EN LOS LÍMITES DE LA AUTONOMÍALA REFORMA SOCIALISTA EN LA

UNIVERSIDAD MICHOACANA, 1934-1943

Miguel Ángel Gutiérrez López

El Colegio de Michoacán

PÁGINA LEGAL

378.7273GUT-1

Gutiérrez López, Miguel ÁngelEn los límites de la autonomía : La reforma socialista en la Universidad Michoacana, 1934-1943 / Miguel Ángel Gutiérrez

López.-- Zamora, Mich.: El Colegio de Michoacán, 2011.382 p.; 23 cm. -- (Colección Investigaciones)

ISBN 978-607-544-104-7

1.Educación Superior - Historia - Siglo XX - Michoacán2.Educación Socialista - Michoacán3.Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo - Historia4.Autonomía en la Educación

Imagen de portada: El general Lázaro Cárdenas del Río, presidente de la República, con un grupo de nicolaitas. Festejos por el IV centenario del Colegio de San Nicolás. Morelia, Michoacán, mayo de 1940. Fuente: Archivo particular de Natalio Vázquez Pallares, México, D.F.

© D. R. El Colegio de Michoacán, A. C., 2011Centro Público de InvestigaciónConacytMartínez de Navarrete 505Las Fuentes59699 Zamora, Michoacánpublica@colmich.edu.mx

Edición en formato digital:Ave Editorial www.aveeditorial.com

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ISBN 978-607-544-104-7

INICIO

El intelectual –el refinado producto de la instituciónuniversitaria– cuando no es orgánico a la Nación, a la Iglesia

o al partido, se encuentra disgregado, sin espacio y sinatributos. Es, al mismo tiempo, la víctima y el agente de una

cultura que, al no someterse él a sus fines, lo rechaza y lomargina. El lugar institucional de reproducción de esta

cultura es la Universidad.

Claudio Bonavecchio

RECONOCIMIENTOS 5

SIGLAS UTILIZADAS 6

PRÓLOGO 8

INTRODUCCIÓN 10

I. UNIVERSIDAD Y REFORMA EDUCATIVA 20

Hacia una reforma universitaria en Michoacán, 1926-1932 20

La lucha por el control de la educación superior. 27

La Universidad Michoacana en 1933. La lucha por el control de la institución 36

II. PUESTA EN MARCHA Y DEFENSA DEL PROYECTO DE UNIVERSIDAD SOCIALISTA EN MICHOACÁN 1934-1937 46

La universidad socialista en Michoacán, 1934-1935 46

En defensa de la universidad socialista en Michoacán 59

III. LA UNIVERSIDAD SOCIALISTA EN MICHOACÁN, 1938-1940 68

Un rector y una ley orgánica socialistas para la Universidad Michoacana 68

La universidad socialista impugnada, 1938-1940 80

El cuarto centenario del Colegio de San Nicolás. Celebración de la universidad socialista 91

IV. LA POLÍTICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICA 99

El Consejo Nacional de la Educación Superior y la Investigación Científica 99

Continuidad y ruptura 118

La búsqueda de la unidad revolucionaria 120

Epílogo. Breve apunte sobre el pensamiento educativo de Jesús Díaz Barriga y Enrique Arreguín 122

V. EL FIN DE LA UNIVERSIDAD SOCIALISTA EN MICHOACÁN, 1940-1943 126

Vientos de cambio en la Universidad Michoacana. 126

La búsqueda de la autonomía estudiantil 132

El ocaso de una institución 137

El conflicto universitario de 1943 140

CONCLUSIONES 166

Límites y alcances de la autonomía universitaria en Michoacán 166

FUENTES CONSULTADAS 171

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RECONOCIMIENTOS

La investigación que dio sustento al presente libro se realizó con el apoyo de una beca concedida por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), como parte del Programa de Doctorado impartido por el Centro de Estudios Históricos de El Colegio de Michoacán, A. C., en el periodo comprendido entre septiembre de 2002 y agosto de 2007. La redacción de esta obra también contó con el soporte económico de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y el Banco Santander Mexicano, entidades patrocinadoras de una estancia de investigación (enero-mayo de 2007) en el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

El planteamiento original de la investigación y el desarrollo de la misma contaron con la asesoría de la doctora Verónica Oikión Solano, profesora e investigadora del Centro de Estudios Históricos de El Colegio de Michoacán, A. C. En esta institución también colaboraron en la realización del estudio los doctores Conrado Hernández López† y Martín Sánchez Rodríguez. De manera especial, por este medio, se hace patente el agradecimiento a las doctoras Gabriela Contreras Pérez y María de los Ángeles Rodríguez Álvarez, así como al maestro Jaime del Arenal Fenochio, quienes contribuyeron con sus cuestionamientos y sugerencias al enriquecimiento de la información expuesta en esta obra.

También participaron en la realización de este libro, de manera directa o indirecta, la familia Gutiérrez López y las doctoras Yaminel Bernal Astorga y Laura Isabel Cayeros López. El autor agradece los comentarios y el apoyo recibido de los doctores José Alfredo Pureco Ornelas, Carlos Armando Preciado de Alba, Miguel Ángel Díaz Perera, María Eugenia Vázquez Semadeni, Rogelio Everth Ruiz Ríos y Jorge Luis Capdepont Ballina; así como de los historiadores Jerónimo Hernández Cruz, Martha Leticia Espinoza Peregrino y Adrián Luna Flores. Este reconocimiento se extiende al doctor Gerardo Sánchez Díaz, director del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y a la antropóloga Xúchitil Vázquez Zamacona.

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SIGLAS UTILIZADAS

Abelardo L. Rodríguez (ALR)Acción Católica Mexicana (ACM)Archivo del Centro de Estudios de la Revolución Mexicana “Lázaro Cárdenas”, A. C. (ACERMLC)Archivo General de la Nación (AGN)Archivo General e Histórico del Poder Ejecutivo de Michoacán (AGHPEM)Archivo Histórico de la Secretaría de Educación Pública (AHSEP)Archivo Histórico de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (AHUM)Archivo Histórico de la Universidad Nacional Autónoma de México (AHUNAM)Archivo Histórico del Centro de Estudios del Movimiento Obrero y Socialista, A. C. (AHCEMOS)Archivo Histórico del Congreso Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo (AHCEMO)Archivo Particular de Enrique Arreguín Vélez (APEAV)Archivo Particular de Gerardo Sánchez Díaz (APGSD)Archivo Particular de Natalio Vázquez Pallares (APNVP)Asociación Católica de la Juventud Mexicana (ACJM)Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES)Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP)Bloque de Jóvenes Revolucionarios de Michoacán (BJRM)Bloque de Jóvenes Socialistas de Michoacán (BJSM)Centro de Estudios de la Revolución Mexicana (CERM)Centro de Estudios de la Revolución Mexicana “Lázaro Cárdenas”, A. C. (CERMLC)Centro de Estudios sobre la Universidad (CESU)Confederación de Estudiantes Antiimperialistas de América (CEADA)Confederación de Estudiantes Socialistas de México (CESM)Confederación de Jóvenes Mexicanos (CJM)Confederación de Obreros y Campesinos de México (COCM)Confederación de Trabajadores de México (CTM)Confederación Nacional Campesina (CNC)Confederación Nacional de Estudiantes (CNE)Confederación Revolucionaria Michoacana del Trabajo (CRMDT)Consejo Estudiantil Nicolaita (CEN)Consejo Nacional de la Educación Superior y la Investigación Científica (CNESIC)Federación de Estudiantes Michoacanos (FEM)Frente de Estudiantes Socialistas de Occidente (FESO)Federación Estudiantil Revolucionaria (FER)Federación Estudiantil Universitaria de Michoacán (FEUM)Federación Juvenil Michoacana (FJM)Federación Juvenil Revolucionaria de Michoacán (FJRM)Fondo de Cultura Económica (FCE)Fondo Documental Raúl Arreola Cortés (FDRAC)Francisco J. Múgica (FJM)Instituto de Investigaciones Sociales y Económicas (IIES)Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH)Instituto Nacional de Educación Superior para Trabajadores (INEST)Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana (INEHRM)

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Instituto Politécnico Nacional (IPN)Juventudes Socialistas Unificadas de México (JSUM)Lázaro Cárdenas del Río (LCR)Manuel Ávila Camacho (MAC)Movimiento Universitario de Renovadora Orientación (MURO)Organización, Cooperación y Acción (OCA)Partido Acción Nacional (PAN)Partido Comunista de México (PCM)Partido Estudiantil de Renovación Universitaria (PERU)Partido Nacional Revolucionario (PNR)Partido de la Revolución Mexicana (PRM)Secretaría de Educación Pública (SEP)Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de la República Mexicana (STERM)Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Enseñanza (SUNTE)Unión de Estudiantes Socialistas de Michoacán (UESM)Unión Nacional de Estudiantes Católicos (UNEC)Unión Socialista Universitaria de Michoacán (USUM)Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH)Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)Universidad Pedagógica Nacional (UPN)

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PRÓLOGO

Verónica Oikión SolanoEl Colegio de Michoacán, A. C.

Tengo el honroso papel de presentar esta obra ante los lectores ávidos de nuevas propuestas de estudio en torno a la línea de investigación de la historia de la educación superior en México.

Mucho me congratulo al mostrar las enormes cualidades que tiene este libro, con un muy adecuado título porque acota y destaca la esencia de lo que el autor investigó y constató: En los límites de la autonomía. La reforma socialista en la Universidad Michoacana, 1934-1943.

Este libro es fruto del trabajo de tesis doctoral, presentada y defendida en examen público por Miguel Ángel Gutiérrez López en el Programa de Doctorado en Historia de El Colegio de Michoacán, en agosto de 2007. El libro, además, está adicionado y enriquecido con los convenientes cambios, puntualizaciones y observaciones que diversos especialistas sugirieron hacerle, transformándolo a cabalidad en una obra que tengo la certeza será de obligada consulta por su perspectiva novedosa.

Quiero destacar que esta obra fue construida con gran rigor académico y resulta un aporte de enorme envergadura para la historiografía michoacana, de manera específica, y una contribución de primera magnitud en la línea de la historia de la educación superior en México. El autor adopta un enfoque original con un riguroso tratamiento en el análisis histórico y una pulcritud metodológica que llena, sin duda, una gran laguna historiográfica en esta línea de investigación.

El doctor Miguel Ángel Gutiérrez demuestra, con esta su primera obra de autor, una madurez intelectual y una sabiduría expositiva reflejadas en una amplia erudición, mediante la cual expresa conocimiento exhaustivo de teorías y marcos conceptuales explicativos. De manera contundente, debo decir que este libro es producto de una afortunada combinación de perseverancia investigadora, conocimiento profundo de su objeto de estudio, preparación intelectual y formación teórica, pero sobre todo pasión por la historia y por el tema elegido; todo lo cual lo ha llevado a desarrollar una historia hasta ahora no contada por otros especialistas, y por tanto, de gran valor historiográfico.

Con gran capacidad de síntesis ha logrado resumir procesos nacionales y locales que tienen que ver directamente con su objeto de estudio, y a éste lo ha sometido a una rigurosa discusión teórica a través del pensamiento abstracto que no deja cabos sueltos para explicar de manera puntual por qué de una forma y no de otra se concretó la reforma socialista en la Universidad Michoacana.

La investigación del doctor Gutiérrez López nos exhibe precisamente los límites autonómicos de una universidad de Estado. Los actores universitarios de toda índole académica y de distinta ideología, y hasta de oportunismo político, se mueven a través de las páginas de este libro, no sólo por los espacios de la universidad, sino que también y de forma constante son atravesados y condicionados por el poder político; al tiempo que también se muestran las pugnas y confrontaciones constantes que en el plano universitario y fuera de él, se llevan a cabo con los voceros y representantes de la derecha.

Aparentemente, el tema de la educación socialista ya había sido objeto de estudio de otros especialistas en el ámbito nacional o en otros entornos locales. Habrá quien asegure que el tema incluso ya estaba agotado. Sin embargo, el enorme acierto de esta obra es que la problemática de la universidad socialista en Michoacán no fue vista por el autor en forma miope o local, sino que, con una visión de conjunto, y entrelazando procesos locales y nacionales, la investigación ha dado por resultado un tratamiento de calidad y del todo inédito del tema en cuestión. Ahora, a partir de esta obra estamos en la posibilidad de entender cuál fue el

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sentido y hasta dónde llegó el proyecto de educación superior prohijado desde las altas esferas del gobierno del presidente Lázaro Cárdenas, y dentro de este proyecto, qué papel desempeñó la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

La obra cuenta, por supuesto, con una revisión y recopilación acuciosa y exhaustiva de fuentes –localizadas en distintos repositorios de Michoacán y la ciudad de México–, muchas de ellas hasta ahora inéditas y no conocidas, lo que le imprime una mayor valía historiográfica. No está por demás también mencionar que este libro tiene una ágil narrativa nada acartonada, y por tanto, su lectura resultará sumamente agradable para cualquier lector, inclusive para el no especializado.

Me siento muy orgullosa de prologar la obra del doctor Gutiérrez López porque su libro viene a constatar que la palabra escrita al rescate del pasado es la lucha y la victoria de la memoria contra el olvido. ¡Enhorabuena!

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INTRODUCCIÓN

IEl ámbito de la educación superior en México fue uno de los principales focos de resistencia ante la escuela socialista. Con las banderas de la autonomía y la libertad de cátedra un destacado número de intelectuales, profesores y estudiantes logró resistir los intentos del gobierno federal por implantar la educación socialista en el ámbito profesional. Aún más, los universitarios del país no sólo resistieron la aplicación de esta propuesta educativa, sino que fueron capaces de oponerse de forma sistemática a ella y consiguieron limitar su puesta en práctica.

El rechazo de los universitarios a la reforma del Artículo 3° constitucional de 1934 dio como resultado un enfrentamiento frontal entre el gobierno de la república y varias instituciones de educación superior, con la Universidad Autónoma de México1 al frente. Las autoridades de la institución se manifestaron en contra de la política educativa oficial, en una actitud que fue secundada por otros universitarios que, en diversos lugares del país, expresaron su descontento contra lo que consideraron una imposición doctrinaria violenta por parte del Estado.

En contraposición, en Michoacán se constituyó un movimiento de reforma universitaria que incorporó a su programa de acción los postulados de la escuela socialista. Autoridades, profesores y estudiantes plantearon la necesidad de establecer una universidad totalmente ajustada a los lineamientos educativos que establecía la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Las actividades de quienes buscaban adecuar el funcionamiento de la Universidad Michoacana a los postulados socialistas se intensificó desde el momento en que se hizo inminente la aprobación de la reforma del Artículo 3° constitucional. En septiembre de 1934 fue dado a conocer un “Proyecto sobre la nueva organización educativa universitaria, de acuerdo con la tesis del socialismo científico”,2 presentado por Enrique Arreguín Vélez y Jesús Díaz Barriga, a nombre del Bloque de Jóvenes Revolucionarios de Michoacán (BJRM). Esta agrupación era integrante del Comité de Estudiantes Socialistas Pro Reorganización Universitaria, establecido ese mismo año y del que se decía había unificado el criterio de todos aquellos que luchaban por la creación de una universidad de Estado.

La aparición del documento citado coincidió con las discusiones que sostenían los miembros del consejo universitario en relación a la reforma constitucional en materia educativa, así como a las posibles implicaciones que tendría para la Universidad Michoacana su aprobación. Estas deliberaciones condujeron a que, en octubre de 1934, la universidad fuera declarada socialista por parte de sus autoridades.3 Posteriormente, los esfuerzos por dotar a la institución de una legislación acorde con la educación socialista rindieron frutos en 1939, cuando se aprobó una ley orgánica en la que quedó asentado que la universidad tendría un carácter de institución de servicio público y que se conduciría por los lineamientos educativos expresados en la Constitución Política del país y la particular del estado.

Sin embargo, la promulgación de la Ley Orgánica de 1939 no logró consolidar el proyecto de reforma en la Universidad Michoacana. El rector Natalio Vázquez Pallares fue obligado a renunciar acusado de traicionar los ideales socialistas. Las nuevas autoridades universitarias, dirigidas por Victoriano Anguiano, un conocido anticardenista, asumieron una posición crítica ante la educación socialista, con lo que se originó una situación de inestabilidad que afectó las actividades de la institución. La actuación de Anguiano fue

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1 La Universidad Nacional Autónoma de México perdió su carácter de nacional con la Ley Orgánica de octubre de 1933 y lo recuperaría hasta 1945; por esta razón, en el texto aparecerá con la denominación de Universidad Autónoma de México.2 Arreguín Vélez, y Díaz Barriga, “Proyecto sobre la nueva organización educativa universitaria…”, pp. 183-213.3 AHUM, CU, S. A, 23 de octubre de 1934.

considerada como violatoria de la Ley Orgánica –que establecía como requisito para dirigir la universidad poseer una reconocida ideología socialista– y provocó, en 1943, un conflicto que rápidamente rebasó el ámbito eminentemente universitario.

El conflicto universitario de 1943 en Michoacán involucró a los poderes Ejecutivo y Legislativo estatales, que desconocieron a las autoridades universitarias. Éstas, a su vez, contaron con el apoyo de la Presidencia de la República, las autoridades de la Universidad Autónoma de México y el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Este enfrentamiento puso en el terreno de la discusión el carácter de las relaciones entre la universidad y el poder público en sus diferentes niveles.

Éste fue el último intento por sostener el proyecto de universidad socialista en Michoacán. La política de unidad nacional y las medidas de rectificación asumidas por la administración presidencial de Manuel Ávila Camacho, así como la posterior reforma del Artículo 3° constitucional, realizada en 1945, dejarían sin sustento las pretensiones de los partidarios de la educación socialista de basar su ideal de universidad en los principios defendidos por el Estado mexicano.

IIEl objetivo principal de la investigación que sustenta este trabajo es el de profundizar en el conocimiento de la forma en que la universidad y los universitarios michoacanos promovieron y asumieron los postulados de la educación socialista y la reforma del Artículo 3° de la Constitución Política de 1934.

La realización de esta tarea implicó el estudio del movimiento de reforma universitaria que, en los años treinta, se propuso el establecimiento de una universidad socialista en Michoacán. Como parte de esta indagatoria se buscó conocer las manifestaciones de apoyo y de rechazo que generó la política de educación superior pública aplicada en Michoacán, entre 1934 y 1943. Además, el trabajo de investigación incluyó un acercamiento al tipo de relaciones que se establecieron entre la Universidad Michoacana y las autoridades estatales y federales ante la puesta en marcha de la educación socialista, como una manera de establecer el lugar ocupado por la institución y sus miembros dentro del panorama de la educación superior universitaria en el país.

IIIEl presente estudio tiene como sujetos a una institución de educación superior pública, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, a sus integrantes y al movimiento reformista que se gestó en su seno motivado por la adopción de la educación socialista. A través de estos elementos es que se aborda el estudio de la “experiencia universitaria socialista” en Michoacán, en el periodo 1934-1943.

El tema de la educación superior universitaria en el marco de la escuela socialista es un buen parámetro para ver los alcances, tanto de la reforma educativa como de los cambios generados en las instituciones universitarias en un momento en que se estaba replanteando su relación con el Estado. En este caso, la universidad aparece como un campo de negociación y confrontación de ideas, que la colocan como una institución que trasciende el ámbito académico para constituirse en un territorio de disputas políticas. Por esta razón, la investigación partirá de la consideración de que, más allá de sus contenidos pedagógicos, la escuela socialista funcionó como un instrumento político de control ideológico. Este último aspecto es una de las vías para entender la reacción de diversos grupos y sectores sociales que percibieron en la educación socialista un ataque directo a sus intereses.

Por otra parte, el presente estudio muestra la necesidad de comprender el papel de la educación superior dentro de la dinámica política y el desarrollo social de su entorno inmediato, al tiempo que se inserta dentro de procesos de mayor alcance, de manera que sea posible ofrecer una explicación de la naturaleza y el origen del movimiento reformista que tuvo lugar en la Universidad Michoacana en la década de los años treinta y el inicio de los cuarenta. Por esta razón, es necesario entender el lugar que ocuparon Michoacán y su universidad dentro de la política educativa impulsada por el Estado mexicano, tomando en cuenta que ésta respondía a los requerimientos de un proyecto nacional; pero, al mismo tiempo, debe cuestionarse hasta qué grado lo ocurrido en el ámbito estatal estuvo condicionado por sus particularidades y en qué medida respondió directamente a estímulos externos.

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Como ya han señalado algunos autores, el estudio de los movimientos universitarios apunta de manera fundamental al problema de la relación entre la universidad y su contexto social. Esto es relevante para entender que muchas veces lo que parece tener un origen universitario, no es sino la expresión de demandas y vivencias de movimientos sociales y políticos más amplios. A la vez, este tipo de estudios permiten conocer la capacidad de cambio, innovación y adaptación de las propias universidades.

Esta reflexión adquiere significación en el momento de precisar si los movimientos universitarios usualmente conocidos como de “reforma universitaria” se agotan en la solución de demandas internas o si son de naturaleza esencialmente política, que pretenden convertirse en agentes de un movimiento que busca una transformación social de mayor alcance.4 Este aspecto es en particular importante en un caso como el de la Universidad Michoacana y el movimiento reformista que se gestó en su interior en torno a la reforma del Artículo 3° constitucional de 1934. En este caso, la naturaleza misma del programa educativo propuesto demandó la participación de la institución dentro de un proyecto político que buscaba una transformación integral de la sociedad mexicana.

Además, la naturaleza del problema planteado pone de manifiesto la heterogeneidad de las tendencias políticas e ideológicas en el entorno nacional. Los conflictos generados por la implementación de la educación socialista no se circunscribieron al ámbito de lo esencialmente educativo y fueron reflejo de las demandas y la defensa de intereses de diversos grupos políticos y sociales.

