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1 LOS SERVICIOS SOCIALES Y LAS POLÍTICAS DE INCLUSIÓN. EL SISTEMA DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA EL SISTEMA DE AUTONOMÍA Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA (SAAD) 2.1. LA LEY DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA Y SU NORMATIVA DE DESARROLLO. Con la Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia (LAPAD), se creó un nuevo derecho de ciudadanía que da respuesta a las necesidades de atención que tienen las personas que requieren apoyo para desarrollar las actividades esenciales de la vida diaria, alcanzar una mayor autonomía personal y poder ejercer plenamente sus derechos. Supuso uno de los grandes retos políticos, sociales y económicos., y fue preciso un importante desarrollo normativo y de acuerdos alcanzados entre las distintas Administraciones Públicas. Los interlocutores sociales firmamos un acuerdo con el Gobierno, sobre la acción protectora de la atención a las situaciones de dependencia, con la pretensión de dar una respuesta integral y lograr de los poderes públicos de crear y configurar un nuevo derecho de la ciudadanía para atender íntegramente a las personas que necesitan cuidados de larga duración. Pese a que este era nuestro objetivo y así consideramos, que también lo es el de la Ley de protección a la dependencia, lo cierto es que los cauces por los que se ha optado para cumplir este objetivo, sean quizás el camino más largo y complicado para lograrlo. El nuevo modelo de configuración interadministrativa adoptado; si bien, quizá sea el más novedoso y democrático en nuestra legislación, probablemente no sea el más propicio en cuanto a su complejidad; para la configuración de un nuevo derecho social para todos los ciudadanos, partiendo de situaciones no tan nuevas y de desarrollos autonómicos ya existentes. El derecho como tal, es nuevo; la protección que nos ampara bajo esta ley, es nueva; pero no así las situaciones de dependencia y los cuidados que de distintas formas y por parte
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LOS SERVICIOS SOCIALES Y LAS POLÍTICAS DE INCLUSIÓN. EL SISTEMA
DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA
EL SISTEMA DE AUTONOMÍA Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA (SAAD)
2.1. LA LEY DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN
A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA Y SU NORMATIVA DE
DESARROLLO.
Con la Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las
Personas en Situación de Dependencia (LAPAD), se creó un nuevo derecho de
ciudadanía que da respuesta a las necesidades de atención que tienen las
personas que requieren apoyo para desarrollar las actividades esenciales de la
vida diaria, alcanzar una mayor autonomía personal y poder ejercer
plenamente sus derechos.
Supuso uno de los grandes retos políticos, sociales y económicos., y fue
preciso un importante desarrollo normativo y de acuerdos alcanzados entre las
distintas Administraciones Públicas.
Los interlocutores sociales firmamos un acuerdo con el Gobierno, sobre la
acción protectora de la atención a las situaciones de dependencia, con la
pretensión de dar una respuesta integral y lograr de los poderes públicos de
crear y configurar un nuevo derecho de la ciudadanía para atender
íntegramente a las personas que necesitan cuidados de larga duración.
Pese a que este era nuestro objetivo y así consideramos, que también lo es el
de la Ley de protección a la dependencia, lo cierto es que los cauces por los
que se ha optado para cumplir este objetivo, sean quizás el camino más largo
y complicado para lograrlo.
El nuevo modelo de configuración interadministrativa adoptado; si bien, quizá
sea el más novedoso y democrático en nuestra legislación, probablemente no
sea el más propicio en cuanto a su complejidad; para la configuración de un
nuevo derecho social para todos los ciudadanos, partiendo de situaciones no
tan nuevas y de desarrollos autonómicos ya existentes. El derecho como tal, es
nuevo; la protección que nos ampara bajo esta ley, es nueva; pero no así las
situaciones de dependencia y los cuidados que de distintas formas y por parte
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de distintas Administraciones, se han dado a las personas que lo han
necesitado.
La protección a la dependencia necesita una gran infraestructura en servicios
y que a su vez es necesario que, todos los acuerdos y normas sean aprobadas
por las Comunidades Autónomas, lo que está suponiendo una de las grandes
trabas para que la cobertura del sistema sea suficiente.
Esta Ley viene acompañada de la necesidad de establecer un fuerte sistema de
financiación, que solo el tiempo lo puede consolidar; dificultad que a nadie nos
es ajena por el difícil momento económico que estamos atravesando en
nuestro país y las decisiones políticas de reducir el déficit público que ha
supuesto el detrimento de partidas presupuestarias de protección social,
acompañadas de modificaciones legislativas la ley de la dependencia que
debilitan este derecho de la ciudadanía a tener garantizadas la promoción de
la autonomía y atención a la dependencia en cualquier parte del territorio,
mediante la creación de un Sistema configurado como una red de utilización
pública de centros y servicios.
Pese a la clara intencionalidad de la Ley, de proveer a las personas en
situación de dependencia de servicios para su cuidado y atención integral, es
innegable que se ha optado por la concesión de prestaciones para el cuidado
en el entorno familiar, sin tener en cuenta el carácter excepcional que tiene
esta prestación, debido fundamentalmente a la premura de esta ley que exigía
a las administraciones proveer de servicios y crear una red donde antes no
existía.
Afrontar el problema de la atención a las personas en situación de
dependencia, además de ser una responsabilidad social y política ineludible,
es una oportunidad económica que nuestro país tiene que aprovechar. La
LAPAD es, por ello, una ley de primer orden no sólo de política social, sino
también de política económica.
Con la aprobación de la Ley y la puesta en marcha del proceso de
implantación del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD),
son necesarios infraestructuras y servicios, suficientes y con una importante
dotación presupuestaria por parte de todas las administraciones públicas,
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junto con una importante inversión privada, y la contribución por parte del
beneficiario en el coste del servicio.
Todo ello conllevaba la aparición de expectativas de inversión ante la fuerte
demanda y la insuficiente oferta existente, siendo alguno de sus efectos:
La creación de empleo sobre todo en lo relacionado con actividades de
cuidados personales y en servicios sociales.
La inversión en servicios sociales genera importantes retornos
económicos (ahorro en prestaciones de desempleo, incremento de la
recaudación por cotizaciones sociales y de los ingresos fiscales, vía IVA,
IRPF e Impuesto de Sociedades).
La optimización de recursos en la prestación de servicios. Se mejora la
eficiencia del gasto, al reducir o hacer innecesarias las estancias de
pacientes que podrían ser tratados mediante recursos alternativos.
Los servicios sociales se transforman en un auténtico sistema de
protección, siendo deseable aumentar sus estándares de calidad y sus
equipamientos junto con la formación y condiciones de trabajo de sus
profesionales.
- Antecedentes.
Para hablar del origen de la protección de la dependencia en nuestro país, nos
tenemos que retrotraer al Pacto de Toledo, acuerdo al que llegaron los grupos
parlamentarios en el Pleno del Congreso de los Diputados de 6 de abril de
1995, y que analizar los problemas estructurales del sistema de la Seguridad
Social y de las reformas que deberían acometerse.
La Comisión no permanente del Congreso de los Diputados, para la valoración
de los resultados obtenidos de las Recomendaciones del Pacto de Toledo,
realizó un informe final que se conoce como la Renovación del Pacto de Toledo,
aprobándose por el Pleno del Congreso el 2 de octubre de 2003. En la
Recomendación Adicional 3ª se establece lo siguiente:
“Resulta por tanto necesario configurar un sistema integrado que aborde,
desde la perspectiva de la globalidad, el fenómeno de la dependencia.
Ello debe hacerse con la participación activa de toda la sociedad y con la
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implicación de la Administración Pública a todos sus niveles, todo ello a
través de la elaboración de una política integral de atención a la
dependencia en la que quede claramente definido el papel que ha de
jugar el sistema de protección social en su conjunto.”
LIBRO BLANCO DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE
DEPENDENCIA
El Libro Blanco, publicado en diciembre de 2004 por el Imserso, constituyó el
paso previo para la elaboración de la Ley de Dependencia. El objetivo de este
trabajo no era otro que ofrecer a las Administraciones Públicas, a los agentes
sociales, a los movimientos representativos de las personas mayores y de las
personas con discapacidad, a la comunidad científica, a los proveedores de
servicios y a la sociedad, los elementos esenciales para desarrollar un debate
con bases y fundamentos asentados en el rigor científico que concluyera en un
consenso general antes de llevar adelante la iniciativa legislativa en forma de
proyecto de ley que sería la futura Ley de Dependencia.
Así es, su fin era ser la base para la elaboración del Proyecto de Ley de
protección a las personas en situación de dependencia, y de este modo cubrir
una laguna de protección que afecta a un importante grupo de personas que,
debido a deficiencias, enfermedades o trastornos, precisan el apoyo de otras
para realizar actividades tan básicas de la vida cotidiana como levantarse,
bañarse o salir a la calle.
Se quería dar un nuevo paso en la profundización del Estado del Bienestar y
en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos mediante el desarrollo de
un nuevo sistema de protección a las personas en situación de dependencia y
a sus familias.
Se estructura en 12 capítulos, organizados para ofrecer una amplia
panorámica sobre los aspectos demográficos, características y perfiles de la
dependencia; el régimen jurídico de protección de las personas dependientes;
el apoyo informal; los niveles de cobertura de la red de servicios sociales y
sanitaria; la coordinación sociosanitaria; los presupuestos y recursos
económicos que se podrían destinar a la financiación de la dependencia, los
criterios de valoración de la dependencia; la generación de empleo y los
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retornos económicos y sociales estimados; y el análisis comparado de los
modelos de protección.
Concluye con una serie de consideraciones finales en torno a mejorar la
protección en las personas en dependencia, que se tomarían en cuenta en la
elaboración del Proyecto de Ley de la Dependencia:
a) La universalidad de la prestación.
b) El carácter público de la prestación
c) La condición de derecho subjetivo de las prestaciones o servicios, con el
alcance y requisitos que finalmente se determinen. Comunidades Autónomas.
d) La igualdad básica en el catálogo de prestaciones y servicios
ACUERDO SOBRE LA ACCIÓN PROTECTORA DE LA ATENCIÓN A LAS
SITUACIONES DE DEPENDENCIA
Tal y como hemos apuntado, el gran acuerdo social y político existente en
nuestra sociedad sobre esta cuestión tuvo como fruto la aprobación, en
diciembre de 2006, de la Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía
Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia (LAPAD), que
supuso la puesta en marcha de un nuevo sistema de protección y la aplicación
de un nuevo derecho de los ciudadanos:
“En el Acuerdo sobre Competitividad, Empleo Estable y Cohesión Social,
firmado el 8 de julio del 2004, el Gobierno y las organizaciones sindicales
y empresariales expresaron la voluntad de abordar un proceso de diálogo
en el ámbito de la protección social. Y ello, con el fin de adaptar nuestra
protección social a las nuevas realidades, que configuran nuevas
necesidades, siendo prioritaria la atención a las situaciones de
dependencia, uno de los principales problemas tanto de los jubilados y
discapacitados como de sus familias.
…
En consonancia con lo expuesto, el Gobierno y las organizaciones
sindicales y empresariales acuerdan impulsar un Sistema Nacional de
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Dependencia mediante una ley que tendrá la condición de norma básica,
que promueva la autonomía personal y garantice el derecho a ser
atendido en situaciones de dependencia, y en la que se establecerán las
condiciones básicas y los requisitos de acceso a los servicios y
prestaciones en condiciones de equidad en todo el territorio del Estado. El
Sistema Nacional de la Dependencia se configura como una nueva
modalidad de protección social que amplía y complementa la acción
protectora de la Seguridad Social y del Estado.”
Con anterioridad a la aprobación de la Ley de dependencia (LAPAD), se
protegía las situaciones de dependencia desde ámbitos, como sanidad,
seguridad social, educación, servicios sociales, o trabajo. Sin embargo, las
personas dependientes y su problemática han aumentado en los últimos años,
debido, principalmente, al envejecimiento de la población y a la incorporación
de la mujer al mercado laboral.
La nueva situación sobrepasaba los sistemas de bienestar social, como los
servicios sociales ya que para acceder a muchas de las prestaciones se debía
acreditar previamente el estado de necesidad y la insuficiencia de recursos.
Los más afectados eran las personas menores de edad y las personas mayores
de 65 años, que no disponían de prestaciones económicas para la ayuda para
la realización de las actividades de la vida diaria.
Y desde los servicios sociales autonómicos y locales se habían desarrollado
programas y servicios, que, resultaban insuficientes para atender la creciente
demanda.
Las personas con discapacidad, a partir de la edad laboral o la mayoría de
edad, disponían de diversas medidas protectoras como la pensión de gran
invalidez de la seguridad social contributiva, el complemento de la prestación
de invalidez y de las prestaciones por familiares a cargo no contributivas o el
subsidio de tercera persona de la Ley de Integración Social de los Minusválidos
(LISMI).
Era necesario incrementar las medidas legales y financieras para afrontar
dicha situación y garantizar a este colectivo y sus familias el derecho a los
servicios y prestaciones que les garantizaran el derecho a una vida digna.
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Para ello, era necesario mejorar la protección social de la dependencia
mediante un acuerdo básico en la definición de los elementos esenciales que
deben configurar el modelo de atención a las personas dependientes. No
olvidemos que era imprescindible conseguir el mayor acuerdo en la gestión de
este sistema con las Comunidades Autónomas, como máximo exponente del
respeto a la distribución competencial que la Constitución Española.
LA LEY 39/2006, DE 14 DE DICIEMBRE, DE PROMOCIÓN DE LA
AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE
DEPENDENCIA
Con la Ley 39/2006, la dependencia ha adquirido la condición de riesgo
protegido o situación de necesidad, desligado del Sistema de la Seguridad
Social, aunque en un principio se estudió su inclusión en el sistema de
Seguridad Social, ya que a través de este sistema ya se protegían
contingencias muy relacionadas con la dependencia como la invalidez
permanente, la ayuda de tercera persona, y prestaciones familiares o a favor
de familiares. Supuso un gran avance en el desarrollo de los derechos sociales.
Tiene el carácter de legislación básica estatal y constituye uno de los hechos
más importantes en el desarrollo de nuestros derechos sociales. Tal y como se
establece en la exposición de motivos de la ley se garantiza un catálogo de
servicios y prestaciones de atención a la dependencia y se configura una
nueva modalidad de protección social que amplía y complementa la acción
protectora del Estado y del Sistema de la Seguridad Social.
A través de esta disposición, la dependencia ha entrado en nuestro sistema de
protección social y ha modificado los actuales sistemas de servicios sociales.
A lo largo de este módulo iremos profundizando en el contenido de la Ley, sus
luces y sus sombras, y el desarrollo normativo necesario para la implantación
y el desarrollo de la cobertura de este nuevo derecho subjetivo de la
ciudadanía: el derecho a la promoción de la autonomía personal y atención a
las personas en situación de dependencia.
Para ello se ha creado un Sistema para la Autonomía y Atención a la
Dependencia (SAAD) donde participan todas las Administraciones Públicas y
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con la garantía de la AGE de un contenido mínimo común de derechos para
todos los ciudadanos en cualquier parte del territorio del Estado español. Pero
sólo de mínimos ya que al estar incardinado dentro del Sistema de los
Servicios Sociales, las competentes son las administraciones autonómicas, de
acuerdo a la competencia que se les otorga constitucionalmente.
A lo largo de los siguientes epígrafes, se describe el contenido de la Ley,
ampliándose con lo establecido en su normativa de desarrollo fundamental, ya
que la Ley sólo regula las condiciones básicas para garantizar una igualdad en
el ejercicio de este derecho, para la instauración de este nuevo sistema de
protección social de atención integral de las personas que necesitan ayuda
para el desarrollo de las actividades básicas de la vida diaria.
- Conceptos.
Son muchos los conceptos a definir en el sistema de protección a la
dependencia, si bien los principales son los siguientes:
Autonomía personal: artículo 2 de la Ley 39/2006 “Capacidad de controlar,
afrontar y tomar, por propia iniciativa, decisiones personales acerca de cómo
vivir de acuerdo con las normas y preferencias propias, así como de
desarrollar las actividades básicas de la vida diaria”.
Dependencia: artículo 2 de la Ley 39/2006 “Estado de carácter permanente en
que se encuentran las personas que, por razones derivadas de la edad, la
enfermedad o la discapacidad, y ligadas a la falta o a la pérdida de autonomía
física, mental, intelectual o sensorial, precisan de la atención de otra u otras
personas o ayudas importantes para realizar actividades básicas de la vida
diaria o, en el caso de las personas con discapacidad intelectual o enfermedad
mental, de otros apoyos para su autonomía personal”.
Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia: Es el conjunto de
prestaciones y servicios que garantizarán la protección de las personas en
situación de dependencia. Para el logro de esa garantía es preciso que la
prestación sea universal, de carácter público, configurada como un derecho
subjetivo con el alcance y requisitos que determinan las Comunidades
Autónomas, ya que son ellas las competentes constitucionalmente en materia
de servicios sociales y la igualdad básica en el catálogo de prestaciones y
servicios.
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¿Quiénes pueden encontrarse en situación de dependencia?: Todas las
personas pueden encontrarse en situación de dependencia, por motivo de su
discapacidad, limitaciones en la actividad, restricciones en la participación, el
entorno social, circunstancias culturales y sociales y otras análogas. La
valoración se realiza en las personas que, por razones derivadas de la edad, la
enfermedad o la discapacidad, y ligadas a la falta o a la pérdida de autonomía
física, mental, intelectual o sensorial, precisan, con carácter permanente, de la
atención de otra u otras personas o ayudas importantes para realizar dichas
actividades o, en el caso de las personas con discapacidad intelectual o
enfermedad mental, de otros apoyos para su autonomía personal.
