de ocurrencia de actos de corrupción desde un enfoque preventivo, disciplinado y sistemático. En este sentido Sr. Auditor Superior, ¿cuáles han sido los avances en el “Sistema Automatizado de Administración de Riesgos”?. Ya que dicha herramienta tiene como propósito que todo


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ente del sector público esté en posibilidad de realizar el registro de los riesgos que enfrenta, evaluarlos conforme a su impacto y probabilidad de ocurrencia, asignar responsables específicos, obtener los mapas respectivos y, en breve, hacer de la administración de riesgos una realidad funcional en la operación cotidiana de la institución. ¿Qué consideraría que se debe implementar en el “Sistema Automatizado de Administración de Riesgos”, para reducir efectivamente la posibilidad de ocurrencia de actos de corrupción desde un enfoque preventivo, disciplinado y sistemático? Y ¿Qué modificaciones propondría en el diseño actual de este sistema? 8. Instituciones y Reglas Fiscales para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas En lo que se refiere a la auditoria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. “Instituciones y Reglas Fiscales para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas”. Estudio, No. 1788, la ASF reiteró la insuficiente disponibilidad financiera en los fondos de estabilización y ahorro, lo que impide hacer frente a las contingencias financieras asociadas con la caída en la recaudación de ingresos. Al respecto señaló que para 2015 y 2016 las reservas acumuladas del FEIP fueron de 36 mil 729.0 millones de pesos y 98 mil 406.0 millones de pesos, respectivamente; representaron 16.9% y 42.5% del límite máximo de las reservas para esos años (217 mil 926.4 millones de pesos y 231 mil 460.2 millones de pesos, en el mismo orden). Y, en el caso del FMPED, no alcanzó la referencia del 4.7% del PIB de transferencias de ingresos petroleros al GF (en 2015 fueron de 2.2% del PIB y en 2016 de 1.6% del PIB) y tampoco ha logrado acumular recursos para el ahorro de largo plazo, de conformidad con la Ley del FMPED. La ASF ha fiscalizado en los últimos ejercicios al FEIP, ¿Por qué razón el impacto de estas auditorías no ha resuelto este problema, que acciones específicas de emergencia le recomienda al Congreso para mejorar sus atribuciones y poder cumplir con los objetivos del FEIP (llegar al límite de la reserva)? ¿Qué implicación tiene que las transferencias de recursos al gobierno por el Fondo Petrolero de sólo 1.6% del PIB en 2016, y las proyecciones de transferencias futuras por el gobierno para el próximo sexenio se ubiquen por debajo del 4.7% del PIB, en términos de evaluación del desempeño de la reforma petrolera que abrió a la iniciativa privada la explotación del sector petrolero? 9. Cierre financiero del esquema PIDIREGAS PEMEX A casi ocho años de la cancelación de los PIDIREGAS de Pemex, no se cuenta con un balance por parte de la ASF de los resultados que arrojó la instrumentación del esquema durante su vigencia (1997-2008). Se desconoce cuáles fueron sus resultados en materia de productividad y rentabilidad, cuál fue el costo financiero de su operación y cómo cerró el balance financiero en el finiquito que obtuvo Pemex con los permisionarios privados.


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Le pregunto señor Auditor, ¿Podría señalar si en el programa de actividades está contemplada una evaluación de la política financiera de la industria petrolera que revise el instrumento PIDIREGAS utilizado por PEMEX en el periodo 1997-2008; un análisis de su productividad y rentabilidad; el impacto de sus operaciones en los pasivos de PEMEX; el costo financiero de los PIDIREGAS; lo ocurrido con los fideicomisos públicos denominados vehículos financieros de PEMEX; y, el balance del cierre financiero del esquema? Esta inquietud surge en virtud del enorme monto de los pasivos de largo plazo de PEMEX asociados con los PIDIREGAS. ¿Qué lecciones nos deja este caso de asociación público-privado? 10. Graves irregularidades en el proyecto Tren Interurbano México-Toluca, en el Estado de