Por esta razón, un elemento indispensable para profundizar en el conocimiento de la naturaleza y los alcances de la reforma educativa socialista en el ámbito universitario, es el de definir sus objetivos y postulados principales.5 Este punto adquiere interés si se considera que la educación socialista enfrentó desde el principio el problema de su definición. Aun cuando detrás del proyecto y sus impulsores estaba presente un discurso que ligaba a la escuela con las premisas del materialismo dialéctico y del socialismo científico, en la realidad la puesta en marcha de la política educativa estuvo abierta a un sinfín de interpretaciones. Con el espíritu y los postulados de la revolución mexicana como coartada se esgrimieron argumentos de diversa naturaleza sobre los que se trató de erigir la nueva escuela. No obstante, a pesar de que era evidente la carencia de una base doctrinaria sólida, se tenía clara la necesidad de sustituir antiguos métodos de enseñanza por unos nuevos que dieran paso a un tipo de escuela capaz de ofrecer soluciones a los problemas sociales. Además, en la retórica “socialista” de sus impulsores estaban inscritos planteamientos muy claros sobre la función que debería cumplir la nueva escuela. La educación socialista fue vista como una experiencia para el cambio social; se pensó en la escuela como un instrumento para apoyar las transformaciones sociales y la aplicación de los programas de gobierno promovidos por las autoridades federales. El sistema educativo debería formar a individuos identificados con un proyecto de nación que requería de un gran esfuerzo transformador para su puesta en práctica.

En este sentido, sobresale la dimensión ideológica del problema, sobre todo si se toma en cuenta el papel desempeñado por los universitarios michoacanos en la defensa de la educación socialista, a la que contribuyeron con sus ideas y acciones. Algunos de éstos –entre los que se puede mencionar a Alberto Bremauntz, Alberto Coria, Jesús Díaz Barriga, Enrique Arreguín Vélez, Natalio Vázquez Pallares–, no sólo participaron del movimiento que buscó la creación de una universidad socialista, sino que desde diversos ámbitos, durante el periodo presidencial de Lázaro Cárdenas, y aún después, continuaron su lucha en pro de la educación socialista.

Además, para entender el curso de los debates y las posturas adoptadas en relación con la educación socialista, debe tomarse en cuenta que el proceso de gestación de la reforma del Artículo 3° constitucional, así como su aprobación y posteriores intentos de aplicación, se desarrollaron dentro de un panorama de radicalización ideológica que llevó a la polarización de las partes enfrentadas. Esta situación generó un ambiente poco propicio para la negociación política y provocó un choque frontal entre los impulsores y detractores de la nueva propuesta educativa. En este entorno, la socialización de la enseñanza despertó un

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4 Sobre esta reflexión véase: Marsiske, “Presentación”, p. 14.5 Este aspecto también requiere tomar en cuenta los argumentos, acciones y estrategias con que los opositores a la educación socialista hicieron frente al proyecto de “socialización” de la Universidad Michoacana y, en general, a la aplicación de la política de educación superior pública impulsada por las autoridades federales en la entidad.

sentimiento de rechazo en gran parte de la sociedad mexicana, al tiempo que sus impulsores tomaron la bandera de su aplicación como una cruzada por la liberación de las conciencias y como un medio para lograr reformas sociales profundas. Esto ayuda a entender por qué la discusión abandonó el terreno de las ideas para convertirse en un juego de fuerza política.

IVLas relaciones entre la universidad y el poder público constituyen uno de los elementos centrales de esta investigación. Por esta razón, el problema de la autonomía universitaria es un tema presente a lo largo del texto y constituye una preocupación constante dentro de los ejes temáticos que articulan la exposición.

En términos generales, la autonomía universitaria puede ser definida como la facultad que poseen las universidades para gobernarse –darse sus propias normas dentro del marco de su Ley Orgánica y designar a sus autoridades–, para determinar sus planes y programas de estudio dentro de los principios de libertad de cátedra e investigación, y para administrar libremente su patrimonio.6

Sin embargo, quienes han estudiado la autonomía universitaria desde una perspectiva histórica coinciden en señalar la dificultad de establecer una definición única del fenómeno. Un ejemplo de esto es la propuesta de Carlos Monsiváis de hacer referencia a la autonomía universitaria por medio de “definiciones móviles, ajustables en los momentos de crisis”. Así, la autonomía puede ser y ha sido entendida, entre otras formas, como: a) la capacidad de autogobierno; b) la independencia formal o real de la universidad ante el Estado y los gobiernos de la república; c) el espacio entre el presupuesto otorgado por la federación y las decisiones libres de las universidades; d) la extraterritorialidad; e) la libertad de cátedra e investigación; f) la defensa de la voluntad de participación de estudiantes, profesores y autoridades en asuntos de la vida pública; y g) la noción de espacios de excepción en lo académico, lo cultural y lo político. Mediante estas interpretaciones, Monsiváis señala que los cambios semánticos dan por resultado autonomías diversas y, en ocasiones, contradictorias.7

En México, desde el siglo XIX, en el proyecto de universidad de Justo Sierra estaba presente la idea de la autonomía académica como condición básica del progreso intelectual y material de la sociedad; además, esta idea no atribuía competencia alguna al Estado en materia de ciencia, por lo que su misión debería concretarse a la subvención de la instrucción pública.8

La base del pensamiento expresado por Sierra en relación con la autonomía se ha mantenido vigente hasta nuestros días, pero ha sido enriquecida por la experiencia universitaria del siglo XX. Con el paso de los años, la autonomía ha llegado a ser considerada como una totalidad y, a la vez, un concepto en constante construcción y definición, nutrido por vivencias acumuladas a lo largo del tiempo. Siguiendo esta línea de pensamiento, al margen de sus posibles definiciones, puede citarse a Axel Didriksson, quien considera que la autonomía es:

condición central para el funcionamiento de la Universidad como institución social; no es ni puede ser mera concesión formal de una clase o de un poder, ni su ejercicio es una libertad académica en abstracto, al margen de fuerzas, procesos y situaciones históricas concretas. Es consustancial al modelo y al desarrollo de la Universidad mexicana, como lo es de la latinoamericana y caribeña, y hace referencia a un fenómeno originalmente nacional y regional que no se presenta en otros lados.9

También se ha propuesto definir a la autonomía universitaria como “el derecho inalienable y esencial que tienen los integrantes de una sociedad de participar libremente en la creación y comunicación de la cultura”.10 Del mismo modo, en una definición más acotada, se identifica a la autonomía con la libertad de cátedra, es decir, el diálogo entre profesores y estudiantes sin la intervención de los poderes públicos y, por tanto, sin la imposición de dogmas por parte de éstos.11

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6 Diccionario Jurídico Mexicano, tomo I, pp. 282-283.7 Estas definiciones están basadas en el caso de la Universidad Nacional Autónoma de México. Monsiváis, “Cuatro versiones de la autonomía universitaria” en Vicente Quirarte, La universidad en la autonomía, pp. 10-11.8 Alvarado, La polémica en torno a la idea de Universidad…, p. 86.9 Didriksson, “Diferentes tiempos de un concepto: autonomía universitaria”, pp. 34-35, 37.10 Drucker Colín, “La libertad de investigación y el desarrollo científico”, p. 112.11 Serra Puche, “La autonomía universitaria: compromiso humanístico y social”, pp. 72-73.

En términos generales, las diferentes nociones de autonomía coinciden en considerarla como un elemento determinante e indispensable en la constitución de la universidad contemporánea. En este orden de ideas, la autonomía es entendida como una conquista lograda en el proceso de construcción y consolidación de las instituciones universitarias, afectado por la relación entre éstas y los poderes públicos y de diferentes sectores sociales. Pero, al mismo tiempo, la autonomía aparece como un estado ideal, alcanzable en la medida que logre defenderse y ampliarse, lo que en ese sentido se ha conseguido en el transcurso de los años.

En el periodo que corresponde a la investigación, la noción de autonomía tenía su base en las normas que regían las actividades de la Universidad Autónoma de México. Estos criterios fueron enunciados por el Consejo Universitario, en noviembre de 1933, al establecer que la institución era autónoma en cuanto a que por sí misma debería organizarse y determinarse, sin otra restricción interna que la de ajustar su trabajo al fin que le era propio y su estatuto a la ley que establecía su autonomía.12 No obstante, la universidad no constituiría un ente soberano, por lo que estaría sujeta al poder público en todo aquello que no se refiriera a su orden interno, amparado por la autonomía. Al año siguiente, el rector Manuel Gómez Morín escribió que la autonomía no era un capricho, sino que: “en su forma más alta de libertad de investigación y de crítica, [resultaba] impuesta por la naturaleza misma de la Universidad, por el fin que a esta institución [correspondía] en la sociedad, por el carácter de su trabajo”.13

Sin embargo, la autonomía y su función dentro de la organización de las actividades universitarias fueron cuestionadas por los impulsores de un proyecto educativo que postuló la intervención del Estado en la organización y dirección de la enseñanza en todos sus niveles. Alberto Bremauntz, uno de los ideólogos de la educación socialista, definió la autonomía como la facultad de una universidad para normar sus funciones cuando, de manera expresa, le fuera concedida por la Constitución Política del país, la constitución estatal, un estatuto o la ley orgánica correspondiente. Esa facultad implicaba la organización técnica, docente, económica y administrativa de las universidades con personalidad jurídica propia.14

Quienes apoyaron la adopción de los principios de la escuela socialista en los establecimientos de tipo universitario y, por tanto, la intervención del Estado en la organización y conducción de estas instituciones, fueron muy claros en señalar las implicaciones políticas e ideológicas que tenía el asumir una postura a favor o en contra de la autonomía universitaria. En ese sentido, Bremauntz y otros “socialistas” consideraban que, en el país, la autonomía debería ser aceptada y defendida cuando la filosofía e ideología educativas sustentadas por las universidades fueran acordes con las tendencias que buscaban la “aplicación e interpretación del programa [...] de la Revolución Mexicana con criterio de izquierda, [y] la preparación de las juventudes para la transformación de nuestro régimen capitalista en socialista”. Sin embargo, en las condiciones del momento, los “socialistas” rechazaron la autonomía universitaria por considerar que era utilizada por sectores “conservadores, reaccionarios y clericales”, junto con la libertad de cátedra, para actuar en contra de las leyes vigentes y difundir sus ideas, en menoscabo de la labor educativa del gobierno de la república.15

Esta postura ante la autonomía fue la que sostuvieron, en general, los universitarios socialistas michoacanos y la que guió su participación en los debates que sobre el papel de las universidades tuvieron lugar en los años treinta y posteriores. Sin embargo, debe señalarse que la posición antiautonomista y la defensa de un proyecto de universidad de Estado no significó que los socialistas michoacanos renunciaran a otras exigencias que implicaban la democratización y transformación de las instituciones universitarias, como una mayor participación de los estudiantes en el gobierno de sus centros de enseñanza, la revisión de los métodos y el contenido de los estudios, y la extensión universitaria, como medio de una vinculación efectiva de la universidad con el medio social.

Además, debe considerarse que la reforma del Artículo 3° constitucional de 1934 llegó en un momento en que las relaciones entre las universidades y el Estado enfrentaban un problema de definición. El hecho de que las instituciones universitarias apelaran a la bandera de la autonomía con el objetivo de escapar al control estatal no fue únicamente un mecanismo de defensa ante el proyecto de educación socialista;

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12 “La organización jurídica de la Universidad Nacional de México”, pp. 227-230.13 Gómez Morín, La Universidad de México…, p. 16.14 Bremauntz, Autonomía universitaria…, p. 32.15 Ibídem, pp. 32-33.

también fue parte de un movimiento reformista que alteró la estructura de las universidades latinoamericanas en las primeras décadas del siglo XX.

La reforma –y su componente principal: la autonomía– no tuvo por sí sola una orientación ideológica definida y, en realidad sirvió, de manera fundamental, para promover la independencia de las universidades del poder público. Se planteó la autonomía como una medida necesaria para sacar a las universidades de la inmovilidad que generaba su relación con el poder. Estos postulados dieron a los movimientos reformistas un carácter democratizador, en la medida en que propusieron cambios en las relaciones de poder y sentaron las bases para la instauración de un nuevo tipo de universidad, en la que sus integrantes tendrían una mayor participación en la toma de decisiones.

Los movimientos de reforma universitaria tuvieron una proyección nacional y continental. En varios países de América Latina –Argentina, Perú, Cuba, Venezuela, México, entre otros– las universidades fueron el escenario de una lucha por el reacomodo de las fuerzas políticas, económicas y sociales en general.16 Sin embargo, debe señalarse que la autonomía y su aplicación tuvieron diferentes consecuencias en los distintos países latinoamericanos.

En cierto sentido, estos movimientos de reforma universitaria no fueron sino un reflejo de los procesos de cambio que experimentaron las sociedades latinoamericanas al iniciar el siglo XX. Las primeras tres décadas de esta centuria son consideradas como la época de los movimientos universitarios en el continente;17 el momento en que grupos nuevos en la sociedad latinoamericana, anticlericales y nacionalistas, trataron de romper con el poder de las oligarquías en un intento por modernizar el entramado social.18 Dentro de esta lucha, un aspecto que debe ser tomado en cuenta es la función de escuela ideológica que la reforma universitaria representó para sectores de la pequeña burguesía, el espacio de reclutamiento de algunas “contra élites” que enfrentaron a las oligarquías, y del que surgieron numerosos líderes civiles latinoamericanos, así como algunas agrupaciones políticas.19

Por otra parte, debe tomarse en cuenta que el problema de la autonomía universitaria es sumamente complejo. Involucra las relaciones entre una corporación (entidad) e instancias externas de decisión. Desde el punto de vista jurídico plantea la posibilidad que tiene una comunidad de darse sus propias normas, dentro de un ámbito limitado por una voluntad superior, que para el caso sería la del Estado.20 Esta capacidad que permite a esa comunidad ordenarse a sí misma, implica la delegación de una facultad que anteriormente se encontraba centralizada en el Estado. En el aspecto interno, la autonomía lleva implícito un esfuerzo de democratización de las instituciones universitarias al plantear la participación de sus miembros en su gobierno, a la vez que involucra la libertad de cátedra y enseñanza como ejercicio de la autonomía adquirida.

La complejidad del asunto se manifiesta cuando se analizan las características y el resultado de estos movimientos en sus diferentes manifestaciones. A pesar de que las formas de resistencia y lucha tuvieron elementos comunes en todos los países latinoamericanos, los resultados de los movimientos universitarios fueron diferentes en cada uno. En Argentina, el levantamiento estudiantil de Córdoba en 1918 ha sido calificado como un acontecimiento de reivindicaciones democráticas ligado al creciente desarrollo económico del país y al surgimiento de las nuevas clases medias. En Perú, el alzamiento estudiantil en la Universidad de Lima formó parte de una movilización política que derivó en el surgimiento de un partido político, el APRA,

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16 Existe consenso en considerar a los movimientos de reforma universitaria como un fenómeno de carácter latinoamericano. En términos generales, se les entiende como una propuesta de corte liberal que buscaba cambiar el carácter de las universidades, de instituciones conservadoras en otras de carácter liberador; además de representar un anhelo de democracia dentro de un contexto social controlado por el autoritarismo de los estados oligárquicos latinoamericanos. Sobre este tema puede verse: Zea, “La autonomía universitaria como institución latinoamericana”, pp. 317-334.17 Algunos autores señalan la presencia de un segundo ciclo, de un segundo momento crítico, en que sería puesto a prueba el movimiento reformista. Éste, tras su inicio en Córdoba, Argentina, en 1918, se extendió rápidamente a Perú, Chile, Cuba, Colombia, Guatemala, Uruguay. La segunda oleada, iniciada alrededor de 1930, alcanzó Brasil, Paraguay, Bolivia, Ecuador, Venezuela, México. El periodo que abrió en 1930 se asemejó al momento inicial de la reforma universitaria (1918-1923) en la “combatividad exaltada” de las movilizaciones estudiantiles. Otro intento de periodización puede ensayarse a partir de la posición que la izquierda mantuvo respecto a la reforma. En sus primeros años la acompañó, pero a partir de 1925 y hasta mediados de la década de los treinta la rechazó como enemiga de una lucha hegemónica; fue a partir de 1935 que la orientación tendió a cambiar. Esta última consideración, basada principalmente en el caso argentino, coincide con el caso mexicano. Véase: Portantiero, Estudiantes y política en América Latina…, pp. 58, 111-112.18 Marsiske, Movimientos estudiantiles en América Latina: Argentina, Perú, Cuba y México…, p. 13.19 Portantiero, Estudiantes y política en América Latina..., p. 14.20 Marsiske, Movimientos estudiantiles en América Latina: Argentina, Perú, Cuba y México..., pp. 13-14.

que se convirtió en una fuerza política valiosa para el futuro desarrollo de esa nación. En Cuba, el movimiento de reforma universitaria estuvo estrechamente ligado al nacimiento del Partido Comunista Cubano. Julio Antonio Mella, el dirigente de esa agitación estudiantil y uno de los fundadores de esa agrupación política, consideraba que la reforma universitaria era solamente una parte de la revolución social que necesitaba el país.21 Por su parte, en México, la autonomía universitaria fue utilizada por la Universidad Nacional para escapar a las pretensiones hegemónicas del Estado y para mostrar su rechazo a las propuestas educativas de éste. No obstante, en el caso mexicano el reclamo de autonomía dentro de un régimen “revolucionario” dio una connotación “conservadora y reaccionaria” a los universitarios mexicanos.

VEn gran medida, las universidades mexicanas han sido estudiadas a partir de sus problemas, en especial aquéllos que han puesto en entredicho su función educativa al involucrar a las instituciones en discusiones que trascienden el ámbito académico. Entre estos conflictos ocupan un lugar especial los movimientos reformistas con sus pretensiones de autonomía, la defensa de ésta y de la libertad de cátedra, y la delimitación de las relaciones entre las instituciones educativas y el poder público.

Casi por regla general, dentro de los estudios acerca de las universidades y los movimientos de reforma universitaria, la autonomía aparece como una conquista mayor y como una condición necesaria para el funcionamiento de aquéllas. Esta postura coincide con los argumentos de los protagonistas de esos movimientos quienes identificaron a la autonomía y la libertad de cátedra como elementos imprescindibles en la construcción de una nueva universidad, capaz de responder a las necesidades del país, especialmente a partir de los procesos de cambio en la sociedad mexicana iniciados en 1910. En este sentido, los movimientos de reforma universitaria y las demandas autonomistas también aparecen como esfuerzos democratizadores contra las pretensiones hegemónicas de un Estado autoritario, como el que se estaba gestando en el México posrevolucionario.

En nuestro país, las discusiones en torno a los movimientos universitarios y los planteamientos reformistas se han concentrado principalmente en la Universidad Nacional Autónoma de México. La autonomía destaca como un elemento esencial en la delimitación de las relaciones entre esta institución y el Estado, al tiempo que ha servido como un instrumento en la solución de sus problemas internos. En estos estudios la autonomía aparece como una de las mayores conquistas de la universidad y los universitarios en el marco de sus enfrentamientos con el Estado, que entre 1929 y 1945 tuvieron un momento crítico.22 Por su parte, en la Universidad Michoacana el tema de la reforma universitaria también ha sido una preocupación constante. Sin embargo, los movimientos universitarios de los años treinta y cuarenta, y su postura ante la autonomía, apenas han merecido mención y la atención se ha concentrado en otros periodos.23

En el continente, el movimiento de reforma universitaria ha despertado el interés de investigadores que abordan el tema tanto de manera particular, a partir de casos nacionales o institucionales, o de forma global, mostrando las similitudes y diferencias entre sus diferentes manifestaciones; ya sea mediante intentos de comprensión global o con la muestra de un mosaico de casos. A través de estas obras es posible acceder a un panorama general de la historia de los movimientos universitarios latinoamericanos en el siglo XX.24 Este aspecto es de vital importancia toda vez que existe consenso en considerar a este tipo de movimientos como un fenómeno de carácter latinoamericano; como propuestas de corte liberal que trataban de transformar el

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21 Ibíd., p. 17.22 Entre 1929 y 1945 se delinearon los elementos fundamentales de la autonomía universitaria; principalmente a partir de 1933, cuando la universidad obtuvo la “autonomía total” y perdió su carácter nacional, el cual recobró hasta 1945.23 Algunas de las obras que abordan el tema de la autonomía en la Universidad Michoacana son las siguientes: Autonomía universitaria. Documentos diversos, 1979. Bravo Baquero, et. al., La lucha política y la lucha pedagógica en la Universidad Michoacana, 1966. Bravo Baquero, El movimiento latinoamericano de reforma universitaria en Michoacán…, 1978. Rodríguez Morales, Autonomía y órganos de gobierno en la Universidad Michoacana…, 1999. Sentido y presencia de la Reforma Universitaria en Michoacán, 1947.24 Entre estos trabajos se encuentran: La autonomía universitaria en América Latina, 1979. Hurtado, Estudiantes: reforma y revolución…, 1990. Marsiske, Movimientos estudiantiles en América Latina: Argentina, Perú, Cuba y México..., 1989. Marsiske, Movimientos estudiantiles en la historia de América Latina II, 1999. Portantiero, Estudiantes y política en América Latina..., 1978. Tünnerman Bernheim, La reforma universitaria de Córdoba, 1997.

carácter de las universidades en el contexto de sociedades cambiantes en las que nuevos grupos sociales buscaban vías de acceso al poder.25

Un aspecto que merece un análisis más detallado es el relacionado con la naturaleza y los alcances de los movimientos de reforma universitaria. Es interesante la idea, sostenida por Leopoldo Zea, de que la reforma universitaria latinoamericana fue un movimiento que se propuso cambiar estructuras sin alterar sistemas.26 Esta reflexión es importante si tomamos en cuenta el carácter de la reforma universitaria en Michoacán, cuyos promotores buscaron, a través de la instauración de una universidad socialista, promover reformas sociales profundas en el país, pero siempre dentro de los límites de un proyecto de Estado nacional que tuvo su principal manifestación durante la administración presidencial de Lázaro Cárdenas (1934-1940).