Beneficiario de los servicios y prestaciones: La persona que cumple con los
requisitos que establece la Ley de Dependencia: encontrarse en situación de
dependencia en alguno de los grados establecidos; residir en territorio español
y haberlo hecho durante cinco años, de los cuales dos deberán ser
inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud (a los
menores de cinco años el periodo de residencia se le exige a quien ejerza su
guarda y custodia); si se carece de la nacionalidad española se regirán por lo
establecido en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y
libertades de los extranjeros en España y su integración social, en los tratados
internacionales y en los convenios que se establezcan con el país de origen (en
los menores que carezcan de la nacionalidad española se estará a lo dispuesto
en las Leyes del Menor vigentes, tanto en el ámbito estatal como en el
autonómico, así como en los tratados internacionales).
El baremo de la dependencia: La situación de dependencia se acredita
mediante la aplicación de un baremo que determine el grado de dependencia.
Este baremo que es una escala de valoración que sirve para la determinar la
valoración del grado de dependencia, moderada, severa o gran dependencia.
Se valora la capacidad de la persona para llevar a cabo por si misma las
actividades básicas de la vida diaria, así como la necesidad de apoyo y
supervisión para su realización por personas con discapacidad intelectual o
con enfermedad mental.
Baremo de Valoración de los grados de la Dependencia (BVD): aplicable a
partir de los 3 años y en cualquier situación de discapacidad. Valora la
capacidad para realizar por sí mismo actividades básicas de la vida diaria
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(ABVD), así como la necesidad de apoyo y supervisión para su realización por
personas con discapacidad intelectual o con enfermedad mental.
Escala de Valoración Específica (EVE): para personas entre 0 y 3 años. Se
valora comparando su comportamiento con el esperado para otras personas de
la misma edad sin la condición de salud por la que se solicita valoración.
Grado I. Dependencia moderada: la persona necesita ayuda para realizar
varias actividades básicas de la vida diaria, al menos una vez al día o tiene
necesidades de apoyo intermitente o limitado para su autonomía personal.
Grado II. Dependencia severa: la persona necesita ayuda para varias
actividades básicas de la vida diaria dos o tres veces al día, y no quiere el
apoyo permanente de un cuidador o tiene necesidades de apoyo extenso para
su autonomía personal.
Grado III. Gran dependencia: la persona necesita ayuda para varias
actividades básicas de la vida diaria varias veces al día, y por su pérdida total
de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, necesita apoyo
indispensable y continúo de otro persona o tienen necesidades de apoyo
generalizado par autonomía personal.
El Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD): con la Ley
de Dependencia se crea un nuevo sistema jurídico de prestaciones de
autonomía personal y atención a la dependencia vinculado a los sistemas de
servicios sociales de las Comunidades Autónomas. La propia Ley de
Dependencia establece como objetivo garantizar la igualdad en el acceso en el
ejercicio del derecho a la promoción de la autonomía personal y atención a las
personas en situación de dependencia mediante la creación de un Sistema
para la Autonomía y Atención a la Dependencia, con la colaboración y
participación de todas las Administraciones Públicas y la garantía por la
Administración General del Estado de un contenido mínimo común en
cualquier parte del territorio.
Financiación: El SAAD se financia con cargo a los Presupuestos Generales del
Estado, los Presupuestos de cada Comunidad Autónoma, y las aportaciones
de los usuarios según su capacidad económica personal, y del tipo y el coste
del servicio, tendiéndose también en cuenta a la hora de determinar la cuantía
de las prestaciones económicas:
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- La aportación de la Administración General del Estado a las
comunidades autónomas, se efectúa a través del nivel mínimo de
protección consignado en los Presupuestos Generales del Estado, tiene
la consideración de una financiación garantizada por la Administración
General del Estado al Sistema de Autonomía y Atención a la
Dependencia (SAAD). Actualmente se encuentra regulado por el Real
Decreto 1050/2013, de 27 de diciembre, y se fijan las condiciones y los
parámetros de cálculo.
- El nivel de protección que se acuerde entre la Administración General
del Estado y la Administración de cada una de las CCAA a través de los
Convenios de cooperación interadministrativa: actualmente se
encuentra suspendida según se establece en la disposición adicional 28
de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre.
- El nivel adicional de protección que pueda establecer cada CCAA.
El Sistema de Información del Sistema para la Autonomía y Atención a la
Dependencia (Sisaad): es el sistema de información y comunicación recíproca
entre el Imserso y las administraciones autonómicas acerca de los datos de
población protegida, catálogo de servicios, recursos humanos, infraestructuras
de la red, resultados obtenidos y calidad en la prestación de los servicios. Con
estos datos se realizan estadísticas y nos da la imagen de la protección del
sistema de dependencia implantado y de esta forma valorar qué mejoras
efectuar. El principal problema fue el diseño aplicativo informático a utilizar
para que las administraciones autonómicas y que agilizara todo el proceso de
tramitación de los expedientes para el reconocimiento de la situación de la
dependencia, además de ser una herramienta de análisis estadístico que
agilice y facilite la gestión, y desarrollar un módulo de pago que posibilite
realizar la correspondiente transferencia a las Comunidades Autónomas de las
cuantías devengadas (nivel mínimo garantizado).
Procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia:
- Solicitud por la persona que considera que pueda encontrarse en
situación de dependencia o por parte del que ostente su representación.
- Informe social: una vez presentada la solicitud y comprobado el
cumplimiento de los requisitos exigidos, los servicios sociales elaboran
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un informe social con datos como los antecedentes sociales, de
convivencia, los apoyos que recibe y de la vivienda.
- Informe de salud: es previo a la valoración de la situación de
dependencia y recoge datos de los diagnósticos médicos relacionados
con la realización de actividades de la vida diaria.
- Valoración de la dependencia: Los órganos de valoración de las
Comunidades Autónomas emiten dictamen del grado de dependencia y
de los cuidados que la persona pueda requerir teniendo en cuenta los
informes de salud de la persona y de su entorno.
- Reconocimiento del grado de dependencia: la administración
autonómica emite una resolución y tendrá validez en todo el territorio
del Estado español, y en ella se determinan los servicios o prestaciones
que corresponden al dependiente según su grado de dependencia.
- Elaboración del Programa Individual de Atención (PIA): Los servicios
sociales establecen un Programa Individual de Atención con las
modalidades de intervención del catálogo de servicios y prestaciones
económicas del sistema, más adecuadas a sus necesidades para su
grado, con la participación del beneficiario en la elección entre todas las
alternativas propuestas o de su familia o entidades tutelares que le
represente.
- Revisión del PIA: podrá ser revisado bien a instancia del interesado y de
sus representantes legales, o bien de oficio, o finalmente, con motivo del
cambio de residencia a otra Comunidad Autónoma.
- Resolución del procedimiento de reconocimiento de prestaciones: en el
plazo máximo de seis meses desde la fecha de entrada de la solicitud, la
Administración competente dictará resolución, que será notificada a los
dependientes o a sus representantes legales, mediante correo certificado
con acuse de recibo o por cualquier otro medio que permita tener
constancia de su recepción.
- Recursos: contra las resoluciones que ponen fin a la vía administrativa,
se puede interponer recurso de reposición ante el mismo órgano que la
dictó, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su
notificación, o bien ser impugnadas directamente ante el orden
jurisdiccional contencioso administrativo en la forma y plazo previstos
en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Contra las resoluciones que no pongan fin a la vía administrativa, los
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interesados podrán interponer recurso de alzada ante el órgano
superior jerárquico del que la dictó, en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de su notificación.
- Revisiones: a instancia del interesado, de su representante o de oficio
por las Administraciones Públicas competentes, por alguna de las
siguientes causas: Mejoría o empeoramiento de la situación de
dependencia; Error de diagnóstico o en la aplicación del
correspondiente baremo.
- Fallecimiento de los solicitantes: las personas que fallezcan en los seis
meses siguientes a la presentación de la solicitud sin haberse dictado
resolución de reconocimiento de la concreta prestación, no tendrán la
condición de persona beneficiaria.
- Contenido.
PRESTACIONES ECONÓMICAS Y CATÁLOGO DE SERVICIOS DE ATENCIÓN
DEL SISTEMA PARA LA AUTONOMÍA Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA. LA
INTENSIDAD DE LOS SERVICIOS
Las prestaciones de atención a la dependencia se regulan en el artículo 14 de
la Ley, contemplándose tanto prestaciones económicas como servicios. Los
servicios tienen un carácter prioritario a las prestaciones económicas y se
prestan a través de la oferta pública de la Red de Servicios Sociales por las
respectivas Comunidades Autónomas mediante centros y servicios públicos o
privados concertados debidamente acreditados.
Los servicios y prestaciones económicas que corresponden a los grados III; II y
I de dependencia, son:
- Servicios y prestaciones para los grados III y II:
o Servicios:
Prevención de la dependencia.
Promoción de la autonomía personal.
Teleasistencia.
Ayuda a domicilio.
Centro de Día.
Centro de Noche.
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Atención residencial.
o Servicios a través de prestaciones económicas:
Prestación económica de asistencia personal.
Prestación económica vinculada a servicios para este
grado.
o Prestación económica para cuidados en el entorno familiar y
apoyo a cuidadores.
- Servicios y prestaciones para el grado I:
o Servicios:
Prevención de la dependencia.
Promoción de la autonomía personal.
Teleasistencia.
Ayuda a domicilio.
Centro de Día.
Centro de Noche.
o Servicios a través de prestaciones económicas:
Prestación económica de asistencia personal.
Prestación económica vinculada a los servicios para este
grado.
- Prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a
cuidadores.
LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS
Prestación económica vinculada al servicio: tiene carácter periódico, se
reconoce únicamente cuando no sea posible el acceso a un servicio público o
concertado de atención y cuidado, en función del grado de dependencia y de la
capacidad económica del beneficiario, de acuerdo con lo previsto en el
convenio celebrado entre la Administración General del Estado y la
correspondiente comunidad autónoma. Esta prestación económica de carácter
personal está, en todo caso, vinculada a la adquisición de un servicio. Las
Administraciones Públicas competentes supervisarán, en todo caso, el destino
y utilización de estas prestaciones al cumplimiento de la finalidad para la que
fueron concedidas.
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Prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a
cuidadores no profesionales: se reconoce excepcionalmente, cuando el
beneficiario esté siendo atendido por su cónyuge, o sus parientes por
consanguinidad, afinidad o adopción, hasta el tercer grado de parentesco, y lo
hayan hecho durante el periodo previo de un año a la fecha de presentación de
la solicitud, siempre que se den condiciones adecuadas de convivencia y de
habitabilidad de la vivienda y así lo establezca su Programa Individual de
Atención. Las condiciones de acceso y los requisitos de los cuidadores no
profesionales, se establecen en la Resolución de 13 de julio de 2012 y en el RD
1051/2013, de 27 de diciembre.
Prestación económica de asistencia personal: Esta prestación tiene como
finalidad la promoción de la autonomía de las personas en situación de
dependencia, en cualquiera de sus grados. Su objetivo es contribuir a la
contratación de un asistente personal, durante un número de horas, que
facilite al beneficiario el acceso a la educación y al trabajo, así como una vida
más autónoma en el ejercicio de las actividades básicas de la vida diaria.
Previo acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para
la Autonomía y Atención a la Dependencia se establecerán las condiciones
específicas de acceso a esta prestación.
La cuantía de las prestaciones económicas se establece en función del grado
de dependencia y de la capacidad económica del beneficiario.
Anualmente, las cuantías económicas máximas de las prestaciones
económicas se establecen por Real Decreto, previo acuerdo del Consejo
Territorial, para los grados con derecho a prestación. Para el año 2014, tal y
como se fija en la Disposición Adicional Segunda del Real Decreto 1051/2013,
de 27 de diciembre, las cuantían máximas son las que se determinan en la
Disposición Transitoria Décima del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio:
- Cuidados en el Entorno Familiar: Se reconocer excepcionalmente,
cuando el beneficiario están siendo atendido por el cónyuge y los
parientes por consanguinidad, afinidad o adopción, hasta el tercer
grado de parentesco, lo hayan hecho durante el periodo previo de un
año a la fecha de presentación de la solicitud, y se den condiciones
adecuadas de convivencia y de habitabilidad de la vivienda y así lo
establezca su Programa Individual de Atención. Las condiciones para
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ser beneficiario de esta prestación vienen regulada en la Resolución de
13 de julio de 2012.
Hasta la reforma del RD-ley 20/2012, los cuidadores no profesionales
quedaban, incluidos obligatoriamente en el Régimen General de la
Seguridad Social y en situación asimilada al alta, mediante la
suscripción de un convenio especial cuya cotización era asumida
directamente por la Administración General del Estado, a efectos de las
prestaciones de jubilación, incapacidad permanente y muerte y
supervivencia, derivadas de accidente, cualquiera que sea su carácter, o
de enfermedad, con independencia de su naturaleza. Pero tras este R D-
ley su suscripción pasa a ser voluntaria, y las cotizaciones pasan a
estar a cargo del suscriptor del convenio.
Para los beneficiarios que, a la entrada en vigor del Real Decreto ley
20/2012 de 13 de julio, tuvieran reconocido grado y nivel de
dependencia y ya percibieran la prestación las cuantías máximas
quedan fijadas para el tiempo completo:
Grado Nivel euros/mes
Grado III Nivel 2 442,59
Grado III Nivel 1 354,43
Grado II Nivel 2 286,66
Grado II Nivel 1 255,77
Grado I Nivel 2 153,00
La cuantía de la prestación a tiempo parcial será del 50% de la cuantía
máxima establecida para su grado y nivel, (Grado III y Grado II en
calendario de aplicación)).
Para aquellos solicitantes de reconocimiento de la situación de
dependencia con anterioridad a la entrada en vigor del real Decreto
20/2012, de 13 de julio, respecto de los que no exista resolución
administrativa de reconocimiento de grado y/o de reconocimiento de
prestaciones, así como a los nuevos solicitantes, se aplicarán las
siguientes cuantías máximas:
17
Grado euros/mes
Grado III 387,64
Grado II 268,79
Grado I 153,00
- Prestación Económica Vinculada al Servicio (Cheque Servicio):
Grado Nivel euros/mes
Grado III Nivel 2 833,96
Grado III Nivel 1 625,47
Grado II Nivel 2 462,18
Grado II Nivel 1 401,20
Grado I Nivel 2 300,00
Los solicitantes de reconocimiento de la situación de dependencia con
anterioridad a la entrada en vigor del Real-Decreto ley 20/2012 de 13
de julio, respecto de los que no exista resolución administrativa de
reconocimiento de grado y/o reconocimiento de prestaciones, así como
a los nuevos solicitantes les será de aplicación las siguientes cuantías
máximas:
Grado euros/mes
Grado III 715,05
Grado II 426,12
Grado I 300,00
- Asistencia personal: Para los beneficiarios que a la entrada en vigor del
Real Decreto, tuvieran reconocido grado de dependencia así como la
prestación, la cuantía máxima queda fijada en:
18
Cuantías Máximas año 2013 Grado
Nivel euros/mes
Grado III Nivel 2 833,96
Grado III Nivel 1 625,47
Los solicitantes de reconocimiento de la situación de dependencia con
anterioridad a la entrada en vigor del Real-Decreto ley 20/2012 de 13
de julio, respecto de los que no exista resolución administrativa de
reconocimiento de grado y/o de reconocimiento de prestaciones, así
como a los nuevos solicitantes les serán de aplicación las siguientes
cuantías máximas:
Grado euros/mes
Grado III 715,07
Grado II 426,12
Grado I 300,00
Para su cálculo se toma en cuenta la cuantía vigente para cada año y se le
aplica un coeficiente reductor, según la capacidad económica del beneficiario,
siendo el 100% cuando la capacidad económica del beneficiario sea igual o
inferior al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), estando
fijado en 6.390, 13 €/año y 532, 51 €/mes.
Si la capacidad económica es superior al IPREM, el beneficiario recibirá una
prestación de, al menos, el 40% de la cuantía establecida anualmente para las
Prestaciones Económicas Vinculadas al Servicio y de Asistencia Personal; y del
75% para la de Cuidados en el Entorno Familiar.
El copago del beneficiario se determina en función de unas fórmulas:
- Cuantía mensual para la Prestación Económica Vinculada al Servicio:
CM*x [1,1125 - (0,15 x R**/IPREM)].
- Cuantía mensual para la Prestación Económica de Asistencia Personal:
CM x [1,1125 - (0,15 x R/IPREM)].
19
- Cuantía mensual para la Prestación Económica de Cuidados en el
Entorno Familiar: CM x [1’06 - (0’08 x R/IPREM)].
* CM es la cuantía máxima establecida para cada prestación económica en
cada grado y nivel de dependencia.
** R es la capacidad económica personal calculada según lo establecido en los
artículos correspondientes de esta Orden, dividida por doce meses.
En el caso de que el PIA conceda la prestación económica por cuidados en el
entorno familiar y ayuda a domicilio no intensiva, la cuantía de la prestación
será el 50% de la que le corresponda en función de su capacidad económica.
En los supuestos en los que el beneficiario sea titular de cualquier otra
prestación de análoga naturaleza y finalidad establecida en otro régimen
público de protección, se deducirán del importe el complemento de gran
invalidez, el complemento de la asignación económica por hijo a cargo mayor
de dieciocho años, con un grado de minusvalía igual o superior al 75%, el
complemento por necesidad de tercera persona de la pensión de invalidez no
contributiva, regulado en los artículos 139.4, 182 bis.2.c), 145.6 del Texto
Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/1994, de 20 de junio, el subsidio de ayuda a tercera persona
previsto en el artículo 12.2.c) de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración
Social de los Minusválidos, y cualquier otra prestación económica de análoga
naturaleza y finalidad concedida por otros regímenes públicos equivalentes al
de la Seguridad Social.
