EL IRRESPETO DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO EN … · de las series de empleo, pobreza y desigualdad...

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EL IRRESPETO DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO EN COLOMBIA NO ES

UNA CUESTIÓN DE NORMAS SINO DE VOLUNTAD POLÍTICA

NATALIA ARBELÁEZ JARAMILLO

Universidad Nacional de Colombia

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Sociales

Bogotá D.C., Colombia

2012

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EL IRRESPETO DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO EN COLOMBIA NO ES

UNA CUESTIÓN DE NORMAS SINO DE VOLUNTAD POLÍTICA

NATALIA ARBELÁEZ JARAMILLO

Tesis presentada como requisito parcial para optar al título de:

Magíster en Derecho

Director:

Ph.D., Oscar Eduardo Mejía Quintana

Línea de Investigación:

Cultura Jurídica

Universidad Nacional de Colombia

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Sociales

Bogotá D.C., Colombia

2012

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Resumen

Esta tesis parte de reconocer el fenómeno de irrespeto a las normas en Colombia, en

comparación con otras sociedades, siendo algunos indicadores los altos índices de

homicidio, evasión tributaria y corrupción; la inequidad en la distribución de la riqueza

y la ausencia de condiciones para la paz; aunado a un paradigma jurídico-político

formalista que se traduce en hiperinflación normativa e inseguridad jurídicas. Para

establecer sus causas, objetivo de esta investigación, se hace una reconstrucción

histórica de la relación de los colombianos con las normas y la autoridad, mezclando

elementos jurìdico-políticos, a través de una revisión bibliográfica de la conquista y

colonización españolas, la independencia y las diferentes teorías desarrolladas sobre la

violencia y la ilegalidad en el país. De ello se extraen un conjunto de valores, creencias

y hábitos, subyacentes a los comportamientos transgresores y se arriba a una conclusión

integradora que es la ausencia de voluntad política de la clase dirigente para una

transformación social.

Palabras claves

Irrespeto a las normas, Paradigma jurídico político formalista, Hiperinflación normativa

Conquista y colonización españolas, Independencia, Cultura jurídica, Cultura de la

Ilegalidad, Voluntad política.

Abstract

This thesis becomes of unresolved traditional problem of law transgression in Colombia

compares with other countries, which reflects on crime homicides, tax evasion,

corruption, unequal wealth distribution and lack of conditions of peace, in addition to a

formalistic and legalistic culture that becomes in a complex and unstable law system.

To find out the causes, goal of this research, I did a historic reconstruction of

Colombian population association with law and authority, mixing political and law

elements, based on bibliography works consulted about Spanish Conquest and

Colonization, Independency and theories about illegality and violence in the country.

This exercise allowed me to determine a group of values, believes and customs that are

roots of transgression acts as well as to establish the absence of politic will as the grand

cause that hinder to a profound social transformation.

Key Words

Law transgression, Formalistic and legalistic culture, Complex and unstable law

system, Spanish Conquest and Colonization, Colombia Independency, Law culture,

Illegal culture, Politic will.

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CONTENIDO

INTRODUCCIÓN

Objetivo General

Hipótesis de Trabajo

Metodología

Itinerario

CAPÍTULO I. DIVORCIO ENTRE EL DERECHO Y EL HECHO: LA

CONSTANTE EN LA ÉPOCA COLONIAL

Introducción

1. LA EMPRESA COLONIAL ESPAÑOLA

1.1. Las colonias inglesa y española: dos destinos diferentes

1.2. Empresa colonial española: entre la espada y la cruz

2. “OBEDÉZCASE PERO NO SE CUMPLA”: validez versus

eficacia de las normas

2.1. La ambigüedad de una legislación proteccionista y la explotación

indígenas

2.2. Contrabando: motor del comercio en la colonia

2.3. Venalidad de los cargos públicos

3. SIMULACIÓN: RASGO CARACTERÍSTICO DE LA

COLONIA

Conclusiones

CAPÍTULO II. LAS BASES DE LA NUEVA REPÚBLICA Y LA

TRADICIÓN DE DIVERGENCIA ENTRE LAS INSTITUCIONES Y LA

REALIDAD

Introducción

1. INDEPENDENCIA IBEROAMERICANA: CAMBIOS

NOMINALES SIN PROCESOS

1.1. Causa eficiente de la Independencia

1.2. Carácter de los próceres de la Independencia y su influencia en las

nacientes repúblicas

1.2.1. Filiación política y filosófica de los próceres de la Independencia

1.2.2. Realismo de algunos próceres de la Independencia versus el idealismo

de otros sectores

1.3. Las Repúblicas Aéreas de Bolívar: contraste entre lo ideal y lo

real

1.3.1. Influencia de la filosofía católica en la formación de la República

1.3.2. Efectos contraproducentes de la adopción de instituciones ajenas a la

realidad colombiana

2. RECHAZO DE MODELOS IGUALITARIOS DE SOCIEDAD

2.1. Fracaso de las revoluciones sociales desde abajo

2.2. Sustitución de unos amos por otros: continuidad del régimen

colonial en la Independencia

2.3. Supervivencia de la estructura social de la Encomienda y la

Hacienda coloniales

3. ¿INDEPENDENCIA DE LA NUEVA GRANADA O

INDEPENDENCIA DE LOS CRIOLLOS?

3.1. Construcción del patriotismo criollo

3.2. Independencia de los criollos y para los criollos

3.3. Invocación a la igualdad jurídica para sustentar privilegios

3.4. Independencia: proceso antidemocrático

4. OBSTÁCULOS PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA REPÚBLICA

EFECTIVA

4.1. Resquebrajamiento de la soberanía

4.2. Dificultades para la construcción de una nación

4.3. Ausencia de cultura y preparación políticas

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4.4. Los conflictos que generó la Independencia en el imaginario

colectivo

5. VISIÓN COMPARADA DE LA INDEPENDENCIA

IBEROAMERICANA

5.1. Las diferencias entre las Independencias iberoamericana y

norteamericana

5.2. Reivindicación del Constitucionalismo Hispanoamericano

Conclusiones

CAPÍTULO III. CARACTERIZACIÓN DE LOS COLOMBIANOS EN

SU RELACIÓN CON LAS NORMAS

Introducción

1. IDIOSINCRASIA DE LOS COLOMBIANOS Y SU RELACIÓN

CON EL IRRESPETO A LAS NORMAS.

1.1. Escaso sentido de interdependencia social y particularismo

exacerbado.

1.1.1. Individualismo cerrero que sobrepone el yo al nosotros

1.1.2. Premio a la viveza y desestímulo al respeto por las normas.

1.2. Formalismo vacío de sustancia:

1.2.1. La Paradoja de la coexistencia del legalismo y la ilegalidad en

Colombia.

1.2.2. Hiperinflación Normativa: solución legalista a todos los problemas.

1.3. Concepción clientelista de las instituciones

1.4. Teorías que explican el fenómeno de irrespeto a las normas en

Colombia

1.4.1. Predominio de la Inautenticidad en los principales aspectos de la

sociedad colombiana

1.4.2. Divorcio entre Ley, Moral y Cultura

1.4.3. Anteposición de la Racionalidad Individual a la Racionalidad

Colectiva

2. ACONTECIMIENTOS HISTÓRICOS Y FALLAS

INSTITUCIONALES RELACIONADAS CON EL IRRESPETO A LAS

NORMAS

2.1. Ética de la religión católica en proceso de “secularismo”

2.2. Insuficiencia del Estado

2.2.1. Predominio de la impunidad en Colombia

2.2.2. Agotamiento de los canales formales para satisfacer las demandas

sociales.

2.3. Triunfo de los colombianos en la economía ilegal

2.4. Talante de la clase dirigente colombiana y expresión anómala de

los conflictos

2.4.1. Consecuencias de la violencia partidista en la sociedad colombiana.

2.4.2. Las élites: un obstáculo para la transformación social, política y

económica del pueblo colombiano.

Conclusiones

CONCLUSIÓN

Comprobación de hipótesis

Recomendación

BIBLIOGRAFÍA

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INTRODUCCIÓN

La débil eficacia de la normatividad en Colombia es un hecho notorio, del que dan

cuenta, sólo por mencionar algunas mediciones recientes, los indicadores que se

expondrán a continuación.

En relación con el respeto por el derecho a la vida, presupuesto de toda sociedad,

Colombia históricamente ha registrado tasas excepcionalmente altas; comparativamente

hablando, en el período 1987-1992, Colombia presentó una tasa de homicidios del

77.5% por cada 100.000 habitantes, mientras que en un período similar 1986-1989,

países violentos como Brasil presentaron una tasa del 24.6%, Bahamas 22.7%, México

20.6%, Nicaragua 16.7%, Venezuela 16.4%, Argentina 12.4%, Sri Lanka 12.2%, Perú

11.5%, Ecuador 11% y Estados Unidos 8%; más aún, en el período transcurrido en la

década de los 80‟s se registró un ascenso en el índice de homicidios en Colombia, pasó

de 36% por cada 100.000 habitantes en 1981 a 48% en 1985 y a 80% en 1990

(MONTENEGRO & POSADA, 1994). En la actualidad, si bien los índices han

disminuido, continúan siendo preocupantes, Colombia en el año 2010 presentó una tasa

de homicidios del 33.4% por cada 100.000 habitantes, casi cinco veces mayor a la tasa

promedio de homicidios a nivel mundial que es del 6.9% (UNODC, 2011).

En cuanto al pago de impuestos, el país registra unos porcentajes de evasión altos, del

22.4% para el IVA, 35% para el impuesto a la renta y 61% para los aportes a la

seguridad social y parafiscales (CONSEJO PRIVADO DE COMPETITIVIDAD, 2011);

ocupando el puesto 47 entre 59 países en el indicador IMD que mide el impacto de la

evasión en las finanzas públicas (INSTITUTE FOR MANAGEMENT

DEVELOPMENT, 2011).

En relación con el fenómeno de la corrupción o disposición de las instituciones y

recursos públicos para fines particulares, en el Índice de Percepción de Corrupción de

Transparencia Internacional (CORPORACIÓN TRANSPARENCIA POR

COLOMBIA, 2007), Colombia obtuvo en 2008 una calificación de 3.8/10, donde 0

significa que se percibe a un país como sumamente corrupto y 10 implica que el país es

percibido como muy transparente; según LAPOP1 – 2007 (CORPORACIÓN

TRANSPARENCIA POR COLOMBIA, 2007), la percepción de corrupción en el país

es de 74.2% aunque sea un problema prioritario sólo para el 2.9% de los entrevistados.

Ahora bien, según el Barómetro Global de la Corrupción 2007 (CORPORACIÓN

TRANSPARENCIA POR COLOMBIA, 2007), los partidos políticos tienen una

calificación de 4,0/5, el Congreso de 3,9/5 y la rama judicial de 3,0/5, donde 1 es nada

corrupto y 5 muy corrupto; siendo los mejor calificados el ejército, las ONG, los

organismos religiosos con una calificación de 2,8/5; y los medios de comunicación con

2,9/5.

En cuanto a equidad en la distribución de la riqueza, Colombia tiene la tercera peor

desigualdad social entre 129 países; según el DANE (MISIÓN PARA EL EMPALME

DE LAS SERIES DE EMPLEO, POBREZA Y DESIGUALDAD (MESEP), 2012) en

1 Latin American Public Opinion Project (LAPOP) es una institución académica con más de treinta años

de experiencia que se encarga de realizar encuestas de opinión pública.

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el año 2011 tuvo un coeficiente Gini de 54.8%, representado un índice de Gini 0 una

equidad perfecta, mientras que un índice de 100 representa una inequidad perfecta.

De manera concluyente, el Instituto para la Economía y la Paz (IEP) de Londres, en

junio de 2012 difundió el Índice de Paz Global (2012), que integra de manera

sistematizada una serie de indicadores sobre derechos humanos, niveles de democracia,

educación, criminalidad, bienestar material, corrupción y estabilidad política en 158

países, en el cual, Colombia ocupó el puesto 144 y el último lugar de Iberoamérica, que

la dejó como la nación menos pacífica del continente.

Aunado a lo mencionado, el problema del fenómeno de irrespeto al ordenamiento

jurídico en Colombia, radica además, en la manera como ha pretendido solucionarse

desde tiempos inmemoriales, a través de la expedición de nuevas normas que obedece a

una cultura jurídica eminentemente formalista (MEJÍA QUINTANA, 1998; LÓPEZ

MEDINA, 2008). Con esto, lo que se ha producido es una “inflación normativa” que

antes que reducir, reproduce el fenómeno transgresor: ¿Por qué habrían de respetarse

ahora las normas que no se respetaban antes, cuando en la base todo sigue igual?

Una y otra vez, las expectativas que generan las reformas se diluyen ante la frustración

que produce asistir al derrumbamiento de lo prometido. Una y otra vez, los intereses

particulares desplazan al interés general, en un escenario en el que se aprueban leyes

que modifican el sistema electoral, el servicio civil, la estructura de los partidos, la

financiación de las campañas electorales, la regionalización, los referendos locales y el

acceso a la televisión y a la información públicas, pero sin tener un impacto significativo,

bien porque el sentido de las reformas no queda explícito o bien porque son atenuadas en

su trámite legislativo o en su ejecución gubernamental‖ (HARTLYN, 1998, págs. 191-

238) en (HERRERA MORA, Camilo y Centro de Estudios Culturales (Dir.), 2006, pág.

185).

Dado entonces que el fenómeno inveterado de irrespeto por las normas en Colombia

aún no se resuelve, una investigación que pretenda abordar el estudio de sus causas

desde la perspectiva de la manera de ser o carácter de sus miembros2 con especial

énfasis en la época de la conquista y colonización españolas que se extendió por

aproximadamente tres siglos, así como, en las condiciones que rodearon la

independencia de España, por ser el momento en que se sentaron las bases de la

república; tiene plena vigencia en la actualidad, máxime cuando la respuesta recurrente

desde un paradigma normativo se ha mostrado a todas luces ineficaz e inconveniente.

En concordancia con lo mencionado, para comprender el fenómeno de la ilegalidad tan

característico de Iberoamérica3 en general y de Colombia en particular, es pertinente

remitirse primero al estudio del pasado común de conquista y colonización de estos

pueblos a manos de españoles y portugueses (en el caso de Brasil), pues las prácticas de

desacato se remontan a dichos períodos y el estudio de la manera de ser de los

2―La vida de un pueblo es algo más que su geografía, sus condiciones económicas, su progreso material

y su régimen político, porque dentro de cada pueblo y de cada hombre hay algo irreductible a hechos

externos, cifras y estadísticas; ese algo es su manera de ser, la cual está integrada por las inclinaciones y

por los hábitos tradicionales, por lo que uno quiere hacer y por lo que uno cree que debe hacer‖.

(CASTRO, 1971, pág. 2) 3 ―La razón de este nombre es que todos esos países fueron descubiertos, colonizados y cristianizados

por España y por Portugal, que, juntos constituyen la Península Ibérica‖. (CASTRO, 1971, pág. 1)

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españoles, en el decir de numerosos autores, permitirá descifrar las raíces de la

tendencia transgresora.

Como parte de la herencia española llaman la atención diversos factores: uno de ellos es

el desprecio por el trabajo; que fue un rasgo característico de los españoles tanto en la

época que precedió a la conquista y colonización de América como en éstas. En los

ocho siglos (IX-XV) de convivencia entre musulmanes, judíos y cristianos en España,

durante la época de “La Reconquista”; éstos últimos se caracterizaron por su desdén

tanto por el desarrollo de las ciencias (exactas) como por los trabajos prácticos y

manuales, tenidos como de clases inferiores; situación que se intensificó al momento de

la expulsión de los judíos y la recuperación de los dominios árabes hacia el año 1492.

Así, los moros y los judíos durante dicho período, se dedicaron a los trabajos

relacionados con la arquitectura, la ingeniería, las finanzas, así como, a los trabajos

manuales, y fueron los arquitectos de muchas de las iglesias cristianas, los médicos de

los reyes católicos, los administradores de la hacienda pública y de la hacienda privada

de nobles. Su campo de acción era el ser; mientras tanto, los españoles, se dedicaron a

las hazañas militares, a la conquista de territorios, aún cuando no pudieran garantizar su

pleno control, y a las labores del intelecto relativas al deber ser como la literatura y el

derecho (CASTRO, 1959, pág. 23).

Cuando se puso fin a la época de La Reconquista con la recuperación de Granada

(último resquicio de la hegemonía árabe) en 1492, por parte de los reyes católicos

Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla, se dio comienzo al Tribunal del Santo

Oficio de la Inquisición, que bajo las banderas de la fe católica como única verdadera y

de la “limpieza de sangre”, encarnadas, únicamente, en los “cristianos viejos”4,

radicalizó el desdén por el cultivo del trabajo y de las ciencias asociadas a los

musulmanes y judíos. Este desprecio por el trabajo se extendió a las colonias españolas,

donde el lugar que ocupaban otrora los musulmanes y judíos vino ahora a ser ocupado

por los indígenas y afrodescendientes.

Para los colombianos, y una buena parte de los hispanoamericanos, el trabajo pareciera

ser una obligación, no de carácter moral, sino una impuesta por las necesidades vitales,

que no dignifica ni se percibe como contribución al desarrollo del colectivo; lo que

aparejado con lo que Antanas Mockus ha denominado “cultura del atajo”, podría ser una

de las explicaciones de la aceptación y connivencia de la sociedad con el dinero fácil e

ilegal; así como, la ausencia de voluntad, por lo menos, de ciertas clases para acabar con

las prácticas serviles y disminuir las brechas sociales y económicas.

Aunado al desdén por el trabajo, para los españoles el honor ocupaba un lugar especial,

concepto individualista sinónimo de valía propia, construida “por encima de los demás”

o dependiente de la condición de inferioridad de otro. De acuerdo con la historiadora

Margarita Garrido (1997, pág. 3), el honor entre los siglos XIII y XV, provenía de

4 ―En efecto: desde finales del siglo XIV, numerosos españoles de casta hebrea, para conjurar el espectro

del pogrom [sic] que comenzaba a cernerse sobre ellos, se habían convertido prudentemente al

cristianismo y, en 1492, comunidades enteras ingresaron in extremis en las filas de los ―marranos‖ para

evitar el brutal desarraigo. Y, a partir de esta fecha, los cristianos ya no son, sin más cristianos: en

adelante se dividirán en cristianos ―viejos‖ y ―nuevos‖, separados estos últimos del resto de la

comunidad por los denominados estatutos de ―limpieza de sangre‖. (GOYTISOLO, 2002 (1969), pág.

29)

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aspectos como las hazañas militares realizadas y el rango ocupado; hacia el siglo XVII,

se redujo a vanidad, prejuicio social, orgullo y limpieza de sangre.

Como aspecto relevante en el análisis del irrespeto al ordenamiento jurídico, se observa

cómo el honor en los españoles estaba ligado al “libre albedrío”, es decir, al hecho de no

estar sometido a voluntad distinta de la propia, ―a la de no-tener- señor o no ser de un

encomendero, ni de cacique, ni de un cura‖ (GARRIDO OTOYA, 1997, pág. 14). De

esta manera quienes ocupaban una posición más alta en la sociedad, supuestamente por

sus méritos respecto a los demás, eran premiados con no tener que obedecer ni a la

autoridad ni al orden vigente; y era, precisamente, dicha prerrogativa el bien más

preciado y anhelado por los oprimidos; asociándose la grandeza con desobediencia y

holgazanería, de manera perversa.

En cierta medida, por los aspectos mencionados precedentemente, fue característica de

la organización social de los españoles su jerarquización, su división entre clases

dominantes “aforadas” y clases subordinadas sirvientes o aún esclavas; estructura social

propia del feudalismo que pareciera que nunca fue realmente desarticulada pues las

sociedades estratificadas aún persisten, con la divergencia de vivencias, valores y

creencias que le es inherente5.

Este último, es otro punto importante en el análisis del problema de la inobservancia

normativa, pues el hecho de que las realidades de los miembros de una sociedad sean

tan diversas, se convierte en un verdadero obstáculo para que haya cohesión social, para

que se puedan pactar unas reglas de juego en igualdad real de condiciones, para que

haya mecanismos que generen movilidad social y voluntad para garantizar la

efectividad de los derechos de las clases menos favorecidas6.

Otro aspecto fundamental para el estudio, es la ética de la religión católica, pues uno de

los grandes proyectos de la colonización fue la cristianización de todos los pobladores

del “Nuevo Mundo”, lo que se llevó a cabo con cierto éxito. De la misma reviste

especial interés, su construcción teórica del pecado por la incidencia que ello puede

tener en la relación de los colombianos con el derecho y la autoridad (LIÉVANO

AGUIRRE, 1960).

Así las cosas, existen numerosas obras que dan cuenta de que el fenómeno generalizado

de irrespeto por las normas en Colombia se remonta a la época de la colonia y estuvo

asociado, entre otros, a los elementos del carácter de los españoles mencionados como

también a cuestiones prácticas como la inmensa distancia que separaba al Viejo del

Nuevo Mundo; el hecho de legislar para un territorio desconocido; ser unos quienes

impartían las normas y otros delegados, “los encomenderos” con sus propios intereses,

los encargados de su ejecución, y las mismas circunstancias de vida.

5 “Diverse and conflicting beliefs usually are derived from wide disparities in the experiences of members

of a society (resulting from differences in wealth, social structure, race, ethnic backgrounds) and are

exacerbated by the failure to define and enforce universalistic political and economic rules that apply to

all members of the society‖. (NORTH, SUMMERHILL, & WEINGAST, 2000, pág. 8) 6 “Because the experience and interests of citizens diverge markedly, most societies are characterized by

a lack of consensus. They are therefore not likely to honor economic, political and personal rights

associated with liberal democracy and a market economy‖. (NORTH, SUMMERHILL, & WEINGAST,

2000, pág. 10)

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Ahora bien, el proceso independentista también es una importante fuente de elementos

para comprender las causas de la eficacia limitada del ordenamiento jurídico en

Colombia; dado que es un lugar común señalar como una práctica inveterada que se

remonta a esa época, la adopción de instituciones extranjeras que no consultan la

realidad iberoamericana y que por ende no encuentran raíces que permitan su arraigo.

Sobre la Independencia reviste especial importancia investigar si se trató de un proceso,

es decir, de una serie de pasos que condujeron al establecimiento de una autonomía

política, económica y social que hacía insostenible continuar bajo el yugo español, y sí

se trató además, de un proceso endógeno, es decir, motivado por la transformación

interna de una sociedad; o si por el contrario, fue la consecuencia de factores externos,

como la invasión napoleónica de España, entre otros.

Dado el protagonismo de personajes como Simón Bolívar, Antonio Nariño, Francisco

de Paula Santander y, demás próceres de la Independencia, éstos constituyen una

importante puerta de acceso a las influencias filosófico-políticas que irrigaron las

nuevas instituciones y a los debates y luchas que se libraron en torno al centralismo o

feudalismo, principalmente, como mejor forma de gobierno para la nueva república.

Por otro lado, es relevante analizar el grado de participación política que tuvo el

conjunto de la sociedad a la hora de sentar las bases de la nueva república; sí fue posible

celebrar un contrato social legitimador de la misma, no obstante el sistema social

jerarquizado legado por los españoles y las diferentes vivencias, creencias, valores y

necesidades asociadas a cada clase; o si por el contrario, se trató de la superposición de

los intereses de una clase sobre los de las demás.

Para el efecto los criollos son un objeto de estudio interesante en cuanto lideraron y

marcaron el movimiento independista; su respuesta a las revoluciones sociales desde

abajo que tuvieron lugar durante la colonia; las bases sobre las que construyeron su

identidad de clase y su patriotismo; los fines con que emplearon la teoría escolástica de

la soberanía popular e ilustrada de la igualdad jurídica y el derecho de propiedad; son

reveladoras sobre su carácter e influencia notable en la continuidad de ciertas

estructuras sociales y políticas jerarquizadas de la colonia como las subyacentes a la

Encomienda y la Hacienda, o lo que es igual, a que los cambios nominales no se

acompañaran de las respectivas transformaciones materiales.

Así las cosas, una ausencia de comunidad de intereses aunada a la destrucción de la

autoridad legítimamente constituida desde un paradigma religioso, principal factor

cohesionador durante la colonia; habrían dificultado la construcción de una nación

precedente o concomitante a la formación del Estado que tuvo lugar con la

Independencia.

Aunado a la gran fuente de información que constituye el estudio detallado de la época

colonial y la Independencia iberoamericanas desde la perspectiva de la eficacia del

ordenamiento jurídico, es decir, de su capacidad de producir los efectos que se propone;

existen varios estudios que desde diversos puntos de vistas abordan el análisis de las

causas de la violencia y el subdesarrollo colombianos.

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Así, un gran número de economistas ha publicado en los últimos años estudios sobre las

causas de la violencia, la corrupción y demás problemáticas del país y su relación con

las normas, que influyen en el subdesarrollo económico y los altos costos de transacción

(KALMANOVITZ, 2001; NORTH, SUMMERHILL, & WEINGAST, 2000; RUBIO,

1996).

En ese sentido Douglass North (2000, págs. 12-13) enfatiza en la Corrupción provocada

por la carencia de industria y empresa como fuentes de ingresos en los países

subdesarrollados así como en la ausencia de reglas claras; al tiempo que Mauricio Rubio

(RUBIO, 1995), lo hace en la impunidad ocasionada por una fallida administración de

justicia y la hiperinflación normativa, debilidad institucional a la que el profesor

Thoumi (2002), agrega debilidad social frente a la ilegalidad y la topografía del país,

que ha dificultado que el Estado controle vastas zonas del territorio nacional.

Otros análisis se han enfocado en una especie de combinación entre el concepto de

capital social (Putnam, 1993) citado en (HERRERA MORA, Camilo y Centro de

Estudios Culturales (Dir.), 2006), que se refiere a la incidencia del grado de cohesión

social, confianza y reciprocidad, en el acatamiento de las normas, la generación de

desarrollo y prosperidad; y la indagación sobre los valores sociales que rigen una

sociedad determinada, su nivel de coherencia entre las palabras y los actos y sus

diferentes preferencias políticas (CUELLAR, 2000; CUELLAR, 2000; HERRERA

MORA, Camilo y Centro de Estudios Culturales (Dir.), 2006)

Por su parte, existen una serie de obras sobre la relación de la cultura o principales

rasgos característicos de los colombianos y su realidad política, económica y social.

Sobre el particular hay quienes como Indalecio Liévano Aguirre (1960) y Hernando

Gómez Buendía (2000), destacan el individualismo exacerbado y la desconfianza como

propios de los colombianos; mientras Luis López de Mesa y Eduardo Caballero

Calderón citados en (CALLE & MORALES, 1994), señalan la verdad a medias, el

exceso de cortesía y el incumplimiento no como productos del legado español sino de la

malicia indígena; al tiempo que Antanas Mockus (MOCKUS & CORZO, 2003), apunta

al divorcio existente entre Ley, Cultura y Moral y, por ende, entre tres formas de

regulación que les son inherentes, la pena, la vergüenza y la culpa.

Estos y otros estudios teóricos como cuantitativos, también serán tenidos en cuenta en

esta investigación, para que en conjunto permitan la construcción de una caracterización

de los colombianos en lo que respecta a su relación con las normas y la autoridad, que

dé cuenta de los principales factores que inciden en un divorcio entre lo nominal o

formal y lo material; que sobrepasa las proporciones comúnmente aceptables y se

remonta a tiempos remotos.

Objetivo General

En el contexto anterior, el ´principal objetivo de la presente tesis fue identificar las

principales causas de la ineficacia del ordenamiento jurídico en Colombia a partir de la

revisión bibliográfica y análisis, desde la perspectiva de la relación del pueblo

colombiano con las normas y la autoridad, de su historia colonial que se extendió por

aproximadamente tres siglos; de su época independentista en la que se sentaron las

bases del régimen republicano actual; y de los escritos que desde diferentes disciplinas

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han tratado las diferentes problemáticas de Colombia en general; con el fin de sentar las

bases sobre las que se debe construir cualquier política o medida que pretenda aumentar

el grado de respeto por la normatividad y por los derechos ajenos en el país, que supere

el paradigma jurídico-político formalista y sea realmente eficaz.

.

Para ello se partió de la siguiente:

Hipótesis de Trabajo

Colombia presenta una problemática constante en la historia cual es un alto

irrespeto los elevados índices de homicidio, evasión tributaria y corrupción; en la

inequidad en la distribución de la riqueza y, en general, en la ausencia de

condiciones para la paz; lo que se agrava y complejiza con el paradigma

jurídico-político formalista desde el que se suele responder al problema y que se

traduce en hiperinflación normativa, inseguridad e inestabilidad jurídicas, que

antes que solucionar alimentan nuevamente el ciclo de transgresión; todo lo cual

podría estar íntimamente relacionado con una cultura de la ilegalidad,

conformada por un conjunto de valores, creencias y hábitos, moldeados desde la

época de la colonización española, reafirmados en el proceso independentista y

cultivados a lo largo del tiempo, que estimulan y subyacen los comportamientos

transgresores y antisociales; cuyo estudio e identificación permitirá construir una

caracterización de la sociedad colombiana en su relación con las normas y la

autoridad que proporcione una visión integral de las causas del problema que de

ser tenida en cuenta, permitirá al ordenamiento jurídico o, lo que es igual, una

débil eficacia del mismo, evidenciada en el diseño e implementación de políticas y

medidas, eficaces y pertinentes para aumentar la valoración y el respeto de los

colombianos por las normas jurídicas y sociales.

Metodología tesis

En concordancia con lo mencionado anteriormente, para la elaboración de los capítulos

sobre la época de la colonia y la independencia, se utilizó un método investigativo

cualitativo con enfoque histórico, consistente en la revisión bibliográfica de fuentes

primarias y secundarias, nacionales e internacionales; en cuya selección, en el caso de

las primarias se tuvieron en cuenta escritos de personajes centrales de las épocas o

testigos de excepción, representados, para la Colonia, en Bartolomé de Las Casas, fraile

dominico español, que nació aproximadamente en el año 1484 y falleció en el año 1566,

y quien tuvo un rol preponderante en la defensa de los derechos de los indígenas frente a

la Corona Española; y, para la Independencia, en Simón Bolívar, Antonio Nariño y José

Manuel Restrepo.

Partiendo de una perspectiva pluricausalista de la ineficacia de la normatividad en

Colombia, se seleccionaron como fuentes secundarias historiadores, sociólogos,

filólogos, economistas, politólogos, abogados, etc.; nacionales y extranjeros, muchos de

ellos con el grado de formación de doctor, caracterizados por tener una perspectiva

analítica y crítica de la realidad; del capítulo sobre la época colonial iberoamericana se

destacan: Américo Castro, John Huxtable Elliott, Jorge Larraín, Jaime Jaramillo Uribe y

Tomás Carrasquilla; de igual forma que del capítulo sobre la Independencia, se resaltan:

David Bushnell, Bernd Marquardt, Anthony McFarlane, Clément Thibaud, María

Teresa Calderón, Margarita Garrido, Fernando Guillén Martínez, entre otros.

de 194

Ahora bien, para la elaboración del capítulo sobre la caracterización de la sociedad

colombiana en relación con el fenómeno de irrespeto al ordenamiento jurídico, se

empleó un método de investigación cualitativo consistente en una revisión bibliográfica

de fuentes secundarias, nacionales e internacionales, sobre las principales problemáticas

de Colombia, abordadas desde la confluencia de diversas perspectivas como: la

económica, sociológica, jurídica, política e histórica, representadas por Salomón

Kalmanovitz, Douglass North, Otto Morales Benítez, Hernando Gómez Buendía, María

Teresa Herrán, Marco Palacios, Hernando Valencia Villa, entre otros; igualmente, se

incluyeron estudios cuantitativos como el de Mauricio García Villegas, Mauricio Rubio,

Camilo Herrera y el Centro de Estudios Culturales, María Mercedes Cuéllar y Antanas

Mockus.

Sobre el procedimiento adelantado, en primer lugar, se hizo un ejercicio hermenéutico

de primer nivel consistente en la lectura de la bibliografía seleccionada y recolección de

información, teniendo como lineamiento la identificación de aspectos influyentes o

descriptores de la relación de los colombianos con las normas y la autoridad.

Posteriormente, se hizo un ejercicio hermenéutico de segundo nivel, consistente en la

organización, análisis e interpretación de la información recabada a través de un método

deductivo que permitió reconstruir la historia colonial e independista, colombiana, a la

luz de los factores influyentes en la eficacia del ordenamiento jurídico y social.

Finalmente, se hizo un ejercicio hermenéutico de tercer nivel consistente en construir

una caracterización de la sociedad colombiana en su relación con las normas y la

autoridad, a partir de un análisis cruzado de todas las fuentes consultadas que permitió

identificar, a partir del criterio de su constante registro en las mismas, los aspectos

culturales y los acontecimientos y fallas institucionales que mayor incidencia tienen en

la problemática; estableciendo la existencia de una causa principal de la misma en

términos de su capacidad integradora y explicativa de las demás.

Itinerario

Dicho lo anterior, la presente tesis se compone de tres capítulos, uno primero relativo a

la época de la colonia en el que se abordarán, en primer lugar, aquellos elementos que

determinaron la forma como se llevó a cabo la conquista española y los objetivos que

informaron la colonización, que en conjunto darán cuenta de las principales

características de la empresa colonial española y sus divergencias con la inglesa; en

segundo lugar, se estudiarán los diferentes campos en que la normatividad tuvo un

grado reducido de eficacia, independientemente del reconocimiento de su validez, lo

que se sintetiza en la frase “Obedézcase pero no se cumpla”; por último, a partir de lo

anterior, se desarrollará la inautenticidad, simulación o ladinización como rasgo

característico de la época colonial.

El segundo capítulo se centra en la época de la independencia, y abarca en primera

instancia, bajo el título “Independencia iberoamericana: cambios nominales sin

procesos” el estudio de las razones que dieron lugar a la separación política de España;

el pensamiento de quienes lideraron el movimiento independentista y su influencia en

los sucesos que tuvieron lugar y en el diseño de las instituciones republicanas y, los

efectos de éstas por no consultar en algunos casos la realidad; en segunda instancia, se

de 194

abordará el estudio del fracaso de las revoluciones sociales desde abajo que surgieron

durante la colonia y la permanencia, tras la Independencia, de un esquema social

jerárquico, para concluir con la tesis del mantenimiento de las relaciones autoritarias y

paternalistas subyacentes a la Encomienda y la Hacienda; en tercera instancia, se

indagará sobre el rol de los criollos en el movimiento independentista, principiando con

el estudio de la forma como se construyó su identidad, siguiendo con el predominio de

su participación y e intereses en la agenda, así como, los instrumentos de que se

valieron para garantizar su estatus social frente al resto de la sociedad, para terminar

estableciendo el grado de democracia de la separación política de España; en cuarto

lugar, se analizarán los diferentes obstáculos que se afrontaron con la Independencia,

como el resquebrajamiento de una soberanía única, las dificultades para celebrar un

contrato social, la ausencia de praxis política y los conflictos en un imaginario colectivo

colonizado por el binomio Iglesia-Monarquía; por último, se hará un análisis

comparativo con la manera en que se desarrolló la independencia norteamericana y con

el estado del constitucionalismo en otros continentes en la misma época.

Por último, en un tercer capítulo se llevará a cabo una caracterización de los

colombianos en su relación con las normas, que dé cuenta de las principales causas de

irrespeto al ordenamiento jurídico en Colombia, a partir de la integración de la

información recabada en los dos capítulos precedentes sobre la colonia y la

independencia, con estudios generales de la historia colombiana; para lo cual, se

abordarán primero aquellos elementos que tienen que ver con la idiosincrasia o carácter

de los colombianos como la viveza, el formalismo y el clientelismo, terminando con tres

teorías que se han propuestas para explicar los mismos y, en segundo lugar, se abarcarán

los fenómenos que relacionados con dichos rasgos característicos, han marcado el

devenir del país.

A partir de los tres capítulos mencionados se sentarán las bases para la elaboración

futura de políticas, instrumentos, medidas, etc., que busquen dar respuesta a la

problemática de ineficacia de las instituciones en Colombia.

de 194

CAPÍTULO I.

DIVORCIO ENTRE EL DERECHO Y EL HECHO: LA CONSTANTE EN LA

ÉPOCA COLONIAL

Introducción

Partiendo de la subhipótesis que la conquista y colonización de lo que se denominó el

Nuevo Mundo, etapa que se extendió durante aproximadamente tres siglos: determinó

las condiciones en que se arribó a la independencia de España y a la constitución del

régimen republicano vigente; forjó en buena parte el carácter de los iberoamericanos, y

constituyó el comienzo de la tensión entre las normas y la realidad en Colombia; este

capítulo tiene como subobjetivo conocer y analizar la forma como se llevó a cabo la

conquista y colonización iberoamericanas; los motivos que la informaron; el carácter de

los españoles; el papel de la iglesia católica; las características de las instituciones

coloniales, su grado de eficacia y las razones de su transgresión; con el fin de identificar

en estos y otros aspectos, piezas claves que puedan explicar la extendida ineficacia de

las instituciones jurídico-políticas en el país.

Para ello, en el primer título “La empresa colonial española”, se abordarán en

principio algunos de los elementos que caracterizaron la empresa colonial española y su

comparación con la colonización inglesa, con especial énfasis, tanto en los fines que la

informaron y los medios para alcanzarla en los que jugó un papel crucial la Iglesia

Católica; como en los elementos del legado español de los iberoamericanos.

Posteriormente, bajo el título “Obedézcase pero no se cumpla: validez versus eficacia

de las normas” se analizará dicha frase con la que se identifica la tensión que existió

durante la colonia entre las prescripciones y la realidad en campos como la legislación

proteccionista de los indígenas versus su explotación, el comercio legal versus el

contrabando, el bien común versus la venalidad de los cargos públicos, entre otros.

Finalmente, en el título “Simulación: rasgo característico de la colonia” se

desarrollará lo referente a la ladinización, simulación o inautenticidad con que se

identifica a los iberoamericanos y, a los colombianos en especial, en su relación con el

ordenamiento jurídico y que tendría una de sus raíces en la forma como se llevó a cabo

la cristianización de los indígenas y en la filosofía misma de la religión católica.

1. LA EMPRESA COLONIAL ESPAÑOLA

En este título se explorarán algunas de las principales características de la empresa

colonial española; así, a partir del análisis comparado de los proyectos de colonización

inglesa y española, se iluminan aspectos importantes de ésta, que explican su devenir

diverso a partir de factores exógenos y endógenos. Entre los primeros están las

diferencias temporales que los separaron, geográficas, en relación con la tipografía y

extensión de los territorios y la disponibilidad de recursos naturales y, económicos,

asociados con la fuente de financiación de las campañas; y entre los endógenos están el

carácter diferencial de los conquistadores y de los indígenas de una y otra América.

Ahora bien, tras trescientos años de colonización, se habla de un legado español, que

habría tenido importantes efectos en el forjamiento del carácter iberoamericano, entre

de 194

los que se cuentan, por una parte, la introducción de una perspectiva jerárquica de la

sociedad a partir de la diferenciación racial, donde la superioridad se identifica con

privilegios e improductividad y, de otra, el predominio de una formación precaria y en

una de tres materias: jurisprudencia, teología o filosofía, todas ellas teóricas.

Por último, uno de los aspectos objeto de análisis más relevante resulta ser la

ambivalencia de la empresa colonial española entre su fin extractivo y lucrativo y su

instrumento de dominación a través de la fuerza con una justificación religiosa, lo que

habría determinado el alcance de las instituciones jurídico-políticas y dado lugar a una

especie de esquizofrenia entre la explotación y la protección indígenas.

1.1. Las colonias inglesa y española: dos destinos diferentes

Los destinos diferentes de las colonias inglesas y españolas son evidentes, lo que ha

dado lugar a que diferentes autores indaguen sobre las diferencias que los explican.

Para empezar, John Elliott (2006), habla de la diferente financiación que tuvieron las

dos empresas coloniales y que incidiría en el carácter de sus objetivos; citando a Henry

R. Wagner (1944, págs. 27,28) y José Luis Martínez (1990, págs. 128,129), menciona

que el viaje de Hernán Cortés a México fue financiado con dineros propios de Diego

Velásquez gobernador de Cuba y con crédito adquirido con dos Isleños acaudalados,

mientras que tras las expediciones inglesas estaban dos empresas, a saber: La Compañía

de Virginia y Plymouth, a las cuales se les autorizó para fundar una colonia en América.

Otra de las diferencias, según el autor, radica en la calidad de las personas que zarparon

con Christopher Newport, capitán que dirigió la expedición de Gran Bretaña a América,

y la de quienes zarparon con Hernán Cortés, quien dirigió la expedición española a

América. En el caso de Newport, treinta y seis fueron clasificados como caballeros o

pertenecientes a la baja nobleza, según una lista parcial proporcionada por John Smith

(The complete Works of Captain John Smith, 1986), no obstante, que aquel perdió un

gran número de integrantes a causa de las enfermedades, pues no estaban adaptados al

medio ambiente de América. En el caso de Cortés, cuyo grupo era mayor, sólo dieciséis

estaban considerados claramente como hidalgos7.

No obstante las diferencias anotadas, la colonización española y la anglosajona,

finalmente, se basaron en la idea de la reducción de los pueblos salvajes a la

evangelización y la civilización, para justificar sus empresas.

De acuerdo con Elliott (2006), el hecho de que la colonización española hubiera

precedido a la inglesa ochenta y siete años sirvió para que ésta tomara, en lo pertinente,

varias lecciones de la experiencia ajena como la fachada ideológica; la estrategia de

potencializar las divisiones al interior de las poblaciones indígenas; el hacer creer a

éstos que se trataba de seres inmortales mediante la ocultación de su muerte; etc., sin

embargo, por la misma razón del tiempo que separó las dos expediciones, los indígenas

de Norteamérica, en cabeza de Powhatan, parecían estar más preparados frente a las

maniobras de los intrusos, porque cuando arribó en 1606 el grupo conducido por

7 Para estas cifras John Elliott (2006) se basa en (HIMMERICH Y VALENCIA, 1991, pág. 29)

de 194

Newport, no eran los primeros intrusos en intentar hacerlo; aunque por ello mismo, la

población se había disminuido a causa de las enfermedades importadas.

Así que los indígenas trataron de someter a los ingleses, por un lado, a través del

control del suministro de alimentos, y por el otro, del intercambio de aquellos

elementos, como el cobre, que aumentaran su poderío interno; del mismo modo, los

ingleses trataron de hacer lo propio para someter a los indígenas e imponerles

tributación.

Finalmente, la tesis central de John Elliott (2006) es que los diferentes destinos que

tuvieron las empresas española e inglesa, se debieron, a las diferencias temporales y

ambientales, pero sobre todo, al hecho de que en América del Norte no se encontraron

materiales en la cantidad en que se encontraron en Iberoamérica y a la ausencia de

mano de obra explotable. En su decir, la intención de los ingleses era la misma que la de

Cortés y sus hombres, apoderarse del oro y la plata existentes y generar tributos, sin

embargo, en Norteamérica, a diferencia de Iberoamérica, no había ni oro ni plata; y al

parecer, la salvación vino por el lado del tabaco.

(…) la ausencia de plata y mano de obra indígena en estas primeras colonias británicas

forzó a los asentadores a adoptar una lógica basada en el desarrollo, en oposición a la

mera explotación; esto, a su vez, incrementó la importancia de esas cualidades de

autosuficiencia, trabajo duro y espíritu empresarial que iban cobrando una relevancia

creciente en la retórica y en la formación de la imagen colectiva nacional de la

Inglaterra del siglo XVII. (ELLIOTT, 2006, pág. 60).

Américo Castro (1971), por su parte, también ha hecho un análisis comparativo entre las

dos empresas coloniales, su énfasis, sin embargo, ha estado en las diferencias del

carácter, de los españoles y de los ingleses, de los indígenas de iberoamérica y los de

norteamérica; así como, en las diferencias de las religiones imperantes en unas y otras

colonias, la católica y la protestante.

En su concepto, los indígenas que poblaban las tierras que luego fueron Iberoamérica,

tenían un carácter diferente a los que poblaban lo que después sería Norteamérica. Estos

indígenas no tenían la cultura ni la personalidad de los aztecas mejicanos, de los mayas

de Centroamérica, de los incas peruanos o de los araucanos chilenos.

De la misma forma, los españoles y portugueses que poblaron Iberoamérica eran

diferentes a los franceses, ingleses, italianos y alemanes. Los primeros estaban

estimulados por su ambición de señorío, de riquezas y por su fe religiosa. No les

interesaba tornar productivo el dinero.

El proceso de colonización fue completamente diferente. En Norteamérica los

estadounidenses implementaron un sistema de vida europeo, aunque con rasgos muy

propios, sin tener en cuenta lo que existía con anterioridad. Se constituyó como una

geometría moral y social, con rasgos característicos como: el racionalismo, la

consagración al trabajo, un sistema democrático calvinista y el desarrollo comercial e

industrial.

de 194

A contrario sensu, en Iberoamérica se mezcló lo español, con lo indígena y con lo

negro8. De ahí la riqueza vital y artística de Iberoamérica pero también la enorme

desigualdad que ha marcado su historia y el contraste entre unas “minorías exquisitas y

unas masas atrasadas” (CASTRO, 1971, pág. 5).

Los ingleses no se encontraron con grandes riquezas naturales, por lo tanto su economía

se basó en los contactos que se tenía con Inglaterra y en el trabajo, que para ser

productivo necesitaba una sociedad cohesionada horizontalmente sin grandes contrastes.

Por el contrario, la riqueza de Iberoamérica se encontraba en sus minas, en sus metales

preciosos, y secundariamente, en la agricultura (trabajo); la organización social que

adoptaron fue, entonces, la del feudalismo, propia de España, grandes señores

propietarios de tierra, incluyendo a la Iglesia, y labriegos.

La forma de organización social que establecieron los españoles en Hispanoamérica,

obedeció en gran medida a su experiencia de convivir durante aproximadamente ocho

siglos (711-1492) con los musulmanes y los judíos. Estas dos razas se dedicaban a

labores consideradas por los españoles propias de clases inferiores, tales como: la

administración de los impuestos, el trabajo técnico y científico. Por lo tanto, su objetivo

con los indígenas y negros, también fue someterlos a trabajar a su servicio.

Los intereses de los españoles no estaban en la industria ni en la organización de la

sociedad mediante el trabajo metódico; sino en los triunfos bélicos (Reconquista), en el

culto a la Iglesia, en el prestigio social, en la ocupación en los anhelos y dilemas de los

hombres, de ahí el desarrollo literario, el auge del derecho, etc.

Debido a la influencia de la religión católica y protestante, en las empresas coloniales

de España e Inglaterra, respectivamente, Castro destaca como una de las diferencias más

importantes entre dichas doctrinas, la separación del catolicismo versus la reunión del

protestantismo, entre lo eclesiástico y lo secular, es decir, entre la Iglesia y la sociedad

civil; en ese sentido, el calvinista americano estaba seguro de que lograría la salvación

al leer la biblia, colaborar socialmente con el prójimo y trabajar en provecho propio y de

la comunidad; por el contrario, la salvación de los cristianos pareciera radicar en los

ritos solemnes, los templos suntuosos y la mediación de los sacerdotes. Dice Américo

Castro que el protestantismo “redujo la religión a moral individual y cooperación

social” y que el contraste entre las iglesias artísticas y lujosas y los templos sencillos y

modestos, ilustran dos concepciones opuestas de espiritualidad.

Tomando de Américo Castro la idea de que las diferencias entre el devenir la empresas

coloniales inglesa y española obedecen en parte al carácter o manera de ser de los

españoles en contraposición al de los ingleses, a continuación se considera pertinente

hacer una breve exposición de lo que puede considerarse el Legado Español, con

importantes consecuencias para la formación del carácter de los Iberoamericanos.

8 Por la forma como se llevó a cabo el proceso de colonización en Norteamérica, Américo Castro afirma

que pese a los atropellos cometidos por los españoles durante la colonización, los indígenas hubieran

desaparecido por completo en caso que los colonizadores hubieran sido otras naciones europeas. Aquí el

papel de la Iglesia fue muy importante, varios frailes criticaron la usurpación de tierras de los indígenas y

el tratamiento de éstos como seres inferiores. Para ellos lo único que necesitaban eran ser evangelizados,

en el convencimiento que esto salvaría sus almas.

de 194

Una de los primeros legados españoles pareciera ser la veneración de la profesión de

abogado y, como consecuencia, de su proliferación y ocupación de los cargos directivos

de las naciones, la predominancia de una perspectiva de la realidad litigiosa. De acuerdo

con Justo Sierra, los colegios y universidades durante la colonia eran protegidos por el

Estado, pero el carácter de la educación era extracientífica, a cargo de españoles o de

nacidos en las colonias y las ciencias que se dictaban eran la filosofía, la teología y el

derecho. Dice el autor que los españoles de por sí dados a los litigios y enredos

jurídicos, respetaban mucho a los licenciados, y hace mención al enredo que ya para esa

época, era la legislación:

Los españoles, sobre todo la masa de la población española pura, bastante dada a los

litigios y enredos jurídicos respetaba mucho al abogado, al licenciado; era la forma en

que temían el neo-español, al nativo de la Nueva España; les atemorizaban los

tribunales, tenían un temor profundo al enredo ya notable de la legislación; era un

laberinto en que cualquiera podía dejar la libertad y, sobre todo, la hacienda, si no tenía

la Ariadna conocedora del hilo conductor (SIERRA, 1977, pág. 87).

Dice el autor que la enseñanza de la teología, la filosofía y la jurisprudencia era

medieval, escolástica, reducida al método deductivo, silogístico, siendo las premisas, en

el caso de las dos primeras, dogmas religiosos y en el caso de la tercera, los axiomas del

derecho canónico, del derecho romano, del derecho español y de la legislación de

indias, sin que ellas se sometieran al menor análisis. En consecuencia, el pasatiempo

favorito era esconder sofismas dentro de vericuetos dialécticos para tener el placer de

destruirlos luego o conciliar los textos patrológicos con las leyes del Digesto. “Este vicio

mental dominó en el espíritu del futuro grupo director, que España creaba, inconscientemente

quizás‖ (SIERRA, 1977, pág. 88), e impidió el nacimiento del espíritu americano al

pensamiento científico.

En la misma línea Sierra anota que lo que hoy es conocido como México se denominaba

en la época colonial La Nueva España, sitio al que a finales del siglo XVIII arribó el

polígrafo Alejandro de Humboldt, quien hace un tiempo realizaba una exploración

científica de América, con el permiso del gobierno español, y venía proveniente de

Suramérica, siendo su impresión, según el autor, como la del que pasa de la

semibarbarie a la civilización. Humboldt, refiriéndose a la instrucción científica

brindada en el Colegio de Minas, construido por Tolsá, y en otros institutos de la

provincia, destacó el esfuerzo que últimamente se había hecho para aumentar el nivel

intelectual de la Nueva España, en contraposición a la consecuencia nefasta en su

parecer, que tendría el hecho de que en los seminarios y antiguos colegios de los

jesuitas, dirigidos por el clero secular, se continuara la fábrica de clérigos y abogados, a

través, en su decir, de una enseñanza indigente y de cursos científicos deplorables, ―lo

que iba a acarrear al país el inmenso mal de ser dirigidos más tarde por hombres de

educación puramente literaria (los abogados)‖ (SIERRA, 1977, pág. 102).

De otra parte señala también Sierra (1977) como otro elemento de la herencia colonial

la implementación de una estructura social estratificada en razón del color y de la

fisonomía. La distinción entre negros, mulatos, mestizos, indígenas, etc., fue una forma

de perpetuar las desigualdades sociales independientemente de la capacidad de trabajo y

la riqueza, no obstante, que con la creciente maza mestiza se hizo cada vez más difícil

distinguir los integrantes de la sociedad por su color, distinciones que por supuesto se

asemejaban, a la experiencia de expulsión de los judíos, judíos conversos o cristianos

nuevos, moriscos o musulmanes conversos de España.

de 194

Sobre este mismo aspecto hablan los Stein (1970), al señalar que la empresa de la

colonia no tuvo por finalidad ni la integración ni el progreso social, por lo que se

implementaron muchas barreras a la movilidad social ascendente; así pues, el legado

colonial de la degradación social y el prejuicio racial, habrían aflorado en el siglo XIX

bajo la creencia en la necesidad de importar blancos europeos para poder alcanzar el

desarrollo, como sucedió por ejemplo en Argentina con Juan Bautista Alberdi, hacia

1853.

Siguiendo con la herencia colonial de una estructura social estratificada, Jaime Jaramillo

Uribe (2001), apunta que las prerrogativas legales y de hecho, los privilegios tanto

económicos como sociales que se concedieron a ciertos grupos socio-raciales, dieron

lugar en el siglo XVIII a una sociedad cerrada, compartimentada, dividida en castas

como se le denominaba en esa época.

Si bien reconoce que los españoles tenían menores prejuicios raciales que los

anglosajones, característica que se atribuye en parte a su convivencia durante ocho

siglos con judíos y musulmanes y que se ve reflejada en la legislación proteccionista

indígena, es claro que los conquistadores se sentían superiores a los indígenas y por ello

exigieron ventajas y privilegios. Dichos privilegios perduraron hasta fines del siglo

XVIII, así lo señalaba Francisco Silvestre, “fino observador de la sociedad colonial y

eficiente funcionario de la Corona”, que refiriéndose a los criollos de Antioquia

mencionaba que su engreído orgullo y su apego a los títulos podía poner en peligro la

dominación española, a lo que la Corona respondía cuidándose de otorgar títulos en

demasía, pues ponía en riesgo su jurisdicción en las colonias9; en todo caso la Corona

premió en muchos casos las buenos oficios militares y administrativos.

Había diferentes tipos de títulos, pero ser noble y tener limpieza de sangre no equivalía

a ser hidalgo condición que se debía demostrar directamente en España; aunque en la

casuística lo importante era demostrar que se era blanco.

Dice Jaramillo Uribe que los oficios desempeñados también fueron fuente de

distinciones; la burocracia, aún en los niveles más modestos como la escribanía de

oficinas públicas, la jurisprudencia y los oficios eclesiásticos eran actividades nobles,

mientras el trabajo manual, como oficios artesanos y aún las profesiones de maestro de

escuela y cirujano se consideraban propias de las castas mestizas, pardas, etc.; por lo

que los oficios desempeñados, eran un elemento probatorio al que constantemente se

apelaba en los juicios sobre limpieza de sangre, nobleza o disenso matrimonial para

demostrar la distinción social10

.

Ahora bien, José Durand (1953), da cuenta de un espíritu altivo alrededor de las

distinciones sociales, con base en el cual, no obstante lo perjudicial que pudiera ser para

la mayoría un sistema social estratificado, todos aspiraban a ascender de escalón aún sin

tener mérito alguno y con ello se hace referencia a los mismos españoles:

9 Jaime Jaramillo Uribe (2001) se basa para este tema en (DE MADARIAGA, 1955, pág. 34) y (Política

indiana, Libro III, Cap. XXXIII, No. 48, Ibíd., libro V, Cap. I, No. 10.) 10

Soportado en investigaciones realizadas por el autor en el Archivo Nacional de Cataluña (ANC),

Genealogías, T. III, ff. 006v, y r.V. infra Apéndice documental.

de 194

El mismo Motolinia refiere un hecho revelador de la arrogancia popular: cuando los

conquistadores quisieron poner criados en sus encomiendas para cobrar tributos y

atender negocios, emplearon a ―labradores de España‖; poco tiempo después, los

antiguos labriegos se habían convertido en verdaderos amos de la tierra, y mandaban a

los señores indios ―como si fuesen esclavos (pág. 44)

.

De los conquistadores, dice Durand (1953), que se trataba de personas provenientes de

Castilla de muy escasos recursos, que con espada en la mano lograron convertirse en

señores, se caracterizaron por la pereza, en cuanto se entregaban a una vida principesca,

por el deseo de ser servidos y no de servir; y haciendo referencia a la ebullición social

que se produjo con la Conquista es difícil evitar no evocar la cultura mafiosa que

caracteriza un país como Colombia.

Otro de los elementos que se puede identificar como parte de la herencia española, es la

propagación de formas medievales de vida.

En el campo económico, Stanley J. y Bárbara H. Stein (1970) señalan como legados

instituciones como la Hacienda y las plantaciones con los patrones sociales asociados,

enclaves mineros, exportación, elitismo, racismo, clientelismo. Señalan que España en

el siglo XVI en adelante, como lo son todavía hoy muchas naciones de Iberoamérica,

era una nación de provisión de materias primas y consumo de las mismas

transformadas, únicamente. Ante el ascenso de Inglaterra en la segunda mitad del siglo

XVII, Francia modernizó su estructura económica, su sistema impositivo, protegió

sistemáticamente la industria y profirió normas sobre producción; mientras España

continuó caracterizándose por un sistema de privilegios, peajes, arrendamiento de

contribuciones, venta de cargos públicos, etc., dado que los oficios comerciales eran

considerados de razas inferiores.

Ratificando el punto de los Stain, Jorge Larraín (2000), menciona que los españoles

también importaron medios de producción semi-feudales y esclavistas, con lo que se

desmienten teorías como la de André Gunder Frank que sostienen que España

implementó en Iberoamérica el sistema capitalista, cuando ésta y Portugal eran todavía

países feudalistas hacia el siglo XVI y XVII; diferente es en su concepto que la

producción se exportara a un mercado capitalista mundial.

En el campo cultural, Larraín (2000) destaca que el sincretismo de la cultura española y

la cultura indígena estuvo marcado por la influencia de la religión católica, el

autoritarismo político y la no afinidad con la razón científica.

En su decir, es un hecho que en el siglo XV y XVI, España era la última fuerza

representativa de un mundo destinado a desaparecer, el Cristianismo; ésta lidero la

Contra Reforma, la oposición al protestantismo que se propagaba por toda Europa y los

conquistadores fueron ante todo representantes de un mundo anti moderno; con la

inquisición española se prohibieron además todos los libros científicos disponibles y la

enseñanza se limitó a la filosofía escolástica.

Para finalizar, Leopoldo Zea (ZEA), citado por Larraín (2000), afirma que los españoles

apartaron de la modernidad a los indígenas en el campo económico y político, de la

misma forma que la Iglesia lo hizo en el mental. El autoritarismo político fue

complementado con la obediencia a Dios; y a través del miedo y el fervor se mantuvo

de 194

controlada a la sociedad, por lo que a los indígenas se les impuso a toda costa la

cosmovisión católica.

1.2. Empresa colonial española: entre la espada y la cruz

Es importante conocer la filosofía de la empresa colonial española, sus objetivos y las

estrategias adoptadas para alcanzarlos, sus rasgos característicos, pues a partir de ello se

puede comprender la naturaleza y el devenir que tuvieron las instituciones

implementadas durante esa época, así como, la dinámica de las relaciones sociales.

Para empezar, Justo Sierra (1977), da luces sobre la perspectiva con que los españoles

asumieron el proyecto de conquista y colonización, en su decir, creyeron que tras ocho

siglos de lucha y la recuperación en 1492 de Granada, último resquicio musulmán, la

providencia los había premiado con el descubrimiento de América en el mismo año y

ello les daba autoridad para apoderarse de todo.

En concordancia con lo anterior, el historiador británico John Elliott (2006), señala que

Castilla tenía dos líneas para la exploración de territorios, la colonización y la

comercialización y, en el caso de Iberoamérica la mayoría de factores dieron vía libre a

la primera, ellos fueron, entre otros, el hecho de que los metales preciosos no

constituían una mercancía importante en los intercambios locales, por tanto, para su

obtención se requería el dominio del país, aunado a ello, pronto se supo que sus

pobladores nunca habían oído practicar el evangelio, lo que justificó el apoyo de la

Iglesia a la invasión y permanencia, con el fin de convertirlos al cristianismo y

civilizarlos, como se consagrara en las Bulas Alejandrinas.

A partir de lo anterior, se identifica un objetivo y un instrumento para lograrlo que

marcarían el derrotero de la conquista y colonización españolas; el objetivo fue a

grandes rasgos, el saqueo de las Indias y el instrumento fue la dominación de sus

pueblos a través de la fuerza con una justificación religiosa.

El ánimo de explotación que informó la conquista y colonización y que determinaría los

alcances y limitaciones del sistema colonial, es prácticamente un punto en el que los

autores que han escrito sobre el particular están de acuerdo; sólo por citar algunos, en la

novela la Marquesa de Yolombó (CARRASQUILLA, 2008), uno de sus personajes Don

Chepe, comenta cómo venía de España con ansias de domar y usurpar todos los tesoros

de las Indias y poder retornar a su tierra, pero culpabiliza a la pereza contagiosa de los

negros y a las condiciones naturales inhóspitas de que los planes se trunquen11

.

Por su parte, Guillermo Hernández Rodríguez (1978), anota que las tierras y las

riquezas eran inaccesibles para los castellanos sin el trabajo forzado de los indígenas; al

paso que José Carlos Mariátegui (1959, pág. 26) menciona que la ambición de los

españoles por los metales preciosos orientó su actividad económica a la explotación de

las minas que bajo el imperio Inca había sido muy poca, pues para los indígenas, el oro

11

―Pero pasan los días, y los orales no parecen, y los planes se desbaratan, y los ánimos se van

acabando y uno se va volviendo insulso, un pendejete, un indolente boquiabierto. Será que los negros nos

pegan su pereza o que esta tierra nos va atembando, con tanta plaga ponzoñosa, tanto árbol venenoso,

tanta fiebre y tanto tuntún‖. (CARRASQUILLA, 2008, pág. 61)

de 194

y la plata tenían sólo aplicaciones ornamentales, además de que por ser un pueblo

básicamente agrícola ignoraban el uso del hierro.

Jorge Larraín (2000) señala que al principio Colón habría tenido una buena impresión

de los indígenas; sin embargo, los primeros cronistas12

los describían como caníbales,

inclinados al homosexualismo, persistentes en su desnudez y, en el caso de los aztecas,

dados a los sacrificios humanos. El hecho de que los indígenas no tuvieran rey, fe, ni ley

fue prueba de sus deficiencias(SCHWARTZ, 1987).

Dice Larraín que no es fácil establecer sí el catálogo de defectos encontrados en los

indígenas se corresponde con la realidad pero lo que sí es un hecho es el apetito

insaciable de los conquistadores por fama, gloria, plata, oro, tierra, sirvientes y esclavos,

para lo cual sirvió como fachada ideológica la necesidad de evangelizar y modernizar a

los indígenas. Para esta tarea se elaboró un documento con un listado de principios

cristianos y la referencia a que América había sido entregada a los reyes españoles por

el Papá.

Sobre la fachada ideológica, es importante tener en cuenta que según el autor citado, la

cultura ibérica hacia 1492 estaba lejos de ser racionalista y, por el contrario estaba

regida por la religión, por valores morales absolutos y por la intolerancia por todo lo

que fuera diferente.

En este orden de ideas, tanto la finalidad de explotación de la empresa colonial española

que delimito los alcances y limitaciones de sus instituciones, como la estrategia para

lograrla, cual fue la dominación por la fuerza con una justificación religiosa, podrían

estar en la génesis de una característica de Iberoamérica que constituye un lugar común

en la literatura sobre la región, y es el contraste entre la invocación constante de las

normas y su abierto incumplimiento.

Esta característica, que denota una especie de esquizofrenia, término acuñado en este

campo por Mauricio García Villegas (2010), pareciera un reflejo de la ambivalencia que

significó el apoyo de la Iglesia Católica a la conquista y colonización de América.

En los pelotones de la conquista se mezclan las espadas con las cruces, las voces

marciales con el rumor de los sermones, la crueldad con la piedad, la sangre con las

lágrimas. La labor religiosa es inseparable de la faena militar (STEIN S. J., 1970, pág.

252).

En este sentido, Stanley J. y Bárbara H. Stein (1970), relatan que en la América

española el cura trabajaba al lado del corregidor o del alcalde mayor y legitimaban

jerarquía, subordinación y control.

Las escuelas, los hospitales e instituciones de beneficencia eran administrados y

financiados por la Iglesia aumentando la lealtad de los feligreses y, a cambio de dotes

pías los clérigos coloniales, altos, medios y bajos, contribuyeron a la estabilidad del

Estado y sociedad coloniales exhortando a los feligreses a ser fieles a la monarquía.

Traición al Estado era igual a herejía, así se consagraba, posteriormente, en los edictos

de la Iglesia en las Guerras de Independencia.

12

Al respecto Larraín (2000) sugiere verse a (FERNÁNDEZ DE OVIEDO) y (LÓPEZ DE GOMORA)

de 194

La novela La Marquesa de Yolombó (CARRASQUILLA, 2008), retrata, por ejemplo,

como el fervor religioso fue empleado como mecanismo de dominación, a través de las

palabras de Doña Bárbara, uno de los personajes de la obra, que consideraba que las

mujeres, sobre todo las de raza blanca, eran tratadas como vacas pues sólo servían para

la reproducción, no sabían leer ni escribir ni hacer algún oficio toda vez que los

hombres y en las casas, las criadas afrodescendientes, se encargaban de todo. En una

conversación con su padre éste reconoce no haberles querido enseñar a sus hijas a leer

ni a escribir porque su Sacra Real Majestad no estaba interesada en que sus súbditos de

América fueran muy sabidos y, por el contrario, querían que las mujeres fueran

inocentes y vivieran en el santo temor y amor a Dios.

De igual forma en la misma obra, se hace referencia a la Santa Inquisición, cuando otro

de los personajes de la obra, Doña María de La Luz, dice algo que pudiera ser

considerado herejía y su madre menciona que por ello podrían reducirlas a prisión o

quemarlas vivas.

Por otro lado Stuart B. Schwartz (1997) historiador de la Universidad de Yale, en un

estudio completo sobre el tratamiento de las relaciones sexuales alrededor de la

institución del matrimonio durante la colonia, da cuenta de la dominación ejercida por la

Iglesia por la vía de la sexualidad.

La posición de la Iglesia sobre las relaciones sexuales dentro y por fuera del matrimonio

fue codificada hasta cierto punto por Santo Tomás de Aquino en el siglo XIII. Durante

el siglo XVI y, especialmente, después del Concilio de Trento (1545-1563), la síntesis

de Aquino se convirtió en autoridad religiosa y moral.

La razón de ser de las prohibiciones en el tema sexual obedeció en gran parte a que la

Inquisición temía que el libre pensamiento sobre el sexo pudiera conectarse con otras

actitudes heterodoxas o heréticas, asociadas con la herejía, el "alumbradismo" o

luteranismo.

En 1573 la Santa Inquisición ordenó a todos los tribunales locales tratar como heréticos

a quienes no considerasen la fornicación simple13

como pecado y dice Schwartz (1997)

con base en Henry Kamen (1994, págs. 318-320), que hay indicios de que la aceptación

del goce carnal estaba asociada con sectas de alumbrados; para el efecto cita a una

mujer denominada Úrsula Rodríguez, esposa de un mesonero, que declaró en 1626: ―lo

que habemos de llevar de esta vida es buen comer, buen beber y buen joder‖, palabras que

podían atentar contra la visión del mundo impuesta por la Iglesia14

.

Sin embargo, la injerencia de la Iglesia Católica en la empresa colonial no fue uniforme,

pues algunos representantes de aquella también se opusieron tajantemente a la

usurpación y atropellos cometidos por los conquistadores y abrieron el debate sobre la

dualidad que significaba la justificación de los mismos por la Iglesia; muestra de su

concepción, por decirlo de alguna manera, no utilitarista de la doctrina católica.

13

―<<Fornicación simple>> se distinguía de la <<fornicación calificada>>, la cual incluía adulterio,

incesto, estupro, rapto y relaciones homosexuales. (SCHWARTZ, 1997, pág. 52) 14

Menciona Schwartz (1997) que esa declaración, denunciada por un cura en Granada, dio lugar a

discusiones entre los Inquisidores sobre si sólo se trataba de palabras escandalosas y al respecto sugiere

Ver a (SÁNCHEZ ORTEGA, 1992, pág. 201).

de 194

De acuerdo con Larraín (2000), entre los defensores de los derechos de los indígenas se

encuentra Antonio de Montesinos hacia 1511 y Fray Bartolomé de las Casas (1946),

quien describió a los españoles como lobos, dijo que no hicieron otra cosa que destruir a

los indígenas de las formas más crueles diezmando significativamente su población.

Clasificó en dos, las formas de explotarlos: guerras sangrientas y reducción a la más

dura servidumbre; para lo cual se basaron en “El Requerimiento”, que consideraba

injusto pues nada tenía que ver con la vida y los mandatos de Dios. El siguiente es un

aparte de ese documento:

(…) y mandando que les hagan á los indios requerimientos que vengan á la fe, y á

dar la obediencia á los reyes de Castilla, si no que les harán guerra á fuego y á

sangre, y les matarán, y les cautivarán, etc. (DE LAS CASAS, 1946, pág. 43).

Y, precisamente, como muestra de los dilemas que se suscitaron al interior mismo de la

empresa colonial en torno hacia dónde se debía dirigir el enfoque religioso de ésta,

Bernardo Vargas Machuca, un soldado y capitán de Castilla que arribó a América en

1578, en su “Refutación a de Las Casas” (1946), hace toda una defensa de las conductas

de los conquistadores basado en la religión católica como bien supremo y en el decir

que las guerras sólo se perpetraron contra aquellos que se opusieron a la propagación de

la religión y la evangelización.

El papel pues de la religión católica en la empresa colonial española fue ambivalente, de

una parte, constituyó el trasfondo ideológico de la conquista y colonización, que

justificó el dominio de la población aborigen, pero también fueron algunos de sus

representantes quienes alzaron su voz en contra de los atropellos cometidos en contra de

los indígenas y quienes lograron la expedición de legislación proteccionista y la

adopción de ciertas medidas por parte de la Corona para limitar los desmanes cometidos

por los conquistadores; a lo que en buena medida podría adjudicarse la supervivencia de

aquellos.

No obstante, los defensores de los indígenas, como de Las Casas, si bien se opusieron a

la evangelización por la fuerza, no hubo nadie que defendiera el derecho de los

indígenas a conservar su religión y sus normas morales y, por ende, todas las acciones

se dirigieron a destruir la cultura indígena.

De acuerdo con Todorov (1989) citado por Jorge Larraín (2000), hay dos formas de

experimentar al otro en los procesos de colonización, una es la expresión de las

diferencias en términos de superioridad e inferioridad y otra es la de igualdad a través

de la asimilación e identidad; cualquiera conlleva a tener los valores de los

colonizadores por los valores universales.

En el caso de la colonización de América, parece haberse puesto en práctica la segunda

modalidad como consecuencia de la creencia en la primera; en todo caso, como bien lo

señala el autor anteriormente citado, la colonización de los indígenas fue la colonización

de su imaginario con cambios radicales en su concepción del hombre, de las relaciones

interpersonales, del tiempo y el espacio, de la vida y la muerte, de lo real y lo fantástico.

de 194

2. “OBEDÉZCASE PERO NO SE CUMPLA”: validez versus eficacia de las

normas

Aquellos que intervenían en la administración de las colonias encontraron sus principios

y su práctica todo menos opresivos. Y donde la legislación colonial entraba en conflicto

con el interés local, siempre podía ser suspendida o ignorada según lo sugería la

fórmula, utilizada con frecuencia, de ―obedézcase pero no se cumpla. (STEIN S. J.,

1970, pág. 74)

Esta frase encierra quizás lo qué fue el devenir de las instituciones durante la época de

la colonia; es decir, un “obedézcase” correspondiente a la ausencia de cuestionamiento

de la validez y la legitimidad de las autoridades y de los actos expedidos por éstas, que

sin embargo, se traducía en un “no se cumpla”, que truncaba su eficacia.

En concordancia con lo anterior y por ser un hecho diciente, es pertinente anotar que

Justo Sierra (1977) decía que Hernán Cortés, personaje que habría construido los

cimientos del imperio español (ELLIOTT, 2006), que tenía por letra muerta las

prescripciones de la Corona.

Y ello obedece a que desde los primeros momentos de la Conquista, se habrían utilizado

argucias jurídicas para lograr cometidos; así pues Elliott (2006) relata que Hernán

Cortés viajó a México en 1519, bajo el mando del gobernador de Cuba Diego

Velásquez, expedición que tenía como finalidad abrir nuevos canales de comercio,

estándole prohibido a Cortés, como tal, la colonización y conquista15

. Sin embargo, la

verdadera intención de Hernán Cortés era dominar esos territorios, por lo que a través

de una manipulación legal, consistente en crear artificialmente las condiciones para

encuadrar en las leyes de la Castilla Medieval que permitía a una comunidad sublevarse

en determinados casos contra un monarca o ministro tirano, consiguió liberarse del yugo

del gobernador Cubano y seguir acatando ordenes únicamente del Rey de España16

.

No obstante lo anterior, el historiador Jaime Jaramillo Uribe (2002), basado en los

autores C.H. Haring y Ots Capdequí17

, señala que el “se obedece pero no se cumple”,

con el que respondían algunas autoridades coloniales al tener noticia de una legislación

expedida en Madrid y que ha sido identificado por muchos autores como muestra de

anarquía y oposición a las prácticas de la vida jurídica, realmente, constituye una

muestra de realismo político, de sentido práctico y racionalismo, en cuanto fue la

manera de evitar en muchas ocasiones desaciertos y conflictos.