México y la Ciudad de México La auditoría de Inversiones Físicas No. 393 practicada a este proyecto por la ASF en la Cuenta Pública 2015, evidenció en su oportunidad que no se garantizaron las mejores condiciones de contratación para el Estado; omisiones en la ejecución de la obra; y pagos indebidos por servicios realizados en obras que se encontraban suspendidas o que aún no se habían iniciado. Irregularidades que derivaron en la reclamación de 133.0 millones de pesos por recuperar. La Cuenta Pública 2016 (segunda entrega) en la auditoría de Inversiones Físicas No. 335, consideró fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se adjudicaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable. En la revisión al citado proyecto se determinaron pagos indebidos por diferencias en volúmenes de obra pagada y cuantificada; recursos ministrados no devengados; pago de gastos no comprobados ni registrados; pago de conceptos de obra fuera de catálogo; duplicidad de pagos en el control del proyecto; pagos injustificados a empresas de supervisión externa; pagos de conceptos duplicados fuera de catálogo; pagos improcedentes a empresa proyectista; errores de cálculo en el costo financiero del proyecto; errónea consideración de pagos a personal en costos indirectos; desatención de la empresa de supervisión externa; y, derechos de vía por aclarar. Irregularidades que derivaron en la reclamación de 125.0 millones de pesos por recuperar. A poco más de un mes de que termine el plazo que el Gobierno Federal estableció para la inauguración del Tren Interurbano México-Toluca, la obra no está concluida y ya en algunos medios se habla de desvío de recursos y que el proyecto supera su precio original en más de 37 mil millones de pesos. Con el debido respeto Sr. Auditor Superior, ¿Cómo evitar que sea una constante que los grandes proyectos de infraestructura en la presente administración estén plagados de irregularidades en el manejo de los recursos, la


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asignación, fallas de las obras, retrasos, sobrecostos y demás y que no existan sanciones a los servidores públicos responsables del proyecto? 11. Deficiencias en la validación de calidad de los prestadores de servicios turísticos y en

el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) Con el objetivo de fortalecer la competitividad del turismo en México por medio de factores de calidad, innovación, productividad y sustentabilidad, la SECTUR incluyó en su Estrategia Programática el diseño e implementación de políticas públicas orientadas a fortalecer la actividad turística para promover la calidad, innovación, la atención al turista en trayectos carreteros y sustentabilidad de los servicios turísticos, mediante el apoyo a sus órganos administrativos desconcentrados: el Instituto de Competitividad Turística (ICTUR) y la Corporación de Servicios al Turista Ángeles Verdes (CSTAV).

En 2016, la ASF aplicó a la SECTUR la auditoría de desempeño “Fortalecimiento de la Competitividad del Sector Turismo” con el objetivo de fiscalizar y analizar los resultados relativos al fortalecimiento de la competitividad en el periodo 2014-2016, así como evaluar los mecanismos de control, evaluación y rendición de cuentas de la SECTUR, ICTUR y la CSTAV, lo que permitió detectar diversas irregularidades como desconocimiento del universo de prestadores de servicio en operación; prestadores de servicio que no actúan conforme a las normas para la seguridad de los turistas; desconocimiento de los criterios para validar la calidad de los prestadores y falta de actualización de los estándares de calidad. A partir de estos resultados, le pregunto Señor Auditor, ¿Cuáles han sido las recomendaciones para que la entidad pública fiscalizada verifique o en su caso realice una adecuada regulación en la validación (sellos, distintivos, reconocimientos y acreditaciones) de calidad de los prestadores de servicios y corroborar que los servicios turísticos se otorguen con base en la normativa aplicable, a fin de atender irregularidades detectadas y garantizar la calidad de los servicios que se ofertan a los turistas? ¿Por qué no se han tomado medidas preventivas para evitar que los prestadores de servicios de la actividad turística actúen con desapego a la norma aplicable, y por lo tanto no se garantice la seguridad de los turistas?

3.4. Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano Funciones de Gobierno

Estudio sobre la evolución de la deuda de las entidades federativas en el periodo 2010-2016, en particular para aquellas entidades federativas que han tenido un crecimiento exponencial, y el impacto que esta política de endeudamiento ha tenido sobre las condiciones de vida y bienestar de la población.