Cuando el beneficiario sea titular de cualquier otra prestación de análoga
naturaleza y finalidad, el importe de la prestación económica a reconocer, tras
las deducciones anteriores, no podrá ser inferior al 25% de la cuantía máxima
establecida para cada una de las prestaciones económicas vigente en la fecha
en que se produzca el reconocimiento de la prestación.
20
CATÁLOGO DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DEL SISTEMA PARA LA
AUTONOMÍA Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA. LA INTENSIDAD DE LOS
SERVICIOS
La red de atención a la dependencia está constituida por un conjunto de
centros y servicios, tanto públicos como de la iniciativa privada destinados al
cuidado de las personas con dependencia.
Para desarrollar el sistema de atención a la dependencia era necesario
flexibilizar la entrada en vigor de la Ley, con un amplio calendario de
aplicación con el fin que los derechos reconocidos contaran con
infraestructura necesaria de servicios lo suficientemente desarrollada para dar
la cobertura requerida.
El Catálogo de Servicios del Sistema, se recoge en el artículo 15 de la Ley
39/2006, y su intensidad en el Real Decreto 1051/2013, de 27 de diciembre,
por el que se regulan las prestaciones del Sistema para la Autonomía y
Atención a la Dependencia:
- Los servicios de prevención de las situaciones de dependencia: su
finalidad es prevenir el agravamiento de su grado. Se incluye esta
atención en los programas de Teleasistencia, de ayuda a domicilio, de
los centros de día y de atención residencial.
Intensidad: se determinará a través de los Planes de Prevención.
- Los servicios de promoción de la autonomía personal: su finalidad
es desarrollar y mantener su capacidad para controlar, afrontar y tomar
decisiones de acuerdo con las normas y preferencias propias y facilitar
la ejecución de las actividades básicas de la vida diaria Son servicios de
asesoramiento, orientación, asistencia y formación en tecnologías de
apoyo y adaptaciones, los de habilitación, los de terapia ocupacional.
Intensidad: se adecuará a las necesidades personales de promoción de
la autonomía, a la infraestructura de los recursos existentes y a las
normas que establezcan las correspondientes Comunidades Autónomas
o Administración que, en su caso, tenga la competencia.
o Se establece para el grado I, sin perjuicio de lo previsto
específicamente para la atención temprana, los servicios de
promoción, mantenimiento y recuperación de la autonomía
21
funcional: Grado I. Dependencia moderada: Un mínimo de 12
horas mensuales de atención.
o Para la atención temprana, se establece la siguiente intensidad:
Grado I. Dependencia moderada: Un mínimo de 6 horas
mensuales de atención.
o Para los servicios de promoción, mantenimiento y recuperación
de la autonomía funcional, se establece la siguiente intensidad:
Grado I. Dependencia moderada: Un mínimo de 15 horas
mensuales de atención.
En los procedimientos en los que haya recaído resolución de
reconocimiento de prestaciones con anterioridad al 15 de julio de 2012,
las Administraciones competentes podrán realizar las adaptaciones
necesarias para adecuar la intensidad del servicio de promoción de la
autonomía para las personas en situación de dependencia en grado I, a
las previstas al anexo I. En tanto se realicen las citadas adaptaciones,
serán de aplicación las siguientes intensidades:
o La intensidad del servicio de promoción se ajustará al siguiente
intervalo de protección:
Grado I. Dependencia moderada:
Nivel 2: Entre 20 y 30 horas mensuales de atención.
Nivel 1: Entre 12 y 19 horas mensuales de atención.
o Para la atención temprana, se establece la siguiente intensidad:
Grado I. Dependencia moderada, niveles 2 y 1: Un mínimo de 6
horas mensuales de atención.
o Para los servicios de promoción, mantenimiento y recuperación
de la autonomía funcional, se establece la siguiente intensidad:
Grado I. Dependencia moderada, niveles 2 y 1: Un mínimo de 15
horas mensuales de atención.
- Servicio de Teleasistencia: su finalidad es atender a los beneficiarios a
través de tecnologías de la comunicación y apoyo de los medios
personales, dando una respuesta inmediata ante situaciones de
emergencia, o de inseguridad, soledad y aislamiento.
Intensidad: se prestará según el PIA y en las condiciones de cada CCAA.
- Servicio de Ayuda a domicilio: comprende la atención personal en las
actividades de la vida diaria y las necesidades domésticas (limpieza,
lavado, cocina u otros) y los que establezcan las CCAA:
22
o Atención personal en la realización de las necesidades del hogar.
o Servicios relacionados con la atención de las necesidades
domésticas o del hogar: limpieza, lavado, cocina u otros. Estos
servicios sólo podrán prestarse conjuntamente con los señalados
en el apartado anterior.
Intensidad: Se presta conforme al PIA y se determina en número de
horas mensuales de servicios asistenciales, en función del grado:
o Grado III. Gran dependencia: Entre 46 y 70 horas mensuales.
o Grado II. Dependencia severa: Entre 21 y 45 horas mensuales.
o Grado I. Dependencia moderada: Máximo 20 horas mensuales.
En los procedimientos en los que haya recaído resolución de
reconocimiento de prestaciones con anterioridad al 15 de julio de 2012,
las Administraciones competentes podrán realizar las adaptaciones
necesarias para adecuar la intensidad del servicio de ayuda a domicilio,
a las señaladas anteriormente. En tanto se realicen las citadas
adaptaciones serán de aplicación las siguientes intensidades:
Grado y nivel Horas de atención
Grado III. Gran Dependencia
Nivel 2 Entre 70 y 90 horas mensuales.
Nivel 1 Entre 55 y 70 horas mensuales.
Grado II. Dependencia severa
Nivel 2 Entre 40 y 55 horas mensuales.
Nivel 1 Entre 30 y 40 horas mensuales.
Grado I. Dependencia moderada
Nivel 2 Entre 21 y 30 horas mensuales.
Nivel 1 Entre 12 y 20 horas mensuales.
23
- Servicio de Centro de Día y de Noche: ofrece una atención integral
durante el periodo diurno o nocturno a las personas en situación de
dependencia, con el objetivo de mejorar o mantener el mejor nivel
posible de autonomía personal y apoyar a las familias o cuidadores.
o Centro de Día: se adecuarán para ofrecer a las personas en
situación de dependencia atención especializada de acuerdo con
su edad, los cuidados que requieran y su grado de dependencia
Para mayores.
Para menores de 65 años.
De atención especializada.
o Centro de Noche: tienen por finalidad dar respuesta a las
necesidades de la persona en situación de dependencia que
precise atención durante la noche. Los servicios se ajustarán a
las necesidades específicas de las personas beneficiarias
atendidas.
El Centro de Día y de Noche ajustará los servicios establecidos en el
artículo 24 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, a las necesidades de
las personas en situación de dependencia atendidas según su grado.
Todo ello sin perjuicio de los servicios y programas que se establezcan
mediante normativa de las Comunidades Autónomas o Administración
que, en su caso, tenga la competencia.
Intensidad: en función de los servicios del centro que precisa la persona
en situación de dependencia, de acuerdo con su PIA. Las Comunidades
Autónomas o Administración que, en su caso, tenga la competencia,
determinarán los servicios y programas y otras actividades de los
centros para cada grado y nivel de dependencia.
No obstante, la intensidad del centro de día para las personas
beneficiarias a las que se haya reconocido el grado I, de dependencia
moderada, será de un mínimo de 15 horas semanales.
En los procedimientos en los que haya recaído resolución de
reconocimiento de prestaciones con anterioridad al 15 de julio de 2012,
las Administraciones competentes podrán realizar las adaptaciones
necesarias para adecuar la intensidad del servicio de Centro de día, a
24
las previstas al anexo III. En tanto se realicen las citadas adaptaciones
serán de aplicación las siguientes intensidades:
Grado I. Dependencia moderada
Horas semanales de atención mínima personalizada
Nivel 2 25 horas semanales.
Nivel 1 15 horas semanales.
Servicio de Atención Residencial: ofrece una atención integral y
continuada, de carácter personal, social y sanitario, que se prestará en
centros residenciales, públicos o acreditados, teniendo en cuenta la
naturaleza de la dependencia, grado de la misma e intensidad de
cuidados que precise la persona. Puede tener carácter permanente,
cuando el centro residencial sea la residencia habitual de la persona, o
temporal, cuando se atiendan estancias temporales de convalecencia o
durante vacaciones, fines de semana y enfermedades o períodos de
descanso de los cuidadores no profesionales. El servicio se ajustará los
servicios y programas de intervención a las necesidades de las personas
en situación de dependencia atendidas.
Pueden existir distintos tipos de centros residenciales:
o Residencia de personas mayores en situación de dependencia.
o Centro de atención a personas en situación de dependencia, en
razón de los distintos tipos de discapacidad.
Intensidad: estará en función de los servicios que precisa la persona en
situación de dependencia, de acuerdo con su PIA. Las Comunidades
Autónomas o Administración que, en su caso, tenga la competencia,
determinarán los servicios y programas y otras actividades de los
centros para cada grado y nivel de dependencia.
25
RÉGIMEN DE INCOMPATIBILIDADES DE LA PRESTACIONES Y DE LOS
SERVICIOS DEL CATÁLOGO
El artículo 25 bis de la Ley 39/2006, y el art.16 del RD 1051/2013, de 27 de
diciembre, establecen el régimen de incompatibilidades tanto de las
prestaciones como de los servicios del catálogo:
- Las prestaciones económicas entre sí son incompatibles.
- Las prestaciones económicas y los servicios incluidos en el catálogo, son
incompatibles, salvo con los servicios de prevención de las situaciones
de dependencia, de promoción de la autonomía personal y de
Teleasistencia.
- Los servicios serán incompatibles entre sí, a excepción del servicio de
teleasistencia que será compatible con el servicio de prevención de las
situaciones de dependencia, de promoción de la autonomía personal, de
ayuda a domicilio y de centro de día y de noche.
- Las Administraciones públicas competentes podrán establecer la
compatibilidad entre los servicios de ayuda a domicilio, centro de día y
de noche, prestación de cuidados en el entorno familiar y apoyo a
cuidadores no profesionales y asistencia personal.
ACREDITACIÓN DE CENTROS Y SERVICIOS
La red de centros estará formada por los centros públicos de las Comunidades
Autónomas, de las Entidades Locales, los centros de referencia estatal para la
promoción de la autonomía personal y para la atención y cuidado de
situaciones de dependencia, así como los privados concertados debidamente
acreditados, de acuerdo con las condiciones que se establezcan por cada una
de las Comunidades Autónomas y teniendo en cuenta de manera especial los
correspondientes al tercer sector.
Los centros y servicios privados no concertados que presten servicios para
personas en situación de dependencia deberán contar con la debida
acreditación de la Comunidad Autónoma correspondiente.
La Resolución de 2 de diciembre de 2008, de la Secretaría de Estado de
Política Social, Familias y Atención a la Dependencia y a la Discapacidad, por
26
la que se publica el Acuerdo del Consejo Territorial del Sistema para la
Autonomía y Atención a la Dependencia, sobre criterios comunes de
acreditación para garantizar la calidad de los centros y servicios del Sistema
para la Autonomía y Atención a la Dependencia, tiene por objeto garantizar la
calidad del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, que han
de ser entendidos como mínimos, debiendo las respectivas administraciones
en su ámbito competencial realizar la legislación, reglamentación y ejecución
que proceda.
El SAAD, tal y como hemos señalado anteriormente, está integrado por:
- Centros y servicios públicos.
- Centros de referencia estatal para la promoción de la autonomía
personal y para la atención y cuidado de las situaciones de
dependencia.
- Centros privados concertados debidamente acreditados.
La acreditación de los centros privados es garantía de recibir unos servicios de
calidad ya que obliga al cumplimiento de unos requisitos y unos estándares de
calidad. La acreditación es la condición legal para que puedan prestar
servicios a personas en situación de dependencia y que éstas puedan percibir
la prestación económica de carácter personal vinculada a la adquisición de un
servicio.
Sujetos de acreditación: son las Comunidades Autónomas las que acreditan a
los centros, servicios y entidades, si bien los criterios comunes de acreditación
han sido acordados por el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del SAAD.
Requisitos y estándares de calidad:
- Cualificaciones Profesionales exigidas a los Recursos Humanos de los
Centros y Servicios del SAAD: Los requisitos y estándares sobre
recursos humanos irán dirigidos a garantizar la adecuada prestación
del servicio, tanto en número de profesionales, como en su formación y
actualización para el desempeño del puesto de trabajo. Se contempla la
profesionalización de los recursos humanos del sistema a través de la
formación profesional, la cualificación profesional y los certificados
27
profesionales, requiriéndose, para las categorías profesionales que no se
correspondan con titulaciones universitarias los certificados o títulos
siguientes:
o Cuidadores/as, Gerocultores/as:
Título de Técnico en Cuidados Auxiliares de
Enfermería.
Título de Técnico en Atención a Personas en situación
de Dependencia.
Certificado de Profesionalidad, de Atención
Sociosanitaria a Personas Dependientes en
Instituciones Sociales.
o Asistente Personal y Auxiliar de Ayuda a Domicilio:
Título de Técnico en Cuidados Auxiliares de
Enfermería.
Título de Técnico en Atención a Personas en situación
de Dependencia.
Certificado de Profesionalidad, de Atención
Sociosanitaria a Personas Dependientes en
Instituciones Sociales.
Certificado de Profesionalidad de Atención
Sociosanitaria a Personas en el domicilio.
- El número de profesionales se adecuará a la tipología, a la intensidad
de la prestación de cada recurso del Sistema y a los servicios que
prestan: en la misma Resolución se establece para las distintas
tipologías de centros previstos en el catálogo, las ratios a exigir. La
exigencia de las ratios reseñadas se efectuará de forma progresiva de
forma que en 2011 se alcance la media entre las ratios medias y
máximas y en diciembre de 2015 la ratio que se acuerde por el Consejo
Territorial
Se establecerán estándares esenciales de calidad para cada uno de los
servicios que conforman el Catálogo regulado en la LAAD, previo acuerdo
del Consejo Territorial del SAAD. Los centros residenciales para personas
en situación de dependencia habrán de disponer de un reglamento de
régimen interior, que regule su organización y funcionamiento, que incluya
28
un sistema de gestión de calidad y que establezca la participación de los
usuarios, en la forma que determine la Administración competente.
Centros de Referencia Estatal: Los Centros de Referencia Estatal (CRE) son
dispositivos de servicios sociales creados por el Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad, a través del Imserso, con el fin de promover la
innovación y mejora de la calidad de los recursos dirigidos a un sector
determinado de personas en situación de dependencia.
LOS ÓRGANOS DEL SAAD
Desde la Exposición de Motivos de la Ley 39/2006 ya se establece la necesidad
de cooperación interadministrativa, creando al efecto un órgano específico, en
un principio el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a
la Dependencia y en la actualidad Consejo Territorial de Servicios Sociales y
del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, en donde podrán
participar las Corporaciones Locales, y que se define como instrumento de
cooperación para la articulación de los servicios sociales y la promoción de la
autonomía y atención a las personas en situación de dependencia.
En el Consejo Territorial están representadas tanto la Administración General
del Estado, como las Comunidades Autónomas, y con carácter previo a
cualquier regulación del Sistema, ha de recabarse el previo acuerdo del
Consejo Territorial o, informe del mencionado Consejo.
Además la Ley establece un mecanismo de participación de los ciudadanos a
través de órganos que representan sus intereses. Son los órganos consultivos
del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Sus propuestas,
se toman en cuenta antes de que los acuerdos o informes sean elevados al
Consejo Territorial, y antes de que los proyectos normativos sean tramitados:
- La Ley crea el Comité Consultivo del SAAD en su artículo 40, haciendo
efectiva, de manera permanente, la participación social en el Sistema y
se ejerce la participación institucional de las organizaciones sindicales y
empresariales en el mismo.
- El artículo 41.de la Ley, establece que también serán órganos
consultivos de participación institucional que informarán, asesorarán y
29
formularán propuestas siendo sus informes preceptivos y no
vinculantes, los siguientes:
o El Consejo Estatal de Personas Mayores.
o El Consejo Nacional de la Discapacidad.
o El Consejo Estatal de Organizaciones no Gubernamentales de
Acción Social.
El Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y
Atención a la Dependencia
Está adscrito al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a través
de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, y está constituido
por la persona titular de dicho Ministerio, que ostentará su presidencia, y por
los Consejeros competentes en materia de servicios sociales y de dependencia
de cada una de las comunidades autónomas, recayendo la Vicepresidencia en
uno de ellos.
Adicionalmente, cuando la materia de los asuntos a tratar así lo requiera,
podrán incorporarse al Consejo otros representantes de la Administración
General del Estado o de las comunidades autónomas, como asesores
especialistas, con voz pero sin voto. En la composición del Consejo Territorial
tendrán mayoría los representantes de las comunidades autónomas.
Sin perjuicio de las competencias de cada una de las Administraciones
Públicas integrantes, corresponde al Consejo, además de las funciones que
expresamente le atribuye esta Ley, ejercer las siguientes:
a) Acordar el Marco de cooperación interadministrativa para el desarrollo de la
Ley previsto en el artículo 10 (Téngase en cuenta que queda suspendida,
durante 2014, la aplicación del apartado 2.a) según establece la disposición
adicional 28 de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre).
b) Establecer los criterios para determinar la intensidad de protección de los
servicios previstos de acuerdo con los artículos 10.3 y 15.
c) Acordar las condiciones y cuantía de las prestaciones económicas previstas
en el artículo 20 y en la disposición adicional primera.