Hecha la salvedad anterior, a continuación, se expondrán diferentes casos que dan

cuenta de la constante tensión que existió durante la colonización entre lo que se

prescribía y lo que se cumplía en la realidad, algunos citados por el mismo Jaramillo

Uribe, para cuyo análisis resulta importante tener en cuenta, como se expuso en el

capítulo sobre la empresa colonial, que el objetivo final de ésta y que informó todas sus

acciones, fue la usurpación de todas las riquezas de Las Indias, a través de la

explotación de su población y que el instrumento para lograrlo fue el uso de la fuerza

15

Sobre el tema Elliott (2006) remite a (MARTÍNEZ, Instrucciones de Velásquez, 1990, págs. 141-143) 16

Para ésta y las siguientes maniobras de Cortés. Elliott (2006) remite a (Cortés, Velásquez and Charles

V) 17

HARING, C.H. The Spanish Empire in America, New York: Cit. 1963, pp. 113-114. CAPDEQUÍ, Ots.

Instituciones de Gobierno en el Nuevo Reino de Granada en el siglo XVIII, p. 21

de 194

legitimado por la Iglesia Católica; la intervención ambivalente de esta institución, habría

marcado en buena parte la contradicción que caracterizó el proceso.

2.1. La ambigüedad de una legislación proteccionista y la explotación indígenas

Uno de los campos donde más se registró divergencia entre la realidad y el deber ser fue

en la legislación que expidió la Corona Española para efectos de proteger los derechos

de la población indígena; y el hilo conductor, como pasara a verse más adelante,

pareciera ser, de una parte, la falta de voluntad por parte de los conquistadores de

desprenderse de sus privilegios, de sus riquezas, de su señorío y de otro, la realidad

cruda de la Corona, acotada por Manuel González Prada (GONZÁLEZ PRADA, 1908),

consistente en que sin el trabajo forzado de los indígenas habría visto vaciarse sus arcas.

Guillermo Hernández Rodríguez (1978) menciona que el tributo, fundamental para el

sostenimiento del aparato de las instituciones sociales coloniales, era pagado en muchas

ocasiones a través del servicio personal de los indígenas y; no obstante, que la Corona

luchó por erradicar aquellos elementos que pudieran dar lugar a una organización

señorial y, en protección de los indígenas expidió órdenes reales, la realidad fue que el

servicio personal subsistió hasta la República como lo demuestra un decreto del

libertador de 1828. Las frecuentes prohibiciones demuestran, precisamente, su

contradicción en la práctica18

:

Frecuentes prohibiciones del servicio personal demuestran su persistencia en la práctica

por encima de las disposiciones de las autoridades. Este estado de permanente

insurrección del hecho contra el derecho se prolongó quizás por todo el tiempo del

período colonial… En mayo de 1693 Diego Carrasquilla, oidor de la Audiencia de

Santafé, practicó visitas entre los indios de la región de Caparrapí, en Cundinamarca, y

encontró que en la encomienda de Juan Quintero se practicaba el servicio personal.

Quintero fue amonestado para que no siguiera incurriendo en la violación de las órdenes

reales y se descargó diciendo que los indios le prestaban servicios personales

voluntariamente y sin apremios y él por su parte les pagaba de manera puntual. 19

(HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, 1978, pág. 243).

La contradicción entre encomenderos y autoridades reales culminó en la exigencia

subrepticia del servicio personal. Pero lo que resulta llamativo, es que ante una realidad

desbandada la Corona optó por autorizar el servicio personal, aunque con diferente

nombre, cuando fuere voluntario, es decir, en todos los casos, pues dada la situación de

subordinación y desigualdad de los indígenas frente a los encomenderos, la voluntad de

aquéllos no tenía aplicación práctica.

(…) Y se transcribe otra cédula dada en Madrid a 4 de diciembre de 1720 en que se dice

que ―está dispuesto por las leyes de que no se obligue a que los indios sirvan

personalmente ni se use de esta palabra: Servicio personal; pudiendo si quisieren de su

voluntad servir los días del año que basten para pagar el tributo que debieren

18

―No obstante estas medidas que se reprodujeron con alguna intermitencia, el servicio personal

subsistía como puede deducirse del hecho de que la Audiencia de Santafé, en carta para su majestad de

fecha del 4 de noviembre de 1598, informaba nuevamente que se había quitado el servicio personal‖.

Información tomada por el autor del Boletín de Historia y Antigüedades XVIII, Bogotá, p. 428. 19

Información tomada por Guillermo Hernández (1978) del Archivo Nacional de Colombia,

Encomiendas.

de 194

ajustándose el salario o jornal que les correspondiere sin que tampoco a esto se les haga

agravio20. (HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, 1978, pág. 244)

Posteriormente, señala Hernández que las Leyes de Indias fueron derogadas y con ellas

la protección de los indígenas, cuando en los nuevos códigos republicanos se adoptó la

libertad contractual.

Por otro lado, Fray Bartolomé de Las Casas (1946), testigo presencial de la época

colonial, remitiéndose al período comprendido entre los años 1518 a 1542, en Nueva

España (México), relataba como los españoles se opusieron a la evangelización de los

indígenas pues entonces no podrían justificar el saqueo de su oro y riquezas y, que

después de lo denunciado por él, fueron publicadas ciertas leyes y ordenanzas que Su

Majestad Carlos V, propuso en la ciudad de Barcelona, en el año 1542, para que cesasen

los atropellos; las cuales fueron aprobadas por personas que no habían sido corrompidos

con los tesoros robados de las Indias; pero publicadas las mismas, los hacedores de los

tiranos, que estaban entonces en la Corte, hicieron muchos traslados de ellas, pues a

todos les pesaba no poder participar de lo robado y tiranizado.

Dice que los tiranos cuando vieron los traslados, antes que fuesen los jueces nuevos que

los habrían de ejecutar, se sublevaron, desconociendo la autoridad del rey, y la

emprendieron no sólo contra los indígenas, ya diezmados sino entre ellos mismos. Dice

que: ―no han querido cumplir las leyes, con color de suplicar d‘ellas, están tan alzados como

los otros, porque se les hace de mal dejar los estados y haciendas usurpadas que tienen y abrir

mano de los indios que tienen en perpetuo cautiverio‖. (DE LAS CASAS, 1946, pág. 138)

Da cuenta también De las Casas (1946, pág. 138), de un fenómeno que consistía en la

sofisticación de las formas de violar las normas, modificando en apariencia los hechos,

mudándoles de forma, mientras el trasfondo permanecía igual, así en relación con los

indígenas señalaba que los españoles habían cesado de matarlos con sus espadas, pero

igual los sometían a vejaciones injustas e intolerables; anotaba que todos robaban más o

menos, abierta o secretamente, y pregonando que servían al rey, deshonraban a Dios y

robaban y destruían al rey.

En consonancia con Fray Bartolomé de las Casas, Justo Sierra (1977, pág. 103) en el

Capítulo V. El Crecimiento Social (Siglos XVI y XVII) de su obra, dice que los

indígenas, igual que en la actualidad, cultivaban la tierra a cambio de un jornal de dos

reales, que les era pagado en especie, en semillas, alcohol y con el que apenas se

adeudaban para alimentarse con una dieta básica y pagar impuestos, siendo condenados

con ello al servilismo sin violar las Leyes de Indias.

Da cuenta también el mismo autor en el Capítulo III sobre la Organización Social, de

otro fenómeno aparentemente recurrente en la Colonia, consistente en el recular de las

autoridades ante los actos de transgresión; en este sentido menciona que los reyes Isabel

y Fernando, prohibieron la esclavitud y los repartimientos; sin embargo, fueron

transigiendo esta postura, frente a los rebeldes, a los prisioneros, a los vendidos por sus

padres o caciques y, finalmente, los indígenas fueron a las minas recién descubiertas y

allá perecieron.

20

Información tomada por Guillermo Hernández (1978) del Archivo Central del Cauca Popayán,

Signatura 3207 (Col. I-9g).

de 194

Señala también que Cortés no cumplió las órdenes del soberano bajo la promesa de que

las encomiendas serían temporales y del buen trato a los indígenas, pero la explotación

no se detuvo y ante la queja de los apósteles se dio lugar a la expedición de las Nuevas

Leyes, que ordenaban suprimir las encomiendas de los funcionarios civiles y

eclesiásticos y limitar la de los particulares; y suprimir casi por completo la esclavitud.

No obstante, de nuevo el Monarca transigió ante las sublevaciones que se presentaron

en Perú, que hacían imprescindible la permanencia del régimen, por lo que las acciones

se contrajeron a limitar la explotación.

Sobre el mismo punto Mauricio García Villegas (2010), en su escrito inédito sobre tres

aspectos que dieron cuenta de la brecha entre la norma y la realidad durante la época de

la colonia21

, siendo uno de ellos el tratamiento de los indígenas, hace también referencia

a la insurrección, provocada por la expedición de las Nuevas Leyes, de los

encomenderos y la apelación de Antonio de Mendosa a la célebre costumbre del se

obedece pero no se cumple, que mantenía la norma y la obediencia del rey.

Da cuenta también, que a la tensión entre la orden impartida por la Corona de no

maltratar a los indígenas y su negativa, al primer contacto, de abandonar sus costumbres

y creencias, un “brillante” abogado Juan López de Palacios Rubios en 1512 produjo la

solución del “Requerimiento”, documento escrito en castellano que afirmaba que la

religión católica era la única verdadera y que si no la acogían, los españoles quedaban

facultados para hacerlo cumplir por la fuerza, de esta manera quedaba, fácilmente,

legitimada la dominación.

De otra parte, Manuel González Prada (1908), menciona que la inferioridad de los

indios no se debe a cuestiones biológicas sino que es el producto de la falta de

educación, el consumo de alcohol y la explotación a que han sido sometidos y considera

que antes que normas se necesita la voluntad y la disposición para renunciar a los

privilegios, de parte de los encargados de aplicarlas.

En su decir, los virreyes del Perú no cesaron de condenar los atropellos y adelantaron

acciones para lograr la conservación de los indios, seguidos por los reyes españoles

mediante las reales cédulas, empero, en la realidad todo seguía igual, y no podía ser de

otro modo, pues oficialmente se ordenaba explotar al vencido pero con humanidad y

justicia, es decir ―se pretendía que humanamente se cometiera iniquidades o equitativamente

se cometieran injusticias‖. Dice el autor que para ello habría bastado con erradicar los

repartimientos y las mitas, pero sin los abusos cometidos sobre los indígenas se habrían

vaciado las arcas del tesoro español. Lo mismo que ha sucedido desde siempre, citando

al Marqués de Mancera en 1648 (TORIBIO POLO, 1889), cuando decía que los pobres

indios tenían como enemigo la codicia de sus corregidores, curas y caciques.

2.2. Contrabando: motor del comercio en la colonia

Por otro parte, otro de los campos en que hubo divergencia entre lo prescrito y lo

acatado durante la época colonial, fue en el comercial.

21

―El escritor del siglo XIX Ignacio de Herrera sostenía que la desobediencia del derecho era una

costumbre general en la Nueva Granada que venía desde la colonia y que las leyes eran promulgadas,

pero que de diversas maneras ellas resultaban desobedecidas‖. (GARCÍA VILLEGAS, 2010, pág. 10)

de 194

Stanley J. y Bárbara H. Stein (1970), indican que España estaba económicamente

atrasada hacia 1550 y cayó en una mecánica comercial propia de la alta Edad Media,

consistente en la concentración de todas las operaciones en un solo puerto, el de Sevilla,

posteriormente el de Cádiz hacia 1717, para efectos de garantizar el cobro de los

impuestos aduanales sobre los productos extranjeros exportados a las colonias.

Si bien la política comercial española era monopolística, tendiente a concentrar los

beneficios en la Corona, sus súbditos y residentes de Castilla, la misma fue vulnerable a

la penetración extranjera, por lo que se crearon organismos de vigilancia como la Casa

de Contratación, el Consulado de Sevilla y flotas de galeones escoltados, sin que los

mismos fueran efectivos, pues los extranjeros quienes en teoría sólo podían participar

indirectamente del comercio colonial como abastecedores, en la práctica participaban en

todos los extremos de la relación comercial.

En concordancia con ello Justo Sierra (1977), sostiene que dado el monopolio

mencionado, ejercido por los españoles sobre el producido de las Indias, acompañado de

su incapacidad para controlar el tráfico marítimo, el contrabando se hizo ordinario y

muchos españoles se trasladaron a América donde estaba el epicentro de la producción

y la única fuente de riqueza de España, convirtiéndose ésta en un territorio de tránsito de

las mercancías entre América y el resto de Europa.

En punto al contrabando, que pareciera ser el rasgo característico del comercio colonial,

se abre una discusión acerca de la violación de las normas en la colonia por necesidad o

lo que es igual, por imposibilidad de cumplirlas. Sobre el particular, Mauricio García

Villegas (2010), cita al Inspector de Panamá quien hacia 1642 señalaba que el 80% del

comercio era de contrabando, al tiempo que por la misma época una autoridad peruana

reportaba que por cada 1000 toneladas de mercancía legal ingresaban 7500 ilegales22

.

De igual forma comenta que en 1762 la isla de Cuba fue ocupada durante once meses

por ingleses, término en que ingresaron 700 buques en contraste con los 15 anuales

cuando los españoles ejercían el control sobre la isla, y ello era así debido a las políticas

comerciales de España, quien prohibió el comercio directo entre puertos coloniales y la

mercancía tenía que pasar, como se mencionó antes (STEIN S. J., 1970), por el único

puerto en Sevilla habilitado para ello, denominado “Sistema de Flota”.

Adicional a ello, los negocios eran reservados a los súbditos que la Corona autorizaba y

aquellos debían pasar física y contablemente por la casa de contratación de Sevilla;

restricciones que derivaron en el contrabando como medio de subsistencia.

La razón de la existencia de un solo puerto obedecía a la necesidad de proteger los

minerales provenientes de América fuente de riqueza de la Metrópoli. El oro y la plata,

sin embargo, terminaban en manos de los comerciantes ingleses, franceses y holandeses,

que era quienes abastecían las colonias ante la ausencia de interés de desarrollar

industria por parte de los españoles.

Apunta García Villegas, citando la frase del jurista español del siglo XVII León Pinelo

―La necesidad no tiene ley‖, que si a las colonias se les negaba el derecho de comerciar

no les quedaba otro camino que hacerlo por fuera de la ley; la escasez de productos

22

El autor toma estas cifras de (CROW, 1992, pág. 181)

de 194

legales llevaba a los habitantes de las colonias a procurarse sobre todo telas, harinas y

esclavos en el mercado negro.

De haber seguido esa norma al pie de la letra, la vida social y económica se habría

bloqueado. En lugar de eso, la gente no sólo toleraba el contrabando- sin poner en

entredicho su prohibición- sino que lo aceptaba como un modo legítimo – un pecado

más- de vida social (GARCÍA VILLEGAS, 2010, pág. 3).

Aunado a lo anterior, enfatiza el autor que las autoridades mismas auspiciaban el

contrabando, y para ello se apoya en el caso del gobernador de Buenos Aires Diego

Góngora, quien no obstante sus títulos, arribó en 1618 al Río de la Plata, cargado con

tres naves cargadas con contrabando que ascendían a la suma de 300.000 ducados;

incluso en los conventos se escondía mercancía, como se señala en cédula real de 1654.

Por su parte de acuerdo con los Stein (1970), tres razones contribuyen a explicar la

permanencia de la estructura comercial colonial hasta el fin del control español sobre

América: Primero, el sistema era permeable a la manipulación externa, los residentes de

Sevilla no españoles dominaban el comercio colonial adelantando bienes y/o créditos y

estaban dispuestos a prestar sus nombres a comerciantes extranjeros. Dicha

manipulación también se convirtió en cohecho para encubrir el contrabando que se daba

en cada una de las fases de salida y entrada al puerto de Sevilla. ―En todos los niveles de

operación, los intereses extranjeros sobornaron a marineros, estibadores, funcionarios

aduanales y a los burócratas y ministros de Madrid‖ (STEIN S. J., 1970, pág. 53).

En segundo lugar la extensión del sistema fue resultado de su flexibilidad, pues en la

práctica no era un reflejo de su cerrada estructura, en la práctica el Estado y los

comerciantes entablaron estrechas relaciones debido a que los segundos financiaban a

los primeros en la consecución de cargos coloniales y hacían préstamos a los burócratas

que partían a América, bajo la condición de que éstos cooperarían en la venta ilegal de

bienes que se efectuaba allí.

En tercer lugar aunque los representantes de los comerciantes extranjeros en Sevilla

percibían un ingreso inferior al de éstos, se sentían satisfechos pues no había otras

muchas formas de adquirir ganancias. Aunado a ello el gobierno español concedió

privilegios y exenciones a este grupo empresarial, pues el mismo ofrecía al gobierno

fondos que éste no estaba en capacidad de proveerse a partir de los impuestos a la

aristocracia privilegiada y a la Iglesia.

2.3. Venalidad de los cargos públicos

Stanley J. y Bárbara H. Stein (1970), anotan que en 1500 y 1600, con el descubrimiento

de América no se hizo necesaria para España la renovación de su estructura económica

y social de carácter feudal, mientras que a finales de 1600, en los Estados europeos se

reevaluaban el sistema de privilegios, el absolutismo del Estado, la presencia de una

Iglesia militante, la tenencia de lingotes de oro como símbolo de riqueza y no la

producción.

En consecuencia, ante la falta de oportunidades existentes en la Metrópoli en el siglo

XVII, las familias aristócratas y la Iglesia, protegieron sus fortunas y aseguraron su

futuro apropiándose de una variedad de empresas, pensiones vitalicias y cargos públicos

heredables, que no sólo favorecían la fortuna personal sino la de la familia y clientes.

de 194

Señalan los autores que en esta época, la institución tradicional del mundo mediterráneo

que era la familia, cobró gran importancia, pues la supervivencia económica dependió

de las redes familiares, que se extendían a través de la economía y la política y hacia

1700 los cargos públicos se tornaron en una plataforma legítima para promover

intereses privados.

Por otro lado, Guillermo Hernández Rodríguez (1978), en su obra sobre la población

Chibcha, hace una exposición de las diferentes instituciones que rigieron durante la

colonia y su devenir en la práctica. Una de ellas fue la Encomienda, que consistía en una

carga tributaria que pesaba sobre el indígena a cambio de su catequización y

adoctrinamiento. La administración del tributo era una concesión del rey y logró un

punto intermedio entre la Corona y los conquistadores, pero la tierra era en todo caso de

propiedad de la primera.

Las encomiendas no eran enajenables según la recopilación de las Leyes de Los Reinos

de Las Indias. L. VI, Tít. XI.; empero, en la práctica se vendían, entre otras razones,

para que sirvieran de dote para las hijas, para ello se recurría a su dejación y se

arreglaba todo para que fuera nuevamente adjudicada por la Corona a quien había sido

su comprador. Dada la generalización de la práctica, la Corona vio, finalmente, en ello

una oportunidad de recaudar fondos a través del saneamiento del título que se conseguía

pagándole generalmente la tercera parte del predio; una especie de legalización de

hechos consumados.

De otra parte, Jaime Jaramillo Uribe (2002), en su exposición sobre los principios de la

administración colonial y, en punto a los mecanismos de control provistos por la misma,

menciona “La Residencia” que era el juicio de control que se les seguía a los

funcionarios reales, especialmente, a los responsables de administrar caudales, para

establecer su conducta y el manejo de los asuntos confiados, al finalizar su período

cuando éste era fijo o cada determinado tiempo, cuando era indefinido.

Al respecto y apoyado en José María Mariluz Urquijo (1952) y C.H. Haring (1963),

anota que su eficacia fue limitada pues a través de influencias los funcionarios lograban

que los eximieran de dichos juicios; así lo demuestran los resultados de la inspección

que realizó en el Fondo de Residencias del Archivo Histórico Nacional (AHN), t. III, ff.

628 y ss., a los juicios del virrey Villalonga y de Messía de la Zerda, en este sentido los

esposos Stein también anotan:―Por ejemplo, el Duque de Alburquerque, en 1715, pagó al

gobierno de Madrid la cantidad de 700000 pesos plata para escapar a las acusaciones de

peculado en el desempeño del cargo‖ (1970, pág. 79); sin embargo, la residencia del virrey

Solís, estudiada por Ots Capdequí (pág. 288 y s.s.), si pareciera haber sido más efectiva,

pues se le condenó a reintegrar algunas sumas gastadas y a las costas del juicio por valor

de $6.585.

Dice Jaramillo Uribe que las residencias funcionaron más para saciar venganzas o para

encubrir delitos, a través de testimonios acomodados a favor o en contra; con frecuencia

que los testimonios eran tan carentes de fundamento que las sentencias, sobre todo,

condenatorias no podían apoyarse en ellos.

Continuando con el mismo autor y su exposición sobre los principios de la

administración colonial, éste hace referencia al “Burocratismo”, que tiene relación con

de 194

las características de intervencionista y reglamentario del Imperio Español y por el

mismo hecho de la dominación colonial; sin embargo, la burocracia fue exacerbada por

varios factores, tales como, la necesidad de ocupar y dar prebendas a los españoles

peninsulares y a los criollos, debido a un escaso desarrollo de la empresa privada y a la

aversión por los oficios considerados innobles, siendo los cargos públicos motivo de

prestigio social.

Por otro lado, basado en Eduardo Posada y Pedro María Ibañez (1910) y Ots Capdequí

(Instituciones de Gobierno en el Nuevo Reino de Granada en el siglo XVIII, págs. 60,

61, 87 y s.s.), Jaramillo Uribe habla del bajo nivel formativo denunciado, sobre todo, en

los mandos medios de la colonia y del escaso sentido de servicio que redundaba en la

ineficacia y corrupción de los funcionarios públicos; los virreyes y visitadores reales

constantemente se quejaban de la ignorancia y la ineficacia de los funcionarios.

El autor menciona también la lentitud, la inasistencia a los cargos y la suspensión de

funciones en los días feriados. La inasistencia se debía a que los funcionarios además de

sus cargos públicos se dedicaban a asuntos privados; de esto dan cuenta las reales

cédulas de 1789 y 1790 en las que las autoridades metropolitanas solicitaban a los

ministros de los Dominios de Indias, dedicarse a las obligaciones de sus cargos; la

inasistencia también obedecía a que los funcionarios preferían estar en sus haciendas a

las afueras de las cabeceras municipales; así, en comunicación del virrey Ezpeleta a la

Audiencia de Santa Fe, que era la capital del virreinato, en 1795, se quejaba de la

paralización de dicha Audiencia: ―El número de regidores decía, se hallaba reducido a 6, de

los cuales dos son hermanos, lo que es un inconveniente‖, y 4 son hacendados que viven

ausentes durante casi todo el año‖ (JARAMILLO URIBE, 2002, pág. 16).

La combinación de oficios públicos con empresas privadas, tenía entre otras razones, el

que los salarios de los cargos públicos de la Corona eran generalmente bajos, a

excepción del de los virreyes, al respecto, el virrey Mendinueta expresaba:

Nada es más fácil para la elección de sujetos para los pequeños destinos –corregidores,

recaudadores, escribanos, etc.-, porque careciendo de aliciente justo y permitido, hay el

recelo de que se haga un abuso de autoridad para existir a expensas del público y con

perjuicio suyo‖ (Relaciones, págs. 449, 455) citado en (JARAMILLO URIBE, 2002).

En el mismo orden de ideas, el historiador Jaime Jaramillo Uribe (2002) da cuenta del

carácter venal abierto de los cargos públicos, es decir, aunado a los casos soterrados de

corrupción, a la ineficacia y ejercicio abusivo de las funciones, el pago de dinero era

una forma legítima en la colonia de acceder a los cargos públicos; ello obedece a que

éstos eran considerados una regalía de la corona, por lo que había una considerable

cantidad se adjudicaba por venta en subasta pública, tales como los denominados oficios

de pluma: escribanos, relatores, etc., varios de los oficios relacionados con la Real

Hacienda, tales como recaudadores, veedores, tesoreros, etc., así como los llamados

oficios concejiles de los municipios como los regidores, alcaldes, alguaciles, etc.;

sistema que fue bastante criticado pero que se mantuvo hasta finales de la dominación

española.

Estos cargos podían ser en algunas ocasiones vitalicios y transmitirse por vía de

herencia. Se dice que los funcionarios beneficiarios de estos cargos muchas veces

abusaron de sus funciones en procura de obtener el mayor lucro posible, no obstante que

la Corona nunca renunció a sus potestades controladoras.

de 194

De igual forma cuenta Jaramillo Uribe (2002) que existió otra figura denominada las

futuras consistente en el otorgamiento de una posición administrativa, por excepción un

cargo político jurisdiccional para ser ocupado por el beneficiario, una vez quedara

vacante; ello se empleaba para gratificar donaciones hechas al Estado en momentos de

crisis fiscal o para recompensar servicios prestados al Estado y en la práctica, equivalía

a una venta.

3. SIMULACIÓN: RASGO CARACTERÍSTICO DE LA COLONIA

Como bien se ha dicho en los capítulos anteriores uno de los rasgos característicos de la

empresa colonial fue su justificación en la necesidad de cristianizar y evangelizar a los

indígenas, lo que conllevó a la imposición so pena de muerte de la religión católica;

pues bien, la forma como se llevó a cabo ese proceso de incrustación de una nuevo

credo y la naturaleza propia de dicho credo, dieron lugar a un fenómeno que se ha

denominado con los términos de simulación, inautenticidad o ladinización y que podría

constituir el antepasado o muy presente antecedente de uno de los rasgos característicos

de Iberoamérica cual es la invocación sólo formal del ordenamiento jurídico.

Al respecto señala Jaime Jaramillo Uribe (2001), que hacia el siglo XVIII, podía

considerarse que la población indígena subsistente hablaba español y practicaba la

religión católica, pero se hace abstracción de su grado de autenticidad y profundidad,

situación que se expresa mediante el término de ladino.

A partir de Justo Sierra (1977) y Stanley J. y Bárbara H. Stein (1970), se puede tener

conocimiento del sistema de creencias y principios que había previo a la evangelización

de los indígenas; Sierra, haciendo referencia a los Mayas, específicamente, a los

hombres libres, porque había esclavos, menciona que estaban sometidos a unos códigos

severos que les imponían el respeto por la religión, por el batab o cacique, por la

familia, la propiedad y la vida, aunque anota que se practicaban muchos suicidios. En

igual sentido, los Stein mencionan que las sanciones y las prácticas religiosas anteriores

a la conquista constituyeron un cemento social fuente de cohesión interna; pues los

amerindios antes de la conquista tenían un fuerte compromiso religioso, un consenso

frente a la omnisciencia y autoridad religiosas y esto habría constituido la base que vino

a mezclarse con el catolicismo impuesto por los españoles.

Por su parte, en lo que se refiere al después, es decir, al proceso de evangelización, Justo

Sierra, (1977), relata que llegaron a Iberoamérica trece frailes, “La Custodia”, bajo la

dirección del “Custodio” Martín de Valencia, quienes adoptaron a los indígenas como

hijos, y sus tareas principales fueron aprenderse sus lenguas y la conversión; dichos

apóstoles sin embargo, llegaron derrumbando templos, imágenes y todo cuanto

relacionaran con idolatría, pues para poder salvar a los indígenas era preciso demostrar

que podían ser cristianos, y lo fueron para los conquistadores, que según el autor a

menudo confundían la religión con el culto, con los ritos, con el fetichismo de las

imágenes, que era casi una semi-idolatría.

Sobre estas características o mejor, sobre la forma de asumir la religión católica por los

conquistadores, la novela La Marquesa de Yolombó (CARRASQUILLA 2008), cuyo

de 194

texto es una conjetura sobre la época y sus gentes, a partir de información recolectada

por tradición verbal únicamente, pues sobre ello nada se había escrito a la fecha de su

publicación ni existían archivos para documentarse23

, retrata la forma como se vivió la

religión católica durante la época colonial de esa población y que sería extrapolable,

como lo señala su autor en algunos apartes, a otras regiones de la Nueva Granada.

Cuenta entonces la novela que la sociedad de Yolombó creía en seres maléficos que

poblaban el monte, en Los IIusiones que son seres incorpóreos que cuentan secretos

feos y pecaminosos a los inocentes. Se creía en El Patasola, La Madremonte, El

Patetarro, Bracamonte y otros, creencias supersticiosas que se consideraron compatibles

con la fe religiosa:

Ante estos montes, habitados por estos genios, se detienen los tres mineros y la heroica

niña, casi en reto. Ninguno de los cuatro los tiene por mitos bárbaros.

No empece estas creencias a su fe acendrada de católicos: en su misma religión las

engloban: ¿No era un dogma la existencia del diablo? Pues todos esos brujos malvados,

del monte o de la ciudad, eran agentes especiales de Satanás, para perturbar las almas y

ver de perderlas completo. Y, si hacer pactos y negocios con él era un pecado, mal podía

serlo el creer en sus asechanzas y en sus encargados. (CARRASQUILLA, 2008, pág.

37).

Al respecto se señala que mientras Europa era invadida por el ateísmo, la incredulidad,

en estas colonias se vivía en plena Edad Media. El escritor relata cómo se creía también

en los duendes que los había de todas clases, los que hurtan, pellizcan, son indecentes y

cómo les convenía a los hombres su existencia para achacarles sus conductas indebidas;

de igual forma se da cuenta de la existencia de augures, pitonisas, médicas y ayudados

que hacían milagros, hechiceras, etc., así, la preocupación por el diablo fue tal que se

fueron olvidando de Dios y no volvieron a concurrir a sus templos.

Los fieles cumplían con los cinco mandamientos y los indios y libertos que se

rehusaban a asistir al “incruento sacrificio” eran conducidos a latigazos lo mismo que

quienes se negaren a pagar el diezmo, pero en cuanto al cumplimiento del Decálogo, el

amor a Dios, el sentido ético del cristianismo, los dogmas y la filosofía de la Iglesia,

dice el autor que les eran indiferentes.

Leían el evangelio de la misa, con sonsonete y gangoseo, y los fieles se dormían. El

catecismo lo enseñaban de memoria sin explicar lo más mínimo; y las gentes lo repetían

como el loro; y como el loro rezaban las oraciones, en las casas; y como el loro las

enseñaban las pocas madres que en ello se ponían. (CARRASQUILLA, 2008, pág. 94).

Siguiendo con la obra en España los hombres rezaban el rosario con la familia para irse

temprano a cenas callejeras, al paso que Doña Rosalía esposa de Don Pedro, ambos

personajes de la novela, nacida y criada en la tierra de María Santísima, comulgaba

como quien toma un vaso de agua, oía la misa como si presenciase una pantomima y no

se sabía oración alguna.

Menciona Carrasquilla a través de su obra, que el culto y las Iglesias eran en esa época

el único contacto con el arte y la belleza por lo que los tomaban a diversión, ―no a

relaciones con Dios o con sus elegidos. ¡Y esto no sería sólo en Yolombó ni en esa época!‖

(CARRASQUILLA, 2008, pág. 97).

23

Dice Tomás Carrasquilla que el papelerío oficial y parroquial de Yolombó desapareció, y que algo

debía existir en la ciudad de Antioquia, en Bogotá y en la misma España.

de 194

Toda esta relación con la religión la adjudicaba el autor a que media población de

Yolombó era africana y aunque hubiese sido bautizada y entronizada en el catolicismo

conservaban por dentro y por fuera las creencias de sus ancestros; a ello le suma el

intercambio con los españoles de ese entonces que eran más supersticiosos y fantásticos

que cristianos genuinos, “más de milagros que de ética, coincidía y empataba con africanos y

aborígenes en el dogma común del diablo y sus legiones de espíritus medrosos‖. Según el

autor, en ese sincretismo, ya no se distinguía qué era católico ni qué romano, ni qué lo

bárbaro y hotentote ni qué lo raizal.

Continúa Sierra (1977) diciendo que el cristianismo predicado pues a los indígenas,

consistió en los dogmas de la existencia de un juez supremo; un alma que sobrevive al

cuerpo y deberá responder ante dicho juez; la igualdad junto con sus conquistadores a

los ojos de ese juez; la idea de que Dios está lejos, por lo que se debe recurrir a todos

sus intermediarios para que intercedan por el pecador y la erradicación de costumbres

como la poligamia, los ritos sanguinarios, la idolatría, la emancipación moral de la

mujer, etc.;

Posteriormente, vinieron a Las Indias otros apóstoles que además de evangelizar

lucharon por los derechos de los indígenas, entre ellos, se destaca Fray Bartolomé de

las Casas, que logro la expedición de las Nuevas Leyes que convertían los derechos de

los indígenas en meros deberes.

Señala Sierra, que con la sucesión de la población conquistada por una nueva, la labor

de los apóstoles se redujo y la segunda y tercera generaciones que sucedieron a la de la

Conquista se las arreglaron para adoptar sus antiguas costumbres y las prescripciones

religiosas como pudieron. Haciendo referencia a la sociedad mexicana, menciona que

para ésta época ya tenía conciencia de ser un cuerpo independiente, dirigido socialmente

por un clero corrupto, en virtud del cual el indígena y el criollo nada sabían de la

religión, la cual se reducía según el autor a prácticas devotas sin sustancia alguna

luminosa.

Continuando con la discusión, Jorge Larraín (2000), señala que en los lugares donde las

comunidades indígenas fueron más grandes y poderosas, como en Perú, México y

Bolivia el proceso de mestizaje fue más extenso y exitoso y la influencia de la religión

española no logró transformar absolutamente la cultura indígena que continuo bajo

diferentes apariencias como una forma de resistencia.

En este punto Sierra (1977) acota que al momento de la conquista, Motecuhzoma,

emperador de los Mexicas, se reconoció solemnemente súbdito del Rey de España, pero

lo que nunca pudo asumir fue la religión impuesta por Fray Bartolomé de las Casas y

por el mismo Cortés, a cuyas prédicas respondía con silencio.

Brading ( 1991) citado por Larraín (2000) ha dicho que hubo una diferencia entre la

élite indígena y el campesinado indígena, en cuanto éste adoptó la posición de

resignación y disimulo mientras que los primeros buscaron asimilar la lengua y religión

españolas y al mismo tiempo mantuvieron ciertos rasgos de su propia cultura, mediante

un reconocimiento de la cristiandad encontraron las herramientas que les permitieron

hacer una defensa aceptable de su identidad social.

de 194

Dice Larraín que como los indígenas no pudieron oponerse al catolicismo sin poner en

peligro sus vidas en muchos casos sólo lo aceptaron formalmente y de forma secreta,

mantuvieron sus creencias; ello fue posible porque gustaban de los rituales religiosos y

con practicarlos como ya lo señalaba Justo Sierra (1977) supra, los españoles ya

estaban a gusto. No obstante, éstos sospechaban de la subsistencia de las creencias

indígenas desde que en el siglo XVII adelantaron una campaña para extirpar la idolatría.

Muchos comentaristas citados por Larraín (2000) 24

han observado que el proceso de

evangelización sólo se llevó a cabo de manera nominal, externa, a través del culto pero

sin que se produjera una conversión profunda situación que plantean se extiende hasta el

presente.

Darcy Ribeiro (1992) también referencia en el texto Identity and Modernity in Latin

America (LARRAÍN, 2000), señala que los indígenas, los mestizos y las élites durante

el período colonial fueron forzados a adoptar una visión del mundo y de ellos mismos

que les era extranjera y que fue utilizada por los conquistadores como instrumento de

dominación. En este sentido la raza mestiza emergente construyó una visión de sí

misma como raza inferior y los indígenas y afrodescendientes construyeron una

concepción de sí mismos que reproducía las ideas y valores de los invasores y que los

tenía por creaturas grotescas e incapaces de cualquier progreso.

De acuerdo con Ribeiro (1992) la asunción de la actitud del otro, determinó el carácter

espurio y alienado de las nuevas culturas emergentes, basadas en valores exógenos y sin

raíz; sobre lo que Larraín se muestra parcialmente en desacuerdo, pues señala que

Ribeiro adopta la idea de culturas auténticas de Sapir, que básicamente propone que

toda cultura que no es producida internamente sino impuesta desde afuera es

inauténtica, lo que considera no es absoluto pues el hecho que una cultura haya sido

internamente producida no significa que sus poseedores estén satisfechos con ella, de la

misma forma que una cultura impuesta no se traduce en un perjuicio para la cultura

originaria.

En todo caso, sí es un hecho que la discriminación ejercida por los conquistadores sobre

las demás clases, aún la de los criollos, conllevó a la construcción de una identidad

diferente a la de aquéllos y con ciertas complejidades, por ejemplo, a la acusación de

que los criollos estaban influidos por los mismos vicios de los indígenas aquellos

respondieron con la creación de una identidad caracterizada al menos por dos factores

según Pagden (Identity formation in Spanish America , págs. 84-5, 89) citado por

Larrían (2000), a saber: la cristiandad, es decir, la observancia de los deberes y la

idolatría de Dios y, la ostentación, esto es, la exhibición de la riqueza como forma de

alimentar el ego y fundamentar la autoridad.

Volviendo con Darcy Ribeiro (1992), ésta clasifica en tres grupos las diferentes formas

en que se llevó a cabo el proceso de aculturación: “La gente testigo” que son los

sobrevivientes de las principales civilizaciones indígenas de Suramérica. Este es el caso

de México, Centro América, Bolivia, Perú y Ecuador. Si bien la cultura antigua

desapareció en su forma original no fue del todo removida. “La nueva gente” que no

está atada a una tradición cultural antigua, autónoma y poderosa, pues el que su

tradición cultural fuera relativamente débil los hizo desprenderse de ésta fácilmente.

24

(WACHTEL, 1977, págs. 153-4) y (The Imaz, Sobre la identidad Iberoamericana, págs. 114, 127)

de 194

Éstos se subdividen en dos grupos, uno de matriz africana conformado por los

brasileros, venezolanos, colombianos y caribeños y otro de matriz indígena conformado

por los chilenos, paraguayos, uruguayos y argentinos.

Este aspecto podría verse, en determinado momento, como una causa del relativismo

moral que acusa una sociedad como la colombiana, que no tendría unas raíces culturales

fuertes y que como se expuso aquí es hija de un proceso de aculturación característico

por su mera nominalidad y que podría haber terminado en la construcción de una

identidad propia a partir de la adopción de la visión de “los otros”, léase los

colonizadores. Finalmente, “la gente trasplantada” que es el caso de USA y Canadá,

países en los que los colonizadores no se mezclaron con los indígenas.

Para concluir el tema del aspecto religioso de la colonia, según Larraín, un rasgo

característico de Iberoamérica que se ha extendido desde la colonia hasta nuestros

tiempos es un acercamiento peculiar a los principios, la ley y las normas en el sentido

que son defendidas en términos formales pero en la realidad no se acatan cuando son

contrarias a los intereses personales; lo que en su parecer podría estar anclado, al menos

parcialmente, en una tendencia a la simulación, resultado del hecho de que los indígenas

hubieran sido obligados a convertirse al cristianismo so pena de morir, por lo que

formalmente aceptaron la religión católica pero en secreto continuaron practicando su

religión e incluso utilizaron los rituales cristianos para hacer sus propios propósitos.

Antes de abandonar el tema de la inautenticidad, es pertinente citar a Justo Sierra (1977)

que hace otras proyecciones en el presente de lo que se ha denominado la inautenticidad

derivada del proceso de colonización y que en este aparte pareciera mezclarse con lo

que se puede tener como una ausencia de legitimación de las instituciones; así las cosas,

apoyado en las acotaciones del Duque de Linares, registra dos defectos de la sociedad

naciente de mexicanos, que parecieran extenderse hasta hoy, de una parte, el desprecio

por la propiedad privada, que habría surgido en la consideración de indígenas y criollos

de que el dominio ejercido por los españoles en tierras americanas era una usurpación y,

en las consecuencias de la educación clerical, por lo que arrebatar tierras era

considerado un pecado venial y había un sentimiento de solidaridad con el ladrón; de

otra parte, la ausencia de respeto por la autoridad, pues la distinción entre mandantes y

mandatarios para ellos no tenía otra razón de ser que la injusticia, y si obedecían

externamente internamente se oponían, muestra de ello era, según el autor, la

simulación y la adulación, que era proporcionalmente al desprecio real que se tenía por

el mandante. Sierra menciona que estos defectos congénitos del mexicano han llegado a

ser mil veces más difíciles de desarraigar que la dominación española y la de las clases

privilegiadas creadas por ella.

Lo anterior es ratificado para Iberoamérica en general por Stanley J. y Bárbara H. Stein

(1970), en la siguiente cita: ―Para la élite, la ley se convirtió en una norma reverenciada por

contravenida. Para los menesterosos, la ley era arbitraria y ajena y, en consecuencia, sin

fuerza moral‖ (pág. 80).

Conclusiones

El objetivo de este capítulo era conocer y analizar la forma como se llevó a cabo la

conquista y colonización iberoamericanas; los motivos que informaron estos procesos,

de 194

el carácter de los españoles, el papel de la iglesia católica, las características de las

instituciones coloniales, su grado de eficacia y las razones de su transgresión; bajo la

subhipótesis de que en estos y otros aspectos se hallarían elementos que dieran

explicación a la tradición de irrespeto a las normas en Colombia.

Pues bien, dicho objetivo fue alcanzado y la subhipótesis validada, en cuanto a partir del

estudio de la época colonial iberoamericana, con énfasis en los temas mencionados, se

pudo establecer la tensión entre el ordenamiento jurídico y la realidad, que le fue

característica y algunas de sus principales causas cuyas connotaciones generales y

esenciales contribuyen a la explicación de las razones de la ineficacia actual del

ordenamiento jurídico en el país.

Así las cosas, es pertinente señalar que el descubrimiento de lo que se denominó “El

Nuevo Mundo” en 1492 coincidió con la reconquista por parte de los cristianos del

último resquicio moro en la península, por lo que lo interpretaron como un premio de la

divina providencia que les daba licencia para apoderarse de todo lo que encontrasen a su

paso incluidas personas y bienes; lo que aunado a la riqueza en recursos naturales y la

rápida lectura de los indígenas como seres sin fe ni civilización, determinaron que la

finalidad de la empresa colonial española fuera el saqueo y el lucro sin esfuerzo, a

través de la dominación por la fuerza, legitimada por la necesidad de su conversión a la

religión verdadera.

Sin embargo, el rol de la religión católica en la empresa colonial española no fue

uniforme, de una parte, constituyó el trasfondo ideológico de la conquista y

colonización, pero también fueron algunos de sus representantes quienes alzaron su

voz en contra de los atropellos cometidos en contra de los indígenas y quienes lograron

la expedición de legislación proteccionista y la adopción de medidas por parte de la

Corona para limitar los desmanes de los conquistadores; a lo que en buena medida

puede adjudicarse la supervivencia de aquellos; aunque ello nunca implicó la defensa

del derecho de los indígenas a conservar su fe y su cultura.

En concordancia con lo anterior, la época colonial estuvo marcada por la contradicción,

por la tensión entre lo prescrito y lo efectivamente realizado, principalmente, porque la

usurpación de las riquezas de Las Indias fue el fin último que informó las instituciones y

determinó los alcances de su aplicación y porque la Iglesia Católica jugó un papel

ambivalente como se mencionó.

En esa dirección, la legislación proteccionista indígena de que fueron precursores

Antonio de Montesinos, Fray Bartolomé de Las Casas y otros, tuvo un alcance limitado

por la falta de voluntad política de los conquistadores y, posteriormente de los

encomenderos, que no estaban dispuestos a desprenderse de sus privilegios, de su honor

y de la oportunidad de una vida principesca, así como también, porque la realidad de la

Corona Española era que sin la explotación de los indígenas vería vaciarse sus arcas; de

lo que se puede colegir una gran conclusión y es la impotencia de las normas frente a la

verdadera voluntad de quienes depende su materialización.

Asimismo, sobre la intervención ambivalente de la Iglesia, hay que decir que la

inautenticidad, simulación o ladinización con que se identifica en algunas ocasiones a

los iberoamericanos estaría relacionada con la forma como se llevó a cabo la conversión

de los indígenas al catolicismo durante la colonia, por la fuerza de la espada y del

de 194

adoctrinamiento, aunada al ritualismo que caracteriza esa religión, lo que conllevó a que

aquellos continuaran practicando sus ritos bajo el disfraz de las prácticas externas

católicas, y podría estar en la raíz de la ausencia de interiorización de unos principios

férreos columna vertebral de cualquier ordenamiento jurídico..

De otra parte, la política económica y comercial de la metrópoli fue monopolística, al

final existía un solo puerto por el que debía pasar toda la mercancía proveniente de

Iberoamérica pues las colonias no podían comerciar entre sí y a los extranjeros les

estaba vedado comprar materia prima y vender mercancías directamente a las colonias;

por lo que debido a la falta de fluidez de las relaciones, a la insuficiencia de la oferta

frente a la demanda y a la imposibilidad de control y vigilancia de la Corona Española

sobre todo el tráfico marítimo, el contrabando fue el verdadero motor del comercio; el

ingreso de mercancía ilegal superaba con creces el de la legal, además de que era

percibido dadas las circunstancias de necesidad, como un mecanismo legítimo de

supervivencia.

No obstante el hecho notorio del contrabando, una de las principales razones por las que

el régimen monopolístico se mantuvo prácticamente hasta el final de la colonia, fue

porque el mismo era funcional a un grupo que comerciaba con la ilegalidad; así, los

funcionarios españoles obtenían a cambio de su silencio, créditos de los comerciantes

extranjeros para acceder y permanecer en los cargos; los peninsulares desocupados

obtenían una fuente de ingresos con los pagos por servir de fachada a los extranjeros en

el comercio, al tiempo que la Corona Española percibía una renta sobre dichas

ganancias dada la insuficiente tributación de las clases privilegiadas y la Iglesia; de lo

que se puede inferir que en muchas ocasiones la razón de ser de que se impida el

cambio de un statu quo anormal es que el mismo es funcional a los intereses de unos

cuantos que por lo mismo conforman nichos de resistencia.

Al lado del contrabando, la venalidad de los cargos públicos dependiendo el caso, fue

considerada legal o ilegal; así, hacia 1700, cuando las rentas escaseaban los cargos

públicos se tornaron en una plataforma legítima para asegurarse una pensión en lo que

la familia, con su red de lealtades informales, cobró mucha importancia.

Adicionalmente, eran considerados una regalía de la Corona Española, por lo que

algunos de los denominados oficios de pluma y los relacionados con la administración

de caudales eran comúnmente subastados a cambio de que el imperio se asegurara una

renta.

Pero en todos los casos la venta no fue legal, la misma estaba prohibida para las

encomiendas administradas por los conquistadores; sin embargo, se comerció con ellas

a través de una argucia jurídica consistente en su dejación y el aseguramiento de su

nueva adjudicación a quien la había comprado, por parte de la Corona Española. En esta

violación de la normatividad como en otras, la Corona Española también vio la

posibilidad de un negocio a partir de la posibilidad de saneamiento de la propiedad

pagando un porcentaje de lo dado por la encomienda.

El “Burocratismo” también marcó la administración colonial y se vio reflejado en el

carácter intervencionista y reglamentista del Imperio Español, además que constituyó la

respuesta a la necesidad de ocupar y dar prebendas a los españoles peninsulares y a los

criollos, frente a un incipiente desarrollo de la empresa privada, la aversión por los

oficios considerados innobles y la consideración de los cargos públicos como fuente de

prestigio social y si bien los juicios de residencia fueron una forma de ejercer control

de 194

sobre los funcionarios públicos durante o al término de su gestión, en muchos casos a

través de sobornos se logró disipar la fiscalización.

De allí que se pueda sostener que uno de los legados españoles fue el cultivó de una

visión clientelista del Estado, a partir de la legalidad del carácter venal de ciertos cargos

públicos y de la legítima facultad de capturarlos como fuente de prestigio social, ante el

rechazo de otros oficios por ser considerados de clases menores.

Finalmente, dos de los elementos más trascendentales del legado español de los

iberoamericanos tras tres siglos de colonización, fueron, de una parte, la introducción de

una visión jerárquica de la sociedad en la que las clases superiores se identifican con

privilegios, exenciones, distinciones y ascenso a costa de masas paupérrimas y, la

asociación, tras la convivencia durante ocho siglos de cristianos con moros y judíos en

la península española, de las ciencias exactas y los oficios prácticos y manuales con

clases inferiores; por lo que los eclesiásticos, filósofos y abogados tuvieron un lugar

preponderante en la colonia con la consecuente formación de una clase dirigente teórica

y literata que soluciona los problemas en el papel, que fue con la que se afrontó la

independencia.

La exposición anterior sobre algunos aspectos característicos de la época de la conquista

y colonización iberoamericanas relacionados con la tensión entre las normas y la

realidad, analizados en conjunto con los elementos relevantes de los demás capítulos,

permitirán la reconstrucción del hilo conductor de las causas de la eficacia precaria del

ordenamiento jurídico en Colombia.

CAPÍTULO II.

LAS BASES DE LA NUEVA REPÚBLICA Y LA TRADICIÓN DE

DIVERGENCIA ENTRE LAS INSTITUCIONES Y LA REALIDAD

Introducción

Partiendo de la subhipótesis que al igual que en la colonia, en el proceso de

independencia de España se encuentran importantes raíces de la ineficacia de las normas

en Colombia, pues constituye la etapa de transición entre la época colonial y el régimen

republicano actual, cuya construcción se caracterizó por la adopción de instituciones

extranjeras que no consultaron los cimientos coloniales sobre los que debían asentarse y

que tuvieron un alcance limitado; el subobjetivo de este capítulo es abordar el estudio de

las razones que llevaron a la separación política de España; la forma como se desarrolló

este proceso; el carácter de los próceres y en general de los personajes que lo lideraron;

la forma como se debatieron y decidieron las instituciones republicanas y su interacción

con el legado colonial, etc.; para efectos de desentrañar las bases sobre las que se erigió

el Estado y la sociedad colombiana actuales y su relación con el fenómeno de irrespeto

a las normas en el país.

En un primer título denominado “Independencia Iberoamericana: cambios nominales

sin procesos” se explora: i. Cuáles fueron las verdaderas causas del proyecto

independista, para establecer si se trató o no de de la consecuencia lógica de una serie

de transformaciones sociales, políticas, culturales y económicas que condujeron a un

nivel de madurez tal de los iberoamericanos que era incompatible con la tutela ejercida

por la Corona Española; ii. Cuáles fueron las influencias políticas y filosóficas de los

de 194

próceres de la Independencia y su incidencia en las instituciones que se adoptaron para

las nacientes repúblicas; iii. Cuál fue la posible influencia de la filosofía de la religión

católica en la forma como se configuró el nuevo Estado; iv. Qué instituciones se

implementaron y las consecuencias de las mismas dadas las condiciones materiales de la

población en ese momento.

En un segundo título llamado “Rechazo de modelos igualitarios de sociedad”, se

abordará el estudio de los diferentes modelos de sociedad que se enfrentaron en la época

colonial en las experiencias de revoluciones desde abajo como fueron la de Los

Comuneros, la de Tupac Amaru y la de Manuel Hidalgo y, cuál fue finalmente el

modelo social que triunfó con la Independencia de Colombia de acuerdo con las

características e intenciones de sus líderes.

En un tercer título nominado ¿Independencia de La Nueva Granada o Independencia

de los criollos, de las élites, de la clase hacendataria?, concordante con el anterior, se

analizará el grado de representatividad y legitimidad que tuvo el proceso

independentista en Colombia, a partir: i. Del rol que desempeñaron cada una de las

clases del sistema social jerárquico español; ii. De los intereses y fines que lo

informaron y limitaron sus alcances; y, iii. De los instrumentos que se emplearon para

alcanzarlos.

En un cuarto título denominado “Obstáculos para la constitución de una república

efectiva”, se indagará sobre los factores que incidieron negativamente en el logro de los

ideales consagrados en los textos constitucionales de las repúblicas nacientes,

especialmente, de aquellos relacionados con: i. La multiplicidad de fuerzas confrontadas

tras el primer intento de Independencia que caracterizó el período denominado Patria

Boba; ii. Las consecuencias para la construcción de una nación y para la celebración de

acuerdos de un sistema social jerárquico colonial y de la diversidad de razas que

confluyeron en Iberoamérica; iii. La preparación política y jurídica para asumir los retos

y responsabilidades de un gobierno autónomo; iv. Los dilemas que acarrearon el

derrumbamiento y la construcción de un nuevo orden sobre bases distintas.

Por último, en un quinto aparte intitulado “Visión comparada de la Independencia

Iberoamericana”, en primer lugar, se hace un paralelo entre los procesos

independentistas de las Américas Sajona y Española, para identificar los elementos

diferenciales que pudieron incidir en sus diversos devenires y, en segundo lugar, se

exploran las posibles razones de una subestimación del lugar preponderante de

Iberoamérica en el Constitucionalismo Moderno con apoyo en los cambios registrados

tras la Independencia con respecto al régimen anterior.

1. INDEPENDENCIA IBEROAMERICANA: CAMBIOS NOMINALES SIN

PROCESOS

A través de este título se desarrollarán diferentes aspectos de la Independencia de

Iberoamérica que conducen a afirmar que ésta no fue un proceso endógeno precedido

por una serie de causas que dieron lugar a que consciente y planificadamente se

emprendiera el propósito de separarse políticamente de España; si no que se trató de un

camino por el que se optó sobre la marcha y que obedeció a factores externos.

de 194

Adicional a ello, algunos sectores de la sociedad, en parte como un reflejo de la filosofía

de la religión católica predominante, optaron por adoptar instituciones extranjeras sin

que las mismas fueran la consecuencia lógica de una serie de transformaciones sociales,

políticas, económicas y culturas que hubiera sufrido la sociedad, por lo que en ocasiones

terminaron teniendo efectos perversos, especialmente, en la población más vulnerable.

1.1. Causa eficiente de la Independencia

Es un lugar común en la bibliografía sobre la época de la Independencia de

Iberoamérica, que la causa eficiente, es decir, el factor primordial que introdujo dicha

idea en la agenda de los iberoamericanos, fue la coyuntura creada por la invasión

Napoleónica a España con el consecuente derrocamiento del Rey Fernando VII, quien

era la autoridad legítimamente constituida según el derecho divino y el derecho

positivo. Otros elementos confluyeron para dar forma, fortalecer y legitimar el objetivo

independentista, pero éste solo fue posible tras el resquebrajamiento de la soberanía que

ejercía la Corona Española.

Con ello se quiere significar que el movimiento separatista no fue propiamente un

proceso endógeno, evolutivo, precedido por una serie de transformaciones sociales,

económicas, políticas, culturas que desencadenaron necesariamente, lógicamente, en la

independencia, sino más bien una especie de golpe del destino.

Así las cosas, en su obra “Los dos siglos del Estado Constitucional en América Latina”,

Bernd Marquardt (2011) habla de las tres revoluciones ocurridas entre 1776 y 1825 y

señala como principal causa de la Revolución de la América Española, la remoción de

la autoridad divina y dinásticamente legítima consecuencia de la invasión napoleónica

de España; mientras la de la Americana Sajona fue el conflicto tributario, aduanero y

participativo y la de Francia, una monarquía feudal autoritaria y en decadencia.

En consecuencia, en Iberoamérica, en un principio, las juntas locales de gobierno

conformadas en ultramar a imagen y semejanza de las de Cádiz, lo hicieron en nombre

de Fernando VII y en rechazo al gobierno ilegítimo de José Bonaparte, valiéndose de la

teoría del retorno al pueblo de la soberanía proveniente de Dios; pero, rápidamente, las

juntas conducidas por las élites americanas educadas se volcaron a la independencia.

Todas las revoluciones mencionadas sí coincidieron en haber sido estimuladas por el

impulso de la ilustración política (MARQUARDT, 2011, pág. 101), que en el caso de

Iberoamérica fue introducida por Antonio Nariño en 1793 con la traducción de la

Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, cuyo contenido

revolucionario confirmó la Corona Española con el juicio que condujera al prócer a

prisión.

En concordancia con lo anterior, Anthony McFarlane anota que la razón de ser de la

independencia de Iberoamérica, habría sido definitivamente, la usurpación napoleónica

del trono español considerado legítimo, momento en el cual la ideología de la

revolución ilustrada y el ejemplo de la América del Norte, tomaron fuerza, alterando la

percepción tradicional de las relaciones con España (McFARLANE, 1998, pág. 323).

Continúa diciendo el autor (McFARLANE, 1998, pág. 323) que una cosa es que a

finales del siglo XVIII, se consultaran y estudiaran las nuevas corrientes del

de 194

pensamiento político y otra, que se pensara que los modelos de la revolución francesa o

norteamericana debían ser aplicables a la América Española, esto sólo tuvo resonancia

en un número reducido de criollos que no pudieron transmitir el mismo entusiasmo ni a

sus pares criollos ni al resto de castas.

El escrito de Pedro Fermín Vargas al ministro británico en 1799, referenciado por Luis

Ospina Vásquez (OSPINA VÁSQUEZ) en (MORALES BENITEZ, 1957), evidencia

que por lo menos algunos criollos ya consideraban la independencia a principios de

siglo y antes que se produjera la usurpación del trono español en 1808:

El mal ha llegado a su colmo; la población del país es suficiente para aspirar a la

independencia, y el Nuevo Reino de Granada es hoy como un hijo mayor que

desea emanciparse. Todas las clases desean esta emancipación, y las tentativas

de 1781 y 1796 lo prueban claramente. (MORALES BENITEZ, El Memorial de

Agravios y la revolución americana. Los enunciados económicos, 1957)

De otra parte, volviendo con McFarlane, en su concepto, Nariño como Miranda fueron

más defensores de los principios republicanos per se, que nacionalistas, pues sus

pretensiones eran que se adoptaran en todo el mundo español y no, simplemente, en

Hispanoamérica las nuevas instituciones basadas en el principio de la soberanía popular

(McFARLANE, 1998, pág. 324).

En el escrito "Ensayo sobre un nuevo Plan de administración en el Nuevo Reino de

Granada", que data del año 1796, Antonio Nariño expuso sus ideas sobre el modelo

económico que debía adoptarse, el cual era antifeudalista; criticaba en él los estancos al

tabaco y al aguardiente, así como, las alcabalas que restaban dinamismo al intercambio

comercial interno y resaltaba la importancia de establecer la igualdad de los indígenas

(MORALES BENITEZ, 1957), Sin mencionar que para ello fuera menester la

independencia de España.

Luego del apresamiento de Fernando VII en 1808, en 1809 los criollos acudieron al

llamado a participar en las elecciones de los miembros de las juntas de gobierno que se

conformaron como consecuencia; sin embargo, se encontraron con la falta de voluntad

de los peninsulares de concederles una justa representación en las mismas, en

consideración a la extensión de su territorio y el número de su población

(McFARLANE, 1998).

La participación de los americanos en las Juntas fue pues reducida al igual que su

autonomía por lo que no fue posible la reconstrucción de la soberanía resquebrajada

situación empeorada cuando la Regencia trato de imponer su autoridad por la fuerza

(McFARLANE, 2009). Ello conllevó a que los criollos conformaron juntas de gobierno

locales a la imagen y semejanza de las instauradas en España; basados en la teoría de la

reversión del poder al pueblo debido a la usurpación del mismo al monarca

dinásticamente legítimo. De esta forma, a partir de la búsqueda de los medios para

legitimar el rechazo al poder francés, se encontró el camino a la independencia de

América (McFARLANE, 1998).

John Elliott (2006), por su parte, señala que la pauta inicial de los acontecimientos fue

la búsqueda de la legitimidad más que la búsqueda de la independencia; la acción

instintiva de la Metrópoli y de las colonias frente a la abdicación de Fernando VII, fue

de 194

que ante la ausencia del monarca legítimo la autoridad revertía al pueblo; esto fue lo que

legitimó las Juntas que se conformaron en la península con el derrocamiento de la

monarquía borbónica.

Originalmente, ante la hostilidad provocada por Francia, las élites criollas se

solidarizaron con la causa de Fernando VII, pero simultáneamente vieron la oportunidad

para lograr la abolición de ciertas medidas reales que les eran perjudiciales. Se

aprovecharon de todas las debilidades del gobierno metropolitano con el fin de hacerse

a la autonomía local, aunque en principio dentro del marco monárquico; sin embargo,

en el proceso surgieron fuerzas rebeldes como la de Simón Bolívar que ya no se

contentarían con menos que la independencia de España, llegando a la primera

declaración en ese sentido por parte de Venezuela el 05 de julio de 1811. Sin embargo,

el prematuro derrumbamiento de la nueva república venezolana dio cuenta de los

obstáculos para lograr la auténtica independencia (ELLIOTT, 2006).

María Teresa Calderón y Clément Thibaud (2010) también afirman que la causa

principal de las revoluciones americanas fue la invasión napoleónica de España y el

consecuente cambio de la dinastía que precipita el proceso de disgregación imperial del

que nacen las autonomías americanas; las causas no residieron en tendencias de larga

duración de tipo socioeconómico o en la aparición de una conciencia de nación o en la

transformación del imperio español.

Con la creencia del triunfo total de la invasión napoleónica en la península, dicha

soberanía no retornaría más al rey de España y las colonias americanas tendrían que

proveerse su propia administración.

En las Cartas de Jamaica en las que Bolívar, como él mismo decía, aventura conjeturas

sobre el futuro de América (BOLÍVAR, 2002), éste sostenía que luego de la invasión

napoleónica a España, los Americanos se lanzaron al caos de la revolución, ante la

amenaza de la anarquía y la ausencia de un gobierno justo, legítimo y liberal. Al

principio se hizo énfasis en la seguridad interna, posteriormente en la externa, y se

sustituyeron las autoridades acabadas de deponer para que dirigieran el establecimiento

de un nuevo gobierno constitucional al que abría la puerta la coyuntura.

Los nuevos gobiernos conformaron juntas populares que a su vez convocaron a

congresos para definir las instituciones que empezarían a regir.

Ahora bien, ocurrida la usurpación del trono de Fernando VII, por parte de los

franceses, varios factores, de carácter secundario, concurrieron para dar forma,

estimular y legitimar el movimiento independentista, los cuales podrían clasificarse en

dos grupos, los relacionados con el antiguo régimen colonial y los referentes a la

respuesta que dieron los españoles a las pretensiones y reivindicaciones invocadas por

los iberoamericanos.

Entre los relativos al régimen colonial, se cuenta la reducida eficacia que habían tenido

algunas de las disposiciones de la Corona Española, especialmente, las de carácter

proteccionista; así, la Legislación de Indias compuesta de más de seis mil reglas sobre

justicia, culto, administración y con un capítulo dedicado a los indígenas se comprobó

burlada muchas veces en la práctica, debido al predominio de los intereses económicos

y, por ende, su aplicación conveniente por conquistadores, virreyes, encomenderos,

administradores de la alcabala y demás funcionarios reales a través de su interpretación,

de 194

variación, etc.; lo que dio lugar a la campaña liderada y en la que hasta cierto punto tuvo

éxito el obispo Fray Bartolomé de las Casas, originando las Nuevas Leyes de Indias

(MORALES BENITEZ, 1957).

La política restrictiva de la Corona Española en materia comercial, también fue motivo

de descontento en la población iberoamericana; se exigía que todos los productos

producidos en las colonias, cacao, tabaco, pieles, etc., sólo fueran exportados a través de

los barcos españoles y puertos que de nueve pasaron a ser dos, Sevilla y Cádiz y

finalmente, se redujo a uno; asimismo, se obligaba a las colonias americanas a

abastecerse únicamente con los pocos recursos producidos por España, siguiendo la

regla de comprar caro y vender barato (MORALES BENITEZ, 1957).

De igual forma, se prohibieron en América las industrias de la Metrópoli como la de la

vid, el olivo y la textil. Ello inhibió el desarrollo económico de las colonias y de

acuerdo con Morales Benítez (1957), fue uno de los factores que encendió la llama de la

independencia, sobre todo, a partir del resentimiento criollo. La competencia económica

no se conoció, pues sólo podían ejercer el comercio empresas privilegiadas que influían

en la Casa de Contratación de Sevilla y el precio era impuesto.

Ello sin embargo, fue alivianado con el contrabando o la introducción de una economía

paralela con sus propias reglas (MORALES BENITEZ, 1957); constituyendo un típico

caso de difícil cumplimiento de las leyes formales.

David Bushnell (1985) coincide en lo relacionado con las regulaciones comerciales

como uno de los motivos de inconformidad con la Corona española al momento de la

independencia, no obstante que se había matizado hacia 1810 con el contrabando y la

flexibilización de algunas normas durante la guerra que le impidió a España abastecer

sus colonias con lo necesario. La impopularidad pues, de las restricciones al comercio

junto con el contacto intelectual consecuencia del tráfico masivo y el contrabando,

hicieron de la aristocracia venezolana uno de los grupos más receptores a la

independencia; en el caso de Nueva Granada, si bien tenía la mayor parte de su

población en el interior lo que aunado a las dificultades de las comunicaciones la aisló

de los movimientos culturales y técnicos extranjeros; en aspectos como el desarrollo de

las profesiones, tuvo más adelantos que Venezuela, en parte, porque Santafé era capital

del virreinato con la burocracia que ello supone y porque presentaba una distribución

más regular de la tierra con una difusión más amplia de conocimientos.

Otro de los factores que habría influido en la independencia, relacionado con el antiguo

régimen, fue el sistema de discriminaciones y privilegios basados en el origen racial;

así, los indígenas eran considerados seres sin alma e incapaces para todo lo que no fuere

el trabajo forzado y el servilismo; los criollos por su parte, no obstante ser blancos y

descendientes de los españoles que arribaron a América sólo podían aspirar a cargos de

mediano rango; dicho sistema social fue sin embargo, revolucionado de alguna manera

por la fuerza de las circunstancias, o del impulso sexual, específicamente, con el

mestizaje racial que se dio (MORALES BENITEZ, 1957).

De igual manera en lo que toca al régimen colonial, también se encuentran las reformas

borbónicas introducidas a partir de 1765, fuente de descontento en la población

americana, consistentes en medidas ilustradas implementadas por Carlos III por medios

despóticos; reformas administrativas hacia una absolutización del Estado que amenazó y

de 194

disminuyó la autonomía tradicional que habían tenido las colonias y que por lo mismo

puso en duda su legitimidad y, políticas fiscales que produjeron la Revolución de los

Comuneros en 1781 en el Socorro y dieron lugar a las fracasadas Capitulaciones de

Zipaquirá, que no constituyeron, sin embargo, una constitución (MARQUARDT, 2011).

Siguiendo la misma línea, McFarlane (2009), quien considera como se señaló

anteriormente, que el motivo principal de la independencia de Iberoamérica fue la

invasión Napoleónica con su impacto en la soberanía, en su obra “La caída de la

monarquía española y la independencia hispanoamericana”, se refiere a otros

historiadores de la España y la América borbónicas que han indicado como causa o

antecedente de los movimientos independentistas los conflictos generados por la

“modernización defensiva” implementada por los reyes Borbón.

La misma, partió de la idea de un imperio español unitario en el que la metrópoli

pudiera usufructuar sus colonias subordinadas, lo que fue contrastante con la forma

como había funcionado el Imperio español bajo el gobierno de los Habsburgo durante el

que se permitido la proliferación de reinos, y las colonias americanas no estaban

concebidas como parte de un imperio unificado al servicio de acrecentar el poder

político y material de la metrópoli. Se daba más un proceso de negociación con las élites

que un dominio sobre las mismas y, en todo caso, el control sobre los recursos

económicos americanos estaba viciado por la intervención extranjera y por el

contrabando.

Menciona también a otros historiadores que han preferido analizar los fenómenos de

resquebrajamiento de la monarquía española y de independencia de América a la luz de

los fenómenos políticos, culturales y sociales, que se presentaron en el siglo XVIII: ―el

<<nuevo imperialismo>>; el fortalecimiento de las identidades ―americanas‖ y del

―patriotismo criollo‖; el libre pensamiento asociado a la Ilustración; y en algunas

regiones, los efectos del conflicto social‖ (McFARLANE, 2009, pág. 34).

Ahora, en lo que respecta a los factores secundarios que incidieron en la independencia

relacionados con la respuesta de los españoles a la reivindicaciones americanas, se

encuentran, la escasa participación y autoridad concedida a los criollos en las Juntas

conformadas por los peninsulares luego del destrono de Fernando VII, el despotismo de

la Regencia; el trato diferencial y percibido como injusto a las pretensiones de los

americanos respecto a los españoles y a las de éstos respecto a los franceses y, la

crudeza del Ejército Pacificador.

En el suplemento a “La Bagatela” Número 5 (NARIÑO, 1811) en (VERGARA Y

VERGARA, 1946, pág. 168), se exponen las paradojas de que en España se estuviera

luchando contra la colonización que pretendía ejercer Napoleón, lo que se consideraba

un legítimo derecho, al tiempo que no se aceptaban las mismas pretensiones

provenientes de América; así, las mismas acciones tenían significados diferentes según

se tratara de Españoles o Americanos patriotas, los clamados de libertad e

independencia eran virtudes de los primeros mientras eran considerados crimen e

insurrección viniendo de los segundos. Incluso se puso en duda el derecho del papa a

concederle a la corona española el territorio americano para que lo esclavizara y, si en

principio les hubiera asistido algún derecho por la voluntad de mejorar a sus

poblaciones y enseñarles una religión santa, cómo se justificaba la opresión posterior

aún con aquellos nacidos en España o descendientes de europeos.

de 194

Margarita Garrido ( 2009), por su parte, identifica la crudeza de la reconquista

protagonizada por el Ejército Pacificador enviado por Fernando VII en 1816, como la

estocada final a la separación entre americanos y españoles.

De acuerdo con lo expuesto aquí, la causa eficiente de la Independencia Iberoamericana

fue la oportunidad a que dio lugar la invasión Napoleónica a España y, si bien, el

movimiento separatista tomó fuerza y se justificó a través de inconformidades

acumuladas con el antiguo régimen y de los errores cometidos por los peninsulares en la

configuración del gobierno provisional, es importante resaltar que la Declaración de

Independencia no fue el resultado de un proceso que hubiera preparado a la sociedad

para asumir los nuevos retos y cambios sufridos y que se estaba lejos de la

conformación de una nación.

1.2. Carácter de los próceres de la Independencia y su influencia en las nacientes

repúblicas

Para efectos de desentrañar las raíces de los sucesos y de las instituciones y sistemas

que moldearon las naciones conformadas a partir de la declaratoria de Independencia es

pertinente estudiar el carácter de los personajes que la lideraron, lo que constituye una

herramienta útil para tener un panorama más completo de la historia.

1.2.1. Filiación política y filosófica de los próceres de la Independencia

En primera instancia se hará referencia en términos generales a las doctrinas influyentes

en las primeras constituciones iberoamericanas para después introducirnos en algunos

de los próceres de la independencia individualmente considerados.

A partir de los autores que se van a exponer a continuación, se podría conjeturar que en

la configuración de los sistemas de gobierno, de las instituciones rectoras, del nuevo

orden económico, social, político adoptado tras la independencia, confluyeron las

siguientes ideologías, principalmente, la Escolástica, de la corriente de Santo Tomás de

Aquino, el Individualismo tanto de origen Calvinista como Ilustrado y, el Benthamismo.

Sobre la ideología Escolástica y la Calvinista existió toda una discusión académica entre

Leopoldo Uprimny Yépes y Alfonso López Michelsen, plasmada en una serie de

artículos publicados en la revista Universitas de la Universidad del Rosario

(UPRIMNY, 1953), en los que el primero rebatió académicamente la tesis sostenida por

el segundo sobre la estirpe calvinista de nuestras instituciones y la independencia como

obra de las ideas de la Revolución Francesa25

; reivindicando para el constitucionalismo

escolástico Medieval de la corriente de Santo Tomás de Aquino el origen remoto de

ciertos principios de las primeras Constituciones Neogranadinas, como la soberanía

popular, el derecho de resistencia, la prevalencia del derecho natural sobre el positivo,

entre otros.

25

Que de acuerdo con López Michelsen a su vez fueron producto del Filosofismo de la Enciclopedia

introducido por el plan de estudios del fiscal Moreno y Escandón.

de 194

Alfonso López Michelsen (1966, pág. 18) sostenía en cambio, que las instituciones de

Colombia, desde la Independencia y no obstante encomendarse a Dios y haberse

constituido como católicas, se derivan de la corriente calvinista proveniente de: la

Revolución Francesa, influenciada por el calvinista Rousseau; de la Constitución

Norteamericana redactada por puritanos calvinistas y, por último, de la influencia

ejercida por juristas y economistas ingleses y franceses de corriente protestante, sobre

los dirigentes colombianos.