VILos “socialistas” michoacanos participaron en la discusión en torno al problema de la autonomía desde una posición contraria a la de la mayoría de los universitarios del país. En la Universidad Michoacana se retomaron los postulados de los movimientos de reforma universitaria que conmovieron a otros países latinoamericanos en las primeras décadas del siglo XX, pero consideraciones políticas e ideológicas derivaron en la adopción de posiciones antiautonomistas. Se esgrimieron los planteamientos de una universidad popular y democrática, con una mayor participación de los estudiantes dentro del gobierno y administración universitarios; aunque, al mismo tiempo, la integración de un amplio sector de universitarios michoacanos al proyecto educativo cardenista y la decisión de constituir la universidad en una institución de Estado llevaron al movimiento de reforma universitaria en Michoacán a renunciar al principio de autonomía total en aras de un proyecto político.

Los “socialistas” michoacanos limitaron sus pretensiones autonomistas, dada la connotación “negativa” que había adquirido la autonomía en el contexto nacional, al ser uno de los argumentos esgrimidos por los universitarios de diferentes lugares del país para escapar a la influencia de la educación socialista y el control del Estado. Sin embargo, la postura del movimiento de reforma universitaria en Michoacán en relación con la autonomía no fue una respuesta automática al problema planteado por la implementación de la educación socialista, y sufrió variaciones que respondieron a la dinámica de las relaciones entre el Estado y las instituciones universitarias. Las posturas en torno al problema de la autonomía oscilaron entre una noción restringida de la misma, por las atribuciones que se concedían al poder público enla toma de decisiones relacionadas con la conducción de la universidad, y la propuesta del establecimiento de una institución completamente dependiente del Estado (universidad de Estado).

El proyecto de la universidad socialista en Michoacán tuvo un carácter transformador que fue más allá de su contenido ideológico y de sus implicaciones políticas. La propuesta incluyó una nueva orientación de la enseñanza, que retomó los planteamientos de una escuela activa, la lucha contra los viejos métodos pedagógicos, el enfoque científico y la aplicación del conocimiento en la solución de problemas sociales concretos. Estas propuestas, a pesar de las limitaciones del proyecto, representaron una idea diferente de institución educativa. Empero, la puesta en práctica del ideal socialista en la Universidad Michoacana fue un proceso tortuoso que mostró las contradicciones de sus planteamientos y su viabilidad, y, a pesar de su aparente fortaleza, no logró modificar de manera sustancial la estructura de la institución, ni penetrar de manera visible en la conciencia de los universitarios, y sólo pudo mantenerse en la medida en que contó con el apoyo del poder público, en sus ámbitos estatal y federal. Con el abandono del proyecto nacional cardenista, la idea de una universidad socialista perdió sentido. La política de unidad nacional y las medidas “rectificadoras” impulsadas a partir de 1941 abrieron el camino a un nuevo proyecto educativo que terminó por negar al anterior.

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25 Sobre este aspecto puede verse: Zea, “La autonomía universitaria como institución latinoamericana”, pp. 317-334.26 Zea sostiene que la reforma, a partir de su primera manifestación en Córdoba en 1918, tuvo una orientación liberal que se expresó en una protesta contra los vicios que habían impedido la incorporación de las sociedades latinoamericanas en el sistema creado por el liberalismo, en otra relación que no fuese la de dependencia ante los centros de poder de sus creadores. A la vez, la autonomía fue una demanda contra los resabios de la colonización ibera, puestos al servicio de las oligarquías regionales que la sustituyeron. La reforma y la demanda de autonomía buscaron cambiar a la universidad como institución conservadora en una institución liberadora, pero el cambio que los estudiantes reclamaban no representaba una subversión contra el sistema liberal, sino contra el lugar que les tocó en él (el papel de América en ese sistema); insistían en ser parte del sistema mismo, pero haciendo suyas las instituciones liberales y la capacidad del sistema para poner este mundo a su servicio. Ibíd., pp. 322-326.

El apoyo de las autoridades y un amplio sector de miembros de la Universidad Michoacana al proyecto educativo socialista los llevó a estrechar sus relaciones con el régimen cardenista –del que lograron prerrogativas y convirtió a la institución en un elemento estratégico para poner en práctica su política educativa– en un escenario caracterizado por el enfrentamiento entre el Estado y las universidades. Al mismo tiempo, esta posición significó el aislamiento de la Universidad Michoacana dentro del conjunto de la educación superior universitaria en el país, caracterizado por el rechazo a la imposición de la educación socialista. Esta situación se manifestaría de manera negativa para la Universidad Michoacana al inicio de los años cuarenta, en un entorno político marcado por el proceso de rectificación del régimen de Manuel Ávila Camacho, que implicó el abandono del proyecto educativo socialista, que sin el apoyo del Estado entró rápidamente en crisis.

VIILa presente investigación está sustentada, en gran medida, en fuentes documentales inéditas, de muy diverso carácter, que se encuentran ubicadas en acervos documentales de dependencias e instituciones gubernamentales, privadas, educativas o forman parte de archivos particulares.

Entre los consultados deben destacarse, por su importancia para la realización de la investigación, el Archivo Histórico de la Universidad Michoacana, el Fondo Documental Raúl Arreola Cortés del Instituto de Investigaciones Históricas de la misma Universidad, el Archivo General e Histórico del Poder Ejecutivo de Michoacán y el Archivo Histórico del Congreso de Michoacán, todos ubicados en Morelia. Otros repositorios documentales michoacanos fueron el Archivo de la Unidad Académica de Estudios Regionales, sede La Ciénega, de la Universidad Nacional Autónoma de México27 y el Archivo Particular de Enrique Arreguín Vélez, en las ciudades de Jiquilpan y Zamora, respectivamente, este último bajo resguardo de El Colegio de Michoacán. En la ciudad de México la investigación se concentró en el Archivo General de la Nación, el Archivo Histórico de la Secretaría de Educación Pública y el Archivo Particular de Natalio Vázquez Pallares.

Otro conjunto de fuentes de gran importancia es el que constituyen las publicaciones periódicas de circulación local, estatal y nacional en las que quedaron consignados numerosos acontecimientos relacionados con las actividades universitarias y en las que se expresaron diferentes opiniones sobre los mismos. A la vez, los conflictos universitarios generaron dentro de la institución una gran cantidad de publicaciones periódicas, folletos, manifiestos y hojas sueltas, los cuales plasmaron las ideas y posturas adoptadas por los grupos enfrentados. La documentación de este tipo utilizada en la investigación proviene del Archivo Particular de Enrique Arreguín Vélez, el Fondo Documental Raúl Arreola Cortés, la Hemeroteca “Mariano de Jesús Torres” de la Universidad Michoacana y la Hemeroteca Nacional.

VIIILa educación superior en México ha sido tratada de manera limitada dentro de los estudios de la etapa que corresponde a la educación socialista. En dicho periodo se ha puesto mayor atención a lo relacionado con la enseñanza básica y rural. Esto es comprensible, en cierta medida, por las características del proyecto educativo cardenista, pero también pone al descubierto un vacío en este tipo de estudios. Además, buena parte de lo escrito sobre las universidades, y su papel en la vida académica y política del país, en la década de los años treinta y principios de los cuarenta, se ha explicado a partir de la postura adoptada por la Universidad Autónoma de México y su rechazo al proyecto educativo socialista. Como sobre otros aspectos de la historia del país, gran parte de la literatura sobre la educación superior y las universidades se ha escrito con una visión centralista y, en ciertos sentidos, totalizadora, que se circunscribe a lo acontecido en la máxima casa de estudios. No obstante, debe señalarse que existe toda una gama de fuentes que, de manera directa o indirecta y en diversos niveles, ofrecen una rica información acerca de las instituciones universitarias en el resto del país, así como el contexto político y social en el cual se desenvolvieron y el papel que desarrollaron dentro de éste.

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27 En el momento en que se realizó la consulta, este acervo pertenecía al Centro de Estudios de la Revolución Mexicana “Lázaro Cárdenas”, A. C. (ACERMLC). Con esta referencia aparece a lo largo del texto.

La educación superior y las instituciones y movimientos universitarios en diversas entidades del país han sido objeto de algunos estudios particulares. Estas fuentes, junto con la documentación de archivo, permiten tener una visión más rica de la dinámica de las actividades universitarias en el ámbito nacional.28

El caso michoacano, por su parte, cuenta con algunas obras de carácter general en las que se abordan aspectos sobresalientes de la historia de la Universidad Michoacana en sus primeras décadas de existencia.29 Estas obras se complementan con otras escritas por los universitarios, en las que plasmaron sus impresiones sobre su experiencia en la institución y expusieron su versión de algunos de los acontecimientos que la afectaron.30 Asimismo, algunos investigadores han abordado de diversas maneras los problemas educativos y el papel de la universidad en la vida política y cultural de Michoacán.31

Recientemente, se ha emprendido una labor más sistemática en los estudios acerca de la Universidad Michoacana. Este trabajo tiene su principal impulso en las actividades promovidas por el Archivo Histórico de la institución, reflejadas en la producción de obras de diverso carácter, entre las que sobresalen las investigaciones realizadas como tesis de licenciatura, algunas de las cuales han sido publicadas.32

A estas fuentes se agrega el cúmulo de obras escritas en torno a la educación socialista y los debates que ha generado su interpretación, así como las reflexiones que han merecido ciertos aspectos de la vida de las instituciones universitarias del país, en especial el referido a las movilizaciones estudiantiles.33

En este contexto historiográfico, la presente investigación busca contribuir al estudio de la universidad como un espacio para la generación, discusión y enfrentamiento de ideas, que más allá de sus funciones pedagógicas la convierten en un escenario de contiendas políticas. Además, el estudio de las relaciones entre la universidad y sus miembros con el poder público posibilita un análisis más profundo de las implicaciones de la autonomía para las instituciones de educación superior y su entorno social, considerando que no es ésta una atribución que se limite al ámbito estrictamente académico.

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28 Para una relación de estos estudios consúltese el apartado de fuentes al final de esta obra.29 Entre las obras de carácter general sobre la historia de la Universidad Michoacana destacan las siguientes: Arreola Cortés, Historia de la Universidad Michoacana, 1984. Arreola Cortés, Historia del Colegio de San Nicolás, 1982. Macías, Aula Nobilis…, 1940. Gutiérrez, Universidad Michoacana…, 1997.30 Las ideas, opiniones y recuerdos de los universitarios michoacanos quedaron plasmados en múltiples publicaciones, entre las que se encuentran: Arreguín Vélez, Enrique Arreguín Vélez: su pensamiento…, 1968. Arreguín Vélez, Páginas autobiográficas, 1982. Bremauntz, Setenta años de mi vida…, 1968. Díaz Barriga, Interpretación del Artículo Tercero Constitucional, 1941. Díaz Barriga, Su pensamiento sobre la educación socialista…, 1981. Vázquez Pallares, Hacia la reforma universitaria, pp. 13-40. Anguiano Equihua, Lázaro Cárdenas…, 1989. Martínez Ocaranza, Autobiografía, 2002.31 Entre estas obras destacan las realizadas por Verónica Oikión Solano, en particular Michoacán en la vía de la unidad nacional…, 1995. En esta investigación la autora muestra las implicaciones políticas del conflicto universitario de 1943, en el contexto de la implementación en Michoacán de la política de unidad nacional.32 Entre las obras publicadas que tuvieron su origen como trabajos de tesis se encuentran: Díaz Aldama, Los estudios de jurisprudencia en la Universidad Michoacana…, 2000. Luna Flores, La Universidad Michoacana: 1926-1932…, 2002. Pimentel Alcalá, Los estudios normalistas en la Universidad Michoacana…, 2001. Vizcaíno López, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo: panorama jurídico…, 2000.33 Para una relación de estos estudios consúltese el apartado de fuentes al final de esta obra.

I. UNIVERSIDAD Y REFORMA EDUCATIVALA LUCHA POR EL CONTROL DE LA EDUCACIÓN

SUPERIOR EN MICHOACÁN, 1921-1938

HACIA UNA REFORMA UNIVERSITARIA EN MICHOACÁN, 1926-1932

Universidad y reforma educativa en Michoacán, 1928-1932

En julio de 1926 asumió la rectoría de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo el médico Jesús Díaz Barriga, quien permaneció en el cargo hasta 1932. Este sexenio constituiría un caso excepcional de estabilidad en la administración universitaria, caracterizada por los constantes cambios en su conducción. Los últimos cuatro años de la gestión de Díaz Barriga coincidieron con la administración estatal de Lázaro Cárdenas (1928-1932), un gobernante con el que rápidamente se identificó un gran número de universitarios.

El gobernador Lázaro Cárdenas estableció mecanismos de comunicación directa con la Universidad Michoacana y sus miembros. En reciprocidad, profesores y alumnos de la institución apoyaron el programa educativo gubernamental y constituyeron una base social de apoyo incondicional para el mandatario michoacano. Fue en esos momentos en que un amplio sector de los universitarios que se asumían como revolucionarios y socialistas terminaron por definirse como cardenistas, con lo que en la práctica “cardenista” y “socialista” terminaron siendo casi sinónimos.

La propuesta de una reforma educativa, que formaba parte del programa político cardenista, fue apoyada y enriquecida por los universitarios michoacanos. De esta colaboración surgieron proyectos y acciones que tuvieron como finalidad la aplicación de un modelo educativo que, bajo la guía del Estado, buscaría “socializar” la enseñanza. Esta labor requirió de la participación directa de la Universidad Michoacana que, como institución, se plegó a la línea política e ideológica sostenida por el ejecutivo estatal.

Hacia el final de la década de los veinte se hicieron cada vez más insistentes las solicitudes de una reforma educativa radical, tanto en la Universidad Michoacana como en el ámbito nacional. Como parte de estas propuestas, el 7 de febrero de 1929 un grupo de universitarios dirigió al gobernador del estado un documento titulado “Lineamientos generales del programa educacional que deberá seguir la Universidad Michoacana para llegar al pueblo y de reorganización de la misma y sus dependencias”,1 en cuyo contenido se expuso un programa para el reordenamiento de la administración y actividades universitarias.

En las bases generales del proyecto, calificado de “Revolución universitaria”, se planteó que se debería evitar que los representativos estudiantiles se inmiscuyeran en el terreno político para obtener privilegios de las autoridades universitarias. Asimismo, se indicó una serie de acciones para reorientar las actividades universitarias, que incluía: formular un programa de acción social en colaboración con el Departamento de Extensión de la Universidad Michoacana; remover al “profesorado reaccionario”; buscar que los estudiantes contaran con la misma representación de los profesores en el Consejo Universitario; procurar la homogeneización de los sistemas educativos teniendo como base la función social; reformar los planes de estudios en la universidad; establecer cátedras de lógica, ciencias sociales y económicas, en todos los niveles educativos; crear un órgano de extensión universitaria para que los estudiantes normalistas y de la Escuela de Jurisprudencia pusieran sus conocimientos a disposición de obreros y campesinos; impartir cursos teórico-prácticos para los empleados públicos; establecer el bufete del pobre, en el que los estudiantes de leyes defenderían de forma gratuita a todos aquéllos que por estar en esta situación no pudieran pagar un abogado; y elegir un nuevo rector de la universidad.2

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1 “Lineamientos generales del programa educacional que deberá seguir la Universidad Michoacana para llegar al pueblo…”, pp. 172-179.2 Ibíd., pp. 173-175.

Por su parte, en 1930, en otro sector del ámbito educativo, la Unión de Maestros Revolucionarios Michoacanos estableció, en su declaración de principios, que la organización trabajaría para que los profesores se identificaran plenamente con los “postulados revolucionarios de la época” y colaboraran con la obra revolucionaria del gobierno. Por esta razón, se condenó la neutralidad del profesorado ante los problemas del país. También se señaló que los pedagogos educarían a las clases trabajadoras para dotarlas de las herramientas que los hicieran capaces para la solución de sus problemas económicos, cívicos y sociales, fomentando el cooperativismo y el socialismo.3

Meses después, a inicios de 1932, algunos sectores de alumnos y profesores universitarios externaban con insistencia su deseo de lograr una reforma constitucional en materia educativa. En abril de ese año, los preceptores del Colegio de San Nicolás suscribieron una “declaración de principios” en la que se informó la creación de la Sociedad de Profesores del Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo, que tendría entre sus finalidades buscar mejoras laborales para sus miembros.4

Los planteamientos en materia educativa expuestos por los universitarios michoacanos coincidieron, en lo general, con las ideas expresadas en el informe de labores rendido por Lázaro Cárdenas, correspondiente a su periodo gubernamental en Michoacán (1928-1932). En esta declaración se hizo una crítica al laicismo porque las autoridades consideraban que dejaba a los padres la libertad de inculcar a sus hijos “las modalidades espirituales” de mayor arraigo en los hogares e impedía la posibilidad de “unificar las conciencias hacia el fin por el cual [luchaba] la Revolución”. El ejecutivo también propuso la unidad en los programas escolares y atacó la existencia de planteles educativos privados por considerar que debido a su “espíritu conservador o retardatario” neutralizaban la acción del Estado.5

En lo que respecta a la educación superior, el gobernador Lázaro Cárdenas señaló que era la universidad la institución a la que correspondía la formación de los individuos directores del estado; también, expuso su idea de crear una institución universitaria a la que tuvieran acceso los trabajadores, así como su intención de socializar las profesiones para colocar “a los hombres en un plano de generosidad” que permitiera utilizar su talento y habilidades en beneficio de los “servicios públicos y de la humanidad”.6

Además, el interés del ejecutivo estatal por la enseñanza superior se expresó de manera directa en sus esfuerzos por ampliar la oferta educativa de la Universidad Michoacana. El 31 de diciembre de 1929, en una reunión de directores de planteles universitarios con representantes del ejecutivo estatal, se informó que el gobierno de Michoacán estaba dispuesto a patrocinar el establecimiento de una escuela de ingeniería en la universidad. Ésta sería sostenida por las autoridades de la entidad, sin que su establecimiento afectara los recursos destinados a las demás dependencias universitarias. La propuesta fue discutida y aprobada por los miembros del Consejo Universitario el 4 de enero de 1930, nombrándose una comisión integrada por Porfirio García de León, Rafael García de León y Ramiro Sanabria, quienes se encargaron del proyecto de organización de la Escuela de Ingeniería, que fue establecida ese mismo año.7

Sin embargo, no todas las propuestas del ejecutivo estatal fueron aceptadas por las autoridades universitarias. En febrero del año siguiente se discutió en el Consejo Universitario una propuesta del gobernador Lázaro Cárdenas para crear una escuela de odontología. Con este fin se destinaría una partida especial para ampliar el presupuesto universitario y garantizar el funcionamiento de la nueva escuela, sin afectar a las dependencias universitarias en funcionamiento. Algunos miembros del Consejo Universitario se mostraron partidarios de la propuesta, pero otros, como Salvador Bremauntz, expusieron su reservas señalando que deberían garantizarse recursos suficientes para el correcto desempeño de la nueva escuela, debido a que la crisis económica por la que atravesaba la universidad obligaba a que se diera prioridad al sostenimiento de las escuelas y facultades en funcionamiento. El consejero Victoriano Anguiano secundó la postura de Bremauntz y consideró que debería atenderse, en primer lugar, la enseñanza preparatoria. Finalmente, la asamblea decidió nombrar a los consejeros Anguiano y García de León para que se

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3 “Declaración de principios de la Unión de Maestros Revolucionarios Michoacanos”, en ACERMLC, FJM, vol. 12, doc. 1.4 Macías, Aula Nobilis..., pp. 465-466.5 “Informe del general de división Lázaro Cárdenas, 16 de septiembre de 1932”, pp. 27-28.6 Ibíd., p. 30.7 AHUM, CU, S. A., 4 de enero de 1930. “Informe del general de división Lázaro Cárdenas, 16 de septiembre de 1930”, p. 15.

entrevistaran con el gobernador del estado a fin de gestionar que el dinero presupuestado para la Escuela de Odontología fuera cedido a la universidad para atender las necesidades de los establecimientos universitarios ya existentes.8

Legislación educativa en Michoacán, 1926-1932

Con el objetivo de llevar a la práctica su proyecto educativo, las autoridades del gobierno de Michoacán impulsaron y realizaron algunos cambios legislativos en materia escolar. Estas medidas tuvieron entre sus objetivos garantizar el dominio del estado sobre la organización y orientación de la enseñanza en todos sus niveles; así como el control sobre el ejercicio de las profesiones.

Como parte de estos ajustes, en septiembre de 1930 se inició la discusión en el congreso local, del dictamen de la comisión especial encargada del estudio de una iniciativa presentada por el ejecutivo estatal para la reglamentación del Artículo 4º constitucional, sobre la práctica de la medicina y sus ramas anexas.9 Producto de estas discusiones, el 10 de noviembre de 1930 fue publicado el decreto por medio del cual se dio a conocer la ley que reglamentó el ejercicio de las profesiones de médico, cirujano, dentista, farmacéutico, veterinario y partero, en Michoacán. Esta normatividad estableció que en el estado era requisito indispensable contar con título oficial para ejercer la medicina y sus ramas anexas. También se indicó que serían reconocidos como legales los títulos expedidos por la Universidad Michoacana, por instituciones oficiales de la federación o los estados y por universidades reconocidas por la Universidad Michoacana. Los grados obtenidos en el extranjero serían revalidados por esta institución, la cual sería, además, la única competente en el estado de Michoacán para expedir títulos correspondientes a las profesiones señaladas.10

Algunas de las medidas aplicadas para la reorganización del sistema educativo en Michoacán repercutieron en la estructura universitaria. En enero de 1930 se discutió la posibilidad de separar las escuelas normales, de la Universidad Michoacana, para que pasaran a depender de la Dirección General de Educación Primaria. Esta propuesta provino de las autoridades estatales que consideraron que de esta manera la universidad podría cumplir mejor con la función de formar profesionistas dejando en los responsables de la educación primaria la instrucción de profesores para sus establecimientos. Los miembros del Consejo Universitario aprobaron la desvinculación de las escuelas normales recomendando a las autoridades estatales la creación de un consejo técnico que se encargara de vigilar su funcionamiento.11

La separación de la enseñanza normal de la Universidad Michoacana fue sancionada legalmente el 27 de octubre de 1930 con la publicación de un decreto especial en el Periódico Oficial de Michoacán. De acuerdo con esta disposición, la enseñanza preparatoria y profesional estaría a cargo de la Universidad Michoacana y la normal bajo responsabilidad directa del ejecutivo estatal.12

Por otra parte, en los últimos meses de la administración de Lázaro Cárdenas fueron promulgadas algunas normatividades que dieron sustento legal a las ideas que, en materia educativa, profesaban las autoridades estatales y algunos sectores universitarios. En enero de 1932 se promulgó la Ley Reglamentaria de la Educación Pública, que reguló los artículos 130 al 138 de la Constitución particular de Michoacán. En esta ley se estableció que la educación primaria impartida por el estado sería gratuita y se caracterizaría por ser nacionalista, democrática, social y activa. El carácter “social” se refería a que daría una “educación individual en función del mejoramiento social”, y sería medio para “formar en los alumnos la conciencia de los principios conquistados por nuestra Revolución Social y consignados en la Constitución Mexicana”.13

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8 AHUM, CU, S. A., 28 de febrero de 1931.9 AHCEMO, actas de sesiones de la XLIII Legislatura Constitucional, 17 y 18 de septiembre, 1 de octubre de 1930.10 [Decreto número 4 dando a conocer la Ley que reglamenta en el Estado las profesiones de médico, cirujano, dentista, farmacéutico, veterinario y partero], pp. 1-3.11 AHUM, CU, S. A., 4 de enero de 1930.12 [Decreto número 5 reformando el artículo 130 de la Constitución Particular del Estado], pp. 1-2. Los estudios normalistas serían nuevamente encomendados por el Gobierno del estado a la Universidad Michoacana a partir de 1935.13 Ley Reglamentaria de la Educación Pública…, 1932.