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La recomendación del mencionado estudio es pertinente dado que la deuda pública es un esquema que complementa los ingresos públicos necesarios para el financiamiento de las actividades y la prestación de servicios por parte de los entes de Gobierno. Este esquema tiene costos asociados (pago del principal y de los intereses correspondientes) que podrían perjudicar el equilibrio presupuestal de las arcas públicas, por lo cual no es convenientes abusar de la contratación de créditos. En ocasiones anteriores, la ASF ha llevado a cabo un importante trabajo de análisis de la deuda de las entidades federativas, como lo demuestra el documento “Análisis de Deuda Pública de las Entidades Federativas y Municipios” en sus dos versiones (agosto de 2012 y junio de 2011). Se antoja necesario un nuevo estudio de este tipo, toda vez que existen entidades federativas que, como Zacatecas, han incrementado de manera exponencial el saldo de sus obligaciones financieras, como lo muestra en el siguiente cuadro:

Saldo de la Deuda Pública por Entidad Federativa 2010-2016 (Miles de Millones de Pesos)

Entidad 2010 2016 Variación % del

Periodo

1 Zacatecas 0.7 8.5 1,146.3 2 Campeche 0.3 1.6 386.9 3 Coahuila 8.3 36.9 346.3 4 Chihuahua 12.5 49.4 293.7

5 Morelos 1.3 4.8 278.1 6 Chiapas 8.2 21.5 161.0 7 Colima 1.3 3.4 160.8 8 Oaxaca 4.6 11.7 153.5 9 Veracruz 21.5 49.2 128.8

10 Quintana Roo 10.0 22.2 121.2 11 Baja California 9.5 20.7 118.1 12 Tabasco 2.2 4.8 114.9 13 Durango 3.7 7.8 110.9 14 Michoacán 10.1 21.2 110.5 15 Nuevo León 34.0 65.8 93.7

16 Nayarit 3.2 6.0 90.4 17 Sonora 17.3 29.2 68.9 18 Hidalgo 4.0 6.1 51.6 19 Sinaloa 4.9 7.3 49.6 20 Yucatán 1.8 2.7 46.4 21 Distrito Federal 52.6 73.8 40.4 22 Tamaulipas 10.1 13.4 33.1 23 Jalisco 22.1 27.3 23.4


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Saldo de la Deuda Pública por Entidad Federativa 2010-2016 (Miles de Millones de Pesos)

Entidad 2010 2016 Variación % del

Periodo 24 Baja California Sur 2.0 2.5 23.1 25 Edo. de México 38.2 42.6 11.4 26 Aguascalientes 2.6 2.8 7.6 27 Guanajuato 7.6 8.1 6.1 28 San Luis Potosí 4.8 4.5 -6.7 29 Puebla 9.1 8.3 -8.8 30 Guerrero 3.8 2.8 -26.2 31 Querétaro 2.2 1.5 -32.4

32 Tlaxcala 0.0 0.0 N. A.

Suma 314.7 568.4 80.6

Promedio 9.8 17.8 80.6

N. A. = No Aplica. Fuente: Auditoría Superior de la Federación “Análisis de la Deuda Pública de las Entidades Federativas y Municipios, 2000-Marzo 2011”, H. Cámara de Diputados, Cd. Mx., junio de 2011, p. 4; y Centro de Estudios de las Finanzas Públicas “Obligaciones Financieras de las Entidades Federativas de México, al Cuarto Trimestre de 2016”, H. Cámara de Diputados, Cd. Mx., 28 de febrero de 2017, p. 7).

Dado el alto nivel técnico y profesional del personal de la Auditoría Superior de la Federación, los resultados del Estudio propuesto seguramente serán de gran utilidad para evaluar de manera imparcial los beneficios concretos que sobre el bienestar de la población ha tenido el aumento de la deuda pública en las entidades federativas, especialmente en aquellas que como Zacatecas ha visto crecer su deuda pública de manera exponencial.