En este orden de ideas, los elementos calvinistas que López Michelsen identifica en la

Constitución Cundinamarquesa de 1811 y, por extensión, en las instituciones

neogranadinas, en general, son, entre otros, los siguientes:

i. La voluntad popular como fundamento del poder público y no Dios que es el dogma

cristiano26

; de lo que se habría derivado que las autoridades sólo sean responsables ante

la Ley y ante el pueblo y no, ante la ley divina natural o revelada en que se basaba el

sistema colonial; ii. La consagración del deber de los ciudadanos de ser buenos padres,

hijos y hermanos, que si bien podría interpretarse como un elemento católico en cuanto

supone la intervención moral del Estado, para Michelsen (1966) sigue siendo un rasgo

calvinista recordando la inquisición de la teocracia ginebrina; iii. La finalidad católica

del Estado de proveer al bien común, es reemplazada por la disposición del Estado a

garantizar el derecho de libertad, seguridad y propiedad, siendo además éste último

ilimitado, lo que es totalmente contrario a la doctrina católica, donde el derecho de

propiedad es accesorio a un fin superior (1966); iv. La separación definitiva entre lo

temporal y lo sagrado, es decir, entre la Iglesia y Estado, desde ese momento dos

sistemas independientes (1966).

Sin embargo, entre las posturas diversas de Leopoldo Uprimny y Alfonso López, se

encuentra una intersección y es la coincidencia en identificar la adopción de elementos

individualistas en las constituciones neogranadinas, como el carácter absoluto del

derecho de propiedad y, en general, el predominio del interés individual sobre el bien

común, como causantes de la contradicción con la tradición religiosa de la región y,

sobre todo, con su realidad económica, social y política al momento de la

independencia, especialmente, en lo que toca a la protección de las clases menos

favorecidas.

Así lo expresaba el prologuista Monseñor Carlos José Romero:

El libro del doctor López Michelsen pone el dedo en una gravísima llaga de nuestra

nación: el hecho de que un pueblo profundamente católico por creencias y sentimientos

viva un régimen social diametralmente opuesto a sus sentimientos y creencias. Y propone

un interrogante a la conciencia católica: ¿es posible que nuestra política continúe

discutiendo cuestiones secundarias, y no se preocupe más bien emprender a fondo una

reforma de nuestras instituciones en un sentido católico, acorde con las creencias de sus

asociados? (LÓPEZ MICHELSEN, 1966, págs. 22-23)

Ahora bien, otra de las ideologías influyentes en la configuración de los sistemas de las

nuevas repúblicas iberoamericanas fue el Benthamismo. Miriam Williford (1980),

estudia las leyes, instituciones y recomendaciones que Jeremy Bentham ideó para

26

De acuerdo con el prologuista de la “Estirpe Calvinista de Nuestras Instituciones”, Monseñor Carlos

José Romero, López se equivoca al hablar del Papa en lugar de Dios.

de 194

Hispanoamérica y si bien no se concentra en su impacto, llega a importantes conjeturas

en este sentido.

Señala la autora que es posible que algunos líderes liberales tempranos, entre los que

figuran Santander y Bolívar (aunque después se hubiera apartado de esta corriente)

hubieran tratado de alcanzar los objetivos de Bentham, hubiesen tomado sus ideas

literalmente y, como él, creído en la eficacia absoluta de las normas correctas para

moldear caracteres, desestimando la influencia de las costumbres y condiciones de vida,

así como, los recursos para su ejecución, y desconocido que la adopción del

ordenamiento adecuado no implica necesariamente obediencia; en concordancia con

ello, Rivadavia, uno de sus más fieles seguidores implementó en Buenos Aires, en 1821,

el derecho al sufragio para todos los hombres desde los veintidós años, sin tener en

cuenta el gran porcentaje de analfabetismo, la ausencia de experiencia electoral y

formación pública (WILLIFORD, 1980), elementos que obstaculizaron el éxito de la

medida.

En esa línea, Jeremy Bentham no consideró que la libertad de prensa podía convertirse

en licencia; la fe en la educación era loable pero la dificultad estaba en obtener los

medios para su sostenimiento; era necesario obtener apoyo o controlar las élites a lo

largo de Latinoamérica, así como, la iglesia con sus implicaciones políticas y

económicas, el latifundismo o las grandes extensiones de tierra en manos de la

aristocracia y el ejército que había dado todo a la causa de la independencia y ahora

esperaba del gobierno reconocimiento y recompensas (1980).

Ahora bien, en lo que respecta a las influencias filosóficas y políticas de los próceres,

Leopoldo Uprimny Yépes (1953, págs. 144-145), sostenía que los líderes

independentistas neogranadinos como Antonio Nariño, Moreno y Escandón, Camilo

Torres, el Arzobispo Caballero y Góngora y José Celestino Mutis tuvieron una

importante influencia escolástica; mientras los venezolanos como El Libertador y

Francisco de Miranda se identificaron como enciclopedistas y rousseaunianos. En este

sentido, Simón Bolívar en su Manifiesto de Cartagena Bolívar deja traslucir su

desprecio por los “doctores granadinos” formados en la Escolástica y legalistas, cuando

menciona que tuvimos filósofos por jefes.

Sin embargo, tanto Antonio Nariño como Simón Bolívar, aunque por diferentes

caminos, eran partidarios de sistemas de gobierno intermedios entre la libertad y el

orden, la anarquía y el despotismo, de la misma forma que lo fue Santo Tomás de

Aquino (UPRIMNY, 1953; UPRIMNY, 1943)

En el prólogo escrito por Jaime Jaramillo Uribe a la obra “Escritos políticos” de Simón

Bolívar, aquel señala que Rousseau y Montesquieu son los dos autores que el Libertador

cita en los textos que en su concepto reflejan con mayor fidelidad el carácter de sus

ideas políticas, a saber: ―El Manifiesto de Cartagena, la Carta de Jamaica y el

Discurso ante el Congreso de Angostura‖ (BOLÍVAR, 2002, pág. 10). De dichos

pensadores habría tomado dos elementos constantes de su doctrina política, la idea que

las leyes de un país deben adaptarse tanto a sus condiciones naturales (Clima,

vegetación) como sociales (costumbres, tradiciones), de Montesquieu; y de Rousseau, la

idea de la función moralizadora del Estado y su admiración por las instituciones

políticas de la antigua Grecia y Roma.

de 194

Apunta Jaime Jaramillo Uribe (BOLÍVAR, 2002), que hay quienes reputan a Bolívar

como conservador, fundador incluso de ese partido, pero que para serlo le falta la

veneración por la tradición como fuente de las instituciones políticas, sociales,

económicas, etc. Y la tradición en este caso era el régimen colonial del que por textos

como la Carta de Jamaica debían prescindir las nuevas naciones y fundarse sobre unos

postulados nuevos. Posteriormente, afianzada la independencia y en el ocaso de su

mandato, Bolívar cambió su opinión acerca de las instituciones coloniales, como lo deja

traslucir la transcripción que hace Jaramillo Uribe (BOLÍVAR, 2002, pág. 10) de la

Carta del libertador a José Antonio Páez el 30 de junio de 1827:

Mi plan es apoyar mis reformas sobre la sólida base de la religión y acercarme, en

cuanto sea posible con nuestras circunstancias, a las leyes antiguas, menos complicadas

y más seguras y eficaces. También deseo que la justicia de los pueblos se establezca

conforme al tiempo de los españoles (LECUNA, 1950, pág. 905).

En concordancia con el prologuista, Bushnell (1980, pág. 40) también rechaza la tesis

que sostiene que Bolívar fue el fundador del Partido Conservador y Santander el del

Liberal, y que por ello se produjo la fisura de su relación; pues en su concepto ambos

tienen una filiación liberal similar, pudiendo existir diferencias en cuanto a la forma y el

plazo para alcanzar las transformaciones liberales de las instituciones ya que ambos

próceres tenían un orden de prioridades diferente pues dadas las circunstancias Bolívar

tuvo que dedicarse en principio a la defensa militar de América del Sur.

Siguiendo con David Bushnell (1980), éste indaga por el alcance del liberalismo

pregonado en la época tanto por Bolívar como por Santander, y al respecto anota que en

la política se traducía en el establecimiento de instituciones constitucionales y

representativas pero no en el sufragio universal por considerarse que las masas no tenían

el nivel de instrucción general, por lo que se limitaba de acuerdo con el grado de

educación y de bienestar económico; en lo social, significó la abolición de privilegios y

en algunos casos de las formas de discriminación basadas en el origen del nacimiento;

en lo económico, el liberalismo redujo la intervención del Estado y, en lo religioso, en

el tránsito hacia una tolerancia religiosa sin desconocer las denominadas

“preocupaciones del pueblo” (BUSHNELL, 1980, pág. 40) y en el levantamiento de los

privilegios de la Iglesia.

Sobre este punto como se dijo antes, la introducción de elementos individualistas en las

primeras constituciones iberoamericanas, especialmente, las neogranadinas, pudo haber

resultado contraproducente en sociedades tan desiguales, de la misma forma que, el

trastrocamiento del orden religioso y monárquico fuente de integración social, pudo

haber dado lugar al resquebrajamiento de la soberanía; lo que contradice a su vez, en el

caso de Bolívar, su preocupación porque las normas se adaptaran a la realidad de las

sociedades.

Fernando Guillén Martínez (1996) por su parte, identifica a Miranda y Bolívar como

representantes de la aristocracia territorial y comercial; en su concepto siempre

estuvieron más cerca de las ideas racionales y modernas de Europa que de los intereses

populares de los pardos y carecían de influencia sobre ellos. En esa línea, Anthony

McFarlane (2009) anota que la forma predilecta de gobierno de Bolívar era un Estado

republicano centralista gobernado por una élite ilustrada.

de 194

Además de lo dicho hasta aquí sobre las influencias políticas y filosóficas de algunos de

los personajes que hicieron historia en la época de la independencia; hay algunos

autores que hablan de la personalidad compleja de los mismos por cuenta del

romanticismo, en este sentido, Leopoldo Zea y Uslar Prieti anotan que a América

llegaron al tiempo la corriente racionalista y la romántica, cuya mezcla con los rezagos

de tres siglos de escolástica y su mudanza en algo diferente, incubó los impulsos

independentistas de personajes como el Libertador y Andrés Bello. (USLAR PIETRI,

1979)

Según Leopoldo Uprimny (1953, pág. 150) el romanticismo, que rastrea tanto en la

personalidad algunas veces ambivalente de los próceres como en sus escritos (1953,

pág. 149), es una pieza clave para entender ciertos acontecimientos de la independencia

que no se pueden explicar racionalmente en forma completa, tales como: que el

incidente insignificante entre Morales y González Llorente hubiera producido los

sucesos del 20 de julio de 1810; que los próceres de la independencia sinceramente

hubieran actuado en principio en nombre de Fernando VII y a los pocos meses se

hubieran convertido en los más aguerridos revolucionarios; que Caldas posteriormente

por convicción se hubiere arrepentido de esto; que se hubiera luchado en contra de

España a nombre del Federalismo y del Centralismo; etc.

Según Uprimny (1953, pág. 151) en la explicación de estos hechos hay razones de

Estado pero, sobre todo, el predominio de la espontaneidad antes que la reflexión, de la

emoción y el sentimiento sobre la razón; lo que tornaba los comportamientos de los

líderes independentistas impredecibles.

1.2.2. Realismo de algunos próceres de la Independencia versus el idealismo de otros

sectores

Las instituciones adoptadas tras la Independencia por las naciones iberoamericanas en

general y, por La Nueva Granada y Venezuela en particular, han sido en muchas

ocasiones acusadas de no haberse adaptado a sus condiciones, por estar diseñadas para

sociedades altamente civilizadas y, por ende, de haberse tornado ineficaces. En razón de

esto podría asumirse el pensamiento idealista, utópico, teórico de líderes

independentistas como el Libertador Simón Bolívar, Antonio Nariño y el mismo

Santander.

Si bien dicha suposición no se puede descartar por completo, lo cierto es que a partir de

las posiciones asumidas y argumentos esgrimidos sobre la forma de gobierno más

conveniente para Venezuela y Nueva Granada, especialmente, en lo que tuvo que ver

con la contienda entre Federalistas y Centralistas, Simón Bolívar, Antonio Nariño y, en

menor grado, Santander y Jorge Tadeo Lozano, se muestran cercanos al pragmatismo;

lo que en principio sugiere que éstos se vieron enfrentados a pensamientos diversos de

otros intervinientes, como los demás miembros de las Juntas Locales o de los

Congresos, y que, no siempre salieron victoriosos a juzgar por la realidad; todo lo cual

integra el panorama de cómo se llevó a cabo el proceso de formación de las nuevas

repúblicas.

Además de la confrontación entre Patriotas y Realistas, la ocurrida entre Centralistas y

Federalistas en torno a la adopción o no del modelo de la América Sajona, reviste

de 194

importancia porque marcó el devenir de la Independencia, al punto, que a ello se

atribuye la reconquista española tras el período denominado Patria Boba.

María Teresa Calderón y Clément Thibaud (2010), señalan que la principal diferencia

entre federalistas y centralistas estaba en la tensión entre una regeneración inmediata de

los primeros y una progresiva de los segundos; entre los centralistas se puede contar a

Bolívar y Nariño y entre los federalistas a Santander y Tadeo; Bolívar, por ejemplo,

siempre elogio las instituciones norteamericanas pero al mismo tiempo sostuvo que eran

demasiado perfectas para América Latina; Santander en cambio, tenían confianza en la

posibilidad aplicarlas parcialmente (BUSHNELL, 1980); lo que ya de entrada

constituye una clave para entender sus diferentes formas de pensar.

Como se verá a continuación, Simón Bolívar y Antonio Nariño coincidieron en su

defensa de la necesidad de adoptar instituciones acordes con las sociedades objeto de su

aplicación y en su admiración por el sistema de gobierno Norteamericano al tiempo que

lo consideraban de imposible aplicación en las circunstancias vigentes al momento de la

independencia, sobre todo, en lo que tocaba con la defensa de la Corona Española.

Antonio Nariño lo expresa en los siguientes términos:

Norte América ha estado dos siglos bebiendo la libertad que nosotros nos queremos

beber en un día; cuando aquí era un delito horrendo la palabra libertad, cuando no se

atrevían a pronunciarla los mismos que ahora dicen que estamos en el mismo caso que

los norteamericanos… y finalmente cuando aquí no solo se ignoraban los Derechos del

Hombre, sino que era un delito de lesa majestad horrendo pronunciarlos, allí se

conocían, se practicaban, y se defendían con la imprenta y con las armas. (La Bagatela,

1811) Citado en (CALDERÓN & THIBAUD, 2010, pág. 117)

En concordancia con lo dicho, a través de su periódico La Bagatela, Antonio Nariño

logra la adherencia de los comerciantes de Santa Fe, tanto independentistas como

simples defensores de la autonomía, y, de parte de la población de esa ciudad, a sus

ideas de la necesidad de un gobierno con poderes centralizados para acabar con la

sombra de la Corona Española (GUILLÉN MARTÍNEZ, 1996).

En una serie de escritos titulados “Mi dictamen sobre el gobierno de la Nueva

Granada”, Antonio Nariño emplea la metáfora de un soberano que puede conceder

deseos y al que acuden los dirigentes de las nuevas naciones para que les ayude en su

dirección, con el fin de demostrar la imposibilidad de cambiar el estado de cosas, como

se pretendía en algunas ocasiones, por arte de magia (VERGARA Y VERGARA,

1946).

En el Dictamen sobre el gobierno de la Nueva Granada, contenido en La Bagatela

número 5 (NARIÑO, 1811) en (VERGARA Y VERGARA, 1946, págs. 162-163),

Nariño personificando por el soberano, hace un recuento sobre los pedimentos de los

dirigentes, habiendo sido el primero la adopción de un sistema federal a imagen y

semejanza del de la América Sajona; pero se desconoció que para ejercer realmente la

soberanía era necesario poder abastecer todos los cargos del nuevo gobierno y no se

contaba con la suficiente cantidad de personas instruidas para ello, debido a la ausencia

de colegios en el antiguo régimen e incluso de libros por la mano de la Santa

Inquisición.

de 194

Entonces los dirigentes exclamaron lo grato que sería si así como les fue concedida la

soberanía mediante un decreto los dotara de rentas, tribunales, colegios, universidades,

para instruir a los hombres capacitados de los que se carecía o lo que era mejor, los

aprovisionara de magistrados, legisladores, militares, etc., frente a lo cual relataba

Antonio Nariño de manera jocosa: ―Calló el vehemente orador, que según el fuego con

que hablaba lo creí íntimamente persuadido de que esto de hacer soberanías,

magistrados, legisladores, militares y filósofos era soplar y hacer botellas…‖

(NARIÑO, 1811) en (VERGARA Y VERGARA, 1946, pág. 151)

Posteriormente, ante el temor de retornar al mando de la Península, solicitaron el otro

extremo, es decir, el establecimiento de un gobierno central en la capital, lo cual

tampoco fue efectivo. Por lo que el soberano sostiene que ahora que los dirigentes

habían entendido el grave error que era querer imitar modelos extranjeros, pese a tener

unas condiciones diferentes y que, habían concedido mayor prevalencia a adoptar las

medidas para preservar la libertad en lugar de discutir sobre los derechos de cada

provincia a figurar, iba a exponer lo que él consideraba era el camino a seguir.

Así en el Dictamen sobre el Gobierno de la Nueva Granada en La Bagatela número 7

(NARIÑO, 1811) citada en (VERGARA Y VERGARA, 1946, pág. 179) el soberano,

vuelve sobre el gran error que es abrazar el modelo de gobierno federal por la

obstinación y los propios intereses ―(mal entendidos)‖, empero no contar con los

recursos, las luces ni la fuerza para sostener una multiplicidad de soberanías. Nariño era

partidario de un modelo de gobierno, cualquiera que fuere, qué en vez de desintegrar

reuniera las fuerzas, en pos de defenderse eficazmente del enemigo y no perder la

libertad alcanzada. Un sistema de gobierno acorde con dicha premisa era el que

denominaba Departamental consistente en la conformación de las tres ramas del poder

con representantes designados por cada provincia de entre sus hombres más instruidos,

en razón de su población, reservándose la facultad de designar a los ejecutores de las

normas; así las provincias no perderían su representación y poder pues el gobierno

central sería, finalmente, un reflejo de los intereses de las provincias (NARIÑO, 1811)

en (VERGARA Y VERGARA, 1946, págs. 164-167).

Ahora bien, en punto a la administración de justicia, frente a las preocupaciones de

retornar a las extensas distancias que la caracterizaban en el régimen colonial ya

señalaba Nariño la conveniencia de un punto medio pues la proximidad también hacía

susceptible a la justicia de la infiltración de intereses privados:

Bien sabido es la preponderancia de algunos ricachos en casi todos los pueblos del

Reino; si se reconcentra en ellos la administración de justicia, ¿qué recurso le queda al

pobre, al desvalido, para no ser oprimido por el poderoso? La bondad de la ley, se me

responderá. No, la ley sola no es bastante si no se facilitan también los remedios de su

ejecución contra los asaltos del oro y del valimiento‖ (NARIÑO, 1811) citado en

(VERGARA Y VERGARA, 1946, págs. 181-182).

La cercanía provocaba que las relaciones de parentesco, amistad y en general, la presión

ejercida por los pudientes se podían anteponer a la justicia, lo que no ocurría o al menos

en menor escala a cierta distancia; además, se le dejaba en todo caso a las personas la

opción de acudir o no a estas instancias.

En concepto de Nariño el empecinamiento con el sistema federal era cosa de unos que

detentaban el mando y que no reconocían la insuficiencia de éste para salvaguardarse

de 194

del enemigo común español, por lo que para demostrar su verdadera convicción por

encima de intereses particulares anotaba: ―Yo amo con todo mi corazón la ciudad en

que respiro, pero amo más la libertad; y si para asegurarla creyera que Santafé se

debía someter al menor de los pueblos del Reino, sería el primero en suscribir‖

(NARIÑO, 1811) citado en (VERGARA Y VERGARA, 1946, pág. 183).

Así las cosas, anotan Calderón y Thibaud (2010) que la oposición de Antonio Nariño, a

la idea confederal no fue per se, sino por considerar que no era el momento de adoptar

esa forma de gobierno; por tanto, su oposición al federalismo lo fue, al de forma

inmediata; adicional a ello, no criticaba tanto la inaplicabilidad del modelo

norteamericano como los contrasentidos de sus adversarios; los confederalistas de Tunja

quienes enfocados en las libertades locales se olvidaron de que los norteamericanos

habían construido un poder unitario fuerte.

En 1821 Nariño afirma que la federación debía ser el fin de toda política

civilizada. Su apuesta se resume en << centralisacion actual, federalismo

futuro>> (Oficio que el General de Division Antonio Nariño paso al Soberano

Congreso. 1821, 1819-1821, pág. 206). Vicente Azuero, por su parte, afirma: <<

No nos presentamos, pues, al mundo como ignorantes y poco civilizados;

adoptemos una constitución que no nos deshonre en nuestro siglo>>.

(CORTÁZAR & CUERVO, 1923, pág. 53) Citados en (CALDERÓN &

THIBAUD, 2010, pág. 198)

Fernando Guillén afirma que a partir de los escritos de Antonio Nariño, especialmente,

de los relacionados con la forma de gobierno adecuada a La Nueva Granada, se puede

colegir que éste tenía un punto de vista pragmático sobre la Independencia, enderezado

a solucionar problemas de hecho más que a especular con doctrinas filosóficas que en

apariencia trataba con desprecio.

Las ideologías y las teorías políticas de sus contemporáneos suscitaban en él la burla y el

sarcasmo contra los planes quiméricos de grandeza: <<Ibagué va a ser una nueva

Washington; Tunja será la Filadelfia del sur; Cartagena se las disputará a Boston (…).

Esta misma transformación la va a ver el mundo entre los individuos: hay más

Franklines, Washingtones y Jeffersons entre nosotros que hubo soldados en Norte

América. (La Bagatela, 1811, pág. 27) Citada en (CAYCEDO, 1951, pág. 25) citado en

(GUILLÉN MARTÍNEZ, 1996, pág. 255)

Por su parte, El Libertador en su “Manifiesto de Cartagena” escrito en 1812 por Simón

Bolívar (2002), se refiere al abuso y la mala interpretación que se hizo del derecho del

hombre a darse su propio gobierno, de forma que todas las provincias y a su turno todas

las ciudades quisieron darse el suyo, rayando en la anarquía. Si bien reconocía las

virtudes del sistema federal se oponía a que esta fuera el sistema del que precisaba

América del Sur, pues la mayoría de la población carecía de las virtudes políticas que

caracterizan a un verdadero republicano, las que no se pueden adquirir en los gobiernos

absolutistas.

En reiteración de lo anterior , en las Cartas de Jamaica (BOLÍVAR, 2002) en las que

como él mismo decía, aventura conjeturas sobre el futuro de América, señalaba que los

acontecimientos de tierra firme demostraron que los gobiernos perfectamente

representativos no eran adecuados a las costumbres ni a las luces que poseían los

pueblos en ese momento. Los estados americanos requerían los cuidados de gobiernos

de 194

paternales que sanaran las heridas ocasionadas por el despotismo y la guerra y el

sistema federal era demasiado perfecto y exigía virtudes políticas superiores a las de ese

momento (BOLÍVAR, 2002).

Y así como Venezuela ha sido la república americana que más se ha adelantado

en sus instituciones políticas, también ha sido el más claro ejemplo de la

ineficacia de la forma democrática y federal para nuestros nacientes Estados.

(BOLÍVAR, 2002, pág. 47)

Para efectos de configurar las instituciones políticas Bolívar (2002) partió en cambio de

dos premisas basadas en la observación de la realidad, la primera, que Suramérica no

contaba con una clase dirigente debido a la exclusión de los americanos de los altos

cargos eclesiásticos, civiles y políticos durante la época colonial; la segunda, que la

diversa composición racial obviada para conformar los ejércitos bajo el único criterio de

la brutalidad tan útil para exterminar españoles, era un problema para la paz y el orden.

En razón de este panorama el mejor modelo de gobierno para Simón Bolívar era el

inglés, que además del predominio militar y económico de Inglaterra en la época,

ofrecía en su concepto un equilibrio entre el orden y la anarquía, la democracia y la

aristocracia, el cambio y la libertad, con la figura de un rey con escasas funciones que

representaba la unión que Bolívar tradujo en un presidente vitalicio y con facultad para

elegir su sucesor con un gabinete responsable ante el pueblo y el parlamento; una

Cámara de los Comunes de elección popular, encargada de la expedición de las leyes, y

una Cámara de los Lores vitalicia y hereditaria, representante de la nobleza, a la que dio

el nombre de Senado; modelo plasmado por Bolívar en la Constitución de Bolivia27

.

En el discurso que El Libertador pronunció el día de la instalación del Congreso de

Angostura, el 15 de febrero de 1819 (BOLÍVAR, 2002 ) destacó como ejemplos

satisfactorios de monarquías y aristocracias al Imperio Romano, a Esparta, Venecia,

China, Francia e Inglaterra; y si bien resaltó la campaña republicana de Venezuela, con

la proscripción de la nobleza, de los privilegios, de los fueros, de la monarquía, la

declaración de los derechos del hombre, la consagración de la libertad de pensamiento,

de expresión, etc. anotaba: ―Cuanto más admiro la excelencia de la Constitución

Federal de Venezuela, tanto más me persuado de la imposibilidad de su aplicación a

nuestro Estado‖ (BOLÍVAR, 2002 , págs. 70-71).

Al igual que Nariño, sostenía que Norte América tuvo por cuna, se crió y se alimentó de

libertad y, por ello era de difícil aplicación adoptar en Venezuela sus leyes.

¿No dice el espíritu de las leyes que éstas deben ser propias para el pueblo que se

hacen?, …¿Qué las leyes deben ser relativas a lo físico del país, al clima, a la calidad del

terreno, a su situación, a su extensión, al género de vida de los pueblos?, ¿referirse al

grado de libertad que la Constitución puede sufrir, a la religión de los habitantes, a sus

27

Dicha Constitución según el prologuista Jaime Jaramillo Uribe (BOLÍVAR, 2002, pág. 18)

estaba llena de incoherencias y era poco práctica; además, de que tuvo una vigencia corta en ese

país, para ilustrar su opinión se refiere al poder moral introducido por el Libertador basado en

una concepción clásica de la separación del orden moral y del derecho tomada de Immanuel

Kant, pero se consideraba muy difícil un Estado que controlara la conciencia de sus súbditos, el

cumplimiento de las leyes religiosas, etc.

de 194

inclinaciones, a sus riquezas, a su número, a su comercio, a sus costumbres, a sus

modales? ¡He aquí el Código que debíamos consultar, y no el de Washington!

(BOLÍVAR, 2002 )

¿Cuál debía ser entonces el gobierno a adoptar por América del Sur?, Simón Bolívar

(2002 ) hace un recorrido por las diferentes naciones y comienza señalando la debilidad

de la democracia absoluta que se estableció en Atenas y la enseñanza que Solón dejó al

mundo sobre la dificultad que representa dirigir sólo a base de leyes a los hombres.

Compara Atenas con Solón y a Esparta con Licurgo y anota que las leyes de este último

fueron fuente de mayor virtud, moral y felicidad; en concordancia con lo cual,

consideraba más útil a Atenas la tiranía de Pesistrato que las leyes suaves, sabias y

políticas, la libre elección de magistrados, su renovación constante, la soberanía

absoluta, etc.

Pensaba que los códigos por sabios que fueran era letra muerta, que poca influencia

tenían en las sociedades pues a los gobiernos los hacían la ilustración, la virtud y, en

general, la calidad, de los hombres que los conforman. Siguiendo este pensamiento,

anota que no obstante que la Constitución Romana no consagraba una distribución

equilibrada de los poderes, que el ejecutivo estaba conformado por dos cónsules con

igual poder que un monarca, que se trataba de un gobierno guerrero dedicado a la

Conquista, confirió el mayor poder y fortuna que ningún otro pueblo ha conocido: ―(…)

para mostrar a los hombres de cuánto son capaces las virtudes políticas; y cuán

indiferente suelen ser las instituciones‖ (BOLÍVAR, 2002 , pág. 77).

Anota Bolívar que se debían aprender las lecciones del pasado y dotar las nuevas

naciones de leyes propias y, sobre todo, útiles, teniendo presente que el éxito de un

Gobierno no radicaba en su teoría, en su forma sino en que fuera adecuado al carácter

de la sociedad sobre la que recae.

Menciona a Roma y Gran Bretaña como naciones basadas en sistemas sólidos más que

en brillantes formas de libertad; señalaba la Constitución de Gran Bretaña como el

modelo más útil a lo que denominaba la frágil naturaleza de la América hispana, porque

si bien establecía un sistema monárquico reconocía la soberanía popular, la división de

los poderes y las libertades ciudadanas. Al sistema bicameral que se había adoptado

siguiendo el modelo Norteamericano consideraba fundamental agregar el carácter

hereditario del Senado, con el fin de que sus miembros no debieran su nombramiento ni

al Gobierno ni al pueblo y pudiera ser imparcial frente a las demandas de éstos, cita para

defender esta idea a los senadores de Roma y los lores de Londres, columnas vertebrales

de la libertad política y civil de esas naciones.

El que el Senado fuese hereditario garantizaría que el Gobierno conociéndoles de

antemano velara por su formación adecuada a los fines de su servicio y de esa forma no

dejar todo a la ventura de las elecciones; aseguraba que con ello no pretendía establecer

una nobleza, aunque parecieran ser, por sus palabras, los libertadores, los primeros

llamados a ocupar dichos cargos. El poder ejecutivo británico le parecía el mejor

modelo a seguir, pues si bien está revestido de toda la autoridad soberana, sus ministros

eran responsables ante el pueblo y ante el Parlamento, por lo que serían su contrapeso, y

estaban sometidos a las leyes de éste y, si bien los magistrados y jueces dependían del

poder ejecutivo éstos debían cumplir también las leyes. Señalaba que si en un reino el

poder ejecutivo era fuerte más debía serlo en una república pues todo conspiraba contra

él (BOLÍVAR, 2002 ).

de 194

En este discurso solicitaba a los legisladores no ser pretensiosos y aspirar a alcanzar

logros que ni siquiera habían logrado las más virtuosas naciones. Consideraba que la

consagración de libertades y democracias absolutas sin haber adquirido previamente las

virtudes necesarias para ejercer la soberanía, era pernicioso. La experimentación con

instituciones quiméricas ocasionaba la oscilación de los pueblos entre el despotismo y la

anarquía; por lo que para superarlo se requería de moderación y adopción de medidas

conformes a las circunstancias (BOLÍVAR, 2002 ).

Jorge Tadeo Lozano, otro de los personajes sobresalientes de la Independencia, era

partidario en cambio del federalismo, si se puede decir, moderado, y proponía en aras de

no hacerlo ilusorio, que sólo fueran soberanas aquellas provincias que tuvieran la

población, la riqueza y el territorio para ser autosostenibles, administrarse

autónomamente y ser políticamente iguales a las demás; debido a que en la época de la

colonia estos no fueron los criterios para la división territorial, en opinión de Lozano se

hacía necesario reformar la distribución territorial (RESTREPO, 2009).

Nuevamente en 1819 y 1821, a la hora de definir la forma de gobierno para la Gran

Colombia se enfrentaron otra vez las corrientes centralistas y federalistas y a partir de

los argumentos esgrimidos por uno y otro bando se puede comprender el sustento de las

dos posturas; así las cosas, los centralistas argüían que la mayor parte de la población

carecía de las luces y las costumbres, para suplir el andamiaje administrativo de cada

provincia soberana y para distinguir las funciones estatales y las federales; adicional a

esto, se requería de un gobierno fuerte y unido para terminar de repeler la amenaza

española y la Patria Boba era ya un antecedente del fracaso de un sistema federado; en

contraposición, los federalistas se defendían, teóricamente, aduciendo las bondades de

su sistema para el establecimiento de un régimen verdaderamente republicano que ponía

cota al despotismo del ejecutivo; adicionalmente, en materia práctica temían la

reducción de la Nueva Granada a colonia venezolana y el traslado de las deudas de otros

departamentos a Cundinamarca bajo un gobierno centralista (BUSHNELL, 1985).

No obstante lo expuesto hasta aquí, la división entre centralistas y federalistas no

siempre fue tan tajante, Fernando Guillén (1996) menciona lo irónica que se tornó la

contienda, pues Santander que había sido defensor del federalismo en 1813 ahora en

1819 que tenía el poder en sus manos abogaba por el centralismo; por su parte, Nariño

quien había sido centralista defendía ahora un vago federalismo en representación de los

comerciantes y las viejas generaciones santafereñas despojadas del poder por la unión

entre militares y hacendados que ahora era apoyada por Bolívar en pro de su proyecto

de fortalecer la Nueva Colombia28

.

En relación con el viraje que tuvo Santander para el Congreso de Cúcuta, David

Bushnell (1985) lo adjudica al influjo de Bolívar; a la ocupación de un cargo importante

dentro de la organización central y a la aceptación coyuntural de que para efectos de la

guerra contra España era más conveniente.

De hecho en 1825 se aprobaron unas reformas tendientes a la separación de poderes, a

la independencia entre las autoridades civiles y militares y a la simetría burocrática; y

28

No obstante esta unión, hubo una constante riña entre el Libertador y los intereses de los

hacendados que hizo eclosión en el Congreso de 1821.

de 194

Santander se opuso a las medidas que conducían a un régimen descentralizado en el que

los gobernadores e intendentes serían elegidos por una Asamblea popular, pues lo

consideraba contrario al sistema centralista, adicional a ello, le parecía inconveniente la

constante reunión del pueblo a asuntos como elecciones y le resultaba contradictorio

que los gobiernos locales tuvieran un origen más popular que el mismo Congreso

(BUSHNELL, 1985). Por lo anterior, menciona Bushnell que los gobiernos locales

estaban en algunos aspectos más restringidos que lo que lo hubieran estado bajo un

corregidor español; como ejemplo cita el caso del pueblo de Antioquia que tuvo que

solicitar autorización del Congreso para poder construir pocilgas públicas para guardar

cerdos a razón de un real por cabeza (1985, pág. 50).

Adicional a lo dicho anteriormente, a través de la postura de Bolívar en relación con

otros aspectos como el tributario, el indígena, el político, el militar, relaciones exteriores

y el religioso, también se podría concluir el predominio de un pensamiento realista y

pragmático, incluso más acentuado en perspectiva comparada con otro personaje de la

independencia como Santander.

Tal es el caso por ejemplo de la política fiscal más fuerte de Bolívar, sobre todo en

materia de aumento de tarifas aduaneras, mientras Santander defendía una reforma

general del sistema tributario colonial. El aumento de las tarifas aduaneras habría

obedecido en la mayoría de los casos a la necesidad de aumentar los recursos para

financiar los objetivos políticos y militares y menos para proteger a los artesanos

nacionales de las manufacturas importadas (BUSHNELL, 1980).

En un punto donde hubo gran divergencia fue en la sustitución por parte de Santander

de la acabala colonial o impuesto sobre las ventas, por una contribución directa sobre

las rentas y propiedades de las clases acomodadas; si bien, buscaba eliminarle trabas al

comercio, también se basaba en la creencia de que las clases pudientes debían soportar

la mayor carga tributaria, porque además obtenían los mayores beneficios del Estado;

sin embargo, ante la oposición de los terratenientes y negociantes, apoyados por

Bolívar, más por el bienestar del fisco que por solidaridad con los mismos, se hizo

necesario restablecerla.

De otro lado, señala Bushnell (1980, pág. 43), que Indalecio Liévano Aguirre, presenta

a Bolívar como defensor de los indígenas porque en 1828 ordenó suspender la medida

de división de los resguardos indígenas que el Congreso de Cúcuta había aprobado para

convertirlos en propietarios individuales, ejecutada por Santander y que había resultado

funesta para los intereses de ese grupo social, presentando a su vez a éste como defensor

de las clases oligárquicas que buscaban apoderarse de las tierras indígenas en nombre

del liberalismo económico. Sin embargo, apunta el autor que Bolívar también había

aprobado en el Perú la liquidación de resguardos pero su sentido realista y la

experiencia lo hicieron cambiar de postura.

En cuanto a la política religiosa el Congreso de Cúcuta aprobó la abolición de la

Inquisición y la supresión de los conventos menores, medidas que Santander amplió con

la búsqueda de la secularización de la religión ―mediante la introducción de textos y

profesores de dudosa ortodoxia‖ (BUSHNELL, 1980, pág. 44); además que era

discípulo del utilitarista inglés Jeremías Bentham; pero también lo era Bolívar incluso

afirma el autor que más heterodoxo en materia religiosa que Santander; no obstante,

esto contrasta con el restablecimiento de los conventos menores y la prohibición de la

de 194

doctrina Benthamista ordenada por Bolívar durante su dictadura bolivariana, que sin

Bushnell disculpa aduciendo que podría haber obedecido a la necesidad de aplacar el

descontento popular por las últimas medidas adoptadas por el Congreso de Cúcuta y por

Santander.

En materia de política exterior los próceres también se distanciaron, pues Simón Bolívar

creía en la unión de las naciones iberoamericanas excluyendo a Estados Unidos, Haití e

incluso Brasil, por considerar que la unión debía ser entre pueblos con cierta

homogeneidad histórica que permitiera una defensa conjunta de intereses, los que no

coincidían completamente con los norteamericanos mostrando desconfianza hacia los

mismos; al tiempo que Santander sí era partidario de una alianza con los Estados

Unidos lo que habría quedado demostrado con su invitación, en oposición a Bolívar, al

Congreso de Panamá.

En punto a la necesidad de un ejército permanente, El Libertador en su “Manifiesto de

Cartagena” escrito en 1812 (2002), respondía a la oposición de “sus estadistas” a la

organización y manutención del mismo, por considerar que atentaba contra la libertad

de los pueblos, siguiendo el ejemplo de Grecia, Roma, Venecia, Génova, Suiza,

Holanda y Norteamérica; con el argumento que en dichas naciones obedeció a la no

existencia en la época de ejércitos permanentes o a sus virtudes militares inherentes o a

la ausencia de necesidad de defenderse; por no contar con un ejército permanente

Venezuela no podía defenderse de sus enemigos españoles.

Señala Bushnell que Santander, vicepresidente para ese entonces era un buen liberal

pero también era un político realista, despierta admiración el hecho que Santander como

vicepresidente hubiera logrado mantener abastecidos los ejércitos al tiempo que el orden

público interno salvo algunas excepciones de importancia menor (BUSHNELL, 1985,

pág. 61), así pues, no obstante su militancia en el liberalismo ortodoxo habría sabido

separarse del mismo por motivos prácticos.

Ahora en relación con el grado de participación política de la población, se podría

sostener que Camilo Torres, Antonio Nariño, Simón Bolívar y Santander coincidían en

general, en que debía ser restringida por la falta de educación del pueblo, pero quienes

criticaban la ilegitimidad de las decisiones tomadas en nombre del pueblo pero sin su

concierto, abogaban por impartirle a éste el conocimiento sobre sus deberes y derechos

para que los pudieran ejercer.

De acuerdo con ello, en el Congreso de Cúcuta se considero inviable extender el

derecho al voto a toda la población y se retomó el criterio antiguo de la propiedad,

siendo requisito tener $100 en propiedad raíz. Un sufragio más amplio tuvo mayor

acogida en los conservadores de mente clerical que en los liberales ortodoxos

(BUSHNELL, 1985).

De manera conclusiva anota Bushnell (1980, pág. 45) que Bolívar en general acusó un

mayor sentido de realismo que Santander, que le permitía apartarse de los postulados

liberales cuando las circunstancias lo exigían según su criterio; Santander, por el

contrario dada su militancia en el liberalismo ortodoxo, fue más doctrinario por lo

menos durante su administración de la Gran Colombia aunque también supo separarse

del mismo en algunas ocasiones por motivos prácticos; demostrando su capacidad para

de 194

moverse en el terreno público y, como presidente de la Nueva Granada en los años 30‟s

flexibilizó aún más sus posturas.

Para terminar, Bernd Marquardt (2011) a través del análisis del trabajo legislativo que

siguió a la Constitución de 1821, registra el tránsito hacia un mayor nivel de realismo y

pragmatismo de los líderes de la Gran Colombia, que ilustraba además los conflictos del

comienzo de la era republicana.

En primer lugar, en dicha Carta los derechos fundamentales que habían estado ubicados

al comienzo de los textos constitucionales previos se situaron al final entre las

disposiciones generales acusando un menor idealismo aunque el iusfundamentalismo

continuó. En segundo lugar, la libertad de prensa que había sido ilimitada, en la Ley de

Imprenta de 1821 encontraba limitaciones cuando se trataba de textos contrarios a la

religión católica, sediciosos, atentatorios de la reputación ajena, etc. En tercer lugar si

bien se identificaba un espíritu legislador muy activo en la Gran Colombia, en la

Constitución de 1821 se dejaron vigentes las disposiciones del régimen colonial que no

se opusieran a la nueva Carta ante la imposibilidad de suplir todas las necesidades de

regulación, entre las disposiciones se encontraban:

Las Siete Partidas del rey castellano ALFONSO X EL SABIO de 1256/1265, las

Leyes de Toro de 1505, las Leyes Nuevas del Sacro Emperador Romano Carlos V

1542, la Nueva Recopilación de Leyes de Castilla de 1567, la extensa

Recopilación de las Leyes de las Indias de 1680 y la Novísima Recopilación de

Leyes de Indias de 1805 (MARQUARDT, 2011, pág. 147).

De todo lo dicho se puede concluir que desde un principio, líderes como Simón Bolívar

y Antonio Nariño demostraron preocupación por implementar medidas y adoptar

sistemas acordes a la situación de la mayoría de la población neogranadina y venezolana

de la época y eran partidarios de la adopción paulatina de instituciones más avanzadas,

lo que los ubicaba dentro de los centralistas y de alguna forma daba cuenta de su

espíritu realista; sin embargo, el tono de sus escritos pareciera atestiguar que en la época

no todos los dirigentes compartían la misma opinión y a juzgar por los primeros textos

constitucionales que establecieron el régimen de las nacientes repúblicas, en muchas

ocasiones dichos dirigentes habrían salido victoriosos.

1.3. Las Repúblicas Aéreas de Bolívar: contraste entre lo ideal y lo real

Uno de los temas más recurrentes en la bibliografía sobre el período de la

Independencia de Iberoamérica es el referente a que al momento de formación de la

república se adoptaron instituciones, constituciones, sistemas de gobierno, tomados de

la Independencia Norteamericana y de la Revolución Francesa, básicamente, que eran

incompatibles con la idiosincrasia, las necesidades prácticas, la tradición y de las

diferentes naciones de Iberoamérica; con la creencia errada de que su corrección sería

suficiente para moldear a los pueblos receptores.

Dichas instituciones se habrían implementado con prescindencia de los

correspondientes procesos endógenos de transformación social, política, económica y

cultural y sin que se estuviera en camino de ello.

de 194

El contraste que se dio entre formas de autonomía política y heteronomía religiosa;

entre soberanía popular y las prácticas absolutistas de la monarquía borbónica; entre de

un lado, el individualismo, el libre examen y la separación de poderes, del liberalismo

inglés o el antifeudalismo, anticlericalismo y estatismo del radicalismo francés y, del

otro, la esclavitud, la hacienda, la mita, el repartimiento y el sistema de castas, del

antiguo régimen; habría traído como consecuencia que las nuevas instituciones

implementadas tuvieran efectos prácticos contraproducentes, o, reducidos y que en la

República se continuara con el distanciamiento, más allá de lo conveniente y lo normal,

entre lo ideal y lo real.

Empezando por Simón Bolívar, éste en su Manifiesto de Cartagena escrito en 1812

expuso las que para él fueron las causas de la disolución de Venezuela tras su

declaración de independencia, con el fin de que las demás naciones de América del Sur

tomaran escarmiento, en especial, la Nueva Granada; y, en primer lugar, señala la

ausencia de practicidad de los nuevos dirigentes a quienes acusó de idealistas y teóricos

que presuponían la perfección de los pueblos, adicional a ello, una Constitución

contraria a sus intereses, la ausencia de un ejército permanente y el aprovechamiento

que se hizo del terremoto del 26 de marzo producto del fanatismo y las facciones

internas, siendo de todas, ésta la peor. Las siguientes palabras son concluyentes a este

respecto:

Los códigos que consultaban nuestros magistrados no eran los que podían enseñarles la

ciencia práctica del Gobierno, sino los que han formado ciertos buenos visionarios que,

imaginándose repúblicas aéreas, han procurado alcanzar la perfección política,

presuponiendo la perfectibilidad del linaje humano. Por manera que tuvimos filósofos

por jefes, filantropía por legislación, dialéctica por táctica y sofistas por soldados (2002,

pág. 22).

Gran parte del primer cuarto del siglo XIX, estuvo marcada por el ejercicio constante de

poderes extraordinarios por el ejecutivo con la consecuente suspensión de las

instituciones establecidas, lo que se explica en buena parte por la lucha de la

independencia de la Corona Española.

De acuerdo con Bushnell (1985) la conformación de la Gran Colombia se remonta al

Congreso de Angostura en 1819, siendo posteriormente adoptada su Constitución en el

Congreso de Cúcuta de 1821, la cual junto con las leyes expedidas por éste tuvieron

aplicación limitada por los poderes extraordinarios de Bolívar y, en el caso de la Nueva

Granada, por la actitud de Santander de reservarse algo de autonomía.

Si bien lo anterior obedeció en gran medida a la coyuntura de la guerra, para el autor no

deja de ser contradictorio, que el Congreso apoyado en principios republicanos

concediera, fácilmente, facultades extraordinarias al poder ejecutivo tanto para repeler

al enemigo, como para legislar sobre algún asunto en específico, constituyendo una de

las características más comunes de la política de la Gran Colombia y siendo rechazado

por la opinión pública, como en el caso de la editorial El Constitucional (1825) citado

en (Bushnell, 1985, pág. 53), que consideraba la condescendencia del Congreso con el

Ejecutivo contraria a los intereses del pueblo.

José Manuel Restrepo (2009), un autor contemporáneo a la época de la Independencia,

al referirse a la década de 1810, mencionaba que la inspiración para adoptar un sistema

de 194

federativo provino de la ilusión de imitar, fácilmente, a los Estados Unidos de

Norteamérica.

Octavio Paz, citado en el texto de Uslar Pietri (1979), en un ejercicio por buscar las

diferencias de la América Latina con el modelo europeo señala a la Independencia como

nuestro acceso a la Edad Moderna pero marcado por una ruptura brusca, al ser nuestro

comienzo negación, en su decir: ―Nuestra revolución fue un acto de autoengaño, tanto

como de autodestrucción (1979, pág. 239)‖, con lo que hace referencia a la falta de raíz

y al fracaso de las instituciones republicanas que los hombres de 1810 impusieron

basados en una fe ideológica sobre una realidad histórica que las negaba.

Continúa diciendo Octavio Paz que los próceres de la independencia procedieron a la

española, es decir, de una forma quijotesca dejaron a un lado la realidad para crear de la

nada las más perfectas instituciones de la ideología racionalista. No hubo pues,

concordancia entre realidad institucional y realidad cultural y social. Producto de ello,

según Uslar Prieti es el fracaso de las Repúblicas y el surgimiento de la única institución

autóctona de Iberoamérica: “El Caudillismo Rural”.

Uslar identifica a España, Rusia y América Latina como lugares en los que no se

experimentó el renacimiento, el realismo, el romanticismo, la Ilustración de corriente

francesa, inglesa, italiana y alemana, sino, en los que se hizo una recepción peculiar de

estos fenómenos mudando en algo diferente. En América Latina esto podría estar

relacionado con la condición de mestizos y se ve reflejado, por ejemplo, en la recepción

que se hizo del positivismo y del marxismo.

Para ilustrarlo anota:

El liberalismo hispanoamericano está lejos de ser una mera reproducción del liberalismo

europeo. Estanislao Rondón, uno de los agitadores liberales de la Venezuela del siglo

XIX podía lanzar este grito que hubiera sido inconcebible en la boca de un europeo

liberal del 30 o del 48: ―La Federación es santa, celestial, divina‖ (USLAR PIETRI,

1979, pág. 251).

Lo anterior podría interpretarse como originalidad de los iberoamericanos pero también

da cuenta de una escasez de rigurosidad, de la contradicción que caracteriza muchas

veces su historia y hace que todo cambie pero todo siga igual en la medida que bajo el

ropaje de la ilustración, de la racionalidad, de diferentes fenómenos extranjeros en

general, se encubren situaciones, se predican discursos, se justifican actuaciones, que

son totalmente contrarias.

En “La esencia de lo americano”, Leopoldo Zea (1971) menciona que las naciones

iberoamericanas se han debatido entre lo que se considera moderno, que es el futuro, lo

que se quiere ser y lo que se considera bárbaro, es decir, las formas heredadas y, para

destruir lo primitivo han recurrido muchas veces a la violencia, no obstante, que ésta

los haga retroceder, de lo que son muestra las extrañas dictaduras de Iberoamérica para

la democracia y para la libertad.

El autor hace énfasis en que el americano trata de negar inútilmente un pasado que le

brota por los poros. El ideal de la América sajona del gobierno para y por el pueblo se

quiere establecer aquí con prescindencia de la voluntad del pueblo, porque si se expresa

hablará por él, el espíritu que le fue impuesto durante siglos de colonización; de ahí, que

de 194

sea tan necesaria la educación, construir las bases para que las instituciones puedan ser

efectivas. Pero con prescindencia de esto, en Iberoamérica no se ha tenido problema en

querer imponer la libertad a través de dictaduras, la educación liberal a través de su

obligatoriedad, en adoptar formas federales de organización político-administrativa al

tiempo que se maneja de forma centralista.

Posteriormente, en un texto titulado “América como conciencia” (1972), Zea señala que

quienes lideraron el movimiento independentista fueron teóricos puros que desconocían

o ignoraron la realidad americana; frente a lo cual y citando a Estaban Echevarría, habla

de lo imperativo que es desarrollar una filosofía americana que reflexione sobre las

cuestiones que le son propias, sobre todo, en lo que tiene que ver con asuntos de la

organización político-administrativa más conveniente, pues las teorías extranjeras poco

pueden aportar en este campo desde que desconozcan las características propias de este

parte del continente americano.

Américo Castro sostiene que Iberoamérica se caracteriza por la contradicción, porque

una es su forma de ser y otra la que necesita, por la ―violenta desarmonía entre los

impulsos y las razones que hace difícil arraigar la democracia de tipo inglés o

americano‖ (CASTRO, 1971, pág. 15). En su concepto lo que facilitó la cohesión social

de Iberoamérica durante la colonia fue la veneración por lo que estaba por encima de los

hombres, “la religión, la monarquía y la grandeza del heroísmo personal”; desaparecido

esto con la invasión de la metrópoli por las tropas napoleónicas, Hispanoamérica se

desintegró y acogió el modelo político de Norteamérica sobre unas bases sociales

españolas, que imposibilitan que aquel tuviera éxito en la realidad.

En el texto de Justo Sierra “Evolución política del pueblo mexicano” (1977) el

prologuista Abelardo Villegas anota que la ideología liberal se manifestó en México a

través del propósito de crear una clase burguesa con sus formas económicas, culturas y

políticas propias, lo que chocaba con una estructura social opuesta. Así, por ejemplo, el

individualismo moderno era contrario a lo sociedad estamental y corporativa de la

colonia; el latifundio, a la explotación racional e intensiva de la pequeña propiedad

agraria; la educación escolástica a la ciencia experimental; los hábitos económicos de la

Iglesia, máxima propietaria durante la época colonial, con la elasticidad de la empresa

moderna.

Habla también McFarlane (1998) de la retórica que acompañó el proceso de formación

de las nuevas naciones americanas, proceso basado en las ideas de la ilustración, las

cuales encontraron dificultades para adaptarse al contexto americano. Citando a Pagden

(PAGDEN, pág. 151) en (1998, pág. 333) menciona que la patria de Bolívar sólo fue

una Ilusión Iluminada que tuvo eco, principalmente, en el círculo reducido de las élites

educadas y europeizadas.

Fernando Guillén Martínez (1996), se refiere en su obra “El poder político en

Colombia”, a que a partir de la información que se extrae de las organizaciones políticas

y de los mecanismos electorales formales no se puede tener una comprensión precisa de

la participación política de los ciudadanos en la realidad y, esto es mayor, en países

como Colombia y, en general, en América Latina, donde los canales formales son el

producto de la importación de instituciones extranjeras y no obedecen a procesos

sociales endógenos. Anota que en esta región, a principios del siglo XIX, se adoptaron

sistemas y valores de los estados nacionales de Norteamérica y Francia, creyendo que

de 194

esto sería suficiente para transformar las viejas estructuras en unas aptas para el logro de

los nuevos ideales. Esta incongruencia entre los modelos políticos adoptados y las

experiencias históricas sociales ha ocasionado el fracaso del proceso modernizador y la

posición subalterna de las naciones iberoamericanas en el concierto mundial.

Para ilustrar el híbrido entre las instituciones extranjeras y la realidad de la Nueva

Granada, Margarita Garrido en un capítulo titulado “Nueva Granada entre el orden

colonial y el republicano: lenguajes e imaginarios sociales y políticos” del libro “Las

independencias hispanoamericanas. Interpretaciones 200 años después” ( 2009), expone

el contraste que se dio, en la época de la Independencia, entre el leguaje de derechos y

libertades propio del pensamiento liberal y el de privilegios, propio de una sociedad de

corte tradicionalista, regida por fueros.

Marco Palacios por su parte, en el mismo libro ( 2009), anota que las instituciones

legales que se adoptaron para que rigieran la actividad de los estados nacionales recién

instituidos, de éstos con los ciudadanos novatos y de todos entre sí y con el mundo del

Atlántico Norte, fueron importadas del constitucionalismo europeo, norteamericano y

del Código Civil Francés, y se fusionaron con las instituciones del derecho indiano, los

poderes de facto, las costumbres sociales y políticas y la tradición colonial de

desigualdad social y étnica.

El laberinto constitucional de Hispanoamérica (1810-1830) era impropio para el

liberalismo inglés del individuo, del libre examen y el equilibrio de poderes y para las

características de estatista, antifeudal y anticlerical del radicalismo francés. La ficción

de las instituciones políticas adoptadas radicaba en que no era viable una transformación

de los blancos y mestizos pobres y de los ex esclavos o indígenas más o menos

liberados de las cargas corporativas, “en los sujetos políticos autónomos del gobierno

civil de Locke, o en los sujetos libres para concurrir a la formación de la voluntad

general de Rousseau‖ (PALACIOS, 2009, pág. 28). Lo anterior, por cuanto los

ciudadanos mexicanos, colombianos, ecuatorianos, paraguayos, provenían de las

instituciones de la esclavitud, de la hacienda, la mita, el repartimiento, de la polaridad

entre república de españoles y de indios.

En la obra “Imperios del Mundo Atlántico” (2006), en la que John Elliott hace un

estudio comparativo de los diferentes destinos que tuvieron las colonias sajonas y las

españolas, refiriéndose a esta última menciona la tensión entre las tradiciones

absolutistas de la monarquía borbónica y una doctrina de la soberanía popular que

aunque arraigada en el constitucionalismo hispánico medieval empezaba a ser

influenciada por las ideas liberales de la revolución francesa y norteamericana.

La transposición a Latinoamérica de modelos concebidos en Europa no podía sino

devenir en fracaso es una de las tesis que sostiene el texto “La majestad de los pueblos

en la Nueva Granada y Venezuela 1780-1832” (CALDERÓN & THIBAUD, 2010). En

los albores del estallido revolucionario, se habría pues producido una asociación que

caracterizan los autores como equívoca, entre formas de heteronomía religiosa y de

autonomía política y, en torno a la adopción de un sistema centralista o federativo, se

libró una discusión sin preparación alguna.

Algunos viajeros extranjeros de la época, examinando las instituciones adoptadas para

la República de Colombia, particularmente, la primera constitución de 1821 promulgada

de 194

en Cúcuta, también consideraron que eran poco adecuadas, aún, para naciones de mayor

desarrollo social, con lo cual se identificaban con el libertador (MOLLIEN, 1944) citado

en (JARAMILLO URIBE, 2002, pág. 106). Para los observadores habría sido más

realista adoptar una monarquía, pero reconocían las dificultades de esta solución.

Finalmente, en la obra de Jesús Vergara y Vergara (1946) sobre la vida y textos del

General Antonio Nariño, el autor anota que cualquiera que analice el espíritu del

gobierno de las nuevas naciones concluiría fácilmente que éstas estaban más cerca a los

principios de libertad que lo que lo estaba cualquier república antigua o moderna; lo que

según Nariño, no obstante, haber sido crítico de instituciones ajenas a la idiosincrasia

iberoamericana, habría obedecido a que a pesar de la guerra se gozó de unas

condiciones más favorables que las que tuvieron otras naciones.

En todo caso, en demostración de lo dicho acerca de la divergencia entre la realidad y lo

ideal, producto de la adopción de algunas instituciones que no consultaron la realidad

del momento; gran parte del primer cuarto del siglo XIX estuvo marcada por el ejercicio

constante de poderes extraordinarios por parte del ejecutivo, especialmente de Simón

Bolívar, con la consecuente suspensión de las instituciones establecidas (Bushnell,

1985).

Y si bien ello obedeció en gran medida a la coyuntura de la guerra con España, para

David Bushnell (1985, pág. 53) no deja de ser contradictorio que el Congreso apoyado

en principios republicanos concediera, fácilmente, facultades extraordinarias al poder

ejecutivo tanto para repeler al enemigo, como para legislar sobre asuntos específicos;

constituyendo el ejercicio de poderes de facto una de las características más comunes de

la política de la Gran Colombia que en algunas ocasiones fue rechazado por la opinión

pública, como en el caso de la editorial de El Constitucional (1825) citado en (Bushnell,

1985, pág. 53), en la que se consideraba la condescendencia del Congreso con el

Ejecutivo contraria a los intereses del pueblo.

1.3.1. Influencia de la filosofía católica en la formación de la República

Detrás del cuestionamiento que se le hace a muchas de las instituciones adoptadas en

Iberoamérica, y, específicamente en La Nueva Granada y Venezuela tras la separación

política de la Corona Española, de no consultar las condiciones materiales de la

sociedad sobre la que se irían a asentar, de ser por tanto idealistas y haberse reducido a

formas carentes de eficacia, se puede rastrear la influencia tanto de la religión católica

como de la protestante, según la tesis de los autores.

Entonces, como una raíz del criticado idealismo de las instituciones iberoamericanas

cuya adopción no estuvo precedida de una verdadera revolución política, económica,

cultural y social, en gran medida por falta de voluntad política de las élites criollas,

podría señalarse el formalismo y superficialidad con que muchas veces se identifica a la

doctrina y práctica de la religión católica en contraposición a la transformación y

convicción profundas de los feligreses, que habría forjado en parte el carácter de los

iberoamericanos.

En este sentido, José Manuel Restrepo (2009), testigo de excepción de la época

independista, partiendo de la premisa que la única religión del pueblo era la católica,

de 194

apostólica y romana comienza señalando que el culto externo que los fieles

consideraban agradable a los ojos de Dios estaba compuesto básicamente por la

confesión y comunión anuales, rezar el rosario y asistir a misa diariamente y hacer

novenas y peregrinaciones a santuarios; por lo que la forma de practicar la religión se

reducía a rituales externos, algunos de ellos además supersticiosos.

En apoyo de esto, según Nota del Editor en la edición de 1827, Restrepo (2009), señala

que aunado a las prácticas externas mencionadas, el Clero le inculcaba al pueblo,

considerado ignorante, que la fundación de conventos e iglesias era bien recompensado

por Dios, por lo que en una época una proporción mayor a la cuarta parte de las

propiedades, pertenecía a los clérigos, frailes y monjas; y se juzgaba mal a quien

hubiera fallecido y no hubiera dispuesto parte de sus bienes para los conventos e

iglesias así como a quien no había adquirido la bula de Cruzada.

Las bulas de Cruzada resultan un objeto interesante de análisis, porque de alguna forma

dan cuenta de la forma como se comercializaba con la fe católica, así, en un principio

las mismas se emplearon como mecanismo de financiación de las expediciones de las

Cruzadas, pero agotado este fin, se continuó con su venta por considerarse una fuente

importante de ingresos para el fisco, al punto que al momento de la revolución

independentista, existían cinco tipos de bulas: ―la bula compón de vivos, la de

lacticinios, la de dispensa para comer carne en los días de abstinencia, la de difuntos y

la de composición‖ (RESTREPO, 2009, pág. 35). Las bulas se expedían por el término

de dos años y su precio se fijaba de acuerdo con la dignidad de la persona o la cantidad

de propiedades que tuviera.

En concordancia con lo dicho acerca de la influencia de la religión católica en el

formalismo con que caracterizan algunos autores el proceso de independencia

iberoamericano y que sería un reflejo de la forma de ser de los habitantes de esta región;

a través del desarrollo que hace Alfonso López Michelsen de su tesis sobre la influencia

calvinista de nuestras instituciones y su desnaturalización católica, sobre todo la del

derecho de propiedad, se pueden establecer importantes diferencias existentes con el

protestantismo que fue, precisamente, la religión predominante de los norteamericanos

al momento de su independencia.

Dice Alfonso López (1966, pág. 31) que Calvino era ante todo un legislador por lo que

tomó las leyes del cristianismo como estaban en la Biblia y apoyó toda su doctrina en

los diez mandamientos de Moisés, a los que añadió otros como la prohibición del baile,

la bebida y el juego.

De acuerdo con la exposición que hace el autor (LÓPEZ MICHELSEN, 1966) de la

doctrina de la predestinación protestante, que sería uno de sus pilares, las obras buenas

no pueden alterarla pero sí reemplazan la oración y los ritos de las pomposas iglesias

católicas, por lo que en lugar de encomendarse a los Santos y rezar, el calvinista debe

llevar una vida cristiana y perfeccionar el oficio para el que ha sido destinado.

Por otra parte, si bien la acumulación de riquezas sin consideraciones morales sólo

legales no fue algo que pregonara alguna religión en especial, Michelsen (1966, pág. 32)

sostiene que la separación entre lo temporal y lo eterno, entre lo moral y lo legal, lo

económico, lo social, etc., consecuencia de la predestinación calvinista, dio vía libre a

dicho pensamiento.

de 194

Así las cosas, el calvinismo más que una doctrina religiosa es una forma de vida puesta

en marcha en el siglo XVII que equiparó las virtudes morales con las económicas, el

concepto de buen cristiano con el de buen ciudadano (LÓPEZ MICHELSEN, 1966,

pág. 37). Entre las virtudes que deben practicar los puritanos están la sencillez, la

diligencia, la seriedad en los negocios; los puritanos según Michelsen son burgueses,

por cuanto se oponen al orden jerárquico establecido por las normas canónicas del

sistema feudal que no dan cabida a la iniciativa individual. Max Webber citado en (LÓPEZ MICHELSEN, 1966, pág. 39) anota que el Dios de

Calvino no le exige a sus creyentes una ni dos buenas obras sino la sistemática

realización de las mismas, por el hecho de honrarlo independientemente del resultado

final pues sabe de antemano que los elegidos para salvarse ya están determinados, allí

no cabe el ciclo católico del pecado, el arrepentimiento, la expiación y el olvido; ni

tampoco se cree en el balance final entre los pecados y las virtudes para acceder a la

salvación.

Dios no es ya el personaje todo misericordioso de los católicos, sino el justo y el

omnipotente dueño del mundo que ha escogido a los unos como sus elegidos, mientras a

otros los ha destinado a tolerar la desigualdad social (LÓPEZ MICHELSEN, 1966, pág.

38).

Finalmente, según Michelsen (1966, pág. 40) el calvinismo se traduce en unas

instituciones políticas que tienen por finalidad facilitar la acción individual, el bienestar

económico, el perfeccionamiento del oficio, profesión o arte, lo que significa la

reducción de la intervención del Estado y de la Iglesia en las transacciones económicas,

la doctrina del Laissez-faire, que habría sido perjudicial para las castas vulnerables de la

sociedad, como los indígenas y afrodescendientes.

Por otro lado, de la misma forma que en la conquista y colonización españolas; la

Iglesia jugó un papel destacado en la Independencia, ya fuera defendiendo a los

patriotas o a los regalistas, por la importancia que tenía que los proyectos de unos u

otros, se mostraron alineados con la fe católica que era la de la mayoría de la población;

lo que ilustra la faceta política de la Iglesia y su condición camaleónica como otra de las

derivaciones de la superficialidad con que a veces se le identifica.

Así, habla Margarita Garrido( 2009) del apoyo de las órdenes a la campaña

independentista, bajo la idea de que los pueblos tenían derecho a nombrar sus propios

representantes; pero ello no fue unánime y otras órdenes apoyaron a los realistas,

argumentando que el bienestar del pueblo dependía de la obediencia a Dios y a la

majestad, del binomio entre Iglesia e Imperio; con lo que la religión católica sirvió de

comodín para defender todos los intereses confrontados (RESTREPO, 2009).

Por ello, los patriotas, en cabeza de Santander, tomaron atenta nota de la preocupación

de sus seguidores porque los argumentos de los realistas fueran ciertos y se terminara

separándose de Dios y, astutamente valiéndose del patronato que aún operaba, se le

exigió a los curas dictar sermones29

que legitimaran la independencia a la luz de la

29

―El sermón permite recrear, a través de todos los recursos que la retórica conoce, el mundo que los

creyentes tienen al frente, pero inscrito en una historia mayor que es la que, para el creyente, dota a ese

mundo de sentido‖ (SILVA, 2001)citado en (GARRIDO, 2009, pág. 110)

de 194

doctrina de Jesucristo y que reafirmaran la posibilidad de ser cristiano sin ser súbdito

del rey; lo que era imprescindible, tras trescientos años defendiendo la unión entre dos

majestades que negaba una opción de independencia: ―De acuerdo con él (don Luis

Calvo, cura de Sotaquirá) el problema era que los feligreses no acertaban a

<<convinar (SIC) [las nuevas ideas], con los propósitos de la Fe y Religión‖ ( 2009,

pág. 110).

Para terminar, otros de los aspectos en que se habría visto el influjo de la religión

católica en el proceso independentista fue en la constante confrontación de fuerzas y la

imposibilidad de unirse en pos de un objetivo común, fruto, según José Manuel

Restrepo (2009), de la intolerancia y fanatismo que los teólogos y canonistas, en

general, se encargaban de sembrar entre los feligreses incluso en relación con cristianos

de otras comuniones.

Acorde con esta tesis, El Libertador Bolívar (2002) en sus Cartas de Jamaica, para

ilustrar la intolerancia que en su concepto caracterizaba la religión católica se remite a

la historia de un personaje, Quetzalcoatl, sobre cuya naturaleza existían diferentes

versiones, unas que sostenían que se trató de un apóstol de Cristo y otras que era un

Dios pagano.

El punto es que sus ritos, sus dogmas, la religión que estableció, tenía gran asimilación

a la católica, pero debido a que se trató de un Dios vencido y a que la opinión

generalizada se inclinó por la versión de que era un legislador divino de los pueblos

paganos de Anahuac, del cual Montezuma derivó su poder, afirma Bolívar que los

mejicanos no se atreverían a seguirlo aunque se presentará con las formas más

semejantes a la fe católica por cuento profesaban ―la más intolerante y exclusiva de las

religiones‖. Por el contrario, hubo una gran veneración por la imagen de la virgen de

Guadalupe, proclamada durante la revolución reina de los patriotas.

Sobre la superficialidad, formalidad y ausencia de voluntad que aún en la actualidad

acusan muchos iberoamericanos y, en especial, sus dirigentes menciona José Carlos

Mariátegui (1959) que por civilización debe entenderse el predominio de la bondad, del

hacer el bien incluso sobre la ciencia y el arte; por ello define como sociedades

altamente civilizadas aquellas en que hacer el bien no es una obligación sino una

costumbre y la bondad se ha convertido en instinto.

1.3.2. Efectos contraproducentes de la adopción de instituciones ajenas a la realidad

colombiana

Como consecuencia de adoptar según coinciden varios autores, al momento de

formación de la República, unas instituciones, sistemas de gobierno, instituciones,

divorciadas de las condiciones sociales, económicas, políticas y culturales de la mayoría

de la población Neogranadina del momento; algunos de sus efectos antes que ser

benéficos causaron el efecto contrario, especialmente, en los grupos sociales que hasta

cierto punto y debido a su condición de vulnerabilidad, tales como, los indígenas y los

pequeños comerciantes y artesanos, se beneficiaban del trato diferencial protector que

les dispensaban las autoridades monárquicas, aún con la opresión de la Corona

Española. Amenazados por la avanzada de las élites criollas sobre sus terrenos, muchos

no apoyaron la independencia.

de 194

El individualismo, la igualdad, la liberalidad económica, que pregonaba el nuevo

régimen, partían del presupuesto de sociedades en las que la mayoría de sus habitantes

compartieran unas circunstancias similares y hubieran alcanzado un determinado nivel

de bienestar, lo que no se cumplía en Iberoamérica en general, donde había un marcado

sistema de jerarquización social y aunado a él una diversidad de experiencias, de

cosmovisiones, de niveles de desarrollo económico, cultural. De igual forma, en el caso

específico de los indígenas su forma de vida comunitaria era incompatible con el

individualismo que se pretendía extender a toda la sociedad.

De otro lado, la reducida eficacia que tuvo la adopción de un régimen ajeno al nivel de

desarrollo de la población receptora, especialmente, respecto a los indígenas, dio

continuidad y fortaleció una especie de imaginario colectivo que venía desde la época

colonial, consistente en que por un lado van las normas y, por otro, la realidad.

Así las cosas, en las nuevas constituciones se consagró la igualdad individual y con ella

se abolieron, al menos, legalmente, las distinciones basadas en la clase; sin embargo,

con la supresión de una estructura social segmentaria y estamental, también se

suprimieron los privilegios que tenía la clase indígena en virtud de su calidad de tal

(MARQUARDT, 2011).

Se introdujeron importantes cambios en la estructura socioeconómica pues en virtud de

la recién acogida igualdad legal, se aprobó la extinción de los tributos indígenas y la

repartición individual de los resguardos, ignorando, en este último punto, la voluntad

del campesinado que prefería su forma comunal de vida (MARQUARDT, 2011).

Sobre el particular, Fernando Guillén Martínez (1996) anota que los latifundios durante

medio siglo de independencia habían crecido a costa de los pequeños cultivadores, de

los resguardos indígenas y del mismo Estado que entregaba terrenos baldíos y

expropiados como recompensa militar a generales y agiotistas hacendados; dando lugar

a la utilización de grandes porciones de tierra sólo con carácter especulativo.

Previendo lo anterior, los indígenas hispanizados parecieran haber experimentado un

sentimiento ambivalente frente a la independencia, pues de una parte les significaba

liberarse de la opresión española pero al mismo tiempo quedar completamente

desprotegidos frente a los intereses usurpadores de las demás castas sociales,

especialmente los criollos y mestizos (GARRIDO, 1993).

Los indios del pueblo de Tocancipa ante V.E. con el debido respeto, y como mejor haya

lugar en derecho decimos que si solo para nosotros que siempre hemos sido los más

ínfimos esclavos, dura hasta ahora la esclavitud? y aún con más daño porque antes

eramos protexidos y ahora no hay quien nos ampare… (Archivo Histórico Nacional.

Quejas., págs. 518-519) Citado en (GARRIDO, 1993, pág. 303)

Así pues, tras la declaratoria de independencia, la Junta Suprema de Santa fe abolió el

tributo y elevó a los indígenas a la categoría de hombres libres. No obstante, en el

corregimiento de Ubaque, el cura Fray José de San Andrés Moya decidió no abolir la

institución de los jueces de indios quienes debían pasar a la jurisdicción de los alcaldes

ordinarios, ante lo cual, los indios enviaron una representación a la Junta Suprema en la

que acusaban al cura Moya, con el auspicio de los jueces de indios, de quererse

apoderar de sus tierras, obtener ganancia de las Cofradías y obligarlos a trabajar

forzosamente sin remuneración (GARRIDO, 1993).

de 194

En el mismo corregimiento de Ubaque en 1812 el cura Benedicto Salgar, se quejaba del

libertinaje de los indios y ponía en duda una Constitución que enfatizaba en los

derechos individuales pero no era obedecida, pues, en su decir, los indios de ese pueblo

y otros no pagaban limosnas, derechos y el buen orden estaba invertido (GARRIDO,

1993).

Resalta Margarita Garrido (1993), a partir de las evidencias citadas en su obra, la

contradicción existente entre la retórica política y la política real, sobre todo, en lo que

respectaba a la inclusión de los indios en el nuevo marco político. Éstos, no obstante la

pobreza e ignorancia, siempre estaban denunciando los abusos cometidos por los

gobernantes, en especial, la usurpación de la tierra y los malos tratos y apelando a la

mediación de la Ley, de Dios y del Rey.

Finalmente, anota John Elliott (2006), que si bien en la historiografía se habla de un

tratamiento más benevolente de los indios por parte de los españoles que por parte de

los británicos, la concesión de los plenos derechos de ciudadanía a los indios fue sobre

todo nominal y su suerte empeoró, pues la igualdad significó poner fin al sistema de

protección legal dejándolos expuestos a la explotación criolla; asimismo, la abolición

de los tributos indios tradicionales dejó sin una fuente importante de ingresos a los

virreinatos de Nueva España y Perú, que implicó la búsqueda de fuentes alternativas que

posiblemente desencadenaron una carga más pesada paro las comunidades indias.