El ejecutivo estatal, en los considerandos del proyecto de ley, señaló que la escuela debería defender “las conquistas de la revolución”; por lo que “los gobiernos” deberían procurar que la educación inculcara la cooperación del trabajo, el amor al ejido y las labores industriales; a la vez que promoviera las campañas antialcohólicas y de promoción de la cultura física.14

Pocas semanas después, el 20 de febrero de 1932, fue firmado por el gobernador Lázaro Cárdenas el decreto número 84, que facultaba al ejecutivo estatal para suspender, cerrar, clausurar o prohibir el funcionamiento de escuelas, centros, institutos, facultades, establecimientos o cualquiera otra institución en donde se impartiera educación o enseñanza en cualquier profesión y ministerio de cualquier culto de los cuales existiera abundancia de profesionistas o ministros en la entidad, a juicio del ejecutivo y en conformidad con las leyes existentes en la materia.15

El ejecutivo estatal, en los considerandos del proyecto de ley que dio origen a este decreto, señaló que la iniciativa tenía como finalidad resolver el fenómeno de la abundancia de profesionistas que daba como resultado la existencia de un grupo de personas que vivía en forma “parasitaria” y lucraba con el trabajo y la ignorancia de un importante sector de miembros de la sociedad.16

Con estas medidas el ejecutivo estatal dio sustento legal a sus pretensiones de controlar en su totalidad, directa o indirectamente, el sistema educativo en Michoacán y el ejercicio de las profesiones. En este esfuerzo ocupó un lugar estratégico y preponderante la Universidad Michoacana, al constituirse en la institución educativa que tenía a su cargo, de manera casi absoluta, la organización, administración y orientación de la educación superior en el estado.

El estudiantado organizado, 1926-1932

En 1926, las agrupaciones estudiantiles más notables dentro de la Universidad Michoacana eran el Consejo Estudiantil Nicolaita (CEN) y la Federación de Estudiantes Michoacanos (FEM). Ambas organizaciones, creadas durante el rectorado de Ignacio Chávez (1920-1922), aglutinaban a la mayoría del estudiantado organizado en la institución.17

A lo largo de los años veinte, a través del fortalecimiento de la estructura de sus organizaciones los estudiantes consolidaron su posición dentro de la universidad, pero fue hacia finales de la década que se empezó a perfilar la posibilidad de agrupar a todo el alumnado universitario en una sola entidad. Con esta idea, el 27 de mayo de 1930 se realizó, en el Colegio de San Nicolás, el Primer Congreso Local de Estudiantes Universitarios, en el que se discutió la formación de una federación estudiantil de alcance estatal.18 En el congreso participaron el CEN y las sociedades de alumnos de la Escuela de Comercio, la Facultad de Medicina, la Escuela de Bellas Artes, la Escuela de Ingeniería y la Sociedad Revolucionaria de Estudiantes Michoacanos de Jurisprudencia.19 Todas estas agrupaciones tenían como denominador común en sus estatutos la pretensión de buscar una mayor vinculación entre la universidad y los trabajadores.

Para ese momento era ya evidente que el CEN, presidido por Natalio Vázquez Pallares, se había consolidado como la organización estudiantil mejor estructurada, con mayor peso político dentro de la universidad y con posibilidades de crecimiento al exterior de la institución. Como cuadros dirigentes del CEN empezaron a figurar elementos que destacaron como líderes estudiantiles. Rápidamente, la agrupación se convirtió en la instancia formadora y promotora de los principales cuadros políticos dentro del ámbito universitario.20 El proyecto de crear una federación de estudiantes universitarios de Michoacán no se concretó en 1930 y el CEN mantuvo e incrementó su preeminencia entre el alumnado.

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14 AHCEMO, actas de sesiones de la XLIII Legislatura Constitucional, 20 de enero de 1932.15 Decreto número 84, 20 de febrero de 1932. AGHPEM, SG, I, Leyes y decretos, c. 16, exp. 25; ff. 2-6.16 AHCEMO, actas de sesiones de la XLIII Legislatura Constitucional, 15 de febrero de 1932.17 Comité Ejecutivo de la FEM en 1926: Gabino Vázquez, presidente; José Morales C., Alfredo Rivera, María Teresa Servín, Enrique Arreguín, Claudia Hernández, Luis Andrade y Virginia Ramos. Luna Flores, La Universidad Michoacana, 1926-1932..., pp. 54-55.18 AHUM, UMSNH, EP, Colegio de San Nicolás, CEN, libro 137.19 Luna Flores, La Universidad Michoacana, 1926-1932..., p. 56.20 Como parte de ese proceso de consolidación, el CEN se afilió a la CNE en 1931.

En algunas dependencias universitarias se formaron agrupaciones estudiantiles autocalificadas como “revolucionarias”, entre las que pueden señalarse la ya mencionada Sociedad Revolucionaria de Estudiantes Michoacanos de Jurisprudencia, así como la Asociación Revolucionaria de Alumnos de la Escuela de Comercio, creada en agosto de 1931. De acuerdo con sus integrantes, ésta tendría como objetivo contrarrestar la acción de la sociedad de alumnos del plantel, por considerar que no correspondía a las “tendencias revolucionarias” del estudiantado universitario. Los miembros de la organización se plantearon llevar a cabo, como parte de sus actividades, la localización y sanción de los estudiantes considerados “retardatarios”.21

Por otra parte, los estudiantes michoacanos, principalmente a través del CEN, se involucraron de manera directa en la vida política en sus ámbitos local, estatal y nacional. En julio de 1932 se realizó en Morelia una convención del denominado Partido Nacional Estudiantil Cardenista, que fue utilizada por los universitarios michoacanos para reafirmar su adhesión al gobernador Lázaro Cárdenas, la cual expusieron mediante una serie de postulados ideológicos y pedagógicos. Entre estos lineamientos estaba la pretensión de realizar una reforma educativa, de carácter racionalista, que permitiera a las “clases trabajadoras” apoderarse de los medios y fondos de producción para lograr la constitución de un Estado socialista.22

Poco tiempo después, en agosto de 1932, se hizo un nuevo intento por unificar al estudiantado michoacano. El 22 de ese mismo mes inició sus actividades una convención estudiantil convocada por el CEN. En esta reunión se presentaron propuestas para constituir y poner en funciones la Unión Estudiantil Michoacana. Con ese fin se nombró una comisión especial para redactar los estatutos de la organización, pero en las discusiones sobre el asunto se enfrentaron dos posturas sobre el carácter de la misma: un sector proponía que la organización tuviera un carácter clasista, mientras que otro abogaba por dar cabida al colaboracionismo.23 Los miembros del primer grupo hicieron valer su posición y presentaron un proyecto de estatutos para crear la Unión de Estudiantes Socialistas de Michoacán (UESM).24

Los “cafés” nicolaitas

El rector Jesús Díaz Barriga, en colaboración con el CEN, promovió reuniones mensuales para estimular el intercambio académico y la convivencia entre los estudiantes de los diferentes planteles universitarios. Como parte de estas reuniones surgieron los llamados “cafés nicolaitas”.25

Los “cafés nicolaitas”, cuyas sedes se localizaban en los domicilios particulares de algunos profesores, especialmente en los de Jesús Díaz Barriga y Enrique Arreguín Vélez, tenían carácter semanal sabatino. En los “cafés” participó también el gobernador del estado, Lázaro Cárdenas, en cuya residencia particular se realizaron algunas reuniones. Fue precisamente en una de éstas que se discutieron las bases para formular la reglamentación del Artículo 4º constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones. Con esa finalidad se designó una comisión redactora integrada por Gabino Vázquez, Luis G. Alcérreca y Enrique Arreguín Vélez.26 En la siguiente tertulia, también realizada en la casa del gobernador, se acordó la creación del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, al que se integraron Jesús Díaz Barriga, Gabino Vázquez, Gustavo Corona, Victoriano Anguiano, José María Mendoza Pardo, Gabriel Martínez Montes de Oca, Enrique Arreguín Vélez y Luis G. Alcérreca.27

El anticlericalismo nicolaita

El anticlericalismo y el jacobinismo fueron dos de los rasgos que caracterizaron a los universitarios socialistas, quienes asumieron las campañas desfanatizadoras y el enfrentamiento entre la Iglesia y el

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21 Oficio de Gilberto Gómez y José Ramírez a Alfredo Rivera, 19 de agosto de 1931. AHUM, UMSNH, EP, Escuela de Comercio, Sociedad de Alumnos, c. 112.22 Documento reproducido en: Macías, Aula Nobilis..., pp. 466-467.23 “La convención estudiantil empezó sus labores”, en Juventud, 26 de agosto de 1932, p. 1.24 “Proyecto de Estatutos de la UESM…”, en Juventud, 26 de agosto de 1932, pp. 5-6.25 Luna Flores, La Universidad Michoacana, 1926-1932..., p. 60.26 Al “café” previo, realizado en la casa de Enrique Arreguín, asistió el gobernador del estado, Lázaro Cárdenas, con la intención de escuchar la discusión sobre la necesidad de reglamentar el Artículo 4º constitucional en el estado de Michoacán. Macías, Aula Nobilis..., pp. 460-462.27 Ibíd., p. 462.

Estado como parte esencial de su programa político y de su esfuerzo por implantar su ideal educativo en la Universidad Michoacana.

En mayo de 1926 un grupo de estudiantes, integrantes del CEN, solicitó, a través del ejecutivo del estado, que el Templo de la Compañía de Jesús les fuera cedido para utilizarlo como biblioteca pública y sala de conferencias para la instrucción de grupos obreros.28 La propuesta fue apoyada por algunos miembros de la Facultad de Jurisprudencia, entre quienes se encontraban Alberto Bremauntz, Alberto Cano, Juan Luna Cortés y Nicolás Maldonado. Las gestiones tuvieron éxito y el Templo de la Compañía fue cedido a la Universidad Michoacana por el presidente de la República, Plutarco Elías Calles, por medio de un acuerdo expedido el 31 de mayo de 1926.29

La decisión del presidente de la república de ceder el Templo de la Compañía a la Universidad Michoacana tuvo repercusiones inmediatas en el interior de la institución. Los estudiantes católicos externaron públicamente su oposición a la decisión del ejecutivo federal y a las acciones que para lograr ese objetivo habían realizado algunos sectores del alumnado universitario. Esta situación llevó a que, el 11 de agosto de 1926, se presentara a la consideración del Consejo Universitario un oficio de la dirigencia del CEN en el que se pedía la expulsión definitiva de un grupo de alumnos.30 Sobre estos estudiantes se lanzó el cargo de haber incitado, mediante una hoja volante, a los maestros y estudiantes a mostrar su desacuerdo con que el Templo de la Compañía pasara al dominio de la universidad; además, fueron señalados como ex seminaristas y antiguos estudiantes de colegios católicos. Asimismo, se aseguró que los acusados obraban influenciados por sacerdotes católicos y desarrollaban actividades anticonstitucionales y antiestudiantiles; de igual manera, se les imputó haber desconocido públicamente a las autoridades del gobierno de la república y de la Universidad Michoacana.31

El regente del Colegio de San Nicolás, Porfirio García de León, manifestó que, de acuerdo con las investigaciones realizadas, se podía considerar a Ismael Tejeda y Ernesto Castillo como los principales responsables de la hoja volante titulada “Aclaración a la sociedad moreliana”. Por su parte, los estudiantes Ángel Carranza, José Gutiérrez, Luis Valencia, Alfonso Chávez, Alfredo Ruiz, Manuel Mier, José Estrada M., Arcadio Calderón y Guillermo Martínez, fueron señalados como promotores del mencionado documento. A estos alumnos se les imputó el haber engañado a sus compañeros, en vista de que solicitaron las firmas sin informar debidamente del asunto que tratarían; asimismo fueron acusados de sembrar la división entre los estudiantes y de invitar a sus condiscípulos a secundar sus ideas con fines sediciosos y de franca rebeldía.32

Por su parte, un grupo de estudiantes33 presentó un acta en la que expusieron haber firmado la mencionada hoja volante sin que se les hubiera advertido su contenido. En contraparte, otro grupo34 presentó un documento en el que expresaron haber firmado la hoja, pero que no podían señalar a los compañeros que la habían iniciado porque todos se hacían solidarios de la misma. Agregaron que antes de redactar la hoja sabían que la universidad había solicitado al gobierno federal el Templo de la Compañía y que la finalidad que perseguían no era la de atacar a la universidad sino la de dejar claro que ellos no habían participado en la mencionada solicitud. En la misma sesión se leyó el acta levantada con motivo de la declaración del alumno Miguel Calderón en la que quedó asentado que éste firmó la hoja para dejar a salvo su responsabilidad como católico, ya que estimaba que todo acto encaminado a confesar su credo religioso no implicaba ningún delito. El alumno Ismael Tejeda quedó confeso de suscribir la hoja y recabar firmas para la misma.35

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28 “Solicitud de los estudiantes nicolaitas”, en Ariel, 15 de mayo de 1926, pp. 1-3.29 Luna Flores, La Universidad Michoacana, 1926-1932..., pp. 66-69.30 Benigno López, Ángel Carranza, Luis Ruano, Ismael Tejeda, José Gutiérrez, Luis Valencia, Efrén Delgado, Adolfo Chávez, Alfonso Chávez, Alfredo Ruiz, Manuel Mier, Antonio Leyva, Ernesto Castillo, José Estrada, Arcadio Calderón, Ramiro Dávalos, José Méndez, Guillermo Martínez y Everardo García.31 AHUM, CU, S. A., 11 de agosto de 1926.32 Ídem.33 José Estrada, José Vega, Blas Yáñez, Alfonso Pichardo, Jesús Avella, Pedro Espinosa, Jesús C. Hernández, Arturo Núñez, Efrén Delgado, Edmundo Ugalde, Ismael Navarro, Gilberto M. Chávez, Luis Estrada, Roberto Medina, Alfredo C. González, Guillermo González, Alfonso Mota y Alejandro Rábago.34 Luis G. Arriaga, Manuel Mier G., Ernesto Castillo Gil, José Estrada M., Arcadio Calderón, Luis Valencia, José Méndez, Alfredo Ruiz, Luis M. Vélez, Rafael Calderón, Benigno López, Juan Alcozer, José Ortiz, Ramiro Dávalos, Eduardo Antúnez, Adolfo Chávez, Salvador Magaña, Juan N. Magaña, Manuel Ballesteros, Alberto Lozano, Eduardo Ramírez, Antonio Gil, Antonio Leyva, Eugenio Arriaga, Fernando Calderón y Salvador Villar.35 Ídem.

El regente del Colegio de San Nicolás se mostró partidario de la expulsión definitiva de los estudiantes acusados; sin embargo, el rector Jesús Díaz Barriga propuso que esta medida tuviera carácter temporal por no sentirse con el derecho de tener en sus manos el destino de una persona. Las opiniones en cuanto a las sanciones para los estudiantes acusados fueron diversas. Alberto Bremauntz pidió que se les expulsara por tres años, debido a que tenía la impresión de que los alumnos señalados difícilmente cambiarían su manera de pensar, sin importar el tipo de castigo que se les impusiera. Bremauntz destacó la necesidad de aplicar un castigo ejemplar que sentara un precedente para casos posteriores; sustentó esta idea en la preocupación de que alumnos de otras dependencias universitarias siguieran el ejemplo de los estudiantes del Colegio de San Nicolás. Para apoyar esta propuesta informó que en la Escuela de Comercio un grupo de cuatro alumnos, pertenecientes a la Asociación Católica de la Juventud Mexicana (ACJM), se había organizado para redactar un documento en apoyo de los estudiantes que se trataba de castigar, manifestando que sus deberes de católicos les imponían la necesidad de deslindarse de cualquier participación en la petición de la cesión del Templo de la Compañía a la Universidad Michoacana. Bremauntz comentó que estos jóvenes ya habían recabado algunas firmas cuando les señaló que estaban incurriendo en un error, porque si bien el gobierno no tenía derecho a solicitarles que tuvieran las mismas creencias en cuestiones políticas, sí podía exigir que no se hiciera propaganda en los planteles oficiales en contra de sus ideas. Bremauntz estableció, después de interrogar a los jóvenes católicos, que algunos de los firmantes habían consultado al presidente y algunos miembros de la ACJM, al tiempo que señaló que después de exponer a los jóvenes lo erróneo de su proceder, éstos manifestaron que estaban dispuestos a sostener su posición; por esta razón Bremauntz pidió la expulsión de los estudiantes al considerar que su actitud formaba parte de la labor desarrollada por los defensores de la libertad religiosa, con el objetivo de iniciar un movimiento contrario a la posición del gobierno.36

La asamblea sometió a votación el castigo que debía imponerse a los acusados. Por un lado estaba la propuesta de expulsión definitiva y, por el otro, la idea de que una suspensión temporal era más que suficiente para sentar un precedente. Tras dos rondas, la votación estaba empatada por lo que el rector intervino con su voto de calidad y se decidió la expulsión definitiva de los acusados: Ismael Tejeda, Ernesto Castillo, Ángel Carranza, José Gutiérrez, Luis Valencia, Alfonso Chávez, Alfredo Ruiz, Manuel Mier, José Estrada M., Arcadio Calderón y Guillermo Martínez.37

En cuanto al edificio del Templo de la Compañía, habrían de transcurrir algunos años para que pasara al dominio de la Universidad Michoacana. En enero de 1929, el rector Jesús Díaz Barriga solicitó la posesión en forma definitiva del inmueble. El 24 de julio de ese mismo año se realizó la entrega del templo al gobierno del estado, por parte del presidente interino de la república, Emilio Portes Gil, para que fuera destinado a servir como biblioteca y sala de actos culturales. Posteriormente, el 29 de agosto de 1929 fue publicado el decreto que otorgó la posesión definitiva del inmueble a la Universidad Michoacana. Finalmente, el 8 de enero de 1930 se realizó la inauguración de la Biblioteca Pública Universitaria en el edificio donado.38

Un par de años después, en junio de 1932, un grupo de estudiantes, entre los que se encontraban Natalio Vázquez Pallares, Ramón Martínez Ocaranza, Melesio Aguilar, Severiano Mora Tovar y Filemón Valdespino, dieron a conocer un manifiesto en el que expresaron su apoyo a la reglamentación del número de ministros de culto. En esta ocasión, los firmantes del documento, que concluía con la frase “por la liberación espiritual de las masas”, contaron con el apoyo de un comité de salud pública de Michoacán.39

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36 Ídem.37 Ídem.38 Telegrama de Jesús Díaz Barriga a Lázaro Cárdenas, 26 de julio de 1929, en AHUM, UMSNH, R, Bienes inmuebles, c. 34. Luna Flores, La Universidad Michoacana, 1926-1932..., p. 83. “Decreto expedido por el C. Presidente de la República destinando al servicio del Gobierno del Estado el Templo de la Compañía…”, pp. 1-2.39 “Manifiesto de los estudiantes nicolaitas al pueblo de Michoacán”, 19 de junio de 1932, en APNVP, c. 1. Es importante señalar que de acuerdo con el censo de 1930, el 97.72 por ciento de la población de Michoacán decía profesar la religión católica; es decir un millón 24 mil 501 de un total de un millón 48 mil 381 habitantes. Foglio Miramontes, Geografía económico agrícola del Estado de Michoacán, t. II, pp. 149-150.

LA LUCHA POR EL CONTROL DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR. LA UNIVERSIDAD MICHOACANA CONTRA LAS ESCUELAS LIBRES, 1921-1938

El contexto

La universidad y algunos sectores de universitarios michoacanos libraron, durante los años veinte y treinta, una batalla contra las llamadas escuelas libres. Bajo esta denominación estaban comprendidas todas aquellas instituciones educativas que quedaban fuera de la esfera oficial, es decir, las sostenidas y reconocidas por el gobierno federal y los de las diferentes entidades. Las escuelas libres se diferenciaron por el grado de reconocimiento que sus estudios recibían por parte de las autoridades tanto estatales como federales, y por la actitud de rechazo que asumieron ante los proyectos y directrices educativos gubernamentales.

En todo el país, las llamadas escuelas libres –secundarias, preparatorias, de derecho, de medicina, entre otras– enfrentaron problemas para el reconocimiento de sus estudios. Si bien estos establecimientos fueron una vía para escapar al control estatal de la educación, y algunas lograron sostenerse durante años y alcanzaron el reconocimiento oficial de sus estudios, la realidad es que desarrollaron sus actividades académicas en medio de la hostilidad tanto de las instituciones educativas oficiales como de las autoridades de los estados y de la federación.