30
d) Adoptar los criterios de participación del beneficiario en el coste de los
servicios.
e) Acordar el baremo a que se refiere el artículo 27, con los criterios básicos
del procedimiento de valoración y de las características de los órganos de
valoración.
f) Acordar, en su caso, planes, proyectos y programas conjuntos.
g) Adoptar criterios comunes de actuación y de evaluación del Sistema.
h) Facilitar la puesta a disposición de documentos, datos y estadísticas
comunes.
i) Establecer los mecanismos de coordinación para el caso de las personas
desplazadas en situación de dependencia.
j) Informar la normativa estatal de desarrollo en materia de dependencia y en
especial las normas previstas en el artículo 9.1.
k) Servir de cauce de cooperación, comunicación e información entre las
Administraciones Públicas.
Asimismo, corresponde al Consejo Territorial conseguir la máxima coherencia
en la determinación y aplicación de las diversas políticas sociales ejercidas por
la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas mediante
el intercambio de puntos de vista y el examen en común de los problemas que
puedan plantearse y de las acciones proyectadas para afrontarlos y
resolverlos.
Acuerdos adoptados por el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del
SAAD:
- Acuerdo de 4 de julio de 2013, sobre Evaluación Anual correspondiente
al ejercicio 2012 de los resultados de la aplicación de la Ley 39/2006,
de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención
a las personas en situación de dependencia. Publicado por Resolución
de 25 de julio de 2013 de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e
Igualdad.
31
- Acuerdo de 4 de julio de 2013, sobre adopción del Plan Integral de
Atención a los menores de tres años en situación de dependencia o en
riesgo de desarrollarla. Publicado por Resolución de 25 de julio de 2013
de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad.
- Constitución del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema
para la Autonomía y Atención a la Dependencia creado por el Art. 8 de
la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de conformidad con lo previsto en
el artículo 22.dos del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de
medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de
la competitividad y aprobación de su Reglamento.
- Acuerdo de 16 de enero de 2013, sobre recomendaciones y condiciones
mínimas para la elaboración de los planes de prevención de las
situaciones de dependencia y promoción de la autonomía personal,
datos básicos del sistema de información del SAAD y catálogo de
referencia de servicios sociales, publicado por Resolución de 23 de abril
de 2013, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad.
- Acuerdo de 16 de enero de 2013 sobre aplicación de la Estrategia
Nacional para la Inclusión social de la población gitana en España
2012-2020.
- Acuerdo de 16 de enero de 2013 relativo a la elaboración del Plan
Nacional de Acción para la Inclusión Social 2013-2016.
- Acuerdo de 16 de enero de 2013 para la distribución de los créditos
consignados en los Presupuestos Generales del Estado de 2013
destinados a subvenciones a las Comunidades Autónomas y Ciudades
de Ceuta y de Melilla para la realización de los programas sociales:
Desarrollo de prestaciones básicas de servicios sociales, Plan de
Desarrollo Gitano y Plan Estatal del Voluntariado. Congreso del
Voluntariado.
- Acuerdo de 16 de enero de 2013 sobre el Proyecto de Real Decreto por el
que se regulan las prestaciones del Sistema para la Autonomía y
Atención a la Dependencia establecidas en la Ley 39/2006, de 14 de
diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las
personas en situación de dependencia.
- Acuerdo de 16 de enero de 2013 relativo a los datos básicos del Sistema
de información del Sistema para la Autonomía y Atención a la
32
Dependencia (Sisaad), publicado por Resolución de 23 de abril de 2013,
de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad.
- Acuerdo de 16 de enero de 2013, sobre recomendaciones y condiciones
mínimas para la elaboración de los planes de prevención de las
situaciones de dependencia y promoción de la autonomía personal,
publicado por Resolución de 23 de abril de 2013, de la Secretaría de
Estado de Servicios Sociales e Igualdad.
- Acuerdo de 12 de abril de 2012, sobre las prestaciones económicas del
SAAD para el ejercicio 2012, publicado por Resolución de 13 de julio de
2012 de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad.
- Acuerdo de 12 de abril de 2012, para la propuesta de modificación del
Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el
reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad,
según la disposición final 3ª del Real Decreto 174/2011, por el que se
aprueba el baremo de valoración de la situación de dependencia.
- Acuerdo de 10 de julio de 2012, sobre la Evaluación definitiva de los
resultados de la aplicación de la Ley de Promoción de la Autonomía
Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.
- Acuerdo del 10 de julio de 2012 del Consejo Territorial para la mejora
del SAAD, publicado por la Resolución de 13 de julio de 2012, de la
Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad.
- Acuerdo de 10 de julio de 2012 sobre el Proyecto de Real Decreto
relativo a la capacidad económica y participación del beneficiario en el
coste de las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la
Dependencia.
- Acuerdo de la Comisión Delegada del Consejo Territorial, de 26 de enero
de 2011, por el que se determina el contenido de los servicios de
promoción de la autonomía personal dirigidos a las personas
reconocidas en situación de dependencia en grado I, publicado por
Resolución de 3 de agosto de 2011 de la Secretaría General de Política
Social y Consumo.
- Acuerdo de 1 de junio de 2010 relativo al Marco de Cooperación
Interadministrativa y criterios de reparto de créditos de la
Administración General del Estado para la financiación durante 2010-
2013 del nivel acordado. Publicado por Resolución de 15 de junio de
2011 del Instituto de Mayores y Servicios Sociales por el que se
33
actualizan las variables previstas en el Marco de Cooperación
Interadministrativa y criterios de reparto de créditos de la
Administración General del Estado para la financiación durante 2010-
2013 del nivel acordado y se aprueba el reparto de créditos de la
Administración General del Estado para la financiación durante el
ejercicio 2011 del nivel acordado.
- Acuerdo en materia de órganos y procedimientos de valoración de la
situación de dependencia, de fecha 25 de enero de 2010, publicado por
Resolución de 4 de febrero de 2010 de la Secretaría General de Política
Social y Consumo; su contenido es objeto de desarrollo por las CCAA en
sus respectivas normas.
- Acuerdo para la mejora de la calidad de la prestación económica para
cuidados en el entorno familiar del SAAD, de fecha 25 de enero de
2010, publicado por Resolución de 4 de febrero de 2010 de la Secretaría
General de Política Social y Consumo; su contenido es objeto de
desarrollo por las CCAA en sus respectivas normas.
- Acuerdo del Proyecto de Real Decreto sobre las prestaciones económicas
del SAAD para el ejercicio 2010, de fecha 25 de enero de 2010. Se
incorpora al Real Decreto 374/2010, de 26 de marzo.
- Acuerdo sobre modificación del baremo de valoración de la situación de
dependencia establecido en el Real Decreto 504/2007, de 20 de abril,
de fecha 1 de junio de 2010, publicado por Resolución de 29 de junio de
2010 de la Secretaría General de Política Social y Consumo; su
contenido se incorpora al Real Decreto 174/2011, de 11 de febrero.
- Acuerdo relativo al Marco de Cooperación Interadministrativa y criterios
de reparto de créditos de la Administración General del Estado para la
financiación durante 2010-2013 del nivel acordado previsto en la Ley,
de fecha 1 de junio de 2010, publicado por Resolución de 15 de julio de
2010 del Instituto de Mayores y Servicios Sociales.
- Acuerdo sobre criterios comunes para la conceptualización, elaboración
y evaluación de buenas prácticas, de fecha 1 de junio de 2010,
publicado por Resolución de 30 de septiembre de 2011 de la Secretaría
General de Política Social y Consumo.
- Acuerdo sobre criterios para determinar las intensidades de protección
de los servicios y el importe de las prestaciones económicas para las
personas reconocidas en situación de dependencia en grado I, de fecha
34
28 de octubre de 2010, publicado por Resolución de 4 de noviembre de
2010 de la Secretaría General de Política Social y Consumo; se
incorpora al Real Decreto 175/2011, de 11 de febrero.
- Acuerdo de la Comisión Delegada del Consejo Territorial, de 21 de julio
de 2010, sobre criterios comunes para la aplicación del aplazamiento y
periodificación de las cuantías económicas debidas a las personas
beneficiarias en concepto de retroactividad de las prestaciones
económicas de cuidados en el entorno familiar.
- Acuerdo de 22 de diciembre de 2010 sobre el Proyecto de Real Decreto
por el que se modifica el Real Decreto 727/2007, de 8 de junio, sobre
criterios para determinar las intensidades de protección de los servicios
y la cuantía de las prestaciones económicas de la Ley 39/2006, de 14
de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las
Personas en Situación de Dependencia y se establecen las prestaciones
económicas de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, para el ejercicio
2011; incorporado al Real Decreto 570/2011, de 20 de abril.
- Acuerdo relativo al Marco de Cooperación Interadministrativa y criterios
de reparto de créditos de la Administración General del Estado para la
financiación durante 2009 del nivel acordado, de fecha 15 de abril de
2009, publicado por Resolución de 21 de mayo de 2009 del Instituto de
Mayores y Servicios Sociales.
- Acuerdo sobre objetivos y contenidos comunes de la información del
Sistema de Información del SAAD, de fecha 22 de septiembre de 2009,
publicado por Resolución de 4 de noviembre de 2009 de la Secretaría
General de Política Social y Consumo.
- Acuerdo sobre criterios comunes de acreditación en materia de
formación e información de cuidadores no profesionales, de fecha 22 de
septiembre de 2009, publicado por Resolución de 4 de noviembre de
2009 de la Secretaría General de Política Social y Consumo; su
contenido es objeto de desarrollo por las CCAA en sus respectivas
normas.
- Acuerdo sobre determinación de la capacidad económica del
beneficiario y sobre los criterios de participación de éste en las
prestaciones del SAAD, de fecha 27 de noviembre de 2008 y cuyo
contenido es objeto de desarrollo por las CCAA en sus normas
respectivas. Este acuerdo fue publicado por Resolución de 2 de
35
diciembre de 2008 de la Secretaría de Estado de Política Social,
Familias y Discapacidad.
- Acuerdo sobre criterios comunes de acreditación para garantizar la
calidad de los centros y servicios del SAAD, de fecha 27 de noviembre
de 2008. Su contenido es objeto de desarrollo por las CCAA en sus
respectivas normas, publicado por Resolución de 2 de diciembre de
2008 de la Secretaría de Estado de Política Social, Familias y
Discapacidad.
- Acuerdo de Proyecto de Real Decreto sobre determinación de la cuantía
de las prestaciones económicas del SAAD para el ejercicio 2009, de
fecha 22 de diciembre de 2008. Se incorpora al Real Decreto 73/2009,
de 30 de enero.
- Acuerdo relativo al Marco de Cooperación Interadministrativa y criterios
de reparto de créditos de la Administración General del Estado para la
financiación durante 2008 del nivel acordado, de fecha 23 de julio de
2008, publicado por Resolución de 8 de agosto de 2008 del Instituto de
Mayores y Servicios Sociales.
- Acuerdo de 22 de enero de 2007 por el que se constituye el Consejo
Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia y
aprobación de su Reglamento.
- Acuerdo en materia de valoración de la situación de dependencia, de
fecha 22 de enero de 2007, aprobado por Real Decreto 504/2007, de 20
de abril, por el que se aprueba el baremo de valoración de la situación
de dependencia, publicado por Resolución de 23 de mayo de 2007 del
Instituto de Mayores y Servicios Sociales.
- Acuerdo de 23 de marzo de 2007 de participación de las Diputaciones
Forales de la Comunidad Autónoma del País Vasco en el Consejo.
- Acuerdo por el que se aprueba el baremo de valoración de los grados y
niveles de dependencia y la escala de valoración específica para
menores de tres años, así como la homologación de los reconocimientos
previos para aquellas personas que tengan reconocido el complemento
de gran invalidez y para quienes tengan reconocido el complemento de
la necesidad del concurso de tercera persona, de 23 de marzo de 2007.
- Acuerdo sobre condiciones de acceso y cuantía de las prestaciones
económicas, de fecha 9 de mayo de 2007, cuyo contenido se incorporó
al Real Decreto 727/2007, de 8 de junio, sobre criterios para
36
determinar las intensidades de protección de los servicios y la cuantía
de las prestaciones económicas para el año 2007Abre nueva ventana.
- Acuerdo sobre criterios para las intensidades de protección de los
servicios, la compatibilidad e incompatibilidad entre los mismos y la
protección de los beneficiarios desplazados, así como de los emigrantes
españoles retornados, de fecha 9 de mayo de 2007. Su contenido se
incorporó al mencionado anteriormente Real Decreto 727/2007, de 8 de
junio.
- Acuerdo sobre el Marco de Cooperación Interadministrativa y criterios
de distribución de créditos de la Administración General del Estado
para la financiación del nivel acordado (artículo 32.3 de la Ley de
Dependencia) de fecha 9 de mayo de 2007, publicado por Resolución de
23 de mayo de 2007 del Instituto de Mayores y Servicios Sociales.
- Acuerdo de Proyecto de Real Decreto sobre determinación de la cuantía
de las prestaciones económicas del SAAD para el ejercicio 2008, de
fecha 21 de diciembre de 2007. Se incorpora su contenido al Real
Decreto 7/2008, de 11 de enero.
El Comité Consultivo del SAAD
El Comité Consultivo es un órgano colegiado, de naturaleza asesora, que tiene
como finalidad hacer efectiva, de manera permanente, la participación y la
colaboración de administraciones y organizaciones sindicales y empresariales
en el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia. Está regulado en el
artículo 40 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la
Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia y
ejerce sus funciones y actuación conforme a lo establecido en la citada Ley y
en el Reglamento aprobado en sesión constitutiva de 7 de febrero de 2007.
El Reglamento del Comité Consultivo, establece su composición,
funcionamiento y sus funciones, entre otras, las de informar, asesorar y
formular propuestas sobre materias que resulten de interés para el
funcionamiento del Sistema y, de forma especial, el Comité formulará
propuestas sobre aquellas materias relacionadas con el catálogo de servicios y
el contenido prestacional, el cumplimiento de los derechos y deberes de los
usuarios, el desarrollo e implantación de los servicios y programas, la
37
coordinación y cooperación entre las Administraciones Públicas, la
financiación y ejecución presupuestaria, la valoración, la calidad, el sistema
de información y el desarrollo normativo. Además recibe información de los
trabajos y acuerdos del Consejo Territorial. Todas sus funciones se atribuyen
sin menoscabo de las que corresponden a otros órganos de representación y
participación legalmente establecidos.
En definitiva, con la creación del Comité se hace efectiva de forma
permanente, nuestra participación institucional. Este órgano actúa en Pleno y
en Comisión Permanente. El Pleno del Comité deberá reunirse al menos dos
veces al año. La Comisión Permanente se reunirá al menos una vez cada dos
meses.
La composición del comité tiene carácter tripartito y está integrado por 18
representantes de las Administraciones Públicas distribuyéndose en, seis
representantes de cada una de las Administraciones (AGE, Autonómicas y
Entidades locales). Por otra parte, la representación de los Agentes Sociales
asciende a 18 de los cuales, 9 corresponden a las organizaciones patronales
CEOE/CEPYME y entidades asociadas del sector y 9 a las representaciones
sindicales de las cuales 4 nos corresponden a UGT, 3 representantes
corresponden a CCOO, un representante a ELA/STV y otro a CIGA.
El Presidente será el Secretario de Estado, de Servicios Sociales e Igualdad,
designado por el titular del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad.
El Vicepresidente primero será el representante que elijan de entre ellos las
organizaciones sindicales y empresariales.
El Vicepresidente segundo será el representante que elijan de entre ellos las
Administraciones Públicas.
El Secretario será el titular de la Subdirección General del Instituto de
Mayores y Servicios Sociales, con competencia en el apoyo técnico y jurídico a
los órganos consultivos del Instituto.
Es paritario entre Administraciones Públicas por una parte y organizaciones
sindicales y empresariales por otra. En consecuencia, lo acuerdos se adoptan
por mayoría de los votos emitidos en cada una de las partes.
38
El Comité elabora un Informe Anual sobre las actividades que en materia de
informes, asesoramientos y propuestas haya realizado sobre el SAAD. Debido
a todo el necesario desarrollo legal inicial que era necesario para la
implantación del SAAD, el Comité Consultivo ha emitido informes de carácter
no vinculante, para su posterior presentación ante el Consejo Territorial, como
es el caso de los siguientes Reales Decretos, Reglamentos y Acuerdos:
- Reglamento del Consejo Territorial.
- Reglamento de funcionamiento del Comité Consultivo.
- Baremo de valoración de la situación de dependencia.
- Nivel mínimo de protección del SAAD garantizado por la AGE.
- Regulación de la Seguridad Social de los cuidadores de las personas en
situación de dependencia.
- Acuerdos en materia de valoración de la situación de dependencia.
- Marco de cooperación interadministrativa y criterios de reparto de
créditos de la AGE para la financiación del nivel acordado, previsto en
la Ley 39/2006.
- Intensidades de protección de los servicios y cuantía de las prestaciones
económicas.
- Acuerdo de determinación de la capacidad económica del beneficiario y
los criterios de participación de éste en el coste de los servicios.
- Acuerdo sobre acreditación de centros, servicios y entidades.
- Modificaciones anuales respecto a los niveles mínimos de protección de
la AGE y la actualización de las cuantías de prestaciones económica.
El Comité Consultivo podrá constituir comisiones o grupos de trabajo a los
que se podrá convocar a expertos seleccionados por razón de la materia que se
vaya a tratar para la mejor realización de sus cometidos.
La Comisión Permanente es un órgano del Comité Consultivo creado para
dotarle de mayor agilidad y eficiencia, y está formada por dos vocales de la
representación de la Administración General del Estado, dos vocales en
representación de las Administraciones Autonómicas, dos vocales en
representación de la Administración Local, seis en representación de las
organizaciones sindicales y seis en representación de las organizaciones
empresariales. El Presidente será el titular de la Dirección General del
Instituto de Mayores y Servicios Sociales y las Vicepresidencias serán elegidas
39
una por parte de las organizaciones sindicales y otra por parte de las
empresariales. Sus funciones son:
- Elevar informes y propuestas al Pleno.