2. RECHAZO DE MODELOS IGUALITARIOS DE SOCIEDAD

Previo a la época independentista, se presentaron acontecimientos, como el de la

Revolución de los Comuneros y la de Tupac Amaru, en los que sin estar en entredicho

la separación política de España, se trató de imponer infructuosamente un modelo de

sociedad igualitaria, diferente al de la Encomienda y al de la Hacienda que

predominaron en la colonia, característicos por la adscripción autoritaria y paternalista

al poder; proyecto al que se opusieron las élites en asocio con los peninsulares, por no

serles funcional a sus intereses. La estructura social jerárquica y discriminatoria, de

explotación de unos hombres por otros, de la Encomienda y la Hacienda habría, según

Fernando Guillén (1996) subsiste en la actualidad bajo nuevos ropajes más difíciles de

interceptar, y es un antecedente del clientelismo que caracteriza la dinámica de las

instituciones colombianas.

2.1. Fracaso de las revoluciones sociales desde abajo

En la época anterior a la Independencia de Iberoamérica se registraron tres revoluciones

especialmente importantes por el grado de movilización social, las demandas y

reivindicaciones pretendidas y los efectos que tuvieron o que pudieron llegar a tener en

el orden social; ellas fueron, la Revolución de Tupac Amaru, la de Manuel Hidalgo y,

en el caso específico del virreinato de la Nueva Granada, la Revolución de los

Comuneros, sobre la que se hablará a continuación.

de 194

Si bien la mayoría de autores coincide en rechazar la tesis de que constituyeron

antecedentes del movimiento independentista, coinciden también en señalarlas como

posibles oportunidades de transformaciones sociales desde abajo que se vieron

frustradas por la coalición de las élites con las fuerzas regalistas ante el riesgo de

movilidad y rebelión social.

Sobre la Revolución de los Comuneros, que tuvo lugar en 1781 en la Nueva Granada,

Fernán González prologuista de la obra “El Poder Político en Colombia” cuyo autor es

Fernando Guillén (1996), señala que la encomienda, aunque fue un modelo

predominante, no se extendió en todo el territorio y hubo zonas donde se dio una forma

de asociación igualitaria basada en el “pacto libre” de los vecinos, denominados

Comuneros.

La Revolución tuvo lugar porque Los Comuneros demandaban, entre otras, la

absolución del estanco del tabaco y moderar el del aguardiente, reducir el de alcabala al

dos por ciento (2%), y, en general, abolir o moderar todos los gravámenes impuestos

por el visitador Piñeres30

; sin que ello implicara el rompimiento de los lazos con España

ni el cuestionamiento de la legitimidad del rey católico (RESTREPO, 2009).

Además de los fiscales, en las Capitulaciones, documento en que se hicieron constar las

demandas de los Comuneros, se incluyó el que los curas no obligasen a los indígenas a

celebrar fiestas de la Iglesia contra su voluntad; que se concediera el derecho pleno de

los indígenas sobre sus resguardos; que los empleos se dieran a los americanos y, en

general, que hubiese una amnistía en relación con la sublevación.

La Junta Superior de Santafé se reunió el 07 de junio de 1781 y aprobó en todas sus

partes las capitulaciones de los Comuneros, ordenó cumplirlas, y dice Restrepo (2009),

y así lo juraron sobre los santos Evangelios todos sus miembros, pero en la misma todos

los vocales de la Junta extendieron un documento secreto en el que declararon las

capitulaciones acabadas de aprobar nulas pues habían tenido que aceptarlas por la fuerza

debido a que no contaban con los medios para defender el poder real que representaban.

Pero la realidad fue que los criollos y con ellos el poder hacendatario que,

originalmente, se unió con los Comuneros en contra de los peninsulares vio amenazado

su dominio por el modelo de poder social que se estaba gestando en la región Socorrana

con las avanzadas comuneras y, ante la imposibilidad de volver éstas hacia sus propios

beneficios, los criollos de la élite de Santafé y Tunja cambiaron súbitamente de partido

y prefirieron dar apoyo temporal a las autoridades regias para ahogar la Revolución

(GUILLÉN MARTÍNEZ, 1996).

Las uniones de los criollos con el pueblo, se comprobaron las más de las veces débiles,

Margarita Garrido (1993) cita al respecto, el caso de la detención del Corregidor Valdés,

el teniente Fominaya y el alférez Ruiz Monroy en el edificio de la Administración de

aguardientes, detención que era suficiente para los criollos mientras el pueblo exigía

mayor severidad en su castigo; asimismo, citando (GARRIDO, 1993, págs. 289-290) a

J.D. Monsalve (MONSALVE, 1926, pág. 23), también se menciona el caso del virrey y

su esposa en la ciudad de Santa Fe, en julio de 1810, dado que aquella era acusada de

monopolizar todo el comercio, por lo que fue detenida y en el camino insultada y

30

Juan Francisco Gutiérrez de Piñeres, fue el primer en ocupar el cargo de Visitador Regente para la

Nueva Granada, quien se encargaba de garantizar los cobros.

de 194

pellizcada por las mujeres de las clases bajas, frente a lo cual se produjo el horror de los

criollos, y una vez apaciguados los ánimos, fue conducida de nuevo al palacio por las

esposas de Camilo Torres, Antonio Nariño y el marqués de San Jorge.

Lo anterior registra una tensión entre un pueblo considerado excesivamente vengativo y

unos líderes que oscilaban entre el temor a la sublevación del mismo y actitudes

paternalistas.

En esta línea, dice la autora (GARRIDO, 1993), que las reuniones populares se

convirtieron en un arma de doble filo, pues luego de la unión lograda alrededor de los

tiranos, las élites criollas consideraban al pueblo excesivo, irreverente, maleducado,

irreflexivo y variable, llegando por esto camino a coincidir con los informes de los

realistas sobre una plebe insolente e ignorante, por lo que pronto la palabra pueblo se

divorció de la palabra plebe.

Sobre este mismo coincide John Elliott (2006), quien sostiene que en las colonias los

criollos tenían aversión por los peninsulares, pero frente al riesgo de que se estableciera

la igualdad con las demás castas, prefirieron aliarse con aquellos, como ocurrió en 1810,

cuando Miguel Hidalgo párroco de la ciudad de Dolores, lideró una revuelta tendiente a

sacudir el yugo de los peninsulares, de la que participaron los indios y las demás castas

y a la que se alió inicialmente la élite criolla; sin embargo, la incapacidad de Hidalgo

para contener la violencia de sus seguidores así como las peticiones relativas a la

abolición del tributo indio y de las distinciones étnicas, derivaron en la alianza entre

criollos y peninsulares para frenar la ola de violencia, acarreando que la mayoría de las

tropas provinciales y profesionales permanecieron adscritas a las autoridades y la

revuelta fuese disuelta.

Volviendo a la Revolución de los Comuneros, su derrota a manos de los hacendados no

se debió pues a una debilidad social, sino a la alianza estratégica entre el poder

hacendatario y los peninsulares, aunada a la intervención de focos extranjeros de poder,

como la Corona Española Mercantilista y el naciente imperio inglés, cuyos intereses

estaban en juego (GUILLÉN MARTÍNEZ, 1996).

En dicha derrota influyó bastante un hombre, el Arzobispo Caballero y Góngora, quien,

no obstante, el rechazo que generó la verdadera improbación de las Capitulaciones,

mediante intrigas causó divisiones internas y con promesas falsas a los pueblos,

especialmente, la de indulto por la insurrección, logró que los Comuneros depusieran

las armas.

Pero la realidad fue otra, la mayoría de los más aguerridos comuneros como Galán

fueron apresados, asesinados y sus cuerpos o partes de ellos exhibidos públicamente en

señal de apremio. ―Sus bienes se confiscaron, se demolieron y sembraron de sal sus

casas, y su descendencia se declaró infame‖ (RESTREPO, 2009, pág. 67). Sin

embargo, contradictoriamente, los capitanes generales de los Comuneros, don Francisco

Rosillo y don Antonio José Monsalve, se salvaron de ir al cadalso por la mediación del

mismo Arzobispo.

Menciona Restrepo (2009, pág. 67) que tal era el poder del Arzobispo Caballero y

Góngora sobre los habitantes de las provincias del Nuevo Reinado de Granada, que

después de aplacada la Revolución de los Comuneros, logró, paulatinamente,

de 194

restablecer las cargas abolidas e incluso que los pueblos se obligaran a resarcir a la

Corona los perjuicios irrogados.

Con base en lo dicho hasta aquí, Según Fernando Guillén (1996) en la Revolución de

los Comuneros, triunfó la Hacienda sobre el Común31

, lo que va a marcar la historia

posterior del país y, la Independencia no altera la estructura social dominante; el ejército

libertador representaba un modelo social diferente pues permitía la movilidad social de

los mestizos y mulatos, pero tampoco logró consolidarse, pues los federalistas contaban

con el apoyo de los hacendados-doctores que eran los jefes naturales de los campesinos.

José Manuel Groot descendiente de una familia poderosa de hacendados y cabildantes

coloniales, lo expresaba mejor, cuando sostenía con júbilo que la Independencia de

América no había destruido sino fortalecido las estructuras sociales coloniales; en el

momento que los Comuneros se dieron cuenta que el virrey había improbado las

Capitulaciones trataron de volver a las armas pero para entonces ya había un pie de

fuerza capaz de controlarlos, el Arzobispo había trabajado en hacerle conocer a la

población sus deberes y la Iglesia, a través de algunos de sus representantes, justificó la

represión de la revolución, como el padre Acero a quien cita Groot, quien ofició un

sermón en ese sentido con ocasión del homicidio de José Antonio Galán y sus tres

compañeros en febrero de 1782 en la Plaza Pública de Santa Fe (GUILLÉN

MARTÍNEZ, 1996).

Los hacendados de Santafé y de las regiones afines potencializan los ímpetus

independentistas de la región Socorrana para separarse de España, pero ya no basados

en los intereses de los capitanes del Común sino de los de los cabildos de la región

central del país (GUILLÉN MARTÍNEZ, 1996).

Así pues, durante el siglo XVIII se fortalecen y en una lucha sucesiva que tiene como

punto de partida notorio la Revolución de los Comuneros y que se extiende hasta la

derrota del General Melo en 1850, logran vencer otras formas de asociación y

ordenación social como los comerciantes y artesanos, representados por los Comuneros

años atrás y, como el ejército regular, a quienes se oponían tanto como a las autoridades

mercantilistas de Madrid (GUILLÉN MARTÍNEZ, 1996).

Desde la Revolución de los Comuneros los dirigentes autonomistas de la Nueva

Granada alinearon sus intereses con el librecambismo y ―con el creciente auge de los

navegantes y los banqueros ingleses‖ (GUILLÉN MARTÍNEZ, 1996, pág. 236). Con el

transcurso del tiempo estas alianzas se afianzan, pues el sistema hacendatario era

benéfico para la dominación interna que necesitaba ejercer el imperio británico, por lo

que fueron promotores de la Independencia americana, a través de recursos económicos,

armas y apoyo diplomático, al tiempo que se frustro la revolución social.

Los comerciantes y burócratas venidos de la Península también se aliaron con los

hacendados para lograr la Independencia, en pos de obtener un gobierno favorable al

libre comercio. Sin embargo, una vez alcanzaron el poder su aparente unidad de

intereses se resquebraja y se dividen entre federalistas y centralistas, cuya confrontación

se extiende desde 1811 hasta 1816 con la reconquista liderada por don Pablo Morillo.

31

―El Común, según entonces se llamaba la junta de los moradores de un lugar, elegía capitanes

generales en las ciudades o villas, y capitanes subalternos en las parroquias‖ (RESTREPO, 2009, pág.

56).

de 194

Así pues, con la independencia realmente no se habría producido una verdadera

revolución social sino que, esencialmente, las viejas formas cambiaron de ropaje y

fueron sustituidos unos privilegiados por otros; de todo lo cual surge el interrogante

sobre ¿cuál habría sido la suerte de Iberoamérica si alguna de las revoluciones sociales

que se gestaron desde abajo, hubiera triunfado?

2.2. Sustitución de unos amos por otros: continuidad del régimen colonial en la

Independencia

Así como no había conciliación posible entre el mundo que traía en su mente Hernán

Cortés o Francisco Pizarro y el mundo que veía Montezuma o Atahualpa, así también fue

muy difícil que las nuevas constituciones cuyas normas habían sido copiadas de

revoluciones foráneas en Francia y en Estados Unidos, pudieran tener eficacia en un

mundo en el cual el orden de privilegios y jerarquías sociales había cambiado de

titulares pero no había desaparecido‖. (GARCÍA VILLEGAS, 2010, pág. 10)

Algunos autores sostienen que con la independencia no se produjo una verdadera

transformación social, cambiaron simplemente los nombres de la clase privilegiada pero

ésta siguió imperando y sobreponiendo sus intereses; habría habido una prolongación de

las instituciones del pasado pero con nuevos ropajes y, ello sería especialmente cierto en

cuanto a los indígenas y demás clases vulnerables.

José Carlos Mariátegui (MARIÁTEGUI, 1959), habla de lo anterior, especialmente en

lo que respecta a los indígenas, en términos de una derrota del criterio administrativo,

que se remonta a la época de colonia, en el que ordenanzas sabias y prolijas se revelaron

infructuosas; de igual manera en la República, abundan las leyes, decretos, providencias

tendientes a proteger a los indios; pero ni el gamonal de hoy ni el encomendero de ayer

tienen qué temer pues saben que en la práctica ocurre otra cosa. En su opinión, con la

República no se dio pasó a la formación de una nueva clase dirigente sino que la

aristocracia latifundista de la Colonia, conservó intacto su poder, sus derechos feudales

sobre la tierra y, por ende, sus atribuciones sobre los indígenas, para quienes el

problema de la tierra es trascendental y debido a su tradición agrícola, la privación de la

tierra ha devenido en su disolución moral y material.

Con la constitución de la República y los valores y principios de que la informaron los

libertadores, se habría podido liquidar el gamonalismo o feudalidad, pero fueron

saboteados por la clase encargada de aplicarlos. El hacendado, el latifundista, son

señores feudales y contra su autoridad es impotente la ley escrita. Si bien el trabajo

gratuito y el forzado están prohibidos legalmente ambos subsisten al interior del

latifundio (1959).

Leopoldo Zea (ZEA, 1972), por su parte, señala que con la independencia política,

Hispanoamérica, realmente, no logró borrar las huellas impresas por España en su ser.

El período de la independencia se caracterizó por la alternancia entre las revoluciones y

el despotismo en una especie de círculo vicioso, en el que el rey de España fue

sustituido por el conjunto de reyes locales representantes del clero, de la milicia o de los

intereses regionales-familiares que se disputaban ahora el poder.

de 194

Un período inspirado más por un espíritu imperial de herencia del antiguo régimen que

por uno de libertad: ―Por esto sólo ha resultado una revolución política y no una

revolución social” (ZEA, 1972, pág. 71). Los privilegios continúan existiendo bajo el

nombre de unos nuevos, incluso los libertadores mantuvieron su status; las viejas

formas coloniales cambiaron, simplemente, de ropaje, a uno más moderno y por lo

mismo más difícil de interceptar y combatir. De esa forma, por ejemplo, la explotación

anterior a los indígenas fue reemplazada por la explotación del proletariado, en un

sistema capitalista en que en algunos países, las personas tienen sólo una libertad formal

de ofertar al mejor postor su fuerza de trabajo.

En apoyo de Leopoldo Zea, José Carlos Mariátegui (1959) sostiene que nada ha

cambiado con la República, los presidentes proclaman discursos en pro de la redención

de los oprimidos y protección de la raza indígena, los Congresos expiden normas que

superan la Declaración de los Derechos del Hombre, los Ministros dictan decretos, pero

de antemano saben que no se van a cumplir, así como los encargados de ejecutarlos

saben que nos le va a pasar nada si no las cumplen y ello obedece al instinto y a la

avaricia de los gobernantes, de los hacendados, de los religiosos, lo mismo que ha

sucedido desde siempre, citando al Marqués de Mancera en 164832

, cuando decía que

los pobres indios tenían como enemigo la codicia de sus corregidores, curas y caciques.

Y ello se explica, en su concepto, porque para que los redentores (de los indios)

procedieran de buena fe, se requeriría que sufrieran una transformación moral, que

tuvieran el inviolable propósito de obedecer a la justicia, que cedieran a su instinto de

rapacidad, lo cual es difícil que suceda: ―No la moral teológica fundada en una sanción

póstuma, sino la moral humana, que no busca sanción ni buscaría lejos de la tierra‖33

.

Esteban Echeverría (1987) refiriéndose al caso de Argentina, señala la poca preparación

y tiempo de la revolución americana para edificar un edificio sobre cimientos diferentes

a la herencia española, proyecto que aún así intentaron llevar a cabo pues las

circunstancias lo exigían; pero la desigualdad de clases y la legislación fueron

elementos nocivos del legado español para la efectiva realización de repúblicas

liberales.

Sobre la legislación española, que en muchos casos como el de la Nueva Granada y

Venezuela continuó operando al menos parcialmente y que en todo caso constituye un

reflejo del carácter español heredado, anota (ECHEVERRÍA, 1987) que se trataba de un

instrumento que tenía por finalidad fortalecer la tiranía de la metrópoli y favorecer los

intereses de unos sectores privilegiados, variaba según la posición social o económica;

característica por hacer los pleitos interminables y devenir en la miseria de las personas

y del Estado; que estimulaba la mala fe y los abusos y daba lugar a una jurisprudencia

variante y paralizada por las argucias escolásticas.

En la obra sobre los escritos y vida de Antonio Nariño (VERGARA Y VERGARA,

1946), se señala cómo al final no se había avanzado en nada, se obtuvo la libertad pero

los vicios prosiguieron, los obstáculos y arbitrariedades en la administración de justicia;

las restricciones al comercio; los títulos y privilegios de los dirigentes.

32

DE MANCERA, Marqués, DE SALVATIERRA, Conde, publicadas por José Toribio Polo, Lima 1889. 33

436

de 194

En este orden de ideas, en el texto que estudia los proyectos desarrollados por Jeremy

Bentham para Hispanoamérica (WILLIFORD, 1980), se encuentra un relato de la

misma en la época de la Independencia, a través del Coronel inglés Francis Hall, una de

las principales fuentes de información para Bentham sobre esta región, a menudo con

una perspectiva crítica; así, en carta escrita en octubre de 1822, enviada desde Bogotá,

Hall afirmaba que la regla general era la ignorancia, la timidez y la superstición de la

mayoría de la población, a excepción, de algunos dirigentes.

De igual forma, en Carta escrita a William Empson, editor de Edinburgh Review,

traducida por Bentham cuando éste se la permitió leer, Hall mencionaba un descontento

generalizado hacia el gobierno actual, porque con todos los cambios introducidos por la

Independencia pocos cambios había habido; en principio, para la masa de la población

sólo se había producido un cambio de amos. Señala que la Constitución, aunque

idealista consagraba principios de libertad pero la misma era manipulada de acuerdo a

las circunstancias y el país entero había caído en manos del despotismo militar del

ejecutivo (WILLIFORD, 1980).

Margarita Garrido (GARRIDO, 2009), por su parte, anota que uno de los procesos más

complejos al adoptar un sistema republicano con la independencia, fue la aceptación de

la igualdad de las castas y de los indios, varias quejas interpuestas ante los tribunales

dan cuenta de la inobservancia de las leyes por parte de los alcaldes y de los abusos que

éstos seguían cometiendo contra los indígenas.

Anthony McFarlane (2009), considera que las revoluciones iberoamericanas no trajeron

fuertes redistribuciones de riqueza y poder, algunas familias coloniales sí se vieron

desplazadas de los núcleos de poder y fueron expropiadas mientras nuevos hombres de

origen humilde ingresaban al círculo de poder, debido a sus proezas militares y

políticas, pero en general el poder lo siguieron detentando los blancos y, en especial, las

mismas familias que durante la colonia ocupaban los escalones más altos de la

estructura social: ―(…) no sorprende que los indígenas y las castas no se beneficiaran

necesariamente con las constituciones republicanas, aunque invariablemente les

hubieran concedido igualdad de derechos de ciudadanía‖ (McFARLANE, 2009, pág.

57). Así las cosas, si bien unas leyes abolieron el tributo indígena otras abolieron los

resguardos indígenas y, así sucesivamente.

John Elliott (2006) habla de la continuidad del régimen anterior en términos de

necesidad y arraigamiento, en la forma se acogieron los principios liberales pero en la

práctica se continuó con las prácticas del pasado; si bien los encargados de fundar las

naciones en Iberoamérica lo quisieron hacer sobre dichos principios la realidad era que

requerían un andamiaje administrativo que les permitiera realizarlos; la consecuencia,

fue la perpetuación de prácticas políticas, jurídicas y sociales del antiguo régimen que se

encontraban arraigadas, tales como el intervencionismo estatal que o era arbitrario o

favorecía los intereses de un sector contra los de otro, la hiperinflación normativa34

; la

discriminación racial y un igualitarismo nominal; el parentesco, el patronazgo y la

corrupción como regentes de las relaciones sociales y con el Estado para influir en sus

34

Siguiendo con la tradición monárquica española de la recopilación todavía en 1845 se

promulgó la Recopilación de Leyes de la Nueva Granada, que contenía toda la legislación

republicana expedida desde 1821, con un total de 405 leyes vigentes que daba cuenta de una

actividad legisladora activa (MARQUARDT, 2011).

de 194

decisiones, lo que imposibilitó el surgimiento de la iniciativa empresarial y la

innovación:

Alrededor de 1800 México producía algo más de la mitad de bienes y servicios que los

Estados Unidos; hacia la década de 1870 la cifra había descendido en un 2 por ciento (COATSWORTH, 1978) Citado en (ELLIOTT, 2006, pág. 581)

Asimismo, continuaron la lentitud y las formalidades vanas de los juicios en las

colonias españolas de América, atribuidas al carácter español, que se traducían en

procesos que duraban dos, tres y más años, a lo que debía agregarse las distancias de las

grandes ciudades:

(..) y la multitud de códigos, leyes, reales cédulas que debían consultarse, se verá que era

harto infeliz la suerte de los se hallaban envueltos en un pleito, en que por lo común

perdían toda o la mayor parte de su fortuna‖ (RESTREPO, 2009).

Para terminar Darcy Ribeiro (1969), se refiere a la perduración del sistema precedente,

bajo nuevos ropajes, de su obra se infiere que las instituciones coloniales de

Iberoamérica en su carácter explotador no se extinguieron sino que mudaron, el negro

de ser esclavo pasó a ser aparcero, responsable de su manutención y libre de ofrecer su

fuerza de trabajo en el mercado, pero dada su precariedad dicha libertad fue sólo

nominal.

De acuerdo con los autores citados, muchas de las prácticas del régimen colonial se

habrían extendido a la República con formas liberales, teoría que se basa, de una parte,

en el hecho que para las castas menos privilegiadas de la sociedad, principalmente, sólo

se produjo un cambio en la detentación del mando, de los peninsulares a los criollos,

permaneciendo sin cambios importantes, el sistema social jerárquico y discriminatorio

y, de otro, en el hecho que si bien algún líderes independentistas tuvieron buenas

intenciones de renovar las instituciones, la realidad no daba espera y en la práctica por

fuerza de la necesidad, de la costumbre y de la falta de voluntad política, se continuó en

muchos aspectos con el anterior sistema.

2.3. Supervivencia de la estructura social de la Encomienda y la Hacienda coloniales

Este título está basado en la tesis de Fernando Guillén (1996), según la cual La

Encomienda y su posterior transformación en La Hacienda durante la época colonial,

han influido en todos los fenómenos sociales, políticos y económicos posteriores de

nuestro país y, muy especialmente, constituyen antecedentes del fenómeno del

clientelismo35. La estructura social impuesta por dichos modelos se sobrepuso al

ordenamiento jurídico y político formal de la época de la independencia, máxime si se

tiene en cuenta que el cabildo de Santa Fe como el de las demás ciudades que

constituyeron Juntas de Gobierno hacia 1810, estaban conformados por los antiguos

encomenderos, actuales hacendados, representantes de un orden perfilado a través de

varias generaciones.

35

Fernán E. González G., en la parte introductoria de la obra, cita a Néstor Miranda Ontaneda (1980)

quien señala que la encomienda es el pecado original donde se origina el clientelismo que caracteriza

nuestra vida política.

de 194

Guillén (1996) aborda el estudio de la encomienda como estructura de asociación, con

especial énfasis en la figura del cacique que sirvió de intermediario entre la sociedad

nativa y la naciente sociedad colonial y aseguró la lealtad del pueblo indígena sin

necesidad de acudir a infundirles temor. A partir de la encomienda se crea pues una

forma de participación política de adhesión autoritaria y de sumisión paternalista que va

a crear una contradicción entre el poder formal consagrado en la legislación escrita y el

poder real ejercido por el encomendero. Néstor Miranda (1980) anota que la

originalidad del trabajo de Fernando Guillén consiste en la relación que éste entreteje

entre las estructuras asociativas agrarias y el comportamiento político en Colombia.

El triunfo de la estructura hacendataria y antes de la encomendera, habría obedecido a

que daba lugar a una participación restringida y adscriptiva de la población; que eliminó

otras formas de asociación como la de los comuneros, artesanos y el ejército y absorbió

a posibles rivales como los comerciantes, a quienes unió a su propia red de intereses.

Dice Guillén que estas asociaciones son el resultado de la combinación de varios

factores, entre ellos, las relaciones de producción y, la historia y composición

demográficas, y las mismas proyectan su sistema de status-roles sobre el conjunto de la

sociedad. Este es el papel que habría desempeñado la hacienda en la sociedad granadina

de finales del siglo XVIII, imponiendo sus normas y destruyendo otras formas de

asociación, situación que se intensifica cuando se logra la separación política de España.

La consolidación de dicho predominio se da con las confrontaciones entre federalistas

agrarios y centralistas comerciantes que inaugura el siglo XIX y culmina con la

desintegración de las asociaciones artesanales y del ejército regular en 1850.

El modelo de la hacienda36 impone, según Guillén, ciertas pautas de comportamiento, a

fin de obtener prestigio social, poder, privilegios, riqueza y seguridad vital: i.

Desarrollar una conducta paternalista frente a los subordinados; ii. Ejercer autoridad

sobre ellos basados en su ausencia de status; iii. El mimetismo y la adulación como

formas de movilidad social y de adquirir privilegios y exenciones; iv. La solidaridad

adscriptiva y hereditaria entre los miembros de la asociación hacendaria; v. La idea de

la autoridad como un derecho señorial y no como un mandato para producir desarrollo

social. Estas normas permean todos los estamentos de la sociedad, la Iglesia, la

burocracia, las Fuerzas Militares, los comerciantes, industriales, etc. quienes las

adoptan, legitiman y disimulan bajo las formas extranjeras de la democracia formal y

del capitalismo teórico.

Según Guillén, la vida de algunos próceres, o por lo menos, algunos de sus episodios,

son una buena forma de ilustrar la estructura hacendataria de la que se ha hablado; en

esta línea relata cómo Santander a través de lo que considera argucias jurídicas37 para

obtener privilegios, autorizado por el Congreso, consiguió la propiedad de la hacienda

Hatogrande, antes de peninsulares que emigraron con la Batalla de Boyacá, como

recompensa por sus servicios militares; así mientras fue vicepresidente logró que el

gobierno depositara la hacienda en Ambrosio Almeyda que había sido un guerrillero en

36

―(…) toda institución se refiere más o menos directamente a un ―sistema de valores‖, o en otras

palabras a una concepción del bien y del mal, de lo justo y lo injusto, que implica una toma de posición

<<por>> o <<contra>> (GUILLÉN MARTÍNEZ, El poder político en Colombia, 1996, pág. 232) 37

Concretamente la expedición de un Decreto con fecha falsa de cuándo Simón Bolívar estaba facultado

para conceder recompensas militares (BUSHNELL, 1985).

de 194

los tiempos de Morillo, para que la administrara (GUILLÉN MARTÍNEZ, 1996, pág.

284)38.

Sin embargo, frente a esta acusación Bushnell (1985) justifica la aceptación de

Santander basado en que al momento de asunción del cargo de vicepresidente éste no

contaba con mucho dinero y durante el ejercicio de sus arduas funciones su salario le

fue pagado de forma irregular, lo que era consistente con la existencia generalizada de

sueldos bajos que según el autor no estimulaban ni la eficacia ni la honestidad públicas,

situación que obedecía, entre otras razones, a la disminución de las rentas públicas, por

las demandas de la guerra y por la derogación de algunos tributos, sin que fueran

sustituidos. Pero a favor de Guillén, el alemán Hettner, relató de su viaje a La Nueva

Granada, que los dirigentes políticos colombianos eran retóricos, de rígido

doctrinarismo y deficiente moral administrativa; para la mayoría, incluso los de alto

nivel, servir y explotar el tesoro público significan lo mismo (JARAMILLO URIBE,

2002).

Guillén (1996) se refiere también a Antonio Nariño, hijo de un peninsular, pero su

esposa y madre eran descendientes de familias terratenientes tradicionales; quien si bien

representó los intereses no propiamente hacendarios de la Santa Fe de comienzos del

siglo XIX, con cuyo apoyo removió de su cargo de presidente de Cundinamarca, Jorge

Tadeo Lozano, defensor de los latifundistas, le permitió a éste conservar los contratos

de provisión de carnes que su familia había tenido con cualquier gobierno que tuviera

Santa Fe.

Camilo Torres, por su parte, abogado perteneciente a la clase terrateniente de Popayán y

partícipe de la élite santafereña, según la opinión de Guillén dejó compilado para la

historia, en su “Memorial de Agravios”, escrito con destino a la Junta Central de España

en nombre del Cabildo de Santa Fe, lo que podría denominarse la Declaración de

principios de la clase hacendaria que representó hasta el fin de sus días.

Las reivindicaciones a que aludía Camilo Torres en su memorial tenían que ver con el

derecho de los americanos (pero de los criollos) a participar en la creación de las

normas dictadas por las Cortes convocadas por la Junta Central de España en 1809

cuando la Península se enfrentaba a las tropas Napoleónicas. De igual forma, apoyado

en las Leyes de Partida se pronunció sobre la nulidad de los impuestos votados sin

representación y exigió para los americanos descendientes de los conquistadores las

mismas honras, privilegios, cargos burocráticos de los “hijosdalgo y caballeros de los

reinos de Castilla” (GUILLÉN MARTÍNEZ, 1996, pág. 252).

Finalmente, la evolución del gremio político burgués creó un marco para la democracia

nacional pues la expresión de la voluntad general se canalizó sobre todo a través de

partidos políticos; sin embargo, las metas y los nuevos mecanismos de la democracia

continuaban subordinados a “la energía ancestral de otros modos de articulación y de

participación en el poder público” (GUILLÉN MARTÍNEZ, 1996, pág. 42), y,

especialmente, al de la Hacienda. Así, bajo la forma de partidos políticos,

aparentemente policlasistas, la clase política burgués ocultó el verdadero contenido de

su poder social y le impidió a la gente revisar sus condiciones objetivas (GUILLÉN

MARTÍNEZ, 1996).

38

El autor remite a ver sobre este caso a (RODRÍGUEZ ABELLA, 1966, pág. 115 y ss.)

de 194

A partir de lo dicho, la Encomienda y la Hacienda son modelos sociales característicos

por una organización jerárquica, diferencial y discriminatoria de la sociedad, donde sólo

unos pocos son quienes detentan el poder, deciden sobre los aspectos que afectan a

todos y superponen su visión del mundo; la tesis de Guillén de la supervivencia de

dichas estructuras, sustentaría la participación democrática ante todo formal y la

precaria legitimidad de que gozan muchas decisiones adoptadas por los diferentes

órganos que conforman el Estado Colombiano, en la medida que el bienestar del grueso

de la población no se ve reflejado en ellas, situación que se ha extendido desde la

independencia.

3. ¿INDEPENDENCIA DE LA NUEVA GRANADA O INDEPENDENCIA

DE LOS CRIOLLOS?

En consonancia con la tesis del fracaso de las revoluciones sociales desde abajo que

tuvieron lugar en la época colonial, varios hechos apuntan a que la Independencia de

Venezuela y La Nueva Granada no se extendió a toda la población si no que se trató de

un proceso liderado por las élites, por la clase criolla de esos países, con el fin

primordial de reemplazar a los peninsulares españoles en la posición de privilegio,

honor y prerrogativas, respecto de los demás sectores de la población; por lo que la

consagración de la igualdad de todos los ciudadanos en los nuevos textos

constitucionales y la configuración y materialización del nuevo orden jurídico de la

República, no habría estado acompañado de una verdadera voluntad política de

desmontar el sistema social de clases que había imperado en la colonial, no obstante que

el mestizaje con su homogeneización de la población, hubiera obligado a modificar los

criterios de distinción.

En concordancia con la tesis de Fernando Guillén según la cual los hacendatarios, otrora

encomenderos, fueron al momento de la independencia quienes conformaron las Juntas

de Gobierno Locales que condujeron y sentaron las bases de la Independencia; múltiples

autores sostienen que bajo el disfraz de las ideas ilustradas y liberales se encubrieron los

verdaderos intereses clasistas.

Así las cosas, Margarita Garrido (GARRIDO, 1993), sostiene que las ideas de la

ilustración de la Revolución Francesa y el ejemplo de independencia norteamericano,

sirvieron de plataforma ideológica a los criollos, a las élites para llevar a cabo su

modelo de gobierno y sociedad, que necesariamente no fue el de las demás clases

sociales conformadas por mestizos, indígenas y afrodescendientes.

A través de los siguientes títulos se explorará pues el papel que jugaron los criollos en la

Independencia y futuro de Colombia.

3.1. Construcción del patriotismo criollo

Anthony McFarlane (1998) en su obra “Identity, Enlightenment and Political Dissent in

Late Colonial Spanish America”, parte de una idea central y es que el patriotismo

criollo que lideró el movimiento independentista no se tradujo en la construcción de una

nación o lo que es igual no permeó al total de la población pues estaba basado en la

de 194

identidad de clase que se alimentaba de la distinción y obtenía los privilegios y

prestigios que la fortalecían, de ella.

Comienza el autor (McFARLANE, 1998) señalando que el movimiento independentista

no movilizó ni a las clases bajas ni a las medias. El sentido de pertenencia a una clase

especial, la de los criollos, obedecía a la construcción de una identidad separada tanto de

los españoles peninsulares como de los indígenas, mestizos, mulatos, etc.

La importancia de estudiar el papel de los criollos en la historia de la independencia

radica en su percepción como clase independiente, en su papel en los cambios políticos

anteriores a la independencia y en su liderazgo posterior. Los móviles del movimiento

independentista se suelen relacionar en lo que toca a los criollos con su malestar frente a

lo que consideraban la usurpación de los altos cargos por los españoles; sin embargo,

igualmente importante resulta considerar para el efecto, el resultado de la experiencia de

los criollos como funcionarios circunscritos a un territorio durante la colonia, que

habría devenido en un sentido de pertenencia sobre el mismo, aunque McFarlane (1998)

considera que explicar la formación de un “patriotismo criollo”, únicamente, a partir de

su experiencia como funcionarios durante la colonia, es simplista, pues se trata de un

proceso más complejo que se remite al dualismo que suscitó en los criollos el estar en

un punto intermedio entre los conquistadores españoles y los indígenas.

Por un lado, desde los primeros días se experimentaron diferencias culturales entre los

españoles y aquellos radicados en América, lo que en parte se explica por la diversidad

cultural de la España misma y el mestizaje que se produjo en América entre las

particularidades de Galos, Catalanes, Andaluces, etc. Para ser criollo no se requería pues

haber nacido en América; en un principio los conquistadores siendo españoles se

sentían diferentes respecto a aquellos que nunca habían pisado el Nuevo Mundo, sobre

todo, por considerarse sujetos de reverencia equiparables a los aristócratas de su madre

patria en razón de sus hazañas militares y los territorios obtenidos para la Corona

Española (1998).

Por otra parte, la concepción de la monarquía española como un conjunto de reinos dio

pie para que la clase criolla clamara al mismo tiempo identidad y autonomía. La

identidad estaba dada porque a pese a la diferencia de costumbres compartían con la

Metrópoli el idioma, la religión y el componente étnico; la autonomía provenía del

hecho de sentirse con derechos sobre los territorios conquistados, tanto por tener como

descendientes la representación de los conquistadores, como por los servicios prestados

a la Corona; haciéndose merecedores de desempeñar los altos cargos eclesiásticos y

civiles en dichas tierras (1998).

El patriotismo de los criollos se erigió así, a partir de la concepción jerárquica de la

sociedad y de las razas, teniéndose a sí mismos como una clase dirigente atada a su

título noble de descendientes de un español (McFARLANE, 1998, pág. 313).

Es por ello que dicho patriotismo, atado a un territorio, no se tradujo, sin embargo, en la

conformación de una nación, pues el prestigio y el privilegio de acceder a los cargos

públicos que reclamaban los criollos, estaban sustentados en una posición

jerárquicamente alta en el orden social español implementado en la época de la colonia

donde los españoles y sus descendientes ocupaban el primer escaño y los indígenas y

afrodescendientes eran considerados legal y culturalmente inferiores; no obstante que

de 194

esta estructura social hubiese sido alterada con la incorporación de los mestizos, los

mulatos y los zambos que constituyeron clases intermedias producto de la mezcla racial,

las cuales con el paso de tiempo sufrieron un proceso de hispanización y aculturación,

sobre todo, en las áreas urbanas de las zonas económicamente desarrolladas, en las que

a través de la homogeneización del lenguaje y las costumbres se mimetizaron con las

clases dirigentes.

Durante la colonia el sistema de jerarquía social basado en el origen del nacimiento y en

la raza dispensaba privilegios o cargas, eran todo lo contrario a la igualdad legal, así por

ejemplo, los indígenas en consideración a su calidad de tal, debían pagar un tributo y

junto con los afrodescendientes eran tratados inequitativamente; los mestizos y los

mulatos no podía acceder a la educación, ni integrar corporaciones reservadas a los

españoles; los criollos, por el contrario, podían instruirse, adquirir un nivel profesional,

acceder a oficios civiles y eclesiásticos; sin que tampoco ello los equiparara con los

peninsulares.

Menciona Margarita Garrido (1993) que a partir de esto, se puede tomar nota del

imaginario social colonial que justificaba la jerarquía social en el honor derivado del

nacimiento y el color y que garantizaba virtud, lo que se traducía en una naturalización

de los vicios y virtudes. Así, los criollos y españoles eran virtuosos mientras los

mestizos, mulatos y pardos, denominados plebe, pueblo o libres de todos los colores,

dado su color y su procedencia de mezclas prohibidas, eran considerados dados a los

vicios, entregados a las pasiones, por naturaleza. Todo este discurso soportaba la

diferenciación social, política y moral de la que se alimentaba el patriotismo criollo.

Pero ni siquiera éste se salvó de la desintegración, Fernando Guillén (1996) señala que

hacia 1808 había una multiplicidad de patriotismos criollos circunscritos social y

geográficamente, que imposibilitaban la creación de una fuerza nacional que impulsara

la independencia respecto de España, dichos patriotismos apenas se extendían sobre la

élite criolla dejando casi al margen a los demás grupos étnicos, de la misma forma que

abarcaban especialmente sólo las principales ciudades y sus zonas de influencia, lo que

constituye una explicación a la explosión de fuerzas en apariencia antagónicas tras la

independencia, como la de los comerciantes y hacendados, la de los regalistas y

patriotas, la de los centralistas y federalistas, etc.

De lo anterior se colige que el patriotismo criollo fue una identidad de clase construida

básicamente a partir de: i. La existencia durante la época colonial de un sistema social

jerárquico y diferenciado en razón del origen y la raza, que dispensaba honores y

privilegios; dentro del cual los criollos estaban separados de los indígenas,

afrodescendientes, mestizos, mulatos, etc. y aunque en menor grado de los peninsulares;

ii. De la condición de víctimas comunes de la usurpación de cargos civiles y

eclesiásticos en América por parte de los peninsulares; iii. De la experiencia como

funcionarios administrativos durante la colonial con poder local circunscrito a un

territorio específico.

Siendo el patriotismo criollo el movimiento que lideró el proceso independentista y

sentó sus bases, reviste especial importancia el componente relativo a la concepción

jerárquica de la sociedad, cuya funcionalidad a los intereses de clase, garantizará su

pervivencia tras la constitución de la República.

de 194

3.2. Independencia de los criollos y para los criollos

Anota McFarlane que la conciencia de los criollos de pertenecer a una patria no se debe

confundir con el deseo de independencia porque el reclamo de los criollos de poder

acceder a los altos cargos civiles y eclesiásticos usurpados por los españoles

peninsulares, en la práctica, era totalmente compatible con el sistema monárquico

español (McFARLANE, 1998, pág. 315).

El pensamiento independentista sólo habría nacido o empezado a habitar y, de una

forma débil, la mente de los americanos, a finales del siglo XVIII, cuando se vislumbrar

una posible influencia de las nuevas corrientes culturales e intelectuales, en el aumento

del patriotismo criollo, que reclamaba una mejor distribución de los cargos

gubernamentales y eclesiásticos dado su lugar de nacimiento, experiencia y

conocimiento, frente al objetivo de la monarquía modernizadora borbónica, que era

“desamericanizar” la estructura administrativa real en las colonias (McFARLANE,

2009, pág. 37), a través de medidas fiscales y administrativas introducidas que buscaban

convertir las colonias en simples centros administrativos a disposición de los intereses

de la monarquía y disminuir considerablemente su grado de autonomía y participación

política, ejercida sobre todo por los criollos en el anterior sistema de los Habsburgos.

Si bien no estaba reconocido formalmente, existía una especie de acuerdo tácito sobre la

participación de los criollos en la administración de sus propios asuntos; los Borbones,

en cambio, restauraron la vieja concepción de los criollos como seres inferiores y, por

ende, incapaces de cualquier administración (McFARLANE, 1998, págs. 316-317). En

todo caso, para McFarlane (2009) resulta dudoso que la molestia por el nuevo régimen

se tradujera en un conato de independencia; realmente los criollos abogaban más por la

perpetuación de las prácticas tradicionales que por su derrocamiento.

Sobre la disputa por los cargos existente entre peninsulares y criollos, que una vez

desencadenado el proceso independentista, lo revitalizó y legitimó, escribía el

Libertador (BOLÍVAR, 2002), en sus Cartas de Jamaica, que el pacto social que regía a

los americanos era el celebrado entre la corona española y los conquistadores y

pobladores de América, el cual se debía ejecutar sin perjuicio de la real hacienda por lo

que se estableció una especie de régimen feudal a favor de los conquistadores y sus

descendientes. Pero, no obstante, existir leyes expresas que reservaban los altos cargos

eclesiásticos, civiles y de rentas a los naturales del país originarios de España, éstos

asistieron al despojo de la autoridad que se les concedía.

Una clara muestra de los conflictos de poder presentes entre criollos y españoles

peninsulares, pero a su vez, de la clara distinción entre aquellos y las demás castas, es la

petición dirigida por el Consejo Mexicano a la Corona en 1771, escrita por Antonio

Joaquín de Rivadeneira un abogado criollo, en respuesta al reporte de un funcionario

metropolitano que recomendaba la exclusión de los criollos de cualquier cargo excepto

los de medio rango:

In countries with 'their own laws of government' which Europeans had not studied, the

metropolitan official was incapable of good government because 'he comes to govern a

people he does not know, to administer laws he has not studied, to encounter customs he

does not understand, to deal with people he has never met. And ... he comes full of

European ideas which do not apply in these parts. (LYNCH, 1994, págs. 58-70) en

(McFARLANE, 1998, pág. 319)

de 194

En el mismo escrito Rivadeneira habla de la paridad en talentos y capacidad de los

criollos con los pobladores de cualquier nación; para lo cual, se deslinda por completo

de los indígenas y de aquellos que son producto de la mezcla de razas, quienes por

cierto constituían la mayoría de la población, dejando claro que no habla en su nombre,

sino, únicamente, de los descendientes de los conquistadores, de los colonizadores,

incluso de los recientes inmigrantes españoles que por lo mismo tenían tan pura su

sangre como la de cualquier español del viejo mundo (McFARLANE, 1998, pág. 320),

de acuerdo con la tradición española de la pureza de la sangre utilizada en el siglo XVI

para discriminar a quienes se denominaba “Nuevos Cristianos”; ilustrando con ello, que

el patriotismo de los criollos no se podía confundir con la noción de nación

La gran preocupación pues de los criollos fue proteger su estatus y con él sus privilegios

y mantener la distinción con el resto de la población, lo cual se veía amenazado con la

disminución de las barreras y los cambios legislativos.

En esa línea, Bushnell (1985) sostiene que el movimiento independentista no se gestó

desde abajo, como una revolución de las masas largo tiempo oprimidas por el gobierno

español, pues o no eran conscientes de las iniquidades o les eran indiferentes. Menciona

que si bien la prohibición de comerciar con países diferentes a los del imperio español

ofendía a los plantadores de Venezuela, sus efectos no interesaban a los indios

ecuatorianos y fueron evadidos rápidamente con el contrabando con las Antillas;

asimismo, la imposibilidad de desarrollar industrias iguales a las de la Península a

través de decretos españoles, no habría, según las pruebas existentes, afectado en la

práctica realmente algún sector importante de producción. El motor entonces de la

revolución, fue la exclusión no tanto legal como material de los criollos de los altos

cargos civiles y eclesiásticos, a los que no podían aspirar los hombres corrientes, y las

discriminaciones perpetradas por los españoles peninsulares (BUSHNELL, 1985, pág.

21). Aún así, los criollos estaban desunidos y tenían una fuerte tradición de respeto al

rey; por lo que el hecho, realmente, catalizador de la independencia, en su concepto, fue

la invasión napoleónica de España.

José Manuel Restrepo (2009), ratifica en gran medida lo dicho por Bushnell (1985), en

el sentido que entre las razones que llevaron a los americanos a la independencia se

encuentran su exclusión de los principales cargos civiles, eclesiásticos y militares; el

desprecio de los empleados españoles hacia los criollos y las castas en general; las

prohibiciones de la Inquisición, con sus visitas domiciliarias; la prohibición de enseñar

en los colegios y universidades la filosofía moderna, las ciencias exactas y algunos

ramos de las ciencias sociales y morales; así como de establecer minas de hierro y

manufacturas porque perjudicaban la industria metropolitana; la política comercial

monopolística y el ejemplo de independencia satisfactorio de Norteamérica.

Dichas ideas, no abarcaron, sin embargo, a toda la masa de la población pues cuatro

quintas partes vivían en la ignorancia, no sabían leer o si lo hacían sólo tenían acceso a

―el Ejercicio cotidiano o el Año Cristiano‖ (RESTREPO, 2009, pág. 37); desconocían

y no se interesaban por sus derechos, después de tres siglos de esclavitud no apreciaban

su libertad y concurrían precariamente a la elección de sus gobernantes; adicional a ello,

creían en las prédicas de los clérigos según las cuales la autoridad de los reyes de

España provenía del Cielo y eran semidioses y, un poder sólo era válido si se basaba en

dicha religión.

de 194

Por tanto, a principios del siglo XIX, la mayoría de la población granadina y venezolana

no se encontraba preparada para afrontar el movimiento independentista, sin embargo,

una pequeña porción ilustrada y con poder confió en que el resto de la población se

uniría una vez estallara la revolución.

El Memorial de Agravios, escrito por Camilo Torres, en representación de las clases

altas neogranadinas, especialmente, de las propietarias de tierras y de los doctores que

las representaban en los cabildos, constituye una prueba contundente de que las

inconformidades con la Corona Española se referían fundamentalmente a los criollos y

que las mismas no se traducían en un ánimo independista originalmente; así, aquel

escrito no dirigía una crítica a las instituciones coloniales como tal sino al hecho de que

sus representados no pudieran acceder a las mismas, el único reparo de fondo fue el de

la educación pues en ese momento se había prohibido hasta la cátedra universitaria del

Derecho de Gentes situación que Torres consideraba un obstáculo para el desarrollo

científico y técnico americanos.

En lo económico, Torres sólo se refirió a la ilegalidad de los tributos aprobados sin

representación pero nada mencionó sobre la desigualdad fiscal ni las arbitrariedades

fiscales que otras personas reclamaron antes y después de la Independencia (GUILLÉN

MARTÍNEZ, 1996).

Margarita Garrido (1993) también coincide en lo fundamental con lo dicho hasta el

momento y hace mención a su incidencia en el proyecto de independencia diseñado y

ejecutado por los criollos, en este orden de ideas, sostiene que la independencia fue en

principio un movimiento liderado ante todo por las élites criollas a partir de su

experiencia de haber sido excluidos de los privilegios y altos cargos dentro de la

burocracia colonial y de ser sujetos de la desconfianza de los españoles, así como, de su

idea de las fallas de las políticas imperiales y su creencia en la posibilidad de mejorar la

situación a partir del conocimiento de las características específicas del territorio y la

sociedad. Por lo anterior, su proyecto de independencia tenía como propósitos

principales remover a las autoridades españolas y suprimir las políticas tendientes a ―ennoblecer y blanquear las castas, la venta de puestos públicos y el otorgamiento de fueros a

pardos y gentes de color‖ (GARRIDO, 1993, pág. 279). Cita la autora (GARRIDO, 1993,

pág. 279) a Severo Martínez Peláez (1973) quien acuñando el concepto de ―La patria

del Criollo‖, dice que la misma no pretendía una modificación en la estructura social

estratificada colonial no obstante la constante apelación en el discurso independentista a

la soberanía del pueblo.

En el mismo orden de ideas, John Elliott (2006) sostiene que pese a las inconformidades

con el gobierno español y, previo a la independencia, con las medidas fiscales y

administrativas Borbónicas, las representaciones o reclamaciones de los criollos no iban

dirigidas a obtener la separación de España, si no, al reconocimiento de una igualdad de

derechos con los peninsulares y al acceso a los altos cargos eclesiásticos y civiles, con

concurrencia o, incluso, exclusión de aquellos.

El talante de algunas élites iberoamericanas y el trasfondo de algunas declaratorias de

independencia, es ilustrado por Elliott (2006), cuando menciona que, irónicamente, el

establecimiento de un régimen liberal en España sería el preludio para la independencia

de aquellas regiones que todavía no se habían perdido; en 1820, las Cortes aprobaron

de 194

una norma que prescribía que los oficiales de las milicias coloniales ya no gozarían de

fuero frente a crímenes no castrenses, privilegio del que habían gozado desde 1786,

también llegó a las colonias el rumor de que la Iglesia sería privada de algunos de sus

derechos de propiedad y privilegios, lo que dió lugar a la coalición entre criollos y

peninsulares de Nueva España contra los liberales peninsulares así como de los oficiales

y eclesiásticos.

De esa manera, la revolución de México se consiguió mediante la conspiración y no

mediante una larga guerra de liberación; la élite de Nueva España, estaba dispuesta a

remover las iniquidades sociales pero sólo de forma nominal, así que inicio una “contrarrevolución para defender un orden establecido, eclesiástico y estatal, que ya no

garantizaba su protector tradicional, la monarquía española‖. (ELLIOTT, 2006, pág. 567)

La ausencia de voluntad política de las élites iberoamericanas para dar cabida a una

verdadera revolución social y para erradicar las prácticas discriminatorias del régimen

colonial, que sentó las bases materiales del “nuevo” orden, se pueden apreciar en forma

clara, en dos sucesos que tuvieron lugar antes de la independencia, a saber, la

Revolución liderada por Tupac Amaru en Perú y la de los Comuneros en Nueva

Granada, en las que se produjeron en principio uniones entre los criollos y las demás

castas, las que se develaron efímeras, por estar sustentadas en la conveniencia más que

en la comunión de intereses y por el temor que suscitó entre los criollos la beligerancia

que demostraron los indígenas y demás clases sociales consideradas inferiores y el

temor de perder los privilegios por el establecimiento de una sociedad igualitaria; lo que

terminó pesando más que la animadversión contra los peninsulares y sus políticas

(McFARLANE, 1998, pág. 322).

Finalmente, Darcy Ribeiro (1969) anota que el movimiento independentista no fue el de

una clase burguesa nacional capitalista39

y madura contra fuerzas sociales retrógradas,

ni el del pueblo contra la oligarquía.

―El objetivo de los que controlaban la rebelión emancipadora, era sustituir a los agentes

españoles para así enriquecerse con el usufructo de la misma máquina y mediante las mismas

técnicas de explotación de la masa trabajadora y el mismo régimen de opresión esclavista‖ (1969, pág. 160).

Menciona la autora que la capa más rica de la población criolla que había sido privada

hasta ese momento del ejercicio del poder y del aprovechamiento de las regalías,

asciende al nivel de la clase dirigente, reparte entre sí los latifundios de los peninsulares

desterrados, se apropia de las minas y de las rentas de las aduanas y estancos, reparte los

cargos burocráticos menores entre los protegidos que “comienzan a multiplicarse como la

clientela del nuevo poder‖ (RIBEIRO, 1969, pág. 159)

La vinculación de los artesanos y tejedores como peones de las haciendas y la

vinculación de los hacendados a los mercados internacionales es producto del proceso

39

De otra parte anota Guillén (1996, pág. 16) que el sistema capitalista acogido en Colombia no fue

producto del desarrollo interno de las fuerzas productivas sino de un factor extraeconómico cual es el

poder político, para lo que cita el caso de Rafael Reyes quien después de la Regeneración y la Guerra de

los Mil días, estimula un feudalismo industrial, protegido y en ocasiones representado por el Estado; de

igual manera el partido republicano obliga a la Nación a rodear a los hacendatarios de las condiciones,

entre ellas privilegios, necesarias para desarrollarse industrialmente.

de 194

liderado por las élites que termina por imponer sus valores, normas e intereses al resto

de la sociedad (GUILLÉN MARTÍNEZ, 1996).

A partir de los autores citados, se puede colegir que los criollos originalmente no

perseguían la separación política de la Corona Española y su principal demanda era la

de igualdad de derechos con los peninsulares, especialmente, el derecho a ocupar los

altos cargos civiles y eclesiásticos del régimen colonial, sustentada en su calidad de

descendientes de los conquistadores y diferenciación con las demás castas sociales,

como los indígenas, afrodescendientes, mestizos, mulatos, etc.

Adicionalmente, ante la fuerza de las circunstancias, específicamente, la invasión

Napoleónica y los errores de tacto cometidos por las Juntas de Gobierno conformadas

en Cádiz, por la Regencia y por el Gobierno Pacificador, que condujeron a la

independencia, la agenda de los criollos se impuso e, independientemente, de las

formas, podría decirse que la separación política de España, fue la plataforma política

que utilizó la clase criolla para sustituir a los peninsulares en el poder sin que el orden

social anterior sufriera cambios sustanciales en la materia; por ese camino, todo habría

cambiado para que todo siguiera igual, como dice el aforismo.

3.3. Invocación a la igualdad jurídica para sustentar privilegios

De acuerdo con múltiples autores, el proyecto independentista, fue el proyecto de la

clase criolla, siendo su principal interés sustituir en el poder a los peninsulares, con

exclusión de las demás castas sociales, a cuyo propósito muchos próceres hicieron

servir ingeniosamente las ideas de igualdad y soberanía popular de la ilustración y de la

escolástica de la corriente de Santo Tomás de Aquino.

En concordancia con ello, Darcy Ribeiro (1969) hace una distinción entre el mundo de

las ideas y el de los hechos o cosas. Menciona que los intereses de la clase dirigente en

el mundo de los hechos eran apropiarse del sistema anterior de discriminación y

explotación de las clases desfavorecidas, para obtener sus propios réditos, usurpados

hasta ese momento por los españoles peninsulares, pero en el mundo de las ideas

representado por el sector ilustrado profesaban total arreglo con la teoría contractualista

de Rousseau, los dogmas católicos, la soberanía popular, etc. ―Una ideología

formalmente contradictoria pero, en los hechos, capaz de justificar y racionalizar el

nuevo orden oligárquico‖ (1969, pág. 160)

Ello explica el que a la República se hubieran extendido el diezmo, el mayorazgo y los

estancos y que en nombre de la igualdad y la libertad se hubieran atacado los resguardos

indígenas y los privilegios de la producción artesanal, a cambio de progreso y free trade.

Al respecto, Fernando Guillén (1996) menciona que es un dato sociológico importante el

que don Camilo Torres hubiere interpretado el dogma francés y burgués de la igualdad

para reclamar privilegios, honores y distinciones, lo que daría cuenta de los efectos

distorsionantes que tuvo la aplicación en Nueva Granada de ideologías políticas

contradictorias a los valores íntimos imperantes en la sociedad.

Torres construye, sobre la doctrina de Montesquieu acerca de los tres poderes, una

teoría sobre la ilegitimidad del Consejo Real de Castilla y casi se condena a sí mismo y a

sus mandantes, al repetir la opinión de Moral a quien cita: << ¿Piensa que jamás llegue

la nación a tal ceguera que se someta en todo a una aristocracia de individuos de una

de 194

sola profesión y de un interés personal?>>. La cual, no obstante, constituía la aspiración

implícita y concreta de los hacendados independentistas de la Nueva Granada (1996,

pág. 252).

Casos como el citado según Guillén permiten comprender la contradicción entre la

defensa de la Ley Civil invocada por Torres y sus compañeros y las prerrogativas del

poder hacendatario.

De igual forma, el autor trae a colación un caso que da cuenta del criterio utilitarista y

los verdaderos intereses de clase, que se escondían tras la invocación de las doctrinas

ilustradas por algunos líderes de la independencia, así, Florentino González cuyas tesis

liberales modernas habían sido un instrumento para los hacendados liberarse de las

regulaciones de la Corona, cuando se percató de que las mismas podían producir

movilidad social, las abandonó con motivaciones aparentemente técnicas. En ese

sentido se opuso al desestanco del tabaco y propendió porque el mismo fuera arrendado

a grandes terratenientes y comerciantes, pues la actividad exportadora sería arruinada si

se permitía la participación de pequeños cultivadores, inexpertos en este tema

(GUILLÉN MARTÍNEZ, 1996).

La sustentación hecha por Florentino González apoyada en el interés general y en

teorías económicas destacadas dio lugar a que la legislatura aplazara mediante la

expedición de una ley, la libre producción del tabaco hasta 1850. Pero esto realmente no

pudo realizarse porque durante los años de plazo que estableció la ley de 1848 para su

aplicación las compañías a quienes se les había arrendado constituyeron un monopolio

de hecho sobre la producción y exportación tabacalera lo que impidió en la práctica la

participación de los pequeños agricultores. Este es el caso de la familia Caycedo,

primero encomendera y luego hacendada, quien en Purificación controló la nueva

compañía de exportación tabacalera (SAFFORD) citado en (GUILLÉN MARTÍNEZ,

1996, pág. 307). Según el autor el interés de liberar la producción y exportación del

tabaco tenía como finalidad eliminar las barreras aduaneras que protegían a los tejedores

y artesanos y obligarlos a emplearse como mano de obra en los cultivos de los

arrendatarios.

Margarita Garrido ( 2009), por su parte, ilustra dicho sincretismo con el caso de

Antonio Nariño quien fuera condenado en 1794 por haber traducido y publicado la

Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano40

y en cuya defensa apeló a su

honor y privilegios para evadir una prisión en malas condiciones.

De igual manera, la autora hace referencia al “Memorial” (GARRIDO, 2009, pág. 96),

discurso en que por una lado los criollos exigían igualdad de derechos con los

peninsulares, por ser descendientes de los conquistadores y diferenciarse de los indios y

40

Sobre esto es pertinente anotar que según la tesis de Leopoldo Uprimny (1952; 1953),

Antonio Nariño hizo la traducción de la Declaración de los Derechos del Hombre y el

Ciudadano, más que con un espíritu libertario como negocio y con la creencia de que no se

trataba de algo diferente a lo predicado por la escolástica de corriente de Santo Tomás de

Aquino. Por su parte David Bushnell (1985), considera injustos los cargos contra Nariño por

deudor insolvente, pues la inversión de los recursos a su cargo como tesorero de diezmos era

legal y su insolvencia fue una consecuencia de su apresamiento a raíz de los hechos

considerados conspiratorios contra el gobierno español que aceleraron el vencimiento de las

obligaciones.

de 194

mestizos, al tiempo que solicitaban fuera tenida en cuenta la totalidad de la población

sin distingos de raza ni de clase, para efectos de computar la participación de las

provincias en las Cortes. Así pues, el lenguaje de los derechos y libertades fue en

principio empleado más por las corporaciones tradicionales que con el ánimo de crear

una nación independiente.

Para finalizar, la ambivalencia en los discursos, no se circunscribía a los criollos, así

como éstos no estaban dispuestos a perder su predominio sobre otras castas étnicas, los

diputados liberales españoles de la Corte de Cádiz, aunque pronunciaban un discurso de

igualdad, tampoco estaban dispuestos a una participación igualitaria con los

representantes americanos (1996).

La apelación pues de algunos próceres de la independencia a la ideología de la

ilustración para sustentar su derecho a gozar de los mismos privilegios, honores y

prerrogativas de los peninsulares, así como, su constante invocación a la soberanía del

pueblo con exclusión del mismo, podría informar sobre una tradición en Colombia y es

la contradicción entre las formas invocadas y los profundos intereses de las clases

rectoras de la sociedad, o lo que es igual el uso de teorías, en su mayoría extranjeras,

sobre la igualdad, la libertad, el predominio del bien común, el imperio de la ley, etc.,

para reivindicar situaciones abiertamente contrarias a su espíritu o para inhibir la lucha

social, y el empleo de triquiñuelas y argucias jurídicas para precaver los efectos

transformadores de las mismas.

3.4. Independencia: proceso antidemocrático

Dice Fernando Guillén (1996) que unos de los criterios con que debe analizarse la vida

política de una sociedad son el grado de participación en la formación de la autoridad

pública, la posibilidad de presionar por la satisfacción de sus intereses y, por último, la

posibilidad de influir en la dirección que se le dé al Estado. Y, constituyen importantes

motivaciones de su estudio sobre la evolución del poder político en Colombia, el que

en la actualidad se erija como un fin la eficacia de la participación de toda la población

en la formación de la voluntad general, el que los nuevos modelos se articulen con los

valores y tendencias históricas de creación y legitimación de la autoridad en cada

sociedad y la creencia en la posibilidad de reordenar dichas tendencias históricas.

Para Margarita Garrido ( 2009) por su parte, el tema de la ciudadanía resulta central al

estudiar el proceso de independencia, por cuanto es un elemento fundamental en la

transición que se da a un régimen republicano y democrático y porque revela la

persistencia o no de las estructuras sociales coloniales.

Dicho esto, en relación con el grado y calidad de la participación política que se dio

alrededor del proceso independentista Iberoamericano debe señalarse que muchos

autores coinciden en su precariedad, entre otras razones, por estar liderado,

primordialmente, por y para la clase oligárquica de la sociedad.

En relación con lo anterior, resulta diciente que unos de los más destacados próceres de

la independencia Neogranadina y Venezolana eran partidarios de una participación

política restringida de las clases medias y bajas de la sociedad.

de 194

En punto a la postura de Bolívar sobre el particular, David Bushnell (1980) se muestra

en desacuerdo con la tesis de su supuesto populismo en contraposición a una oligarquía

de Santander, pues “El Libertador” también pertenecía a la clase alta venezolana con

mayor tradición incluso que la de Santander, de la cual nunca renegó y, por el contrario,

en documentos como el Discurso de Angostura se pronunció en contra de una

“pardocracia” (BUSHNELL, Bolívar y Santander: dos vertienetes de una sola política,

1980, pág. 41); aunque creía fielmente en la necesidad de abolir la esclavitud y de lograr

la unión de todas las clases sociales para poder afrontar la guerra contra España, más

allá de las prioridades coyunturales, es claro que Bolívar como Santander nunca

abogaron por una verdadera participación política y sus producidos constitucionales en

éste aspecto tenía una tendencia aristocratizante.

Acerca de lo que habría sido básicamente una apelación estratégica y utilitaria de

Bolívar a las masas para asegurar la victoria sobre España, dice Darcy Ribeiro (1969)

que los movimientos independentistas estuvieron irrigados por la corriente de la

revolución de los comuneros en 1781 y por lo que denomina “nacientes patriciados”

motivados por su aversión contra el peninsular, su deseo de ejercer el control aduanero,

de acceder a los cargos y privilegios exclusivos de los españoles y recaudar las rentas de

la metrópoli; planes que obstaculizaban las masas de “pardos pobres y negros”, que

parecían no tener nada que ganar ni perder con la libertad; sin embargo, a partir de su

refugio en el Estado Independiente de Haití, Simón Bolívar comprendió la importancia

de los mulatos y negros en el logro de la Independencia y lideró ésta prometiendo la

abolición de la esclavitud y la adjudicación de tierras y ganados a los peones llaneros,

con lo que logró su apoyo. ―(…) las luchas de emancipación política resultaron una

simple alternación de la clase dirigente que, de colonial, pasa a ser nativa‖.

(RIBEIRO, 1969, pág. 159)

En todo caso, dado que el derecho a la independencia se hizo reposar en la soberanía

popular, ello dio origen al debate sobre la facultad de los pueblos de elegir

representantes a los congresos para formar la voluntad general; frente a lo que algunos

otros ilustrados como Nariño, opusieron que dada la coyuntura debían ser sólo unos

pocos hombres de luces y crédito quienes ejercieran la soberanía:

(…) Un movimiento simultáneo de todos los ciudadanos de una provincia, en un mismo

tiempo, hacia un mismo punto y con un mismo objeto, es una cosa puramente abstracta y

en el fondo imposible. El que hemos visto practicarse entre nosotros por la verdadera ley

de la de necesidad: apropiarse cierto número de hombres de luces y de crédito de una

parte de la soberanía para dar los primeros pasos, y después restituirla al pueblo.

(Consideraciones sobre los inconvenientes de alterar la invocación hecha por la ciudad de

Santa Fe el 20 de julio de 1810, citado en (PALACIOS, 1999) (GARRIDO, 2009, pág.

114))

De esta forma, a partir de la dificultad que suponía el ejercicio del derecho individual a

decidir la nueva forma de gobierno Nariño justificaba la elección de un número

reducido de ciudadanos para que establecieran por todos, sus bases, al menos,

provisionalmente (VERGARA Y VERGARA, 1946).

Pero las cosas no sucedieron según lo planeado por Nariño; las primeras constituciones

de 1811 y 1812, se basaron en un constitucionalismo histórico de origen natural o

divino pero con la implementación de las Constituciones posteriores a 1819, se adoptó

la noción de Estado, como ente abstracto y con él de poder constituyente, que sería el

de 194

encargado de crear el orden legítimo, en concordancia con lo cual, dice la autora que en

algunos escritos de Bolívar y Santander se puede apreciar el tránsito de una soberanía

popular a una soberanía de las leyes y, en 1821, cuando se discutió cuál debía ser el

alcance de la soberanía popular y cuál el tipo de relación entre los representantes y los

representados, se llegó a la conclusión que dada la escasa civilización del pueblo, éste

no podía definir las leyes, sino que debían hacerlo sus representantes atendiendo a Dios

y a su conciencia, con lo que la soberanía popular se redujo a participar de las

elecciones primarias (GARRIDO, 2009).

La implementación de una democracia ampliamente participativa no era pues un interés

real en la práctica, así lo expresaba Camilo Torres haciendo referencia a una función

representativa meramente nominal de los cabildos:

No importa que los cabildos no sean unos verdaderos cuerpos municipales con tal que

los pueblos los consideren, por ahora, como depositarios de sus derechos y como el

único órgano donde pueden expresar su voluntad. (ÁLVAREZ BONILLA, 1904, pág.

268) citado en (GARRIDO, 1993, pág. 296)

Aunque también hubo quienes suscitaron controversia frente a dicha posición, como

José María Gutiérrez en Mompox quien calificó de fraudulenta la actuación del cabildo

en nombre del pueblo, pero sin contar con él; señaló que el cabildo debía reconocer que

el pueblo vivía en una “santa anarquía” y que por ello debía dotársele del conocimiento

necesario sobre sus deberes y derechos y permitirle elegir a sus representantes; en razón

del resquebrajamiento de la autoridad legítima del rey, el pueblo debía celebrar un

nuevo pacto y legitimar al nuevo gobierno. La propuesta de Gutiérrez, sin embargo, no

fue acogida aduciendo prudencia y temor al desorden público.

Dice Garrido ( 2009) que en 1810 los notables de los cabildos convocaron al pueblo

para deponer a los gobernantes locales y erigir juntas de gobierno, con la certeza de que

eran ellos los llamados a gobernarlo. Sin embargo, el fundamento de la residencia del

poder en el pueblo, para efectos de reivindicar la formación de Juntas locales desbordó

el discurso de la naturalización de los vicios y virtudes y de las discriminaciones

sociales derivadas del mismo.

El resentimiento hacia las autoridades depuestas, por parte del pueblo, fue comprendido

por los nobles a la luz de la mencionada ideología, por lo que la nueva razón ilustrada

estaba asociada no con el pueblo sino con los nobles, sus depositarios: ―la racionalidad

que inaugura el pensamiento ilustrado se condensa entera en ese circuito y en la contradicción

que cubre: está contra la tiranía en nombre de la voluntad popular pero está contra el pueblo

en nombre de la razón (MARTÍN-BARBERO, 1987, pág. 15) citado en (GARRIDO, 2009).

De ahí la ambivalencia entre un discurso de los derechos civiles y deberes patrióticos y

la indefinición de quiénes tenían la calidad de ciudadanos y sus derechos políticos. Por

un lado se reclamaba la igualdad sobre todo de los indios y como ciudadanos se les

instaba a defender la patria y por otra, se establecieron como condiciones para elegir y

ser elegido a las magistraturas y diputaciones ser:

(…) varones libres, padres de familia y propietarios. Aun en la constitución de Cúcuta,

además de estas condiciones, se requiere saber leer y escribir, tener propiedad raíz o

ejercer un oficio remunerado o independiente. Tal falta de precisión, dice König, no se

debió a ineptitudes jurídicas, sino a un propósito claro de ocultar la diferencia entre

de 194

ciudadanos y no ciudadanos, pues dicha diferencia no convenía a la necesidad de

movilizar toda la población durante las guerras, ni a la necesidad de los letrados de

mantener el control en la república constituida. (GARRIDO, 2009, pág. 117).

No obstante las maniobras jurídicas, ante el poco beneficio reportado por las clases

explotadas, con el nuevo proyecto independista y la amenaza que representaban los

criollos sobre sus tierras, el apoyo de los indígenas a los realistas fue decisivo para la

reconquista (GARRIDO, 1993, págs. 104-105).

El cabildo de Santafé y Camilo Torres eran conscientes de los cambios políticos que se

habían producido en las colonias españolas y de que debían estar pendientes de las

repercusiones en la sociedad para evitar perder el control sobre ella a quien debían

gobernar (ALMARIO, 2004, pág. 147) citado en (GARRIDO, 2009, pág. 122). En este

sentido el Diario Político de Santafé vocero de la Junta Suprema pronto reconoció,

aunque no de forma expresa, el temor al desorden de la plebe, en cuando señalaba que

aquella había tenido que acceder a las peticiones de ésta respecto de los antiguos

mandatarios pero se había excarcelado a los virreyes por la vergüenza que les había

producido que el pueblo hubiese forzado la prisión y maltratado a la virreina cuando se

encontraba de paso por la calle (GARRIDO, 1993, págs. 277-297). Los notables tenían

pues tanto pánico de caer bajo el yugó francés como de quedar sometidos al albedrío de

la plebe.

El pueblo había sido convocado para poder liberarse del yugo español bajo la noción

abstracta de “pueblo soberano”, pero a penas éste quiso reivindicar sus derechos, su

noción de justicia, expresar a su manera su resentimiento, fue reprobado y tildado de

ignorante (GARRIDO, 1993).

A partir de lo dicho, se colige que si bien los líderes independistas se basaron en la

teoría escolástica de la reversión de la soberanía al pueblo y de la facultad de éste para

darse un nuevo orden tras el derrocamiento de Felipe VII, quien era la autoridad

legítimamente constituida; esa noción de pueblo en la práctica se circunscribía a la clase

noble, su depositaria por fuerza, dada la ignorancia, carencia de luces e incapacidad de

la plebe de decidir de forma correcta sobre los asuntos que le concernían; y si bien

personajes como Nariño, consideraron este mandato sólo temporal, lo cierto fue que con

el tiempo el divorcio entre representantes y representados se hizo permanente con el

establecimiento de una idea abstracta del Estado y del poder público. Así pues, la

República Colombiana se habría constituido con el ahogo del clamor del pueblo porque

se hiciera justicia con sus otrora victimarios y por una igualdad material; que la élite

sólo aplicó rigurosamente a la hora de cooptar fuerzas en contra de los españoles.

