El caso de Las Bambas:

¿por qué se crean los

conflictos

socioambientales en el

Perú?

Foto referencial: La República

Escribe: Jorge Cárdenas

La semana pasada la muerte de tres campesinos de la región de

Apurímac durante un enfrentamiento contra la policía conmovió al país

no solo por el dolor que causan estas pérdidas sino porque no es el

primer caso. De hecho, de acuerdo con la ONG Oxfam, desde el 2006

hasta ahora las víctimas por conflictos socioambientales suman

131 fallecidos. Para comprender las causas de detrás de este fenómeno,

LaRepublica.pe conversó con Iván Ormachea, presidente de la

asociación civil ProDiálogo, especializada en la prevención y

transformación de conflictos.

CUANDO SE EVITA LA PARTICIPACIÓN DE LAS COMUNIDADES

Ormachea es el primero en descartar las motivaciones de “antimineros”

en el caso de las comunidades de Las Bambas. Para el especialista, los

problemas comenzaron no con el rechazo del proyecto por parte de la

población sino por la decisión del gobierno de no incluirlos en el

diálogo.

“Desde un inicio, y fui testigo de esto, las comunidades deseaban ser

parte de la toma de decisiones y constantemente cuestionaban el

mecanismo del fideicomiso [en donde negocian los alcaldes, el gobierno

y la empresa]. Y eso nos da una pista que indica que las comunidades

tenían una muy alta expectativa en torno a los beneficios a

obtener del proyecto”, afirma.

Luego de que la figura del fideicomiso cambiara a través de una

asociación civil llamada “Fondo Social Las Bambas”, las negociaciones

se agilizaron pero las comunidades, que seguían sin ser incluídas,

demandaban rendición de cuentas.

“La voz permanente de las comunidades era ‘queremos saber cómo

esta el proyecto, cuáles son los avances en cuanto al desarrollo a

partir de este fondo social y cómo nosotros queremos participar'”,

explica Iván.

La gota que rebalsó el vaso se dio cuando se modificó el Estudio de

Impacto Ambiental (EIA), dejando varios compromisos pendientes y

excluyendo a las comunidades de las negociaciones, lo que finalmente

genera el conflicto que devino en los trágicos hechos del 29 de

septiembre.

EL PROBLEMA DE LA REPRESENTACIÓN

En una reciente entrevista que revela la forma en que el gobierno

central piensa; el ministro del Interior, Jose Luis Pérez Guadalupe, afirmó

que “no deberían existir los Frentes de Defensa” y que el diálogo

debería llevarse a cabo solo con las autoridades elegidas.

“Yo creo que lo ideal sería que no sean los Frentes de Defensa

quienes tengan una voz porque, es cierto, nadie los ha elegido y muchos

de ellos no tienen una personalidad jurídica”, concuerda Ormachea pero

aclara que “estamos en un contexto en el cual los partidos políticos, que

deberían ser las correas de transmisión de la voz del pueblo a los

estamentos políticos, no existen“.

Ormachea explica que en muchos casos las autoridades elegidas han

ganado las elecciones por mayoría simple y se han enfrentado a una

férrea oposición por lo que para las comunidades estas no cuentan con

la legitimidad necesaria para representarlos. Dicho de otra manera: la

falta de una reforma política (que no fue apoyada en el Congreso)

degenera en el actual sistema donde hay autoridades que no

representan a nadie.

“Los Frentes de Defensa muchas veces tienen esa poca legitimidad

social de inicio pero la adquieren y se demuestra en el sentido en que

son capaces de movilizar a la gente. Tienen un efecto de arrastre muy

fuerte. Prefiero que estos actores tenga voz en los procesos

porque el mismo diálogo, bien llevado, decanta las agendas de estos y

otros actores”, afirma.

UNA FRÁGIL REGULACIÓN AMBIENTAL

Otro de los problemas clave que explican en gran medida los conflictos

con las comunidades se refiere a la insistencia del gobierno por

desregular los requisitos ambientales de los proyectos mineros. El

experto en temas de conflictividad es muy claro al respecto al afirmar

que “no es una buena decisión ni en el mediano, ni en el largo plazo”.

“Lo que se busca ante todo es promover las mejores condiciones para

atraer la inversión en el país (…) Ayuda tener una legislación mucho más

ejecutiva, permeable, pero en el tema de requisitos ambientales

hay que ser muy cautosporque eso no es ningún negocio”, explica.

Pero el problema no se queda ahí: las críticas de Omarchea no se dan

solo contra esta actitud del gobierno sino con el mecanismo de los

Estudios de Impacto Ambiental. Solo basta recordar que en el

reporte de la Defensoría del Pueblo hasta el mes de agosto, de 213

conflictos sociales, unos 142 fueron de tipo socioambiental.

“Creo que hay una suerte de premura por captar, en este competitivo

mercado de capitales, el mayor número de inversiones. Pero no creo que

sea lo mejor hacerlo a partir de un instrumento que a lo largo de los

años ha demostrado tener falencias. Me refiero a los Estudios de

Impacto Ambiental”, afirmó.

LA SOLUCIÓN AL PROBLEMA

Para el experto el mecanismo del Estudio de Impacto Ambiental (EIA)

debería ser diseñado pues tiene muchas inconsistencias en su

estructura que generan problemas con las comunidades.

“Conga, Tía María, este caso [Las Bambas] que no tienen que ver con

la aprobación sino con la modificación del EIA demuestra que este

instrumento no esta funcionando. No es participativo, no tiene

credibilidad, no tiene legitimidad social. Quien lo realiza es una

consultora contratada por la empresa y quien lo aprueba es la entidad

que promueve la inversión minera”, aclara.

Asimismo es necesario afianzar los mecanismos de participación

ciudadana para incluir a las comunidades afectadas y no solo dialogar

con autoridades con mínima representatividad.

“Las modificaciones al proyecto Las Bambas se difundieron, se

entregaron panfletos y han habido reuniones pero en realidad esos no

son procesos de participación ciudadana, sino procesos de

difusión. De comunicación más unilateral. Yo creo que esto mereció

realmente una reunión importante con las comunidades. Aquí debería

haberse aplicado el derecho a la consulta previa“, afirma.

Finalmente, la clave para resolver los conflictos sociales incluye la

decisión del gobierno para entregar la información a las mismas

comunidades, para prevenir antes de lamentar.

“Debe haber una mayor disposición de todos los actores, desde el

Estado hasta la empresa, por transparentar esta información y

evitar que se genere la desconfianza(…) Habría que generar un

mecanismo de mayor apertura para que las comunidades tengan mayor

representación en estos espacios”, finaliza.

La República