- Coordinar los grupos de trabajo.
LUCES Y SOMBRAS DEL SAAD: DEL LIBRO BLANCO DE LA ATENCIÓN A
LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA EN ESPAÑA A LA
SITUACIÓN ACTUAL DEL SAAD. LAS ÚLTIMAS REFORMAS DEL SAAD Y
SU REPERCUSIÓN.
Durante los últimos años, nuestro país ha venido destacándose por la falta de
progreso en las políticas sociales. Las mayores deficiencias de nuestra
protección social se sitúan en la protección a la familia y en la atención a las
personas con necesidades de cuidados. Las responsabilidades familiares se
remiten al ámbito privado a pesar de tener repercusiones públicas y por tanto
se exigen soluciones públicas. Las escasas políticas de gasto social dirigidas a
la creación de servicios de atención destacan no sólo por su insuficiencia en
cuanto a la cobertura de necesidades sino por los elevados costes de acceso a
los mismos.
Todo esto ha venido a contribuir al notable incremento de estos servicios a
través de la iniciativa privada, con la repercusión inmediata sobre el descenso
de los servicios públicos aparejado con costes inalcanzables para la mayoría
de las familias, ¿Quién cuida a nuestros dependientes?
También a lo largo de los últimos años, nos hemos visto inmersos en una
dicotomía. Los derechos laborales relacionados con los permisos, excedencias,
reducciones de jornadas para la atención de las responsabilidades familiares,
son ejercidos abrumadoramente por las mujeres lo que tiene una clara
repercusión negativa sobre su mantenimiento en el empleo, la promoción, las
retribuciones y la protección social. El mantenimiento de la división sexista del
trabajo ha influido negativamente en la tasa de actividad femenina en España,
que es de las más bajas de Europa.
Para las mujeres trabajadoras consolidar su posición en el mercado de trabajo
y evitar la pérdida del mismo, junto con la dificultad para compatibilizar el
40
trabajo retribuido con las responsabilidades familiares, ha supuesto por un
lado, la postergación de la maternidad e incluso la renuncia a la misma
contribuyendo en cierta medida al descenso de la natalidad, y por otro la
imposibilidad de poder atender a los familiares en situación de dependencia
generalmente madres y padres. Pensemos que no sólo ha cambiado la
estructura familiar; sino el modelo de familia, la configuración y distribución
de los hogares, las distancias y dificultades de desplazamiento en las grandes
ciudades, la emigración de las zonas rurales…
Pese al envejecimiento demográfico en España, que se viene planteando desde
hace algunos años, junto con el debilitamiento de la red de cuidados
informales que vienen procurando las familias; no ha existido en nuestro país,
una política integral de protección a los mayores. Se necesitaba un nuevo
derecho de protección social en el que se de cobertura a las situaciones de
dependencia. El modelo de apoyo informal o familiar era indefendible. Cada
vez existen más personas que precisan cuidados de larga duración y hay
menos cuidadores en edad de cuidar, bien porque se incorporan o quieren
incorporarse al mercado de trabajo, o por la disminución paulatina de los
cuidadores informales.
¿Quién cuida a las personas dependientes?
En términos aproximados, se estima que en 2005 (mayores que reciben
cuidados 1.226.18) en torno al 70% de las personas dependientes reciben
cuidados exclusivamente a través de la familia, un 15% son atendidos por
medio de servicios privados, cuyo coste corre a cargo exclusivo de los recursos
del beneficiario y/o de su familia, y alrededor de otro 15% reciben atención de
los servicios sociales públicos.
Si tenemos en cuenta que el tiempo de ayuda en los cuidados informales
oscila entre las 22 y 42 h/s, dependiendo de la edad y el grado de
dependencia, es fácil apreciar el grado de este trabajo no mercantilizado o
gratuito al liberar a la sociedad de una serie de cargas, pero el coste final
terminará pagándolo “el cuidador”.
La mujer y los cuidados de las personas dependientes
Si el cuidado de las personas dependientes, descansa en las familias, según la
encuesta del IMSERSO 2004, el 84% del total de los cuidadores son mujeres.
41
La edad media de las mujeres cuidadoras es de 53 años, de las cuales el 70%
tiene más de 45 años y un 20% de las cuidadoras tiene más de 65 años. Esta
situación supone en bastantes ocasiones, la renuncia a un trabajo o la
aceptación de trabajos temporales o a tiempo parciales.
En cualquier caso, supone una pérdida de ingresos, tanto en el momento de la
ayuda como en sus derechos futuros, en materia de pensiones o en protección
por desempleo. El 73% no tienen actividad laboral retribuida; un 26%
compatibiliza el trabajo remunerado con los cuidados a los mayores.
El Sistema de Dependencia iba a tener una dimensión de género evidente que
conviene resaltar de forma permanente. En primer lugar, en el ámbito laboral,
porque va a facilitar que muchas de las actuales cuidadoras puedan
incorporarse al mercado de trabajo. En segundo lugar, en el ámbito de los
derechos sociales, porque va a posibilitar que aquellas mujeres que opten por
seguir cuidando a un familiar puedan acceder más fácilmente a las
prestaciones de la Seguridad Social, especialmente las pensiones, como
derecho propio. En tercer lugar, en el ámbito personal, porque la realización
de esos cuidados por profesionales va a mejorar la calidad de vida, desde luego
de los beneficiarios, pero también de las cuidadoras actuales. En cuarto lugar,
aunque es tarea más compleja, refuerza el principio de igualdad al liberar a la
mujer de unas cargas que en el modelo familiar tradicional se les asigna
específicamente a ella.
La Ley de Dependencia, iba a dar respuesta a las necesidades de atención a
los cuidados de larga duración, generando grandes expectativas tanto a las
personas con discapacidad, a las personas mayores y a sus familias; como a
los puestos de trabajo que iba a generar en el sector.
Según los datos del Libro Blanco, se estimaba que la puesta en marcha del
sistema generaría unos 269.000 puestos de trabajo. La mayoría de las nuevas
ocupaciones afectaban a colectivos como personas con cualificación y
experiencia en servicios socio-sanitarios y a las mujeres que tienen mayores
dificultades de inserción laboral como son las que viven en el medio rural con
escasas posibilidades de empleo, las que tienen escasa cualificación
profesional, mayores de cuarenta y cinco años y con difícil empleabilidad.
42
La realidad, después de ocho años después de la ley, es otra, no se ha
generado nuevo empleo que hubiese contribuido a bajar la tasa de desempleo
de nuestro país, en especial el del llamado paro estructural y, a su vez, elevar
la tasa de actividad y luchar contra la temporalidad.
El sistema de financiación de las prestaciones y los grandes recortes que esta
sufriendo la ley junto con la crisis que estamos sufriendo desde finales de
2007 han abocado a que nos planteemos en la situación actual si el sistema
para la dependencia protege íntegramente y en condiciones de igualdad a los
beneficiarios de esta ley.
Para desarrollar el sistema de atención a la dependencia se requería
flexibilizar la entrada en vigor de la Ley, con un amplio calendario de
aplicación con el fin de acompasar el reconocimiento de derechos a los
servicios, con la creación de la infraestructura necesaria para ello. Pero este
calendario de implantación, ha sufrido modificaciones retrasando el derecho a
miles de personas valorados con grado I de dependencia, como analizaremos
en el siguiente apartado dedicado a nuestra valoración sindical ante las
últimas reformas del actual Gobierno que está suponiendo el
desmantelamiento de la Ley de Dependencia.
UGT Y LA PROTECCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE
DEPENDENCIA
Tras las últimas reformas acometidas al SAAD, hemos pasado de un nuevo
modelo de protección social a un sistema desvirtuado de su pretensión inicial,
donde la universalidad en el acceso y la atención a las personas de forma
integral e integrada ha quedado dibujada como un mero testimonio que
enunciaba la ley.
En un escenario donde se ha eliminado el nivel acordado del sistema de
financiación, de recortes presupuestarios, de reducción de las cantidades
económicas a abonar a los beneficiarios, de paralización de la ley impidiendo
que los dependientes menos graves entren a formar parte del sistema, de
revisión de la prestación económica de cuidados en el entorno familiar, de
suspensión del convenio especial y donde más de 140.000 cuidadores dejan de
cotizar a la Seguridad Social, de incremento del copago en las prestaciones a
43
la vez que se paralizan las prestaciones, desde UGT dudamos cómo se puede
atender íntegramente a las personas en situación de dependencia, paralizando
la aplicación de la ley, estableciendo una incompatibilidad completa de las
prestaciones o reduciendo el número de horas de atención en el domicilio,
cuando éstas no eran suficientes para atender a los beneficiarios.
Estas reformas se han hecho de manera unilateral por el Gobierno cuando la
naturaleza y el objeto de la Ley de Dependencia se basaba en el compromiso y
una actuación conjunta de todos los poderes públicos, a través del Consejo
Territorial, actualmente Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema
para la Autonomía y Atención a la Dependencia, y de los agentes sociales a
través de órganos como el Comité Consultivo, en la que nuestra participación
está vinculada a emitir informes de carácter no vinculante, para su posterior
presentación ante el Consejo Territorial.
Esta ha sido la dinámica desde que se aprobó la Ley, pero tras la entrada en el
Gobierno del Partido Popular, se elimina todo el proceso de diálogo social e
incluso se obvia la participación a través del Comité Consultivo, al haberse
producido cambios legislativos sin que tan siquiera se haya convocado al
Comité.
El Sistema de Información del Sistema para la Autonomía y Atención a la
Dependencia (SISAAD)
La Orden SSI/2371/2013, de 17 de diciembre, por la que se regula el Sistema
de Información del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia,
determina los datos mínimos y obligatorios a incorporar en el SISAAD para
disponer de información homogénea de la dependencia en todos los territorios
y promover una mayor coordinación y transparencia del sistema; quedando
derogada la Orden TAS/1459/2007, de 25 de mayo, que hasta ese momento
regulaba el SISAAD.
Desde UGT, valoramos que, si bien los datos a incluir son unos a efectos de
información y gestión, y otros para la liquidación del nivel mínimo, se trata tan
sólo de intercambio de datos entre administraciones para liquidar, de
transparencia interadministrativa y no existe ninguna intención de hacerlos
públicos, es decir, no quiere decir que se vaya informar, sobre el estado del
SAAD al Comité Consultivo, a los órganos de participación institucional del
44
IMSERSO, ni a la sociedad en general, a través de estadísticas o de informes o
evaluaciones anuales.
Esperábamos unos cambios de mayor calado, al ser este fruto de la decisión
del Consejo Territorial de encomendar a la Comisión Delegada la elaboración
de una propuesta para adaptar, modificar o, en su caso suprimir, los datos a
incluir en el SISAAD, dando para ello un plazo de 6 meses. Pero tan sólo se ha
introducido algún párrafo, con alguna mejora, y que nos hace pensar que su
fundamentación viene dada más por el informe de fiscalización de la gestión
económico-financiera y de la aplicación de la Ley 39/2006 que realizó en este
año el Tribunal de Cuentas, que por aportaciones y mejoras surgidas en esta
Comisión Delegada.
De esta manera, uno de los módulos que integra el SISAAD es el de aplicación
de gestión donde se sitúa el módulo de pagos de la liquidación del nivel
mínimo de protección a cada CCAA en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley
39/2006 según los beneficiarios con derecho a prestación. Este cálculo del
importe de las liquidaciones en concepto de nivel mínimo se efectúa por el
IMSERSO mensualmente por cada beneficiario según el grado. El Tribunal de
Cuentas estimó conveniente que el procedimiento de libramiento de los fondos
destinados a la financiación del nivel mínimo de protección a las CCAA debería
fundamentarse a través de certificaciones de los órganos competentes de las
CCAA.
Aquí vemos uno de los cambios, ya que si bien ya en el Acuerdo del 10 de julio
de 2012 del Consejo Territorial, las CCAA acordaron expedir, anualmente, un
certificado cuyo contenido mínimo fuera el reflejo del crédito recibido y
notificado de los PGE, y donde se especificara la aplicación finalista de estos
créditos, con indicación de la aportación realizada por la Comunidad
Autónoma y la aplicación presupuestaria donde se imputan dichos créditos en
sus Presupuestos, a partir de ahora se impone la obligación de expedir
mensualmente una certificación de los datos incorporados en el SISAAD hasta
el 25 de cada mes. Todo ello en consonancia con lo apuntado por el Tribunal
de Cuentas.
45
El Informe del Tribunal de Cuentas de Fiscalización de la gestión económico-
financiaría y de la aplicación de la Ley de Dependencia
El Tribunal de Cuentas, en 2013, realizó un informe acerca de la gestión
efectuada en el periodo de tiempo de 2007 a 2011, analizándose información
de los Servicios Centrales del IMSERSO y de las CCAA de Cataluña, País
Valenciano, Comunidad de Madrid, Canarias, Asturias y Andalucía.
Este informe tenía como objetivos, los siguientes:
- Verificar la colaboración y la participación del Imserso en el SAAD,
concretamente como responsable de la administración del SISAAD, en cuanto
a mantenimiento, gestión y control sobre la información en la aplicación
informática.
- Verificar que las aportaciones del nivel mínimo efectuadas por el Imserso, se
realizaron de acuerdo con los principios de legalidad y de buena gestión
financiera, concretamente la correspondencia con los datos sobre
reconocimiento de grado y nivel de situación de dependencia existente en las
CCAA.
- Verificar los convenios de colaboración entre la AGE y las CCAA para
financiar el nivel de protección acordado.
- Verificar las aportaciones de los territorios para la financiación de los gastos
originados por la aplicación de la Ley.
En cuanto a las incidencias que detectó el Tribunal de Cuentas, a
continuación os destacamos las siguientes:
- Reconocimiento del Derecho a la Situación de dependencia: no se ha
respetado el plazo de 6 meses desde la solicitud a la resolución de
reconocimiento de la prestación de dependencia.
- Prestaciones del SAAD: las prestaciones económicas por cuidados
familiares no han sido excepcionales, tal y como marca la Ley. Estamos ante
un sistema de subsidios que no garantiza calidad ni autonomía personal.
- SISAAD: no se obligaba a las CCAA a su uso. No coincide la información
de las CCAA con la que obra en el SISAAD. Las CCAA no han comunicado
fallecimiento de los dependientes y el IMSERSO, en financiación del nivel
46
mínimo, les ha seguido abonando las cantidades por ese dependiente que ya
ha fallecido (financiación indebida de estas CCAA).
- Nivel mínimo: El IMSERSO abona en función del reconocimiento de la
fecha de efectos de la prestación o servicio.
- Contraste SISAAD con otras bases de datos: cuando hay revisiones, las
CCAA no suelen cambiar los datos y el nivel mínimo de protección no se
efectúa de acuerdo con la realidad.
- Financiación indebida: CCAA han recibido liquidaciones económicas por
personas dependientes que todavía no percibían prestaciones. En el
procedimiento del libramiento el IMSERSO no puede verificar los datos ya que
son elaborados y remitidos por las CCAA en su competencia (salvo
fallecimientos por INE o Mº Justicia). Deficiencias:
o Existencia de beneficiarios fallecidos.
o Duplicidad de los beneficiarios.
o Falta de actualización de grados y niveles.
o Inexistencia de beneficiarios.
- Mejora: certificaciones de las CCAA donde se recoja los beneficiarios a fin de
mes por grado y nivel, prestaciones reconocidas, fecha de efectividad y
beneficiarios fallecidos.
- Importe devengado en concepto de Seguridad Social de los convenios
especiales de los cuidadores no profesionales, hasta diciembre 2011 por el
Imserso al INSS: 1.015.341.136 €. Se ha pagado 226.689.872, un 22,33% y
faltan 788.651.264, un 77,67%. Esto es debido a la falta de crédito en los
presupuestos del Imserso. El Imserso debería haber computado estos importes
pendientes de pago en su cuenta de resultados.
- Copago: entre las CCAA existen diferencias en cálculo y tratamiento de
la participación.
- Financiación de la AGE y las CCAA: diferencias por los diferentes
copagos territoriales y no se garantiza que en las certificaciones de gastos e
ingresos estén todos y sean todos.
47
El Reparto de Créditos de la AGE
La regulación que se aprobó para el reparto de créditos de la Administración
General del Estado para la financiación 2010-2013, del nivel acordado, se
intentó ponderar estos criterios dando más peso a la población valorada como
dependiente en detrimento de los potenciales dependientes, a la prestación de
servicios y creación de infraestructura. Pese a esto, la población
potencialmente dependiente tenía un peso, que a nuestro juicio era excesivo; y
debería haberse dado mayor importancia en la distribución de los créditos, los
relativos a los dictámenes de grado y nivel, los Programas Individuales de
Atención y las Prestaciones de servicios reconocidas.
Para nuestro Sindicato, en este ámbito de distribución de los créditos, pese a
que se había iniciado un avance, aún quedaban mecanismos por corregir, a
través de los fondos económicos se deberían haber incentivado a aquellas
CCAA que priorizaban y hacían un esfuerzo por conceder prestaciones en
servicios, no solo por cumplimiento de la ley en cuanto a la excepcionalidad de
las prestaciones económicas, que los beneficiarios sean atendidos por
profesionales dando calidad en la prestación del servicio y creando puestos de
empleo, sino también porque el coste que supone para una CCAA, conceder
un servicio, triplica al coste que supone conceder una prestación económica.
Se perdió una gran oportunidad para lograr que las Administraciones
desarrollasen una red de servicios como era el marco de cooperación
Interadministrativa, actualmente eliminado. Se podría haber dado un mayor
peso, un mayor porcentaje a la hora de ponderar y distribuir los créditos entre
los territorios, a la creación de servicios e infraestructura, criterio este que
para nuestro Sindicato era el correcto y que significaba ponderar con criterios
finalistas.