4. OBSTÁCULOS PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA REPÚBLICA

EFECTIVA

La efectividad de la República de Colombia tras la independencia ha sido cuestionada

porque su constitución en el papel no se tradujo necesariamente en la conformación de

una nación ni en la celebración de un contrato social al mejor estilo de Rousseau en el

que estuvieran contenidos los acuerdos, las transacciones, a que llegaron los diferentes

integrantes de la sociedad sobre las reglas que debían regir en el nuevo orden; lo que

podría explicar el nivel bajo de legitimidad y arraigo que aún hoy tienen muchas

de 194

instituciones y disposiciones del régimen jurídico político del estado y de ahí su

incapacidad para alcanzar niveles satisfactorios de materialización.

Entre los posibles factores que habrían dificultado sentar las bases de una república

efectiva en términos, sobre todo, de cohesión social y de cumplimiento de los ideales

consagrados en la Constitución, estarían, la falta de voluntad política de las élites; las

diferentes cosmovisiones, valores, experiencias y realidades atadas a la diversidad de

razas que confluyeron en Iberoamérica y de clases que estableció el sistema social

jerárquico colonial; la imposibilidad de sobreponer el interés común a la multiplicidad

de fuerzas con intereses excluyentes en que se disgregó la soberanía; al derrumbamiento

de los factores externos cohesionadores y al mismo tiempo legitimadores de la

autoridad, del antiguo régimen como eran la monarquía y la religión; a la falta de

preparación y experiencia políticas con que se arribó a la independencia; entre otros.

4.1. Resquebrajamiento de la soberanía

La incapacidad de unirse en pos de un objetivo común y la disolución de la soberanía

única en diversos centros de poder, marcó la etapa de la Independencia desde su

comienzo.

El desconocimiento del Consejo de Regencia establecido en León, por parte de la Junta

Suprema de Santafé, marcó el inicio de la contienda entre diferentes fuerzas, las

españolas y las americanas o independientes y, del federalismo o la rivalidad entre las

provincias y entre las ciudades subalternas y sus capitales, fuente de anarquía y guerras

civiles (RESTREPO, 2009). El manifiesto de Cartagena del 19 de septiembre de 1810,

que paralizó la convocatoria de los diputados de todas las provincias para que se

reunieran en Santafé, los cuales en su mayoría ya estaban confirmados, impidió la

formación de una gobierno general en los primeros días de la revolución, propagó las

ideas federales que aún no habían sido difundidas y sentó las bases de la constante

confrontación que hubo entre Cartagena y Santafé; lo que José Manuel Restrepo (2009,

pág. 125) calificaba como una acción contraria a los progresos racionales de la

revolución.

Antonio Nariño impugnó dicho manifiesto argumentando que era ineludible la

conformación de un gobierno general aunque fuera interino para evitar la anarquía, sin

embargo, con ello no se logró ni la Convocatoria para un gobierno provisional en

Santafé ni la de Cartagena para conformar un gobierno federativo en Medellín. De esa

manera, según Restrepo, donde quiera que hubo un demagogo o aristócrata ambicioso

se conformaron juntas independientes y soberanas, ―aún en ciudades y parroquias

miserables, como la del Nare‖ (2009, pág. 126).

En un recuento del estado de las provincias en el año 1811, un año y medio después de

que se sublevaran en contra de la corona española, Restrepo (2009, pág. 163) registra

que no había organización política alguna, que no se había conformado como tal una

nación pues se carecía de gobierno general. No había sido posible firmar un Acta de

Unión de las provincias y cada una actuaba soberanamente inspiradas en el ejemplo de

Rhode Island y de las demás provincias de Norteamérica: sin embargo, a su interior

habían muchas rivalidades aún entre los mismos patriotas por divergencias en la forma

de gobierno a adoptar, por ambición de mando, etc.

de 194

Sobre las rivalidades locales y provinciales, Elliott (2006) cita el caso en Venezuela, de

los cabildos de Coro y Maracaibo que se negaron a seguir a Caracas en 1810 y

prefirieron adherirse al Consejo de Regencia español.

Así pues, los movimientos independentistas se caracterizaron por la confrontación entre

peninsulares y élite criolla, entre éstos y las otras castas sociales, entre la misma élite

criolla, a partir de la formación de diferentes partidos, realistas y patriotas, federalistas y

centralistas; entre las provincias y entre éstas y las capitales, entre las capitales y las

demás ciudades, entre otros (GARRIDO, 1993).

Para ilustrar las consecuencias de la imposibilidad de llegar a un acuerdo durante los

primeros años de la Independencia aún entre las mismas élites criollas, que habría

degenerado en la reconquista española, se cita la siguiente fábula:

Conejos Federales? Conejos Centrales? Conejos Pateadores? Conejos Montalbanes?

Conejos Nariñistas? Conejos Camilistas? Cuidado, Cuydado, CUYDADO, que ya llegan

los galgos y podencos Rejentistas, y os encuentran en el mayor desorden; y en la más

espantosa desorganización, después de sinco años de muerte y devastación no habeis

dado un solo paso acertado por salvaros… ("La Fábula de los dos conejos". , 1814)

citada en (GARRIDO, 1993, pág. 350)

Así pues los patriotas divididos entre Centralistas, representados por la Junta Suprema y

los Federalistas representados por el Congreso de las Provincias Unidas; se enfrentaron

en una guerra civil múltiple y confusa desde 1812 que prácticamente concluyó con la

llegada de las tropas de la reconquista, período conocido como la Patria Boba ( 2009,

pág. 103). Anotaba Simón Bolívar en su Manifiesto de Cartagena (2002), que Caracas

fue invadida mientras se definía si las tropas federales o las provinciales debían salir a

rechazar al enemigo. Según Margarita Garrido ( 2009) fue difícil concebirse como

nación, en cambio se concibieron como un conjunto de pueblos con un Congreso

integrado por los representantes de cada uno de ellos.

En consecuencia la desunión es señalada por Anthony McFarlane (1998), como la

principal causa de la reconquista de gran parte de América por parte de España con un

moderado esfuerzo militar, y, si bien influyó el empoderamiento experimentado por los

americanos durante la primera independencia, en la segunda declaración fueron

cruciales los errores y la debilidad del reinado restaurado de Fernando VII (1998, pág.

332).

En Carta de una dama al filósofo sensible, que hizo parte de la Bagatela número 6

(NARIÑO, 1811) citado en (VERGARA Y VERGARA, 1946, pág. 173), Antonio

Nariño señaló la falta de unión y de un gobierno unificado, como razones del contraste

que había en Iberoamérica entre su riqueza natural, su tierra fértil, su variedad climática

que permite toda clase de cultivos, y la pobreza; así como, entre su riqueza humana, los

talentos, la docilidad del carácter de su gente, y la subyugación ejercida por los

extranjeros.

Ahora bien, se señalan varios factores como causas del resquebrajamiento de la

soberanía, de la imposibilidad de celebrar acuerdos tras la independencia, que podría

interpretarse como un antecedente del individualismo que acusan muchos

comportamientos de la sociedad colombiana.

de 194

Una de las causas, está relacionada con la geografía de Nueva Granada y Venezuela,

para hablar de estas dos naciones; que se caracterizaba por lo extensos y montañosos de

sus terrenos aunado a la insuficiencia de medios de transporte propia de la época y a una

población reducida, que conllevó a una especie de confinamiento de las comunidades en

territorios determinados con la consecuente construcción de una identidad en relación

con el lugar ocupado; en concordancia con ello, el sistema colonial se caracterizó por

ser regional, local, y, la experiencia administrativa de los criollos durante la colonia se

circunscribió a unos ámbitos de poder específicos.

En esta línea, McFarlane (1998, pág. 331) afirma que la fracturación de la soberanía no

se debió a la inexperiencia política como a la práctica de la organización administrativa

del antiguo régimen, que en el caso de los criollos se basaba en la gestión de los

intereses locales. José Manuel Restrepo (2009), entre otras, también identifica como

obstáculos de independencia la despoblación y las condiciones geográficas del

territorio.

Margarita Garrido ( 2009) en relación con la Nueva Granada, sostiene que la noción de

soberanía de los pueblos fue apropiada por cada uno de acuerdo con su experiencia

colonial y considerada imprescriptible e indivisible en lo que respectaba a su propio

ámbito, adicionalmente, no estaban dispuestos a continuar con los lazos heredados del

régimen anterior, es decir, con la dependencia a otras provincias o capitales.

De igual forma, la Independencia abrió la puerta para que el estatus de las personas se

estableciera en relación con el estatus de la población de la que se era vecino, porque

ello implicaba matizar las distinciones raciales impuestas por el color, en este sentido se

dice que en la Nueva Granada más que en las otras unidades coloniales la pertenencia al

pueblo fue fundadora de identidad, y de ahí la importancia concedida al territorio

(GARRIDO, 2009).

Mantener la unidad entre las colonias españolas recién emancipadas se dificultaba sobre

manera no sólo por la inmensidad de su extensión y las condiciones geográficas y

climáticas sino por el choque entre las diferentes tradiciones locales y regionales

forjadas durante tres siglos de colonización (ELLIOTT, 2006).

Un territorio vasto con muchas zonas incomunicadas dado el subdesarrollo de los

transportes, alimentó, en concepto de Jaime Jaramillo Uribe (2002) un espíritu de

disgregación y la tendencia federalista que caracterizó el siglo XIX, que no habría sido

un capricho de los liberales ni una imitación inocente de la Constitución Nacional de

Norteamérica, sino que en realidad correspondían a regiones no solo con su geografía

típica sino con una estructura económica, política y cultural propias.

Por otro lado, la dificultad de consolidar el gobierno y las naciones tras la

independencia y la reconquista de España en 1816, también habría obedecido a la

contraposición de intereses entre quienes querían que continuara el antiguo régimen, por

serles funcional a su beneficio particular, especialmente, lo referente a los privilegios, y

quienes abogaban por el cambio; entre los primeros se contaban por ejemplo los

terratenientes y el clero, y entre los segundos, los pequeños artesanos y comerciantes.

En este sentido, Popayán se distinguió en un principio por su oposición a los

movimientos independistas, dado, según Margarita Garrido (1993), a que albergaba una

de 194

gran cantidad de terratenientes y mineros, que junto con las autoridades oficiales se

beneficiaban del sistema colonial, del trabajo de los indios, de la esclavitud y de los

tributos; por tanto liderados por el gobernador Tacón, hicieron frente a varias ciudades

reunidas en la Confederación del Valle del Cauca y al movimiento independentista de

Quito.

Cita Garrido (1993, pág. 277) a J. Domínguez (1980, pág. 2) quien maneja la hipótesis

de que la adhesión u oposición al movimiento realista de una provincia o ciudad

dependió en buena parte a la calidad de las relaciones entre la élite criolla de la misma y

las autoridades españolas.

En relación con otras causas de la imposibilidad de consolidar una nación, tras la

independencia, Simón Bolívar, en su Manifiesto de Cartagena escrito en 1812 se

quejaba de la forma como se llevaban a cabo las elecciones, por la falta de libertad de

una parte y de corrección, de la otra, de los electores; los que habitaban el campo eran

ignorantes y ejercían su derecho al voto de forma autómata, mientras los que habitaban

los centros urbanos eran tan ambiciosos que todo lo convertían en facción; ―lo que

ponía el Gobierno en manos de hombres ya desafectos a la causa, ya ineptos, ya

inmorales… Nuestra división, y no las armas españolas, nos tornó a la esclavitud‖.

(BOLÍVAR, 2002, pág. 27)

En concepto del Libertador (McFARLANE, 1998, pág. 331) hubo una indebida

interpretación de la facultad de los hombres de darse su propio gobierno, como la

instauración de tantos estados y, por ende, soberanías como provincias y ciudades

existieran.

José Manuel Restrepo (2009), un testigo de la época, apunta hacia varios factores como

los responsables no sólo de la desunión sino de la ineficacia de las instituciones

extranjeras importadas; de acuerdo con ello, en su decir, las motivaciones que tenían los

venezolanos y granadinos para obtener la independencia, tenían como obstáculos los

mismos que explican tres siglos de sumisión y que constituyeron el sustrato de las

guerras civiles y divisiones de los americanos una vez obtenida la independencia, así

como, de la inadaptabilidad de los modelos externos; éstos fueron, la imposibilidad de

integrar una sociedad dividida por cuestiones de color, raza, poder, etc.; la ignorancia de

la mayor parte del pueblo, las costumbres y valores desuetos inculcados por los

españoles; la obediencia ciega a los reyes de España; el escaso conocimiento sobre

asuntos de gobierno; un reducido número de oficiales criollos y la oposición de los

poderosos españoles.

A la anterior lista agregó el papel que desempeñó Antonio Nariño pues él y, por su

conducto, La Bagatela, en su concepto fueron los responsables de fomentar la rivalidad

entre Cundinamarca y las otras provincias, de fomentar la divergencia sobre el sistema

de gobierno que era conveniente adoptar y, por tanto, de obstaculizar la unión (2009,

pág. 152).

McFarlane (McFARLANE, 2009), además de referirse a la anterior práctica local de

administración de los criollos también adjudicó la inestabilidad de las ex - colonias

americanas, al resquebrajamiento de las jerarquías anteriores, es decir, a lo que era

fuente de unión, que convirtió la disputa política en una forma de vida y la violencia en

su instrumento.

de 194

Margarita Garrido (GARRIDO, 1993), por su parte, también agrega al elemento

territorial expuesto anteriormente, las diferentes experiencias, representaciones del

orden, cultura y, ansias de poder, asociados a un sistema social jerárquico; anota que fue

común durante el proceso de independencia mezclar el lenguaje político con el moral,

siendo más importante ocuparse de estigmatizar al enemigo “el otro” que hacerlo en

acordar las bases de la nueva nación “el nosotros”.

Finalmente, Bernd Marquardt en su texto “Los dos siglos del Estado Constitucional en

América Latina” sostiene una tesis contraria a lo que se ha expuesto aquí sobre el

resquebrajamiento de la soberanía, o mejor, sobre la visión negativa de este fenómeno;

si bien el autor reconoce que ―el primer constitucionalismo de la zona norandina se

comprobó de corta vida‖ (2011, pág. 120); se muestra en desacuerdo con el término

“Patria Boba” utilizado para nombrar la historia colombiana acaecida entre los años

1810 y 1816, por la falta de patriotismo y unión que habría dado lugar a la reconquista

española hacia 1816.

Su desacuerdo responde a que tras la independencia se abrió y se exploró un abanico de

posibilidades sobre las instituciones y el modelo de gobierno a adoptar, sin que todavía

se hubiera conformado una nación en relación con la cual se pudiera predicar el

patriotismo; adicional a ello, en su concepto, era difícil prever la reacción de Fernando

VII cuando recuperó el trono en 1814, pues había sido idealizado como símbolo de

justicia para con las colonias; por lo anterior, la tesis de la Patria Boba la encuadra como

una respuesta antifederal de los partidarios del unitarismo, frente a lo cual Marquardt

(2011, pág. 121) anota la complejidad de conocer de antemano, entre un gobierno

federal y uno centralista, cuál habría sido más resistente al ejército de Pacificación, o lo

que es igual, entre atacar un solo centro o atacar varios qué hubiera sido más

estratégico.

4.2. Dificultades para la construcción de una nación

Producto del proceso de conquista y colonización españolas se dio la confluencia de

diferentes razas alrededor de las cuales, producto de los intereses imperialistas, se erigió

una teoría de naturalización de los vicios y virtudes que sirvió de sustento a la creación

de un sistema social jerárquico y diferencial que legitimó privilegios y

discriminaciones, el cual trascendió a la independencia por falta de voluntad de la élite

criolla de eliminarlo y, con el tiempo ha subsistido ya no bajo el esquema racial pues

producto del mestizaje los colores y facciones propias se han ido homogeneizando pero

sí bajo la dualidad entre ricos y pobres.

Dicho sistema desigual, además de que per se conlleva la división social, trae

aparejados otros factores que al momento de la separación política con España, se

evidenciaron como obstáculos para la construcción de una nación que fuera la base del

Estado constituido formalmente o, en otras palabras, una serie de dificultades para

construir un orden político basado en un territorio determinado, en un sentido de

comunidad política y una comunión de valores; obstáculos que se extendieron hasta

mediados del siglo XIX y en algunos lugares hasta el XX (BRADING, 1995, págs. 89-

107) en (McFARLANE, 1998, pág. 335), pero que podría sostenerse persisten aún en la

actualidad.

de 194

Así las cosas, entre las razones que imposibilitaron la celebración en Iberoamérica y, en

Colombia en particular, de acuerdos sobre una noción básica de bien común y sus

componentes o sobre unas reglas mínimas que irían a regir la sociedad de ese momento

en adelante, se encuentran las diferentes cosmovisiones, experiencias, realidades,

necesidades, valores, etc., ligados a cada etnia, raza, etc., y, a cada clase social como

parte de su identidad de tal.

En punto al tema multiétnico, Justo Sierra (1977) indicaba que existían grandes masas

de indígenas integradas y no a la sociedad hispánica, lo que representaba desafíos

económicos y etnológicos no solucionables a través de criterios individualistas simples.

En esta línea, otros autores se refieren a las pocas ventajas e incluso perjuicios, sobre

todo en materia de tierra, que reportaron principalmente los indígenas,

afrodescendientes, multados y, en menor grado, los mestizos, con un proyecto

independentista hecho a imagen y semejanza de los criollos; lo que se tradujo en cierta

apatía e incluso oposición al mismo.

Bernd Marquardt (2011), por ejemplo, señala que la revolución independentista de

Hispanoamérica se gestó desde arriba, fue promovida por las élites euro-descendientes;

mientras los campesinos indígenas, por el contrario, se mostraron fieles a la Corona

Española, como garante de su preciado modus vivendi comunal el cual querían destruir

los criollos ilustrados mediante la división de los resguardos indígenas.

Esta contraposición de intereses tenía muchas caras, que John Elliott (ELLIOTT, 2006),

identifica similares a las que se presentaron en las colonias británicas. Así, no sólo

algunos criollos se opusieron de forma oportunista al movimiento independentista, sino

que los campesinos indios y pardos en principio tampoco tuvieron interés en esa causa y

ello obedeció a que como fuera recibían protección de la Corona, como era el caso de

los que erraban libremente con su ganado en los llanos de Caracas y que veían

amenazado su territorio por las élites mercantiles y terratenientes caraqueñas.

Aunque la cuestión étnica también estuvo presente en la independencia estadounidense,

no lo estuvo en la misma proporción que en las colonias españolas en las que

predominaban las poblaciones mixtas. Cita a Perú en la que de 1.115.000 habitantes en

1795 sólo 140.000 eran blancos, 647.000 indios, 244.000 mestizos y 81.000 negros, de

los cuales la mitad eran esclavos (TIMOTHY E., 1979, págs. 16-17) citada en

(ELLIOTT, 2006, pág. 570)

Sobre los problemas de integración social indica Fernando Guillén (GUILLÉN

MARTÍNEZ, 1996) que en la provincia de Cartagena incluyendo a Mompós, la

composición étnica dificultaba la posibilidad de integrar a la sociedad en asociaciones

perdurables fuente de solidaridad y movilidad social; esto se debía a que al lado de un

reducido número de comerciantes y ganaderos blancos existía una masa amorfa de

esclavos negros y mulatos sin normas de integración, sin propiedad, sin poder derivar

ventaja alguna de la comunidad; Antioquia, sin embargo, era un caso atípico de

asociación social en su concepto. .

En la carta de Simón Bolívar (2002) al editor de la Gaceta Real de Jamaica, aquel se

propone exponer su propio punto de vista sobre la diversidad de Castas existentes en

América, que aunque los políticos europeos y americanos consideraban como principal

de 194

problema para que el Nuevo Mundo alcanzara la independencia, por las palabras del

Libertador pareciera que no compartía necesariamente esa percepción.

Anotaba Bolívar que dada la extensión de los territorios y la riqueza natural, había

paridad entre las diferentes castas existentes pues podían subsistir individualmente sin

que alguna se sobrepusiera a otra41

y había fraternidad entre ellas siendo las guerras

civiles causa de la divergencia de opiniones y de las ambiciones particulares pero no de

la enemistad en razón de la raza; en relación con el mestizaje, consideraba parte de un

futuro próspero la emigración europea y asiática que habría de aumentar la población.

Por su parte Margarita Garrido (1993), sostiene que durante las primeras etapas del

movimiento independentista la unión entre las élites criollas y el pueblo se pudo lograr a

partir de la referencia a un enemigo común, normalmente calificado como tirano: ―Montes en Cartagena, Talledo en Mompox, Valdés en el Socorro, Bastus y Falla en Pamplona

y Tacón para las ciudades confederadas del Valle del Cauca…‖. (1993, pág. 286); y no, a la

construcción de acuerdos sobre aspectos fundamentales.

Las nociones de libertad, justicia y razón incorporadas en el discurso independentista,

en oposición a despotismo, esclavitud y fanatismo, variaban de una capa social a otra,

de una población a otra, puesto que tenía que ver con las experiencias previas de cada

grupo social; y frente a la diversidad la tolerancia fue reducida y la desconfianza frente

a los otros alta (GARRIDO, 1993).

Otra de las razones que dificultó la construcción de nación fueron las teorías que de

acuerdo con Leopoldo Zea (1972), apoyado en las palabras de Simón Rodríguez,

maestro del libertador Simón Bolívar, se crearon y difundieron sobre la superioridad de

razas y la de la predisposición de unos pueblos a la civilización y de otros a la barbarie,

que como se dijo anteriormente, constituyeron la ideología del sistema jerárquico

colonial. Como la habían empleado en el siglo XVIII los españoles peninsulares, en el

siglo XIX la élite criolla utilizó la espuria teoría científica de corte Darwinista de la

emergencia de una clase social superior (McFARLANE, 1998, pág. 334).

Si bien, en Perú y en México las clases diferentes a la élite criolla mostraron un mayor

interés en acoger y participar de sus proyectos, los efectos del sistema social jerárquico

del antiguo régimen se extendieron a la república, impidiendo la formación de un

sentimiento de nación que se vio reflejado en las constantes guerras civiles, en los

enfrentamientos entre centralistas y federalistas y, posteriormente, entre liberales y

conservadores; lo que según McFarlane remarcó la importancia de transitar de una

igualdad predicada únicamente entre criollos y españoles a una que incluyera a las

demás clases étnicas (McFARLANE, 1998, págs. 334-335).

Sobre la composición social de la Nueva Granada en la época de la independencia

conocida a través del relato de viajeros extranjeros, dice Jaime Jaramillo Uribe (2002)

que la sociedad que encontraban en general, en las antiguas colonias españolas era muy

diferente a la que dejaban en Europa, por cuanto para describirla apelaban a los

términos antagónicos, clase baja o clase alta, sin que se diera cuenta de la existencia de

una clase media que suele existir en las sociedades modernas.

41

Esto podría interpretarse como una debilidad para construir nación al no haber razones para la unión.

de 194

Gosselman42

, señala que con la clase alta se identificaba el grupo blanco, ya en el siglo

XIX también a una porción de los mestizos, que era a su vez la clase dirigente,

compuesta por mineros, terratenientes y comerciantes. El pueblo bajo se identificaba

con los indígenas, que podían estar mezclados con otros grupos como era el caso del

mestizo, el zambo y el mulato, en relación con los cuales se destacaba su situación de

miseria, especialmente, en Bogotá, observación en la que coinciden el coronel

Hamilton, Gosselman, Mollien y Cochrane43

.

José Manuel Restrepo (2009), sí se refiere, sin embargo, a una clase media, hablando de

la Nueva Granada, describe que la propiedad estaba distribuida de forma regular, no

había grandes propietarios y, por ende, la nobleza o los títulos de Castilla eran escasos.

La clase noble estaba conformada por estos grandes propietarios reducidos en número y

por los altos empleados españoles, la clase media lo estaba por la descendencia de

dichos empleados y comerciantes españoles.

Volviendo a Jaramillo Uribe (2002) éste autor se refiere a ciertas diferencias en la

dinámica social por regiones según el predominio de las instituciones coloniales; así, en

Antioquia fueron débiles la encomienda y la esclavitud, pues se trató de una región

minera y comerciante que dio lugar a una estructura social más dinámica y abierta, en

últimas más democrática en términos actuales; próxima a una mentalidad burguesa y

capitalista, al tiempo que tradicionalista y conservadora, lo que explica que fuera el

centro del moderno de desarrollo industrial en Colombia. A contrario sensu, en el

Cauca, antigua provincia de Popayán, tuvo lugar una aristocracia minera y terrateniente,

usufructuaria de grandes encomiendas y propietaria de la mayor cantidad de esclavos

durante la colonia y aún en los primeros años de la República. En su seno se desarrolló

una élite política y social que hasta mediados del siglo XIX, proveyó presidentes y

caudillos que se disputaron el liderazgo con la capital nacional.

Cundinamarca y Boyacá, asentadas en el territorio de los chibchas, quizá el grupo

indígena prehispánico más desarrollado de Colombia, constituyó una región agrícola y

algo comerciante, pero como herencia de la encomienda, que fue allí especialmente

fuerte, tenía una alta presencia de haciendas con las relaciones señoriales que le eran

características.

Sobre lo dicho anota Jaramillo Uribe (2002) que una organización política común

Estado-Nación requiere que sus integrantes tengan unos derechos, intereses y mínimo

de convicciones comunes económicas, sociales y políticas, aunado a una persona o

grupo con capacidad de liderazgo, que era precisamente de lo que carecía la Nueva

Granada al momento de la independencia.

Como obstáculos accesorios a la construcción de nación y con ello al establecimiento de

una igualdad material se pueden identificar las motivaciones individualistas que tenían

ciertos españoles residentes en Iberoamérica para apoyar la causa independentista de

corriente criolla, y consistían en que “los hijos del zapatero, del sastre, del herrero, del

soldado‖ (NARIÑO, 1811) citado en (VERGARA Y VERGARA, 1946, pág. 175) que

42

GOSSELMAN, Carl August. Viaje por Colombia. 1852-1826. Bogotá: Banco de la República, 1985,

pp. 334 y ss. 43

HAMILTON, Cor. J.P. Viajes por el interior de la República de Colombia 1827. Bogotá: Biblioteca V.

Centenario. Presidencia de la República. 1992. Pp. 1, 4.

de 194

en España ocuparían la misma clase social, aquí eran señores y podían aspirar en el

futuro a los más altos cargos en la República.

Relacionado también con la concepción de honor imperante en esta región que está

atada a la inferioridad predicada de los otros, anota Leopoldo Zea (1971) que la

sociedad concebida por los anglosajones era de difícil realización entre los

iberoamericanos porque éstos consideran cualquier servicio como una disminución de

su personalidad y se caracterizan por la arrogancia, es decir, la creencia en que se puede

prescindir de los demás, el Buarque de Holanda lo decía en estas palabras: ―A esto se

debe – dice- la singular flaqueza y orden entre dichos pueblos. En una tierra donde

todos son bribones no es posible llegar a un acuerdo colectivo y duradero, a no ser por

una fuerza exterior respetable y temida‖44

.

En concordancia con lo dicho, Darcy Ribeiro (1969), se refiere a un fenómeno

específico y es el efecto que tuvo en el fortalecimiento de la alienación de los criollos

frente al resto de la población, la intervención de Inglaterra en la campaña

independentista. Inglaterra, ya no colonial sino imperialista, impulsó la formación de

naciones que nacían hipotecadas a los banqueros de dicho país, con lo que reemplazó a

España, en la conquista de un mercado privilegiado para el consumo de sus

manufacturas y para el abastecimiento de materias primas, que tenía como

contraprestación para los socios nacionales de la explotación extranjera el

engrosamiento de sus cuentas bancarias y su culturización y la de sus hijos al irse a

estudiar al extranjero. Con ello se habría consolidado una clase patricial, que podría

decirse que subsiste en la actualidad, enajenada por su postura europea y deslindada de

su pueblo ante la vergüenza que le causa su ancestro americano.

Precisamente sobre la persistencia de las distinciones sociales después de la

Independencia, no obstante la consagración formal de una clase general, la de los

ciudadanos, anota Margarita Garrido ( 2009, pág. 117), que la contienda colonial de los

libres de todos los colores por hacerse al título de don y ser reconocidos como vecinos

se proyectó a la contienda por adquirir la calidad de ciudadanos y ser tratados en

igualdad de condiciones; la queja de un vecino de Rionegro contra su alcalde da cuenta

de ello, cuando se refiere a dos clases de ciudadanos, unos denominados decentes y

cuyos derechos son inviolables y otros llamados plebeyos cuyos derechos son de libre

disposición de los jueces (Villa de Marinilla, 1822-1826) citado en (GARRIDO, 2009,

pág. 118).

Para terminar, a diferencia de Iberoamérica anota John Elliott (ELLIOTT, 2006) que las

trece colonias aunque de carácter diverso se unieron en 1776 en un acto colectivo contra

la autoridad británica, en la medida que fueron dirigidas por un cuerpo constitucional

compartido, esto es, el Congreso y por medio de un ejército continental compartido,

ésto había estrechado y generalizado las relaciones sociales. Por el contrario las

naciones iberoamericanas despertaron al presente independentista sin haber

experimentado un proceso de colaboración mutua por unos fines comunes.

4.3. Ausencia de cultura y preparación políticas

Muchos autores coinciden en señalar que los Iberoamericanos no se encontraban

preparados para afrontar los desafíos que implicó el proyecto independentista, es decir,

44

BUARQUE DE HOLANDA, Sergio. Raíces del Brasil. México: Fondo de Cultura Económica. 1945

de 194

no estaban preparados para autogobernarse, idea que cobra validez cuando se tiene en

cuenta que la voluntad original de las colonias no fue la de separarse de la Corona

Española, sino, la de oponerse a la usurpación ilegítima del poder por parte de Francia

con miras al restablecimiento de Fernando VII como monarca.

Dicha falta de preparación estuvo dada por las condiciones propias de la población al

momento de la Independencia determinadas por la experiencia colonial previa, entre las

cuales se contaban la ausencia: de una cultura participativa, de una clase dirigente, de un

pueblo con capacidad de discernimiento y, de conocimiento y experiencia en el manejo

de la cosa pública; lo que habría ocasionado, entre otros, la oscilación entre el

despotismo y la anarquía45

; la desfinanciación del Estado, la reconquista de los

españoles, etc.

Sobre las condiciones de educación de la población existentes al momento de la

Independencia, José Manuel Restrepo (2009, pág. 32) hace una amplia exposición en la

que da cuenta, por una parte, que el grueso de la población era analfabeta y, por otra,

que quienes tenía el privilegio de recibir instrucción superior, se convertían,

principalmente, en abogados o eclesiásticos; lo que podría decirse, se traducía en un

pueblo desconocedor de sus derechos y obligaciones y en el predominio de una

administración legalista del Estado.

Así las cosas, habla Restrepo (RESTREPO, 2009) sobre la ignorancia de la masa

general de los granadinos y venezolanos durante los tres siglos de la colonia. Los indios,

los esclavos, labradores y artesanos, que representaban cuatro quintos de la población,

no aprendían ni a leer ni a escribir dada la existencia reducida de colegios, sólo

existentes en las ciudades populosas, los cuales no eran dotados por la corona española

sino por los cabildos o particulares; así las cosas, los conocimientos religiosos del

grueso de la población se reducían a un catecismo breve enseñado por sus padres o por

los curas y a los ritos externos de la religión que veían practicar desde niños;

reduciéndose la moral a la repetición de las máximas de los curas (RESTREPO, 2009,

pág. 32).

Los hijos de los propietarios más acomodados, de los mercaderes, comerciantes y

empleados del gobierno, accedían a una mejor educación pero aún así sólo aprendían a

leer, escribir y contar, y algunos otros hacían una de dos carreras, para clérigos o

abogados. En todo caso los estudios se reducían a: principios de gramática latina, sin

abordar antes los de la lengua castellana; la filosofía peripatética estudiada en latín, en

materia jurisprudencial, el derecho civil de los romanos y el canónico o los decretales de

los papas; en teología moral y dogmática vanas cuestiones introducidas por la filosofía

peripatética que en nada contribuían a conocer la religión cristiana y la moral. Sólo en

los años que antecedieron a la revolución se formaron los primeros médicos en Caracas

y Santafé (RESTREPO, 2009).

La química, la mecánica, la hidráulica y, en general, las ciencias exactas eran

desconocidas pese a su contribución al aumento de la riqueza y al perfeccionamiento de

las artes y, con importantes repercusiones para el devenir de la independencia, el estudio

45

Leopoldo Zea (1972) sostiene que la emancipación de los americanos llegó sin que estuvieran

preparados para el ejercicio de la libertad adquirida, por ello, su degeneración en anarquía a la que se

respondió con despotismo y, así, sucesivamente.

de 194

del derecho público y la política estaban prohibidos, circunscribiéndose la ilustración de

la Nueva Granada y Venezuela a las principales ciudades y a las profesiones de abogado

y eclesiástico; todo lo cual se podía explicar a través del mandato: ―los criollos no

debían aprender otra cosa que la doctrina cristiana, para que permanecieran

sumisos‖46

.

A manera de síntesis anota José Manuel Restrepo (2009) que el filantropismo de los

gobiernos de las provincias, su falta de experiencia en la política y la administración

públicas y la ausencia de un gobierno nacional supremo, impidió que se tomaran las

medidas conducentes para evitar la anarquía.

En concordancia con lo expuesto por Restrepo, David Bushnell (1985) señala que uno

de los problemas administrativos más graves tras la independencia fue la escasez de

funcionarios públicos calificados, había muchas zonas donde había un reducido número

de personas con facilidad para leer y escribir, y las personas con conocimientos

especializados eran mínimas; la formación jurídica, según Bushnell (1985, pág. 57) una

de las más útiles en diferentes ramos de la administración era reducida, mientras en la

actualidad hay una sobreoferta de abogados en los países latinoamericanos, en una

época sólo se pudieron contar siete abogados en Popayán47

y esto era significativo por

el ya mencionado énfasis de la educación en Hispanoamérica en la abogacía y la

teología.

También fue diciente del reducido número de hombres calificados y, además contrario

a la doctrina de la separación de los poderes, el que una sola persona ocupara varios

cargos; por ejemplo el de gobernador e intendente eran legalmente incompatibles con el

de congresista, pero ello se evadía designando a los congresistas en dichos cargos

provisionalmente, porque la prohibición no aplicaba48

.

Por su parte, John Elliott (2006) en perspectiva comparada con las colonias británicas,

hace referencia a la ausencia de una cultura política participativa, como una de las

falencias para afrontar la independencia; por cuanto en las colonias españolas no

existían espacios para la deliberación de los temas comunes a sus poblaciones, existían

los cabildos de las ciudades principales como Santa Fe de Bogotá, México y Lima, los

cuales elevaban solicitudes en nombre de la comunidad pero a menudo se topaban con

la oposición de cabildos rivales.

Adicional a lo anterior, si bien las comunidades indígenas participaron entusiastas en la

elección de sus oficiales locales durante la época colonial, los cabildos criollos dice el

autor eran oligarquías que se perpetuaban así mismas y que no permitían la

participación extendida; por tanto, tras el derribamiento de la autoridad real no hubieron

asambleas que actuaran como alternativa de mando; por el contrario, en las colonias

británicas antes de la independencia había una larga tradición de asambleas

representativas (2006).

46

De acuerdo con Nota del Editor, en la edición de 1827 esa frase era atribuida al arzobispo de Santafé

don Jaime Martínez Compañón (RESTREPO, 2009, pág. 32). 47

Actas, Congresos, 1823, p. 167; A.H.N., Interior y Relaciones, CXXXI, pp. 285-286, 355-356, 544-

557. Citado en (BUSHNELL, 1985, pág. 57) 48

Actas, Cámara, 1824, pp. 171-172; A.H.N., Corresp., Cámara (Hacienda), 13 de mayo de 1823.

(BUSHNELL, 1985, pág. 59)

de 194

Anota, finalmente, Elliott (2006, pág. 577) que con todas sus deficiencias el imperio

español creó un ―marco indispensable para la vida colonial‖ (ELLIOTT, 2006, pág.

577), así los decretos reales tuvieran una eficacia precaria el aparato administrativo

imperial había calado en las colonias americanas y los fundadores de las nuevas

naciones no estaban bien preparados para sustituirlo.

Simón Bolívar (2002), por su parte, en las Cartas de Jamaica, resalta la ausencia de una

clase dirigente en Hispanoamérica y lo adjudica al haber estado subyugada a un

gobierno absoluto, en el que la voluntad del soberano era la ley suprema y ésta se

aplicaba arbitrariamente por los súbditos que investidos de autoridad reproducen la

tiranía y exclamaba que si tan sólo los americanos hubiesen tenido la administración de

los asuntos domésticos, al momento de la independencia conocerían la dinámica de la

cosa pública.

Empero, sobre la tesis que durante los tres siglos que se extendió la colonia los criollos

no habían sido sino oprimidos, John Elliott (2006) manifiesta que por un largo período

éstos ejercieron un considerable grado de control que sólo se redujo en las últimas

décadas del siglo XVIII; frente a lo que no hay que perder de vista que los criollos

representaban sólo una capa minoritaria de la población.

Sobre la situación de los americanos bajo el régimen colonial, que constituye la base

sobre la que se asentó la independencia, señala Bolívar su predisposición para el trabajo

como siervos y muchas veces para el simple consumo y, aún así, con restricciones para

cultivar productos que se dieran en Europa, y aún los que no; con una alta carga

tributaria y prohibición para el comercio directo entre provincias; siendo el futuro que le

esperaba a los pobladores de América, según Bolívar, cultivar añil, grana, café, caña,

algodón, cacao, criar ganados en las vastas llanuras, cazar animales salvajes en los

desiertos y extraer minerales para satisfacer el apetito insaciable de los peninsulares

(2002, pág. 43).

Así pues, los americanos habrían súbitamente y con desconocimiento de la

administración de los negocios públicos, entrado a desempeñar las calidades de

magistrados, diplomáticos, legisladores, generales y, demás autoridades de los Estados

organizados (BOLÍVAR, 2002).

En concordancia con lo dicho, David Bushnell (1985)

atribuye a la inexperiencia en la administración de los asuntos públicos, el período

denominado, originalmente, sólo para la Nueva Granada, “Patria Boba”, transcurrido

entre 1810 y 1816, en el que la principal preocupación de los granadinos fue expedir

constituciones antes que organizar una defensa en contra del enemigo común español;

constituciones además idealistas y poco prácticas. El sistema federal fue concebido

como el más perfecto y cada provincia y con frecuencia las partes de ella, debían ser

estados soberanos con sus propias constituciones. Sin embargo, el autor señala que más

allá de las falencias de los textos constitucionales el principal problema fue la falta de

un acuerdo sobre la forma de gobierno a adoptar.

Algunos aspectos en que se vio claramente reflejada la falta de preparación con que los

iberoamericanos y, en particular, los colombianos arribaron al estadio republicano,

fueron los siguientes: i. El gobierno centralista fue combinado con la tradición colonial

de trasladar las decisiones de los cargos bajos a los altos, lo que acarreo que en éstos se

de 194

tuvieran que ocupar hasta de los más mínimos detalles, como la elección de un portero

interino para la casa de moneda de Bogotá (BUSHNELL, 1985, pág. 55); ii. Se continuó

con la vieja tradición española de la etiqueta que retardaba enormemente la

administración de los asuntos:

Entre los triviales asunto dirigidos al Gabinete se encontraba el de si la Corte Superior

del Centro podía comunicarse con los intendentes simplemente a través de su secretaría

o si el presidente de la Corte tenía que firmar personalmente todos los mensajes.

(Acuerdos, págs. 58-59) citado en (BUSHNELL, 1985, pág. 56)

iii. Un gran número de provincias abolieron la mayoría de los estancos y tributos sin

sustituirlos por otros, con lo que escasearon las rentas, dando muestra de la escasa

experiencia de las Juntas de Gobierno en los negocios administrativos (RESTREPO,

2009); iv. El estado militar también fue insuficiente pues algunas provincias seguían la

idea de que las tropas regladas eran peligrosas a la libertad, frente a lo que Restrepo

(2009) anota que este principio en los textos de Rousseau era admirable pero en la

realidad en la cual su adopción no es generalizada, las provincias debían estar

preparadas para repeler ataques externos. Sin embargo, sobre el tema militar Bushnell

opina que no obstante los yerros, la empresa de afrontar la guerra y consolidar un nuevo

régimen fue afrontada con bastante éxito (1985, pág. 29).

4.4. Los conflictos que generó la Independencia en el imaginario colectivo

El derrocamiento de la autoridad legítima encarnada en el rey Fernando VII, por obra de

los franceses, que culminó en la independencia de las colonias, introdujo profundos

cambios en el imaginario de las sociedades Iberoamericanas con múltiples

consecuencias en su integración interna, en su relación con la autoridad, en la forma

como se interpretaron y acogieron las instituciones extranjeras.

Para los próceres de la independencia y la sociedad en general, la adopción de las

teorías contractualistas del poder representó una dificultad pues implicaban la

disponibilidad de la autoridad y de las instituciones, a contrario sensu, del concepto de

majestad remitida a una fuente divina y, por ello, inamovible de poder, lo que habría

podido repercutir en la obediencia del pueblo, ante la posibilidad ahora de cuestionar la

legitimidad de la autoridad.

Adicionalmente, lo que daba cierto grado de unión a las poblaciones americanas en la

época colonial eran elementos trascendentes como la religión, la monarquía y el

heroísmo personal, que fueron en gran parte destruidos tras la invasión Napoleónica y

no sustituidos por nuevos elementos cohesionadores tras la independencia.

En un estudio sobre la Majestad en la Nueva Granada y Venezuela, María Teresa

Calderón y Clément Thibaud (2010), relatan a grades rasgos que en un primer momento

el movimiento independentista no se dio contra España y mucho menos contra la

monarquía, se dió contra la España Napoleónica, contra la invasión francesa. Debido al

temor de ser invadidos, lo cual fue visto por La Nueva Granada y Venezuela como un

estado de necesidad que ameritaba una solución extraordinaria, buscaron la forma de

abrogarse la plenitudo potestas del rey Fernando VII, con el fin principal de defenderse

externamente, para lo que emplearon la noción de soberanía de los autores más

reconocidos de la neoescolástica del Siglo de Oro, según la cual el poder unificado,

de 194

depositado originalmente por Dios en el pueblo y que éste a su vez, delegaba de forma

permanente en el rey para su ejercicio, revertía al pueblo ante la ausencia del monarca.

Fue así como el 19 de abril de 1810, rechazando la autoridad de la Regencia, que vino a

reemplazar a la Junta Central ante el triunfo de Francia en España, conformaron la Junta

Suprema de Gobierno que ―se declaró depositaria de la <<Suprema Autoridad>> en

nombre de Fernando VII‖. (Acta del Ayuntamiento de Caracas, 1810) citada en

(CALDERÓN & THIBAUD, 2010, pág. 182)

Sin embargo, la separación política de la Corona Española no tuvo marcha atrás y con

ella no sólo se produjo un cambio del titular de la soberanía si no que Iberoamérica,

marcada por una tradición de legitimidad religiosa y de incorporación, tuvo que

inventarse una forma de edificar el sujeto de la soberanía y una manera inédita de

representarlo.

¿Cómo explicar la aparición precoz de los Estados, de los ciudadanos y de las libertades

en un espacio sometido-según el lugar común de la historiografía liberal- a la

clerocracia y al oscurantismo político y social? (CALDERÓN & THIBAUD, 2010, pág.

26)

Marcel Gauchet (2005) citado en (CALDERÓN & THIBAUD, 2010) anota que el

origen del poder en el Antiguo Régimen es divino, su ejercicio corresponde al monarca

y la finalidad es la salvación del colectivo, esta estructura cuya coherencia simbólica

está asegurada por la religión católica se descompone con la República, pues el poder

comienza a residir en el pueblo, se renuncia a una finalidad trascendente y su ejercicio

se divide con el fin de asegurar la libertad.

Para los contemporáneos, fuertemente imbuidos de un imaginario monista de raigambre

religiosa que detrás de la aparente diversidad del mundo reconoce un único principio

rector, reflejo del principio constitutivo del universo, testimonio de la anterioridad y

supremacía de Dios sobre todas las cosas, que encontraba en él su fuente y finalidad,

esta vivencia parece asociada a una pérdida de la referencia integradora representada

en la cabeza del monarca, y provoca una reversión de la soberanía. (CALDERÓN &

THIBAUD, 2010, pág. 211)

La legitimidad del poder entonces adquirió la categoría de problema cuando perdió su

componente trascendente tras la independencia, cuando el orden jurídico-político se

convirtió en obra humana y se comienza a cuestionar el fundamento del poder, de la ley

y, en consecuencia, de la obediencia. En el antiguo régimen la soberanía se encontraba

encarnada en el monarca cuyos mandatos era fuente de ley y de justicia incuestionada.

En la era liberal esta construcción se desmorona.

Señalan los autores (CALDERÓN & THIBAUD, 2010) que si bien hoy resulta sencillo

comprender las teorías contractualistas rousseaunianas, para los hombres del siglo

XVIII, resultó difícil su adopción pues el concepto de poder que había imperado en la

colonia era el de Majestad y éste se remitía a un principio inamovible, trascendente,

incuestionable que era la preeminencia de un orden divino, por el contrario las teorías

contractualistas significaban autoinstauración, autorrefrendación y, por ende, la

posibilidad de ser revocadas constantemente según el parecer de los hombres

(CALDERÓN & THIBAUD, 2010).

de 194

Los aspectos organicistas, comunitarios o corporativos de estas revoluciones no fueron

menos centrales en la construcción de las repúblicas independientes que los elementos

propiamente liberales‖. (CALDERÓN & THIBAUD, 2010, pág. 38)

Para explicar los cambios que produjo la independencia en los símbolos de autoridad de

la cultura colonial, a saber, el rey y Dios, Garrido ( 2009, pág. 110) acude a la teoría de

la “confusión de lenguas” de Geertz (1997, pág. 38), según la cual los conflictos

sociales se dan más porque las formas culturales son presionadas por situaciones

inhabituales a obrar de una manera diferente, que porque dichas formas dejen de obrar

por cualquier causa.

En la misma línea, anota Margarita Garrido ( 2009, pág. 106) que después del triunfo

patriota en Boyacá en agosto de 1819, se continuó debatiendo sobre el lugar que debía

ocupar Dios, el ejército, la Constitución y la ciudadanía en el nuevo orden republicano;

pasando la Carta Fundamental a ocupar el lugar del rey por lo que fue sacralizada por la

gente corriente, comparándosele con las leyes de Dios, al no ser posible concebir a los

gobernantes como ungidos por Dios. La sacralización de la Constitución y, en términos

generales de la ley, se identifica como un posible antecedente del legalismo

característico de Colombia.

Sin embargo, sostiene la autora (GARRIDO, 2009) que todavía por mucho tiempo

después de la independencia en el imaginario social, la soberanía popular, fuente natural

del poder que lo deposita en el constituyente, el cual una vez expedida la constitución

cesa en sus funciones, continúa teniendo un origen último sagrado, siendo el monismo

eclesiástico-imperial reemplazado por el monismo religión-patria.

La crisis de legitimidad del poder que vivieron los iberoamericanos y, en particular, los

neogranadinos se puede ilustrar con la Constitución de Cundinamarca, aprobada el 04

de abril de 1811, por el Colegio de Cundinamarca presidido en ese entonces por Jorge

Tadeo Lozano, que estableció una monarquía pero liberal, al concebir un modelo de

reunión dinástica de estados bajo la autoridad de Fernando VII, pero condicionada a su

ejercicio personal desde Cundinamarca pues de lo contrario la ejercería un presidente; lo

que en la práctica sucedió así, dado el apresamiento del monarca Borbón a manos de

Napoleón (MARQUARDT, 2011).

Para concluir, con la independencia se produjo un resquebrajamiento del imaginario

social y fue necesario dotar de sentido el nuevo orden jurídico-político, cuya

recomposición estuvo marcada por los debates sobre las instituciones que deberían regir

en las Repúblicas nacientes. Se refiere Garrido ( 2009) como parte de este proceso de

transición, al sentir de los criollos de ser los llamados a gobernar; a la apropiación de la

soberanía popular por cada pueblo y cada villa; al cambio de la fuente de las virtudes

que era la raza por la pertenencia a un pueblo, por la calidad de ciudadano y/o soldado;

la sacralización del proceso independentista; la percepción de la época colonial como un

período de sometimiento y servilismo; la asociación de los españoles con vicios; la

sustitución del rey por la constitución y la lenta apropiación del lenguaje de los

derechos y libertades por parte del pueblo.

5. VISIÓN COMPARADA DE LA INDEPENDENCIA IBEROAMERICANA

de 194

Desde una perspectiva comparada con Norteamérica, principalmente, el proceso de

Independencia Iberoamericano fue diferente en muchos aspectos que podrían estar

relacionados con el grado mayor de cercanía que se registra en ese país entre los

principios y la realidad.

Entre dichos aspectos se cuentan: que en Norteamérica el proceso independentista fue

un propósito perseguido, conscientemente y producto del desacuerdo con la forma como

venía ejerciendo el poder la monarquía inglesa; con la Independencia, básicamente, se

habría refrendado un orden de cosas que ya imperaba en la realidad, es decir, se

reconoció la independencia de las colonias, la participación y el debate políticos, la

igualdad de los ciudadanos, si bien no de todos, que ya existían en la práctica.

En ese sentido, no fue un proceso tendiente a la sustitución por parte de las élites del

lugar ocupado por la monarquía inglesa; con la Independencia no se pretendió echar

tierra al pasado colonial y a las instituciones sajonas, pues estas eran consideradas

convenientes y, en aras de llegar a un verdadero acuerdo entre las colonias que les

permitiera perseguir el objetivo común, pospusieron ciertas medidas como la de la

abolición de la esclavitud; lo cual si bien no es deseable desde ningún punto de vista,

podría denotar cierto grado de sensatez y creencia en que lo que se establece es para

cumplirlo.

Sin embargo, si bien las distinciones mencionadas pueden ubicar a América del Norte

en un lugar preponderante frente a Iberoamérica con relación al proceso

independentista; existen otras perspectivas del fenómeno que tendrían el efecto

totalmente contrario siendo una de ellas, la de la reivindicación de la región hispana en

la historia del Constitucionalismo, dadas las trascendentales decisiones que en materia

de derechos humanos y teoría del Estado se adoptaron tempranamente en países como

La Nueva Granada, donde en 1821 se estableció la abolición paulatina de la esclavitud;

así como, la eficacia limitada que se reconoce a cualquier democracia y orden jurídico

en el mundo y la visión crítica de lo mucho de la evolución de muchos países en Europa

que tardaron mucho tiempo en adoptar regímenes democráticos.

Aunado a esta perspectiva existen registros de varios cambios que en todo caso

introdujo la Independencia y, en general, el nuevo régimen republicano en las

sociedades iberoamericanas.

5.1. Las diferencias entre las independencias iberoamericana y norteamericana

Como se verá a continuación es un lugar común en la bibliografía, que Norteamérica

básicamente lo que hizo con su proceso de independencia fue consolidar un estilo de

vida y una práctica política que ya era democrática y participativa. Así mientras los

americanos sajones fortalecieron el sistema británico con ciertos cambios en

Hispanoamérica se buscó abolir el sistema español.

Según varios autores, la independencia Norteamericana da cuenta que en gran medida

sólo se consagró lo que se estaba dispuesto a cumplir en la realidad y en lo que la

mayoría podía estar de acuerdo; así que si Iberoamérica adoptó instituciones de más

avanzada, ello en muchas ocasiones sólo fue nominalmente, construyendo una tradición

de divergencia entre el derecho y la realidad en esta región.

de 194

La divergencia entre el individualismo que informó las instituciones liberales

norteamericanas y el individualismo iberoamericano característico por la arrogancia y la

prevalencia del yo sobre el nosotros, habrían marcado los destinos de las dos campañas

de separación política, sobre todo, en lo que toca con la posibilidad de celebración de

acuerdos y construcción de nación.

La obra de John Elliott “Imperios del Mundo Atlántico. España y Gran Bretaña en

América, 1492-1830” (2006), analiza los factores que incidieron en el diferente devenir

que tuvieron las colonias inglesas y las españolas tras su constitución como repúblicas,

por lo que constituye una pieza bibliográfica importante para entender con perspectiva

comparada los logros y fracasos de nuestro proceso independentista.

Para empezar señala el autor que la razón que motivó la independencia norteamericana

y la que motivó la iberoamericana fue opuesta, es decir, en el caso de la primera lo fue

el ejercicio del poder real mientras que en el de la segunda lo fue la pérdida del mismo

tras la abdicación obligada de Fernando VII y la transferencia de la corona por

Napoleón a José Bonaparte, con la consecuente destrucción de la fuente de autoridad

legítima incuestionable de la metrópoli y de sus imperios de ultramar. Lo que podría dar

cuenta de la falta de preparación e incluso de voluntad original de la población hispana

para adoptar un nuevo régimen jurídico-político.

En desarrollo de lo anterior, menciona Elliott (2006) que el movimiento independentista

de Norteamérica estuvo precedido no sólo por la hostilidad a la continuidad del

gobierno británico sino por la hostilidad hacia el dominio de las élites tradicionales. Los

radicales realmente estaban comprometidos con la elaboración de sus constituciones y

no estaban interesados en sustituir una autoridad central, la del rey británico, por otra, la

del Congreso de los Estados Unidos, si no que la nueva Confederación debía fundarse

en el respeto por los derechos de los estados particulares y el principio de la soberanía

popular; lo que se aparta del señalamiento constante que se le hace a las élites criollas

iberoamericanas de su negativa a propiciar una verdadera transformación social que

diera al traste con el sistema social jerárquico que venía imperando desde la colonial,

porque les era funcional a su pretensión fundamental de hacerse a los privilegios,

prerrogativas y honores que otrora les habían usurpado los peninsulares.

Por otra parte, en Norteamérica fue el Congreso, órgano colegiado que ya operaba en la

época colonial, el rector del proceso independista, quien ejerció permanente control

aunque de no de la manera más eficaz sobre el material bélico y, quien eligió,

posteriormente, como primer presidente de la república al general George Washington

con férreos principios políticos y quien consideraba que las los ejércitos permanentes

eran fuente de tiranía.

Por el contrario, quienes lideraron la independencia de las colonias iberoamericanas

fueron, fundamentalmente, líderes individuales, que prácticamente actuaron con sus

propios recursos, tratando de ganarse el apoyo de poblaciones divididas por conflictos

étnicos y sociales; las duras batallas que tuvieron que enfrentar, les merecieron,

posteriormente, una posición preponderante en las nuevas repúblicas.

A parte de lo mencionado hasta aquí sobre las divergencias entre los dos procesos

separatistas, hay un elemento que llama la atención y es el relativo a ciertas decisiones

de 194

que facilitaron la celebración de acuerdos entre las trece colonias británicas, como en

efecto lo fue, la demora para universalizar el voto, que en principio sólo abarcaba a la

población blanca masculina y excluía a las mujeres, esclavos, indios americanos y

negros libertos y, la de posponer la abolición de la esclavitud por veinte años (2006).

En Iberoamérica, por el contrario y, más concretamente en la Nueva Granada y

Venezuela, esta fue una medida liderada por Simón Bolívar tempranamente adoptada;

que si bien algunos autores como Bernd Marquardt destacan como un hito de la historia

constitucional de América Latina, también es susceptible de analizarse como una

muestra de sensatez de la sociedad norteamericana, que habría optado por el realismo

sobre el idealismo, acorde a las circunstancias del momento y que habría adoptado

medidas que garantizaran la unión de las trece colonias en pos de objetivos comunes.

La institución de la esclavitud sin embargo ocasionó la contraposición entre estados

sureños de Estados Unidos, en los que dado el bum algodonero se perpetuó esa

institución y los del Norte, que en todo caso fueron los llamados a dictar los valores y

moldear la nación en ciernes (2006).

Al respecto anota Anthony McFarlane (2009), que la independencia Norteamericana no

conllevó a un terror revolucionario ni acarreo grandes conflictos de clase o raza, aunque

si amplió la participación política a nuevos actores y fortaleció las tendencias

representativas y democráticas de la vida política, no obstante, que en los estados del sur

la sociedad se negó a extender la libertad reivindicada para sí a los esclavos.

Ahora bien, señala Leopoldo Zea (1971) que el individualismo constituye un rasgo

característico de la convivencia en la América Sajona y en la Ibérica, que tiene

connotaciones diferentes en una y otra región. Así, en la América sajona el

individualismo se traduce en que se trabaja socialmente en establecer unas condiciones

para que cada persona pueda alcanzar sus fines y cediendo una parte de su libertad

reciban a cambio seguridad para obtenerlos. En América Ibérica, el individualismo se

traduce en personalidad, lo importante es destacarse entre los otros, convertir los fines

propios en los de los demás, extenderse sobre sus estanques, por lo que el caudillismo

de la región sería lo opuesto a las instituciones liberal-democráticas anglosajonas.

Zea reconoce que el caudillismo ha existido en ambas Américas pero también de

manera diferente. En la anglosajona sólo ha procedido cuando se reconoce que la

persona puede alcanzar mayores ventajas para el disfrute de la sociedad, en cuanto en la

Ibérica, siempre procede y lo hace cada vez que una persona arrolla con su personalidad

al resto de compatriotas, haciendo de sus fines los de los demás.

En este sentido cada noción de individualismo se habría reflejado en la manera como se

condujo y estableció el proceso independista en cada región de América.

Por otro lado, se refiere también Leopoldo Zea (1972) a dos elementos que también

influyeron en el devenir republicano de Norteamérica e Iberoamérica, cuales son, la

continuidad en el caso de la primera y la ruptura en el de la segunda:

Nuestra revolución —decía el argentino Echeverría—, a causa del encadenamiento fatal

de los sucesos de la época, empezó por donde debía acabar, y ha marchado en sentido

inverso de las revoluciones de otros países. Ved si no a los Estados Unidos: al

desplomarse el poder colonial, la democracia aparece organizada y bella, radiante de

de 194

inteligencia y juventud brota de la cabeza del pueblo, como Minerva de la frente de

Júpiter (ZEA, 1972, pág. 78).

Para Hispanoamérica, Norteamérica constituyó en el momento de independencia el

referente a seguir como España el pasado a enterrar; sin embargo, teniendo a éstos

como parámetros los saldos siempre han sido negativos pues, por una parte, en la etapa

previa a la revolución norteamericana ese pueblo ya gozaba y ejercía su libertad

mediante su prácticamente autogobierno, en contraposición durante la época colonial, la

sociedad civil iberoamericana estuvo anulada y dispuesta únicamente a cumplir con los

intereses de la monarquía; diferencia de experiencias en que habrían influido también,

según el chileno Francisco Bilbao, las dinámicas asociadas a la religión protestante con

su posibilidad de autoexamen y a la religión católica con su aceptación irreflexiva de

dogmas (ZEA, 1972).

Así pues, una de las grandes diferencias existentes entre la historia Norteamericana y la

Hispanoamericana consiste según Zea (1972) en que allá se adoptaron unas teorías que

justificaban un modo de vida ya realizado y que por ende les era propio, mientras aquí

se optó por la escogencia de unas que representaban el modelo que se quería realizar:

―Por esto he llamado a unos "idealistas prácticos" y a los otros "prácticos idealistas"

(ZEA, 1972, pág. 89). Lo que se refleja en que en la América del Norte tras la

declaración de independencia se optara por estimular las formas de vida que le fueron

dadas desde la colonia, al tiempo que en Hispanoamérica se luchaba por suprimir la

herencia española que para ese entonces consideraba fuente de todos sus males:

―La obra de los guerreros está consumada; la de los legisladores no lo estará mientras

no se efectúe una penetración más íntima de la idea imitada, la idea advenediza, en los

duros y tenaces materiales ibéricos‖ (BELLO, 1842) citado en (ZEA, América como

conciencia, 1972).

Como complemento a lo mencionado, relata el historiador John Elliott (2006), que los

próceres de la independencia hispana como Miranda, Bolívar, San Martín y Bernardo

O‟Higgins pasaron algunos años en España donde completaron su educación o

recibieron instrucción militar y estando allí fueron alcanzados por las ideas de libertad,

igualdad, seguridad y propiedad introducidas por el estallido de la Revolución Francesa.

Algunos de ellos también viajaron a Inglaterra y tendrían que haberse percatado del

contraste entre el letargo de su metrópoli y el dinamismo de una sociedad donde

florecían la industria y el comercio y donde la regla general era la libertad, lo que pudo

haberles hecho querer desterrar la cultura política heredada y construir una nación sobre

principios universales; a diferencia de ellos los norteamericanos quienes tenían menos

mundo se sentían orgullosos de la tradición constitucional de su país y sólo quisieron

eliminar de ella los elementos corruptores ocasionados por el poder y los privilegios.

En la misma línea y para finalizar, si bien Fernando Guillén Martínez (1996) reconoce

que el proceso independentista de América Latina produjo cambios en la realidad,

anota que aquí no se vivieron procesos similares a los que antecedieron las revoluciones

de finales del siglo XVIII. En Norteamérica, la sociedad capitalista y mercantil de

origen inglés proclamó que todos los hombres nacen iguales y en Francia, después de

una lucha de clases, la burguesía terminó imponiendo su dominio político-económico

sobre los rezagos feudales y monárquicos del antiguo régimen; lo que daría cuenta de la

participación real y efectiva en dichos acontecimientos de un grueso de la población con

de 194

características similares y, especialmente, con un nivel medio de satisfacción de

necesidades, en contraposición al predominio de una élite en la independencia

neogranadina y venezolana, sobre a una masa pasiva y en condiciones de

vulnerabilidad.

5.2. Reivindicación del Constitucionalismo Hispanoamericano

Este título, basado principalmente en la obra “Los dos siglos del Estado Constitucional

en América Latina (1810-2010). Historia Constitucional Comparada” de la autoría de

Bernd Marquardt (2011), expone una perspectiva diferente desde la cual abordar el

estudio del proceso de independencia de Iberoamérica. El autor (MARQUARDT, 2011)

plantea la necesidad de revaluar el papel de América Latina en el constitucionalismo

moderno, identificando tres prejuicios que impiden que esta labor se realice

objetivamente, a saber: i. Que sus constituciones son copias; ii. Que no se adaptan a la

cultura y a las características específicas de sus poblaciones; iii. Que no son eficaces en

la realidad.

En contra de dichos prejuicios Marquardt (2011) expone las siguientes ideas:

i. Hispanoamérica fue junto con la América Sajona a partir de 1776 y con Francia a

partir de 1789, uno de los tres puntos de partida de la transformación ilustrada del

mundo en el período transcurrido entre 1776 y 1825.

ii. Existen pocas constituciones originarias en el mundo, como la jacobina de 1793 que,

sin embargo, no fue la Carta válida del Estado Francés; la misma no contiene la

transcripción exacta de obra alguna y constituye variaciones de ideas adaptadas a las

circunstancias particulares; pero la regla general es que todas las constituciones

producto de los procesos transnacionales de difusión, adopción y recepción del derecho,

parten, en mayor o menor medida, de lo ya existente. Las constituciones maternas del

Socorro, de Tunja, de Mérida, acorde con el movimiento universal de la Ilustración,

tomaron como base las recientes constituciones adoptadas de Norteamérica (1776,

1787) y Francia (1793, 1795) junto con las obras destacadas del pensamiento político

ilustrado de Montesquieu (1748), Rousseau (1762), Sieyès (1789) y a ello hicieron

importantes variaciones de acuerdo con las circunstancias particulares, dando lugar a

una familia constitucional independiente, la Hispanoamericana.

En este sentido, la Constitución Tunjana (MARQUARDT, 2011) con su sincretismo

entre la ilustración política y la religión católica, con su consagración de un ejecutivo

débil elegido para períodos cortos, un congreso bicameral, elecciones indirectas, etc.,

habría inspirado otras constituciones hasta 1815, dando lugar aquella y otras

constituciones hispanoamericanas, con sus variaciones a la ideología política de la

Ilustración, a la escolástica, al modelo norteamericano y, en general, a las demás

tendencias en las que se apoyaron, a una familia constitucional independiente.

Lo anterior encuentra apoyo en la referencia que hace José Manuel Restrepo

(RESTREPO, 2009) a la Constitución de Cundinamarca de 1811, en relación con la cual

menciona que fue concebida en el seno de lo que se denominó Colegio Constituyente y

proyectada por Jorge Tadeo Lozano, para cuya confección tomó elementos de la

Constitución Norteamericana y de la Francesa, adaptados a la situación política,

costumbres y extensión del país a constituir; en ésta se reconoció todavía al rey

de 194

Fernando VII, por lo que se dice que se estableció un régimen monárquico bajo formas

republicanas. Adicional a ello, hizo importantes aportes en materia de división y

ejercicio del poder, materias desconocidas en ese momento en la Nueva Granada.

iii. Las naciones Hispanoamericanas a diferencia de la Europa continental lograron el

triunfo de la revolución política ilustrada en su primer intento, siendo aproximadamente

durante un siglo modelo a seguir y albergando mínimo dos tercios de los estados

constitucionales democrático republicanos de la época. Por el contrario, la Europa

continental tuvo dos regresiones, la instalación del Congreso de Viena en 1815 y la

contra-revolución antiliberal en 1849, acercándose sólo al constitucionalismo ilustrado

en la ola de republicas de 1918, el cual fue suspendido por las dictaduras de las décadas

de 1920 y 1930, consolidándose sólo hasta terminada la Segunda Guerra Mundial en

1945.

iv. Ninguna de las primeras constituciones en el mundo tuvo una eficacia alta; como un

resultado propio de la transición por la que estaban pasando las sociedades, aquellas

constituyeron en principio proyectos políticos a realizar a futuro y ello no obedeció

necesariamente a intereses perversos; en el caso de Hispanoamérica las primeras

constituciones tuvieron una eficacia limitada que aumentó en la generación de 1848

(MARQUARDT, 2011, pág. 77).

El autor critica también la perspectiva del subdesarrollo en todas las épocas y en todos

los ámbitos de Latinoamérica, a partir de la cual se sostiene la secularización de

fenómenos como la corrupción, el clientelismo, el caudillaje; se desconocen los cambios

sufridos alrededor de 1800, afirmando la prolongación del sistema colonial; se enfatiza

en la pobreza y en la falta de educación, no obstante que ello también fue así en la

Europa del siglo XIX; no se acepta el carácter europeo de la cultura latinoamericana,

entre otros.

Otro elemento que dificulta estudios objetivos sobre Latinoamericana, consiste en una

postura de víctima que Marquardt (2011, pág. 82) identifica en la sociedad

latinoamericana y que, además, la torna sumisa frente al poderío ejercido, sobre todo,

por América del Norte.

En relación con la autocracia y el caudillismo con los que se suele identificar a América

Latina, señala que en el caso específico de Colombia ésta no presenta verdaderos

autócratas al estilo de los que figuran en la historia moderna de Alemania. De otra parte,

ninguna democracia es completamente eficaz en garantizar el predominio de la voluntad

popular sino que en menor o mayor grado se traducen en un autoritarismo moderado

con unas élites que le son funcionales.

Habla el autor (MARQUARDT, 2011, pág. 88) sobre los efectos sociales de las ciencias

y considera que negar la existencia de dos siglos de derechos humanos, separación de

poderes, soberanía popular, etc., en Latinoamérica justifica a los violadores de derechos

humanos amparados en una tradición y estado de cosas.

En relación con el número de constituciones, y los procesos constituyentes alrededor de

las mismas que generalmente se asocian con un conflicto anterior; el autor

(MARQUARDT, 2011, pág. 92) menciona que un número reducido no necesariamente

se traduce en estabilidad y para ilustrarlo cita el caso del Uruguay y su predisposición a

de 194

la guerra civil no obstante que su constitución de 1829 estuvo vigente hasta 1918; en

todo caso indica que una nación como Francia tuvo durante el siglo XIX doce

constituciones.

Como conclusiones señala Marquardt (2011) que el gran desafío del período

transcurrido entre 1810 y 1847 consistió en alcanzar la estabilidad de los nuevos

modelos de gobiernos e instituciones adoptados, en los que Colombia y Chile

alcanzaron mayores logros que México, Centro América y Bolivia.

Es utópico creer que las democracias modernas, una vez adoptadas formalmente

resultan efectivas en la práctica, pues requieren de su ejercicio y práctica, máxime si se

tiene en cuenta, como en el caso de Hispanoamérica, que la experiencia anterior de los

actores no fue preparatoria sino de alguna manera inhibitoria como lo puede ser bajo un

sistema monárquico y estamental como el español. La frustración expresada por Bolívar

cuando sostuvo que la América es ingobernable, habría sido producto de la

incomprensión del proceso que precisa la consolidación de un sistema democrático

(MARQUARDT, 2011).

Entonces, si bien el autor (MARQUARDT, 2011) reconoce la eficacia limitada del

constitucionalismo en Hispanoamérica, señala que en todo caso fue superior al de la

Europa de la restitución del Congreso de Viena en 1815 que negó los principales

valores del constitucionalismo moderno, cuyo marco durante el período comprendido

entre 1810-1847 consistió en: “el republicanismo, la democracia representativa

electoral, las cartas constitucionales, los derechos fundamentales, las libertades

económicas o el derecho absoluto de la propiedad privada sobre la tierra‖

(MARQUARDT, 2011, pág. 204)

En apoyo de la tesis de Marquardt según la cual no es dable sostener que tras la

Independencia todo siguió igual; algunos autores señalan que este acontecimiento,

acompañado del proceso de homogeneización de la población producto del mestizaje

que tuvo lugar en Iberoamérica desde décadas atrás, introdujo cambios en los criterios

del sistema social jerárquico que durante la colonia se basó principalmente en el origen

y la raza. Asimismo, se caminó por lo menos en la letra hacia una secularización del

Estado, una separación de poderes, una instrucción pública y una mayor calificación de

los funcionarios públicos.

En este sentido, la historiadora Margarita Garrido ( 2009) señala que hay varias

muestras de la apropiación del lenguaje de derechos en las contiendas judiciales y, la

proclama de la igualdad de los ciudadanos, aunque precaria, comienza a desnaturalizar

los vicios y virtudes en razón del color de la piel, predominante en la época colonial; así

la noción abstracta de individuo al que le son inherentes derechos, empezó a tornar el

honor como algo derivado de la virtud, de los méritos y los servicios a la patria

(GARRIDO, 2009). Poco a poco entonces se eliminaban las discriminaciones basadas

en el origen del nacimiento y las limitaciones del derecho del sufragio empezaron a

reposar en la posesión de bienes sin ninguna referencia a la raza (VERGARA Y

VERGARA, 1946).

En esta línea, Anthony McFarlane (1998) señala que la influencia de las nuevas ideas se

pudo apreciar en un cambio de mentalidad en la élite criolla en cuanto a la necesidad de

instrucción de los funcionarios públicos, cuya idoneidad antes había dependido

de 194

exclusivamente de su título de nobleza y origen familiar; si bien éstos todavía seguían

siendo importantes a los mismos se añadió la exigencia mencionada (McFARLANE,

1998, pág. 329).

Sobre este punto, acota Bernd Marquardt (2011) que en 1826 se consagró la instrucción

pública de toda la población, proyecto que tomó largo tiempo para consolidarse; y como

un elemento innovador se creó la Universidad Central con sedes en Bogotá, Caracas y

Quito, para la educación de las élites republicanas en jurisprudencia, teología, medicina,

filosofía y por primera vez astronomía, mecánica, botánica y otras ciencias naturales.

Por otra parte, la población afrodescendiente se identifica como la principal beneficiara

del nuevo régimen por cuanto a diferencia de lo sucedido en Brasil y Norteamérica, en

1821 se estableció la abolición paulatina de la esclavitud con miras a las futuras

generaciones, para evitar con ello la sublevación e indemnización de los propietarios

(MARQUARDT, 2011). Para la población indígena, en cambio, la independencia fue

ambivalente, si bien unas leyes abolieron el tributo indígena otras abolieron los

resguardos indígenas (McFARLANE, 2009).

En lo que respecta a la secularización del Estado, si bien se continuó con la invocación

divina y en la instalación del Congreso de Cúcuta se hizo referencia a la religión

Católica, Apostólica y Romana como la del Estado; en el texto constitucional no se dijo

nada al respecto y adicional a esto en 1821 se abolió legalmente el Tribunal de la

Inquisición, estatalizando el poder penal así como la facultad externa de la Iglesia de

vetar ciertas obras; serie de reformas éstas que se consolidaron con una ley en 1824 que

radicó en cabeza del Estado el derecho de patronato (MARQUARDT, 2011, pág. 141).

En punto a la separación de poderes, la Independencia también introdujo importantes

cambios por lo menos en la forma; La Constitución de Cúcuta de 1821 es una muestra

de ello; se inclinó por la tesis centralista del gobierno erigiendo un estado unitario con

entidades regionales sujetas al poder central ubicado en Bogotá y una rama ejecutiva

organizada jerárquicamente de la que hacían parte intendentes departamentales,

gobernadores de provincia y jueces políticos de Cantón. En virtud de la separación de

poderes se escindieron las funciones administrativas de las judiciales y se creó una

estructura judicial con una Alta Corte en la cabeza y tres Cortes Superiores de Justicia;

sin embargo, dicha separación todavía no alcanzó a los niveles locales de la

organización (MARQUARDT, 2011).