En Michoacán, con el paso del tiempo, las escuelas libres se encontraron ante el dilema de quedar al margen de la ley o aceptar el papel rector de la Universidad Michoacana en el ámbito educativo de la entidad. Al iniciar la década de los treinta, la posición de esta casa de estudios se fortaleció mediante una legislación que le otorgó el control absoluto sobre la educación superior en el estado, lo que anuló la posibilidad de existencia de otras instituciones al margen de la misma.

La conflictiva relación entre la universidad y algunos sectores universitarios michoacanos y las denominadas escuelas libres puede verse desde diferentes puntos de vista. Forma parte de la resistencia que algunos sectores mostraron a los intentos del estado por alcanzar el dominio exclusivo de la educación superior. Este choque puso de manifiesto los intentos de algunos grupos por defender sus espacios de influencia ante los embates gubernamentales. Diversos sectores sociales, entre ellos la Iglesia católica, demandaron el derecho a la impartición de una educación basada en principios propios; se cuestionó la legitimidad del estado para imponer sus programas y criterios en la escuela, y se postuló a la familia como la principal responsable de la educación. Al mismo tiempo, el enfrentamiento entre la Universidad Michoacana y las escuelas libres fue una lucha entre dos concepciones educativas antagónicas. Esta disputa, que tuvo consecuencias políticas, fue vista, desde la perspectiva oficial, como una cruzada por la imposición de una educación “científica” y acorde con las nuevas propuestas pedagógicas e ideológicas –una escuela activa e identificada con las necesidades sociales de la mayoría de la población–; en contraposición con un tipo de escuela con una gran carga religiosa, reacia al cambio e identificada con los intereses de una minoría. Esta última consideración ayuda a entender el grado de radicalismo a que llegó este enfrentamiento en términos ideológicos.

El surgimiento de las escuelas libres en Michoacán

La relación entre la Universidad Michoacana y las escuelas libres inició en 1921, cuando al ser clausurada la Facultad de Jurisprudencia,40 por instrucciones del gobernador Francisco J. Múgica, un grupo de alumnos y profesores, entre los que se encontraba Francisco Villalón Calderón, fundó una Escuela Libre de Derecho en la ciudad de Morelia. Esta institución tuvo carácter provisional y su existencia se limitó al tiempo que duró clausurada la mencionada facultad.41 Un par de años después, a inicios de 1923, ante la negativa del gobierno del estado para reconocer la validez de los estudios realizados en los seminarios católicos, un grupo de abogados integrado por Felipe de J. Tena, José Cruz Rodríguez y José G. Soto, decidió establecer una escuela libre de derecho, independiente de la esfera oficial, y a imagen y semejanza de la de México. El

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40 La Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Michoacana fue clausurada en mayo de 1921 y reabierta en abril del año siguiente. El Consejo Universitario justificó la medida alegando motivos económicos, pero el gobernador del estado, Francisco J. Múgica, señaló que la medida se debió a que esa dependencia estaba fuera de la corriente general de ideas de la Universidad. Véase: Díaz Aldama, Los estudios de jurisprudencia en la Universidad Michoacana..., pp. 51-57. Sánchez Rodríguez, Grupos de poder y centralización política en México…, p. 144.41 Arenal Fenochio, “Las escuelas libres de Derecho en Michoacán…”, pp. 40-43.

nuevo plantel empezó a funcionar el 2 de enero, con el apoyo de la Cámara de Comercio de Morelia. Esta institución trató de incorporarse a su similar de México, pero fue rechazada su solicitud; por esta razón, sus actividades se limitaron a la impartición de las clases correspondientes al primer año de la carrera de derecho que funcionaron hasta el 31 de octubre de 1923.42

El mismo mes y año en que se fundó la Escuela de Derecho dirigida por Felipe de J. Tena, empezó a funcionar la Escuela Preparatoria Libre de Michoacán, establecida a iniciativa de miembros de la Iglesia católica.43 En la fundación de esta institución participaron, entre otros, el padre Francisco de P. Avella, el ingeniero Melesio Vargas y el profesor Práxedis Alfaro. Se acordó que el padre Avella fuera el director para todo lo que se relacionara con el funcionamiento de la escuela en su régimen interno, y que el abogado Guilebaldo Murillo lo sería para lo correspondiente al externo, en especial las relaciones con las autoridades estatales y federales.44

La Escuela Preparatoria Libre de Michoacán inició sus labores con una oferta educativa que incluía, además de los estudios secundarios y preparatorios, una escuela normal y una de comercio. La institución ofrecía sus servicios en sistemas de internado, seminternado y externado. También funcionaba una escuela libre de educación primaria elemental y superior, con la dirección de Melesio de J. Vargas.45

A diferencia de sus similares, esta institución logró consolidar su proyecto educativo y sobreponerse a un inicio incierto. En 1925, Guilebaldo Murillo gestionó, ante el Colegio Civil de Guanajuato, que le fueran concedidos a título de suficiencia exámenes a los estudiantes para que pudieran demostrar que tenían los mismos conocimientos que los egresados de las escuelas oficiales. Al año siguiente, el propio Murillo consiguió que la SEP y la Universidad Nacional extendieran exámenes de revalidación a los alumnos michoacanos. En noviembre de 1927 logró que los estudios secundarios, que junto a los de comercio y preparatorios se impartían en la Libre de Michoacán, fueran reconocidos oficialmente.46

A partir de 1928, la Escuela Preparatoria Libre de Michoacán pasó a llamarse Escuela Libre de Michoacán, con la inclusión de estudios secundarios, de preparatoria, de comercio y una escuela de derecho, de la cual fue primer director Guilebaldo Murillo.47 La nueva denominación y carácter de la escuela fueron un signo de que la institución había logrado hacerse de un lugar dentro del panorama educativo estatal, pero este crecimiento también trajo consigo una mayor presión por parte del poder público y de la Universidad Michoacana.

En el terreno jurídico es importante señalar que el estatus de las escuelas libres sufrió un cambio en 1929. El 22 de octubre, el presidente provisional de la república, Emilio Portes Gil, emitió un decreto por medio del cual se reglamentó su funcionamiento. De acuerdo con las autoridades, el “Gobierno de la Revolución” asumía como programa en la enseñanza superior el que ésta fuera impartida con recursos de los particulares, a efecto de que los presupuestos públicos pudieran dedicarse al fomento de la enseñanza secundaria, técnica, primaria y rural. Por esta razón, el gobierno federal consideraba que la enseñanza superior debería contar con su apoyo moral; por lo que las escuelas de enseñanza artística, preparatoria o profesional deberían ser estimuladas mediante su autorización, a efecto de que sus estudios y títulos contaran con validez oficial.48

A partir de esta reglamentación, en la denominación de escuelas libres quedaron comprendidas todas aquellas instituciones docentes sostenidas por el esfuerzo y con elementos privados que tuvieran por objeto impartir la enseñanza artística, secundaria, preparatoria o profesional. También quedó asentado que el establecimiento y funcionamiento de estos institutos docentes no tendrían más limitaciones que las que

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42 Ibíd., pp. 44-48.43 Ibíd., p. 48. De acuerdo con Salvador Abascal, la Escuela Preparatoria Libre de Michoacán fue fundada por la Iglesia católica para la formación de los jóvenes que no mostraran vocación por el sacerdocio, de modo que al seminario entraran únicamente aquellos que sí la externaran. La idea era que en la Libre se formara un laicado que actuara en el campo cívico como “brazo armado defensor de la Iglesia y de la Patria”. Abascal, Mis recuerdos..., p. 112.44 Murillo, Memorias, p. 172.45 Escuelas Libres de Instrucción Primaria Elemental y Superior.46 Este reconocimiento se logró con base en un decreto expedido por el presidente de la República, Plutarco Elías Calles, el 26 de noviembre de 1926, publicado en el Diario Oficial, el 10 de diciembre siguiente, con el que se reglamentó la revalidación de los estudios hechos en las escuelas secundarias oficiales de toda la República, a la vez que estableció el derecho de incorporación de las escuelas secundarias particulares a la enseñanza oficial federal. Murillo, Memorias, pp. 174-175. Arenal Fenochio, “Las escuelas libres de Derecho en Michoacán…”, pp. 50-51.47 Ibíd., p. 55.48 “Decreto por el cual se reglamenta el funcionamiento de las escuelas libres”, pp. 7-8.

marcara la ley; asimismo, los planes de estudio, programas y métodos de enseñanza serían libremente formulados por cada escuela.49

El decreto reglamentario del 22 de octubre de 1929 amplió las posibilidades de existencia de las escuelas libres en el país, al brindarles elementos para gestionar su reconocimiento oficial. Sin embargo, en Michoacán poco logró avanzarse en ese sentido, y durante la década de los treinta las autoridades estatales y municipales mostraron una abierta hostilidad hacia este tipo de planteles.

La Universidad Michoacana y las escuelas libres

Desde el inicio de la década de los veinte, la Universidad Michoacana ajustó su normatividad para limitar el reconocimiento de los estudios realizados en las escuelas libres. Con estos cambios se hizo difícil que los estudios cursados en este tipo de establecimientos fueran aceptados con facilidad, puesto que la universidad decidió que los reconocería sólo si se comprobaba que eran equivalentes a los ofrecidos en sus aulas, lo que pocas veces ocurría.50

Al iniciar la década siguiente, en Michoacán la postura oficial ante las escuelas libres se volvió cada vez más hostil y la legislación empezó a ser menos permisiva con estas instituciones. En septiembre de 1930, un proyecto de ley reglamentaria del Artículo 4º constitucional, referente a las profesiones, sirvió para restringir aún más las actividades de los planteles libres, al tratar de negar el reconocimiento a los títulos que expidieran.51

Ante las crecientes restricciones legislativas que impedían a los estudiantes de escuelas no oficiales la revalidación de estudios y la obtención de títulos en el estado de Michoacán, la práctica común fue el traslado de los alumnos a otras entidades en las que se les permitía realizar exámenes a título de suficiencia.52 Otra opción para aquellos que estudiaban en la Escuela Libre de Michoacán fue la finalización de sus estudios profesionales en la Escuela Libre de Derecho de México. Posteriormente, aunque las autoridades universitarias tenían la certeza de que algunas de las personas que solicitaban la revalidación de sus títulos profesionales habían cursado estudios en escuelas no reconocidas, y señaladas como antagónicas a los ideales universitarios –como la Escuela Libre de Michoacán–, no tenían más opción que aceptar los títulos y proceder con su legalización dado que contaban con el respaldo de autoridades estatales.

La tendencia a negar el reconocimiento a los estudios realizados en las escuelas libres se mantuvo a lo largo de los años veinte y treinta. En enero de 1933, se discutieron en el seno del Consejo Universitario asuntos relacionados con el reconocimiento y revalidación de estudios realizados fuera de la universidad. Ante la carencia de una normatividad clara al respecto, se tomó como guía para determinar la posible validez de esos estudios una lista elaborada por la Universidad Nacional, por medio de la cual se había dividido a las escuelas preparatorias en tres tipos: en el primero, se incluían aquéllas cuyos estudios que se consideraban equivalentes a los impartidos por la propia institución; a las del segundo tipo, se les reconocían los estudios, pero solamente por materia; y en tercer lugar quedaban las escuelas que no alcanzaban ningún tipo de reconocimiento. La lista sirvió para que la Universidad Michoacana, tomando como referencia lo dispuesto por la Nacional, resolviera las peticiones de revalidación y reconocimiento de estudios; sin embargo, se discutió sobre la pertinencia de aceptar totalmente los criterios sustentados por la Universidad Nacional, toda vez que parecían arbitrarios, ya que si bien esa institución había colocado a la Universidad Michoacana dentro de las instituciones del primer tipo y se reconocían los títulos expedidos por la misma, al momento del reconocimiento de los estudios preparatorios se hacía una revisión exhaustiva y, si se consideraba necesario, se obligaba a los alumnos a cursar algunas materias con el plan de la Universidad Nacional. Por otra parte, al discutir acerca de las escuelas que deberían ser reconocidas por la Universidad Michoacana, se destacó la

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49 Ídem.50 AHUM, CU, S. A., 15 de diciembre de 1921.51 AHCEMO, actas de sesiones de la XLIII Legislatura Constitucional, 17 de septiembre de 1930.52 Esto aconteció desde el decenio de 1910, en que los alumnos de la Escuela de Jurisprudencia del Seminario de Morelia, que funcionó entre 1910 y 1914, acudían al estado de Guanajuato a regularizar sus estudios. Esta situación se mantuvo durante las décadas siguientes, y esta entidad fue uno de los estados que ofrecieron la posibilidad de revalidar y legalizar estudios y títulos profesionales a los alumnos y egresados de las escuelas libres de Michoacán. Arenal Fenochio, “Las escuelas libres de Derecho en Michoacán…”, pp. 36-37.

necesidad de tomar en cuenta el factor ideológico como elemento educativo, además de las consideraciones de carácter técnico y administrativo.53

Por su parte, en julio de 1931, la Escuela Libre de Michoacán recibió, por gestiones de su ex director Guilebaldo Murillo, mediante un decreto presidencial, el reconocimiento oficial a los estudios cursados en sus aulas de enseñanza preparatoria, ciclo especializado y jurisprudencia –los restantes ya estaban incorporados–, así como los títulos que expidiera.54

Esta situación provocó la movilización de los universitarios. El 4 de agosto de 1931, un grupo de estudiantes55 se presentó en una sesión del Congreso del Estado para solicitar la clausura de la Escuela Libre de Michoacán, por considerar que esta institución afectaba y lesionaba los “intereses educacionales modernos del país, especialmente los de la propia Universidad y [por] no estar en consonancia con los principios fundamentales de la Revolución”. Los diputados declararon abiertamente su apoyo a la petición de los estudiantes, a reserva del trámite que la asamblea diera a tal reclamo. La solicitud fue turnada a la comisión de educación, pero debido a la ausencia del titular de la misma, y por considerarse el asunto de urgente resolución, se nombró una comisión especial, en la cual quedó como uno de sus integrantes el diputado Alberto Bremauntz. En la misma sesión tomaron la palabra algunos universitarios para exponer las razones de su petición. El estudiante J. Jesús Gómez Sanguino denunció que la Escuela Libre de Derecho y la Escuela Preparatoria estaban, con su funcionamiento, restando fuerzas a la Universidad Michoacana, y llegó a señalar que la existencia de estas escuelas estaba contraindicada tanto social, como biológicamente (sic), puesto que sus fallas se encontraban tanto en el terreno científico como en el doctrinal. El estudiante señaló este último aspecto porque consideraba que en la Escuela Libre no se enseñaba un principio que, desde su perspectiva, deberían implantar las universidades en la conciencia de los alumnos: “El individuo debe ser para el pueblo, porque es del pueblo”.56

Bajo esta premisa, se decía, estaba trabajando la Universidad Michoacana, puesto que se postulaba que dentro de sus aulas se formaban individuos identificados con los intereses populares. En contraparte, el mismo estudiante denunció que en la Escuela Libre se formaban individuos que posteriormente traicionarían las ideas renovadoras surgidas de la revolución. De esta manera resumían la actitud de la Escuela Libre como de traición a los principios de la revolución mexicana, con la que decían estar plenamente identificados los universitarios. A su vez, el estudiante Luis Marín Pérez destacó la importancia de que los estudiantes colaboraran con los poderes públicos en el asunto a discusión.57

Por su parte, Antonio Mayés Navarro, comisionado por la Confederación Revolucionaria Michoacana del Trabajo (CRMDT),58 y secretario de educación socialista de la misma, expuso lo que señaló como el punto de vista del proletariado michoacano, que la organización que representaba estaba contra la Escuela Libre, a la que tachó de clerical, y contra los profesionistas “burgueses” y “reaccionarios”, quienes aprovechando su inteligencia explotaban a la clase trabajadora. El estudiante Hernández señaló que la universidad debería tender hacia la proletarización. Abdón Ayala subrayó que los estudiantes habían llegado a la Cámara a pedir la completa clausura de la Escuela Libre por considerarla un reducto de la reacción. Natalio Vázquez Pallares manifestó que, en su concepto, la educación debería tener el ideal de la clase obrera, puesto que por ella se había hecho la revolución, y que debería tenderse hacia la socialización de las profesiones como una forma de contrarrestar el individualismo característico de la clase burguesa. Vázquez Pallares señaló que en la Escuela Libre

se encontraban los representantes de esa clase que paseaban en coches lujosos, burlándose de los pobres a los que, los profesionistas salidos de esa escuela, nunca defenderían ni tampoco dejarían sus riquezas e intereses para utilizarlas en beneficio de la clase proletaria, por lo que, considerando los estudiantes lesionados sus intereses, habían [llegado al Congreso] a pedir la clausura de aquella escuela.

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53 AHUM, CU, S. A., 20 de enero de 1933.54 “Decreto por el cual se previene que serán reconocidos los estudios hechos en la Escuela Preparatoria Libre de Michoacán”, p. 9. Murillo, Memorias, pp. 194-195. Arenal Fenochio, “Las escuelas libres de Derecho en Michoacán…”, pp. 57-58.55 Los estudiantes eran integrantes del CEN. La asistencia de este grupo de estudiantes nicolaitas a la sesión del Congreso del Estado fue posible gracias a la intervención del general Lázaro Cárdenas. Ginzberg, “Abriendo nuevos surcos…”, pp. 596-597.56 AHCEMO, actas de sesiones de la XLIII Legislatura Constitucional, 4 de agosto de 1931.57 Ídem.58 La CRMDT fue creada en enero de 1929 en la ciudad de Pátzcuaro, tras la realización de una convención de unificación de los sectores obrero y campesino del estado convocada por el gobernador Lázaro Cárdenas. Diego Hernández, La Confederación Revolucionaria…, pp. 31-32.

También denunció que la Escuela Libre sustentaba una ideología clerical por lo que protestaba no sólo contra la escuela sino contra el clero que la sostenía. Finalmente, Adalberto Caballero agradeció en nombre de la clase estudiantil a la H. Cámara por las atenciones y el apoyo recibidos.59

El diputado Bremauntz felicitó a los estudiantes por lo que calificó como una muestra de solidaridad revolucionaria. Por último, se acordó que los alumnos nombraran una representación para que se reuniera ese mismo día con la comisión dictaminadora, en las oficinas del comité de estado del PNR, con la finalidad de intercambiar impresiones.60 Producto de esta reunión, la comisión encargada de estudiar la petición de clausura de la Escuela Libre de Michoacán acordó buscar la derogación del decreto presidencial que reconocía los títulos profesionales expedidos por dicha institución. Como estrategia para llevar a cabo este objetivo, se determinó que cada una de las entidades o corporaciones interesadas en este propósito presentara un memorial en el que concretara las razones por las cuales se solicitaba la derogación del decreto mencionado, a la vez que se dirigiera a sus similares en el país para solicitar su apoyo y respaldo ante el presidente de la república. Esta petición también se haría a las legislaturas locales. Por su parte, el diputado Bremauntz propuso que la cámara dirigiera directamente al presidente de la república una petición de clausura de la Escuela Libre de Michoacán, firmada por los legisladores que estuvieran de acuerdo con la misma.61

El 4 de agosto de 1931, el comité directivo de estudiantes universitarios, que buscaba la derogación del decreto presidencial que otorgaba reconocimiento oficial a los estudios realizados en la Escuela Libre de Michoacán, lanzó un manifiesto donde quedaron expuestos algunos de los postulados ideológicos con los que se impugnaba la existencia de dicha institución.62 Los firmantes del documento cuestionaron el pretendido carácter libre de la escuela y señalaron que en las condiciones del país no era posible la existencia de grupos que, de manera legítima, pudieran llamarse libres. Señalaron que el concepto romántico de la libertad como derecho innato del hombre, en la acepción dada por la Teoría del Contrato Social, era algo que había perdido vigencia histórica para dar lugar a un nuevo concepto de libertad. Los firmantes del manifiesto consideraban que la libertad, en el sentido de Rousseau, era el origen del sistema capitalista, con todos sus errores e injusticias, y criticaban el sentido individualista de esa idea. En contraparte, los firmantes defendían la noción de que el Estado, para cumplir sus funciones, necesitaba intervenir en aquellos sectores que anteriormente se consideraban inviolables. Consideraban que, “en nombre del progreso integral de los pueblos, toda intervención del Estado en la vida privada de los individuos [estaba] justificada”. El manifiesto concluía con una petición a los estudiantes universitarios y a las organizaciones obreras y campesinas del país para que se sumaran a la solicitud de la derogación del decreto. Para sustentar su petición, señalaron que por encima de los decretos federales estaba la soberanía del estado.63

A su vez, el CEN envió, el 8 de agosto de 1931, un oficio al presidente de la república para pedir la clausura de la Escuela Libre de Michoacán. En el documento, los estudiantes apelaron a la tradición nicolaita para pedir el cierre de una escuela a la que consideraban de “tendencias reaccionarias” y “retrasada en sus métodos de enseñanza, desde el punto de vista pedagógico revolucionario”. En contraposición, el CEN señaló que la realización de los principios revolucionarios debería efectuarse dentro de los lineamientos de las “doctrinas avanzadas del Socialismo”.64

Días después, la postura de los universitarios michoacanos fue expuesta directamente al presidente de la república. El 20 de agosto una comisión de profesores y estudiantes universitarios, encabezada por el rector Jesús Díaz Barriga, se entrevistó con el primer mandatario para externar su rechazo al reconocimiento oficial que habían recibido los estudios realizados en la Escuela Libre de Michoacán.65

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59 AHCEMO, actas de sesiones de la XLIII Legislatura Constitucional, 17, 4 de agosto de 1931.60 Ídem.61 AHCEMO, actas de sesiones de la XLIII Legislatura Constitucional, 6 de agosto de 1931.62 “Manifiesto”, 4 de agosto de 1931, en APEAV, c. 47.63 Ídem.64 AHUM, UMSNH, EP, Colegio de San Nicolás, CEN, libro 137, f. 1156.65 “Quedó derogado el Decreto que reconocía a la Escuela Libre de Michoacán” y “Ayer llegó la Comisión que entrevistó al Presidente de la República”, en Prometeo, 27 de agosto de 1931, p. 1.