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4. Recomendaciones a la ASF y propuestas de auditorías, estudios y evaluaciones

4.1. Recomendaciones al trabajo de fiscalización superior de la ASF Recomendación 1 (IR16-08 acumulado)4 Contribución a la mejora de los programas gubernamentales estratégicos para ser considerados en la elaboración del PEF. En el documento “Consideraciones para la Labor Legislativa, Entrega de Informes Individuales 2”, en particular en el Capítulo 3. Consideraciones para la conformación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) planteó a la H. Cámara de Diputados algunas sugerencias derivadas de los resultados de once auditorías de desempeño y una financiera y de cumplimiento. En la conformación del PEF 2018 las sugerencias se enfocaron a que la H. Cámara cuente con información confiable que les permita tomar decisiones y disponer de elementos para llevar a cabo las negociaciones correspondientes para acordar el mantenimiento o incremento del flujo de recursos asignados a algunos programas estratégicos, agrupados en cinco grandes temas: educación superior; impartición de justicia; protección civil; medio ambiente y transportes. Sin embargo, las sugerencias de una asignación eficiente de recursos en el PEF también deben de enfocarse en la evaluación de la eficacia, eficiencia y consistencia de los programas gubernamentales, que de acuerdo a los resultados de la fiscalización de los últimos seis años reportan avances marginales en su desempeño y resulta muy cuestionable seguir manteniendo o incrementando de manera inercial el flujo de recursos públicos. Con base en lo anterior, la Comisión emite la siguiente recomendación: Recomendación CVASF-IR16-08. Que la ASF, en el marco de su autonomía técnica y de gestión, lleve a cabo una evaluación exhaustiva de los programas gubernamentales estratégicos, tomando en consideración los resultados de la fiscalización superior realizada en el lapso 2012-2016, señalando sus fortalezas, debilidades y de manera relevante, las oportunidades de mejora que tienen estos programas para lograr su eficiencia, eficacia y consistencia en el logro de sus objetivos. De esta manera la H. Cámara de Diputados tendrá mayores insumos para la toma de decisiones en la conformación del presupuesto. Recomendación 2 (IR16-09 acumulado)4 Diseño de un sistema de calificación del desempeño de las Entidades de Fiscalización Superior Locales (EFSL) en el combate a la corrupción. De acuerdo con el documento Estudio sobre la Gobernanza Pública del Sistema Nacional de Fiscalización, publicado por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), una de las áreas de oportunidad del sistema de fiscalización del país es la necesidad de robustecer las capacidades de gestión y autonomía

4 Número consecutivo de las recomendaciones acumuladas, derivadas de la revisión a la Cuenta Pública 2016.


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de los órganos de fiscalización locales. De acuerdo a la OCDE, dicho refuerzo permitiría evitar duplicidades en la labor de auditar, aumentar la capacidad de cobertura, establecer estrategias de fortalecimiento institucional y generación de capacidades, entre otros. Con base en lo anterior, esta Comisión emite la siguiente recomendación: Recomendación CVASF-IR16-09. Que la ASF, en el marco de su autonomía técnica y de gestión, proponga a la Comisión en el mes de agosto del año en curso, una metodología para definir un sistema de calificación del desempeño de las Entidades de Fiscalización Superior Locales (EFSL) en el combate a la corrupción, a fin de que se proponga al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción para que opere a partir de enero de 2019. Recomendación 3 (IR16-10 acumulado)4 Énfasis en la fiscalización de los recursos asignados a los desastres naturales de septiembre de 2017. Durante el año 2017 los mexicanos sufrieron los efectos de los peores desastres naturales que se han visto en los últimos años; los sismos ocurridos el mes de septiembre trajeron consigo pérdidas humanas y materiales que afectaron fuertemente a varios estados de la República como Oaxaca, Chiapas, Morelos, Estado de México, Puebla, Guerrero, y la Ciudad de México. Afectaron la infraestructura federal, estatal y municipal, pero también afectaron de manera importante el patrimonio de las familias mexicanas. Ante esta situación, los propios mexicanos y aproximadamente 27 países más (Alemania, Argentina, Bolivia, Canadá, Chile, China, Japón, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, entre otros) se unieron para proporcionar ayuda (humanitaria, técnica, financiera, o en especie) a los que desafortunadamente se vieron afectados por estos eventos, los cuales se concentraron en un mecanismo denominado Fideicomiso Fuerza México, el cual fue creado por el sector privado con ayuda de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Al 12 de enero de 2018 el patrimonio del fideicomiso asciende a 227.7 millones de pesos5. Por su parte, el Gobierno Federal cuenta desde 1996 con un fondo creado para la captación de recursos para utilizarlos cuando se presenten emergencias derivadas de desastres naturales, como las ocurridas en septiembre, a fin de proteger la vida y la salud de la población, así como canalizar recursos para la reconstrucción de infraestructura federal, estatal y municipal afectada, denominado Fondo de Desastres Naturales (FONDEN). En este sentido, el Gobierno Federal a través del FONDEN y del Fideicomiso Fuerza México, ha repartido recursos a las familias afectadas para la reconstrucción de sus viviendas; asimismo ha implementado estrategias a través del sector asegurador para que los Gobiernos Estatales puedan iniciar con la reconstrucción de la infraestructura pública dañada. Al tratarse de cuantiosas pérdidas materiales, los gastos para su reconstrucción son igualmente altos; al 02