De manera concluyente, menciona Anthony McFarlane (2009) que no obstante la

herencia colonial de Hispanoamérica, luego de la Independencia ésta amplió la

participación política, redujo la influencia de las instituciones antiguas y concedió

autonomía a las provincias.

Conclusiones

El subobjetivo de este capítulo fue abordar el estudio de las razones que llevaron a la

separación política de España; la forma como se desarrolló ese proceso; el carácter de

los próceres y en general de los personajes que lo lideraron; la forma como se

debatieron y decidieron las instituciones republicanas y su interacción con el legado

colonial; bajo la subhipótesis que a partir del conocimiento y análisis de dichos aspectos

de 194

y de otros de la época independentista, especialmente, los relacionados con la presunta

adopción de instituciones extranjeras que no consultaron la realidad de las excolonias,

se desentrañarían las bases sobre las que se erigió el Estado y la sociedad colombiana

actuales y su relación con el fenómeno de irrespeto a las normas.

Pues bien, el subobjetivo se cumplió exhaustivamente, en cuanto se estudiaron y

analizaron detalladamente los temas mencionados y otros más, a partir, no sólo de los

trabajos de historiadores nacionales y extranjeros sino de los escritos de personajes

centrales de la independencia colombiana como Simón Bolívar, Antonio Nariño y José

Manuel Restrepo.

De igual forma, la subhipótesis también fue comprobada, en cuanto se encontraron

diversos elementos fundamentales para explicar la ineficacia normativa colombiana,

pero, sobre todo, porque la conclusión integradora de la época independentista,

constituye un faro para la comprensión del pasado y presente de la historia colombiana;

dicha conclusión es que la principal causa de la divergencia entre los principios y la

realidad o lo que es igual, que el grado insatisfactorio de eficacia de las cartas

constitucionales y la normatividad colombiana en general, es la falta de voluntad

política de sus élites, que se infiere del análisis conjunto de las siguientes conclusiones

del capítulo.

Sea lo primero decir que los neogranadinos no estaban preparados para afrontar los

desafíos de la independencia y encontraron diversos obstáculos para celebrar un

contrato social que abarcara a todos los integrantes de la sociedad. A partir de las

diferentes fuentes consultadas se estableció que la principal causa de la Independencia

fue de tipo coyuntural y consistió en la invasión Napoleónica de España con el

derrocamiento de Fernando VII; aunado, de una parte, a los errores cometidos por los

órganos de gobierno que continuaron su representación como la Regencia y las Cortes

de Cádiz, que concedieron poca participación a los americanos; y, de otra, a la violencia

ejercida por el ejército Pacificador conducido por el General Morillo que restablecido

Fernando VII envió a territorio americano hacia 1815; no habiendo sido la

Independencia iberoamericana un proceso endógeno ni el producto de una secuencia

lógica de transformaciones sociales, políticas, culturales y económicas.

A lo anterior hay que agregar que con la Independencia se produjo un

resquebrajamiento de la soberanía que obedeció a varios factores, entre ellos: i. El

derrumbamiento del binomio monarquía-iglesia, fuente de legitimación de la autoridad

y elemento cohesionador externo de la sociedad durante la colonia; ii. El debate sobre la

mejor forma de gobierno e instituciones para las nuevas repúblicas ante el deseo de

enterrar el pasado colonial; iii. Un federalismo extremo asociado a la experiencia

administrativa de los criollos circunscrita a una localidad; a la negativa a someterse a

otro tras ser libres; y a la interpretación a juicio de Bolívar errónea, que se hizo del

derecho de los pueblos a darse su propio gobierno; y, vi. El predominio de los intereses

individuales sobre un objetivo común.

Adicionalmente, una de las características del sistema colonial español fue la

implementación de un sistema social jerárquico y discriminatorio basado en la ideología

de la naturalización de los vicios y virtudes y, posteriormente, con la homogeneización

producto del mestizaje, de otros criterios como la riqueza y el nivel de instrucción; que,

además de imposibilitar una igualdad material y la efectividad de las instituciones

de 194

adoptadas con la Independencia, dificultó la celebración en Iberoamérica y, en

Colombia en particular, de acuerdos sobre unas reglas mínimas que irían a regir la

sociedad en adelante, debido a la multiplicidad de cosmovisiones, experiencias,

necesidades, valores, etc., ligados a cada raza y clase social.

Sobre este punto es importante anotar que como antecedente de la independencia, y sin

que estuviera en juego la separación de la Corona Española, hubo experimentos de

transformaciones sociales desde abajo que amenazaron con imponer un régimen

igualitario, como las Revoluciones de Tupac Amaru, de Manuel Hidalgo y de Los

Comuneros, que fueron ahogadas por la coalición de peninsulares, criollos y fuerzas

extranjeras, que no obstante su antagonismo, vieron amenazados sus privilegios y

posición en el orden social.

Esos privilegios asociados a la clase dieron lugar precisamente al patriotismo criollo

que lideró la Independencia iberoamericana, el cual se había venido consolidando desde

la colonia a partir de su identidad como casta diferente pero afín a la de los peninsulares

y distante de las clases bajas; siendo la queja constante de las élites criollas no el

sistema de jerarquía social impuesto por la Corona Española que les era funcional si no

el no poder ocupar en él el lugar prevalente de los peninsulares, acentuado con la

monarquía Borbónica.

Con la Independencia, las élites criollas no tuvieron ninguna intención de desmontar ese

sistema discriminatorio ni desprenderse de sus privilegios; de ahí que se sostenga que la

separación política de España no estuvo precedida de la construcción de una nación ni

tampoco sentó sus bases, pues no se basó en un pacto social integrador ni dió paso a

profundas transformaciones sociales; por el contrario, muchos indígenas y mulatos

fueron cruciales en la oposición de los regalistas al movimiento patriota pues temían

una usurpación de sus tierras aún peor a manos de los criollos.

En concordancia con el fracaso de los modelos igualitaristas que trataron de

implementarse con anterioridad a la Independencia y la participación restringida que

tuvo la mayoría de la población en el proyecto independentista, algunos sectores

sostienen la tesis de que la estructura social y las relaciones de poder existentes al

interior de la Encomienda y la Hacienda coloniales se mantuvieron tras la

independencia y se sobrepusieron al poder formal consagrado en las nuevas

constituciones en la medida que la participación política continuó estando mediada por

el autoritarismo adscrito y la sumisión paternalista, que también fueron transversales a

los partidos políticos que surgieron con posterioridad.

Así pues, el nuevo orden implementado con la Independencia, sirvió ante todo para

fortalecer la posición predominante de los criollos y las élites neogranadinas y

venezolanas en general, quienes se valieron del lenguaje ilustrado de la igualdad para

reivindicar su derecho a gozar de los mismos privilegios de los peninsulares y a costa

del resto de la población; legitimaron el movimiento independentista con la teoría

escolástica de la reversión de la soberanía al pueblo, pero no contaron con él para

establecer el nuevo orden jurídico-político sino que por el contrario lo acusaron de

ignorante y violento por querer que se hiciera justicia con quienes habían sido sus

victimarios y que se estableciera una verdadera igualdad material; decretaron la división

de los resguardos indígenas en contra de su modus vivendi comunitario y eliminaron,

bajo el lema del derecho de propiedad y el librecambismo, las protecciones comerciales

de 194

a los pequeños artesanos y comerciantes, que las requerían por no gozar de las mismas

condiciones que los criollos.

En este sentido, si bien hay autores que reivindican el lugar del Constitucionalismo

Iberoamericano en el Constitucionalismo Moderno, por su originalidad consistente en

introducir variaciones a las ideas escolásticas, ilustradas, etc.; por su continuidad en el

tiempo, en el caso de Colombia por ejemplo; y porque durante el siglo XIX se

experimentaron circunstancias económicas, sociales y políticas similares en Europa; lo

cierto es que dicha originalidad también ha desembocado muchas veces en un

sincretismo utilitarista y, por ende poco riguroso, entre instituciones de origen diverso,

como el que se dio en las nuevas instituciones republicanas entre elementos de la

Enciclopedia, la Ilustración, la Monarquía Inglesa, el Constitucionalismo Escolástico, el

Romanticismo, etc., armonizados forzosamente por las necesidades prácticas y los

intereses del momento.

Así las cosas, el empleo retórico de los principios del Constitucionalismo Escolástico,

de la Ilustración, de la Enciclopedia, etc., del que se acusa a los criollos, podría dar

cuenta de una extendida contradicción en Colombia entre las formas invocadas y los

profundos intereses de las clases rectoras de la sociedad, que se traduce en el uso que se

hace de teorías sobre la igualdad, la libertad, el predominio del bien común, el imperio

de la ley, etc., para reivindicar situaciones abiertamente contrarias a su espíritu o para

inhibir la lucha social, así como, el empleo de triquiñuelas y argucias jurídicas para

precaver los efectos transformadores de las mismas49.

De otra parte, a la religión católica predominante, también se atribuye la adopción de

instituciones sin acompañarse de los correspondientes cambios sociales, políticos,

económicos y culturales, como un reflejo del formalismo y superficialidad del que se

acusan su doctrina y práctica; así como también se le atribuye la confrontación de

fuerzas (federalistas, centralistas, patriotas, regalistas) e imposibilidad de unirse en pos

de un objetivo común, por la intolerancia y fanatismo que los teólogos y canonistas, en

general, se encargaban de sembrar incluso contra cristianos de otras comuniones.

La eficacia limitada de las nuevas instituciones republicanas igualmente se adjudica a la

fuerza misma de las circunstancias, pues las condiciones generales de una gran parte de

la población al momento de la Independencia, producto de la experiencia colonial

inmediatamente anterior, no eran las más propicias para el florecimiento de un nuevo

régimen democrático, igualitario y correctamente administrado, entre las que se

cuentan, la ausencia de una cultura participativa y de un pueblo con capacidad de

discernimiento; la falta de conocimiento y experiencia en el manejo de la cosa pública;

la escasez de funcionarios capacitados; la extensión del territorio, su topografía

quebrada, el despoblamiento, la ausencia de desarrollo de los transportes, etc.

Aunado a lo anterior, durante la colonia la educación superior además de que sólo

abarcaba a los criollos de las ciudades principales se reducía a su formación como

abogados o como clérigos; sólo hacia 1821 con la creación de la Universidad Central

49

“Se considera la estructura de la sociedad como el conjunto sistemático de normas,

expectativas y actitudes que condicionan las relaciones humanas, es fácil ver que ellas se

originan como instituciones formales o informales, en el seno de las asociaciones

predominantes‖. (GUILLÉN MARTÍNEZ, 1996, pág. 230)

de 194

con sedes en Caracas, Bogotá y Quito, se introdujeron por primera vez carreras

relacionadas con ciencias exactas; lo que permite inferir que en la constitución de las

nuevas repúblicas predominó una visión legalista, formalista y poco práctica del Estado,

que aunada al romanticismo de algunos próceres, se refleja en el tamaño y lenguaje de

los textos constitucionales.

Sobre este punto, escudriñando la raíz de legalismo a través de los próceres de la

independencia, se encontró que la influencia de la ideología utilitarista de Jeremy

Bentham, admirado en alguna época por Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander,

podría constituir una raíz de la fe ciega en el ordenamiento jurídico capaz de moldear

per se las sociedades; de lo que es muestra el hecho de que el inglés obvió en el diseño

de sus propuestas para la Independencia iberoamericana, que la libertad de prensa podía

devenir en licencia; que no había los medios necesarios para sostener su modelo

educativo; que era necesario obtener el apoyo o limitar la influencia de las élites

iberoamericanas, propietarias de grandes extensiones de tierra; de la Iglesia con su

poderío político y económico que venía de la colonia y, del ejército que había dado todo

a la causa de la independencia y ahora esperaba del gobierno reconocimiento y

recompensas.

Sin embargo, lo cierto es que algunos próceres de la Independencia también acusaron

realismo, como el mismo Bolívar y Antonio Nariño, quienes por sus escritos alrededor

de la conveniencia de trasplantar las instituciones norteamericanas sin más

consideraciones y, en especial, el régimen federal, objetaron la importancia de

considerar las condiciones de las sociedades y la prevalencia del carácter de los

gobernantes sobre las virtudes de las normas e instituciones; por lo que se pone en duda

su formalismo e idealismo per se como causa principal de la ineficacia del

ordenamiento jurídico en Colombia..

Finalmente, entre las diferencias con el proceso independentista Norteamericano que

explican sus diversos devenires, se cuentan: Que las colonias sajonas básicamente lo

que hicieron fue consolidar un estilo de vida y una práctica política que ya era

democrática y participativa, al menos para una mayoría; mientras en Iberoamérica la

práctica española había sido inhibidora sobre todo para el grueso de la población.

De igual forma, fortalecieron el sistema británico con ciertos cambios, mientras en

Hispanoamérica se buscaba abolir el sistema español; y en gran medida sólo se habrían

comprometido con lo que estaban dispuestos a cumplir y con lo que la mayoría podía

estar de acuerdo, este fue el caso de la decisión de postergar durante veinte años la

abolición de la esclavitud ante el enfrentamiento entre los Estados del Norte y del Sur,

lo que en todo caso era más sencillo de lograr en una sociedad más homogénea que la

iberoamericana, en la que se adoptaron instituciones de más avanzada, pero cuya

eficacia fue limitada.

Por último, el individualismo que informó las instituciones liberales norteamericanas,

que a partir de la construcción de un piso buscaba que cada persona pudiera alcanzar sus

metas; no fue el mismo individualismo iberoamericano característico por la arrogancia y

la prevalencia del yo sobre el nosotros.

Para terminar, es justo decir que en todo caso, con la Independencia no todo siguió

igual, se caminó por lo menos en la letra hacia una secularización del Estado, una

de 194

separación de poderes, una instrucción pública, una mayor calificación de los

funcionarios públicos y una lenta apropiación del lenguaje de los derechos y libertades

por parte del pueblo.

de 194

CAPÍTULO III.

CARACTERIZACIÓN DE LOS COLOMBIANOS EN SU RELACIÓN CON LAS

NORMAS

Introducción

Partiendo de la subhipótesis de que a partir de la revisión bibliográfica de los estudios y

escritos que desde diferentes disciplinas se han hecho sobre las causas de la violencia y

del subdesarrollo en Colombia; sobre los valores que rigen su sociedad; los rasgos

característicos de la misma; y, en general, sus problemáticas; sumado a la información

recabada en los capítulos sobre la colonia y la independencia, se hallaran importantes

elementos explicativos de lo que se percibe como una tendencia social a la

transgresión; este capítulo tiene como subobjetivo la construcción de una

caracterización de la sociedad colombiana en su relación con las normas y la autoridad,

que constituya un diagnóstico integral, base de cualquier política eficaz que se quiera

implementar para aumentar el grado de respeto por las normas y por los derechos ajenos

en el país.

Este capítulo se dividirá en dos grandes títulos, siendo el primero “Idiosincrasia de los

colombianos y su relación con el irrespeto a las normas”, que a partir de un análisis de

la historia colonial, independentista y general, de la sociedad colombiana señalará y

desarrollará los elementos relacionados con su mentalidad, escala de valores, percepción

de la función del derecho y de las instituciones públicas, que constituyen las reglas

informales que subyacen a los comportamientos transgresores.

En el segundo, denominado “Acontecimientos históricos y fallas institucionales

relacionadas con el irrespeto a las normas”, se expondrán los sucesos o fenómenos

que han forjado el carácter de los colombianos y las falencias del Estado, que inciden

negativamente en un grado satisfactorio de eficacia de la normatividad en el país.

Los aspectos culturales, históricos e institucionales que se desarrollarán a continuación,

constituirán en conjunto una caracterización de los colombianos o diagnóstico sobre las

causas de diversa índole que afectan las relaciones de éstos con la legalidad; las cuales

dan cuenta de la complejidad de la realidad nacional y de la insuficiencia y efecto

contraproducente de la mirada normativista con que suele abordársele.

1. IDIOSINCRASIA DE LOS COLOMBIANOS Y SU RELACIÓN CON EL

IRRESPETO A LAS NORMAS.

Al bajo nivel de respeto por las normas que se aprecia en Colombia pueden subyacer

ciertos rasgos del carácter de los colombianos, es decir, ciertas creencias, ideas, valores,

maneras de ser aprendidas, etc., que en conjunto determinan consciente o

inconscientemente sus comportamientos antisociales y que dan lugar a tendencias

transgresoras; especialmente en contextos de espontaneidad; lo que obliga a tenerse en

cuenta para un análisis integral de las problemáticas que afronta el país.

A continuación, como parte del carácter de los colombianos relacionado con una baja

valoración de las normas se abordará primero, bajo el título “Escaso sentido de

de 194

interdependencia social y particularismo exacerbado”, el individualismo, es decir, la

ineficacia del respeto por los derechos ajenos como límite de la conducta, una

conciencia de interdependencia precaria y una ausencia de apropiación de lo público

como lo que es de todos y, la viveza admirada como cualidad en Colombia, consistente

en la búsqueda de la eficiencia, esto es, menores costos, tiempo y esfuerzo, en la

obtención de las metas con prescindencia del ordenamiento jurídico y los derechos de

los demás.

En el siguiente título “Formalismo vacío de sustancia”, se estudiará el culto sólo

formal a la ley en el país, en cuanto no se acompaña del compromiso porque se

materialice y la tendencia a solucionar todos los problemas, únicamente, a nivel

normativo, con una consecuente hiperinflación; y, a continuación en el título

“Concepción clientelista de las instituciones”, se explorará la percepción de lo público

como lo que es de nadie, o como botín al servicio de intereses particularistas.

Finalmente, bajo el título “Teorías que explican el fenómeno de irrespeto a las normas

en Colombia”, se expondrán tres desarrollos teóricos existentes sobre las creencias,

valores y hábitos abarcados en los títulos precedentes, siendo el primero el que describe

a la sociedad colombiana como la sociedad de la mentira, dada la divergencia entre la

teoría y la práctica en diversos aspectos; el segundo, la teoría de la desarmonía entre la

moral, la cultura y las normas, que acarrea que los comportamientos prohibidos por

éstas sean aceptados por las dos primeras, quedando cada persona a merced de lo que le

dictan la conciencia y la cultura a los otros y, el tercero, la teoría que sostiene que en

Colombia hay una racionalidad individual o viveza privada exacerbada al tiempo que

una racionalidad pública precaria o bobería colectiva que constituye el núcleo generatriz

de todos los comportamientos transgresores.

1.1. Escaso sentido de interdependencia social y particularismo exacerbado.

Como un indicio de un escaso sentido de interdependencia social y de pertenencia hacia

lo público; el respeto por los derechos ajenos y por las normas pareciera no ser

suficientemente tenido en cuenta a la hora de los colombianos fijarse sus metas y

escoger los medios para alcanzarlas, siendo prevalentes criterios de eficiencia, como

invertir el menor costo, tiempo y esfuerzo en obtener un resultado y que éste redunde en

un beneficio particular inmediato independientemente de la repercusión que tenga en el

resto de la sociedad; forma de comportarse que goza de admiración social y, en algunas

ocasiones, es además estimulada de forma perversa por normas e instituciones.

1.1.1. Individualismo cerrero que sobrepone el yo al nosotros

El individualismo de los colombianos se ve reflejado entre otras conductas en el

irrespeto por los derechos ajenos y en la inconsciencia de las consecuencias indirectas

de las acciones (THOUMI, 1998)50

, lo que respondería, en parte, al hecho de que sus

habitantes tienen un bajo nivel de conciencia de interdependencia, así como, de sentido

de comunidad, y conciben lo público, como lo que es de nadie.

50

“El individualismo es tal, que un grupo grande de colombianos actúa sin tener en cuenta las

repercusiones de sus acciones sobre el resto de la sociedad‖. (Thoumi 1999) Citado en (IRIARTE M.,

2001, pág. 146)

de 194

En ese sentido, en la manera de ser de los colombianos se percibe una inclinación a

juzgar con diferente rasero las acciones propias y las ajenas y a culpar a los demás de lo

qué pasa sin reconocer la responsabilidad individual. Los resultados de la investigación

adelantada por Camilo Herrera Mora, constituyen una radiografía de lo dicho:

Así por ejemplo, una de cada dos personas encontraría una justificación para ―exigirle

beneficios al Gobierno de los que sabe que no se tiene derecho‖ o para ―evitar el pago

de un pasaje en el transporte público, aún cuando cerca del 83% de los encuestados diga

que no se justifica que un funcionario ―acepte un soborno por el desempeño de sus

deberes‖ o el 75% afirme que ―no se justifica hacer trampas si se tiene la

oportunidad.(No hay que olvidar que la DIAN estima que el nivel de evasión y elusión de

impuestos es superior al 40% del total de contribuyentes en el país) (2006, págs. 173-

174).

De otra parte, en torno al individualismo, existen varios estudios51

a nivel

Latinoamericano, cuyo propósito ha sido demostrar la estrecha relación que existe entre,

de una parte la actitud de la ciudadanía frente a las normas de tránsito y, su manera de

ser en general, ya que mediante el análisis de la conducta que las personas asumen

cuando están al mando de un volante en el espacio público, se pueden deducir aspectos

como el nivel de solidaridad, tolerancia, respeto por la vida, interiorización de la

normatividad, civismo, cohesión social, etc.

En concordancia con ello, uno de los escenarios donde se puede apreciar mejor el

individualismo de los colombianos es en el tráfico vehicular de las ciudades, lo que

motivó la investigación sobre la observancia de las normas de tránsito en Bogotá,

publicada en “Las Normas de Papel. La Cultura del Incumplimiento de Reglas”

(GARCÍA VILLEGAS, 2009); para la que se escogió como objeto de análisis, entre otros,

el comportamiento de transeúntes y conductores de vehículos particulares en diferentes

cruces a lo largo de la carrera Séptima; relacionado con el acatamiento de la cebra, los

puentes peatonales y el semáforo peatonal, por parte de los transeúntes, así como, el

respeto de la fila y de las direccionales para cruzar, por parte de los vehículos

particulares.

Algunas de las conclusiones de la investigación fueron qué factores como el estado de la

infraestructura urbana, las posibilidades de sanción y el riesgo de un accidente parecían

incidir en el cumplimiento de las normas. Por otro lado, de acuerdo con el autor,

porcentualmente el cumplimiento pareciera elevado, pues promediando los

comportamientos analizados, se registró un 80% de cumplimiento, sin embargo, un 20%

de incumplimiento, significa cientos de miles de personas, quizás, causando problemas

de movilidad y propiciando situaciones de riesgo para la vida e integridad de personas y

bienes.

El individualismo del que se ha hablado aquí se ve reflejado de igual manera en un bajo

nivel de solidaridad, que se manifiesta en la escasa participación de los colombianos en

organizaciones comunitarias. De acuerdo con la investigación adelantada por John

Sudarsky citado por Germán Puyana García (2002), más de la mitad de los colombianos

nunca ha participado en una organización y el 43% lo ha hecho alguna vez en su vida.

51

Al respecto véase (CÁCERES) y (SANTIAGO NINO, 2005).

de 194

Asimismo, en investigación dirigida por Camilo Herrera Mora (HERRERA MORA,

Camilo y Centro de Estudios Culturales (Dir.), 2006), los resultados arrojaron que en cuanto

a valores como la solidaridad pese a que siete de cada diez encuestados manifiestan que

el servicio al prójimo es el valor más importante en la vida, sólo uno de cada diez

participa en algún tipo de organización basada en dicho valor; por lo que el autor

concluye que los colombianos no se sienten parte de un colectivo y son poco solidarios,

perciben a su coterráneos no como conciudadanos sino como competidores y en la

competencia las reglas que operan son: la darwiniana de la prevalencia del más fuerte y

astuto y, la del fin justifica los medios, por lo que los derechos ajenos, no se erigen

como límites a las acciones.

Kalmanovitz, daría cuenta de este punto, así:

(…) existen pocas organizaciones cívicas, políticas y deportivas, pocos clubes,

asociaciones de padres de familia, reflejando la larga ausencia de participación

ciudadana en la política municipal y regional. Y se puede repetir una de las conclusiones

de Sudarsky: ―cuando el capital social no llena la sociedad, es el crimen, la violencia y

la carencia de la ley que abundan. (2001, pág. 38).

No obstante, en este punto no se puede dejar de reconocer el impacto que muy

seguramente haya podido tener el recurso constante a la violencia, a lo largo del tiempo,

ya física ya verbal, por parte de las instituciones llámese Gobierno, Ejército, partidos

políticos, Iglesia, así como, por parte de grupos al margen de la Ley, como guerrilla,

paramilitares, narcotraficantes, para repeler y disolver cualquier marcha, revolución,

paro, tendiente a reivindicar algún derecho, a protestar por alguna injusticia, a procurar

un cambio del statu quo, etc. De esto dan cuenta entre otros muchos acontecimientos, la

masacre de las bananeras(ARCHILA, 2005), la cruenta violencia partidista, el genocidio

de la Unión Patriótica(Prensa-Colectivo, 2006), los secuestros a periodistas por el grupo

de los extraditables (GARCÍA MÁRQUEZ, 1996), entre otros acontecimientos.

1.1.2. Premio a la viveza y desestímulo al respeto por las normas.

La viveza52

que se predica de los colombianos, tiene diferentes manifestaciones pero se

podría definir como una creencia interiorizada de que se debe buscar la forma de

alcanzar los objetivos con los menores costos de tiempo, dinero, esfuerzo, etc., y,

aunque en principio esto pueda interpretarse como eficiencia, la cuestión es que dichos

costos se calculan independientemente de las normas jurídicas y sociales existentes y,

por ende, de los derechos ajenos, o lo que es igual con desconocimiento de los mismos;

alterándose con ello la noción de lo que es justo y de lo que está correcto.

En esa línea, al reconocido mandamiento de “no dar papaya” le corresponde otro que es

no dejar de aprovechar toda oportunidad que se tenga de sacarle ventaja a las

situaciones y a las personas como lo señalan los resultados de la investigación realizada

por Camilo Herrera y el Centro de Estudios Culturales:

52

―Vivo es así el conductor que llega siempre primero porque se mete en contravía, porque se salta la

cola de vehículos, porque cruza a la derecha por delante de los otros, porque se pone a la cabeza de los

que esperan el cambio de semáforo y lo burla cuando le da la gana, como a todas las demás señales…‖.

(PUYANA GARCÍA, 2002, pág. 72)

de 194

Aún así, se hace importante revisar el planteamiento de este tema a través de un caso

hipotético referido al grado de certeza sobre una actitud justa: la respuesta general es

que si las personas ven la forma de engañar o timar a los demás lo harían al instante. Es

decir, 68% dice que los demás se aprovecharían de los otros si pudiesen. Esto nos

muestra la poca confianza que se tiene a los demás y lo débil que podrían llegar a ser las

nociones de justicia (HERRERA MORA, Camilo y Centro de Estudios Culturales (Dir.),

2006, págs. 121-122).

Ahora bien, como antecedente de la viveza de los colombianos se ha señalado la

“malicia indígena”, término acuñado para expresar la simulación, el engaño, la mentira

a la que recurrieron los aborígenes para sobrevivir a las imposiciones, al saqueo, a la

violencia ejercida por los españoles y conservar una parte de su identidad social53

; al

respecto, Gabriel García Márquez citado en (ALDANA VALDÉS, 1996, pág. 27) relata

cómo los indígenas para quitarse de encima a Cristóbal Colón lo hicieron recorrer isla

tras isla en busca de un rey vestido de oro inexistente; a los conquistadores influidos por

las novelas de caballería los engañaron con descripciones de ciudades fantásticas

construidas a base de oro y, a todos en general, los descaminaron con la fábula de El

Dorado que una vez al año se sumergía en una laguna sagrada con el cuerpo empolvado

de oro.

Apoyados en ésto, Luis López de Mesa y Eduardo Caballero Calderón citados en

(CALLE & MORALES, 1994), señalan que la verdad a medias, el exceso de cortesía y

el incumplimiento no son producto del legado español sino de la malicia de los

indígenas, de su costumbre de mentir y no cumplir lo prometido; mecanismo que en su

decir, posteriormente, han empleado también las clases desfavorecidas frente a las

pudientes.

Tal encubrimiento significó decir no, pero hacer sí, o sea mentir. Pero no sólo se mentía

sobre algo ya realizado, sino que se prometía tributar o cumplir con algo y sólo se

llegaba con una cantidad menor que la anunciada o arreglada. En el fondo, se trataba de

tácticas de adaptación para sobrevivir a las exigencias coloniales‖. (CALLE &

MORALES, 1994, pág. 91)

Siguiendo con lo señalado por el Nobel (ALDANA VALDÉS, 1996) l, la viveza en

mención, en lo que toca a la relación de los colombianos con las normas, se traduce en

la habilidad de darle a lo ilegal apariencia de legal, en dilatar o si se quiere “embolatar”

la administración de justicia, en evitar las consecuencias de la violación de las normas

que de otra manera serían indefectibles, a través de la apelación a argucias y maniobras

fraudulentas,54

entra las que se cuentan la “Interpretación legal amañada” que consiste

en el aprovechamiento que hacen jueces, abogados y las partes en general, de lo que se

denomina la textura abierta de las normas, para darles un alcance contrario a su espíritu.

Asimismo, se encuentra la “Corrupción Legal”, término acotado por el otrora rector de

la Universidad Jorge Tadeo Lozano, José Fernando Isaza Delgado, en el programa Hora

53

En el siguiente pasaje Jorge Larraín da cuenta de ello: “In these cases the Spanish religious influence

covered but did not fully transform Indian cultural forms, which continued under different appearances

as a form of resistance‖ (LARRAÍN, 2000, pág. 48). 54

“De esta manera se consolida una situación en la que se combina lo que Kalmanovitz (1997:69) llama

el <<despotismo centralista>> con el desparpajo de los ciudadanos que buscan cómo evadir con

argucias y picardía el cumplimiento de la Ley‖. (HERRERA MORA, Camilo y Centro de Estudios

Culturales (Dir.), 2006, pág. 182)

de 194

20 de Caracol (MORALES, 2010), al referirse a la manera perversa como en Colombia

las mismas normas son fuente de ilegalidad, toda vez que bajo su apariencia se disfrazan

intereses particularistas, se consagran facultades, prerrogativas, derechos y

procedimientos que son contrarios a un orden justo, o se reviven de manera disfrazada

disposiciones declaradas otrora inconstitucionales o ilegales. Como ejemplos cita el

lobby en el Congreso que busca promover leyes a favor de quienes financian campañas

por ejemplo, o las múltiples reformas tributarias que favorecen grupos económicos

determinados.

Con base en lo anterior, los colombianos son reconocidos, en algunas ocasiones,

mundialmente55

, por sus ingeniosas e innovadoras formas de evadir las leyes y los

controles de las autoridades; lo que dio lugar a que Antanas Mockus hablara de una

cultura del atajo, donde la institucionalidad impuesta por las leyes es desplazada por la

manera informal de las personas actuar, informalidad consiste en la instrumentalización

de las instituciones por lógicas privadas y facciones políticas.

Así, en el sector privado, mediante encuestas aplicadas en los primeros meses de 1996

sobre una muestra aleatoria de 205 empresas y 62 oficinas de abogados (RUBIO, 1996),

se indagó sí en Colombia había una manera particular de hacer negocios, es decir, la

existencia de unas reglas informales, a lo que la mayoría contestó afirmativamente y

señaló, que dicha manera se aprende a partir de la experiencia y no de la educación.

Entre los elementos más mencionados por los abogados, como característicos de la

manera de los colombianos hacer negocios, están el rebusque, la improvisación, la

creatividad, la habilidad, la falta de claridad para negociar, la corrupción, la malicia, el

engaño y la astucia56

. En cuanto a los que señalaron los empresarios, el primer elemento

es el incumplimiento57

, otros son el ser sagaz, astuto, vivo, el poder de convencimiento,

la poca credibilidad, la falta de reglas, el irrespeto a las normas y la desconfianza.

Pero sin duda, lo más grave de la viveza de los colombianos, es la acogida y exaltación

que tiene en la sociedad58

, en la medida que se aplaude, se adula con ella, no se rechaza

y, por el contrario, se busca imitar. Se le confunde, perversamente, con inteligencia y

55

“Así han dado mucho de qué hablar paisanos nuestros como protagonistas de mayúsculos escándalos

de gran impacto internacional como:

El mayor fraude financiero del mundo, contra el Banco de la República, por un funcionario de alto nivel

quien huyó a Austria y convertido en narcotraficante, terminó encarcelado en Alemania.

(…)

El primer caso de contrabando de plutonio de la historia universal-material utilizado para fabricar

bombas atómicas-que orquestó en 1994 un médico egresado de la Universidad de Moscú‖. (PUYANA

GARCÍA, 2002, pág. 74) 56

―Cada uno rompe o pacta porque se mueve entre el oportunismo y la movilización estratégica‖.

(HERRERA MORA, Camilo y Centro de Estudios Culturales (Dir.), 2006, pág. 196) 57

―Con relación a la idea general de ―incumplimiento de un contrato‖ el 29% de los empresarios

encuestados manifestó haber sido víctima, durante el último año, de un incidente de este tipo‖. (RUBIO,

1996, pág. 50)

―Para el ―incumplimiento financiero‖, el 41.5% del total de los empresarios encuestados contestaron

que, en el último año, habían sido víctimas de un incidente de ―no pago de deudas‖ y un 56.3% afirmó

haber tenido problemas de cheques sin fondos‖.57

(RUBIO, 1996, pág. 51). 58

―En ningún lugar de la tierra se aprecia y se admira mas la viveza que entre nosotros, como el máximo

atributo del hombre moderno y esa cualidad sobrepasa en la estima del común de las gentes: la belleza,

la honradez, la solidaridad o la ilustración‖. Daniel Samper Pizano citado en (PUYANA GARCÍA,

2002, pág. 75)

de 194

con ingenio para no vencerse ante las dificultades mediante el vulgarmente conocido

“rebusque”59

.

Desafortunadamente, en Colombia la realidad pareciera reforzar la estima que se le

tiene a la viveza como rasgo característico del colombiano, en cuanto constantemente la

moraleja de lo que sucede es que “RESPETAR LAS NORMAS NO PAGA”, así lo

señala Thoumi: ―En esta sociedad rapaz, los vivos tienen éxitos y los tontos que cumplen con

las leyes y reglamentos económicos fracasan‖. (Thoumi, 1996) citado en (IRIARTE M., 2001)

1.2. Formalismo vacío de sustancia.

Las fuentes bibliográficas registran como parte de la cultura jurídica colombiana, la

coexistencia singular entre el culto a la ley y a las formas y el recurso a la violencia, a

los poderes de facto y a las argucias jurídicas para tramitar los asuntos, lo que tiene

antecedentes históricos en la época colonial y en la Independencia, y está estrechamente

relacionado con la ausencia de voluntad política de las élites y la utilización del derecho

como un instrumento de poder; siendo algunas de sus principales manifestaciones la

implantación de instituciones sin consideración a los procesos históricos del que son

producto, el “reformismo constitucional” y la hiperinflación normativa con la

inseguridad jurídica y la injusticia en la administración de justicia que le son inherentes.

1.2.1. La Paradoja de la coexistencia del legalismo y la ilegalidad en Colombia.

El legalismo es quizá uno de los rasgos característicos de la sociedad colombiana más

registrados en las fuentes bibliográficas; pero con un sentido peyorativo, en la medida

que denota la contradicción, o como se le ha denominado la “esquizofrenia” existente

entre el culto a la Ley en Colombia60

y su inversamente proporcional violación61

.

De acuerdo con Marco Palacios (PALACIOS, 2006, pág. 47) pocos países en

Latinoamérica presentan una tradición democrática tan continua durante el siglo XIX;

sin embargo ello no se ha traducido en el enriquecimiento del espacio público ni en el

fortalecimiento de la tolerancia y la resolución pacífica de los conflictos; por el

contrario el legalismo y la fe en las virtudes intrínsecas del sistema político han

coexistido con la legitimación de la violencia como mecanismo válido para obtener y

sostenerse en el poder, nada ilustraría mejor ello, que los numerosos generales que han

estado a la cabeza de los dos partidos tradicionales.

59

David Bushnell (1996), señala que uno de los rasgos característicos del carácter nacional de los

colombianos es la habilidad para arreglárselas. 60

―Como toda una cultura, el legalismo formalista se fue enquistando en el Estado colombiano con sus

interminables papeleos, sus trámites engorrosos, sus documentos inútiles y sus tenebrosos laberintos

procesales donde se extravía la justicia y se hace imposible el cumplimiento de la ley, gracias a la

manipulación de sus prestidigitadores de oficio con lo cual, pese a las apariencias, no se provee el

ambiente apropiado para que se cumpla, sino para poder burlarla….‖ (PUYANA GARCÍA, 2002, pág.

207) 61

―No hay duda. Ni las leyes, ni los valores son buenos predictores de los comportamientos del

colombiano: en sus labios siempre hay una invocación al orden y el respeto por lo establecido, pero en

sus acciones siempre hay una actitud de evasión y viveza‖. (HERRERA MORA, Camilo y Centro de

Estudios Culturales (Dir.), 2006, pág. 275)

de 194

De acuerdo con Horacio Calle y Jorge Morales (1994), el formalismo o legalismo

podría remontarse al burocratismo de la administración colonial que constituye uno de

los elementos de la herencia española, y que consistió en la expedición “de un mar de

disposiciones imposibles de cumplir en su totalidad‖ (1994, pág. 130) para evitar el

maltrato a los indígenas, la evasión del pago de tributos, el contrabando, el desvío de las

riquezas de la Corona, etc.. En efecto, muchas se “obedecían pero no se cumplían”, por

ser incompatibles con la realidad de ultramar y porque su legitimidad era precaria.

“Felipe II estaba convencido de que el estado español funcionaría en ultramar si se

vigilaba coercitivamente” (1994, pág. 130).

Los abogados, desde la época de la colonia hasta la actualidad, son numerosos en

comparación con la cantidad de profesionales de otras áreas prácticas como ingenieros,

químicos, físicos, etc. Una de las causas de este resultado podría ser el hecho de que en

España, profesiones como la medicina, la arquitectura, la ingeniería, las finanzas, entre

otras, se identificaban con moros y judíos, lo que hizo que fuesen consideradas de razas

inferiores y, por ende, desestimuladas entre los cristianos. El hecho pues de la

exaltación y el predominio de abogados en la sociedad y en los círculos de poder,

implica la preponderancia de la cosmovisión y perspectiva legalista en la constitución y

administración del Estado.

De acuerdo con Hernando Valencia Villa (1997), no existe bibliografía histórica o

jurídica sobre la independencia de Colombia que la aborde desde el punto de vista de

comprender “cómo funciona en realidad el derecho, cuál es su función social efectiva y cuán

separado se halla de la conflictiva materia de que está hecha nuestra convivencia‖. (1997,

pág. 25)

De acuerdo con el autor, en la comprensión de dichos aspectos radicaría la clave “para

descifrar la coexistencia excepcional de la legalidad y la violencia que distingue entre todos al

régimen político colombiano‖ (VALENCIA VILLA, 1997, pág. 62); por el contrario, la

tradición académica se ha dedicado a mitificar el proceso de formación del Estado,

presentándolo como una hazaña del ―patriotismo heroico y del republicanismo sin tacha‖.

(VALENCIA VILLA, 1997, pág. 62)

Sobre esa “coexistencia excepcional”, se han encontrado dos posibles raíces en el

proceso de independencia de Colombia, a saber: la negación del pasado colonial y la

adopción de formas de gobierno extranjeras; así como, la coexistencia entre el deseo de

la élite criolla de adoptar dichas formas al tiempo de su negativa a acompañarlo de las

transformaciones sociales, económicas, culturas y políticas necesarias.

Así pues, en el proceso independentista de Colombia, se habrían cometido varios

errores cuyos efectos se extienden hasta hoy y hacen parte de nuestra cultura; el primero

sería haber creído que más de tres siglos de colonialismo, podían ser arrasados por la

Ley, por lo que la destrucción de las instituciones que regían en la colonia de la noche a

la mañana, sólo operó en el papel.

En concordancia con esto, al interrogante planteado en el texto de María Mercedes

Cuéllar (2000, pág. 47), sobre por qué las estructuras institucionales que se ha

comprobado que son eficaces en otros países no se adoptan en aquellas sociedades

donde no lo son, podría responderse, con base en la teoría de Douglass North, porque

las instituciones que no gozan de plena aceptación están destinadas al fracaso, debido a

de 194

que la tradición y la cultura de los pueblos a que se destinan son trascendentales en su

devenir.

Así las cosas, Calle y Morales (1994) señalan que pese a la percepción que lo que

somos es producto de la Independencia, las instituciones coloniales imperaron hasta

1850 y Marco Palacios (2006, pág. 44) señala que tras la independencia, súbitamente,

se constituyó una república con instituciones democráticas que, sin embargo, tenían sus

cimientos en las anteriores prácticas coloniales, dando como resultado la concurrencia

de la confusión y la claridad, de la superstición y la fe, de los rituales arcaicos y la

razón, siendo los colombianos, en palabras de Palacios, llamados a reemplazar las

costumbres con la ley, a escoger entre los hábitos tradicionales de un lado y el lenguaje

de la libertad y el constitucionalismo del otro.

Rubén Jaramillo Vélez62

(1998), por su parte, menciona que en Iberoamérica se quiso

elevar un edificio sin base, un edificio de libertad con materiales españoles y para

ilustrarlo cita al “romántico” Esteban Echevarría (1998, pág. 84) quien exclamaba que

Iberoamérica era independiente más no libre pues si bien las armas de España ya no la

oprimían sus tradiciones la agobiaban. Asimismo cita a Ortega y Gasset en

(BETANCUR, 1961) quien comparando la cultura germánica y la latina, dice de la

primera ser la cultura de las realidades profundas y de la segunda la cultura de las

superficies.

En este sentido, Hernando Valencia Villa (1997), trae a colación, cómo a diferencia de

Iberoamérica, cuando los americanos ingleses sacudieron el yugo de su metrópoli,

lucharon por la independencia pero conservando su anterior organización y Francia y

España los auxiliaron.

Así lo creía Antonio Nariño citado en por Valencia Villa (1997), quien en numerosos

pasajes exhortó a dar continuidad a las instituciones coloniales, mientras se establecía

otro sistema de forma concienzuda; en concordancia con ello, anotaba después que el

derecho de indias, había hecho mucho más por Colombia que las instituciones

importadas de Francia y Estados Unidos desde 1810.

Decía Antonio Nariño:

En lugar de una reforma gradual y meditada, abrazamos el partido desesperado de

quererlo todo destruir y edificar en un solo día‖. (1997, pág. 60)

Al responder a Torres y a Pombo, Nariño escribía en 1811 en su periódico La Bagatela:

La Constitución de los Estados Unidos es la más perfecta que hasta ahora se conoce: una

constitución tan perfecta para ser adoptada exige luces, virtudes y recursos que nosotros

no tenemos; luego no estamos en el caso de aplicárnosla. (1997, pág. 72)

62

Quisieron imponer en el país un régimen civilista y republicano, y lo lanzaron en medio del más oscuro

y atrasado de los feudalismos, como fue la época federal colombiana; quisieron consagrar el régimen de

los derechos individuales y no lograron otra cosa que construir el procedimiento capaz de anularlos

todos. Desearon la paz y fomentaron las guerras civiles; quisieron la tranquilidad de las conciencias y

fomentaron las guerras religiosas; desearon el orden y precipitaron al país en la anarquía‖. (1998, págs.

35, 36)

de 194

Dos años después de su victoria sobre el partido federalista de Torres y Pombo, el

Precursor advertía al Colegio Electoral de Cundinamarca:

¿Si nosotros nos hemos de perder con nuestras bellas constituciones, por qué no hemos

de abrazar otro sistema que, aunque menos liberal, nos pueda a lo menos poner a

cubierto de los males que nos esperan? (pág. 72)

La gran preocupación de la independencia pues, fue como llenar el vacío generado por

la ruptura con el sistema colonial, preocupación que compartía Simón Bolívar, pero la

verdad es que dicho pasado colonial nunca se pudo eliminar del todo, por el contrario

como ya se mencionó antes, constituyó el sustrato sobre el que se asentaron las

instituciones extranjeras importadas. Y no se trató de cualquier sustrato, sino de uno

marcado, según Danilo Cruz Vélez citado en (JARAMILLO VÉLEZ, 1998), por la

anormalidad, producto a su vez, de la anormalidad histórica de la madre patria que en el

siglo XVII le dio la espalda a la modernidad y trató de perpetuar la Edad Media, a través

de la Contrarreforma;

Así, mientras que de la revolución francesa y norteamericana, se derivó un racionalismo

jurídico utilitarista que derivaba normas de principios simples, el derecho español era

concreto, casuista y desordenado.

Aunado al hecho de querer hacer desaparecer por arte de magia la herencia de la

colonia, la independencia de Colombia, se encontró con otro escollo, la negativa de la

élite criolla a perder sus privilegios y, por ende, a propiciar una verdadera revolución

social, económica, política y cultural, que hiciera viable la materialización de las

instituciones extranjeras adoptadas formalmente.

La falta de voluntad de las élites, no sólo entorpeció los propósitos plasmados en las

primeras constituciones de la República, sino que también ha impedido muchas de las

intenciones que se han plasmado en las normas a lo largo de la historia colombiana; en

la obra de Bushnell (1996) se señalan los siguientes ejemplos: i. Jorge Eliécer Gaitán,

sostenía que existía un país político conformado por la oligarquía y que sólo se

preocupaba por las elecciones, la burocracia y la economía, y otro país nacional cuyas

preocupaciones eran el trabajo, la salud y la cultura; ii. Alfonso López Pumarejo,

expidió la Ley 200 de 1936, por medio de la cual se reconocía la función social de la

propiedad y ordenó la expropiación de las tierras incultas, obteniendo como respuesta la

oposición violenta de los terratenientes de ambos partidos; iii. En 1961, Carlos Lleras

Restrepo, también aprobó una Reforma Agraria por la cual se creó el INCORA, la que

se considera fracasó en sus fines por la misma razón expuesta.

Autores como Salomón Kalmanovitz (1989), quien atribuye a que las élites no hayan

querido abandonar sus prerrogativas, el hecho de que en Colombia no haya surgido una

clase burguesa que se base en la igualdad de principios éticos y del trabajo, David

Bushnell (1996)63

y Rubén Jaramillo Vélez (1998), coinciden en señalar que en la época

de la independencia, la casta criolla que ascendió al poder rechazó su pasado colonial,

queriendo adoptar las formas inglesas, francesas y norteamericanas, pero sin propiciar

una redistribución de la tierra, aboliendo la esclavitud pero convirtiendo a los esclavos

en aparceros de la tierra, etc.

63

En este sentido, Bushnell (1996) atribuye la motivación de Simón Bolívar de imponer su modelo de

constitución autoritaria en 1828, al apoyo sólo formal que los terratenientes daban a las Constituciones y

las leyes, lo que amenazaba con una desintegración inminente de la Gran Colombia.

de 194

Hernando Valencia Villa (1997) señala que una de las fuentes del ejercicio abusivo del

poder, es la aplicación de instituciones extranjeras inspiradas en una población

mayoritariamente de clase media, a una sociedad altamente estratificada y oligárquica

como la colombiana.

Así pues, en los albores de nuestra vida republicana ya se registraba lo que Jaramillo

Vélez (1998) denomina como el divorcio entre las Cartas Magnas y la práctica social

impregnada de la inercia de una sociedad señorial opuesta a la modernidad; que era

consecuencia del salto cuántico que se dio del Medioevo a la Postmodernidad, sin hacer

escala en la modernidad, la cual se caracteriza por la construcción de una verdad y una

ética públicas, en las cuales nacen las distintas verdades y éticas que coexisten en una

sociedad postmoderna. En otras palabras, como lo indica Bushnell (1996), en Colombia

se llevó a cabo un proceso de modernización del Estado sin destrucción de las élites

tradicionales.

Pero la costumbre de importar instituciones extranjeras sin que se surtan los respectivos

procesos tendientes a su afianzamiento y sin que se tengan en cuenta las características

propias de la población objeto, no se circunscribe al proceso independentista, sino que

constituye un rasgo típico de la historia colombiana.

Hernando Gómez Buendía (2000) destaca cómo en Colombia, desde siempre, se han

tomado atajos hacia la modernidad y la postmodernidad, que no han estado

acompañados de los respectivos procesos de cambio social, cultural, idiosincrático,

económico y político, y Hernando Valencia Villa (1997), menciona como las

condiciones materiales de una gran parte de la población no encuadran ni lo hacen aún,

dentro de las formas imperantes del Estado y del derecho.

Rubén Jaramillo Vélez (1998) 64

, por su parte, señala cómo es costumbre en Colombia

importar sistemas políticos, económicos y jurídicos extranjeros sin tomar en cuenta el

proceso evolutivo-histórico del que son producto; generalmente, se toman en una etapa

final o fraccionadamente, lo que constituye una imitación superficial sin medida, sin

discernimiento, de todas las influencias que vienen de Europa y de Francia, en

particular.

El hecho de que al momento de la constitución de la República se hubiera negado un

pasado colonial que de alguna forma era el patrimonio de la sociedad colombiana y se

hubieran impuesto nuevas formas carentes de cohesión alrededor, habría dado lugar a lo

que los autores han señalado como la conformación de un Estado sin Nación. Para

Kalmanovitz (1989) la diferencia entre Estado y Nación, es que el primero se trata de

una organización política, mientras el segundo de la homogeneidad de una población;

siendo Colombia, según Francisco Thoumi (1998), un Estado caracterizado por la

existencia, en su interior, de una multiplicidad de cosmovisiones con la violencia como

mecanismo de resolución de los conflictos.

64

―Han terminado por adoptar en forma apresurada y sincrética patrones de comportamiento que

imponen la vinculación al mercado mundial, la industrialización, el desarrollo económico y la acelerada

urbanización, sin que éstos sean consciente y sistemáticamente asimilados por las grandes masas

populares, mantenidas hasta el día de ayer en un estado de somnolencia tradicional y que han

despertado abruptamente a las impostergables tareas que impone el mundo contemporáneo‖

(JARAMILLO VÉLEZ, 1998).

de 194

Por su parte Valencia Villa (1997) concibe el derecho como la gramática de la guerra y

la visión que tiene de la Independencia es que fue la creación del Estado antes de la

creación de la Nación y sin Nación, de forma autoritaria y legalista; habiendo impreso a

la construcción del edificio de la República el sello del legalismo que la caracterizaría

hasta la actualidad. La fe en las virtudes y la eficacia inherentes del derecho, sería un

legado de uno de los principales próceres de la independencia, Francisco de Paula

Santander quien era conocido como el “Hombre de las Leyes”.

De acuerdo con Miriam Williford (1980) citada en (VALENCIA VILLA, 1997, pág.

94), el estilo Santanderista estaba marcado por una democracia constitucional basada en

el legalismo de la corriente de Rousseau y, sobre todo, del filósofo y jurista inglés,

Jeremy Bentham, quien creía en la eficacia de las leyes per se y en que las instituciones

y modos de vida podían ser creados y moldeados por las leyes correctas.

Además de la convicción en el poder intrínseco de las normas para modificar la

realidad, según Hernando Valencia Villa (1997) Santander también fue reconocido por

su manipulación astuta y estratégica de las Leyes y de la Constitución, para alcanzar

unos determinados intereses; costumbre que también constituye patrimonio nacional de

los colombianos.

Del legalismo del que se viene hablando se desprende otro de los rasgos de la

personalidad de la sociedad colombiana, el que Valencia Villa (1997) ha tenido a bien

denominar “Reformismo Constitucional”65

, cuyo objetivo perverso ha sido prevenir el

cambio social y lograr el consenso político; el saldo son 15 constituciones en 75 años y

67 reformas en 100 años. El reformismo constitucional es una muestra del fetichismo

jurídico colombiano, mediante el cual se ahogan los intentos de revolución, es el culto

al orden y a la prevalencia de las instituciones, per se. Según el autor, las cartas

constitucionales del siglo XIX y las reformas constitucionales del siglo XX, constituyen

una guerra civil, la guerra del país contra sí mismo.

El reformismo constitucional como instrumento para evitar que grupos sociales y

políticos alternativos participen del poder, ha sido una de las principales causas de la

violencia en el país. Lo anterior nos sitúa frente a la concepción del derecho como

instrumento de poder en Colombia, el cual ha logrado, de una parte, inhibir la

movilización social tendiente a la reivindicación de derechos al mismo tiempo que

propiciado la expresión anómala de las problemáticas del país.

Una muestra del efecto inhibidor del derecho en Colombia, fue el establecimiento del

Frente Nacional, que se presentó como una solución a la violencia partidista extendida

por décadas pero terminó teniendo un efecto devastador sobre el sistema político

democrático existente en Colombia, convirtiéndolo en una ficción.

De acuerdo con Francisco Leal y Andrés Dávila (1990, pág. 55), una de las mayores

secuelas del Frente Nacional fue el debilitamiento de los partidos políticos tradicionales,

pues antes de estar consagrados constitucionalmente a través de dicha figura, todas las

65

―Y las condiciones de formación ciudadana permiten prever que puede ser políticamente muy costoso

repetir la fórmula del Gatopardo, tan socorrida en las reformas constitucionales mayores y menores que

se han producido en el país en este siglo: que todo cambie que todo siga igual‖. (LEAL BUITRAGO &

DÁVILA LADRÓN DE GUEVARA, 1990, pág. 365)

de 194

personas se reconocían liberales o conservadoras; habiéndose dado por sentado su

alternancia en el poder, se desestimuló la lucha por la adscripción ideológica que antes

los sustentaba y, a partir de ese momento, el puente entre el electorado y los

gobernantes fue el ofrecimiento de dádivas, de cargos, favores, etc., a través del montaje

de una estructura clientelista66

. Y es a la falta de democracia electoral, más que a

factores sociales y económicos, a la que Kalmanovitz (2001) atribuye el surgimiento de

grupos subversivos en Colombia.

Finalmente, para ilustrar el tema de lo que ha sido en Colombia la cultura del legalismo,

es pertinente citar a Hernando Gómez Buendía con su crítica al trasplante de

instituciones extranjeras que no va aparejado de los respectivos procesos y, a la

tendencia a solucionar los problemas únicamente en el papel67

:

Hay gente que tiene más razón de la que cree. La tuvo el ministro Andrés González,

cuando justificó el nuevo aplazamiento del hábeas corpus con la aclaración de que

―Colombia no es Suiza‖. Ciertamente:

(…)

‖Segundo porque lo real en Colombia no es lo real en Suiza. Allá no hay 10.156 presos

por terrorismo y narcotráfico (aunque Suiza fue una cueva de bandidos hasta entrado el

siglo XVII). Pero allá tampoco hay un 67% de presos sin condena. Y es porque allá no

hay una Fiscalía encartada con 318.167 expedientes y apenas 1.431 fiscales. O sea: allá

la justicia funciona y aquí no funciona. (GÓMEZ BUENDÍA H. , 2000, pág. 19)

Pero lo grave no es que Colombia, sin ser Suiza, haya adoptado una Constitución para

una sociedad más avanzada que Suiza. Lo grave es que Colombia no está en camino de

ser Suiza. Y no lo está porque nos obstinamos en confundir la ruta hacia el futuro con

atajos pragmáticos que nos devuelven al pasado. (GÓMEZ BUENDÍA H. , 2000, pág. 20)

El formalismo de los colombianos, significa pues la contradicción existente entre el

“ser” y el “deber ser” en lo que tiene que ver con el Estado e, incluso, con la vida

personal. Muchas veces lo que está legalmente consagrado no es lo culturalmente

practicado y, a través de reformas políticas y administrativas los diferentes gobiernos

van tornando en legal lo otrora ilegal pero culturalmente aceptado (HERRERA MORA,

Camilo y Centro de Estudios Culturales (Dir.), 2006, pág. 193).

Tal como se señala en la investigación de Camilo Herrera y el Centro de Estudios

Culturales (2006, pág. 185) con base en Hartlyn (1998, pág. 230), en materia de

expedición de normas la distancia entre las expectativas y la realidad es común, entre

otras razones porque los intereses privados suelen desplazar al bien público, el sentido

66

―Dentro de esta lógica, la dinámica del sistema pasó a depender, en principio, del crecimiento y

utilización clientelista de los recursos del Estado. Su legitimidad quedó resguardada por un rígido

procedimiento electoral inmerso, en última instancia, en una formalidad jurídica con una tradición casi

sin parangón dentro de las sociedades llamadas del Tercer Mundo‖ . (LEAL BUITRAGO & DÁVILA

LADRÓN DE GUEVARA, 1990, pág. 92). 67

―Es otro ejemplo glorioso del pasatiempo nacional: cada problema que no podemos resolver en la

vida, lo resolvemos en el papel. Por eso, la única ciencia válida en Colombia es la ciencia ficción‖.

―Los aportes de los Rodríguez ya estaban prohibidos.- ¿O es que tampoco han oído del 8.000?-. Pero en

nuestra sapiencia republicana, ahora quedarán más prohibidos‖.

―Nuestro gran mar de babas consiste siempre en resolver el problema que no es y de la manera que no

es. Hay razones de democracia y de interés público para que el Estado financie los partidos. Pero en

Colombia ni hay partidos ni son de utilidad pública. Y en todo caso, así no se resuelve el punto de los

narcodineros‖. (GÓMEZ BUENDÍA H. , Así Somos. 6. Votos, cheques y babas (20-II-96), 2000, pág.

14)

de 194

de las reformas no se consagra de forma explícita o son atenuadas en el momento de su

regulación o ejecución gubernamental.

De igual forma se registra una especie de cultura jurídica de jueces, abogados y, en

general, actores jurídicos, que de acuerdo con Germán Puyana García (2002) consiste en

dar en la práctica prevalencia al derecho formal sobre el sustancial, así como, el

constante recurso a argucias jurídicas para obtener resultados abiertamente contrarios a

los principios que informan el derecho; lo que degenera en impunidad, una de las

principales causas de la violencia en Colombia.

El autor señala también como una muestra de legalismo la creencia en que para cambiar

a Colombia se requiere cambiar primero la Constitución política y promulgar leyes,

desconociendo la incidencia de la idiosincrasia y la cultura en las problemáticas del

país, y, por ende, del gran esfuerzo que tendría que hacer la sociedad en conjunto para

transformar su mentalidad y conducta.

1.2.2. Hiperinflación Normativa: solución legalista a todos los problemas.

La expedición de normas en Colombia, como un subproducto del formalismo que la

caracteriza, se distingue por la proliferación, la desorganización y la falta de

planificación, que degeneran en inseguridad jurídica.

Empezando por la Constitución y descendiendo por toda la pirámide normativa de

Kelsen68

, el ordenamiento, constantemente está mudando de forma y perdiendo su

vigencia; de acuerdo con María Mercedes Cuéllar, a los textos constitucionales les

corresponde una estabilidad de largo plazo que se debe acompañar con una de mediano

plazo de la legislación (CUELLAR, 2000, pág. 55). Aunado a ello, las normas que

modifican, reglamentan o derogan69

el articulado de otras abundan, tornándose en una

tarea casi imposible, conocer a ciencia cierta el texto de una ley, lo que facilita la

corrupción, desestimula la observancia y acrecienta la transgresión.

De acuerdo con los resultados de la investigación adelantada por Camilo Herrera Mora

y el Centro de Estudios Culturales (2006, pág. 194), ante el cambio permanente de las

reglas de juego los ciudadanos hacen sus propias previsiones y ocupan el espacio

público, evaden impuestos, delinquen, con la confianza en que la fuerza de la realidad

conllevará a que se expidan nuevas normas legalizando la invasión, amnistiando las

deudas, rebajando las pena, etc.

En el texto “Normas, justicia y economía en Colombia” (1995), Mauricio Rubio realiza

un análisis amplio de las características de la normatividad, especialmente de las que

aplican para las empresas, en términos de cantidad, frecuencia de los cambios, esfera

estatal donde surge la reglamentación y vigencia promedio; partiendo de la hipótesis de

que las decisiones de un agente económico en un entorno en el que tiene que conocer,

asimilar, cumplir o incumplir diez mil artículos de un código son diferentes a si se

tratara de un código de cien artículos.

68

―Se podría decir, así, que a la estabilidad de largo plazo de la Constitución debe corresponder una

estabilidad de mediano plazo de la legislación‖. (CUELLAR, 2000, pág. 55) 69

De un tiempo hacia atrás se viene empleando en las leyes la fórmula de la derogación tácita mediante la

cual se dispone que la presente ley deroga todas las que le sean contrarias, dejando a la libre

interpretación establecer si una norma fue o no derogada por una posterior.

de 194

A través de ejercicios demográficos, el autor detectó un cambio drástico en las

instituciones en los setentas y ochentas hasta el presente, en el sentido que aumentó la

discrecionalidad de las normas y, se podría decir de forma correlativa, disminuyó su

vigencia; aunque el autor no se ocupa y así lo señala, de las causas que motivaron los

cambios institucionales y legislativos.

La discrecionalidad consiste en la liberalidad a la hora de fijar el contenido de las

normas, que está ligada, inversamente, con su legitimidad; en relación con aquella se

menciona que el número de normas de origen ejecutivo se ha incrementado desde los

ochentas en adelante, traduciéndose en una mayor discrecionalidad, pues por lo general,

según el autor, las normas que se adoptan en el Congreso, tienen mayor representación

popular y debate.

Así las cosas entre 1950 y 1988 el volumen de la normatividad aplicable a empresas

aumentó en promedio un 3.5% anual y entre 1989 y 1994 ascendió al 9% anual,

pasándose de una tasa con la cual el volumen de la normatividad se duplicaba en un

período de veinte años a otra con la cual ello se producía cada ocho años (RUBIO,

1995, pág. 11).

De igual forma Rubio (1995, pág. 50) anota que en el área penal se ha detectado en los

últimos años una tendencia a tipificar más y más conductas antisociales tornando

ineficaz la represión por parte del Estado de aquellas conductas que por su mayor

gravedad son más lesivas de los bienes jurídicos fundamentales de la sociedad.

En cuanto a la vigencia de las normas, se parte de la hipótesis que en cuanto más

extensa, mayor es su conocimiento y asimilación y, por ende, su legitimidad; en

términos generales, con el transcurso del tiempo se aprecia una disminución de la

vigencia de la normatividad, que podría estar asociada al aumento de su

discrecionalidad.

De acuerdo con ello, en el período comprendido entre 1950 y 1982, se incrementó

continuamente la edad promedio de las normas de diez años en 1950 a cerca de

veinticinco en 1982, momento desde el cual la edad promedio comienza su descenso

hasta alcanzar en 1984 una vigencia promedio ligeramente menor a los catorce años. En

1989 se habría detectado el mayor descenso de un año a otro cuando se transitó de los

veinte a los catorce años (RUBIO, 1995, págs. 13,14).

Dichos cambios en la discrecionalidad y la vigencia, también tienen un impacto en la

demanda y características de la administración de justicia: i. La inflación normativa y la

discrecionalidad, aumentan los conflictos entre los particulares, debido a una falta de

claridad de las reglas de juego; ii. Congestiona los despachos judiciales a la complejidad

de la normatividad y, a su vez, aumenta los costos y tiempo de resolución de los

conflictos, desestimulando su procesamiento judicial; iii. La disminución de la vigencia

de las normas, disminuye su observancia, por cuanto el tiempo para su conocimiento y

asimilación es menor.

En otra investigación adelantada por Mauricio Rubio (1996), en la que se les consultó a

empresarios y abogados sobre los efectos de la reglamentación en Colombia, un 68.5%

de los primeros y un 83% de los segundos manifestaron acuerdo con la afirmación de

de 194

que en Colombia la normatividad es tan compleja y, a veces, contradictoria que es

imposible cumplir las normas siempre (1996, pág. 41); aunado a ello, un gran

porcentaje de éstos consideran que antes de que aportar soluciones crean conflictos y las

razones se explican en términos de círculos viciosos.

El primer círculo vicioso consiste en que una regulación voluminosa, compleja y

contradictoria, aumenta la discrecionalidad y el espacio para la interpretación subjetiva,

que se ve con mayor preocupación en funcionarios públicos de bajo nivel, pues se

convierten en legisladores aislados sin control. Frente a este punto, la mayoría de

abogados y empresarios, entrevistados considera que tener algún vínculo con un

funcionario público puede facilitar o agilizar los trámites en el Estado, luego una

regulación con las falencias mencionadas fomenta la corrupción.

El segundo círculo vicioso radica en la pérdida de credibilidad en las instituciones

formales, dada su ineficacia, generalizándose los comportamientos al margen de la Ley

o en contradicción con la misma y, la respuesta desesperada del Estado mediante la

expedición de nuevas normas. El mayor promotor del incumplimiento sería el mismo

ordenamiento que es abultado y costoso de cumplir.

El tercer círculo vicioso consiste en que a un marco regulatorio voluminoso, complejo y

contradictorio le es inherente la inestabilidad. Las soluciones son siempre reactivas,

urgentes y parciales teniendo como resultado un marco normativo caótico (RUBIO,

1996, pág. 34).

Para explicar la razón de ser de que la normatividad en Colombia sea voluminosa,

compleja y contradictoria, Rubio (1996) cita la Teoría de North, según la cual, entre más

difíciles y costosas son las transacciones en una sociedad más necesario se hace el

andamiaje de justificación de las reglas de juego, esto, según el autor coincidiría con el

hecho que la Constitución de 1991 es un decálogo de numerosos derechos, libertades y

garantías, que sin embargo en la práctica no se cumplen. De acuerdo con esta teoría una

gran cantidad de normas y de derechos declarados, generalmente, obedece a que hay un

gran incumplimiento de los mismos en la realidad.

Hernando Gómez Buendía (2000), también ha escrito en numerosas ocasiones sobre la

inflación normativa existente en Colombia y, especialmente, sobre sus efectos en la

rama judicial del poder público, algunas de sus reflexiones han sido las siguientes: i. La

Proliferación de normas torna impredecible la justicia, pues su administración depende

de la pericia de los abogados y de la memoria del juez; impredecible que es lo mismo

que arbitraria o que injusta; ii. El resultado de normas y prioridades confusas son

impunidad para los malos, especialmente, sí tienen abogados buenos e inseguridad para

los buenos, especialmente si tienen abogados malos; iii. La ley, originalmente, tiene

como función darle seguridad a las relaciones sociales, pero en Colombia sucede todo lo

contrario, los ciudadanos conviven con la amenaza de que en cualquier momento un

funcionario público puede envainarlo por cualquier cosa y viceversa. Lo anterior se ve

reflejado en las cartas remitidas por la DIAN, en la imposición de multas, en algunos

“tutelazos” absurdos; pero sobre todo en la ilimitada discrecionalidad o dictadura de

quienes interpretan las leyes, de los liquidadores, del revisor, el policía, el fiscal, el

contralor, el juez o el magistrado.

de 194

1.3. Concepción clientelista de las instituciones

El Estado erigido originaria y filosóficamente para administrar la cosa pública en

beneficio de todos, en Colombia pareciera haber sido captado por intereses

particularistas. “Transparencia Internacional”, grupo alemán que combate la corrupción

mediante procedimientos no convencionales como la vergüenza pública, elaboró un

listado de 50 países que califica como corruptos, encabezado en 1997 por Nigeria,

Bolivia, Colombia, y, el peor de todos Rusia; encontrándose al otro lado Dinamarca,

Finlandia y Suecia (CUELLAR, 2000, pág. 574).

Las causas de la corrupción existente en Colombia son atribuidas por los autores a

diferentes factores: de acuerdo con David Bushnell (1996), la transición del campo a las

ciudades producto de la modernidad, supuso una nueva forma de clientelismo que se

alimentaba de la indigencia, la pobreza y el desempleo en las urbes; lo que aunado a la

irrigación de excesivos caudales provenientes del narcotráfico, ha degenerado en el

aumento de los niveles de corrupción.

De otra parte, Francisco Leal y Andrés Dávila (1990), mencionan que el clientelismo

hace parte de la historia de Colombia, pero sufrió un acrecentamiento durante la época

del Frente Nacional. El control del bipartidismo sobre la administración del Estado sin

oposición ni control, habría conducido a un uso indiscriminado de los recursos públicos

por parte de la clase política; adicional a ello, ante el debilitamiento de la adscripción

ideológica el puente con el electorado continuó siendo el clientelismo.

Richard Thypin citado por los autores en mención (LEAL BUITRAGO & DÁVILA

LADRÓN DE GUEVARA, 1990, pág. 42), apunta como otra causa de la corrupción, la

insuficiencia del Estado, de los canales formales para la satisfacción de las necesidades,

en la medida que la parte subordinada de la relación no tiene capacidad de rechazo y se

ve obligada a optar por la solución alternativa, lo que se convierte en un círculo vicioso.

De otro lado, Rubén Jaramillo Vélez (1998), si bien reconoce que Colombia ha sufrido

un proceso de secularización o secularismo como él lo denomina críticamente, señala

que la Iglesia Católica, que durante siglos rigió casi hegemónicamente la conducta de

los colombianos y cuya doctrina hace parte de nuestra cultura, tenía como finalidad

primordial aumentar el número de católicos y no de buenos ciudadanos, de forma que

pudo ser compatible cumplir con sus mandatos y ser corrupto.

Por su parte, María Mercedes Cuéllar (2000), va hacia adelante y se centra en el

producto del “secularismo” mencionado, consistente en el salto de la moral católica a la

anomia social, anotando que el registro en su investigación de un cincuenta y ocho por

ciento de relativismo ético puede ser algo no muy positivo para la democracia en cuanto

facilita la violación de reglas y la corrupción, además de dificultar la generación de

legitimidad alrededor de las normas con el consecuente incremento de su transgresión.

Salomón Kalmanovitz (2001), señala también como causa de la corrupción en

Colombia, la ausencia de aprehensión de lo público por parte de la sociedad y por ende

de control sobre el accionar de los gobernantes y el funcionamiento de las instituciones;

a su vez que las motivaciones para acercarse a la política son sólo de tipo clientelista; lo

que señala como una tendencia típica del sur de Italia.

de 194

Sobre lo mencionado por Kalmanovitz, en punto a la ausencia de reproche social frente

a la corrupción, especial mención merece la alusión de José Fernando Isaza Delgado

(MORALES, 2010) al premio nobel de literatura, Gabriel García Márquez, de quien

dice ser una de las personas que más admira, para resaltar como en su obra “El General

en su Laberinto”, hace un agradecimiento especial al exgerente de la Empresa de

Energía de Bogotá, Fabio Puyo Vasco, por haberle prestado su apartamento en París y

su excelente biblioteca sobre Bolívar; no obstante, haber sido el principal responsable

de uno de los desfalcos más grandes perpetrados en el Guavio Cundinamarca, por lo que

no pagó ni un día de cárcel y huyendo logró que operara la prescripción de la pena.

Otra teoría que busca explicar la corrupción es la desarrollada por North, Summerhill y

Weingast (2000), denominada “rent-seeking” (captura de renta) que explica la

corrupción en el sentido que en los países subdesarrollados, causa y efecto de esta

condición es que las personas no invierten sino en formas de acceder al Estado, de

apropiarse del mismo, por cuanto constituye el principal proveedor de riqueza, frente a

un desarrollo empresarial y sector privado precarios y porque permite tener control

sobre las decisiones políticas en sociedades donde las reglas no están plenamente

preestablecidas.

Pero como lo dice Hernando Gómez Buendía (2000), la corrupción es ante todo un

problema de ausencia de moral social, es decir, de construcción de una especie de

religión laica que pregone el carácter sagrado de lo público, y la primacía de la

racionalidad pública por encima de las racionalidades particulares.

Partiendo de que el sistema político es uno de los principales focos de corrupción,

Gómez Buendía anota que en Colombia no hay política sino elecciones; en su decir,

nuestro modo de hacer política convierte cada bien público en propiedad privada de los

candidatos y gobernantes, en la medida que las carreteras, la educación, los cargos

públicos, las leyes, se convierten en anzuelos para atraer los electores.

En concordancia con ello, el autor citado, habla de dos tipos de corrupción, una al por

menor, que abunda en las normas y en los funcionarios públicos, la otra está en la base

del sistema político y consiste en que la forma de decidir sobre lo público, se reduce a

votar por una persona teniendo como criterio la distribución de bienes públicos que

haga entre votantes particulares y no los valores colectivos que encarne.

Ahora bien, María Mercedes Cuellar (2000) da cuenta de las diferentes formas en que se

presenta la corrupción en el sector político según se trate del nivel nacional o local; así

el nacional se distingue por estrechas relaciones entre los estratos altos y los

Congresistas, y entre éstos y los jueces, en pos de favores personales; en el nivel local

las relaciones están más motivadas por el apoyo a la comunidad por parte de estratos

altos pero los bajos siguen buscando de los políticos favores personales. Ello según

Cuellar demuestra que la principal motivación para vincularse a la política se da para

obtener privilegios ante las fallas institucionales y la ausencia de reglas impersonales y

eficaces.

Según Bushnell (1996), una muestra de la corrupción existente en Colombia, es la

politización de las obras sociales que hoy se miran como un acto de benevolencia y no

como el estricto cumplimiento de una obligación legal y social, a lo que se agrega que

independientemente de lo útil que puedan ser una obra, se oponen a ella los

de 194

contrincantes, bajo el único criterio de que les disminuye la clientela. En este orden de

ideas, al clientelismo se le ha identificado con el aprovechamiento del poder para

obtener ventajas electorales, mediante la adjudicación arbitraria de los cargos y

contratos estatales y la realización de favores a costa de los recursos públicos.