Las acciones emprendidas y la presión de los universitarios y los legisladores michoacanos rindieron frutos rápidamente. El 22 de agosto siguiente, mediante un decreto presidencial, publicado en el Diario Oficial el 19 de septiembre del mismo año,66 se derogó el anterior que concedía validez oficial a los estudios y títulos de la Escuela Libre de Michoacán.67

Sin embargo, esto no fue sino una muestra más de la batalla que en diversos frentes libraba la institución contra unas autoridades que la hostigaban por todos los medios posibles. En septiembre de ese mismo año, el propio ejecutivo estatal asumió la lucha contra las escuelas libres, lo que le valió el reconocimiento de los legisladores que destacaron el inicio de la campaña gubernamental contra la Escuela Libre de Michoacán.68

Como medida de defensa, la Escuela Libre recurrió al amparo contra el citado decreto, el cual le fue concedido el 17 de diciembre de 1931 por el juez cuarto de distrito del Distrito Federal, en materia administrativa, Adolfo Desentis; aunque, la Segunda Sala de la Suprema Corte, por ejecutoria de 5 de julio de 1932, lo sobreseyó, a petición del secretario de Educación Pública, Narciso Bassols.69 A pesar de esto, la institución continuó con sus actividades académicas, pero el revés jurídico obligó a los alumnos de la libre a buscar el reconocimiento de sus estudios en otros estados de la república.

Tras estos acontecimientos, los universitarios continuaron sus ataques contra la Escuela Libre de Michoacán por considerar que en sus aulas se escondían “grupos clericales radicales de ideología contrarrevolucionaria”. Algunos de estos enfrentamientos, los más violentos, preocuparon a las autoridades universitarias, quienes incapaces de controlarlos los consideraron una muestra más de la indisciplina estudiantil.70

El enfrentamiento contra las escuelas libres también tuvo sus implicaciones dentro de la universidad. En enero de 1934, un Comité de Depuración Estudiantil hizo pública una acusación contra los alumnos del segundo año de secundaria, de quienes se decía estaban constituidos en su mayoría por fanáticos católicos y algunos protestantes. El comité hizo notar que un grupo de estudiantes de ese grado de secundaria hacía profesión de fe católica y estaba desarrollando una labor de propaganda dentro del colegio para engrosar las filas de una asociación de estudiantes católicos dependiente del Seminario de Morelia. Se señaló que esos elementos se habían infiltrado en la universidad provenientes del seminario y de la escuela libre. A su vez, a los grupos protestantes se les acusó de hacer labor solapada en pro de sus doctrinas y de ser individuos provenientes de escuelas dirigidas por pastores protestantes extranjeros.71

A la par, se intensificaron los ataques contra la Escuela Libre de Michoacán. El 9 de agosto de 1934, el ejecutivo del estado hizo del conocimiento del ministerio público federal un acta levantada en la Procuraduría General de Justicia del Estado, en la que se hacía una denuncia contra la Escuela Libre de Derecho de Michoacán, por violaciones al Artículo 3° constitucional, así como al Artículo 20 de la ley reglamentaria del Artículo 130 de la propia carta magna. El ejecutivo también denunció que en dicha escuela se reconocían como básicos para iniciar la carrera de abogado los estudios hechos en el Seminario de Morelia, además de que los títulos expedidos por la mencionada escuela libre eran, en ocasiones, revalidados por algunos estados de la república, lo que constituía una violación a lo dispuesto en el párrafo XII del Artículo 130 constitucional.72

El ejecutivo del estado giró instrucciones precisas al procurador de justicia de la entidad, a los agentes del ministerio público y a los presidentes municipales para que siguieran de cerca el asunto. Por su parte, las personas que suscribieron el acta declararon estar dispuestas a presentarse ante la autoridad federal correspondiente a fin de ratificar y ampliar sus declaraciones. En el acta, levantada el 8 de agosto de 1934, los abogados Juan Manuel Fuentes Ibarrola y Román Tena Castillo, juez segundo de lo penal y agente del

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66 “Decreto que deroga el de 16 de junio de 1931, por el cual se previno fueran reconocidos los estudios hechos en la Escuela Preparatoria Libre de Michoacán”, pp. 13-14.67 En este cambio de opinión del presidente de la república parece haber influido directamente el general Lázaro Cárdenas, en ese momento gobernador del estado con licencia y secretario de Gobernación de la administración de Pascual Ortiz Rubio. Arenal Fenochio, “Las escuelas libres de Derecho en Michoacán…”, pp. 57-58.68 AHCEMO, actas de sesiones de la XLIII Legislatura Constitucional, 16 de septiembre de 1931.69 Arenal Fenochio, “Las escuelas libres de Derecho en Michoacán…”, p. 60.70 AHUM, CU, S. A., 29 de abril de 1933.71 “La lacra social encarnada en los alumnos del segundo año de secundaria del Colegio de San Nicolás de Hidalgo”, 30 de enero de 1934, en APEAV, c. 38.72 AGN/ALR, c. 146, exp. 256.22/157.

ministerio público adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Estado, respectivamente, denunciaron que el día anterior, en una de las dependencias del hotel y restaurante Casino de la ciudad de Morelia, un grupo de alrededor de diez personas, alumnos de la Escuela Libre de Derecho de Morelia, celebraban una reunión para festejar el onomástico del licenciado Salvador Abascal, cuando al momento del brindis este abogado comentó:

agradezco el honor que se me hace con esta convivialidad, pero en esencia a quienes debemos estar agradecidos y especialmente yo porque todo lo que soy se lo debo a él es al padre Avella, director de nuestra Escuela Libre de Derecho y ha llegado el momento de que con él al frente todos formemos un núcleo único para como abanderados y como católicos que somos, hagamos frente a la situación que se avecina...73

Esta denuncia se hizo en medio del descontento que provocó entre las autoridades estatales y universitarias un ciclo de conferencias sobre temáticas sociales organizado por la Unión Social Obrera de Michoacán. El ciclo, efectuado en el salón de actos de la Escuela Libre de Michoacán,74 inició el 10 de julio y se extendió hasta el 7 de agosto de 1934. La primera conferencia, “Planteo de la cuestión”, estuvo a cargo del estudiante de preparatoria Luis Calderón Vega; le siguieron “Teoría liberal” y “Teoría socialista”, impartidas por los abogados Pedro Sánchez Castillo y Gonzalo Chapela y Blanco, respectivamente. Más tarde, el abogado Francisco José Chávez González presentó la “Solución” y a Miguel Estrada Iturbide correspondió la “Síntesis”. Las conferencias fueron difundidas por medio de la radio difusora local XEI. Casi de manera inmediata, se publicó el texto íntegro de las disertaciones con el título de La cuestión social.75

En términos generales, esta denuncia puede ser vista como muestra de un nuevo embate contra la Escuela Libre de Michoacán, que llegó en el marco de la reforma del Artículo 3º constitucional y el programa de la educación socialista. La misma Universidad Michoacana reafirmó, en octubre de 1934, su compromiso con la nueva propuesta educativa apelando a la experiencia de sus luchas contra la Escuela Libre y el Seminario.76

Finalmente, la Escuela Libre de Michoacán sucumbió ante la presión de las autoridades. El 4 de enero de 1935, el agente del ministerio público federal, Alberto Cano, informó al presidente de la república, Lázaro Cárdenas, haber tomado posesión del edificio donde había funcionado la Escuela Libre, al tiempo que pidió que el edificio fuera cedido a la Universidad Michoacana.77 Esta acción fue realizada a instancias del ejecutivo del estado y ratificada por el presidente de la república mediante un decreto expropiatorio.78 La universidad cerró este ciclo con el simbólico acto de establecer un centro cultural obrero en el edificio en el que había funcionado la desaparecida escuela.

El mismo mes de enero de 1935, el gobernador del estado, general Rafael Sánchez Tapia, informó al presidente de la república que el ejecutivo a su cargo había ordenado la clausura de dos escuelas particulares que funcionaban en la ciudad de Morelia sostenidas por elementos clericales. Una de ellas fue la denominada Escuela Comercial para Señoritas, dirigida por Salvador Abascal y María Salud Murillo; y la otra fue la Escuela Comercial para Varones, administrada por Melesio Vargas y Práxedis Alfaro, dos de los fundadores de la Escuela Preparatoria Libre de Michoacán. En ambos casos, se impuso una multa de cien pesos a cada uno de los directores y se recogieron los muebles y útiles escolares para destinarlos al servicio de las escuelas oficiales. El gobernador Sánchez Tapia pidió que en la clausura de estos “colegios católicos”, como en casos

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73 Ídem.74 Durante la primera mitad de la década de los treinta, una de las causas de los enfrentamientos con los nicolaitas y las autoridades gubernamentales fue la “labor social” realizada por algunos estudiantes de derecho de la Escuela Libre, entre los que se encontraban, Miguel Estrada Iturbide, Francisco Chávez González y Gonzalo Chapela. Estrada y Chávez dirigieron una revista llamada Ciencia y Letras. Estos dos personajes organizaron una escuela nocturna para trabajadores y, junto con Chapela y otros condiscípulos, conferencias sobre la cuestión social; también fomentaron la creación de asociaciones de obreros bajo los principios de la doctrina social católica, como la “Unión Social Obrera Michoacana”, de la que formaron parte y que trató de conjugar la acción de estudiantes y trabajadores. Arenal Fenochio, “Las escuelas libres de Derecho en Michoacán…”, p. 57.75 “Ciclo de conferencias”, en Ciencia y Letras, 12, agosto de 1934, p. 5.76 AHUM, CU, S. A., 23 de octubre de 1934.77 Telegrama de Alberto Cano al presidente de la república, 4 de enero de 1935. AGN/LCR, c. 745, exp. 534.8/3; c. 687, exp. 534/2.78 AGN/LCR, c. 687, exp. 534/10. “Decreto por el que se destina al servicio del Gobierno del Estado, el predio número 580 de la Avenida Madero…”, p. 2.

posteriores, se le brindara el apoyo necesario para poner en práctica las medidas reglamentarias establecidas en materia educativa, de acuerdo a la reforma del Artículo 3º constitucional de 1934.79

La Academia Técnica de Enseñanza Mercantil

El eco de los enfrentamientos entre los universitarios y los elementos de la Escuela Libre de Michoacán persistió algunos años más. En 1937, los dirigentes del CEN denunciaron la infiltración de elementos de la desaparecida Escuela Libre de Michoacán en el Colegio de San Nicolás.80 En junio de ese año, el grupo Vanguardia Nicolaita, que se ostentaba como organización revolucionaria integrada por profesionistas y estudiantes egresados de este plantel, se dirigió al secretario de Educación Pública para denunciar las actividades clandestinas que desde 1935 realizaban profesores y estudiantes de la mencionada escuela. La agrupación señaló el carácter ilegal de tales acciones dado que esa institución había sido clausurada desde finales de 1934. En 1937 esas actividades se desarrollaban en la Academia Técnica de Enseñanza Mercantil. De acuerdo con las denuncias de los universitarios, en la academia, patrocinada por la Cámara de Comercio de Morelia, se habían reunido los profesores y alumnos de la extinta escuela.81

La Academia Técnica de Enseñanza Mercantil inició sus labores en febrero de 1937, bajo la dirección de Miguel Estrada Iturbide, con un presupuesto de 10 mil pesos y una asistencia de 300 alumnos.82 De acuerdo con las autoridades de la Cámara Nacional de Comercio e Industria de Morelia, la academia fue establecida con pleno conocimiento de las autoridades estatales e inició sus funciones con apego a la legislación respectiva, haciéndolo de manera autónoma y concretándose a la preparación técnica y a la capacitación general de sus alumnos. Los servicios de la academia fueron impartidos a los socios de la cámara y a personas ajenas a la misma, incluidos estudiantes universitarios, “obreros revolucionarios organizados” y empleados públicos y particulares. La institución trató de ajustar su funcionamiento de acuerdo con lo estipulado por la Universidad Michoacana, proponiendo, incluso, que profesores de esta casa de estudios dieran clases en sus aulas, pero el ofrecimiento fue rechazado.83

La academia despertó el rechazo de los universitarios, algunos de los cuales plantearon elevar una petición al ejecutivo estatal pidiendo la clausura de las academias libres con el argumento de que no impartían una preparación adecuada; pero, al mismo tiempo, las autoridades universitarias expresaron su preocupación porque las escuelas particulares ganaban terreno y en muchos casos eran preferidas por encima de los planteles universitarios.84

El 12 de mayo de 1937,85 estudiantes de la Universidad Michoacana intentaron tomar por asalto la Academia Técnica de Enseñanza Mercantil. De acuerdo con las denuncias de las autoridades de esta institución y de la Cámara de Comercio, los atacantes, arengados por un orador que se encontraba en los balcones del Palacio de Justicia del Estado, profirieron insultos contra las autoridades y alumnos de la academia y arrojaron piedras contra las ventanas del edificio, sin que las autoridades pudieran impedirlo.86

Por su parte, la dirigencia del CEN desmintió las acusaciones de la Cámara Nacional de Comercio e Industria de Morelia de que el ataque de los universitarios había causado varios heridos y las atribuyó a una estrategia para evitar la clausura del plantel. Los estudiantes nicolaitas señalaron que la mencionada academia no era sino la antigua Escuela Libre de Michoacán, patrocinada por el clero y la “burguesía” de la ciudad, y

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79 Telegrama de Rafael Sánchez Tapia al presidente de la república, 27 de enero de 1935. AGN/LCR, c. 705, exp. 534.2/20.80 AHUM, CU, S. A., 29 de marzo de 1937.81 Comunicación de Vanguardia Nicolaita al Secretario de Educación Pública, 1 de junio de 1937, en AHUM, UMSNH, R, Autoridades gubernamentales, c. 74. En varios estados del país las academias comerciales fueron un recurso utilizado para escapar al control estatal de la educación, ya que dichos planteles requerían de un mínimo de requisitos para ser autorizados. Torres Septién, La educación privada en México…, pp. 150-152.82 Extracto del memorandum que dirigieron Miguel Estrada Iturbide y otros al presidente de la República, 28 de enero de 1938, en AGN/LCR, c. 705, exp. 534.2/20.83 Telegrama de Rafael Ramírez Jones al presidente de la República, 13 de mayo de 1937, en ídem.84 AHUM, CU, S. A., 7 de enero de 1937, 1 de diciembre de 1937.85 El 12 de mayo, conmemoración de la muerte de Isaac Arriaga, se convirtió en una fecha en que los universitarios michoacanos salían a protestar contra el clero y las escuelas confesionales. Isaac Arriaga, socialista michoacano, murió en 1921 durante un enfrentamiento con militantes católicos.86 Telegrama de Rafael Ramírez Jones al presidente de la república, 13 de mayo de 1937, en AGN/LCR, c. 705, exp. 534.2/20.

acusaron a sus directivos de calumnias al tratar de involucrar al presidente de la república como provocador de los ataques del día 12 de mayo.87 Por su parte, el comité estatal del Bloque de Jóvenes Socialistas de Michoacán (BJSM) se manifestó de manera similar y protestó contra la actitud de la prensa nacional al referirse al asalto a la academia, a la que calificaron simplemente como escuela libre. De acuerdo con este comité, los hechos estaban desprestigiando a la “universidad socialista”, por lo que pidieron la clausura del plantel dirigido por Estrada Iturbide, al que calificaron de “fascista”.88 Como medida de presión, una comisión de universitarios se entrevistó con el gobernador del Estado, el general Gildardo Magaña, para solicitar la clausura de la academia, señalándola como refugio de profesores y alumnos de la desaparecida Escuela Libre de Michoacán.89 Por su parte, las organizaciones Unión de Estudiantes Universitarios Michoacanos y Vanguardia Nicolaita dirigieron un memorial al secretario de Educación Pública con una solicitud similar.90

Pocos meses después, en octubre de 1937, la SEP, por conducto de Armando List Arzubide, llevó a cabo una visita de inspección a la Academia Técnica de Enseñanza Mercantil de Morelia. En el acta, levantada con motivo de esta visita, se consignó como irregularidad el hecho de que jóvenes en edad escolar habían sido admitidos sin el requisito de exhibición del certificado de instrucción primaria. Por su parte, el consejo directivo de la Cámara Nacional de Comercio e Industria de Morelia señaló que no exigió esta documentación porque no lo había estimado necesario, en vista de que tenía conocimiento de que los interesados ya habían cursado la instrucción primaria en escuelas que habían sido clausuradas al introducirse la reforma del Artículo 3º constitucional de 1934.91

En noviembre de 1937, el CEN, así como sociedades de alumnos del Colegio de San Nicolás, el Frente Único Pro Derechos de la Mujer, la CRMDT, el Sindicato Único de Trabajadores de la Enseñanza del Estado de Michoacán, pidieron al presidente de la república la inmediata clausura de la Academia Técnica de Enseñanza Mercantil de Morelia, por violar el Artículo 3º constitucional.92

Como resultado de la inspección, la Dirección de Educación Federal en Morelia clausuró la academia, justo en el momento en que se desarrollaban los exámenes finales. De acuerdo con las autoridades del plantel, esta acción fue ilegal ya que no fueron informadas de inmediato de las irregularidades encontradas en el funcionamiento del establecimiento, por lo que su cierre las tomó por sorpresa; asimismo, negaron impartir enseñanza primaria o confesional, como se les imputaba. La Cámara de Comercio denunció que la disposición violaba sus derechos, los cuales la autorizaban a promover la enseñanza comercial, además de señalar que en la ciudad de Morelia funcionaban varias academias comerciales, tanto con orientación de la Dirección de Educación como sin ella, por lo que les parecía extraña la actitud de las autoridades hacia el plantel bajo su patrocinio.93

El 8 de febrero de 1938, José Luis Rubio y Francisco Rodríguez Caballero, presidente y secretario de la Cámara Nacional de Comercio e Industria de Morelia, respectivamente solicitaron al presidente de la república su intervención para que se reabriera a la mayor brevedad posible la academia, de manera que pudiera reanudar los exámenes de los alumnos e iniciar las inscripciones para el nuevo curso escolar.94 La petición fue resuelta de manera positiva. El 5 de abril de 1938, la Presidencia de la República emitió un comunicado en el que se notificó de un acuerdo de la SEP relativo a la reapertura del plantel.95

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87 Telegramas de Ramón Martínez Ocaranza y Abel Estrada al presidente de la república, 14 y 15 de mayo de 1937, en ídem.88 Telegrama del J. Jesús Bustos al presidente de la república, 17 de mayo de 1937, en Idem.89 “Actividades universitarias”, en Labor, junio de 1937, p. 13.90 “Exigimos la clausura de la Academia Comercial”, en Vigía, septiembre de 1937.91 Extracto del memorandum que dirigieron José Luis Rubio y Francisco Rodríguez Caballero al presidente de la república, 8 de febrero de 1938, en AGN/LCR, c. 705, exp. 534.2/20.92 Véase documentación en ídem.93 Extracto del memorandum que dirigieron Miguel Estrada Iturbide y otros al presidente de la república, 28 de enero de 1938. Extracto del memorandum que dirigieron José Luis Rubio y Francisco Rodríguez Caballero al presidente de la república, 8 de febrero de 1938. Ídem.94 Véase documentación en ídem.95 Ídem.

En gran medida, la reapertura de la academia se logró gracias a la presión que las cámaras de comercio y personas de diferentes lugares del país ejercieron sobre el Poder Ejecutivo federal, al pedirle la defensa de una institución que consideraban injustamente atacada.96

La supervivencia de la academia fue un triunfo de quienes resistían los intentos del Estado por controlar totalmente la educación; pero fue también una muestra de que la correlación de fuerzas estaba cambiando en detrimento del proyecto educativo del gobierno federal y en beneficio de grupos opositores a este último.

LA UNIVERSIDAD MICHOACANA EN 1933. LA LUCHA POR EL CONTROLDE LA INSTITUCIÓN

Una nueva administración universitaria

La salida de Jesús Díaz Barriga de la rectoría de la Universidad Michoacana y la llegada a la gubernatura del estado del general Benigno Serrato,97 enemigo político del cardenismo, alteraron las relaciones de cooperación que se habían establecido entre un amplio sector de universitarios y las autoridades estatales. La designación de Gustavo Corona como rector de la casa de estudios dividió a los universitarios. Los bandos se definieron rápidamente: por un lado, aquellos identificados con el cardenismo y que se asumían a sí mismos como “socialistas” y, por otro, las nuevas autoridades universitarias, apoyadas por el ejecutivo estatal. Esta situación generó una serie de movilizaciones y manifestaciones de rechazo a la labor del Consejo Universitario y llevó a la Universidad Michoacana a enfrentar la primera huelga de grandes dimensiones de su historia.

Con la llegada de Gustavo Corona a la rectoría de la Universidad Michoacana se rompió la hegemonía que los socialistas habían ejercido en la institución. La gestión de Jesús Díaz Barriga al frente de la casa de estudios (1926-1932) se había caracterizado por la estrecha relación que se estableció entre ésta y el Poder Ejecutivo estatal, en especial durante la gubernatura de Lázaro Cárdenas (1928-1932). Esta situación cambió radicalmente en 1932. La administración serratista, a través del secretario general de gobierno, Victoriano Anguiano, terminó con el control de los “socialistas” y promovió la llegada de una nueva administración universitaria. Anguiano invitó a colaborar con la Universidad Michoacana a antiguos compañeros suyos, provenientes de la máxima casa de estudios del país y formados políticamente en las filas del vasconcelismo,98 entre los que se encontraban Manuel Moreno Sánchez, Rubén Salazar Mallén y Ernesto Carpy Manzano.