5 Datos publicados en la página oficial del Fideicomiso Fuerza México. http://fideicomisofuerzamexico.com/2018/01/12/fondos-fideicomiso-fuerza-mexico-con-corte-al-12-01-18/

http://fideicomisofuerzamexico.com/2018/01/12/fondos-fideicomiso-fuerza-mexico-con-corte-al-12-01-18/


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de enero de 2018 los recursos del FONDEN ascienden a 27 mil 625.3 millones de pesos6, así como 350.9 millones de pesos para el Fondo de Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN)7. Al tratarse de un tema tan significativo para todos los mexicanos, y considerando las altas sumas de recursos que involucra, se considera pertinente darle un seguimiento puntual al ejercicio de los recursos destinados a beneficiar a la población perjudicada después de los sismos, provenientes del FONDEN, del Fideicomiso Fuerza México, o de cualquier otro mecanismo que para tal efecto haya sido creado. Recomendación CVASF-IR16-10. Que la ASF, sin perjuicio de su autonomía técnica y de gestión, incluya dentro de sus programas anuales de auditorías correspondientes a los ejercicios fiscales 2017 y 2018, revisiones a los ingresos obtenidos a través del Fideicomiso Fuerza México, en beneficio de la población perjudicada por los sismos; así como los recursos ejercidos a través del FONDEN, FOPREDEN, y Fideicomiso Fuerza México para verificar que estos se hayan destinado efectivamente en beneficio de la población perjudicada y conforme a la normatividad aplicable. Recomendación 4 y 5 (IR16-11 y IR16-12 acumulado)4 Elaboración de un Informe semestral respecto de los mecanismos de coordinación celebrados para llevar a cabo las auditorías a las participaciones federales y del resultado del desempeño de las EFSL con las que se coordinó. Entre las nuevas obligaciones que tiene la ASF en la nueva Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, en el penúltimo párrafo del artículo 51, se encuentra la de informar a la Comisión de manera semestral sobre los mecanismos de coordinación celebrados para homologar y hacer eficiente y eficaz la fiscalización de las participaciones que ejerzan las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México, incluyendo a todas las entidades fiscalizadas de dichos órdenes de gobierno. Asimismo, informara de los resultados del desempeño de las autoridades fiscalizadoras locales correspondientes con las que se coordinó. Recomendación CVASF-IR16-11. Que la ASF en su autonomía técnica y de gestión elabore y presente a la Comisión los informes sobre los mecanismos de coordinación celebrados, para la revisión de las participaciones federales que ejerzan las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México, incluyendo a todas las entidades fiscalizadas de dichos órdenes de gobierno.

6 Según datos reportados en la página de Transparencia Presupuestaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/fuerzamexico Cabe aclarar que los Diputados aprobaron para el FONDEN en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 la cantidad de 24 mil 644 millones de pesos. 7 Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/PEF_2018_291117.pdf

http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/fuerzamexico

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/PEF_2018_291117.pdf


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Recomendación CVASF-IR16-12. Que la ASF en su autonomía técnica y de gestión elabore y presente a la Comisión los informes sobre los resultados del desempeño de las autoridades fiscalizadoras locales con las que se coordinó, para la revisión de las participaciones federales que ejerzan las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México, incluyendo a todas las entidades fiscalizadas de dichos órdenes de gobierno.