Otto Morales Benítez (ESCOBAR MESA, 2006) constata como cada vez son más las

personas sin solvencia moral ni intelectual, sin sentido de bien común, las que ascienden

a cargos públicos y dirigen al país; cómo de la política se transitó a la politiquería, y los

votantes no fueron más libres de participar en la elección de su destino ni en el de la

sociedad de que hacen parte.

En concordancia con ello, Francisco Leal y Andrés Dávila (1990) describen el perfil de

la clase política actual a partir de su principal interés cual es mantener cautivo a un

electorado que les permita permanecer en el poder, labor que les consume la mayor

parte de su tiempo y energía lo que pone en evidencia, una precaria asistencia y

participación durante el escaso medio año de trabajo ordinario del Congreso (1990, pág.

71).

Aunado a lo anterior los autores citados señalan que el aumento en el costo de las

campañas, sobre todo durante los últimos diez años es desproporcionado en relación con

los ingresos formales de los cargos a que se aspira, y el hecho de que está

incompatibilidad no se refleje en la disminución de candidatos, pareciera tener una

explicación y es que se trabaja bajo la expectativa, materializable por cierto, de superar

con creces la inversión mediante la apropiación indebida de los recursos públicos; para

sustentarlo citan a un ex congresista que con sinceridad afirmaba que los cuantiosos

recursos invertidos por los parlamentarios en las campañas se recuperan robando al

Estado durante el ejercicio del cargo70. (LEAL BUITRAGO & DÁVILA LADRÓN DE

GUEVARA, 1990, pág. 73)

De igual forma Eduardo Caballero Calderón (1963) citado en (CALLE & MORALES,

1994, pág. 103) anotaba que el patrimonio de los países de Iberoamérica, en una

connotación negativa, estaba compuesto por vicios como la venalidad de los políticos,

la miopía del Congreso, el tráfico de influencias en las actividades estatales, la

incapacidad gubernamental, la burocracia, etc.

Pero si bien el campo político se suele identificar con corrupción, en el campo judicial

también la hay y una de las formas en que se manifiesta es en la anulación del principio

constitucional de igualdad ante la ley, pues su alcance tiende a depender de la posición

social, la capacidad económica, el poder, el sexo, etc. del destinatario, en este sentido,

María Mercedes Cuellar (2000) anota que los países desarrollados se caracterizan por

tener sistemas judiciales más efectivos en razón a una mayor claridad de las normas y

confiabilidad de los administradores de justicia; mientras en los países subdesarrollados

predomina la incertidumbre y los funcionarios están sometidos a presiones de todo tipo.

Cuellar (2000) señala que cuando la rama ejecutiva, la legislativa y la judicial no son

independientes, imparciales, objetivas y, por tanto, están sometidas a influencias

externas, pueden utilizar su poder coercitivo para modificar las reglas de juego, para

otorgar monopolios arbitrariamente, para establecer normas que favorezcan unos

intereses, para expropiar, judicializar y reducir a prisión a los enemigos; siendo uno de

70

“Entrevista con congresistas durante 1988‖

de 194

los efectos más perniciosos de la corrupción hasta aquí descrita, la deslegitimación de

las instituciones producto de la desconfianza en quienes detentan el poder.

Así las cosas, a partir de los resultados de la investigación adelantada por Cuéllar

(2000), se concluye que los políticos son percibidos por el grueso de la población,

“como verdaderos empresarios que operan en el ámbito de la vida pública por razones

de lucro personal‖ (2000, pág. 583) y que son más exitosos que cualquier trabajador

consagrado exceptuando sólo el caso de los narcotraficantes. Existe pues un saldo

negativo de desconfianza por parte de los administrados e incluso de quienes se

encuentran en su interior hacia las tres ramas del poder público, de las cuales la mejor

librada es la judicial, posteriormente la administración pública y, por último, el

Congreso.

Lo anterior lo confirma la investigación adelantada por Camilo Mora y el Centro de

Estudios Culturales (2006), según la cual el colombiano, en una proporción de 2 de 3

entrevistados, desconfía del sentimiento público de las acciones gubernamentales, en el

caso del Congreso, la confianza no es mayor en proporción a la desconfianza (22%) y

para el Gobierno Nacional no supera el 50% de los grupos encuestados (2006, pág. 81).

La crudeza del siguiente aparte ilustra con suficiencia la poca credibilidad que tiene la

mayoría de colombianos en sus gobernantes:

Lo que se percibe intuitivamente es que la gente espera cada vez menos de sus

gobernantes. La frase de argot popular: ―que no hagan nada pero que al menos no

roben‖, sintetiza esa disminución de expectativas, que puede postergar y demorar la

erosión de credibilidad en las instituciones. (CUELLAR, 2000, pág. 73)

Debido pues a las fallas del sistema democrático colombiano en la realidad, el puente

que se establece entre los gobernantes entre sí y entre éstos y los gobernados, para

obtener la satisfacción de las necesidades es la corrupción71

, el soborno mediante dinero

o favores; así lo indica Camilo Herrera Mora y el Centro de Estudios Culturales (2006,

pág. 188), cuando dice que a falta de unidad territorial e institucional el clientelismo es

el mecanismo que permite hacer coincidir los intereses de los gobernantes con las

necesidades de los gobernados.

En ese mismo sentido se expresan Francisco Leal y Andrés Dávila (1990) al mencionar

que el nuevo papel del clientelismo como articulador del sistema consiste en que sólo

son objeto de satisfacción las demandas sociales susceptibles de transformarse en votos

directamente.

De igual forma el clientelismo, como propio del círculo vicioso que produce, también es

la herramienta a que recurren los particulares para minimizar la inestabilidad que

producen los corruptos72

; lo anterior degenera en un Estado constituido por el conjunto

71

―In the presence of guerrillas, paramilitaries, and the military itself, the backwardness of local

administrations, which was all too conspicuous when the affluence of new fiscal resources converged

with the old corrupt political culture, seemed to win out over the letter of the law‖. (PALACIOS, 2006,

pág. 250). 72

“Decía Darío, en su célebre diálogo con Otanes, que ―la corrupción no genera enemistades, sino

sólidas amistades entre los malvados: los que actúan contra el bien común lo hacen conspirando‖

(BOBBIO, 1987, pág. 16) Citado en (HERRERA MORA, Camilo y Centro de Estudios Culturales (Dir.),

2006)

de 194

y el resultado de acuerdos parciales y excluyentes o lo que O‟Donell, citado en

(HERRERA MORA 2006, 189) denomina particularismos, que consisten en

transacciones particulares basadas en la jerarquía, clientelismo, nepotismo, favores,

jeitos, etc.

Para finalizar, algunas de las consecuencias de la corrupción de acuerdo con el estudio

de María Mercedes Cuéllar (2000) son las siguientes: i. Condicionamiento de la

eficiencia de los funcionarios públicos a través del soborno, del que depende el

acatamiento o no que se le dé a las normas; ii. Desviación de la asignación de recursos,

en la medida que sólo se favorecen proyectos en los que sea viable cobrar comisiones,

no obstante su inutilidad; iii. Distorsión de la asignación de recursos privados, pues los

mismos no obedecen al criterio de la bondad de las iniciativas y proyectos; iv.

Desplazamiento de la evaluación de costos y beneficios de los proyectos por la

evaluación de satisfacción de intereses particulares; v. Afectación negativa de la

rentabilidad de proyectos de infraestructura, en cuanto se permite el deterioro para

justificar una reconstrucción; vi. Menoscabo de la capacidad del Estado de obtener

ingresos; vii. Trivialización de la concepción de los políticos y, por extensión de los

gobernantes, como unos corruptos, inhibiendo la movilización y el reproche social.

1.4. Teorías que explican el fenómeno de irrespeto a las normas en Colombia

Diferentes autores han construido sus propias teorías para dar cuenta de la realidad

colombiana en materia de eficacia de las instituciones, sus manifestaciones, causas,

consecuencias y forma de abordar el problema, entre las que se encuentran la tesis de la

inautenticidad de la sociedad en Colombia en niveles inaceptables propuesta por María

Teresa Herrán, la cual la atribuye a la inoperancia de la moralidad tradicional; la teoría

de la ausencia de armonía o divorcio entre tres regímenes de regulación de la conducta a

saber, la ley, la moral y la cultura, desarrollada por Antanas Mockus y John Sudarsky y,

la teoría del Almendrón de Hernando Gómez Buendía, que señala el predominio de la

racionalidad individual sobre la racionalidad colectiva en el comportamiento público y

privado de la mayoría de los colombianos.

1.4.1. Predominio de la Inautenticidad en los principales aspectos de la sociedad

colombiana

María Teresa Herrán, se vale del término autenticidad, que se refiere a la concordancia,

a la coherencia entre las palabras y los actos, entre lo que se es y lo que se quiere ser,

para explicar el irrespeto por las normas, característico de la sociedad colombiana.

Su obra “La sociedad de la mentira” (1986), es un intento por rastrear la inautenticidad

en diferentes aspectos de la realidad colombiana, dando cuenta de la moral

predominante y los valores y comportamientos que de ella se derivan.

Uno de sus objetos de análisis fue la relación de los contribuyentes con el Fisco

(HERRÁN, 1986), lo que hizo partiendo de que el comportamiento evasivo no es sólo

de Colombia, ni de países en desarrollo, pues aún en sociedades modernas como Francia

el flagelo es grande; la diferencia es que en Colombia alcanza niveles abrumadores,

pasando de ser una maña, a ser un comportamiento generalizado, una costumbre.

Así, la postura generalizada en Colombia, de acuerdo con el texto (HERRÁN, 1986), es

la de evadir impuestos, caracterizada por alterar los factores para que el resultado sea

de 194

distinto o interpretar equívocamente la normatividad para darle la apariencia de

legalidad a conductas que no la tienen. Si bien, las justificaciones que se señalan a

menudo están relacionadas con el alto porcentaje de las tarifas, la falta de

contraprestación por la malversación de los recursos públicos, la falta de claridad de las

obligaciones tributarias ante el alud de normas existente, lo cierto es que ―(…) según la

escala de valores ya analizada, en la que el mafioso es el símbolo del éxito social, se llega a la

creencia de que no evadir cuando el vecino si evade no es solamente ser un bobo sino

parecerlo‖. (HERRÁN, 1986, pág. 134)

Complemento clave de la viveza de muchos contribuyentes, es el ingenio de los

asesores tributarios que contratan, específicamente, para que encuentren el mecanismo

de eludir las obligaciones, lo que ha servido a la vez de insumo a la corrupción al

interior de la administración pública: ―Esta predisposición del contribuyente estimula por lo

demás lo que es considerado como el cáncer de la Administración de Impuestos, es decir, la

complicidad de sus funcionarios en mil y un trucos para engañar al Estado‖. (HERRÁN,

1986, pág. 135).

En todo caso, uno de los mayores obstáculos para combatirla es la inconsciencia de las

personas sobre su cuota en la corrupción, pues actúan como si sus prácticas evasivas no

hicieran parte de la corrupción que azota al país y sólo critican la de los funcionarios

públicos y la de las mafias organizadas; impidiendo que se empiece a solucionar el

problema.

Otro de los objetos de análisis de Herrán (1986) fue la corrupción del sector privado

ante la creencia generalizada de que el único sector que está corrupto es el público.

Como ejemplos de las malas prácticas y del irrespeto por las normas y por los derechos

ajenos en el campo societario cita las reuniones de papel de las Asambleas, el poder

apabullante de los accionistas mayoritarios, la no presentación de balances completos y

el papel del revisor fiscal dependiente de los administradores.

De otra parte, el laboral es uno de los campos donde más se advierte inautenticidad,

pues una cosa dicen las normas y otra se registra en la realidad a cuya fuerza va

cediendo el derecho. Las relaciones laborales están determinadas en parte por la

ausencia de sensatez entre las partes y la falsedad, los líderes sindicales, por ejemplo, se

comportan de una forma en sus relaciones con la base y de otra, en las mesas de

negociación; asimismo, los empleadores suelen presentar escenarios de quiebra o cargas

laborales excesivas, al mismo tiempo que la Asamblea infla las utilidades pues esto es

lo que los hace buenos gerentes, mientras los trabajadores suelen exagerar sus pliegos

de condiciones para que finalmente se les reconozca al menos una parte.

Una muestra de las normas que no se cumplen son las relativas al salario mínimo, a la

jornada legal, al pago de horas extras, a las prestaciones sociales, a la protección del

fuero sindical, a la estabilidad laboral, a la prohibición de trabajar de los menores de

catorce años, entre otras; en contraposición, abundan los contratos a término definido o

los de prestación de servicios, en las mismas entidades públicas con sus nóminas

paralelas; la intermediación laboral a través de supuestas cooperativas de trabajo

asociado; el incumplimiento de la obligación de afiliar y aportar a la seguridad social,

etc.

de 194

A la hora de mencionar los aspectos que se deben tener en cuenta para efectos de una

reforma laboral se enfatiza en tener precaución con los efectos perversos que generan

algunas medidas que desestimulan la estabilidad laboral o imponen demasiadas cargas a

los empleadores sobre todo a quienes tienen empresas pequeñas quienes optan por la

informalidad.

Otro campo de estudio fue la política (HERRÁN, 1986), como reflejo de la sociedad:

Una razón por la cual las fallas del sistema político colombiano son criticadas pero no

rechazadas en forma significativa, puede ser que en el fondo se procede políticamente

como se procede en la vida social, en la que como se ha visto en anteriores capítulos, no

existe una escala de valores convincentes más allá de la del éxito social a través del

dinero, y en la que la inautenticidad en provecho propio es una costumbre social

vigorizada por las clases dirigentes, tanto a nivel familiar, como sexual, religioso y

cultural. Dicho de otro modo, como lo expresa, por ejemplo Pierre Gilhodés, <<el de la

política no es mundo separado: se aplican las mismas normas, de tal manera que el

potencial electoral acepta como normal ese comportamiento político, a pesar de las

críticas que le hace. (1986, pág. 175)

En materia de política menciona entonces las alianzas entre gobierno y oposición, o

entre gobiernos supuestamente opuestos, que se justifican en aras del bien público, de la

situación del país pero que en realidad persiguen repartirse la cosa pública como un

pastel. Las campañas electorales en Colombia se caracterizan, por ejemplo, por la falta

de seriedad, se hacen diagnósticos abstractos de la realidad y se fijan objetivos generales

que no consultan datos, estadísticas, viabilidad presupuestal, soluciones alternativas,

etc. Siempre se habla del qué y del por qué en términos generales, pero no del cómo se

va a solucionar; por ello se sostiene que la inautenticidad rige las relaciones entre los

gobernantes y sus electores que cada tanto asisten al incumplimiento de las promesas y

al derrumbamiento de las esperanzas.

Adicional a ello, según María Teresa Herrán (1986), en Colombia las elecciones son un

negocio rentable, una forma de movilidad social sobre todo en los sectores

descentralizados, en los que no sólo se hacen ricos quienes ostentan el poder si no sus

familiares, amigos, etc., a través, de la contratación con el Estado. Debido a lo anterior

ha habido una proliferación de aspirantes con la consecuente pérdida de control de los

partidos sobre sus finanzas y el aumento de los costos de las campañas.

Aunque sucumbir a la compra de votos a veces se justifica por razones de subsistencia73

ante la ineficacia del Estado y del sector privado como fuente de empleo, esto se

convierte en un círculo vicioso, pues dicha ineficacia se constituye en presupuesto de la

corrupción electoral que desestimula el cumplimiento de fines por parte del Estado, y la

prestación de servicios, la realización de obras no obedecen a criterios de necesidad,

planificación, eficiencia, calidad, sino que se rigen por el criterio de mantener cautivo el

electorado, de retornar favores, votos, financiación, etc.

Otro objeto de estudio fue lo que Herrán denominó “Las injusticias de la justicia”

(1986), que atribuyó en parte a la tradición leguleya de Colombia, según dicen algunos,

73

“También critica (Eduardo Díaz) lo que llama ―falso moralismo‖ de Galán, que según él, fue además

un error de estrategia, al convertir a la gente víctima del chantaje político en gente amoral, cuando en

ciertas regiones en las que el empleador es el Estado, se trata, no de un problema de moral sino de

subsistencia‖. (HERRÁN, 1986, pág. 187)

de 194

de corriente Santanderista, como se indicó en el capítulo supra “Formalismo vacío de

sustancia”. Según la autora, en Colombia se ha generalizado la resolución de los

conflictos por mano propia, como una consecuencia nefasta de la inoperancia de la

administración de justicia y de la percepción individual aberrante de los problemas

sociales.

Como muestra de que los cambios no requieren de normas y sólo de la voluntad de

hacerlos realidad; Herrán (1986) habla de los experimentos piloto implementados por el

Instituto Ser en algunos despachos judiciales, consistentes en la utilización de

tecnologías y los consecuentes resultados en disminución del tiempo invertido en cada

proceso.

En concordancia con las problemáticas del sistema judicial, la autora también hace

referencia al exceso de normatividad que existe en Colombia, que ocasiona, por una

parte, tener que invertir tiempo precioso en encontrar las normas; que a los abogados se

les tenga como únicos conocedores de la verdad y que haya muchos que hayan

encontrado como medio de subsistencia la ignorancia de las personas respecto al mar de

leyes existentes, en relación con lo cual Herrán (1986) considera falta de técnica la

derogación tácita de las normas que viene desde los años 30‟s, y que permite la

operancia de normas ya extraídas del ordenamiento jurídico.

Respecto al tema de triquiñuelas jurídicas, María Teresa Herrán (1986) registra

prácticas non sanctas para burlar los parámetros normativos, como por ejemplo guardar

números de Decretos para expedirlos aún después que haya terminado el período de

facultades extraordinarias para legislar. Debido a la hiperinflación, hay inutilización de

las normas que no es lo mismo que su violación, pero que conlleva al desprestigio del

sistema jurídico.

Otro problema de la normatividad, como también se señaló en el título sobre

formalismo vació de sustancia, es el trasplante jurídico que se hace de las normas sin

beneficio de inventario, para después confirmar que no se adaptan a la realidad

colombiana, y tener que expedir otra norma para corregir los yerros.

Según la autora la inautenticidad no es una característica exclusiva de la sociedad

colombiana, o de determinada raza; sino que aquí se presenta en niveles intolerables y

una de las razones a que puede obedecer es la pérdida de validez de los esquemas de la

moralidad tradicional, debido al predominio económico del narcotráfico, la pérdida de

convicción de la Iglesia y los cambios en las relaciones de autoridad en la familia. En su

concepto, cuando los niveles de mentira no cuantificables pero apreciables

cualitativamente, son excesivos, se convierte en un búmeran individual y social.

Sobre la inautenticidad, Hernando Gómez Buendía (2000), señala la tendencia

Colombiana a simular todo, es decir, estamos llenos de gestos y rituales, lo que se

aprecia en diferentes campos como el religioso, cuya práctica, especialmente en lo que

toca a la religión católica, no se traduce en una verdadera convicción e interiorización

de sus preceptos; es el caso también de las numerosas elecciones versus un sistema

democrático basado en el clientelismo, o de las desmovilizaciones de grupos

subversivos que, sin embargo, no se reflejan en una disminución de la violencia.

de 194

Finalmente, frente a la tensión entre la teoría y la práctica en diferentes aspectos de la

sociedad colombiana, María Teresa Herrán destaca la trascendencia de la moral

individual por sobre las normas: “Al expresar su preocupación por todas estas prácticas

(Uribe Moreno) concluía cómo, en fin de cuentas, sólo la honestidad personal es el último

cortapisas que ―ataje un desbarajuste sin límite y sin dueño‖. (HERRÁN, 1986, pág. 159)

1.4.2. Divorcio entre Ley, Moral y Cultura

En el libro “Cumplir para convivir: factores de convivencia y su relación con normas y

acuerdos” (MOCKUS & CORZO, 2003), se presentan los principales resultados de la

investigación sobre indicadores de convivencia ciudadana, iniciada en 1999, con

financiación conjunta de Colciencias y la Universidad Nacional; cuya finalidad fue

comprender y proponer soluciones a los problemas de convivencia, entendida como la

conjunción entre acatamiento de normas, generación y cumplimiento de acuerdos, y

relaciones interpersonales basadas en la tolerancia y la confianza como resultado de los

primeros.

Con base en esta concepción se diseñó un instrumento para medir la convivencia

denominado Colcordia el cual se aplicó a jóvenes de noveno grado, de instituciones

educativas públicas y privadas, de diferentes estratos de Bogotá y, para la explicación

del fenómeno de irrespeto a las normas, se empleó la teoría del divorcio entre tres

sistemas de regulación diferentes, a saber: la ley, la moral y la cultura, propuesta y

desarrollada por Antanas Mockus, de acuerdo con la cual la armonía entre éstos no

significa que sean idénticos, lo cual es fundamentalismo, sino la improbación moral y

cultural de comportamientos ilegales, la aprobación moral y cultural de los

comportamientos impuestos por las normas y pluralismo cultural y moral sustentado en

el respeto de las normas.

Entre los grupos sociales y las personas hay variaciones en lo que se considera moral y

culturalmente aceptable; sin embargo, sí esa diversidad no implica aceptación de

comportamientos por fuera de la ley, se puede confiar en que los demás simplemente

acataran su conciencia y/o su costumbre pues con ello estarán acatando la ley.

Cuando hay divorcio entre ley, moral y cultura sustentado en pluralismo moral y

cultural, se queda supeditado a lo que le dicten la moral y la cultura a los otros, y en

especial, al respeto que el otro tengo hacia mí; así, de acuerdo con Antanas Mockus y

Jimmy Corzo para que se pueda ser sujeto moral se debe aceptar ser sujeto legal tanto

para obedecer la Ley como para tramitar su reforma cuando es moralmente

contradictoria (2003, pág. 141).

Para explicar las diferentes formas como se presenta en las personas el divorcio entre

Ley, moral y cultura y su incidencia en el acatamiento de las normas, los investigadores

emplearon la clasificación de los grupos encuestados en Cumplidos, Cuasi-cumplidos y

anómicos; para los cumplidos la conciencia y la ley son armónicas; para el cuasi-

cumplido, guiarse por la conciencia, en cambio, le permite flexibilidad en el

acatamiento de la ley y en el cumplimiento de los acuerdos; para el anómico, la

conciencia es la que le permite separarse de la ley, aún por utilidad; de lo que se deriva

el complejo fenómeno de que cada uno se sienta radicalmente gobernado por su

conciencia.

de 194

En ese sentido, los cumplidos acatan la ley, tienen una estricta regulación moral y son

capaces de celebrar y cumplir acuerdos; los cuasicumplidos, tienen una posición flexible

frente al cumplimiento propio y ajeno y los anómicos, justifican el incumplimiento por

utilidad, costumbre, etc. De ahí que en la obra “Cumplir para Convivir” se señale que la

lucha contra la violencia y el clientelismo es la lucha contra la anomia, el

cuasicumplimiento y las consecuencias más nocivas de la interacción entre éstas dos y

el cumplimiento (MOCKUS & CORZO, 2003, pág. 142).

Otro factor que puede explicar los problemas de convivencia en Colombia, es lo que los

investigadores denominaron como la “mayoría de edad a medias”, que representa la

conjunción entre el pluralismo que degenera en el “todo vale” y la asimetría encontrada

tanto en los resultados del instrumento (Colcordia) como en los de los múltiples talleres

llevados a cabo en Colombia.

La “mayoría de edad a medias” entendida como asimetría se refiere a que el 71% de la

muestra encuestada y de los asistentes a talleres, opinan de sí mismos que el criterio

predominante de su conducta es la gratificación de su conciencia mientras que un 44%

considera que la mayoría de gente se rige es por temor a la sanción legal y el 32% por

temor a la censura social. De igual forma, un 87% considera que aprenden por las

buenas mientras que un 64% opina que los demás lo hacen por las malas (MOCKUS &

CORZO, 2003, pág. 137).

Una explicación de la asimetría mencionada sería la tendencia a pensar mejor sobre sí

mismo basado en lo que se considera correcto y, mal de los demás, basado en lo que se

considera es la realidad o en los propios prejuicios (reflejados en los demás); de manera

que tener al otro por igual en su relación con los tres sistemas de regulación y en la

forma de entender, constituyen las bases de un respeto ciudadano siendo lo opuesto un

respeto basado en jerarquías (2003, pág. 144).

En punto a la generación y cumplimiento de convenios, como indicador de convivencia,

se señala que en Colombia la construcción de acuerdos podría estar muy ligada a la

solución de conflictos o a la coacción entre la posición dominante de otro o su

capacidad de hacer daño, por lo que se debe trabajar en la construcción de acuerdos para

aunar fuerzas y lograr resultados benéficos para una gran cantidad de personas.

Por último, se destaca la importancia de la existencia de una Cultura Democrática en la

sociedad colombiana, basada en la prevalencia de la ley sobre la moral y la cultura,

como presupuesto para el pluralismo, y en una concepción dinámica de la ley,

consistente en la conjugación entre aceptar que la ley puede ser, en algún momento,

contraria al juicio moral, poniendo en riesgo su legitimidad, y que el camino idóneo

para remediarlo es el recurso a los mecanismos democráticos existentes para reformarla,

para procesar las tensiones entre ésta y la moral, para lo cual se requiere fortalecer la

confianza de la ciudadanía de la eficacia de los mismos. Aumentar la convivencia

consistiría pues en generar acatamiento voluntario de la Ley74

, generación y

cumplimiento de acuerdos y cultura democrática.

74

―Estudios sobre las etapas del ―razonamiento legal‖ indican tres etapas: obedecer la ley por temor a

las sanciones, obedecerla porque el grupo obliga a hacerlo y la tercera porque es lo correcto‖.

(MOCKUS & CORZO, 2003, pág. 84)

de 194

1.4.3. Anteposición de la Racionalidad Individual a la Racionalidad Colectiva

¿Para dónde va Colombia?: Un coloquio abierto entre Alfonso López Michelsen,

Belisario Betancur, Miguel Urrutia, Fernando Chaparro [et al.], es el texto en el que

Hernando Gómez Buendía (1999), expone su teoría del Almendrón, para explicar el

fenómeno de irrespeto a la normatividad en Colombia. La metodología empleada para

ello consistió en la caracterización de un núcleo generatriz de una serie de

comportamientos individuales y agregados de la sociedad colombiana, que daría cuenta

de sus peculiaridades en el pasado, en el presente y posiblemente en el futuro. Ese

núcleo generatriz se denominó “El Almendrón” y consiste en las reglas de juego o el

código de interacción que prevalece entre los colombianos y que irriga la violencia, la

economía, la política y la cultura de Colombia.

A partir de la caracterización de la sociedad colombiana por sus rasgos típicos, Gómez

Buendía (1999) ha definido el Almendrón como la mezcla de viveza privada y bobada

pública, o de lo que es igual, de una racionalidad individual exacerbada y una

racionalidad colectiva precaria.

El autor entiende por racionalidad la ordenación adecuada de los medios a los fines que

se determina de acuerdo con el saber científico acumulado disponible, y por

racionalidad pública, el modo de decisión y organización social que garantiza el logro

más eficiente de bienes públicos como la seguridad, la justicia, la infraestructura, los

servicios públicos, la preservación del medio ambiente, etc.

Ahora bien, las diversas instituciones existentes, las reglas formales e informales, leyes,

usos y convenciones, que limitan la voluntad y el accionar individual, determinan los

costos de transacción asociados a un bien público, que son aquellos destinados a

satisfacer las necesidades comunes e indispensables de los asociados, o aquellos en cuya

producción falla el mercado, por ser insuficiente a lo óptimo; así las instituciones

políticas, por ejemplo, tienen la función de garantizar la confianza pública, a través de

los partidos políticos, la institución del voto, los entes que ejercen vigilancia y control,

etc.

En este sentido, una de las hipótesis de la que parte el estudio es que en Colombia las

instituciones existentes generan una producción ineficaz de bienes públicos, o lo que es

igual, la racionalidad pública es deficiente; siendo las entidades públicas, en opinión de

Gómez Buendía (1999) ineficientes para cumplir sus fines pero eficientes para satisfacer

los intereses particularistas de quienes las administran y uno de los efectos perversos de

ello es la percepción de la prestación de los servicios públicos y la construcción de

obras, como producto de la generosidad de un determinado político y no presupuesto

básico del cumplimiento estricto del mandato ciudadano; que se ha convertido en la

excepción, por lo que los estándares de acción y de resultados de los gobernantes en

Colombia son muy bajos.

De otro lado, en punto a una racionalidad individual exacerbada en Colombia, Gómez

Buendía (1999), destaca que la ética predominante pareciera tener dos ejes valorativos:

la creatividad y el éxito individuales de una parte, y de otra, la lealtad individual. La

primera da lugar a que se admire y aplauda al avivato, es decir, al que obtiene los

de 194

resultados sin importar los medios y la segunda consiste en la complicidad con el

familiar, con el amigo, con el jefe, etc.

Esos dos ejes valorativos, degeneran en un individualismo indiferente a las normas y a

los límites que imponen los derechos ajenos; de allí una de las explicaciones a la

frecuencia con que se infringen las leyes en Colombia, que comparativamente con otros

países es alta, lo que no significa que todas las personas, ni siquiera la mayoría sea un

transgresor.

De acuerdo con el tipo de ética mencionada supra, para cada quien su razón para

infringir las normas es especial, y así se llega a la verdadera democracia que existe en

Colombia, una en la que todos tienen igual derecho a violar la ley.

Lo anterior degenera en un capital social bajo en Colombia, entendido como la

―densidad de los nexos interpersonales y organizativos existentes‖ (Putnam, 1993) citado en

(GÓMEZ BUENDÍA H. C., 1999) que suele medirse con un indicador de base que es el

grado de confianza en los demás. En el país nueve de cada diez encuestados manifiestan

que no se puede confiar en nadie (Cambio 16, No. 216) citado en (GÓMEZ BUENDÍA

H. C., 1999); por ende, los costos de transacción en Colombia, implicados en las

acciones tendientes a disminuir la incertidumbre de los intercambios; a obtener certeza

sobre los atributos de lo que se adquiere; a proteger los derechos y a hacer cumplir los

acuerdos, son muy altos.

Así las cosas, en palabras de Gómez Buendía (2000), en Colombia las reglas del juego y

la organización social imperantes, premian la viveza individual sobre la racionalidad

colectiva, trayendo como resultado que al otro se le considere un obstáculo para

alcanzar los fines individuales, que al cumplimiento de las normas se sobrepongan la

riqueza, el cargo público, el poder, etc., y que los jueces hagan primar los formalismos

jurídicos sobre la esencia del ordenamiento para favorecer intereses particulares.

El secreto final de nuestra sociedad: una extraordinaria viveza individual y una

extraordinaria bobería colectiva. La viveza individual nos hace recursivos,

emprendedores, rápidos, flexibles, cálidos y soñadores. La bobería colectiva tiene sus

expresiones más flagrantes en la violencia como método para zanjar conflictos, el

narcotráfico como exportación estrella, el clientelismo como eje de la política y la falta

de bienes públicos (digamos, justicia, ciencia, educación o carreteras) como clave del

subdesarrollo económico y de la pobreza.

Esa mezcla de viveza privada y bobada pública –el ―almendrón‖- es el resultado de las

reglas de juego fundamentales que rigen en esta sociedad. Cada sociedad tiene sus

reglas de juego (es más: cada sociedad es un conjunto de reglas de juego), su sistema de

señales para incentivar o desincentivar conductas determinadas. En algunos casos

(digamos, en Suiza) se incentiva el respeto por lo público y en otros- Colombia es el

ejemplo- se incentiva la viveza individual. (GÓMEZ BUENDÍA H. , 2000, pág. 35)

El almendrón a nivel macro se manifiesta en las fisuras que son las discontinuidades

entre las esferas del Estado y a nivel micro, en la anomia, que es la ausencia de arreglo

de los individuos a las normas oficiales; ahora bien, la razón porque pese a las

problemáticas propias del tipo de organización social en Colombia, la misma no se

modifica, es porque le es funcional a muchas interacciones individuales, en la medida

que premia el buen manejo de la incertidumbre, la viveza, el empleo de cláusulas

ambiguas en los contratos, el predominio del más fuerte, etc. Si no fuera por la

congestión y la inseguridad podría sostenerse que los ricos tienen mejor nivel de vida

de 194

aquí que en Suiza, pues tienen mayor posibilidad de salirse con la suya, y existe una alta

posibilidad de que un pobre vivo acaba en efecto rico.

Al respecto de la teoría del Almendrón (GÓMEZ BUENDÍA H. C., 1999), se han

pronunciado diferentes intelectuales y personajes de la vida colombiana como los ex

presidentes Alfonso López Michelsen y Belisario Betancur, quienes sostienen que

durante el siglo XIX y hasta principios del siglo XX, dos terceras partes de la sociedad

colombiana eran solidarias y convivían armónicamente como una muestra de

racionalidad pública, lo que atribuyen a la pobreza generalizada, siendo la principal

causa del cambio negativo experimentado posteriormente, la bonanza del narcotráfico,

que exaltó la racionalidad individual, el rebusque, el individualismo, la viveza, etc.

Por otra parte, José Luis Villaveces Cardoso (1999), sostiene a contrario sensu de

Gómez Buendía, que en Colombia el problema no es sólo de racionalidad colectiva sino

de racionalidad individual, pues ésta se basa en el apoyo en la lógica y en la ley de la

causalidad, mientras que una gran porción de la población cree más en la magia, en las

supersticiones y actúa más con base en la semejanza, que en la causalidad; de esta

forma, sí en realidad nuestra nación fuera de individualistas racionales serían todos

unos ganadores y no como lo es, una nación de vivos bobos.

Por tanto considera una falacia la antinomia entre racionalidad pública y privada, pues

la racionalidad sólo es una, la diferencia podría estar es en los fines que se persiguen ya

sea públicos o privados; pero en todo caso la racionalidad está en la capacidad de

generalizar, de hacer abstracciones, como la del tipo: el bien público finalmente redunda

en la satisfacción de los intereses particulares, por lo que en Colombia los hechos

demuestran que las actuaciones no obedecen tanto a la racionalidad individual como a la

satisfacción de intereses inmediatos (1999).

De otro lado, María Teresa Uribe de Hincapié (1999), considera que el Almendrón es el

conjunto de normas subyacentes que rigen la vida en sociedad en Colombia y el mismo

puede coexistir con las instituciones, con la existencia de un Estado, de elecciones

periódicas, etc.; el Almendrón es entonces el orden implícito que se constata que existe

y, al mismo tiempo hay un orden de lo público que es el que se pretende establecer, de

la interacción de ambos órdenes surge una especie de zona gris. Tanto los particulares

como quienes se desempeñan en el sector público, habrían creado su propia lógica para

sobrevivir en dicha zona, y, por tanto, no les interesa darle más legitimidad al Estado ni

a las instituciones, ni que las normas se cumplan; por tanto, para María Teresa Uribe, es

en la acción colectiva e individual donde se transforma el almendrón y no en las

instituciones.

Por otra parte, Francisco Gutiérrez Sanín (1999), señala como típico del Almendrón, la

compatibilidad entre obrar mal y querer el bien, lo cual es concordante con lo que se ha

dicho en los títulos anteriores de este trabajo, acerca de la “esquizofrenia” de los

colombianos en cuanto en sus palabras siempre hay una invocación a la Ley y al orden

al tiempo que sus acciones demuestran el recurso constante a los atajos, o en cuanto a

que cuándo se les pregunta cómo son responden lo que quisieran ser, o en cuanto,

piensan de sí mismos con base en el ideal y en los demás con base en los prejuicios y en

la realidad, o en cuanto el ánimo desde siempre de adoptar instituciones extranjeras de

avanzada rara vez ha estado acompañado de la voluntad de que las mismas se

materialicen:

de 194

[…], se critican males como la corrupción, la ilegalidad, la desconfianza y la violencia,

pero se les utiliza como recursos claves. El que yo deplore que la sociedad esté

compuesta por avivatos no quiere decir que yo no lo sea; de hecho el mejor de los

mundos para el avivato es uno compuesto por cándidos cumplidores de las normas que

sean fácilmente explotables. En otras palabras, ‗obrar bien‘ o ´mal‘ no sólo es rentable

sino compatible con ‗querer el bien‘ (GUTIÉRREZ SANÍN, 1999).

En su concepto la base del Almendrón está en el capital social que aquí se caracteriza

por la ausencia de confianza y cooperación y el oportunismo, que refuerzan el escenario

pesimista; no obstante, en medio de la inconformidad las personas se ingenian la forma

de sacar provecho de las problemáticas, generando nichos de resistencia, a través del

aprendizaje colectivo de que en Colombia hay que ser rico o peligroso y a través del

pesimismo adaptativo y la impotencia aprendida (1999).

Gutiérrez Sanín (1999) considera que empíricamente es imposible sostener que todo el

mundo actúa como un corrupto, un oportunista o un insensible moralmente, con base en

la cultura, sin embargo, existen muchos obstáculos para que el obrar correcto se

superponga y el mensaje constante que emiten los hechos es que cumplir las normas no

paga.

En cuanto al sistema político, el Almendrón se caracteriza por la fractura en el sistema

de representación, los gobernantes sólo se representan a sí mismos, la Legitimidad y la

Representación que son procesos ontológicos en la construcción del poder en Colombia

están fracturadas; asimismo, existe un gran fetichismo normativo, consistente en la

creencia de que el cambio de las instituciones formales puede solucionar las

problemáticas, sobreponiendo la formalidad normativa a la efectividad de la gestión

pública, cuando en su concepto lo que se debe hacer es fortalecer el capital social, la

acción colectiva.

Por último, Luis Jorge Garay (1999), hace un análisis del Almendrón a la luz de la

teoría económica, y señala la paradoja existente entre un crecimiento económico

sostenido75

y la ausencia de una integración masiva, eficiente y productiva de la

población, de redistribución del ingreso y disminución de la pobreza, que

definitivamente sí daría cuenta de la precariedad de la racionalidad pública. Manifiesta

que antes que hubiese narcotráfico Colombia ya era terreno propicio para las actividades

ilícitas, pues hacia los setentas ya había ausencia de legitimación, clientelismo,

concentración del ingreso, uso de la fuerza para garantizar la legitimidad política,

ausencia de una política de tierras, etc.

Destaca también Garay (1999) en la formación del Almendrón las consecuencias

nefastas de la irrupción en la cultura, de patrones anómalos como la cultura mafiosa, el

enriquecimiento ilícito, la usurpación de dineros públicos, entre otros. En definitiva, el

gran problema de Colombia según Garay se resumen en el fracaso del imperio de la Ley

y de la eficacia del Estado: ―Aquí hay que aclarar que nuestras instituciones formales si son

muy eficientes, pero para fines distintos de los declarados formalmente. Entre ellos, y sobre

todo para el clientelismo‖. (1999, pág. 60).

75

Ese crecimiento económico sostenido si bien podría ser muestra del triunfo de la racionalidad

individual, ha estado más asociado a bonanzas naturales (café, petróleo, minería) y a la ilegalidad, que a

la capacidad de producir y acumular riqueza (GARAY SALAMANCA, 1999).

de 194

2. ACONTECIMIENTOS HISTÓRICOS Y FALLAS INSTITUCIONALES

RELACIONADAS CON EL IRRESPETO A LAS NORMAS

Un bajo nivel de valoración de las normas o, mejor, de compromiso de acatarlas no sólo

está asociado a creencias, ideas y hábitos de los colombianos sino también a diferentes

acontecimientos que han marcado su historia y explican en buena parte su carácter

como a fallas institucionales.

En concordancia con ello, bajo el título “Ética de la religión católica en proceso de

“secularismo” se explorará el legado español de la religión católica tras tres siglos de

colonización cuya moral se juzga en algunas ocasiones superficial y permisiva frente a

las conductas antisociales, a lo que se suma, el proceso de secularización que ha venido

experimentando el país con la industrialización, desde la segunda mitad del siglo XX y

que ha dado lugar a una especie de fusión entre una ética católica y un relativismo

moral.

A continuación, bajo el título “Insuficiencia del Estado”, se explicará cómo a la

ausencia de sistemas autónomos de conducta férreos se suma la falla de los

heterónomos en cuanto la impunidad sigue siendo una constante y el Estado aún no

logra proteger la vida y bienes de las personas a través de una administración de justicia

oportuna, imparcial y eficaz; adicionalmente, se abordará la insuficiencia de los canales

institucionales para que las personas satisfagan sus necesidades y haya movilidad social

y, el incumplimiento por parte del Estado de muchas de sus funciones sociales.

Posteriormente, en el título “Triunfo de los colombianos en la economía ilegal”, se

estudiará, de una parte, el fenómeno del contrabando y con él la evasión fiscal, que data

de la época de la colonia y se ha mantenido por la percepción generalizada como una

fuente legítima de ingresos y, de otra, el del narcotráfico, que por el camino abierto por

el contrabando se consolidó hacia los años 80‟s con el bum de la cocaína y revolucionó

la economía y sociedad colombianas, trastrocando la escala de valores a partir de su

énfasis en la acumulación exorbitante de capital y el recurso a la violencia para resolver

los conflictos.

Finalmente, bajo el título “Talante de la clase dirigente colombiana y expresión

anómala de los conflictos”, se expondrá el carácter de las élites colombianas y su

repercusión en el devenir del país, sobre todo, en lo que respecta a los efectos negativos

extendidos de la violencia partidista y del Frente Nacional así como de sus alianzas

macabras con otros sectores de la sociedad al margen de la ley para impedir cambios

sociales y políticos; que se reflejan en la forma anómala y violenta de expresión de los

conflictos.

2.1. Ética de la religión católica en proceso de “secularismo”

Tres siglos de colonización española justifican el estudio de aquellos elementos que

forjaron el carácter de los colombianos y que hoy todavía inciden en su mentalidad, en

la manera de comportarse y por supuesto en su porvenir.

de 194

Dentro de dichos elementos en lo que respecta específicamente a la relación de los

colombianos con las reglas y la autoridad, cobran importancia ciertos aspectos de la

doctrina y praxis de la religión católica herencia de España que tienen que ver con la

eficacia de los valores cristianos, con el tratamiento de ciertas conductas antisociales,

del pecado, de la pobreza, etc.

De igual forma desde la segunda mitad del siglo XX, Colombia ha venido

experimentando un proceso de secularización producto de la industrialización y el

urbanismo, donde la hegemonía de la religión católica ha venido mudando en una

especie de relativismo moral con serias implicaciones también para la convivencia de

los colombianos y su autonomía regulatoria.

Por último, como subproducto de la empresa colonial española y de las particularidades

que tuvo en la Nueva Granada, Colombia es ante todo un país mestizo, conformado por

la mezcla de diferentes razas y de la transformación de las mismas por el contacto con

un medio natural particular; por lo que también se hace necesario estudiar este elemento

esencial de la identidad colombiana que es fundamental en el diseño del ordenamiento

jurídico político.

En lo que respecta pues a la fe, los resultados del estudio de Camilo Herrera y el Centro

de Estudios Culturales arrojaron que el 66% de los practicantes de alguna religión son

católicos (2006, pág. 94) lo que es concordante con el papel fundamental que jugó la

Iglesia Católica en el proceso de conquista y colonización españolas; por esta razón, es

importante analizar la relación entre algunos aspectos de la doctrina y praxis de la

religión católica con el fenómeno de irrespeto a las normas en Colombia.

Una primera característica que se registra tanto en el campo jurídico como en el

religioso, es la del formalismo carente de sustancia, pues muchos colombianos que se

dicen católicos sólo lo son de manera superficial, es decir, cumplen con todos o muchos

de los sacramentos pero valores como la tolerancia, la humildad, el amor por el prójimo,

el perdón, el desapego, el respeto por la vida, no guían en la práctica sus conductas76

como lo demuestran los altos índices de pobreza, de violencia, de homicidios, de

corrupción, de litigios, etc., de ahí que Germán Puyana García (2002) sostenga que la

práctica de la religión católica se ha caracterizado por su instrumentalización para

abogar por fines personales, banales e, incluso, contrarios a la Ley y a toda ética como

es el caso de los sicarios que se encomiendan a la Virgen.

Aunado a lo anterior, hay un aspecto de la religión católica que algunos autores han

señalado como influyente en la relación de los colombianos con el derecho y la

autoridad77

, y es el pecado, cuya tratamiento en el catolicismo, ha estado generalmente

ligado con las conductas que atentan contra la fe, agrupadas bajo el término herejía, al

tiempo que, conductas relacionadas con el apetito sexual, con el trato al prójimo, con el

manejo de los dineros públicos, etc., han merecido una atención mejor y han sido de

fácil condonación.

76

―Para expresarlo con las propias palabras del malogrado Camilo Torres: <<La sociedad colombiana

en su mayoría es católica, en cuanto cumple con el culto: bautismo, confesión, comunión, matrimonio,

entierro, misa, extremaunción, procesiones, novenas y escapularios, pero desconoce la doctrina

cristiana>>…‖ (PUYANA GARCÍA, 2002, pág. 219) 77

Sobre este tema ver (LIÉVANO AGUIRRE, 1960)

de 194

Así lo señala Rubén Jaramillo Vélez (1998) cuando menciona que lo importante para la

Iglesia era formar buenos católicos y ello no necesariamente coincidía con formar

buenos ciudadanos, por lo que normas relativas a la administración de los recursos

públicos o al deber de tributación, podían ser transgredidas sin incurrir en pecado

siempre que se cumpliera con los mandamiento de Dios y de su Iglesia (J. DE ROUX,

1987, pág. 12) citado en (JARAMILLO VÉLEZ, 1998).

En esta línea, aunque la palabra pecado hace parte del discurso de muchos sacerdotes,

algunos estudiosos del tema como Mauricio García Villegas78

, sostienen que en realidad

la Iglesia Católica ama a los pecadores, pues esta condición le da razón de ser a la labor

confesional y absolutoria de los Padres como únicos representantes de Dios en la tierra,

y alimenta su posición dominante sobre los feligreses.

El pecado, además, en palabras de García Villegas79

puede ser ―lavado con agüita

bendita‖, perdonado repitiendo un cierto número de Aves Marías, de ahí el dicho ―el

que reza y peca empata‖ y, por grave que sea, removido si es confesado en todo caso

antes de la muerte; lo que da cuenta, de una manera permisiva y flexible de administrar

las conductas antisociales en la religión católica, que podría tener relación con la

también actitud tolerante de muchos colombianos frente a conductas propias y ajenas

que deberían merecer un rechazo absoluto; adicionalmente, muchos colombianos se ven

enfrentados al dilema entre pecado y delito, con la diferencia de que Dios es

omnipresente mientras las autoridades no (HERRERA MORA, Camilo y Centro de

Estudios Culturales (Dir.), 2006, pág. 173).

Jaramillo Vélez (1998), haciendo una comparación entre la religión católica y la

protestante, da cuenta de los efectos perversos que podría tener para los católicos la

oportunidad siempre abierta de confesarse y ser absuelto de los pecados:

Se trata de la ansiedad que domina al protestante, quien vive oscilando entre la duda y la

fe, vive atormentado, y nunca tiene esa seguridad canónica del individuo que se confiesa,

recibe la absolución y sale otra vez a pecar: el luterano tiene que soportar en su

conciencia y a través de su duda el peso de su culpa y por ello se hace responsable de sí

mismo. (1998, pág. 256)

Otra de las características de la religión católica que podría reflejarse en la relación de

los colombianos con la normatividad, es la que Kalmanovitz (2001) denomina

perspectiva fatalista de la vida, por lo que las personas dejan los resultados al azar, a la

gracia divina y, no se hacen responsables de su futuro ni el de su comunidad.

Autores como Marco Palacios (2006)80

dan cuenta de otro elemento de la religión

católica o al menos, de la interpretación que se hace de sus escrituras y es su

reivindicación y promoción de la pobreza bajo eslóganes como “de los pobres es el

78

Clase “Derecho y Sociedad en América Latina”, materia electiva, Facultad de Derecho, Universidad

Nacional de Colombia. 2011-I. Profesores titulares: Juan Fernando Jaramillo Pérez (q.e.p.d.). Mauricio

García Villegas. 79

Ibídem. 80

“Catholic social thought (of the sort pioneered by Pope Leo XII) had a better reception, since it could

be locally rooted and led or manipulated by recognized local leaders; but it was at best a palliative for

the indignities and deprivations wrought by an ostentatiously exclusionary society". (PALACIOS, 2006,

pág. xii)

de 194

reino de los cielos”, que legitima estados de cosas perjudiciales como las grandes

brechas entre las clases económicas, las injusticias sociales, la inequitativa distribución

de los bienes e incluso, la falta de solidaridad.

Asimismo, otro factor presente en el catolicismo con posible incidencia en el fenómeno

de irrespeto a las normas, es el fomento de la intolerancia basada en prejuicios que,

además de estar basados muchas veces en la irracionalidad tienen una consecuencia

perniciosa y es que permiten transgredir el ordenamiento, atentar contra los derechos

ajenos, sin sentir remordimiento por ello o como lo señala Max Horkheimer (1976)

citado en (JARAMILLO VÉLEZ, 1998, pág. 238) el perjuicio es irrevocable porque

permite a las personas ser malas y sin embargo considerarse buenas.

En este tipo de intolerancia habría estado sustentada buena parte de la violencia

partidista que azotó al país desde la segunda mitad del siglo XIX y la primera del siglo

XX; de acuerdo con Rubén Jaramillo Vélez (1998) el programa conservador en

Colombia consistía en el sustento metafísico de la sociedad, en la defensa de la Iglesia,

de la alianza con el Vaticano, la intolerancia ideológica y política, la restitución de la

pena de muerte, la educación confesional, la persecución de adversarios políticos, etc.

Así las cosas, el movimiento de la regeneración tendió a reemplazar la trilogía de

libertad, igualdad y fraternidad por la de caridad, obediencia y cristiandad, tendiente no

a forjar un buen ciudadano sino un buen cristiano.

Por otro lado, Américo Castro (1962), ha empleado el criterio de las diferencias

existentes entre el protestantismo, religión que se profesaba en las colonias inglesas y el

catolicismo su contraparte en las españolas, para explicar las diferencias de sus destinos;

resaltando de la fe protestante, como la concibiera Lutero, la importancia que restó a los

intermediarios, al pregonar que cada persona, en su interior, podía ser su propio

sacerdote, su propio templo; adicionalmente, tener una conducta apropiada, hacer “el

bien”, no es una cuestión “sacramental”, es una cuestión de todos los días, que se debe

ratificar con cada acción que se emprende; ello, por supuesto, se traduce en un

fortalecimiento de la autonomía y de la responsabilidad en el actuar; de igual manera, la

sanción, la rigurosidad frente a los comportamientos indebidos es drástica(CASTRO,

1962, págs. 6-7, 16-17), conllevando un mayor respeto por los principios, las normas y

el orden.

Ahora bien, al lado de los puntos de encuentro señalados entre algunos aspectos de la

filosofía de la religión católica y la relación de los colombianos con las normas,

encontramos que varios autores81

coinciden en afirmar que Colombia, en todo caso, ha

sufrido en las últimas décadas, después de la primera mitad del siglo XX, un proceso de

secularización producto de la modernidad, en cuanto la prevalencia de la ciencia y la

razón asociadas a la misma ha desplazado la creencia en Dios como causa y centro de

todo lo existente.

Sin embargo, en ese proceso de secularización, la moral católica no ha sido sustituida

por una ética civil que prescriba el comportamiento de los colombianos sino que

pareciera que se ha venido mudando a una especie de relativismo moral. Rubén

Jaramillo Vélez anota, por ejemplo, que lo que se ha dado en Colombia es el

81

Al respecto véase (JARAMILLO VÉLEZ, 1998) (CUELLAR, 2000)(PUYANA GARCÍA, 2002)

(CALLE & MORALES, 1994) (KALMANOVITZ, 1989)(PALACIOS, 2006)(PUYANA GARCÍA,

2002)

de 194

secularismo, es decir, el salto del institucionalismo católico a la anomia social sin haber

pasado por la secularización, lo que podría estar en el núcleo de “comportamientos

anormales peligrosamente diseminados en Colombia‖ (1998).

Asimismo, a partir de los resultados de su investigación, María Mercedes Cuellar

(2000) anota que los valores de fuente religiosa fueron desplazados pero su vacío no se

llenó, habiéndose hecho tránsito al reino de los valores relativos donde todo se justifica

y es supremamente difícil llegar a acuerdos sociales en torno a normas mínimas de

comportamiento.

En la misma línea, Salomón Kalmanovitz (1989) sostiene que en Colombia prima un

sistema capitalista pero sin su correspondiente ética de responsabilidad individual, que

imponga límites al exceso de individualismo que conlleva dicho sistema; al tiempo que

Marco Palacios (2006) señala que la industrialización y la gran urbanización,

erosionaron el orden social basado en valores rurales y católicos sin que los mismos

hubiesen sido reemplazados por otros.

Lo anterior podría explicar por qué falla la autonomía en Colombia, como mecanismo

de regulación de la conducta basado en la interiorización de unos principios y valores

superiores. Camilo Herrera y el Centro de Estudios Culturales (2006), por ejemplo,

apoyados en los niveles históricos de violencia reportados por la Policía Nacional

Colombiana, afirman que los mismos acusan que muchos colombianos no se rigen por

unos principios superiores, imprescriptibles e innegociables, que constituyan el pilar de

sus acciones, como por ejemplo, el respeto por la vida (2006, pág. 162); parecieran

hacerlo más por el temor del castigo o por la expectativa de la recompensa; con el

agravante que en el caso del primero, en un país donde hay altos porcentajes de

impunidad, su efectividad es cuestionada y la recompensa entonces supera muchas

veces el eventual castigo.

Ahora bien, por principios deben entenderse en su connotación positiva, porque como

se señaló anteriormente, los hechos sí parecen indicar que muchos colombianos tienen

pautas de comportamiento, pero ellas son, entre otras, el individualismo y la viveza82

.

Desde una perspectiva esencialista, como la de Antanas Mockus, bastaría la

interiorización de principios superiores como ―La vida es sagrada‖, ―los dineros públicos

son sagrados‖ y ―el fin no justifica los medios‖, para que la sociedad colombiana marchara

mejor, y aunque puedan parecer menores, un gran número de personas convencidas de

ello se reflejaría, para empezar, en una disminución de la tasa de homicidios, de la

corrupción y de la violencia.

Hay sociedades desarrolladas, en las que el grado de interiorización de principios

superiores por parte de sus ciudadanos es tan alto, que las normas jurídicas empiezan a

resultar irrelevantes; pero esto no es sólo de sociedades desarrolladas económicamente,

hay países subdesarrollados, en los que sucede lo mismo aún cuando no obedezca a una

ética civil, propia de las sociedades posmodernas, sino a sus respectivas tradiciones

religiosas. Este es el caso de la India, país que pese a sus índices de pobreza y demás

problemáticas socioeconómicas, presentaba según reporte de la Policía Nacional en el

82

―En la Cámara de Representantes, en 1999 se les pagó por error, dos veces, su sueldo. No obstante, ni

tan sólo uno de nuestro <<honorables>> parlamentarios, se rehusó a devolver el dinero y ninguno lo

devolvió, hasta que la falla fue descubierta y se les conminó a hacerlo…‖ (EL TIEMPO, 1999) Citado en

(PUYANA GARCÍA, 2002, pág. 300)

de 194

año 2009 una tasa de homicidios del 3.4% por cada 100.000 habitantes mientras la tasa

de homicidios de Colombia según reporte también de la Policía Nacional era de 34.6%

en el mismo año, una de las más altas del mundo (UNODC, 2011).

De lo anterior se deriva que ni las normas ni los valores sean buenos predictores de la

conducta de los colombianos y que la desconfianza dificulte que haya cohesión social y

fluidez en las transacciones interpersonales:

The community in each of these cases was a cultural one, formed not on the basis of

explicit rules and regulations but out of a set of ethical habits and reciprocal moral

obligations internalized by each of the community‘s members. These rules or habits gave

members of the community grounds for trusting one another. (FUKUYAMA, 1995, pág.

9)

Además de unos altos índices de homicidio, faltar a la palabra, no reconocer la

responsabilidad en los actos contra evidencia existente83

, no sentir vergüenza cuando se

ha faltado a la sociedad, acusan la ausencia de interiorización de principios básicos de la

que se habla.

Entonces, en términos generales, a un sistema autónomo de regulación débil en

Colombia, se suma una baja legitimidad y eficacia de las normas (sistema heterónomo

de regulación) debido, entre otras razones, a que, su procedimiento de formación y

ejecución se caracteriza en la práctica porque los intereses defendidos por los

representantes no coinciden con los de sus representados y porque por lo mismo no se

socializan suficientemente las motivaciones y fines de la legislación, lo que degenera en

una escasa cohesión y compromiso social alrededor de ella. Por el contrario, como lo

señala Antanas Mockus (MOCKUS, 1999) citado en (IRIARTE M., 2001, pág. 159), la

argumentación se da a la inversa, es decir, para justificar la transgresión de las normas

en lugar de su cumplimiento.

2.2. Insuficiencia del Estado

El irrespeto de los colombianos por las normas también se atribuye a la ineficacia del

Estado, es decir, a su incapacidad de cumplir con las funciones sociales que le son

inherentes, en especial la de proteger la vida y propiedad de las personas; siendo el

mecanismo principal una recta y oportuna administración de justicia que desestimule la

criminalidad y la justicia por la propia mano, al tiempo que promueva la resolución

directa de los conflictos ante la certeza de las consecuencias jurídicas de los actos.

De igual manera, dicho irrespeto también se ve como la búsqueda de medios

alternativos por parte de los ciudadanos ante el agotamiento de los canales

institucionales para tramitar las demandas de los ciudadanos y generar movilidad social

y acceso a la riqueza.

83

―Otras conductas análogas son extensivas en cambio a todas las clases sociales. Así, el ciudadano que

tiene que asumir su responsabilidad frente a la justicia- a diferencia de lo que es posible observar en

otras culturas- jamás la reconoce, en particular cuando se trata de políticos o funcionarios públicos que

nunca responden por su conducta en relación con malos manejos de bienes del Estado‖. (PUYANA

GARCÍA, 2002, pág. 107)

de 194

2.2.1. Predominio de la impunidad en Colombia

Es un lugar común, señalar como una de las principales causas del fenómeno de

irrespeto a la normatividad, la incapacidad del Estado para administrar el monopolio de

la justicia, es decir, a un gran número de quienes infringen el ordenamiento jurídico en

todas sus áreas, no se les aplica alguna sanción por ello, dando como resultado el

dominio de la IMPUNIDAD en Colombia.

Ya Antonio Nariño citado en (VALENCIA VILLA, 1997) daba cuenta de ello hacia

1797:

Una de las enfermedades de este reino es la manía de los pleitos, que junto a la lentitud y

embarazo de los procesos y al pillaje de los escribanos, etc., causa un atraso increíble en

la fortuna de los particulares […]. (1997, pág. 65)

En este sentido, María Mercedes Cuellar (2000) manifiesta que pese a la percepción

generalizada que se tiene de que la causa del irrespeto por lo público se debe a un factor

cultural, los resultados de la investigación desarrollada no son concordantes con ello;

por el contrario, a partir de su análisis, la impunidad e ineficiencia de la justicia se

ubican como principales causas. En relación con un homicidio, las personas encuestadas

perciben que sólo existe un 18% de probabilidad de que el mismo no quede en la

impunidad así el 28% afirme saber quiénes fueron los responsables (2000, pág. 641); lo

que a su vez, en materia de política criminal acarrea que en un ejercicio de costo-

beneficio, la población encuentre más provechoso incumplir la normatividad.

Asimismo, de acuerdo con Kalmanovitz (2001), la impunidad y el crimen están

íntimamente relacionados, máxime si las leyes no se interiorizan, pues ni autónoma ni

heterónomamente se cumplen las normas ni los contratos, poniendo en riesgo la vida, la

integridad y los derechos de propiedad de las personas; en su decir, la ausencia de

sanciones ejemplarizantes explicaría el arraigo de fenómenos como el narcotráfico que

han marcado la historia y el devenir de Colombia.

Por su parte, Mauricio Rubio (1995), señala que un deterioro en la administración de

justicia civil produce un agotamiento de los canales formales de resolución de

conflictos; de la misma forma que una consecuencia predecible de una inadecuada

administración de justicia en materia penal es el incremento de las actividades

criminales y la violencia.

Sobre esto Jenny Pearce (1990) anotaba que el sistema judicial colombiano en los

ochentas era incapaz de manejar la criminalidad, según un estudio de la delincuencia en

Medellín se encontró que de 23.555 delitos cometidos en 1986 únicamente el 30% fue

investigado judicialmente, y el 81.5% de los homicidios ocurridos en 1987 quedaron

impunes (1990, pág. 110).

En la investigación adelantada por Rubio (1996), los empresarios y los abogados

encuestados opinan mayoritariamente que la sociedad y el Estado colombianos no han

podido resolver una cuestión fundamental como es la protección del derecho a la vida y

del derecho a la propiedad, pese a su consagración legal de antaño; y ello lo atribuyen a

la insuficiencia del Estado y la ineficacia de la justicia.

de 194

En concordancia con lo anterior, en el mismo texto se señala que en Colombia no se

cumple el ideal de un árbitro imparcial que perfeccione los derechos consagrados

legalmente, que compense a quienes han sufrido perjuicios, que desestimule los

comportamientos rapaces y oportunistas.

Para Rubio, la resolución privada de los conflictos es algo deseable en una sociedad,

pero requiere como presupuesto que el aparato de justicia estatal funcione a la

perfección, pues sólo de esa forma las personas pueden tener seguridad sobre las

consecuencias de sus actos y preferir un arreglo directo. Adicionalmente, requiere que

las instituciones hayan proscrito las vías de hecho y el uso de la coerción con fines

privados.

Hernando Gómez Buendía (1999), también se refiere a la inoperancia de la justicia,

como raíz última y única de la violencia; con sus múltiples dificultades tales como: la

dificultad de acceso, los fallos erróneos por ignorancia o por corrupción, el costo de la

demora en los fallos correctos y los costos directos del proceso.

Y sintetiza lo hasta aquí expuesto en estas palabras:

Comparada pues con otras sociedades, vale decir que en Colombia los conflictos se

expresan abiertamente pero no se resuelven rutinariamente. O sea que para salir

adelante en este país, usted no necesita (1) respetar al otro, (2) haber cumplido la ley ni

(3) entablar un pleito; tan solo necesita poderle al otro. (GÓMEZ BUENDÍA H. , 1999,

pág. 6)

Ahora bien la ineficacia de la justicia se relaciona con los siguientes factores

principalmente: la congestión84

, trivialización85

entendida la ocupación en cuestiones

menores y, la corrupción.

En lo que tiene que ver con la congestión y la trivialización, Mauricio Rubio (1995),

hace la siguiente caracterización de la involución que ha sufrido la administración de

justicia en Colombia, en especial la penal, desde la segunda mitad del siglo XX:

Ha habido una disminución del interés por investigar y juzgar homicidios a partir del

año 1987, pues las autoridades judiciales no encontraban méritos suficientes para

investigarlos, mientras que anteriormente cada homicidio denunciado fue razón

suficiente para dar apertura al correspondiente sumario (RUBIO, 1995, pág. 42).

Procesamiento sólo de los casos que tienen una alta probabilidad de condena y

limitación de los jueces a ratificar la resolución de acusación de la Fiscalía, mediante

una condena. De acuerdo con Rubio, globalmente, la probabilidad de que un delito

cualquiera fuera condenado reportó un ascenso del 10% a cerca del 20% en los años

84

―Para 1993 estaban siendo investigados penalmente cerca de 10 mil homicidios, cifra similar a la que

se investigaba en 1972. Con la diferencia que por aquel entonces se habían denunciado ese número de

homicidios mientras que en 1993 se denunciaron más de 30 mil. En la actualidad dos de cada tres

homicidios en el país no pasan de la etapa de la denuncia y se quedan sin ser investigados‖. (RUBIO,

1995, pág. 42) 85

―Tentativamente, la evolución de la justicia colombiana en las últimas décadas se podría describir

mediante dos características: la trivialización y la congestión –que equivale a demora en los términos de

los procesos‖. (RUBIO, 1996, pág. 17)

de 194

setenta y descendió súbitamente al 5% en el año 1971, fecha desde la cual ha seguido

bajando continuamente hasta ubicarse cerca del 1% (1995, pág. 47).

Desestímulo de las denuncias por parte de las víctimas quienes aducen,

mayoritariamente, como razón, la falta de pruebas, lo que según el autor es sintomático

de su sentimiento de impotencia y de la percepción generalizada de la incapacidad del

Estado para resolver los casos difíciles (RUBIO, 1995, pág. 46).

Aumento de la criminalidad y de la comisión de delitos graves, lo que no es

sorprendente, pues si se quieren reducir las tasas se deben investigar a fondo y de oficio

todos los delitos graves, en especial los homicidios y no limitarse sólo a aquellos que no

requieren mayor esfuerzo de investigación (RUBIO, 1995, pág. 54).

De igual forma, en punto a la justicia civil, Rubio (1996) destaca el predominio de

procesos ejecutivos, que se caracterizan por obligaciones prácticamente,

incontrovertibles, ratificando con ello la trivialización de la administración de justicia.

En cuanto a la corrupción como causa de la ineficacia de la administración de justicia,

resulta bastante diciente que de los resultados arrojados por la investigación adelantada

por Rubio (1996), el 71.7% de los abogados encuestados, quienes conocen el sistema

judicial de cerca, consideran que el mismo no protege, adecuadamente, los derechos de

las personas, porque no aplica la ley imparcialmente (opinión de 57.4%), porque es

susceptible a los sobornos (85%) y, sobre todo, porque se entraba en cuestiones

procedimentales y no decide (95%).

Francisco Leal y Andrés Dávila (1990), dan cuenta de los problemas de la

administración de justicia en Colombia, de forma lapidaria:―El punto de fondo es que una

justicia a punto de presunciones y de atajos, una justicia hechiza, no puede hacer justicia sino

es por una vía: la chiripa‖.

Ya en lo que tiene que ver con las consecuencias, la impunidad da lugar a dos

escenarios, a saber: el de quienes optan por la transgresión de las normas, que vienen a

ser los victimarios y el de quienes resultan afectados por este comportamiento, las

víctimas, cuyos derechos no son reivindicados ni los responsables sancionados por la

acción del Estado, y se ven abocados a tomarse la justicia por sus propias manos. En

ambos casos el resultado es la infracción del ordenamiento vigente.

El primer escenario se explica en términos económicos, porque las personas a la hora de

adoptar decisiones hacen ponderaciones de la relación costo-beneficio y cuando los

costos de transgredir una norma, de incumplir un acuerdo, no son superiores a los

beneficios que se obtienen de hacerlo, entre otras razones porque existe una alta

probabilidad de no ser sujeto de una consecuencia jurídica o serlo de una que resulta

irrisoria, los sujetos se inclinan por la violación86

.

María Mercedes Cuellar (2000) explica, que en un mundo donde la ganancia individual

es supremamente importante, los costos de no cumplir un acuerdo tienen que ser

mayores que los que produzca no cumplirlo y en esto juegan un papel preponderante los

jueces.

86

―La eficiencia en la justicia se logra cuando los costos del incumplimiento de los contratos y las

normas superan los que se derivarían de respetar unos y otras‖. (CUELLAR, 2000, pág. 556)

de 194

El segundo escenario se explica por la efectividad que otros métodos de justicia privada

alternativos a los canales institucionales de administración de justicia tienen para

obtener de los demás la observancia de las normas, el cumplimiento de los acuerdos, la

indemnización de los perjuicios o la penalización por los mismos.

En esta línea los resultados de la investigación adelantada por María Mercedes Cuéllar

Cuellar (2000), indican que dentro de quienes no acuden a la justicia estatal (en materia

civil son casi la mitad de los encuestados) hay quienes acuden a la justicia privada

(justicia paralela basada en la violencia), en razón de la percepción de impunidad de la

primera y de la eficacia de la segunda, a la cual se le atribuyen un gran número de

homicidios de los que se tiene conocimiento. De esta forma, entre los efectos de la

impunidad en Colombia se cuentan la sustitución en algunos casos de la administración

de justicia por la aplicación de la ley del más fuerte y la ley del Talión.

2.2.2. Agotamiento de los canales formales para satisfacer las demandas sociales.

En relación con la insuficiencia del Estado entendida como incapacidad generalizada

para cumplir sus funciones esenciales y como agotamiento de los canales formales para

tramitar las necesidades y demandas de la población, Thoumi (1998) señala la paradoja

entre un crecimiento económico sostenido a lo largo de buena parte del siglo XX en

Colombia, y unos elevados índices de violencia y corrupción; situación que en su

concepto, demostraría que el Estado no cumple con sus funciones mínimas (brindar

seguridad personal, hacer cumplir los contratos y garantizar los derechos de propiedad),

por lo que los particulares tienen que invertir cuantiosas cantidades en proteger su vida

y bienes.

A través de las crónicas de Alfredo Molano (1994), también se accede a la dura

perspectiva de los primeros guerrilleros sobre el origen del conflicto armado en

Colombia, el cual tendría muchas raíces en la insuficiencia del Estado y en la alianza de

varias de sus instituciones con determinados sectores de la sociedad al tiempo que

desprotegían e incluso agredían a los demás:

La policía no daba cuenta ni razón de nada, como si lo que pasaba fuera en el país de al

lado. Por eso fue que tocó ponernos sobre las armas; porque nadie respondía. El alcalde

se alzaba de hombros como diciendo: miren a ver. Por eso tocó hacerle caso y mirar por

uno. (MOLANO, 1994, pág. 31)

Es que yo estoy buscando la paz desde hace muchos años. Me tocó inventarme esta

guerra para que me oyeran a mí y a la gente que por mi boca habla, pero al gobierno no

le conviene la paz, porque entonces, ¿qué hace con los militares? Uno pide una cosa y le

responden que no, que no se puede porque la Constitución no lo permite. Entonces uno

propone el cambio de Constitución y le responden que no, que eso es anticonstitucional.

No dejan sino el camino de la guerra o el de la entrega. Y el de la entrega va a ser muy

difícil, porque uno tan viejo ya no está para esas. (Palabras de Manuel Marulanda

Vélez) (MOLANO, 1994, pág. 223)

De acuerdo con Hernando Gómez Buendía (1999), el problema de fondo de Colombia

es la debilidad del Estado y la fragmentación de la sociedad. La debilidad del Estado no

significa que no haya burocracia, ordenamiento jurídico, fuerzas armadas; significa que

las mismas no son legítimas, es decir, que no hay cohesión social a su alrededor, por

de 194

tanto, no se materializan y las que predominan son las racionalidades particulares y las

reglas de juego que una persona o grupo logré imponer sobre los demás.

La fragmentación social, no es en razón de la raza o la religión, sino en razón de la

contraposición de las minorías que influyen en el Estado, pero más que eso, en la

ausencia de representación por cada una de ellas del bien público, de manera que su

triunfo sobre las demás, se traduce en una pérdida para todos, es el caso de los

narcotraficantes vs. la DEA; los empresarios vs. los sindicatos; los congresistas

corruptos y los medios de comunicación que satanizan todo.

Carlos Lemoine (2000), por su parte, considera que los aspectos que para la población

son imperativos como el sistema de educación, el de salud, la administración de justicia,

la fuerza pública, no son prioridades para los gobernantes y, en ellos se invierte muy

poco.

En concordancia con lo anterior, la desprotección y abandono de grandes sectores de la

población, especialmente, de aquellos ubicados en sitios alejados de los cascos urbanos,

ha abierto un espacio para la acción de grupos al margen de la Ley, como las FARC,

que han sustituido al Estado en la administración de justicia, imposición de orden y

provisión de bienes y servicios, a cambio de complicidad y comisiones (BUSHNELL,

1996).

Así las cosas, una de las razones que explicaría la relación negativa que tienen los

colombianos con la normatividad es la incapacidad de los canales institucionales para

dar respuesta a las demandas y realidades sociales.

De acuerdo, en términos generales, con Consuelo Corredor Martínez (1997); Fernando

Rojas y Víctor Moncayo (1989) y Eduardo Pizarro (1989) citados en (HERRERA

MORA 2006); la causa de que gobernantes y gobernados hayan recurrido a canales

informales se debe a la incapacidad de los formales para responder a las demandas

sociales y políticas derivadas, por una parte, de la modernización económica, y, por

otra, de los conflictos protagonizados por agentes como la guerrilla, los paramilitares y

los narcotraficantes; diversidad de fuerzas contrapuestas que dificultan adoptar una

política general. En una línea similar, Marco Palacios (2006), señala que en Colombia

no existen caminos legítimos para que la gente acceda a la riqueza.