Lo cierto es que con el camino que ha recorrido el SAAD, se puede vislumbrar
los atisbos por los que la Ley puede desviar su camino de cara a la
consecución de su objetivo final que es la regulación de las condiciones
básicas que garanticen la igualdad de derechos de promoción de la autonomía
y atención a la dependencia a todos los ciudadanos en cualquier parte del
48
territorio, mediante la creación de un Sistema configurado como una red de
utilización pública de centros y servicios.
El Funcionamiento del Comité Consultivo
Desde UGT hemos venido manifestando que muchas de las diferencias
territoriales que se plantean en el desarrollo del sistema tienen como
consecuencia el gran desarrollo normativo que deben hacer las CCAA, para
que la ley se pueda implantar. No obstante, a la hora de realizar los
correspondientes acuerdos a través del Consejo Territorial, es totalmente
necesario que se concreten y recojan de una forma más explícita los puntos a
regular, por lo que se hace imprescindible reforzar el proceso de coordinación
interadministrativa. Muchos de los acuerdos presentados son abstractos,
remitiéndose a un al desarrollo legislativo ulterior de las Comunidades
Autónomas, por lo que lejos de concretar los criterios comunes a través de un
acuerdo, nos conducen a incrementar las diferencias territoriales que esta ley
había tratado de paliar.
Las Prestaciones para el Cuidado en el Entorno Familiar
Es innegable que, pese a la clara intencionalidad de la Ley de proveer a las
personas en situación de dependencia de servicios para su cuidado y atención
integral, se estaba optando claramente por la concesión de prestaciones para
el cuidado en el entorno familiar, sin tener en cuenta el carácter excepcional
que tiene esta prestación. Desde el Sindicato consideramos que debemos
asegurarnos, que las prestaciones económicas para el cuidado familiar, se
conceden teniendo en cuenta las necesidades reales que pueda presentar una
persona en situación de dependencia valorando aquellos supuestos en los que
no es posible su concesión, ya sea por el estado de salud del beneficiario o por
no reunir el cuidador todos los requisitos para su concesión. Para ello es
imprescindible realizar un seguimiento en la prestación. A nuestro juicio,
deberíamos dar un paso más, planteando en qué casos esta prestación no es
idónea siendo conscientes que existe un amplio catálogo de servicios que
podrían otorgarse para que la atención que reciba el beneficiario sea integral.
49
Siempre hemos sido conscientes que hasta que la red de servicios no esté
totalmente implantada, las prestaciones económicas iban a ser las más
utilizadas en el sistema; pero no por ello había que conformarse con que todo
el periodo de implantación de la ley se desarrollara únicamente mediante la
vía de la prestación económica, haciendo dejación de lo que estipula la propia
ley en el sentido de que tanto la prestación económica vinculada al servicio
como la prestación para cuidados en el entorno familiar debe ser concedida
con carácter excepcional. Con esta situación se corría el riesgo de generalizar
lo que en el Acuerdo firmamos los Interlocutores Sociales y alcanzado a través
del diálogo social, la Ley y el Parlamento hemos querido hacer excepcional, ya
que la consecuencia inmediata era acrecentar el problema, puesto que lo
previsible es que los mayores sigan aumentando y la red de cuidados
familiares disminuya.
Pese a que se avanzó en esta línea a través de la modificación de las
condiciones de la prestación económica para cuidados en el entorno familiar;
nuestra reivindicación iba más allá y consideramos que los Programas
Individuales de Atención, deben ser resueltos de forma justificada, exponiendo
la causa por la que se ofrece un tipo de servicio o prestación, analizando el
entorno, las condiciones del beneficiario y el cuidador, y no dejar toda la
elección a las familias, sin que se tenga en cuenta la capacidad de asumir el
cuidado y que se cumplen las necesidades básicas del beneficiario.
Las Reformas del SAAD a través del Real Decreto-Ley 20/2011
Una de las grandes modificaciones de la Ley 39/2006 de Promoción de la
Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia se
efectuó a través del Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas
urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección
del déficit público. Contempló el retraso de un año en la incorporación de los
nuevos beneficiarios al sistema, afectando a las personas en situación de
dependencia moderada con grado I nivel 2 que no hubieran sido valoradas
como tal a fecha 31 de diciembre de 2011, y en cadena a las incorporaciones
que se iban a realizar en los años siguientes. Si bien esta modificación era
clara, veíamos como en la disposición final octava de los Presupuestos
Generales del Estado que se presentaron para el año 2012, se añadió la
50
coletilla que a estos dependientes valorados se les ha tenido que reconocer
previamente la prestación concreta que van a recibir y por tanto con PIA
aprobado, lo que significa que se realiza otra modificación de su reciente
modificación quitando la efectividad del derecho para estos beneficiarios.
Las Reformas del SAAD a través del Real Decreto-Ley 20/2012
Para UGT, las medidas de esta disposición suponen un atentado contra los
derechos sociales reconocidos en una ley histórica que marcó un hito en los
servicios sociales y en la política social, atendiendo las necesidades específicas
de aquellas personas que lo requieran y avanzando en la consolidación de
nuestro Estado de Bienestar.
Con esta ley avanzamos en la configuración de un marco estable de servicios
sociales para atender de forma integral e integrada a los ciudadanos que lo
requieran. ¿Cómo podemos atender íntegramente a las personas en situación
de dependencia, paralizando la aplicación de la ley, estableciendo una
incompatibilidad completa de las prestaciones o reduciendo el número de
horas de atención en el domicilio, cuando éstas no eran suficientes para
atender a los beneficiarios?
Las modificaciones que se han efectuado suponen un quebrantamiento de la
ley y una ruptura del sistema y todas las medidas que se han acordado
suponen recortes económicos cuyo objetivo es reducir el déficit público sin que
en ningún momento se garantice el derecho a la promoción de la autonomía
personal y atención a las personas en situación de dependencia.
Bajo el paraguas de la sostenibilidad económica, se ha modificado el copago
del beneficiario, sin que se haya hablado del verdadero grueso de la
sostenibilidad del sistema que es la financiación, la aportación del nivel
comprometido por parte de la Administración General del Estado.
La revisión de la prestación económica de cuidados en el entorno familiar con
una rebaja del 15% en las prestaciones, supone un ahorro aproximado de
unos 292 millones de euros. El cálculo lo hemos realizado en función del
número de prestaciones reconocidas en función del grado y nivel; la
suspensión del convenio especial realizado con la Seguridad Social, dejándolo
51
voluntario para aquellos cuidadores que asuman ellos las cuotas, a grandes
rasgos suponen un ahorro anual para la Administración General del Estado de
más de 350 millones de euros, obteniendo esta cifra del resultado de
multiplicar el número de suscriptores del convenio que existen en la
actualidad y el importe mensual de la cotización a la seguridad social; La
rebaja del nivel mínimo que aporta el Estado cuya cifra de ahorro hemos
calculado que ronda los 176 millones de euros, tomando como base para el
cálculo el número de beneficiarios con derecho a percepción y el grado y nivel
de dependencia de cada uno.
Cambiar los criterios de los cuidadores informales, eliminar la retroactividad
en las prestaciones para los cuidadores informales, establecer un periodo de 8
años para el abono de las prestaciones con carácter retroactivo de aquellos
beneficiarios que aún no se les ha abonado su prestación. Estos son los
recortes que le esperan a una ley de atención y cuidados; a una ley de
derechos en la que se está hablando de desigualdad de la Ley, de fraude de los
cuidadores etc., con el único objetivo de justificar la modificación de la Ley,
cuando lo único cierto es el incumplimiento normativo por parte de algunas
Comunidades Autónomas a la hora de aplicar la normativa existente, y a
desarrollar sus propias normas dentro de su ámbito competencial.
La cifra de ahorro anual que estos recortes suponen para la Administración
General del Estado asciende a 818 millones de euros, sin contar los 283
millones de euros de aportación del Estado para el nivel conveniado que
eliminó el Gobierno en junio vía Presupuestos Generales del Estado, 1.100
millones de euros aniquilados en un escenario en el que para atender al
Sistema de dependencia los cálculos se estimaban un 1% del PIB. Esta es a
nuestro juicio, la demostración más evidente que la crisis se paga con la
eliminación y recorte de los derechos sociales conquistados.
El Real Decreto Ley, se encuentra salpicado de una serie de medidas de
racionalización que en la práctica suponen una reforma encubierta de la ley
vía decretazo y por procedimiento de urgencia, lo que supone que una ley
consensuada y votada en el parlamente por mayoría absoluta, con el apoyo y
consenso de los Interlocutores Sociales, modifica sus principios básicos que
inspiraron la ley pasando de una nueva modalidad de protección social que
ampliaba y complementaba la acción protectora del Estado y de la Seguridad
52
Social, a un sistema asistencialista; donde la universalidad en el acceso, la
atención a las personas de forma integral e integrada se quedará dibujada
como mero testimonio que enunciaba la ley.
Conviene aclarar que la modificación de la regulación de la participación del
usuario al SAAD, lo que viene a denominarse copago, no se regula en la norma
que nos ocupa, sino que será en un Real Decreto aparte que está pendiente de
publicación en el BOE. Si bien en el Comité Consultivo de 6 de julio se nos
presentó un borrador, todavía no tenemos el texto definitivo para su
valoración.
Observaciones de carácter particular sobre las distintas modificaciones
normativas:
- Artículo 8, Ley 39/2006: Dentro del paquete de medidas de racionalización
del Sistema se modifica la composición del Consejo Territorial del Sistema,
para crear uno nuevo denominado: Consejo Territorial de Servicios Sociales y
del Sistema para la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia; como
instrumento de cooperación para la articulación de los servicios sociales y la
atención a la dependencia.
- Artículo 9.1, Ley 39/2006: El Gobierno, oído el Consejo Territorial de
Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la
Dependencia, determinará el nivel mínimo de protección garantizado para
cada uno de los beneficiarios del Sistema, según el grado de su dependencia,
la asignación del nivel mínimo entre las comunidades autónomas se realizará
considerando el número de beneficiarios, el grado de dependencia y la
prestación reconocida.
El gran cambio que se produce aquí, es que hasta ahora el Gobierno asignaba
a las Comunidades Autónomas un nivel mínimo de protección a través de una
cuantía económica, determinada en función del número de beneficiarios que
tiene cada Comunidad y el grado de dependencia con una serie de criterios
ponderadores como la dispersión geográfica y rural etc. Con esta modificación
se tendrán en cuanta no solo el número de beneficiarios y su grado de
dependencia sino también la prestación que ha sido reconocida, primando la
prestación de servicios sobre cualquier otra.
- Grados de dependencia
53
Hasta ahora la valoración de las personas en situación de dependencia se
establecía en función de los grados de dependencia; gran dependencia, severa
y moderada, y dentro de cada uno de los grados se clasificaban en dos niveles,
en función de la autonomía de las personas y la intensidad de los cuidados
que requieren. Se eliminan por razones que no podemos compartir, basadas
fundamentalmente en criterios de pérdida de recursos, los dos niveles; sin que
ahora podamos determinar en qué intervalo se encuentra el beneficiario.
Por tanto todas las alusiones que realiza la ley al grado y nivel de dependencia
se suprime el nivel dejando únicamente el grado o tipo de dependencia.
Se establece una disposición transitoria respecto a los beneficiarios
reconocidos con anterioridad a la entrada en vigor de este RD-ley de manera
que quienes, tengan reconocido un grado y nivel de dependencia no precisarán
de un nuevo reconocimiento de su situación de dependencia. No obstante, en
caso de revisión del grado y nivel de dependencia que tuvieran reconocido, la
valoración resultante se adaptará a la nueva estructura de grados recogida.
- Artículo 25 bis, Ley 39/2006. Régimen de incompatibilidad de las
prestaciones.
Las prestaciones económicas serán incompatibles entre sí y con los servicios
del catálogo establecidos en el artículo 15, salvo con los servicios de
prevención de las situaciones de dependencia, de promoción de la autonomía
personal y de teleasistencia.
Se establece un régimen de incompatibilidad de las prestaciones, cambiando
drásticamente el sistema anterior en el que todas las prestaciones eran
compatibles excepto el servicio de atención residencial. A nuestro juicio esto
supone una grave distorsión de la ley y del sistema, puesto que si un principio
de la ley, es la atención integral e integrada de los beneficiarios y ya poníamos
anteriormente en duda la efectividad de este principio. En estos momentos
podemos afirmar que las horas de ayuda a domicilio son claramente
insuficientes para atender a una persona y más si no se permite
compatibilizar con un centro día.
No obstante, establece este mismo artículo que las administraciones públicas
competentes podrán establecer la compatibilidad entre prestaciones para
apoyo, cuidados y atención que faciliten la permanencia en el domicilio a la
54
persona en situación de dependencia, de tal forma que la suma de estas
prestaciones no sea superior, en su conjunto, a las intensidades máximas
reconocidas a su grado de dependencia.
- Artículo 29.1, Ley 39/2006.
En el marco del procedimiento de reconocimiento de la situación de
dependencia y las prestaciones correspondientes, son los servicios sociales los
que establecen el programa individual de atención en función de la modalidad
más adecuada al beneficiario previa consulta de éste.
Se añade un nuevo punto: “la determinación de la prestación económica por
cuidados en el entorno familiar corresponderá a la Administración
competente, a propuesta de los servicios sociales”.
Esto es, ahora la opinión del beneficiario o sus familias no se va a tener en
cuenta para otorgar la prestación económica del cuidador informal y esta se
concederá únicamente si lo determinan los servicios sociales. La reflexión que
hacemos en este punto es que desde luego nosotros nunca fuimos participes
de la idea que fuera el beneficiario el que decidiera en exclusiva cual era la
intervención más adecuada a el, puesto que existen mucho criterios objetivos
que la persona en situación de dependencia no puede valorar por si misma,
aun así es excesivamente riguroso este articulo y en la práctica supone la total
eliminación de esta prestación económica, bajo el argumento de promover los
servicios cuando en la práctica lo que ocurrirá es la desaparición de esta
prestación, con el consiguiente ahorro sin que este dinero se destine a
promover los servicios.
- Modificación apartados 1 y 3 de la disposición final primera
La efectividad del derecho a las prestaciones de dependencia incluidas en la
presente ley se ejercitará progresivamente, de modo gradual, y se realizará:
- A partir del 1 de julio de 2015 al resto de quienes fueron valorados en el
Grado I de Dependencia Moderada, nivel 2.
- A partir del 1 de julio de 2015 a quienes hayan sido valorados en el Grado I,
nivel 1, o sean valorados en el Grado I de Dependencia Moderada.
55
Esto viene a suponer que hasta julio de 2015 no entraran a formar parte del
sistema los dependientes moderados.
- Prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar, reconocidas y
no percibidas.
Se modifica el derecho de acceso a las prestaciones de cuidadores informales,
rompiendo la generación de este derecho que existía desde la fecha de la
resolución de reconocimiento de las prestaciones o, en su caso, desde el
transcurso del plazo de seis meses desde la presentación de la solicitud sin
haberse dictado y notificado resolución expresa de reconocimiento de la
prestación. De tal forma que cuando sea concedida una prestación económica
de cuidadores informales para generar el derecho, esto es para percibir la
prestación económica queda sujeta a un plazo de 2 años, sin que se genere
ningún tipo de retroactividad en los pagos, plazo que se interrumpirá en el
momento en que el interesado empiece a percibir dicha prestación. En la
práctica viene a significar que la mayoría de las Administraciones tendrán dos
años para hacer efectiva esta prestación, sin que pueda generar en el
beneficiario ningún tipo de derecho retroactiva para el abono de las cantidades
devengadas y no percibidas. Este es un paso más para la eliminación de esta
prestación que a nuestro juicio realiza el Gobierno por la vía del decreto.
Se establece una disposición adicional sobre la generación de efectos
retroactivos y suspensivos en la generación de derechos para en las
prestaciones económicas para el cuidador informal:
Para aquellos beneficiarios que les hayan sido otorgada esta prestación
económica y aún no la perciban, dejarán de producir efectos
retroactivos, y sólo conservarán, el derecho a percibir las cuantías que,
en concepto de efectos retroactivos, hayan sido ya devengadas hasta el
momento de entrada en vigor de este RD-ley (15 de julio).
A partir de la fecha de entrada en vigor de este real decreto-ley, para los
beneficiarios de las prestaciones económicas para cuidados en el
entorno familiar, quedarán sujetas a un plazo suspensivo máximo de
dos años a contar desde la fecha de la resolución de reconocimiento de
la prestación o, en su caso, desde el transcurso del plazo de seis meses
desde la presentación de la solicitud sin haberse dictado y notificado
resolución expresa de reconocimiento de la prestación.
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- Solicitudes de reconocimiento de la situación de dependencia pendientes de
resolución a la entrada en vigor de este real decreto-ley.
En el caso de aquellas personas que hayan presentado una solicitud de
reconocimiento de la situación de dependencia con anterioridad a la entrada
en vigor de este real decreto-ley que se encuentre pendiente de resolución a
esa fecha, el derecho de acceso a las prestaciones económicas para cuidados
en el entorno familiar estarán sujetas a un plazo suspensivo máximo de dos
años. Desde UGT entendemos que este plazo por interpretación del artículo
anterior no va a generar derechos retroactivos puesto que la prestación ha
sido solicitada pero aún no ha sido reconocida. Por tanto, las
Administraciones dispondrán de dos años para resolver este prestación y
hacerla efectiva sin que genere ningún derecho sobre la misma.
- Régimen de los convenios especiales en el Sistema de la Seguridad Social de
los cuidadores no profesionales: a partir de la fecha de entrada en vigor de
este RD-ley, el convenio especial por el que se regula la Seguridad Social de los
cuidadores de las personas en situación de dependencia, tendrá, para los
cuidadores no profesionales, carácter voluntario y podrá ser suscrito entre el
cuidador no profesional y la Tesorería General de la Seguridad Social. Las
cotizaciones a la Seguridad Social serán a cargo exclusivamente del suscriptor
del mismo.