4.2. Propuestas de auditorías, estudios y evaluaciones

— Auditorías Funciones de Gobierno

Auditoría de cumplimiento financiero a la SHCP, a fin de proporcionar información sobre los movimientos detallados de las transferencias presupuestarias realizadas a través de Acuerdos de Ministración de Fondos (AMF), su integración, aplicación, y destino.

Auditoría de desempeño a la importante y extensa red educativa que constituye la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria (DGETA).

Auditoría Financiera y de Cumplimiento a la SRE, a fin de proporcionar información sobre de los nuevos centros de defensoría jurídica en relación a su desempeño y sus recursos ejercidos en ampliaciones autorizadas.

Auditoría Financiera y de Cumplimiento. Con la finalidad de identificar elementos relevantes de los resultados del presupuesto modificado autorizado y ejercido en 2017, ya que en el ejercicio 2016 se presentó un importante incremento en relación al aprobado sin justificar dicho aumento.

Auditoria del desempeño que contemple la evaluación del cumplimiento de los objetivos y programas de cada una de las representaciones consulares, y se realice una valoración de los perfiles de puestos en activo de acuerdo al servicio exterior de carrera y verificar el avance de las observaciones que se deriven de dicha auditoria.

Funciones de Desarrollo Social

Auditoría de cumplimiento financiero con el objetivo de verificar que los recursos presupuestarios asignados al Programa de Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad fueron utilizados para el cumplimiento de su objetivo.

Auditoría de cumplimiento financiero a los subsidios otorgados a programas para jóvenes, para verificar que los recursos presupuestarios asignados se aplicaron conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación.


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Auditoría horizontal de desempeño al Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFE) para verificar el cumplimiento de sus metas y objetivos en lo correspondiente a la seguridad estructural de la infraestructura física de las escuelas de nivel básico y medio superior.

Auditoría de desempeño al Programa Anual de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para los Centros e Institutos de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico para verificar el cumplimiento de sus metas y objetivos.

Funciones de Desarrollo Económico

Auditoría forense para determinar si en la asignación de contratos a Odebrecht, los funcionarios públicos responsables obtuvieron beneficios personales, ocasionando algún tipo de daño patrimonial o económico a las finanzas públicas de Pemex. Esta revisión se sustenta en las diversas irregularidades detectadas en las auditorias de contratos con dicha empresa, en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 y 2016.

Auditoría forense a la obra del “Tren Interurbano México-Toluca, en el Estado de México y la Ciudad de México”, debido al gran número de irregularidades que hacen impostergable una revisión rigurosa, pormenorizada y crítica de los procesos, hechos y evidencias para la investigación y documentación de un presunto ilícito, tomando en cuenta los resultados obtenidos en la fiscalización al proyecto en 2015 y 2016, determinándose en éste último año, pagos indebidos por un monto de 1 mil 775.3 millones de pesos y un importe por aclarar de 1 mil 102.3 millones de pesos; al margen del presunto desvío de recursos y del sobrecosto que ha tenido la obra, según lo advertido en medios.

Gasto Federalizado

Auditorías Financieras y de Cumplimiento para fiscalizar la deuda pública de las siguientes Entidades Federativas: Estado de Oaxaca, Estado de Chiapas, Estado de Morelos, Estado de México y Ciudad de México. En razón de que las afectaciones de los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017, detonaron necesidades financieras urgentes para hacer frente a la reconstrucción (viviendas, infraestructura pública, etc.).

— Evaluaciones

Funciones de Gobierno

Evaluación de la política determinada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para la captación, registro y control de la información proveniente de las organizaciones


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civiles y fideicomisos que recibieron donaciones por los sismos que afectaron al país en septiembre de 2017, relativa al destino que darán a los recursos obtenidos.

Evaluación de la política determinada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), del Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario.