Las actividades de este grupo no se limitaron a la administración y las aulas universitarias, sino que se extendieron al gobierno del estado.99 A su vez, las nuevas autoridades trajeron consigo su propio proyecto de institución y mostraron su desacuerdo con el momento que vivía la casa de estudios, y se propusieron conducirla por un camino diferente. El nuevo rector y sus colaboradores, con el apoyo del ejecutivo estatal, buscaron cambiar el rumbo de la universidad, modificando su normatividad y transformando las prácticas administrativas, políticas y académicas que la regían. Para lograr este objetivo plantearon la necesidad de redefinir las relaciones de la universidad con el poder público, otorgando a los universitarios un mayor poder de decisión, e impulsaron la promulgación de una nueva ley orgánica. Estas medidas serían la causa del enfrentamiento con los universitarios “socialistas”, quienes buscaron recuperar el control de la institución.

Pero los conflictos entre los universitarios no se circunscribieron al ámbito eminentemente institucional y estuvieron inscritos dentro de los constantes roces y choques que, en diversos frentes, sostuvieron serratistas y cardenistas. A través de la prensa y en las cátedras, los universitarios libraron una

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96 Ídem.97 El general Benigno Serrato fungió como gobernador de la entidad entre el 16 de septiembre de 1932 y el 3 de diciembre de 1934, fecha en que falleció en un accidente de aviación. La administración de Serrato se distinguió por su enfrentamiento con los sectores identificados con el cardenismo.98 Al mismo tiempo, se estableció una estrecha comunicación con otros ex vasconcelistas como Alejandro Gómez Arias, Salvador Azuela y Ciriaco Pacheco Calvo. Anguiano Equihua, Lázaro Cárdenas…, p. 78. Oikión Solano, Los hombres del poder en Michoacán..., p. 150. Algunos universitarios michoacanos, como José María Mendoza Pardo, Adalberto Caballero, Luis Marín Pérez, Raúl Pous Ortiz y Victoriano Anguiano, habían mostrado su apoyo y simpatía a la campaña que en 1929 emprendió José Vasconcelos por alcanzar la Presidencia de la República. Ibíd., pp. 119, 122.99 Anguiano Equihua, Lázaro Cárdenas..., p. 78. Oikión Solano, Los hombres del poder en Michoacán..., p. 150.

batalla ideológica que finalmente devino en un forcejeo político que involucró a diversos actores de la política estatal. A su vez, estos enfrentamientos fueron potenciados por la campaña que en 1933 emprendió Lázaro Cárdenas por alcanzar la presidencia de la república y que animó a sus simpatizantes a desafiar a los grupos adictos al gobernador Serrato.100

Una nueva ley orgánica para la Universidad Michoacana

La propuesta del nuevo marco legal que guiaría las actividades de la Universidad Michoacana estuvo lista a inicios de 1933. El proyecto de la nueva ley orgánica universitaria fue sometido a discusión en el Congreso del Estado, en su sesión del 8 de febrero, con la asistencia y participación del secretario general de gobierno, Victoriano Anguiano, quien fungió como defensor del documento.101

El proyecto fue aprobado en lo general, nominalmente y por unanimidad, pero al entrar en la discusión particular se suscitó una encendida polémica alrededor de la noción de autonomía universitaria.102 Al discutirse los alcances de la misma, el consenso en la asamblea fue considerarla relativa en vista de que la institución dependía económicamente del estado, por lo que a los legisladores les parecía natural que éste participara, de alguna manera, en la organización de la casa de estudios. Por tal razón, se acordó que fuera el gobernador quien nombrara al rector, dejando la posibilidad al primero de remover libremente al dirigente universitario si lo consideraba pertinente. Esta decisión se contrapuso a la aspiración de los redactores del proyecto, que proponían un plazo de cuatro años para el ejercicio del cargo. Además, se concedió al ejecutivo estatal la facultad de veto a las resoluciones del Consejo Universitario, con lo que se limitó a los miembros de la casa de estudios la posibilidad de gravar o enajenar los bienes inmuebles de la institución.103

En cuanto a las facultades que deberían otorgarse al Consejo Universitario, se señaló que si bien se había pensado en dejar los aspectos administrativo y económico de la institución en manos de sus integrantes, se decidió dar al ejecutivo la facultad de interponer veto a las resoluciones de ese órgano para evitar que se pusiera en riesgo o se afectara gravemente el patrimonio universitario. Esta medida, de acuerdo con los legisladores, estaba encaminada a que el ejecutivo tuviera conocimiento de las resoluciones tomadas por el Consejo Universitario, y una vez puestas a consideración, las aprobara o las rechazara si las consideraba peligrosas para la institución o no concordantes con sus fines.

La discusión en torno a los alcances de la autonomía y la posibilidad de que fueran los propios universitarios quienes administraran libremente la institución, estuvo marcada por un profundo sentimiento de desconfianza por parte de los legisladores, expresado en una actitud paternalista que puso en duda la capacidad de los universitarios para conducir su propia casa de estudios. Esta actitud puede ser vista como una muestra de la decisión de un sector del gobierno estatal de evitar que se le fuera de las manos el control de la universidad. Los legisladores apuntaron que, si bien no dudaban de la buena fe de las autoridades de la institución, les preocupaba la inexperiencia de sus integrantes y alegaron que los jóvenes eran malos administradores y no estaban preparados para enfrentarse con éxito a la vida, por lo que la legislatura debería ayudarlos a manejar y conservar sus bienes. Los diputados plantearon que la universidad debería limitarse a manejar su presupuesto (140 mil pesos), pero sin disponer libremente de los inmuebles de su propiedad, para venta o hipoteca.

El secretario general de gobierno, Victoriano Anguiano, defendió la idea de que no se impusieran limitaciones radicales a la universidad; al tiempo que señaló la necesidad de que los universitarios se acostumbraran a gobernarse solos, dejando al ejecutivo únicamente la posibilidad de vetar las decisiones del consejo que considerara como atentatorias contra los inmuebles de la institución. Señaló Anguiano que la universidad poseía pocos bienes inmuebles, los cuales eran edificios destinados a dependencias académicas y que el edificio del Colegio de San Nicolás era propiedad del gobierno federal. También indicó que, por otra

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100 En el sector educativo, en julio de 1933, el Partido Nacional Estudiantil Pro Cárdenas, presidido por Natalio Vázquez Pallares, organizó en Morelia una convención para proclamar la candidatura de Lázaro Cárdenas a la presidencia de la República. APEAV, c. 18, exp. 1, f. 102. Sotelo Inclán, “La escuela que surge de la Revolución”, p. 264.101 AHCEMO, actas de sesiones de la XLIV Legislatura Constitucional, 8 de febrero de 1933.102 De acuerdo con Anguiano, la Ley Orgánica de la Universidad Michoacana de 1933 fue elaborada por Manuel Moreno Sánchez, tomando como referencia el modelo autonomista de la Universidad Nacional. Anguiano Equihua, Lázaro Cárdenas..., p. 82.103 AHCEMO, actas de sesiones de la XLIV Legislatura Constitucional, 8 de febrero de 1933.

parte, podría darse el caso de que la universidad llegara a contar con propiedades que de nada le sirvieran, y el Consejo Universitario necesitaría estar en la posibilidad de gravarlos o enajenarlos, con beneficio para la institución. Anguiano manifestó que si bien el estado vigilaría la ideología de la universidad respecto a los fines que le había marcado, en la cuestión interna se lesionaría el papel asignado a la institución al concederle una autonomía restringida para que manejara sus presupuestos. Finalmente, señaló que, para salvar el decoro de la universidad, pedía que los casos en que el ejecutivo pudiera interponer su veto a las decisiones del Consejo Universitario se limitaran a aquéllos en que se tratara de enajenar el patrimonio de la institución.

Por su parte, los legisladores consideraron que para garantizar la autonomía universitaria era suficiente con que la casa de estudios dispusiera libremente de los 140 mil pesos asignados como su presupuesto, insistiendo en que los bienes del patrimonio universitario deberían asegurarse de manera que no pudieran tocarse. Anguiano defendió sus ideas señalando que la universidad no tenía, teóricamente, ningún patrimonio, pero que era posible que éste se formara en el futuro y, por tanto, el Consejo Universitario debería tener facultades para manejarlo libremente. En este punto defendió la idea de que el consejo, como órgano colegiado, tenía la capacidad para velar por los intereses universitarios, manteniéndolos a salvo de decisiones unipersonales; y, en última instancia, el ejecutivo tendría la posibilidad de vetar las determinaciones de ese órgano. Señaló Anguiano que de modificarse el proyecto en lo que se refería a la libertad del consejo para tomar determinaciones en cuestiones académicas y administrativas, no había por qué ser escépticos y pensar solamente en los posibles males derivados de estas medidas, negando la posibilidad de una buena actuación por parte de las autoridades universitarias.

Anguiano hizo una defensa jurídica del proyecto de ley y terminó su alegato insistiendo en que el patrimonio de la universidad estaría a salvo con la facultad que se daba al ejecutivo de imponer veto a las decisiones del consejo, y que si la universidad tenía independencia en los planes de estudio y en su organización interna no había razón para que no la tuviera en una cosa accesoria. No obstante, en el curso de la discusión quedaría claro que el problema de la autonomía no se limitaba a la preocupación de las autoridades por el futuro de los inmuebles universitarios. En el fondo, lo que se disputaba era el control político e ideológico de la institución.

En el curso del debate se eliminó el Artículo 36 del proyecto de ley, en el cual se establecía que “los créditos que el Estado de Michoacán [tenía] en su favor contra la Federación, se [considerarían] parte del patrimonio universitario, y la Universidad [quedaría] facultada para exigirlos”. Anguiano expuso que esta petición se hizo a partir del antecedente de que, en la época de la intervención francesa, el gobernador del estado, general Epitacio Huerta, había facilitado al gobierno federal cuatro millones de pesos, los cuales estaban destinados al ramo de educación. Finalmente, esta petición fue desechada por los legisladores alegando las dificultades de tales cobros por la compleja relación entre el estado y la federación en esa materia, además de la carga de irracionalidad de tal propuesta.

En la discusión del punto anterior, los legisladores acusaron a los universitarios de estar poco interesados en la cuestión política. El presidente de la asamblea, Enrique Morelos, llegó incluso a señalar que, por experiencia propia, como director de una facultad universitaria, tenía la seguridad de que 90% de los universitarios no eran verdaderos revolucionarios, que no se explicaba por qué extraña razón casi todos se convertían en “reaccionarios” y enemigos de todo lo que consideraran gobierno. Anguiano aceptó esta aseveración, pero recalcó que de momento se estaba hablando de la ley y correspondería a los tribunales corregir las violaciones a la misma, además de que en el nuevo estatuto se establecía el camino a seguir por la universidad.

Una vez suprimido el Artículo 36 del proyecto, fueron votados de manera separada los demás artículos, los cuales fueron aprobados por unanimidad. Tras esto se ordenó la formulación de la correspondiente minuta de ley,104 la cual fue aprobada por el congreso en la sesión del día 10 de febrero de 1933.105 Finalmente, el 14 de febrero, el gobernador constitucional del estado, Benigno Serrato, sancionó la nueva ley orgánica universitaria por medio del decreto local número 17.106

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104 Ídem.105 AHCEMO, actas de sesiones de la XLIV Legislatura Constitucional, 10 de febrero de 1933.106 “Ley Orgánica de la Universidad Michoacana. 14 de febrero de 1933”, pp. 45-56.

Sin embargo, esta nueva ley, lejos de resolver los problemas universitarios, motivó un clima de confrontación en la institución. El ordenamiento fue de inmediato impugnado por quienes consideraban que no correspondía con la línea de trabajo de la universidad, establecida durante la administración anterior. Las pugnas se hicieron cada vez más evidentes. Por una parte, se ubicaron aquellos que decían defender la idea de una universidad identificada con el Estado “revolucionario” y que basaban su proyecto institucional en la relación que habían establecido con las autoridades de la entidad, principalmente en la administración cardenista. En contraparte, se colocaron las autoridades de la casa de estudios. El resultado de este choque fue un periodo de inestabilidad que dividió a los universitarios en dos bandos contrapuestos y que involucró a diferentes actores de la política estatal.

A su vez, la nueva normatividad mostró algunas de las preocupaciones comunes a los universitarios del país, generadas por las demandas autonomistas de las instituciones educativas de nivel superior; pero también expuso las divergencias ideológicas y políticas dentro de la Universidad Michoacana, y la fortaleza de los vínculos que un amplio sector de universitarios había establecido con el proyecto político cardenista.

La confrontación

En abril de 1933, el rector rindió un informe acerca de los acontecimientos violentos que habían tenido lugar recientemente en el Colegio de San Nicolás, en los cuales se vieron involucrados alumnos de las facultades de Medicina y Jurisprudencia. El altercado se debió a que estudiantes de estas últimas dependencias se presentaron en el colegio para borrar unas pinturas murales que no eran de su agrado. Las autoridades universitarias decidieron crear una comisión encargada de investigar el asunto para poder tener elementos suficientes para aplicar las sanciones necesarias.107 Después, como medida precautoria, se suspendieron las clases en las facultades mencionadas, en tanto se encontraba una solución al problema.108

Estos hechos, entre otros, motivaron las quejas de sectores de universitarios que expresaron su preocupación por el ambiente de indisciplina y relajamiento de las costumbres que privaba entre los estudiantes, y plantearon la búsqueda de una solución de fondo al problema. Se señalaron los casos en que los estudiantes atacaban otras instituciones, como las escuelas libres, y causaban daños en propiedad ajena; de igual manera llamó la atención el caso de una riña entre alumnos del Colegio de San Nicolás, donde uno de ellos resultó herido con arma blanca en el cuello. A los consejeros universitarios les preocupaba el hecho de que cualquier motivo era pretexto para los desmanes estudiantiles. Entre las posibles explicaciones que algunos consejeros dieron a estas muestras de indisciplina estaba la percepción de que las anteriores autoridades universitarias se habían mostrado muy permisivas y tolerantes con los alumnos.109

Hacia mediados de año, el clima de confrontación era evidente. El 1 de julio de 1933, una publicación periódica anunció el inminente enfrentamiento entre dos grupos de universitarios. En algunos círculos estudiantiles se hablaba con insistencia de un movimiento contra el rector Corona y profesores cercanos a él, instigado por Enrique Arreguín en su afán por alcanzar la rectoría universitaria. También se decía que una de las causas del movimiento estaba en el hecho de que la administración de Corona había terminado con el régimen de prebendas y canonjías que prevalecía en la administración anterior.110 A su vez, los defensores del rector se organizaban para enfrentar a sus críticos.111

El 3 de julio de 1933, estudiantes de las facultades de Medicina, Jurisprudencia e Ingeniería, del Colegio de San Nicolás y de la Escuela de Comercio, dirigieron un documento al rector de la universidad mediante el cual denunciaron que un grupo de profesores y alumnos, así como elementos extraños a la institución, sustentaba un criterio antagónico a la ideología universitaria, que decían estaba inspirada en la revolución mexicana. Los estudiantes señalaron que esta actitud iba contra los intereses universitarios, ya que trataba de quitar a la institución su matrícula “revolucionaria” para ponerle la etiqueta de “universidad

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107 AHUM, CU, S. A., 29 de abril de 1933.108 Ibíd., 3 de mayo de 1933.109 Ibíd., 29 de abril de 1933, 6 de junio de 1933.110 “Revolución en la Universidad”, en Orientación, 1 de julio de 1933, p. 1.111 “Los principales grupos estudiantiles se fusionan para presentar un frente único contra los malos elementos”, en ídem.

burguesa”. Denunciaron, también, que el citado grupo había iniciado una lucha con procedimientos indignos de los universitarios, ya que habían llegado al insulto “vil y soez” contra los profesores michoacanos, provocando la renuncia de los maestros agredidos.112

El grupo a que se hacía referencia en el documento estaba conformado por Manuel Moreno Sánchez, José T. Delgado, Rubén Salazar Mallén y por los estudiantes Antonio González Mora y León Schklowski.113 También se denunció que los alumnos de preparatoria, Juan Hernández, Eduardo Ponce de León, Gilberto Sanguino, Luis Andrade Carmona, Ignacio Guerrero y Lamberto Cabrera, habían sido los instrumentos utilizados para realizar la labor de subversión en contra de los intereses universitarios. A estos se les acusó de tener antecedentes clericales incompatibles con la ideología revolucionaria del Colegio de San Nicolás, razón por la cual, consideraban los quejosos, se habían hecho acreedores a la expulsión de la institución. También se acusó a los estudiantes Gregorio Torres y Arturo Núñez de actuar directamente en la labor subversiva como defensores de las ideas del grupo denunciado.114

Por las razones expuestas, quienes suscribieron el documento exigieron el cese absoluto de sus funciones dentro de la universidad de Manuel Moreno Sánchez, José T. Delgado y Rubén Salazar Mallén, por “sustentar un criterio ideológico antagónico al de la Revolución Social Mexicana” y por la labor subversiva que desarrollaban dentro de la institución. También pidieron la expulsión de Antonio González Mora y León Schklowski, denunciando sus “antecedentes pésimos” como estudiantes de la Universidad Nacional y por considerarlos indignos de pertenecer a la Universidad Michoacana. De igual manera, solicitaron la expulsión de los alumnos de preparatoria Juan Hernández, Eduardo Ponce de León, Gilberto Sanguino, Luis Andrade Carmona, Ignacio Guerrero y Lamberto Cabrera, por sus precedentes clericales y por solidarizarse con los insultos proferidos contra los profesores nicolaitas. Asimismo, demandaron el cese de los estudiantes Gregorio Torres y Arturo Núñez de los cargos que desempeñaban dentro de la universidad.115

El mismo 3 de julio fue hecho del conocimiento del Consejo Universitario el documento con las demandas de los estudiantes, así como las renuncias presentadas por los profesores Jesús Díaz Barriga y Enrique Arreguín, contra quienes iban dirigidos los ataques denunciados en el mismo. La posición de los estudiantes fue apoyada por el profesor Porfirio García de León, pero la asamblea adoptó una actitud de reserva, acordando realizar una investigación especial sobre el asunto, mediante la revisión de la documentación pertinente. La discusión de los cargos presentados por los estudiantes contra algunos elementos universitarios llevó a los consejeros a desechar lo concerniente a la cuestión ideológica, dado que la asamblea no pudo llegar a un consenso sobre lo que debería entenderse como “ideología de la Universidad”. En cuanto a las renuncias presentadas por Díaz Barriga y Arreguín, el consejo decidió darles un voto de confianza y pedirles que volvieran a sus clases.116

En la misma sesión, el profesor Salazar Mallén se declaró responsable de una hoja publicada con el título de El Criticón. Esta publicación fue un elemento determinante en el desarrollo de los acontecimientos, puesto que fue uno de los medios por los cuales se enfrentaron los grupos universitarios involucrados en los problemas que habían motivado la renuncia de Díaz Barriga y Arreguín, y las acusaciones y demandas de los estudiantes. El conflicto se había originado por un choque de ideas entre los profesores Salazar Mallén y Arreguín, suscitado en un ciclo de conferencias organizado por alumnos. Este ciclo fue iniciado por Salazar Mallén, seguido de una presentación de Arreguín en la cual criticó las ideas de aquél. El asunto se caldeó por un intercambio de ataques publicados en las hojas volantes El Criticón y El Intruso, ésta último editado con el apoyo de Díaz Barriga.117

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112 ACERMLC, FJM, vol. 24, doc. 200.113 León Schklowski Verbitzky, de origen francés, obtuvo el grado de bachiller en el Colegio de San Nicolás de Hidalgo, en 1934. En Morelia se relacionó con algunos universitarios que habían participado en la campaña presidencial de José Vasconcelos, principalmente Rubén Salazar Mallén y Manuel Moreno Sánchez, de quienes fue alumno. León Schklowski se trasladó en 1934 a la ciudad de México en donde inició una militancia como comunista e integrante de la FER. Ejerció el periodismo con el seudónimo de León Bataille. Dejó el país en 1946. Bataille, México: 1931-1946…, pp. 19, 23, 67-68, 76, 79, 89.114 ACERMLC, FJM, vol. 24, doc. 200.115 Ídem.116 AHUM, CU, S. A., 3 de julio de 1933.117 Ídem.

La huelga

Los inconformes radicalizaron aún más su postura y lanzaron un ataque contra la dirigencia universitaria. El 5 de julio de 1933 estalló la huelga en protesta contra la gestión de Gustavo Corona. Los estudiantes se presentaron en las oficinas del gobernador del estado y, además de las denuncias y peticiones que habían dirigido al Consejo Universitario el 3 de julio, exigieron la destitución del rector. Acusaron al dirigente universitario de ser un profesionista desconocido, de no estar de acuerdo con la ideología de la “juventud revolucionaria de Michoacán” y de pretender transformar la universidad de popular en otra sólo para personas adineradas, por haber aumentado excesivamente las colegiaturas, restringiendo el ingreso de los estudiantes pobres. En respuesta, el gobernador ofreció estudiar el asunto y comunicarles su opinión.118

Los huelguistas, alumnos de diversos planteles universitarios, entregaron al gobernador un documento mediante el cual imputaron a Corona el haber realizado sus estudios preparatorios en forma irregular, a base de concesiones y dispensas, por lo que se atrevían a sospechar de la legalidad de los mismos. De la misma forma, lo acusaron de destruir la labor realizada por la anterior administración universitaria, así como de violar los reglamentos al permitir la realización de exámenes extraordinarios sin que se llenaran los requisitos legales. También señalaron que la rectoría había adoptado una actitud complaciente contra los insultos y calumnias que habían sufrido varios profesores universitarios, y que en el conflicto universitario derivado de la aparición de unas pinturas en uno de los muros del Colegio de San Nicolás, se había conducido con poca energía. Además, denunciaron favoritismos del rector con sus amigos llegados a la institución desde la ciudad de México.119

Ese mismo día, los miembros del Comité de Huelga120 lanzaron un “Manifiesto al pueblo de Michoacán” exponiendo las razones del movimiento. Los huelguistas señalaron que al terminar el gobierno estatal de Lázaro Cárdenas se planteó en la universidad el problema de la sucesión de su dirigencia, habiéndose manifestado al nuevo gobernador la posición estudiantil en relación con la designación del nuevo rector y directores universitarios. Estos planteamientos habían sido aceptados, por lo que se realizaron plebiscitos estudiantiles en cada una de las dependencias académicas. Las consultas resultaron favorables a Enrique Arreguín, por lo que los huelguistas decían haber recibido con sorpresa la designación como rector de Gustavo Corona, al que consideraban un profesionista sin méritos suficientes para ocupar el puesto que se le había asignado. En cuanto a su filiación ideológica, lo acusaron de una indefinición que lo había llevado del “partido conservador vasconcelista” al “grupo radical callista”.121

Por lo expuesto, los huelguistas consideraron la designación de Corona en la rectoría como una imposición que traicionaba los ideales universitarios y que ponía en riesgo la labor desarrollada durante la gestión de Jesús Díaz Barriga. En particular, preocupaba a los paristas que las nuevas autoridades universitarias interrumpieran el camino que la universidad había emprendido hacia la socialización de las profesiones. Por esta razón, denunciaron que, tan pronto como tomó las riendas de la universidad, Corona se rodeó de elementos vasconcelistas, “predicadores de un liberalismo clásico” encerrados en la fórmula de “dejar hacer, dejar pasar”, lo que consideraban no era sino una transacción con los elementos “reaccionarios”. Como prueba de esto señalaron que profesores de la Escuela Libre de Michoacán y antiguos seminaristas habían penetrado en la universidad. También denunciaron que modificaciones en los reglamentos atentaban contra los estudiantes pobres, al imponer lo que consideraban cargas económicas exageradas en derechos de inscripción. Al mismo tiempo, señalaron que esos reglamentos abrían las puertas para que elementos considerados opositores, mediante la aplicación de exámenes a título de suficiencia, penetraran en la universidad, y acusaron directamente al rector y su grupo cercano de colaboradores de ser los autores de los ataques contra los profesores Díaz Barriga y Arreguín.