A nuestro juicio, rompe de nuevo con uno de los valores añadidos que
aportaba esta Ley, que era la generación de derechos laborales para todas
aquellas cuidadoras que llevan tiempo realizando esta actividad de forma no
remunerada y que les impedía el acceso al mercado de trabajo y la generación
de derechos propios como pueden ser una futura pensión y/o la cobertura de
los periodos de carencia descubiertos. Con este convenio se producía una
generación de derechos que ahora se eliminan puesto que el pago mensual de
165 euros es algo que pocas familias se podrán permitir, por tanto de nuevo se
excluye a estas cuidadoras de la oportunidad de acceder a unos derechos que
hasta antes de esta ley les habían sido privados. La causa es exclusivamente
económica, puesto que existe una importante deuda generada por parte de la
Administración General del Estado con la Tesorería General de la Seguridad
Social de las cotizaciones mensuales generadas y no abonadas.
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- Cuantías máximas de las prestaciones económicas por cuidados en el
entorno familiar, de asistencia personal y de la prestación vinculada al
servicio: Hasta tanto se regule reglamentariamente, para los beneficiarios que
tuvieran reconocido grado y nivel de dependencia, las prestaciones económicas
por cuidados en el entorno familiar serán las siguientes:
También se tendrá que establecer reglamentariamente, a los solicitantes de
reconocimiento de la situación de dependencia que no exista resolución
administrativa de reconocimiento de grado y/o de prestaciones, así como a los
nuevos solicitantes, les serán de aplicación las siguientes cuantías máximas:
Las cuantías económicas aprobadas para el año 2012 son las que exponemos
a continuación, por lo que se puede ver la reducción que han experimentado
todas las prestaciones económicas, por una parte el 15% de los cuidadores
informales y por otra la vinculada al servicio y la de asistente personal que se
han visto reducidas en sus cuantías como consecuencia de la supresión de los
dos niveles. Y por supuesto con la supresión del coste de seguridad social que
ahora deberá ser abonado por los suscriptores del convenio, esto es por los
cuidadores.
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- Aportación de la Administración General del Estado para la financiación del
nivel mínimo de protección: hasta que no se regule reglamentariamente, las
cuantías de la asignación a las comunidades autónomas del nivel mínimo de
protección, para los beneficiarios que tengan resolución de grado y nivel de
dependencia reconocido a la entrada en vigor de este RD-ley, serán las
siguientes:
Hasta ahora, el nivel mínimo de aportación de la AGE a las Comunidades
Autónomas para el año 2012 era el siguiente, podemos ver como las cuantías
se reducen en un 13%:
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Para los beneficiarios que no tengan resolución de reconocimiento de la
situación de dependencia a la entrada en vigor de este real decreto-ley, serán
las siguientes:
- Intensidad de protección de los servicios del catálogo: hasta que no se
desarrolle reglamentariamente, en los procedimientos iniciados sin que haya
recaído resolución administrativa de reconocimiento de prestaciones, las
intensidades de protección de los servicios establecidas para cada grado de
dependencia serán las siguientes:
– Grado III. Gran dependencia: entre 46 y 70 horas mensuales.
– Grado II. Dependencia severa: entre 21 y 45 horas mensuales.
– Grado I. Dependencia moderada: máximo 20 horas mensuales.
Anteriormente la Intensidad del servicio de Ayuda a domicilio, según grado y
nivel de dependencia, que se recoge en el RD 727/2007 de 7 de junio
establecía:
Grado III. Gran Dependencia:
Nivel 2 Entre 70 y 90
Nivel 1 Entre 55 y 70
Grado II. Dependencia severa:
Nivel 2 Entre 40 y 55
Nivel 1 Entre 30 y 40
Como podemos comprobar existe una importante reducción del número de
horas de atención, si a esto le sumamos la incompatibilidad de las
prestaciones, vemos como el principio general de la ley de atender de forma
integral e integrada a los beneficiarios del sistema difícilmente se puede
cumplir, puesto que una persona en situación de dependencia que por
60
definición necesite ayuda permanente para realizar las actividades básicas,
difícilmente puede cubrir sus necesidades más elementales con unos ratios de
tres horas al día en el mejor de los casos.
- Aplazamiento del abono de los efectos retroactivos de las prestaciones
económicas: las cuantías en concepto de efectos retroactivos de las
prestaciones económicas para cuidadores informales, para los casos en los
que se hayan generado desde la fecha de la solicitud, podrán ser aplazadas y
su abono periodificado en pagos anuales de igual cuantía, en un plazo máximo
de ocho años desde la fecha de la resolución firme de reconocimiento expreso
de la prestación.
A modo de síntesis, las medidas fijadas por el Gobierno para garantizar la
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, a través del Real
Decreto Ley 20/2012, afectaron a la regulación del SAAD quedando
plasmadas posteriormente mediante el Acuerdo adoptado por el Consejo
Territorial el 12 de abril 2012 y publicado en el BOE en la Resolución el 13 de
julio, y que contenía reformas en cuanto a:
- La clasificación de la situación de dependencia con la eliminación de
los niveles en que se dividía cada grado.
- Adaptación de los criterios determinantes de las intensidades (que se
ven bastante reducidas) de protección del servicio de ayuda a domicilio.
- Rebaja del nivel mínimo que aporta el Estado tomando, como base para
el cálculo, el número de beneficiarios con derecho a percepción y el
grado y nivel de dependencia de cada uno.
- La ponderación de los servicios frente a las prestaciones económicas a
la hora de calcular la asignación de la administración central a cada
territorio.
- Los nuevos criterios para el cálculo del copago.
- Las modificaciones en las prestaciones y servicios junto con la
incompatibilidad entre todas las prestaciones económicas y con los
servicios del catálogo (salvo con los servicios de prevención de las
situaciones de dependencia, de promoción de la autonomía personal y
de Teleasistencia).
- La modificación de la figura del asistente personal, estableciéndose en
todos los grados.
61
- La modificación de la prestación económica para cuidados en el entorno
familiar, rompiendo la generación de este derecho que existía desde la
fecha de la resolución de reconocimiento de las prestaciones o, en su
caso, desde el transcurso del plazo de seis meses desde la presentación
de la solicitud sin haberse dictado y notificado resolución expresa de
reconocimiento de la prestación (ya no se genera ningún tipo de
retroactividad en los pagos),y fijando nuevas cuantías económicas más
bajas y suspendiendo el convenio especial realizado con la Seguridad
Social dejándolo voluntario asumiendo ellos las cuotas.
- La asignación de prestaciones en caso de fallecimiento.
- Las reformas en la gestión e información del SAAD.
- La modificación del calendario de aplicación de la ley fijándose la
efectividad del derecho de las prestaciones del grado 1 a partir del 1 de
julio de 2015.
En este Real Decreto, el Consejo Territorial se pasó a denominar Consejo
Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a
la Dependencia, ampliándose sus competencias, no sólo en materia de
protección de la dependencia, también todas aquellas relacionadas con el
conjunto de los servicios sociales. La consecuencia lógica de añadir estas
funciones, no debería ser otra, que el Comité Consultivo, del cual formamos
parte, también sea competente en materia de servicios sociales ya que tal y
como aparece reflejado en su reglamento de funcionamiento debe recibir
información de los trabajos y acuerdos del Consejo Territorial.
Todas estas medidas han supuesto el desmantelamiento del SAAD, un
atentado contra los derechos sociales reconocidos en la ley 39/2006 y que fue
clave en los servicios sociales y en la política social, ya que por fin se atendían
a las necesidades específicas de aquellas personas dependientes y sus
familias, avanzando hacia la consolidación de nuestro Estado de Bienestar.
Las modificaciones que se han efectuado suponen un quebrantamiento de la
ley y una ruptura del sistema y todas las medidas que se han acordado
suponen recortes económicos cuyo objetivo es reducir el déficit público sin que
en ningún momento se garantice el derecho a la promoción de la autonomía
personal y atención a las personas en situación de dependencia.
62
De esta forma, vía decretazo por procedimiento de urgencia, el Gobierno
realizó la reforma encubierta de la Ley de Dependencia, de una ley
consensuada y votada en el Parlamento por mayoría absoluta, con el apoyo y
consenso de los Interlocutores Sociales, modificando los principios básicos que
la inspiraron sin que se haya hablado del verdadero problema de la
sostenibilidad del sistema que es la financiación, la aportación del nivel
conveniado por parte de la Administración General del Estado, y el
aplazamiento de la implantación total de la ley retrasando la incorporación de
los dependientes con grado 1 hasta el 2015.
Antes estábamos ante una nueva modalidad de protección social que ampliaba
y complementaba la acción protectora del Estado y de la Seguridad Social, y
ahora hemos pasado a un sistema asistencialista; donde la universalidad en el
acceso, la atención a las personas de forma integral e integrada se desdibuja.
La Resolución de 13 de julio de 2012, por la que se publica el Acuerdo del
Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia
para la mejora del sistema para la autonomía y atención a la dependencia
En julio de 2012, se convocó al Comité Consultivo para abordar una
propuesta de Acuerdo para la mejora del sistema, y el proyecto de Real
Decreto sobre capacidad económica y participación del beneficiario en el coste
de las prestaciones, que finalmente se publicó en el BOE bajo la Resolución de
13 de julio.
El contenido del Acuerdo para la mejora del sistema no es otro que la
modificación de la Ley de dependencia, efectuada a través del Real Decreto Ley
20/2012 de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad
presupuestaria y de fomento de la competitividad;
Respecto a la capacidad económica y participación del beneficiario en el coste
de las prestaciones del Sistema, según se ha formulado, las rentas más bajas
van a acabar participando en los costes, lo que va a derivar en la
desincentivación de la prestación y del propio sistema. La nueva regulación de
la capacidad económica y participación del beneficiario en el coste de las
prestaciones suprime los principios de igualdad, no discriminación y
universalidad que se habían consagrado en la Ley al condicionar el acceso al
63
sistema en función de las rentas del beneficiario y que incluso las rentas más
bajas, por debajo del umbral de la pobreza, terminarán participando en los
costes.
Se fijan unos precios de referencia para las residencias que, en función de
unos costes medios de concertación, son tan amplios que no logran establecer
un precio de referencia homogéneo en todo el territorio, pudiéndose
incrementar en el caso de una mayor intensidad de atención o cuidados, y la
realidad es que la mayoría de las personas que están en una residencia son
grandes dependientes y por tanto la atención que se les ofrece debe tener una
intensidad total. Cuando lo que debería establecerse son unos porcentajes de
participación con topes máximos y mínimos en función de los servicios y
prestaciones, mediante una tabla progresiva de renta con una participación en
cada uno de los servicios del sistema para que tengamos una visión global de
contribución y participación al conjunto de las prestaciones.
A modo de resumen os citamos los grandes cambios que este Acuerdo recoge
sobre las propuestas de mejora y como ya os hemos comentado responde a la
modificación realizada de la ley:
-Modificación de la actual clasificación de la situación de dependencia
establecida por grados y niveles.- Se acuerda modificar la actual estructura de
grados y niveles manteniendo únicamente la determinación del grado de
dependencia.
-Adaptación de los criterios para determinar las intensidades de protección del
servicio de ayuda a domicilio, a las necesidades reales de las personas en
situación de dependencia.- Paradójicamente, la adaptación de las necesidades
reales consiste en disminuir la intensidad de hora/mes para este servicio.
-Mejora y adecuación de las prestaciones y servicios, para garantizar la
sostenibilidad del sistema.- Se amplía a todos los grados d dependencia la
prestación económica de asistente personal y se establecen la
incompatibilidad entre todas las prestaciones y servicios del catálogo, a
excepción de la teleasistencia.
-Mejoras en el procedimiento y transparencia en la gestión.- Se establecen
unos contenidos mínimos y comunes en la solicitud de inicio para el
64
reconocimiento d la dependencia; otros contenidos mínimos respecto a la
resolución y a la efectividad del derecho.
-Mejoras en los sistemas de información.- Las Comunidades Autónomas,
expedirán un certificado con el crédito que han recibido de los Presupuestos
Generales del Estado, y se especificará a que se han destinado ese crédito
finalista, indicando cual ha sido la aportación de la Administración
Autonómica.
-Revisión de la prestación económica para cuidados en el entorno familiar.- Se
establecen nuevos requisitos tales como el establecimiento de criterios
mínimos y compromisos que debe reunir el cuidador, ser familiar, convivir con
el dependiente, estar siendo atendidos por ellos con al menos un año de
antelación desde la fecha de la solicitud; y que los cuidadores no sean
dependientes ni solicitantes de la situación de dependencia. El requisito de
convivencia y consanguineidad se exceptuará en aquellos entornos con
insuficiencia de recursos, fundamentalmente en entornos rurales.
-Establecimiento de criterios comunes en la asignación de prestaciones en
caso de fallecimiento.
- La efectividad del reconocimiento viene determinada por la resolución en la
que se establece la prestación, si se falleciera antes de esta resolución, aunque
tuviese reconocido el grado no tienen la condición de beneficiarios.
-Modificación del calendario de aplicación de la ley.- La efectividad del derecho
de las prestaciones del grado I, se realizará a partir de 1 de julio de 2015.
-Se establece el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la
Autonomía y Atención a la Dependencia.
-Cómo medidas de ahorro y reducción del déficit público, se establecen nuevas
cuantías para las prestaciones económicas en el entorno familiar.- Se reducen
las cuantías máximas para las prestaciones económicas del entorno familiar
en un 15%: A su vez, se fijan nuevos criterios de asignación del nivel mínimo
de aportación de la Administración General del Estado, ponderando como
variable la prestación de servicios frente a la prestación económica.
-Aprobación de los criterios y contenidos sobre la capacidad económica y
participación del beneficiario en el coste de las prestaciones para la Autonomía
65
y Atención a la Dependencia. Se publica en este BOE, con forma de Acuerdo,
el contenido del Real Decreto, sin que éste aún haya sido publicado
formalmente como Real Decreto. Os recordamos que existe una sentencia que
obliga al gobierno a que la regulación normativa que aborde la capacidad
económica tiene que revestir la forma jurídica de Real Decreto.
Los Presupuestos Generales del Estado y la Ley de Dependencia
Dentro de la línea de recortes consignada en los Presupuestos Generales del
Estado para el ejercicio 2012, también se vio afectada la Ley de la
Dependencia,
El presupuesto total para el año 2012 que dispuso el IMSERSO, alcanzó la
cifra de 3.781 millones de euros. Con respecto a los presupuestos
presentados, ya se habían realizado recortes en la Ley de dependencia y
pasamos de un retraso de un año a los nuevos beneficiarios a retrasar su
incorporación al sistema a partir del 1 de enero de 2014, a quienes sean
valorados en el grado 1 de dependencia moderada, nivel 2.
El importe global para este programa en 2012 es de 1.407. 150 (miles de
euros). En 2011 fue de 1498.422, esto es un 6% menos. No existe ninguna
cuantía presupuestada para el nivel conveniado, lo que viene a suponer que
mientras que en el año 2011 se presupuestaron para este nivel la cifra de 283
millones de euros para este año la cuantía es 0. Con esta eliminación, supone
que no existe ningún tipo de disponibilidad económica para este nivel, al no
existir ninguna partida presupuestada, vemos que de un plumazo eliminan un
nivel de protección recogido en la Ley, eliminan la figura de los convenios con
el correspondiente acuerdo plurianual que se acordó en el año 2011 y que por
medio de dichos convenios la AGE y las respectivas Administraciones
Autonómicas, acordaban los objetivos, medios y recursos económicos que iban
a consignar las Administraciones, incrementando el nivel mínimo de
protección claramente insuficiente para atender íntegramente a las personas
en situación de dependencia.
Por otra parte, con este nivel de protección al realizar una aportación
especifica la AGE, a las Comunidades Autónomas se les exigen que realicen al
66
menos la misma aportación, por lo que supone una renuncia explicita del
Gobierno a comprometer el gasto autonómico y a exigir que pongan su parte
respecto a este nivel. A nuestro juicio, supone romper el modelo de
financiación consignado en la ley y a la renuncia de que las personas
dependientes pierdan la aportación del nivel conveniado que en este caso
suponen los 283 millones de euros, más la correspondiente financiación
autonómica cuya cifra ascendería al menos a otros 283 millones de euros, por
tanto en la práctica viene a suponer que 566 millones de euros no van a ser
aportados a los ciudadanos que se encuentren en situación de dependencia.
Evidentemente nos planteamos la propia sostenibilidad del sistema pero
también la baja calidad en las prestaciones e intensividad de las mismas. La
formula esgrimida no deja de ser igualmente sorprendente puesto que la
justificación que realiza es que esta cifra esta condicionada a la existencia de
crédito presupuestario, haciendo una interpretación de lo que dispone la ley,
puesto que la ley establece que tanto para el nivel mínimo como para el
acordado su cuantía se fijará en los Presupuestos Generales del Estado. Por
tanto hay que fijar una cantidad.
Por otra parte y en este mismo sentido, es evidente que esta restricción va a
venir aparejada de cambios normativos de carácter autonómico, en el sentido
que muchas Administraciones hasta ahora no habían desarrollado cuestiones
importantes para la aplicación de la Ley, tales como la intensidad en las
prestaciones o el copago. No es lo mismo, en término de coste, regular una
intensidad horaria de ayuda a domicilio de 8 horas semanales que de 4, por
poner un ejemplo. O establecer un copago mayor que no sólo va a influir en la
aportación del beneficiario en el coste de servicios, sino también en la cuantía
de la prestación que se perciba.