Fernando Iriarte (2001), también pareciera ser partidario de señalar la insuficiencia del

Estado, como una de las principales causas de los problemas que afronta Colombia,

pues en una postura de alguna manera monocausalista, critica la “supuesta” existencia

de una cultura de la ilegalidad en Colombia entendida como “la costumbre de utilizar los

medios ilegales antes que las normas establecidas, sin importar que somos creadores

inveterados de leyes y códigos en proporciones casi industriales‖ (2001, pág. 77); y por el

contrario sostiene que la causa del recurso a la ilegalidad está anclada en la pobreza, en

la falta de movilidad social, en la geografía y en el caso del narcotráfico, en el gran

número de consumidores estadounidenses y las grandes cantidades de dinero que se

manejan.

Aunado a lo hasta aquí mencionado, la incapacidad del Estado, además de dar lugar a la

solución informal de las necesidades insatisfechas y de los conflictos, desestimula la

observancia de las normas, aún fuera de contextos de necesidad, en la medida que según

de 194

William Ospina (2001) citado en (IRIARTE M., 2001, págs. 103, 104), los ciudadanos

perciben un desequilibrio entre las cargas impuestas a los gobernados y lo que reciben

en contraprestación por parte de un Estado que es ineficiente y que no protege realmente

la vida y bienes de los ciudadanos, por lo que no le extraña que en esas condiciones los

administrados se tornen escépticos, egoístas, recursivos hasta la transgresión y que se

limiten a proteger sus intereses particulares.

2.3. Triunfo de los colombianos en la economía ilegal

Los colombianos no son reconocidos mundialmente por el desarrollo de la industria

privada ni por grandes inventos o desarrollos tecnológicos, pero han sido descollantes

en la economía ilegal, especialmente, en el contrabando que a su vez habría abierto las

puertas a la producción y tráfico de estupefacientes; fenómenos que han tenido

profundas implicaciones en todos los aspectos de la sociedad y, sobre todo, en el

trastrocamiento de la escala de valores.

Empezando con el contrabando87

, éste es considerado uno de los lastres de nuestra

historia. En concepto de Marco Palacios (2006), el contrabando, primero con el oro en

el siglo XVI, ahora con los cigarrillos da cuenta de una profunda costumbre de evasión

de impuestos y eleva casi a la categoría de tradición cultural esta postura antiestatal:

Even in the centralized Bourbon era, late in the eighteen century, large scale smuggling

was more the rule than the exception. Cartagena, the principal port of the New Kingdom

of Granada, was in the hands of the great smugglers, who in time were the legitimate

great merchants organized in the colony‘s only European style merchant guild (2006,

pág. 265)

Para ilustrarlo menciona, además, que la principal motivación de la sublevación de los

comuneros en 1781, el movimiento social más masivo y peligroso de la era colonial, no

fue otra que oponerse a las reformas tributarias de los Bourbon.

En concordancia con ello, David Bushnell (1996) señala que los bienes que

históricamente han sido ilegalmente comercializados son café, cigarrillos, ganado,

computadores, oro y esmeraldas, mercado negro que es posible gracias a la corrupción

de la aduana y a que los contrabandistas financian a los políticos locales para que éstos

torpedeen las investigaciones.

Una de las implicaciones más graves que tendría el contrabando en Colombia es que

allanó el camino del tráfico de drogas; según Bushnell (1996) muchos miembros de la

mafia de la cocaína comenzaron sus carreras en el contrabando de esmeraldas y, de

acuerdo con Palacios (2006) ello explicaría por qué las organizaciones de tráfico de

drogas más poderosas de Iberoamérica son Colombianas, superando al Perú y a Bolivia;

lo que, en su decir, ha sido posible por la existencia de poderes locales que desafían la

autoridad central a menudo, dado que las condiciones geográficas de Colombia,

dificultan en suma, el ejercicio de control sobre todo el territorio nacional.

87

―It is no wonder, then, that Colombian‘s tax burden, measured overall and across all classes, is among

the lowest in Latin America – not because nominal taxes are low but because avoiding payment is easy‖

(PALACIOS, 2006, pág. 266).

de 194

Así pues, el contrabando es posible gracias a la confluencia de varios factores como la

corrupción y la geografía colombianas, a los que hay que añadir una carga impositiva

alta sobre algunos productos88

, la constante apropiación indebida de los recursos

públicos que desestimula el pago de impuestos y, una aceptación social generalizada.

Producto de esta última, Bushnell (1996) señala como muchas ciudades en Colombia

cuentan con un centro comercial del mercado negro, denominado comúnmente San

Andresito, en alusión al puerto de San Andrés por donde entra gran parte del

contrabando; a lo que Luis Jorge Garay (1999) citado en (IRIARTE M., 2001, pág. 142)

agrega que está tan arraigado el contrabando en Colombia, que los sanandresitos son

legales y los colombianos no tienen el menor reparo en adquirir, usufructuar y ojala al

precio más barato artículos de contrabando.

La aceptación y patrocinio del contrabando por parte de la ciudadanía, obedece además,

a que se le percibe menos como un delito y más como una forma de ganarse la vida, el

famoso “rebusque”, que hace honor a la viveza de los colombianos; esto es

mayoritariamente así en las zonas fronterizas de la Guajira con Venezuela, y de Nariño

con Ecuador, en las que se percibe el contrabando no como un delito sino como un

mecanismo de sobrevivencia, que como tal está justificado y debe ser permitido89

.

Ahora bien, en punto a los cultivos ilícitos y con ellos el cultivo de una cultura mafiosa

en Colombia, se puede señalar que el tráfico ilegal de drogas sin duda ha sido un cáncer

para la sociedad colombiana que ha hecho metástasis en otras de sus problemáticas90

;

como se cita en la obra de Fernando Iriarte, la revolución que Colombia no tuvo pero

que por sustentarse en el lucro y en la acumulación de capital le ha acarreado al país

altísimos costos sociales, debido al trastrocamiento de los valores y a la legitimación de

la violencia como mecanismo válido para la resolución de los conflictos (Revista

especial, 1999) citada en (IRIARTE M., 2001, pág. 145).

Los factores que han confluido para su aparición y arraigo son múltiples, entre ellos se

señalan una larga tradición de contrabando de esmeraldas, que le allanó el camino,

como se mencionó anteriormente; una geografía, de un lado propicia para el cultivo y de

otra, propicia para las actividades ilegales pues el Estado no es capaz de controlar todos

las porciones de su territorio; un Estado débil institucionalmente; el predominio de la

impunidad; una movilidad social limitada mediante los canales formales; una moral

católica ambigua frente a este tipo de conductas; una relativización moral que justifica

los medios y que no permite discernir entre lo que redunda en el bien público y lo que

no; una cultura de la viveza que es patrimonio nacional; entre otros.

88

Un buen ejemplo de una carga impositiva excesiva, es la de la gasolina en un país irónicamente,

productor de petróleo. 89

Al respecto véase (CALLE & MORALES, 1994) 90

“A finales de la década de los 80 confluyen dos fenómenos que anuncian cambios de fondo y el inicio

de la crisis económica que perdura hasta el momento: el colapso del Acuerdo Internacional del Café en

1989 provoca la caída del 40% del precio del grano e irrumpe la mafia de la droga en Colombia.

Llega entonces el tráfico de la cocaína. Los colombianos llegan a controlar en la década de los 80 entre

el 70 y el 80% del mercado mundial de la cocaína. Colombia se convierte en el centro de procesamiento

y comercialización de la coca en la región andina. Más de 500.000 personas trabajan directa e

indirectamente para la mafia de las drogas. Los dos grandes centros de la mafia se localizan en Cali y

Medellín‖. (PEARCE, 1990)

de 194

El Narcotráfico en Colombia ha tenido unas implicaciones perjudiciales en cuanto ha

irrigado y acrecentado las demás problemáticas que azotan al país; en este sentido,

María Mercedes Cuellar (2000) da cuenta del impacto que el narcotráfico ha tenido en

la corrupción en cuanto los capos comprendieron de forma temprana que su

supervivencia estaba ligada a la infiltración del poder político y con él del poder

judicial.

Al respecto Thoumi (1998) menciona el papel fundamental que el narcotráfico ha

jugado en las últimas décadas en el empoderamiento y supervivencia de los grupos

subversivos, en cuanto es una de sus principales fuentes de financiación.

Otra consecuencia del narcotráfico como actividad ilegal que lógicamente no puede

recurrir a mecanismos legítimos para tramitar sus asuntos, ha sido la justificación de la

violencia como medio para obtener fines y de la justicia privada o justicia por las

propias manos, como mecanismo para resolver los conflictos, que de acuerdo con

Lemoine (2000) gozan de gran aceptación entre los colombianos.

A este respecto, Jenny Pearce (1990) anota cómo las cifras del DANE registran una

triplicación de la tasa de homicidios en un período de diez años comprendido entre 1978

y 1988, en los que se pasó de 7013 muertes en 1978 a 21.129 muertes en 1988, lo que

coincide con el surgimiento de lo que denomina “la industria de la violencia”, es decir

del narcotráfico, especialmente, a partir del auge de la cocaína en los ochenta (1990,

pág. 110).

Por otra parte, la estructura de crimen erigida alrededor del narcotráfico, de la que hace

parte el mercado negro de armas, las escuelas de sicarios, el lavado de dinero, la

corrupción de funcionarios públicos, etc., genera las condiciones propicias para la

diseminación de la delincuencia en el país que sigue el camino abierto por el

narcotráfico, de la misma forma que lo indica Salomón Kalmanovitz para los grupos al

margen de la ley91.

Pero sin duda una de las consecuencias más nocivas del narcotráfico ha sido el

trastrocamiento de la escala de valores imperantes y su sustitución por el ánimo de lucro

sin escrúpulos, con una consecuente desvalorización de la vida; lo que según María

Teresa Herrán (1986) ha generado una tensión o inautenticidad entre los valores que se

planteaban y los resultantes de esa preponderancia económica.

El narcotráfico, dejando a un lado la perspectiva de la legalización de la producción

como salida al problema, tiene grandes probabilidades de seguir subsistiendo dada la

impunidad reinante en Colombia y la ambigüedad o doble moral que un gran porcentaje

de la población tiene frente a este flagelo92

.

Por último, el siguiente aparte capta buena parte de la transformación social que se

produjo en Colombia con la irrupción del narcotráfico:

91

―Es importante destacar que tanto el crimen organizado como el desatado por la subversión con una

justificación, (SIC) política le abren un campo inmenso a la criminalidad común que se multiplica y sigue

la trocha abierta por los actores armados‖ (KALMANOVITZ, 2001, pág. 29). 92

―El dinero de la droga o la cultura del dinero fácil han contribuido a generar un ambiente violento y

corrupto en todos los niveles. (…). Lo que antes era corrupción y acarreaba sanciones penales, morales

o sociales, hoy ya no genera ni si quiera sanciones sociales. Falló la justicia, pero sobre todo falló la

sociedad‖. (SAMPER GARTNER, 2000) citado en (IRIARTE M., 2001, pág. 142)

de 194

Como muy bien lo relata Germán Castro en la Bruja, las familias del ‗marco de la plaza‘

en los pueblos eran sustituidas por los nuevos ricos, hijos de los antiguos agregados de

las fincas, carniceros de la localidad o ex agentes de policía, que de la noche a la

mañana llegaban comprándolo todo: las fincas, las casas, los caballos, el ingreso a los

cubles sociales, el amor de las muchachas, la admiración de los muchachos y las

bendiciones de los párrocos apoyados en su misión caritativa por aquellas almas

piadosas. (Revista especial, 1999) Citado en (IRIARTE M., 2001, pág. 145)

2.4. Talante de la clase dirigente colombiana y expresión anómala de los conflictos

Las élites, que a menudo han sido también la clase dirigente colombiana, han jugado un

papel preponderante en el devenir del país y tienen una especial responsabilidad en

ciertos acontecimientos que han marcado la historia. Es así, como se señala a la

violencia partidista que se extendió desde aproximadamente la segunda mitad del siglo

XIX hasta comienzos de la segunda mitad del siglo XX, liderada por los jefes de los

partidos políticos tradicionales Conservador y Liberal, de haber radicalizado y

fragmentado la sociedad, fomentado la intolerancia por razones ideológicas y

legitimado el recurso a la violencia para acceder y mantenerse en el poder.

De igual forma, El Frente Nacional, que fue la solución que se ideó para ponerle fin a la

confrontación política, mediante la repartición “equitativa” entre los conservadores y

liberales del Estado, habría terminado siendo perversa, sobre todo, en cuanto

imposibilitó que fuerzas políticas y sociales alternativas participaran pacíficamente del

poder e instauró el clientelismo como la manera de hacer política por excelencia en

Colombia; ambos fenómenos estarían en la raíz del conflicto armado que azota al país

hace más de medio siglo.

Por otra parte, las élites en general, se señalan de haber impedido que se produzcan los

cambios sociales, económicos, culturales y políticos que demanda la mayor parte de la

sociedad colombiana dando con ello lugar a la expresión anómala de los conflictos; por

lo que reviste especial importancia analizar el efecto que la negativa de las clases altas

de Colombia a desprenderse de los privilegios para que surja una sociedad más

equitativa ha tenido en una cultura de la violencia.

2.4.1. Consecuencias de la violencia partidista en la sociedad colombiana

Es un lugar común en la literatura colombiana, señalar la confrontación entre los

partidos liberal y conservador que data desde el siglo XIX y se extendió hasta un poco

más de la segunda mitad del siglo XX, como una de las principales causas de la

violencia, la fragmentación, la intolerancia, el recurso a los canales informales para dar

trámite a los problemas y, sobre todo, del poco respeto que se tiene por el derecho a la

vida en Colombia que es un principio fundamental en todo sociedad.

Ello obedecería, entre otras razones, a que durante la violencia partidista, los dirigentes

de ambos partidos legitimaron e incentivaron el recurso a la violencia para obtener y

mantenerse en el poder, y las diferencias ideológicas fueron percibidas como

justificación para aplicar la pena de muerte de facto.

de 194

Cuando Otto Morales Benítez es interrogado por Augusto Escobar Mesa (2006) sobre

la razón de ser de los períodos regulares de violencia en Colombia, aquel contesta desde

una perspectiva historicista y circunstancial, según la cual, no hay en la mentalidad de

los colombianos algo originariamente violento; por el contrario, da a entender que la

población colombiana gozaba de orden civil, una convivencia avanzada y unos valores

tradicionales hasta que los métodos violentos implementados por la Hegemonía

Conservadora de principios de los años 40‟s a finales de los años 50‟s93

, bajo la égida de

Laureano Gómez, con su invitación retórica94

a la "acción intrépida" y el "atentado

personal" para evitar el avance del liberalismo, acabaron por radicalizar a la clase

campesina y a los sacerdotes, vigías de la moralidad, que usaron como instrumentos. En

palabras de Morales ―Esa violencia verbal aflojó los resortes de la responsabilidad

colectiva‖. (1994, pág. 16)

Asimismo, la censura de la radio, la prensa y la clausura del Parlamento a manos de los

conservadores, dio lugar, en su concepto, a la corrupción, a la dilapidación y saqueo del

erario público por parte del gobierno, pues silenciaron a quienes podían denunciarlo. En

su decir, los efectos de la violencia ejercida por los conservadores se extienden hasta el

presente95

.

Daniel Pècaut (2001), en concordancia con Morales Benítez (ESCOBAR MESA, 2006),

también señala como un error apreciar la historia de Colombia como un continuo de la

misma violencia, que hace parecer que nunca hubo períodos de paz; ubica como

responsables de los conflictos al narcotráfico, a la guerrilla, a los paramilitares y a los

azuzadores políticos y religiosos de los partidos políticos tradicionales que

radicalizaban a la sociedad civil.

David Bushnell (1996), por su parte, al referirse a la época de la violencia en el período

comprendido entre1948 y 1953, señala que las diferencias entre los partidos políticos

conformados entre 1940 y 1950 no eran tan radicales como sus guerras, que

involucraron a gran parte de la ciudadanía y que se alimentaban a sí mismas, a partir del

horror y la atrocidad que traían consigo, características por ataques unilaterales seguidos

de una retaliación; precisamente, en el bando de los conservadores, grupos como “los

chulavitas”, “los pájaros” y “los aplanchadores”, fueron reconocidos por el horror

sembrado en muchas regiones.

En ello habría jugado un papel preponderante Laureano Gómez, líder del partido

conservador, a quien Bushnell (1996) identifica como uno de los principales precursores

93

En oposición a los autores que responsabilizan de la violencia partidista, casi de manera exclusiva, al

partido conservador, Alfredo Molano anota lo siguiente:―Como es el caso, por ejemplo, de

responsabilizar unilateralmente al partido conservador del desencadenamiento de la violencia

interpartidaria, dejando de lado los antecedentes de hegemonización violenta propiciada por sectores

liberales a partir de los años treintas‖. (MOLANO, 1994, pág. 16) 94

―El idioma es capaz de crear las situaciones más empinadas y altruistas o conducirnos por

despeñaderos en los cuales se hunde, hasta perderse, la moralidad colectiva. Hemos olvidado en ese

tráfago infortunado del crear situaciones con aplebeyados sistemas mentales, cuánta responsabilidad

cabe al dirigente político en la dosificación del lenguaje‖. (ESCOBAR MESA, 2006, pág. 106) 95

―La violencia ejercida dirigida por el gobierno conservador, fue de una crueldad inenarrable. Los

males sociales que padece Colombia, allá tienen su origen. Los daños en cuanto al respeto a la vida, el

rompimiento de la justicia, la separación radical entre la mayoría del país y el ejecutivo, la falta de ética

para informar justificando lo que acontecía, llevó al destrozo de los valores tradicionales

en la comunidad

colombiana‖, p. 108 (ESCOBAR MESA, 2006, pág. 108)

de 194

del odio y el sectarismo en Colombia, al punto que pretendió, infructuosamente, erigir

un Estado Corporativo a la imagen y semejanza del instaurado en la España de Franco.

En sintonía con lo anterior, Horacio Calle y Jorge Morales (1994), mencionan que hasta

hace unos cuantos años un rasgo característico de Colombia era el estar dividido entre

regiones liberales y conservadoras que se disputaba la representación de la esencia

colombiana por sus correspondientes ideales; y afirman que los efectos del odio

producto de sus guerras se extienden a hoy.

De igual manera, Marco Palacios (2006), manifiesta que la existencia de un

ordenamiento jurídico y de un sistema democrático nominales en Colombia, nunca ha

impedido el recurso a la violencia como un método válido para adquirir y mantener el

poder, tal como fuera ejercida por los partidos liberal y conservador, minoritariamente

para actos de guerra y mayoritariamente para saciar venganzas y llevar a cabo actos

atroces.

De acuerdo con el mismo autor, la adscripción a alguno de los dos partidos se había

extendido sin interrupciones en algunas regiones desde 1830; cuando en Noviembre 21

de 1902 se puso fin a la Guerra de los Mil Días la élite colombiana adoptó una regla de

oro consistente en rechazar la violencia como un medio de legitimación del poder, en

ese momento entró a operar el monopolio de la fuerza por parte del Estado; sin

embargo, dicha regla sólo estuvo vigente hasta el boicot de las elecciones en 1949 por

parte de los liberales, la dictadura conservadora de 1949 a 1953 y la Dictadura militar

que se extendió hasta 1958.

Palacios identifica además, entre las causas de la conformación de los primeros grupos

guerrilleros, los focos de violencia, rebelión y rabia originados en la guerra civil de

1899 a 1902 y, posteriormente, en la época de la violencia durante los 50´s. Las

guerrillas, además, fueron la respuesta a la pobreza del campo, a las reformas agrarias

fallidas de 1930 y 1960 y a la exclusión política ocasionada por el Frente Nacional, que

fue la manera que encontraron liberales y conservadores de poner fin a su confrontación

histórica.

Salomón Kalmanovitz (1989), también apoya esta tesis en cuanto menciona que además

de la violencia partidista está el hecho que los mismos partidos tradicionales tampoco

permiten o no lo hicieron durante un prolongado tiempo, el acceso al poder

pacíficamente, estimulando con ello, la formación al menos, en un principio, de grupos

al margen de la ley.

Sobre el particular se transcribe el siguiente aparte de la obra Trochas y Fusiles de la

autoría de Alfredo Molano (1994), acerca del extinto Marulanda, uno de los cabecillas

fundadores de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- FARC E.P. que es la

guerrilla más antigua de Colombia, el cual es ilustrativo al respecto:

Salió (Marulanda) con muchos liberales que también huían de la policía y de los pájaros

(…). Se sabía que los pájaros eran conservadores pero no sabíamos que eran pagados

por el gobierno, aunque todo mundo lo sospechaba‖. Tal vez porque vio que todo andaba igual o por eso que siempre le pasa a uno: que piensa que

porque uno está trabajando honradamente –como le han enseñado- a uno no le pueden hacer

nada, ni nadie lo puede atropellar, ni nadie lo puede asesinar. Nosotros recibimos esa

de 194

educación sana, en el trabajo, y pues uno no desconfiaba de nadie y menos de las

autoridades, del señor alcalde, del señor agente. No, eso era imposible. (pág. 55)

En la línea de Palacios (2006) y Kalmanovitz (1989), mencionados anteriormente, a la

violencia partidista como antecedente de muchas de las problemáticas de Colombia hay

que agregarle los efectos de la “ingeniosa” solución que se le dio, la consagración del

Frente Nacional; que como se verá enseguida es una obra maestra de la tendencia

existente en Colombia a agravar los problemas con soluciones contraproducentes.

De acuerdo con Rubén Jaramillo Vélez (1998), el Frente Nacional producto del Pacto

de Sitges y Benidorm, celebrado entre Laureano Gómez y Alberto Lleras, fue una

solución perversa a la violencia partidista, en la medida que la única salida que

encontraron los partidos políticos fue repartirse mecánicamente la burocracia, basados

como dice Bushnell (1996), en la idea de que los partidos no podían sobrevivir sin

acceso al aparato estatal, sin cargos burocráticos; ello se acompañó, además, del olvido

de los agravios cometidos y de la ausencia de responsabilidad.

Al respecto de los males que se le endilgan al Frente Nacional, Bushnell (1996) apunta

que diluyó las responsabilidades políticas por las acciones gubernamentales y transmitió

a los opositores el mensaje de que no era posible participar en política de forma

pacífica, durante el mismo, no se permitió expresión de conflicto social alguno.

Francisco Leal Buitrago y Andrés Dávila (1990), por otra parte, señalan que los efectos

perniciosos del Frente Nacional fueron, de una parte, haberle cerrado la cabida a los

movimientos políticos distintos al bipartidismo, de igual forma, que la identidad entre

política y clientelismo conllevó a la despreocupación de los políticos por las

necesidades sociales.

Producto de lo anterior, dice Germán Puyana García (2002) que la intolerancia no ha

permitido un verdadero desarrollo de la democracia, pues los debates se guían más por

la pasión, que por la razón, más por la imposición de unas ideas, que por su análisis,

debate y aceptación.

2.4.2. Las élites: un obstáculo para la transformación social, política y económica del

pueblo colombiano

Las élites en Colombia han jugado un papel preponderante en el devenir del país, sobre

todo, en cuanto se han opuesto, impedido o torpedeado las diferentes revoluciones

económicas, políticas, sociales y culturales que el país ha demandado, lo que en no

pocas ocasiones ha derivado en la expresión anómala y violenta de los conflictos,

transmitiéndose a la sociedad el mensaje de que no es posible recurrir a canales

pacíficos para lograr la reivindicación de los derechos.

Según Francisco Leal y Andrés Dávila (1990), el estado de sitio que reinó en Colombia

durante la segunda mitad del siglo XX, fue ante todo un mecanismo de represión

constante que impidió las manifestaciones sociales por las vías legales, como los paros

cívicos, los sindicatos, las marchas campesinas, etc.

Jenny Pearce (1990) en su obra analiza el papel de las élites o clase dirigente en

Colombia, en diferentes campos, que analizados en conjunto dan cuenta de su carácter;

así, una de las áreas en que se aprecia la prevalencia de los intereses de las élites sobre

los del resto de la población, es en el económico; la modernización y expansión de un

de 194

sector de la economía se ha hecho sin consideración a los derechos y necesidades de la

mayoría y pese a la estabilidad que caracteriza la economía colombiana según muchos

autores, ello no se ha visto reflejado en una distribución equitativa de los bienes y

servicios en Colombia:―Esta economía formal ha crecido sin la presiones redistributivas de

otros países y ha satisfecho las necesidades de una minoría que vive en forma tan opulenta

como las elites del mundo industrializado‖ (1990, pág. 115).

De acuerdo con ello, en el país existe una gran franja de informalidad conformada por

personas que se ganan la vida desempeñando labores como lavar carros, embolar

zapatos, vender en la calle, recolectar basura, ejercer la prostitución o cometer delitos;

dentro de esa franja se ubican también los pequeños empresarios que actúan como islas

en las que no se cumplen los mandamientos laborales y tributarios;, en gran medida por

ser incompatibles con su existencia misma (1990).

Por otro lado, la democracia es otro de los campos en los que se aprecia el predominio

de la élite sobre el resto de capas sociales; si bien para aquellas sí se puede hablar de su

operancia, en cuanto el sector privado por intermedio de los gremios tiene canal directo

con el ejecutivo y con el Congreso, a la vez que éstos responden a los intereses de clase

y de capital; para el resto de la población ocurre lo contrario y las demandas

generalmente son desatendidas (1990)

Pero sin duda, como lo menciona Jenny Pearce (1990) si algo da cuenta del carácter de

la élite, de la clase dirigente en Colombia y de su papel en la historia, es su preferencia

entre aliarse con los narcotraficantes a permitir que en el país se lleven a cabo las

transformaciones necesarias:

Los capos de la droga se convierten en una narcoburguesía ansiosa de legitimarse como

elite empresarial y de aliarse con la clase dirigente para la defensa de sus intereses de

clase. La alianza de narcotraficantes, terratenientes y militares en los 80 ha costado la

vida a miles de líderes y activistas populares, la elite dominante en Colombia revela todo

su carácter al preferir dicha alianza a la introducción de las reformas que podrían crear

un país equitativo y democrático (1990).

En concordancia con lo anterior, ha sido una constante en la historia del país la

persecución y exterminio de los líderes sindicales, de los líderes sociales, de los

representantes de fuerzas alternativas a los dos partidos políticos tradicionales; entre los

que se puede citar, de acuerdo con Jenny Pearce, el caso de la CUT, que durante 1988 y

los dos primeros meses de 1989, denunció el asesinato político de un número mayor a

230 dirigentes y militantes (1990, pág. 239) 96

; así como el caso del Movimiento

Revolucionario Liberal o de la ANAPO a los que se respondió con cooptación y fraude

o del genocidio de la Unión Patriótica.

En este punto es importante traer a colación lo mencionado en el título formalismo

vacío de sustancia sobre la élite de Colombia, en el sentido que desde los inicios de

nuestra vida republicana se caracterizó por combinar la iniciativa de adoptar

instituciones extranjeras de avanzada con una oposición abierta a la materialización de

las mismas; así como, por boicotear, sólo por nombrar dos casos, las reformas agrarias

96

―La CUT ha declarado que en 1988 y los dos primeros meses de 1989 más de 230 dirigentes y

militantes fueron víctimas de asesinatos políticos‖. (PEARCE, 1990, pág. 239)

de 194

que se pretendieron hacer en los 30´s y los 60´s y que sin duda abrían contribuido a la

equidad y a la democracia en Colombia.

Conclusiones

El objetivo de este capítulo fue la construcción de una caracterización de la sociedad

colombiana en su relación con las normas y la autoridad; partiendo de la subhipótesis de

que a partir de la revisión bibliográfica de los estudios y escritos que desde diferentes

disciplinas se han hecho sobre las causas de la violencia y del subdesarrollo en

Colombia; sobre los valores que rigen su sociedad; los rasgos característicos de la

misma; y, en general, sus problemáticas; sumado a la información recabada en los

capítulos sobre la colonia y la independencia, se hallarían importantes elementos

explicativos de lo que se percibe como una tendencia social a la transgresión en

Colombia.

Pues bien, el fenómeno de eficacia precaria del ordenamiento jurídico en Colombia es

complejo en cuanto obedece a múltiples factores, de diferente tipo, que interactúan entre

sí a modo de círculo vicioso; sin embargo, con la realización de este capítulo, se

lograron identificar, a partir de su constante mención en las fuentes consultadas, los

siguientes aspectos relativos a creencias, valores y hábitos, subyacentes a los

comportamientos transgresores de las normas jurídicas y sociales en Colombia, entre los

que se encuentran: la viveza y el individualismo; la ausencia de una ética religiosa o

civil; la concepción clientelista de las instituciones públicas y el formalismo vacío de

sustancia.

De igual manera, se identificaron fenómenos concretos relacionados entre sí y

relacionados estrechamente, a su vez, con los aspectos de la idiosincrasia colombiana

mencionados; que en conjunto conforman un diagnóstico integral de esta sociedad que

explica el bajo nivel de observancia de las normas y de respeto por los derechos ajenos,

al tiempo que ilumina todos los elementos que deben abordarse para construir una

política efectiva de aumento de la eficacia de las instituciones nacionales.

Empezando con los aspectos culturales y morales, en Colombia existe una “cultura de

la viveza asociada a un individualismo exacerbado” o lo que es igual un escaso sentido

de interdependencia social, que se traduce en buscar el menor costo, tiempo y esfuerzo

posibles para alcanzar los objetivos, pero con prescindencia de las normas jurídicas y

los derechos ajenos; por lo que la ley del más fuerte y el principio del fin justifica los

medios son legítimos a la hora de alcanzar las metas individuales traduciéndose en la

negación de las de los demás y, por ende, en un ambiente interpersonal de inseguridad y

desconfianza.

La viveza y el individualismo correspondiente, se manifiestan de diversas formas: en el

mandato de no desaprovechar oportunidad alguna de sacar ventaja de las personas y de

las situaciones; en el denominado “rebusque” que no distingue entre actividades legales

o ilegales como fuente de ingresos; en la cultura del atajo o desplazamiento de las

reglas formales por las reglas informales y la captura de las instituciones por lógicas

privadas; en la falta de claridad, ausencia de reglas de juego, astucia, engaño, poder de

convencimiento, etc. para negociar, entre otros.

de 194

Como característica particular de la viveza en Colombia, se encuentra la forma perversa

como muchas veces es premiada por la sociedad, las políticas públicas y las normas

jurídicas, a través de diferentes mecanismos como la legalización de hechos

consumados, la condonación o rebaja de penas, la exclusión de quienes acatan y exigen

el cumplimiento de las normas por ser disfuncionales, etc.

Una cultura de la viveza y un individualismo exacerbados son contrarios, a su vez, a las

tres condiciones que ha señalado Antanas Mockus (MOCKUS & CORZO, 2003) para

que haya convivencia, a saber: el acatamiento de la ley, la celebración y cumplimiento

de acuerdos y relaciones interpersonales basadas en la tolerancia y la confianza que

generan los anteriores.

Sobre la primera condición ha señalado Mockus (MOCKUS & CORZO, 2003) que en

Colombia existe una divergencia entre tres sistemas que regulan la conducta personal: la

ley, la moral y la cultura, por lo que no todos los comportamientos prohibidos por la ley

son reprochados moral y socialmente, lo que deja a las personas a merced de lo que le

dicte a otros su moral y su cultura; por tanto, al interior de una sociedad pueden

coexistir diferentes sistemas morales y culturales pero todos ellos deben estar dentro de

un mismo marco normativo; y en caso que haya tensión entre éste y un juicio moral, la

misma debe ser tramitada a través de los medios democráticos; lo cual se dificulta si no

hay confianza en los mismos.

Por otro lado, la celebración y cumplimiento de acuerdos es muy importante, pero no

sólo reactivos para solucionar un problema, ni aquellos forzados por la posición

dominante o la capacidad de hacer daño de una de las partes, como sucede muchas

veces en el país, sino acuerdos entre iguales para lograr bienestar para un gran número

de personas, lo que sólo es posible si se eleva el sentido de comunidad e

interdependencia social.

Adicionalmente, se encuentra asimetría entre la percepción que algunos colombianos

tienen de sí mismos y la percepción que tienen de los demás, lo que podría obedecer a

que la idea propia corresponde a lo que se considera es lo correcto y, la idea de los

demás, a lo que es la realidad y a prejuicios; asimetría que es un obstáculo para la

convivencia en cuanto deviene en falta de respeto por los demás o en un respeto basado

únicamente en jerarquía (MOCKUS & CORZO, 2003).

De igual forma la viveza y el individualismo señalados están en el Almendrón como ha

denominado Hernando Gómez Buendía (2000) al núcleo generatriz de los

compartimientos transgresores de los colombianos, bajo la premisa que cada sociedad

tiene unas reglas de juego particulares o mejor es un conjunto de reglas de juego.

Dicha viveza individual y bobería colectiva o, lo que es igual, una racionalidad

individual exacerbada y una racionalidad pública precaria, como las ha denominado

Gómez Buendía (2000), se extrae de la ineficiencia de las instituciones formales e

informales existentes para producir bienes públicos como seguridad, justicia,

infraestructura, etc. y, en cambio, su eficiencia para satisfacer los intereses

particularistas de quienes las administran, que ha acarreado la distorsión de percibir los

servicios y obras públicas que se hacen como producto de la generosidad de los

políticos y no del cumplimiento estricto de su deber.

de 194

La racionalidad individual de los colombianos estaría sustentada en una ética basada en

la creatividad y éxito individuales y, en las lealtades particularistas, entre familiares,

amigos, copartidarios, etc., que dan como resultado tener al avivato, es decir, a quien

obtiene los mejores resultados con independencia del respeto por las normas y derechos

ajenos, como modelo social a seguir. Así las cosas, según Gómez Buendía (2000) la

verdadera democracia que existe en Colombia es el igual derecho que tienen todos a

tener una excusa legítima para infringir las normas.

De lo anterior se derivan dos consecuencias relacionadas entre sí, un capital social bajo

entendido como el grado de confianza que se tiene en los demás y unos costos de

transacción altos para disminuir la incertidumbre de las relaciones personales y la

inseguridad jurídica.

De acuerdo con Gómez Buendía (2000), la mezcla de viveza individual y bobería

colectiva explica que en Colombia el narcotráfico sea uno de los principales renglones

de la economía; la violencia, el método de resolución de conflictos; el clientelismo, eje

de la política y la ineficiente producción de bienes públicos, causa del subdesarrollo;

ahora bien, la razón por la cual, el Almendrón no es modificado, es por ser funcional a

quienes han logrado sacar provecho del mismo y generado un nicho de resistencia.

Otro de las razones que subyace a la violación de la normatividad en Colombia es la

“ausencia de una ética religiosa y de una ética civil”; en relación con la primera,

Colombia ha sido un país tradicionalmente católico tras tres siglos de colonización y

existen varios aspectos de la doctrina y praxis de esta fe que se perciben como

influencias negativas en la formación moral de los colombianos, entre los que se

destacan: el énfasis en el ritualismo y las prácticas externas con descuido de una

verdadera convicción y materialización de los valores cristianos; la contradicción entre

un tratamiento estricto de las conductas heréticas, es decir, que ponen en duda la fe y

uno permisivo con las que se consideran antisociales; la reivindicación de la pobreza

como algo deseable y con ella, de las iniquidades e injusticias sociales; el fomento de la

intolerancia basada en prejuicios y el círculo vicioso de absolución del pecado; de esta

manera no siempre la formación de buenos cristianos se ha traducido en la de buenos

ciudadanos.

En lo que toca a una ética civil, es un lugar común afirmar que desde la segunda mitad

del siglo XX, producto de la industrialización y urbanización, Colombia ha venido

experimentando un proceso de secularización consistente en el desplazamiento de Dios

como causa y centro de todo lo existente, por la ciencia y la razón; sin embargo, de un

estatuto católico que ya presentaba serias falencias se transitó a la anomia social, por lo

que para hacer la distinción unos sustituyen el término secularización por secularismo.

Dicha anomia, consiste en una relativización de los valores que da lugar a que cualquier

transgresión sea justificable y dificulta la celebración y cumplimiento de acuerdos sobre

normas mínimas de convivencia; así, una alta tasa de homicidios en perspectiva

mundial, da cuenta de que uno de los principales principios como es el respeto por la

vida aún no constituye un pilar de la sociedad colombiana y en ella no sólo son

ineficaces los sistemas heterónomos de conducta, sino que existe una precaria

autorregulación del comportamiento.

de 194

Según la teoría de la inautenticidad de María Teresa Herrán (1986), esa ausencia de

ética religiosa y civil, aunada a la desintegración familiar y a los fundamentos del éxito

introducidos por el narcotráfico, son las principales causas de la divergencia entre las

disposiciones y la realidad que caracteriza al país en diversos campos, tanto públicos

como privados; como el contributivo; el societario; el laboral, el político y el judicial,

entre otros.

Otro elemento moral y cultural asociado con la precaria ineficacia de la normatividad en

Colombia tiene que ver con una “concepción clientelista de las instituciones”, es decir,

su colocación y la de los bienes públicos al servicio de los particulares; las causas que

se señalan son variadas: la tradición de venalidad de los cargos públicos en la colonia y

su uso como recompensa; la comercialización con la pobreza y el desempleo, producto

del urbanismo hacia los años 50‟s; la eliminación de la adscripción ideológica a los

partidos políticos con el Frente Nacional y su sustitución por el clientelismo; el

agotamiento de los canales formales para la satisfacción de necesidades; la doctrina

católica preocupada más por aumentar el número de católicos que de buenos

ciudadanos; el secularismo que ha sufrido Colombia con la sustitución de la religión

católica por un relativismo moral; la falta de empoderamiento de la sociedad de lo

público; el subdesarrollo de la empresa privada y la inestabilidad de las reglas de juego,

que conlleva a que los ciudadanos inviertan cuantiosas sumas en apropiarse del Estado

para controlar la inseguridad y adquirir riquezas; etc.

Donde más visible es la corrupción es en el campo político, en el que el clientelismo se

ha convertido en el puente por excelencia entre gobernantes y gobernados, para que los

intereses de unos y otros coincidan al igual que ha distorsionado la destinación de los

recursos tanto públicos como privados, en la medida que criterios como la utilidad

común, la necesidad, la oportunidad, la eficiencia, la planificación, el progreso, la

durabilidad de las obras, etc., son desplazados por lo que sea mayor fuente de ingresos y

se traduzca directamente en votos.

Como hecho grave, la generalización de la corrupción de los servidores públicos ha sido

interiorizada por muchos colombianos como un destino, una realidad irremediable, que

se ha traducido en una ciudadanía apática e indiferente que habla de justas proporciones

o que acepta que no hagan nada pero no roben.

Por último, otro rasgo característico cultural de los colombianos estrechamente

relacionado con la ineficacia precaria del ordenamiento jurídico, es el “formalismo

vacío de sustancia” o paradoja entre el culto a la ley y el recurso a la violencia como

mecanismo legítimo para resolver conflictos y acceder y mantenerse en el poder; lo que

es producto, fundamentalmente, de la mezcla entre una formación legalista y la falta de

voluntad política de las élites, que ha dado como resultado el uso extendido del

ordenamiento jurídico como una herramienta de poder, reducida a su aspecto formal de

validez y desligada de legitimidad y eficacia.

La formación legalista referida puede estar enraizada en el legado español de creencia

en las virtudes intrínsecas del derecho y de burocratismo que caracterizó la

administración colonial, porque con un mar de disposiciones se pretendió controlar lo

que sucedía a kilómetros de distancia, en los territorios de ultramar, especialmente, lo

relacionado con la protección de los indígenas, la evasión de impuestos, el contrabando,

el mestizaje, etc.; disposiciones que tuvieron una eficacia limitada, básicamente, por ser

de 194

contrarias a los intereses de los conquistadores, encomenderos y de la Corona Española

misma; a la vez que por ser monopolísticas, como en el caso del comercio y, en general,

por no consultar la realidad de las poblaciones objeto de aplicación.

El legalismo de los colombianos también está relacionado con el hecho que los

españoles privilegiaron las profesiones literarias como la jurisprudencia, la teología y la

filosofía, sobre las prácticas como la arquitectura, la medicina, la ingeniería, las

finanzas, etc., asociadas con razas inferiores como las de los moros y judíos durante los

ocho siglos de convivencia en la península; por tanto, pese al poco desarrollo de la

educación superior durante la colonia, los abogados eran mayoría, imponiendo una

perspectiva legalista y teórica del mundo.

El formalismo vacío de sustancia también constituye una extensión de la forma como se

llevó a cabo el proceso independentista, en que las normas e instituciones se mostraron

menos eficaces de lo aceptable por dos razones principales, una, el deseo de borrar el

pasado colonial forjado durante tres siglos y suplantarlo de la noche a la mañana con

instituciones producto de otros procesos evolutivos y, otra, fue y sigue siendo, la falta

de voluntad política, pues las élites criollas no estuvieron realmente dispuestas a

desprenderse de sus privilegios ni a propiciar verdaderas transformaciones políticas,

sociales, culturas y económicas en Colombia.

Como una muestra de la falta de compromiso e interés en que la normatividad se

cumpla, la implantación de instituciones desarrolladas en otros contextos sigue siendo

una costumbre en Colombia; se adoptan a medias o en su parte final sin tener en cuenta

los procesos históricos de que son producto, provocando efectos perversos y

fortaleciendo la percepción generalizada del divorcio entre las normas y la realidad. Así,

la cultura del atajo de Mockus se extiende a la manera como la clase política

colombiana ha querido, sólo en apariencia, transitar del Medioevo a la Postmodernidad,

sin pasar por la Modernidad.

En el mismo sentido, otra de las manifestaciones del formalismo existente en Colombia

y de la falta de voluntad política de las clases dirigentes del país es la constancia con

que se introducen reformas a la Constitución Política, con el fin de lograr consenso

político e inhibir las luchas por las reivindicaciones sociales; así, durante toda la era

republicana se ha recurrido a la expedición de una nueva constitución política o a la

reforma de las existentes, para que todo cambie, para que todo siga igual; de igual

forma, en el proceso de configuración legislativa, a menudo los verdaderos intereses que

informan las normas en algunos casos no se explicitan pero quedan al descubierto

cuando en un mismo cuerpo normativo se introducen medidas contradictorias que dejan

sin efectos lo previamente consagrado o cuando lo propio se hace al momento de la

reglamentación o ejecución gubernamental.

Al lado de la cultura de la viveza y el individualismo, de la ausencia de una ética tanto

civil como religiosa, de la concepción clientelista de las instituciones y del formalismo

vacío de sustancia, se identificaron los siguientes acontecimientos históricos y fallas

institucionales, causa y consecuencia a la vez, de las primeras, que en las fuentes

consultados también se señalan como factores determinantes de la ineficacia de la

normatividad en Colombia.

de 194

Así, una de las más nefastas consecuencias del formalismo vacío de sustancia es la

“hiperinflación normativa”, es decir, la existencia de un ordenamiento jurídico prolijo,

desorganizado y sin planificación que deviene en inseguridad jurídica, impunidad,

corrupción y desestímulo a la observancia de las normas. Sobre este punto, se dice que

una constitución política extensa y una normatividad copiosa dan cuenta de un alto

grado de transgresión, en la medida que cuando las transacciones son difíciles y

costosas se precisa de un amplio andamiaje que justifique y explicite las reglas de juego

así como de la consagración expresa de todos los derechos.

Desde finales de los años 70‟s ha venido disminuyendo el tiempo promedio de vigencia

de las normas asociado a una mayor discrecionalidad de las autoridades que las expiden,

es decir, a un papel más preponderante del ejecutivo en este terreno. Las repercusiones

de una menor vigencia de las normas son múltiples: por un lado, se desestimula su

acatamiento ante un menor tiempo para asimilarlas; aumenta la conflictividad entre

particulares por falta de claridad sobre las reglas de juego; se congestionan los

despachos judiciales por el número de demandas y la complejidad de la normatividad a

aplicar; aumentan los costos y tiempo de la administración de justicia con lo que se

desestimula el trámite legal de los asuntos y; finalmente, a un ordenamiento

voluminoso, contradictorio y complejo le es inherente la inestabilidad, pues es el

producto de medidas urgentes, parciales y reactivas.

Las deficiencias legislativas tienen un especial impacto negativo en materia de

administración de justicia pues la hacen devenir impredecible y arbitraria, en cuanto

entra a depender de la pericia de los abogados, de una parte y, de la memoria y

discrecionalidad del juez, de otra, convirtiendo, sobre todo, a los de menor rango, en

legisladores aislados, a quienes los particulares responden a su vez con prácticas

corruptas para tratar de influir en sus decisiones y disminuir la incertidumbre.

En concordancia con ello, una de las principales causas de la violación de las normas en

Colombia y de la violencia es la impunidad producto de una “fallida administración

de justicia” por parte del Estado, que no ha podido garantizar la protección de dos

derechos fundamentales en toda sociedad como son la vida y la propiedad, no obstante

su consagración legal de antaño; en este sentido el ideal de un árbitro imparcial que

materialice los derechos y haga cumplir los acuerdos, que restituya e indemnice los

perjuicios a las víctimas, que desestimule la comisión de delitos y conductas

antisociales no se ha realizado aún.

El resultado ha sido, de una parte, el aumento de la criminalidad ante la ausencia de

sanciones ejemplarizantes y la administración de justicia por la propia mano como

consecuencia del agotamiento de los canales formales de resolución de conflictos y de

la efectividad de la justicia privada; en otras palabras, ante una administración de

justicia inoperante la ley del más fuerte y la Ley del Talión recobran plena vigencia

mientras la pierden el respeto por los demás como condición para ser próspero, cumplir

los acuerdos, acatar las normas y utilizar los canales institucionales para tramitar las

controversias.

En términos económicos, dentro del marco de un sistema capitalista donde la ganancia

individual juega un papel tan importante, los anteriores fenómenos se explican a partir

de las teorías de los costos de transacción, según las cuales para desestimular la

transgresión de los ordenamientos jurídicos es necesario que el costo de violar las

de 194

normas o incumplir los acuerdos sea mayor que el beneficio que se obtiene de hacerlo,

situación que no se ha logrado en Colombia.

La lentitud y complejidad de los procesos judiciales datan de la época colonial; sin

embargo, algunas investigaciones señalan que la administración de justicia en Colombia

en todas las ramas del derecho ha sufrido una involución desde la segunda mitad del

siglo XX, que se puede sintetizar en las siguientes problemáticas: dificultad de acceso

(altos costos y prolongación en el tiempo); ineptitud de los funcionarios (falta de

preparación y solvencia moral), congestión (demora de los procesos, número de

sentencias frente al número de delitos), trivialización (investigación sólo de procesos

con condena asegurada), corrupción (funcionarios vulnerables a sobornos y aplicación

imparcial de la ley).

Así pues, el objetivo deseable de que las personas puedan resolver directamente sus

conflictos aún está lejos de alcanzarse porque para ello es presupuesto un sistema de

administración de justicia que de certeza a las consecuencias jurídicas de los actos y

sirva de estímulo a la búsqueda de acuerdos particulares más eficientes en cuanto a

costos y tiempo.

Aunado a una administración de justicia fallida, El Estado colombiano se ha mostrado

incapaz de cumplir con sus funciones esenciales en general; lo que se traduce en que los

“canales formales de satisfacción de las necesidades de las personas son

insuficientes”, a lo que se suma que “no existen caminos legítimos de movilidad social

y de acceso a la riqueza”.

La incapacidad del Estado y la alianza de éste con ciertos sectores de la sociedad en

detrimento de los demás, se remonta al origen del conflicto armado en Colombia, en

consecuencia, en las zonas alejadas del territorio nacional, donde el abandono del

Estado ha sido mayor, son los grupos subversivos y los narcotraficantes (aún en los

cascos urbanos) los que han entrado a administrar justicia, imponer orden, controlar la

prestación de servicios públicos, etc., a cambio de comisiones y complicidad.

Entre las causas de la insuficiencia del Estado se cuentan el que producto de la

corrupción, lo que para los ciudadanos es primordial como la calidad y cobertura de la

salud y la educación; trabajo y vivienda, dignos; acceso igualitario a bienes y servicios,

etc., no son prioridades para quienes se dicen sus representantes y en ellos invierten

poco; asimismo, la fragmentación social se refleja en la contraposición de las minorías

que influyen en el Estado y la ausencia de representación de cualquiera de ellas del bien

público por lo que el triunfo de alguna se traduce en una pérdida para toda la sociedad.

Así las cosas, un Estado inferior a sus fines y que por ende carece de legitimidad,

estimula comportamientos rapaces en los ciudadanos para satisfacer sus necesidades y

proteger sus intereses por su propia cuenta, del cual podrían ser muestra el contrabando

y el narcotráfico, dos grandes problemáticas que afronta Colombia que también están en

el núcleo de la ineficacia del ordenamiento jurídico.

Sobre “el contrabando” que en Colombia data de la colonia y ha recaído sobre

diferentes bienes tales como oro, cigarrillos, ganado, esmeraldas, computadores, etc., es

importante resaltar la aceptación social de que goza en la medida que es percibido

menos como un delito y más como un medio legítimo de supervivencia, de rebusque, lo

de 194

que es acentuado en las zonas fronterizas del país; el mejor ejemplo de esto lo

constituyen los San Andresitos, centros comerciales de mercado negro que están

ubicados en casi todas las ciudades, que son legales y a los que acuden masivamente las

personas.

Ahora bien, entre las principales causas de la continuidad del contrabando se

encuentran: la corrupción de las aduanas y la financiación de dirigentes locales; la

geografía colombiana que impide el control del Estado en vastas zonas del territorio

nacional; las altas tasas impositivas, la malversación de los impuestos, la falta de

oportunidades y, sin duda, la aceptación social generalizada.

Por el camino abierto por el contrabando, sobre todo de esmeraldas, irrumpió “el

narcotráfico”, el cual, en los años ochentas, alcanzó a controlar hasta un ochenta por

ciento del mercado de cocaína mundial y desde ese entonces hasta la fecha se ha

mantenido entre otras razones por la geografía colombiana; la debilidad institucional; la

ausencia de canales legítimos de movilidad social; la ambigüedad moral de la Iglesia;

un relativismo moral y racionalidad pública precarias, asociadas a la cultura de la

viveza.

Por sus profundas implicaciones puede denominársele el cáncer de la sociedad

colombiana en cuanto ha servido de catalizador para las demás problemáticas que

afronta la misma; ha exacerbado la corrupción en cuanto pronto los capos

comprendieron que su supervivencia estaba ligada a la infiltración política y judicial;

como fuente de financiación fortaleció y ha garantizado en buena medida la

supervivencia de los grupos al margen de la ley; el mercado negro de armas, las

escuelas de sicarios, la corrupción pública, etc., que conforman su infraestructura, han

diseminado la criminalidad; siendo sus dos implicaciones más graves la legitimación de

la violencia y la justicia privada para resolver los conflictos y el trastrocamiento de los

valores anteponiendo el lucro sin escrúpulos con una consecuente desvalorización de la

vida.

Por último, el “talante de la clase dirigente” que se ve reflejado, entre otros, en su

negativa a la erradicación de un sistema social jerárquico durante la colonia y tras la

independencia, así como, en las extendidas consecuencias de la violencia partidista y en

la solución propuesta a la misma a través del Frente Nacional; se considera la principal

causa de la expresión anómala de los conflictos sociales, políticos y económicos en

Colombia, sobre todo, en lo que tiene que ver con el odio, la fragmentación social y la

imposibilidad de acceder pacíficamente al poder.

La violencia partidista comenzó con la formación, a finales de la década de los 40‟s del

siglo XIX, de los partidos tradicionales Liberal y Conservador y tuvo como puntos

álgidos la Guerra de los Mil Días y la Dictadura Conservadora que se extendió desde

finales de los años 40‟s hasta finales de los 50‟s.

Se ha señalado que las diferencias ideológicas de los partidos políticos tradicionales no

eran tan significativas como su ambición excluyente de apropiarse del Estado; con todo,

la violencia partidista se caracterizó por la legitimación por parte de los dirigentes de

uno y otro bando, de la violencia como medio para alcanzar y mantenerse en el poder y

por la intolerancia ideológica que justificó la aplicación de la pena de muerte de facto;

puntos sobre los que es equitativo sostener que tanto el partido liberal como el

de 194

conservador fueron responsables; pero suele imputársele a este una mayor

responsabilidad, representada en su exponente Laureano Gómez con su invitación

retórica a la acción intrépida y el atentado personal, y en las acciones de bandas como la

de los pájaros, los chulavitas, etc.

La violencia partidista se caracterizó también por la fragmentación social, teniendo en

cuenta su alcance nacional que dividió al país entre liberales y conservadores que

reclamaban cada uno representar la esencia de Colombia, y por la radicalización de la

sociedad en general, y, en especial, de la clase campesina y de los sacerdotes; a lo que

hay que agregar la alianza macabra del Estado con unos sectores de la sociedad en

contra de los demás.

Otro de los fenómenos en que se ve retratada la clase dirigente de Colombia es en la

“solución” que encontró a la violencia partidista, esto es, el Frente Nacional, producto

de los Pactos de Benidorm y Sitges, celebrados entre Laureano Gómez y Alberto Lleras,

que se basó en la creencia en la imposibilidad de los partidos políticos de sobrevivir sin

tener cuotas burocráticas; con él se definió repartirse equitativamente el Estado y

expedirse un paz y salvo recíproco por las acciones violentas previas; las consecuencias

nefastas del Frente Nacional son entre otras, haber impedido que otras fuerzas políticas

alternativas participaran pacíficamente del poder; haber dado lugar a la expresión

anómala y violenta de los conflictos sociales, económicos y políticos, ante el uso

constante de los poderes de facto y, haber estatuido el clientelismo como el puente entre

gobernados y gobernantes, con la consecuente irresponsabilidad social de éstos.

Como corolario, una de las principales consecuencias del talante de la clase dirigente es

el conflicto armado interno colombiano que se ha extendido por más de medio siglo y

que se gestó y alimentó, entre otros factores, del abandono estatal del campo; de los

focos de odio y venganza engendrados por la violencia partidista y, de la

monopolización del Estado producto del Frente Nacional.

En general, las élites colombianas no han permitido que se produzcan los cambios que

la sociedad demanda; por el contrario en el transcurso del tiempo, se han producido

alianzas macabras entre terratenientes, narcotraficantes, paramilitares, militares, etc.,

para: impedir que surja una clase burguesa en Colombia, con unos principios éticos y

una fuerza de trabajo similar; obstaculizar la implementación de las reformas agrarias

que trataron de impulsar Alfonso López Pumarejo y Carlos Lleras Restrepo durante el

siglo XX; disuadir violentamente los movimientos sociales y políticos alternativos,

entre los que figura el genocidio de la Unión Patriótica, el asesinato político durante

1988 y los dos primeros meses de 1989, de un número mayor a 230 dirigentes y

militantes denunciado por la CUT y el fraude y cooptación con que se respondió al

Movimiento Revolucionario Liberal y a la ANAPO, etc.; todo lo cual se podría resumir

en la distinción que hiciera Gaitán entre país político y país nacional.

Para terminar, como elemento común denominador de la hiperinflación normativa, de

una fallida administración de justicia, de la insuficiencia de los canales formales para

satisfacer las necesidades sociales, del contrabando y el narcotráfico y, finalmente, del

talante de las clases dirigentes colombianas, encontramos su legitimación de la violencia

como mecanismo para resolver los conflictos y para acceder y mantenerse en el poder

con la consecuente desvalorización de la vida en Colombia.

de 194

CONCLUSIÓN

Comprobación de hipótesis

Esta tesis tiene como presupuesto el reconocimiento de un fenómeno consistente en un

alto irrespeto de las normas tanto jurídicas como sociales en Colombia, lo que no

significa necesariamente que todos los ciudadanos o que la mayoría no acate el

ordenamiento porque entonces sería imposible la supervivencia, pero sí significa que un

alto porcentaje en comparación con otras sociedades trasgrede las normas y, sobre todo,

con un alto impacto negativo en el resto del conglomerado social.

La hipótesis de que partió esta tesis es que la principal causa del fenómeno de irrespeto

a las normas en Colombia es de carácter cultural, es decir, existe una tradición, una

tendencia de los ciudadanos a no considerar el ordenamiento jurídico como vinculante a

la hora de actuar, a sobreponer las reglas informales a las formales, a hacerle el quiebre

a las normas y a alcanzar los resultados con prescindencia del respeto por las normas

sociales y jurídicas.

Pues bien, a través del recorrido por los capítulos sobre la época colonial

iberoamericana, la Independencia de España y las diferentes problemáticas del pueblo

colombiano y causas que se les atribuyen; se estableció que en efecto sí existen unos

elementos relacionados con creencias, valores y hábitos del carácter de los colombianos

que subyacen indiscutiblemente a un respeto y valoración precarios del bien público,

de los derechos ajenos y del orden social y jurídico; que es imprescindible tener en

cuenta para el diseño de cualquier medida que busque transformar positivamente la

sociedad colombiana.

Entre dichos elementos se encuentran la viveza, individualismo exacerbado o

“racionalidad pública precaria” (GÓMEZ BUENDÍA, 2000); términos que pueden

emplearse como sinónimos y constituyen una regla informal o criterio de conducta

consistente en la búsqueda del menor costo, tiempo y esfuerzo posibles para hacer las

cosas, con prescindencia de las normas jurídicas y sociales existentes, aunado a un

escaso sentido de interdependencia social que entre otros se traduce en la incapacidad

de celebrar acuerdos en contextos no conflictivos (MOCKUS & CORZO, 2003).

Adicionalmente, la viveza se refleja en la capacidad de simulación en todos los campos

(HERRÁN, 1986) y en el jurídico en especial en la capacidad de dar la apariencia de

legalidad a lo que no la tiene a través de argucias y maniobras, que son premiadas de

manera perversa por la forma como están diseñadas y operan algunas instituciones , a lo

que se suma, que el vivo es un modelo social por excelencia en Colombia, al que se le

identifica con cualidades como la creatividad, la inteligencia, el empuje, la astucia y la

perseverancia.

Otro elemento que influye en la ineficacia del ordenamiento jurídico, es el relativismo

moral o anomia social producto de la concurrencia de ciertos aspectos de la doctrina y

práctica católicas con los efectos de la forma como ha tenido lugar el proceso de

secularización que ha venido experimentando Colombia desde la segunda mitad del

siglo XX; con lo que se quiere significar que un número considerable de colombianos

de 194

está a la deriva en su forma de actuar y tiene un sistema autónomo de conducta débil

pues no ha surgido una ética civil basada en el consenso sobre unos principios y valores

mínimos, y ciertos aspectos de la religión católica, aún predominante en el país, como el

manejo permisivo de las conductas que no son heréticas, el círculo vicioso del pecado y

el énfasis en lo externo y ritual con sacrificio de la convicción y materialización de los

principios cristianos, permiten que se actúe antisocialmente con la creencia de no ser

incompatible con la fe católica.

Producto de la cultura de la viveza y del relativismo moral mencionados, muchos

comportamientos trasgresores de la ley son aprobados por la moral y cultura de muchos

colombianos (MOCKUS & CORZO, 2003), por lo que la convicción interna de las

personas y la presión social no actúan como soportes del ordenamiento jurídico, ni lo

legitiman, deviniendo en que la vida e integridad de las personas y sus pertenencias está

sujeta a lo que le dicten la moral y la cultura a los demás.

En concordancia con los elementos mencionados anteriormente y producto de varios

factores, dentro de los que se destacan la violencia partidista que principió en el siglo

XIX y tuvo su etapa descollante en la primera mitad del siglo XX y el narcotráfico que

se dice ha sido la verdadera revolución de Colombia; se ha desvalorizado en Colombia

la vida y legitimado el recurso a la violencia para resolver conflictos y acceder y

mantenerse en el poder.

De igual forma, la sociedad colombiana, se ha caracterizado también por la

superficialidad, como parte de una herencia española legalista, que la atrapó en las

formas, en las palabras, en los procedimientos, con prescindencia de lo verdaderamente

importante, de lo esencial, lo cual se puede observar en la tendencia compulsiva a

arreglar los problemas sólo en el papel y en la falta de compromiso con la realidad.

Sin embargo, la hipótesis de la que partió esta tesis y que situaba a la cultura como

principal causa de la ilegalidad en Colombia, ha sido falseada, no en cuanto causa sino

en cuanto al orden de prevalencia, pues a partir del recorrido teórico por la historia

colombiana desde la colonia, otra causa se ha presentado como principal, en cuanto es la

que mejor da cuenta o explicación de la problemática en la medida que integra y traza

un hilo conductor entre las diferentes variables que influyen en ella; dicha causa es el

papel que han jugado las élites del país, la clase dirigente, en su devenir.

Sea lo primero decir que dos de los elementos más trascendentes del legado español tras

tres siglos de colonización fueron, de una parte, un sistema social jerárquico, desigual y

discriminatorio, sustentado en la ideología de la naturalización de los vicios y las

virtudes; a la cual después hubo que introducirle el criterio de riqueza y poder ante el

amplio proceso de mestizaje que tuvo lugar principalmente en colonias como la Nueva

Granada y Venezuela, que desdibujo o matizó la distinción racial; y de otra parte, una

concepción clientelista del Estado, en la medida que durante la colonia fueron legales

las ventas de cargos públicos y el uso de los mismos para pagar recompensas militares y

ocupar a los peninsulares que consideraban desdeñosos otros oficios.

Dicho sistema social jerárquico, que aún permanece vigente ha identificado las clases

dominantes con privilegios, prerrogativas, excepción, honor y vida principesca, para lo

cual es condición la existencia de clases bajas, y necesario la instrumentalización del

Estado.

de 194

En concordancia con ello, la época colonial, fue un escenario constante de lucha por los

criollos alcanzar o superar el nivel de los peninsulares españoles para lo cual fue

fundamental su separación, su distinción, de las demás castas: los mestizos, mulatos,

indígenas y afrodescendientes; así, cuando surgieron movimientos sociales desde abajo

como el de Los Comuneros y el de Túpac Amaru, que amenazaron con imponer un

orden igualitario, primó la comunión de interés en que se mantuviera intacto el sistema

de privilegios, por lo que peninsulares y criollos suspendieron su antagonismo y

aunaron esfuerzos para disolverlos violentamente.

En la misma línea el proceso independentista, al que se llegó por un golpe del destino,

el apresamiento por parte de los franceses del rey legítimamente constituido, Fernando

VII, y por la falta de tacto e inteligencia de los peninsulares, fue ante todo un proceso de

los criollos y para los criollos quienes nunca tuvieron la pretensión de despojarse de sus

privilegios y dar paso a las transformaciones sociales, políticas, económicas y culturales

que permitieran el establecimiento de una sociedad igualitaria y la construcción de una

nación, por más que se hubieran adoptado instituciones que pregonaban la igualdad ante

la ley y la soberanía popular.

Ese sistema social jerárquico estatuido desde la colonia y mantenido tras la

Independencia, la ausencia de voluntad política por parte de las élites para desprenderse

de sus prerrogativas y, un elemento adicional, el uso del Estado como una herramienta

para garantizarlos, son constantes estructurales en la historia colombiana.

Dicho de otra forma, las élites colombianas nunca han estado dispuestas a desprenderse

de sus privilegios ni, por ende, a permitir el desmonte del sistema social jerarquizado,

desigual y discriminatorio que les es funcional, para lo cual, las instituciones políticas y

jurídicas han sido instrumentos fundamentales, de manera que el Estado y las normas en

Colombia no han sido estatuidas para satisfacer las demandas del pueblo sino,

fundamentalmente, para satisfacer los intereses particulares de sus élites.

Es la falta de VOLUNTAD POLÍTICA de éstas la principal causa de que las

normas en Colombia no se materialicen pero no sólo eso, la principal causa de que

muchas normas en Colombia no se ajusten a un principio de justicia; siendo la

prolongación de la reducida eficacia que tuvieron las normas proteccionistas de los

indígenas durante la colonia en la medida que atentaban contra los intereses de los

conquistadores, de los colonizadores y de la Corona Española misma, que terminaron

sobreponiéndose.

En desarrollo de lo anotado, las élites colombianas han usado el lenguaje retórico de la

igualdad jurídica, para legitimar sus privilegios; de la soberanía popular y de la razón,

para legitimar su derecho a gobernar en nombre del pueblo pero sin él; de la propiedad,

para dejar sin tierra a las clases más desfavorecidas y del librecambismo, para que sólo

unos pocos tengan la propiedad sobre los medios de producción, sobre el capital y poder

fijar las reglas del mercado; así ocurrió al momento de la constitución como república

tras la Independencia.

Igualmente, las élites colombianas, como líderes de los partidos políticos tradicionales,

han legitimado el recurso a la violencia y desvalorizado la vida, para acceder y

mantenerse en el poder, como ocurrió durante la violencia partidista, al igual que han

de 194

boicoteado las reformas agrarias que se han intentado vanamente en Colombia siendo

unas de las principales las implementadas mediante la ley 200 de 1936 y la ley 1 de

1968, que buscaron a través de la distribución equitativa y la productividad de la tierra

generar desarrollo a nivel de toda la sociedad, eliminando el latifundio y, por ende,

atentando contra los intereses de los hacendados del país.

Las élites colombianas han impedido también el acceso pacífico al poder, como quedó

demostrado con el Frente Nacional que abrió las puertas a un conflicto armado

extendido por más de medio siglo y que estatuyó el clientelismo como canal entre

gobernantes y gobernados, para hacer coincidir los intereses de unos y otros; que ha

hecho de la ineficacia del Estado un círculo vicioso y un presupuesto del clientelismo,

en cuanto son precisamente las necesidades insatisfechas de la población las que lo

alimentan.

De igual forma, las élites colombianas han impedido el surgimiento de mecanismos

legales de movilidad social, que junto con el abandono del Estado en las zonas

apartadas del país, han dando lugar al arraigo social de fenómenos como el narcotráfico

y el contrabando; y han preferido hacer alianzas macabras, ya en la época colonial con

sus enemigos, los peninsulares, para disolver el movimiento de Los Comuneros que

amenazaba con trastrocar el orden social jerárquico, ya en la República, con el

narcotráfico y el paramilitarismo para impedir y disolver, brutalmente, las

reivindicaciones por las que han abogado líderes sindicales, líderes indígenas, líderes

campesinos, líderes políticos y, líderes sociales en general; dando lugar a la expresión

anómala de los conflictos; todo lo cual da cuenta del carácter de la clase dirigente

nacional.

La falta de voluntad política de las élites colombianas explica el contenido

contradictorio de las normas o la reglamentación que deja sin efectos lo que puede tener

un efecto positivo en la sociedad; la legislación en nombre propio, la inejecución de la

normatividad y el uso del ordenamiento jurídico para mantenerse en el poder, como en

efecto se ha utilizado la Carta Política, a través de sus sustituciones y constantes

reformas, como un instrumento político para inhibir la lucha social y lograr consenso

sólo en el papel.

Las élites colombianas han marginado a la sociedad del Estado, lo hicieron al momento

de su constitución y lo han hecho durante su devenir, por ello, El Estado en Colombia

goza de una legitimidad precaria en cuanto la sociedad lo percibe como un ente que

determina sus vida, pero que no representa su sentir, sobre el cual no tienen injerencia y

es contrario incluso a sus intereses; es el Estado, a través de las élites, evadido de la

sociedad.

Así pues, la clase dirigente del país, ha sido inferior a sus mandatos y constituye un mal

ejemplo para la población en general, su accionar, como se dijo anteriormente,

deslegitima el Estado y estimula el desarrollo de comportamientos rapaces en los

ciudadanos quienes por su propia cuenta se hacen cargo de satisfacer sus necesidades y

proteger sus intereses.

Como agravante, las élites colombianas no tienen un verdadero interés en que las cosas

mejoren en el país, en que alcancemos el objetivo de una sociedad justa, pacífica y

equitativa, pues constituyen un nicho de resistencia en la medida que las

de 194

disfuncionalidades del Estado y la sociedad les son funcionales a su conservación como

clase privilegiada, a la conservación de su estatus social y de su superávit de bienestar

que se alimenta de la miseria de la mayoría.

Por lo que podemos afirmar contundentemente que mientras la clase dirigente, las élites,

que son quienes tienen el monopolio del poder, de la fuerza, de las leyes, de los medios

de producción, de la tierra y, por ende, deciden por todos, no tengan la voluntad de

desprenderse de sus privilegios, de sus prerrogativas, de su superávit de bienestar y

regímenes excepcionales, no va a ser posible que en Colombia se den las

transformaciones sociales, políticas, económicas y culturales que demanda la sociedad

desde nuestra constitución como república, y que más que leyes requieren de

VOLUNTAD POLÍTICA.

Recomendación

La tendencia de comportamiento de las élites colombianas, de la clase dirigente del país,

así como ciertas reglas de conducta que tienen los colombianos en general coinciden en

una escasa cohesión social, en un escaso sentido de interdependencia, de solidaridad y

de sentido de lo público, en una imposibilidad de ver el todo que contiene las partes;

producto en el caso de las primeras de la identificación de país con identidad de clase,

y, en el de los segundos, de la identificación de país con individuo a quien sólo interesa

y lucha por su satisfacción personal y la de su núcleo más cercano.

Dichas creencias, en términos de Hernando Gómez Buendía (2000), podría estar en el

núcleo generatriz, en el almendrón, de los actos antisociales en el país, y ante la

incapacidad que han demostrado las normas para solucionar los problemas del país,

porque ser éstas mismas parte de ellos y porque no pueden ir mucho más allá de lo que

quieran quienes las expiden, quienes se encargan de su ejecución, quienes las aplican y,

finalmente, quienes están llamados a obedecerlas; es imperativo salirse del marco de los

paradigmas jurídico-políticos formalistas que han caracterizado las respuesta del Estado

y la sociedad colombiana a la ineficacia del ordenamiento jurídico y explorar otros

paradigmas que pongan el énfasis en las personas, pues sólo un cambio de conciencia y

moral social, se erige como salida para que, en primer lugar, las élites colombianas

permitan el tránsito hacia una sociedad más justa, pacífica e igualitaria al tiempo que

los ciudadanos en general puedan presionar ese cambio y darle sustento y continuidad.

En esa tarea, paradigmas como el discursivo del derecho de Jürgen Habermas

(HABERMAS, 1991; HOYOS VÁSQUEZ, 1997; SERRANO GÓMEZ, 1994); el

consensual del derecho de John Rawls (MEJÍA QUINTANA, 1998; RUBIO

CARRACEDO, 1990) y, especialmente, la teoría del desarrollo moral de Lawrence

Kohlberg97

, podrían ser herramientas que aplicadas al caso colombiano, sobre todo, con

97

Lawrance Kohlberg, es un psicólogo estadounidense que planteó la existencia de diferentes estadios de

desarrollo moral y diseñó instrumentos para generar el tránsito de los inferiores a los superiores, cuya

aplicación al caso colombiano podrá ser objeto de una nueva investigación.

El interés por esta teoría nació del interés por el desarrollo moral, por el nivel de conciencia de los seres

humanos y por la influencia que ésta puede tener en su relación con el ordenamiento jurídico, un aspecto

no considerado por los paradigmas formalistas, sistémicos, etc., del derecho, que en muchos casos lo

de 194

miras a las generaciones futuras, podrían generar efectos positivos en la transformación

de la sociedad; cuyo estudio y aplicación empírica partiendo del diagnóstico integral de

la sociedad y el Estado colombianos en relación con la eficacia de las normas aportado

por esta tesis, podrá ser objeto de una investigación futura.

reducen a normas positivas o procedimientos cuya validez y legitimidad se presuponen por el hecho de

haberlos expedido la autoridad competente o de encontrarse vigentes, y su eficacia se hace derivar de ello.

La teoría de Kohlberg, además de ocuparse del desarrollo moral, partiendo para ello de unos presupuestos

filosóficos, logró obtener resultados empíricos que demuestran la existencia de un desarrollo moral por

estadios cuya secuencia no varía, independientemente, de la cultura, el lugar, el tipo de sociedad, etc. si

bien estos factores influyen en su retraso, adelanto o estancamiento.

Sobre este punto, pese a que L. Kohlberg en los albores de su investigación no se interesó por el aspecto

sociológico del desarrollo moral (REST, NARVÁEZ, & BEBEAU, 1999, pág. 25), representado

especialmente en la obra de Durkheim (DURKHEIM, 2002); con el transcurso del tiempo, luego de

cuestionarse sobre la relación entre juicio y acción moral, dedicó una parte de su trabajo a analizar lo que

denominó “Atmósfera Moral”.

Este aspecto es vital para el análisis del fenómeno del irrespeto al ordenamiento jurídico en Colombia,

objeto de investigación, porque se puede presumir que una sociedad en la que la mayoría de sus

miembros, o peor aún, de sus dirigentes, se encuentra en un estadio de desarrollo moral primario, no es un

ambiente favorable a la evolución del desarrollo moral de sus integrantes.

En este orden de ideas, Kohlberg señaló que la acción moral no sólo está determinada por factores

psicológicos sino que a menudo está influenciada por el contexto o grupo social (KOHLBERG, POWER,

& HIGGINS, 2008, págs. 15-79).

Desde esta perspectiva se puede comprender por qué los resultados arrojados por las investigaciones de L.

Kohlberg, a menudo señalaron un crecimiento, respecto al estadio moral, mayor en personas que

conviven en entornos democráticos que lo que es para los que están en entornos tradicionales,

estratificados y burocráticos” (KOHLBERG, 1992/1984, pág. 270).

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