Evaluación de la Política Social dirigida a la Población Indígena en México, en consideración a que la última evaluación realizada en la materia concluye su análisis hasta la pasada administración (2007-2012).

Evaluación de la política de impulso, promoción y fomento del arte y la cultura, con el objeto de inferir la suficiencia, perspectivas y deficiencias del enfoque, acciones y metodologías implementadas.

Evaluación del Nuevo Modelo Educativo para determinar sus fortalezas y debilidades, así como la viabilidad del cumplimento de sus metas y su sustentabilidad en el mediano y largo plazos.


Evaluación de la política pública del sector turismo, a la luz de los efectos negativos y perniciosos que han ocasionado la violencia e inseguridad en los principales destinos turísticos.

Evaluación de la política pública relativa a la Regulación y Supervisión de la infraestructura aeroportuaria, particularmente del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAICM), ya que en su construcción participan empresas que han estado involucradas en otros proyectos de infraestructura, cuyos procesos constructivos han sido observados por las irregularidades y causado daños y perjuicios a terceros, lo cual constituye un alto riesgo, sobre todo, tratándose de un megaproyecto como el NAICM, donde se tiene previsto el aterrizaje y despegue de una cantidad sin precedente de aeronaves con miles de pasajeros a bordo.

— Estudios Funciones de Gobierno

Estudio al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), sobre los mecanismos de control existentes en la operación de contratos de servicios, que permitan identificar oportunamente las actividades con posibles fraudes e irregularidades en los procesos.


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Elaborar un estudio sobre la evolución del comercio exterior de México en el contexto del TLCAN. Esto sin hacer a un lado la muy importante evolución del comercio exterior fuera del marco del Tratado. En particular con China, otros países del sureste asiático y Europa.

Estudio panorámico de los mecanismos existentes en la Administración del Instituto Mexicanos en el Exterior.


Estudio sobre la situación de la vivienda en México 2012-2017.

Estudio sobre las condiciones de la infraestructura en los planteles educativos de educación básica y media superior, para notificar sobre el impacto de la calidad de la infraestructura física en el desempeño escolar y en el aprovechamiento de los estudiantes.

Estudio sobre el efecto de la desigualdad social en la ejecución de los principales programas de educación básica y media superior en las comunidades con mayor índice de rezago en el país.


Estudio diagnóstico sobre la seguridad alimentaria y su relación con el ingreso de la población, es decir, con la capacidad de adquirir los alimentos. La importancia de contar con seguridad alimentaria radica en tener una producción nacional que satisfaga las necesidades alimentarias locales y la capacidad de adquirir los alimentos.

Estudio diagnóstico de los daños y perjuicios económicos que ha causado al erario federal la contratación de empresas de supervisión externa que han sido adjudicadas para la supervisión de las obras de infraestructura que se llevan a cabo a nivel federal, estatal y municipal. Los resultados de las revisiones practicadas al sector comunicaciones y transportes, dan cuenta del aumento de omisiones, negligencia, autorizaciones improcedentes, pagos injustificados y/o en exceso, volúmenes de obra que no se cuantifican adecuadamente por procedimientos constructivos apegados a los proyectos ejecutivos, entre otros; todo lo cual han generado sobrecostos en los proyectos que superan por mucho los presupuestos autorizados originales y que se constituyen en una fuerte presión al gasto público.

Gasto Federalizado

Los fenómenos naturales (huracanes, tormentas tropicales, sismos, etc.) que azotaron al país en el año 2017, detonaron la participación solidaria de la iniciativa privada y la sociedad civil organizada, en beneficio de la sociedad afectada; su valiosa colaboración


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se realizó a través de distintos mecanismos entre los que destacan, la recepción y entrega de donativos económicos. Sobre el particular, es necesario que la ASF realice un estudio sobre el impacto de los riesgos fiscales que representa la deducibilidad de los donativos, en la captación de ingresos.

Estudio para conocer el nivel de impacto de los subejercicios a nivel municipal y estatal en la actividad económica del país.

Estudios sobre dependencia financiera de las entidades federativas en el que se dé cuenta del grado de dependencia de los recursos por transferencias federales.

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