Por otra parte, si nos fijamos en los presupuestos presentados por el Imserso,
llama la atención, no sólo el descenso de las cifras económicas sino que se
produce un descenso importante respecto al año pasado el numero de
beneficiarios presupuestados, situación que consideramos del todo
inadmisible puesto que si bien el año pasado los beneficiarios con derecho a
prestación se estimaron en 1.092.872 para este año se ha presupuestado en
790.000 beneficiarios, sorprende el argumento utilizado por el Imserso, en el
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descenso de los beneficiarios, justificándolo en el ritmo desigual de gestión de
las Comunidades Autónomas en el proceso de valoración de las solicitudes
recibidas y en el reconocimiento de las prestaciones. A fecha de 1 de abril, y
según los datos publicados por el Imserso el total de personas beneficiarias y
con derecho a prestación asciende a 1.038.923 habiéndose presupuestado
para todo el año 2012 en 790.000 beneficiarios, lo que viene a significar que
248.923 beneficiarios con derecho a prestación no lo van a recibir.
Con todos estos parámetros, es totalmente previsible que se incremente de
forma generalizada el copago que realizan los beneficiarios y por tanto
esperamos una modificación de la regulación anterior y el establecimiento de
una normativa de carácter estatal más restrictiva en cuanto a los mínimos, es
decir los beneficiarios de la ley deberán aportar mas dinero si quieren recibir
servicios en materia de dependencia.
En cuanto a los Presupuestos Generales del Estado para 2013,
Con respecto a los presupuestos presentados por el Imserso para el año 2013,
no son más que un fiel reflejo de los recortes presentados a la ley a través del
RD-Ley 20/2012, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y
fomento de la competitividad, y cuyas modificaciones suponen un
quebrantamiento de la ley y una ruptura del sistema, puesto que todas las
medidas que se acordaron suponen recortes económicos para reducir el déficit
público sin que en ningún momento se garantice el derecho a la promoción de
la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia.
no aparece la partida del nivel conveniado entre el Estado y las
Comunidades Autónomas, eliminándose este sistema de financiación marcado
en la Ley de Dependencia.
Se incluyen 1034 millones de euros para el pago deudas s social de
cuidadores.
El nivel mínimo de protección del Estado se reduce, de nuevo, en 200
millones de euros, pasando de 1.287.179 para el ejercicio 2012 a 1.087.179
para 2013. Con esta reducción, el presupuesto es claramente insuficiente para
atender a las personas que se encuentran en el sistema para la dependencia y
que solo se entiende si vemos el recorte a la ley sufrido con la última reforma
en la que prácticamente se paraliza la aplicación de la misma, se reducen las
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cuantías a percibir por los beneficiarios, se reducen las intensidades de la
protección y se incrementa el copago del beneficiario. En definitiva, nuestros
dependientes, pagaran más, recibirán menos prestaciones y serán atendidos
un número de horas dudosas para recibir una protección integral.
Todos estos cambios obrados en el Sistema de Atención a la Dependencia son
reflejo de las líneas de actuación y objetivos contenidos en el Programa
Nacional de Reformas para el 2012, donde se expone la voluntad del Gobierno
de rediseñar la cofinanciación entre la AGE y las CCAA; reformar el gasto de
los cuidados de larga duración con la consiguiente mejora en la sostenibilidad
del SAAD; la revisión del calendario de la aplicación del SAAD; el sistema de
altas de los cuidadores no profesionales en la Seguridad Social; las
prestaciones económicas del SAAD; avanzar en el copago por el usuario al
Sistema; y potenciar el papel del sector privado en la prestación de servicios.
Esta política de recortes se ha efectuado de manera unilateral por parte del
Gobierno a través de modificaciones legislativas, sin que haya habido ni
consenso ni dialogo, y con grandes dificultades para poder realizar
propuestas, cuando de lo que se está tratando es de derechos subjetivos que
forman parte de nuestro Estado de Bienestar. Parece ser que el Gobierno
pretende realizar una modificación legal en la que el objetivo básico es reducir
costes de financiación, eludir la aportación del Gobierno al Sistema,
incrementar el copago y retrasar y reducir los beneficiarios del sistema y sin
contar con la opinión de los interlocutores sociales. Esta Ley que fue fruto del
acuerdo del diálogo social entre el Gobierno y los interlocutores sociales y
avalado por una aprobación mayoritaria de los grupos parlamentarios, entre
ellos por el propio PP.
La consecuencia de la política neoliberal llevada a cabo por el Gobierno actual,
basada en medidas dirigidas al recorte presupuestario, es el cambio de un
nuevo modelo de protección social a un sistema asistencialista, paralizando la
aplicación de la Ley, modificando sus principios básicos, e impidiendo que los
dependientes menos graves entren a formar parte del sistema, con una
incompatibilidad entre las prestaciones y una reducción de la intensidad de
las prestaciones y servicios, y minorando las cantidades económicas a abonar
a los beneficiarios.
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En cuanto a los Presupuestos Generales del Estado para 2014,
La atención a la dependencia que en el año 2011 la cifra era de 1.498.442,
pasando para el año 2014 a 1.176.579 miles de euros, lo que supone un
descenso de un 21,5%.
El nivel mínimo de protección del Estado se mantiene en 1.087.179 para
2014. No supone ningún incremento ni tan siquiera de cara a prever el
incremento del IPC, ni en los beneficiarios del Sistema. Con estas cuantías
claramente insuficientes, tal y como ya hemos comprobado en los dos
ejercicios anteriores, para atender a las personas que se encuentran en el
sistema para la dependencia y que solo se entiende en el recorte ya
consolidado que sufrió la ley en el año anterior en el que se redujeron las
cuantías a percibir por los beneficiarios, las intensidades de la protección y se
incrementó el copago del beneficiario.
Antes estábamos ante una nueva modalidad de protección social que ampliaba
y complementaba la acción protectora del Estado y de la Seguridad Social, y
ahora hemos pasado a un sistema asistencialista; donde la universalidad en el
acceso, la atención a las personas de forma integral e integrada se desdibuja.
A todo lo descrito hasta ahora se une la decisión de algunas Comunidades
Autónomas de establecer tasas públicas para la utilización de una serie de
servicios, que afectan a los beneficiarios del SAAD, y que hasta ahora se
prestaban en los territorios sin coste alguno. Desde nuestro Departamento
efectuamos un análisis de las consecuencias que pueden significar este
establecimiento de tasas como la fijada para solicitar la revisión del grado de
discapacidad, del grado de dependencia o del programa individual de atención,
la solicitud de la tarjeta de accesibilidad y la expedición de duplicados, o, por
emisión del certificado de idoneidad como cuidador no profesional de personas
en situación de dependencia. Valoramos como un exceso de la definición que
la Ley General Tributaria realiza sobre el concepto de tasas ya que estamos
hablando de beneficiarios de derechos que una ley estatal otorga a personas
por encontrarse en determinadas situaciones, en este caso personas con
discapacidad y dependientes; y ninguna Comunidad Autónoma, cuya
competencia es ser gestora de una Ley Estatal, debería establecer tasas sin
que estas sean reguladas por la propia ley estatal. La imposición de estas
70
tasas repercute directa y negativamente a ciudadanos cuya situación es más
vulnerable y que además ya contribuyen económicamente al sostenimiento de
la ley mediante el copago.
CÓMO DEBERÍA SER LA COBERTURA A LA DEPENDENCIA.
A lo largo de estos últimos años, hemos asistido a un importante desarrollo
normativo y de acuerdos alcanzados entre las distintas Administraciones
Públicas, que no tendría que suponer una novedad sino fuera por el intento de
añadir una voluntad correctora al despliegue del Sistema. No obstante
permanentemente sufrimos paralizaciones de la ley, retrasos en la aprobación
de los reales decretos que lo desarrollan y acuerdos que nunca llegan a
materializarse por parte de las Administraciones Autonómicas con el
consentimiento de la Administración General del Estado.
Con el desarrollo y aplicación de la Ley para la Autonomía Personal y Atención
a las Personas en Situación de Dependencia, se pretendió paliar una carencia
cuya protección en los próximos años sería insostenible, vino a dar un amplio
desarrollo a los servicios sociales como tal, pretendiendo establecer un nuevo
sistema de protección social que, configurado con el ya existente, formara
parte en sentido amplio y complementario de la Acción Protectora de la
Seguridad Social. El objetivo básico de esta Ley es la atención integral de las
personas que necesitan ayuda para desarrollar las actividades básicas de la
vida diaria, por tanto es una ley de atención y cuidados para las personas que
lo requieran.
Nuestro trabajo sindical se desarrolla desde dos grandes ámbitos: Por una
parte, a través de la participación del diálogo social, en este momento
inexistente. El segundo gran ámbito, es a nivel institucional a través de la
representación en el Comité Consultivo, en la que nuestra participación está
vinculada a emitir informes de carácter no vinculante, para su posterior
presentación ante el Consejo Territorial. Esta ha sido la dinámica desde que se
aprobó la Ley, pero tras la entrada en el Gobierno del Partido Popular, se
elimina todo el proceso de diálogo social e incluso se obvia la participación a
través del Comité Consultivo, al haberse producido cambios legislativos sin
que tan siquiera se haya convocado al Comité.
71
Cuando los interlocutores sociales firmamos el acuerdo con el Gobierno, sobre
la acción protectora de la atención a las situaciones de dependencia,
pretendíamos dar una respuesta integral comprometiendo a los poderes
públicos a la creación y configuración de nuevos derechos sociales, para
atender íntegramente a las personas que necesitan cuidados de larga
duración. Pese a que este era nuestro objetivo y así consideramos, que
también lo es el de la Ley de protección a la dependencia, lo cierto es que los
cauces por los que se ha optado para cumplir este objetivo, sean quizás el
camino más largo y complicado para lograrlo.
Optar por un sistema en el que para implantar una ley, en realidad un
derecho, necesita estar provisto de una gran infraestructura en servicios para
que sea aplicado y que a su vez es necesario que, todos los acuerdos y normas
sean aprobadas por mayoría entre todas las Administraciones Públicas, o
quizá mejor dicho entre todas las Comunidades Autónomas, probablemente
sea demasiado exigente para que el sistema triunfe en tan escaso tiempo.
Esta Ley, no ha sido muy afortunada, en cuanto al momento político que le ha
tocado vivir, recordemos que su aprobación y desarrollos legislativos básicos
para ponerse en marcha, han coincidido políticamente con un importante
número de procesos electorales. Por otra parte, esta Ley viene acompañada de
la necesidad de establecer un fuerte sistema de financiación, que solo el
tiempo lo puede consolidar; dificultad que a nadie nos es ajena por el difícil
momento económico que estamos atravesando en nuestro país. En estos años
una de las cosas que se han puesto en entredicho es el insuficiente sistema
financiero.
Lo cierto es que con la andadura de la ley ya podemos vislumbrar atisbos de
los desvíos de su objetivo final que es la regulación de las condiciones básicas
que garanticen la igualdad de derechos de promoción de la autonomía y
atención a la dependencia a todos los ciudadanos en cualquier parte del
territorio, mediante la creación de un Sistema configurado como una red de
utilización pública de centros y servicios.
Pese a la clara intencionalidad de la Ley, de proveer a las personas en
situación de dependencia de servicios para su cuidado y atención integral, es
innegable que se ha estado optando claramente por la concesión de
prestaciones para el cuidado en el entorno familiar, sin tener en cuenta el
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carácter excepcional que tiene esta prestación. Somos conscientes de muchas
de las dificultades que la aplicación e implantación de esta ley genera, de la
premura para muchas administraciones de proveer de servicios y crear una
red donde antes no existía.
Son muchas las dificultades pero es necesaria efectuar un esfuerzo para
redireccionar el cauce que esta Ley siempre pretendió. El proceso de
cooperación entre la AGE y las Administraciones se tiene que reestablecer, y
así lograr la creación de una red de servicios, siempre que exista un objetivo
común para conseguirlo, ya que han sido muchos los logros conseguidos
antes de eliminar unilateralmente el Gobierno, el nivel conveniado.
Desde la aprobación de la Ley, la Administración General del Estado ha
aprobado las normas necesarias para su aplicación y las Comunidades
Autónomas han venido completando su desarrollo normativo en aquellas
materias que no habían sido objeto de regulación en los dos años anteriores,
las cuales sufren constantes modificaciones.
En cualquier caso si en algo existe un consenso unánime por parte de todos
los actores implicados, es que con los datos estadísticos publicados, podemos
concluir que la protección a la dependencia en nuestro país, no es la deseada.
Las evaluaciones anuales al sistema de protección a la dependencia, debería
arrojar información que nos permitiera conocer el grado de sostenibilidad del
sistema, estudiar su financiación, con el objetivo final de conocer la situación
actual de la financiación (AGE Y CCAA) y de los costes reales de la aplicación
de la ley, de los presupuestos y del coste de los servicios y prestaciones, así
como del gasto real en función del número de beneficiarios que han recibido
prestaciones. Con estos resultados se deberían poner en evidencia si el actual
sistema financiero permite la protección de las personas en situación de
dependencia que comporta este derecho, modificándose, de ser necesario
hasta lograr que el Sistema de Atención a la Dependencia se configure como
un derecho universal.
En la situación económica actual y debido al desmantelamiento que ha sufrido
la ley con las últimas reformas efectuadas, se ha producido una clara
vulneración de la misma, anulando los objetivos básicos de una ley de
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atención y cuidados que es garantizar el derecho a ser atendido en situaciones
de dependencia.
Por tanto, se hace imprescindible recobrar el espíritu de la ley, de tal forma
que se garantice como derecho subjetivo la atención y cuidados de forma
integral e integrada, regulando las condiciones básicas para la atención, los
requisitos de acceso al servicio y prestaciones el carácter universal y público
de las prestaciones, en condiciones de igualdad a todos los beneficiarios.
Garantizar a los ciudadanos el derecho a ser atendido en condiciones de
necesidad, para ello debemos asegurarnos que el beneficiario recibe los
cuidados necesarios y suficientes de tal forma que garanticen una atención
integral.
Para recuperar el espíritu de la Ley se deben cambiar las modificaciones
efectuadas en los dos últimos años, a la vez que desarrollar las materias aún
pendientes, fundamentalmente:
Establecer un único procedimiento de resolución de los expedientes
administrativos de los solicitantes, reducir los tiempos de resolución de
los mismos incluyendo el tiempo en que se debe hacer efectiva la
prestación. Fijar desde la fecha de resolución del dictamen la condición
de beneficiario del sistema, momento en el que se adquieren los
derechos que la ley otorga, restableciendo la retroactividad para todo
tipo de prestaciones.
Analizar financieramente la sostenibilidad económica de la Ley y los
niveles de protección del sistema, impidiendo que los niveles puedan ser
rebajados aleatoriamente bajando la intensidad de la protección y la
cuantía de las prestaciones.
Acordar un nuevo marco de cooperación interadministrativa por medio
del cual se fijen los criterios de reparto de los créditos a las
Comunidades Autónomas.
Recuperar el nivel de financiación acordado, por medio del cual
establecen los convenios con las CCAA.
Priorizar la prestación de servicios, y finalizar el desarrollo de los
mismos hasta su total implantación en todo el territorio.
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Desarrollar el Sistema de acreditación de los servicios y centros de tal
forma que en el año 2015 todos los servicios que formen parte del
sistema se encuentren suficientemente acreditados.
Establecer los estándares esenciales de calidad para cada uno de los
servicios del catálogo, debiendo estar desarrollados y aplicados en todos
los territorios para el año 2015.
Desarrollar un empleo de calidad, de tal forma que todas las entidades
proveedoras de servicios para que reúnan los requisitos de acreditación
deban garantizar que los y las profesionales que realizan la actividad
laboral en sus centros de trabajo reúnen los requisitos de cualificación
profesional y formación conforme a su categoría profesional que vayan a
desarrollar.
Reforzar el papel del Comité Consultivo e instar a los ámbitos
autonómicos a la creación de un órgano de participación y seguimiento
del funcionamiento del sistema, formado por la Administración
Autonómica y local, Organizaciones Sindicales y Empresariales.
Para poder trasladar todas estas políticas reivindicatorias, en los ámbitos que
nos son propios, el instrumento sindical por excelencia que como Sindicato
disponemos; es a través del Diálogo Social. Constituido el mismo
Interlocutores Sociales, tenemos la oportunidad de deliberar, negociar y pactar
las materias que se estén abordando, culminando con las firmas de acuerdos,
pactos, etc., cuyo contenido básico en ocasiones forma parte de una Ley. El
ejemplo más claro que tenemos en nuestra materia es la Ley para la
Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia,
que tras el acuerdo firmado sobre la Acción Protectora de la Atención a las
Situaciones de Dependencia, en diciembre de 2005, culminó en la citada Ley,
respetando el contenido esencial acordado entre las partes. Desde que
gobierna el Partido Popular, no existe ningún proceso de Diálogo Social abierto
en ninguna de las materias sindicales.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
- Libro Blanco de la Dependencia. 2004.
- La atención a la dependencia y el empleo. Ángel Rodríguez Castedo y
Antonio Jiménez Lara. Fundación Alternativas. 2010.
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DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
- Acuerdo sobre la Acción Protectora de la Atención a las Situaciones de
Dependencia de 21 de diciembre de 2005.
- Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía
Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.
(Última modificación: 26 de diciembre de 2013).
- Observaciones de UGT al Proyecto de Real Decreto sobre capacidad
económica y participación del beneficiario en el coste de las
prestaciones del Sistema.
- Evolución de los convenios especiales de cuidadores informales.
- Evolución del empleo y el SAAD.
- Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. (Última
modificación: 27 de diciembre de 2013).
- Real Decreto 1050/2013, de 27 de diciembre, por el que se regula el
nivel mínimo de protección establecido en la Ley 39/2006, de 14 de
diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las
personas en situación de dependencia.
- Real Decreto 1051/2013, de 27 de diciembre, por el que se regulan las
prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la
Dependencia, establecidas en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en
situación de dependencia.