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118 “Los estudiantes universitarios se lanzan de plano a la huelga”, en El Pueblo, 8 de julio de 1933, p. 1. “Ayer a las diez horas estalló la Huelga General en la Universidad...”, 6 de julio de 1933, en APEAV, c. 37.119 ACERMLC, FJM, vol. 24, doc. 201.120 El Comité de Huelga estaba integrado por: Severiano Mora Tovar, María Dolores Núñez, Isidro A. Alemán, Ricardo Gutiérrez, Esteban Figueroa, Alejandro Rábago, Enrique Padilla, Abdón Ayala, Francisco Valencia, Agustín Corona, Luis Morales, L. Melchor Maciel, Juan Sepúlveda, Alfredo Gálvez, M. Vázquez G.121 “Manifiesto al pueblo de Michoacán”, 5 de julio de 1933, en ACERMLC, FJM, vol. 24, doc. 203.

Para finalizar el manifiesto, los huelguistas resumieron su ideología señalando que entendían a la universidad como una “institución cultural producto de las clases laborantes” en la que “el pueblo” debería preparar profesionistas que contribuyeran a mejorar “las condiciones de vida social”. A su vez, como medios para lograr esos fines expusieron la necesidad de que entre estudiantes y profesores se formara un criterio colectivista que los condujera a la solución de los problemas sociales. Además, se postuló que debería pugnarse por la socialización de las profesiones, entendiendo por esto la función profesional en forma de servicio público, sostenido por el estado.122

La respuesta del ejecutivo a los huelguistas llegó el 7 de julio de 1933, firmada por el secretario de Gobierno, Victoriano Anguiano. En ésta, las autoridades ratificaron su confianza en el rector Corona y refutaron los argumentos de los huelguistas. El ejecutivo reprochó a los estudiantes su actitud violenta, respaldó las medidas tomadas por Corona y conminó a los inconformes a que desistieran de su actitud por considerarla injustificada, en vista de que el Gobierno del Estado no encontraba elementos para suponer que el rector se hubiera apartado del cumplimiento de su deber.123

Ese mismo día, un grupo de estudiantes de la Facultad de Medicina dirigió al gobernador del estado unas “consideraciones” en torno al movimiento de huelga. En primer lugar, reprobaron los insultos que desde El Criticón, se dirigieron contra los profesores Jesús Díaz Barriga y Enrique Arreguín; a la vez apoyaron la determinación del Consejo Universitario de no aceptar su renuncia y darles un voto de confianza, así como la decisión, de ese mismo órgano, de pedir la renuncia de Rubén Salazar Mallén al puesto que desempeñaba en la universidad, por ser el autor intelectual y material del citado pasquín. En estas consideraciones se señaló que la comisión encargada de dar cumplimiento al acuerdo del consejo, integrada por los médicos Salvador Jara y Fernando Nieto e ingenieros Luis Hinojosa y Porfirio García de León Jr., entrevistó a Díaz Barriga y Arreguín, quienes ofrecieron volver a sus respectivos puestos. Los alumnos que redactaron el documento mencionaron que con estas resoluciones quedaba solucionado el conflicto estudiantil, por lo que consideraban injustificada la actitud de algunos estudiantes en contra del rector Gustavo Corona y del Consejo Universitario, que condujo a la huelga decretada el 5 de julio anterior.124

En contraparte, también el 7 de julio, miembros del Comité de Jurisprudencia, afiliado al Comité Directivo de Defensa Universitaria, integrado por alumnos de los distintos planteles universitarios, y que decía representar a la mayoría estudiantil, dirigieron un documento al gobernador del estado para exponer su postura ante la actitud de los elementos que pedían la renuncia del rector Gustavo Corona. Señalaron que consideraban al movimiento de huelga carente de fundamentos ideológicos y de justificación alguna. Denunciaron que el número de los inconformes se reducía a un centenar, mientras que la matrícula universitaria ascendía a mil 200 alumnos. En el documento se hizo una defensa de la gestión del rector Corona y de los profesores Manuel Moreno Sánchez, José T. Delgado y Rubén Salazar Mallén; así como del grupo de estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia y de la Preparatoria que los huelguistas pedían fueran expulsados.125

El 8 de julio, los miembros del Consejo Universitario buscaron dar una solución al conflicto. Ese día se anunció que tal órgano entraba en sesión permanente y se dio a conocer la renuncia presentada por Salazar Mallén, la cual se aceptó puesto que tenía carácter de irrevocable y de que la opinión general era que debería pedírsele la misma. La asamblea inició la discusión sobre la guerra de publicaciones anónimas, de ambos bandos, que había desatado el problema, pero se decidió no continuar con el asunto ya que se carecía de datos suficientes sobre los pasquines involucrados, tanto de una como de otra parte. La petición de expulsión de algunos alumnos fue rechazada, pero se acordó abrir una investigación y aplicar algún tipo de sanción contra los estudiantes que habían participado en la edición de las publicaciones dirigidas por Salazar Mallén. El principal debate entre los consejeros fue sobre la conveniencia de iniciar negociaciones con los huelguistas, pero no hubo acuerdos en ese sentido, y finalmente la postura de la asamblea fue la de llamar a los inconformes a terminar la huelga y reanudar las labores. También se notificó la recepción de las renuncias de

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122 Ídem.123 “El C. Gobernador del Estado contesta al Comité de Huelga”, en Orientación, 7 de julio de 1933, p. 1.124 ACERMLC, FJM, vol. 24, doc. 204.125 Ibíd., doc. 205.

varios profesores universitarios ligados al movimiento de huelga, las cuales fueron aceptadas.126 Como resultado de estos acuerdos, un par de días después, el Consejo Universitario, en una petición firmada por el rector Gustavo Corona y el secretario general José Gallegos, conminó a los estudiantes a volver a clases, señalando que el ejecutivo del estado había resuelto la petición que había motivado la huelga.127

Ante la negativa de los huelguistas de volver a clases, las autoridades universitarias iniciaron trabajos para organizar la reanudación de las actividades docentes, al margen de aquéllos. En la sesión del Consejo Universitario del 12 de julio se notificó que en la Facultad de Medicina sólo los dos primeros años estaban en huelga. Este anuncio sirvió de base a la idea de reanudar las labores en despachos y domicilios particulares con el apoyo de los alumnos contrarios al paro y con el fin de presentar a los huelguistas como un grupo de desorientadores que trataba de impedir la marcha de la institución. Finalmente, se acordó convocar a los profesores universitarios para informarles sobre el curso de los acontecimientos y las resoluciones del consejo.128

Al día siguiente, las autoridades universitarias dieron lectura a un documento, dirigido a los profesores, en el que se hacía una breve relación de hechos y se comunicaron las medidas adoptadas por el Consejo Universitario ante la actitud de los huelguistas. En la sesión, el profesor Porfirio García de León, por encargo y comisión de los huelguistas, hizo una invitación a todos los maestros para que reanudaran sus labores docentes en los edificios universitarios, pero renunciando a sus sueldos como gesto de colaboración hacia los huelguistas, con la conciencia de que éstos desconocerían al rector y tratarían de impedir la reanudación de clases en otros lugares.129

El 14 de julio, en un documento dirigido al rector, con copia para el gobernador del estado, un grupo de universitarios, entre los que se encontraban Jesús Díaz Barriga y José Gallegos, secretario de la institución, dieron un voto de confianza al rector y reprobaron la actitud de quienes persistían en la huelga, en vista de que el ejecutivo había tratado de resolver el problema.130 Al día siguiente, algunos profesores del Colegio de San Nicolás, entre los que se encontraban el mismo Díaz Barriga y Jesús Romero Flores, pidieron a los huelguistas volver a clases y dar un voto de confianza al rector Gustavo Corona. Los profesores señalaron que no discutían las razones que habían motivado la huelga, pero pedían a los estudiantes retomar las actividades académicas.131

Organizaciones ajenas a la universidad también expresaron su opinión sobre el conflicto. El 19 de julio, un Comité de Salud Pública, dependiente de la CRMDT, presidido por Salvador P. Ibarra, J. Jesús Várgas, C. S. Zamudio y Genaro Pardo, manifestó su apoyo a los huelguistas y acusó al rector Corona de defensor del clero y de los intereses de los empresarios en contra de los trabajadores, y deploró la insistencia de las autoridades gubernamentales por defenderlo.132 A su vez, el Comité de Huelga, tras solicitar el apoyo de las agrupaciones estudiantiles del país, recibió, ese mismo día, un telegrama de la CNE en el que esta organización le manifestó su simpatía e informó que el día siguiente partiría rumbo a Morelia uno de sus representantes para organizar acciones conjuntas. En términos similares se pronunció el Partido Estudiantil Cardenista de Colima.133

El resto del mes de julio el movimiento de huelga se mantuvo en los mismos términos, para entrar en una nueva fase a principios de agosto. En vista de que el conflicto no daba muestras de inclinarse a su favor, los huelguistas decidieron desconocer por completo a las autoridades universitarias y tomar el control de la institución. El 2 de agosto se reunieron en el Salón de Actos del Colegio de San Nicolás para nombrar un consejo integrado por profesores y alumnos con el fin de estudiar la manera de reiniciar los cursos, pero sin la intervención del rector Corona. A la asamblea asistieron 46 docentes, los cuales se

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126 AHUM, CU, S. A., 8 de julio de 1933.127 “A los estudiantes de la Universidad Michoacana”, 10 de julio de 1933, en ACERMLC, FJM, vol. 24, doc. 207.128 AHUM, CU, S. A., 12 de julio de 1933.129 Ibíd., 13 de julio de 1933.130 ACERMLC, FJM, vol. 24, doc. 209.131 “A los señores estudiantes de la Universidad Michoacana…”, 15 de julio de 1933, en ACERMLC, FJM, vol. 24, doc. 208.132 “Lo hecho con los nicolaitas no es un crimen, son todos los crímenes”, 19 de julio de 1933, en APEAV, c. 47. “Invitamos a los padres y profesores de los estudiantes nicolaitas a que cooperen a resolver sus dificultades con el Gobierno…”, 1 de agosto de 1933, en APEAV, c. 47. Macías, Aula Nobilis..., p. 498.133 Ibíd., pp. 496-497.

mostraron dispuestos a colaborar de manera extraoficial con los huelguistas. El consejo elegido estuvo integrado por los profesores Rafael García de León, Jesús Ramírez Mendoza, Enrique Arreguín y Alberto Oviedo Mota, y los estudiantes Enrique Padilla, Abdón Ayala, Severiano Mora Tovar y Ma. Dolores Núñez. Este consejo fue electo de manera unánime y logró que desde el siguiente día iniciaran las clases en las dependencias bajo control de los huelguistas.134

En respuesta, el 5 de agosto, el rector propuso al Consejo Universitario discutir la manera de dirigirse a la opinión pública, ya que la desorientación impedía saber a los padres si enviar a sus hijos a la Facultad de Medicina o al Colegio de San Nicolás, que eran los lugares en donde se habían reanudado las clases. Ante las preguntas de la asamblea, el rector señaló que consideraba que el grupo de huelguistas estaba en posesión del edificio del Colegio de San Nicolás por medio de la violencia, pero que desechaba la idea de recurrir a la fuerza pública para recuperarlo y sostenía la idea de tratar de convencerlos de desistir. Finalmente se acordó crear una comisión para que se entrevistara con el gobernador del estado a fin de decidir las acciones futuras de las autoridades universitarias.135

Mientras tanto, a propuesta de Enrique Arreguín y el estudiante Enrique Padilla, el 7 de agosto se realizó, en los corredores del primer patio del Colegio de San Nicolás, un “café” al que, se dice, asistieron aproximadamente 400 personas, entre estudiantes y profesores. El acontecimiento tuvo como objetivo rendir homenaje a los catedráticos que apoyaban el movimiento de huelga. En el acto hicieron uso de la palabra Jesús Díaz Barriga, Alberto Oviedo Mota, Rafael García de León, el diputado Antonio Mayés Navarro y algunos alumnos del plantel. Las discusiones giraron en torno al tema de la socialización de las profesiones, para convertirlas en servicios públicos.136

A la par de estas actividades, los estudiantes huelguistas enviaron a la ciudad de México una comisión especial, encabezada por el alumno de medicina, Esteban Figueroa, con el objetivo de entrevistarse con personalidades de la política nacional. La comisión regresó a Morelia el día 8 de agosto y de inmediato se celebró una junta general en el Salón de Actos del Colegio de San Nicolás. En la reunión, los comisionados señalaron que el general Lázaro Cárdenas, en ese momento secretario de Guerra y Marina, les había propuesto la reanudación de clases, en tanto tomaba participación directa en el asunto. Los huelguistas, mostrando respeto por la opinión de Cárdenas, aceptaron la sugerencia y acordaron preparar la entrega de los edificios que tenían en su poder, a pesar de no haber logrado la satisfacción de sus demandas.137

Ese mismo día, en el Consejo Universitario se informó que la comisión designada para entrevistarse con el gobernador, recibió de parte de éste la promesa de apoyo para la recuperación de los edificios que estaban en poder de los inconformes. A su vez, la comisión acordó enviar posteriormente al ejecutivo un pliego con la peticiones concretas para llevar a cabo dicho rescate. No obstante, el gobernador había expresado su confianza en que el conflicto se resolvería satisfactoriamente, una vez conocido el resultado de la entrevista sostenida entre una comisión de huelguistas y el general Lázaro Cárdenas. Sin embargo, a pesar de las observaciones del gobernador, un grupo de consejeros sostenía la idea de que era necesario recuperar los edificios universitarios y para ese efecto se redactó el pliego de petición de ayuda al ejecutivo del estado. La asamblea también discutió la pertinencia de dirigirse a Jesús Díaz Barriga y Enrique Arreguín, quienes impartían clases en el Colegio de San Nicolás, para que externaran su posición y declararan si estaban de parte de los huelguistas o de las autoridades universitarias. También se discutió sobre el tipo de medidas que deberían tomarse contra los profesores que impartían clases al margen de la institución, pero la asamblea no llegó a ninguna conclusión sobre el asunto.138

Finalmente, la intervención del general Lázaro Cárdenas decidió la suerte del conflicto. La huelga concluyó el 9 de agosto tras una reunión entre el gobernador del estado y el comité huelguista. La entrega formal de las instalaciones se realizó el día siguiente. Empero, la reanudación de las clases fue accidentada

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134 “Cómo quedó solucionado el conflicto nicolaita”, en El Pueblo, 5 de agosto de 1933, pp. 1, 4.135 AHUM, CU, S. A., 5 de agosto de 1933.136 “El último café en San Nicolás organizado por los huelguistas”, en Garibaldi, 19 de agosto de 1933, pp. 3-4. “El último café que fue celebrado en el Colegio de San Nicolás”, en El Centinela, 13 de agosto de 1933, pp. 1, 4.137 “Los estudiantes huelguistas de San Nicolás, por fin cedieron”, en Valladolid, 10 de agosto de 1933, p. 1. Macías, Aula Nobilis..., p. 500.138 AHUM, CU, S. A., 8 de agosto de 1933.

debido a que los profesores contrarios al paro no se presentaron de inmediato a laborar, mientras que los huelguistas continuaron con las clases que habían reanudado antes de dar por terminado el movimiento.139

Los acontecimientos de 1933 en la Universidad Michoacana mostraron la profundidad de los conflictos políticos e ideológicos que afectaban a los universitarios. Los “vasconcelistas”, aún cuando no actuaron abiertamente como tales, tuvieron que asumir el estigma que su pasado político les impuso. El vasconcelismo fue combatido en nombre de los “principios revolucionarios” y su proyecto de universidad impugnado por quienes decían conducir a la institución por los cauces propuestos por la revolución mexicana. Al mismo tiempo, el conflicto universitario de 1933 puso en evidencia las contradicciones de las pretensiones autonomistas dentro de una institución dependiente económica y administrativamente del estado. Los limitados alcances de la autonomía universitaria y la imposibilidad de la institución de conducirse y solucionar sus problemas por sí misma quedaron al descubierto y mostraron su fragilidad ante los embates y presiones externas.

Al mismo tiempo, el enfrentamiento mostró las profundas diferencias en torno a la idea de universidad que tenían los grupos antagónicos. Mientras los universitarios “socialistas” tachaban a sus enemigos de “reaccionarios” y traidores a la revolución, y al pueblo mexicano, de “burgueses” y “clericales”, su contraparte los acusó de demagogos y falsos socialistas, así como de promover una universidad “ranchera” de “huaraches y sombreros”; de estar más preocupados por las prerrogativas que les concedía el poder que por las causas que decían abanderar y de no tener real interés en la solución de los problemas de la clase trabajadora, de la que se ostentaban como defensores.

Finalmente, la aparente derrota del movimiento huelguista de 1933 un año después se transformó en victoria. La trágica muerte del gobernador Benigno Serrato y el ascenso a la presidencia de la República del general Lázaro Cárdenas modificaron el panorama político estatal. En el nuevo escenario, los “socialistas” michoacanos tomarían el control de la universidad y renovarían su compromiso con el poder.

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139 “Terminó la huelga de los estudiantes”, en El Centinela, 13 de agosto de 1933, pp. 1, 4.

II. PUESTA EN MARCHA Y DEFENSA DEL PROYECTODE UNIVERSIDAD SOCIALISTA EN MICHOACÁN

1934-1937

LA UNIVERSIDAD SOCIALISTA EN MICHOACÁN, 1934-1935

La Universidad Michoacana es declarada socialista

En octubre de 1932 fue elaborado el documento “Estudio sobre un proyecto de reforma del artículo 3º de la Constitución Política Mexicana”. El equipo redactor estuvo integrado por los universitarios Enrique Arreguín Vélez, Gabriel Montes de Oca, Rafael García de León, José Campistro de Cáceres, José María Mendoza Pardo, Jesús Díaz Barriga, y los estudiantes Melesio Aguilar Ferreira y Esteban Figueroa. Posteriormente, el texto fue corregido, en algunos detalles, por Enrique Arreguín, Jesús Díaz Barriga, Rafael García de León, Rafael C. Haro y el estudiante Vicente Rodríguez”.1

En el estudio se señaló que el Artículo 3º constitucional era desvirtuado por los “elementos reaccionarios” que abusaban de la libertad de enseñanza que se les concedía, y que habían interpretado el sentido del laicismo de manera muy diferente al que se le había otorgado en el constituyente de 1917. En el documento también se señaló que, de acuerdo con los principios del liberalismo, en la Constitución Política de 1857 se instituyó la enseñanza libre y se restringió la educación oficial a “una disciplina de neutralidad dogmática o laicismo, que consistía en prohibir la enseñanza religiosa en los establecimientos oficiales, pero respetando el maestro la fe de los educandos”. Por lo anterior, los autores del estudio señalaron que el espíritu de los constituyentes de 1857 fue el de que en las escuelas oficiales “no se hiciera especial enseñanza religiosa, ni se impugnara de manera alguna el error dogmático”. Este criterio de neutralidad, calificado de absurdo en el documento, fue atacado por considerarse una limitación para que el profesor cumpliera con su misión mediante el uso de la razón, el estudio de la realidad y la aplicación de los principios científicos resultantes.

Sus autores señalaron que con la Constitución de 1917 cambió radicalmente el espíritu de la ley en el sentido de que el laicismo no solamente debería abolir la enseñanza religiosa, sino que, también, la educación “debería impugnar toda creencia religiosa que estuviera en oposición con la razón y la verdad científica”. Sin embargo, según se señala en el documento, los constituyentes de 1917, a pesar de sostener un criterio diferente al de sus predecesores, no borraron el término “laica” del texto constitucional, en virtud de que no encontraron otro vocablo que expresara el espíritu de la ley con mayor precisión.

Ante estas consideraciones, los creadores del trabajo sostenían que el Artículo 3º constitucional vigente no correspondía al espíritu revolucionario que lo había inspirado. Por esa razón hicieron dos observaciones: la primera indicaba que la redacción era defectuosa, puesto que, por una parte, se establecía la enseñanza libre como regla general y, por otra, se señalaba que sería laica. Esta situación era vista por sus autores como una contradicción. La otra señalaba que la persistencia en la redacción del Artículo 3º del vocablo “laica”, aunque con diferente significado al que tuvo en la Constitución de 1857, podía ser fuente de confusiones e interpretaciones dolosas. Por esta razón, se proponía una reforma que terminara con la ambigüedad del término y constituyera una norma que definiera y precisara su connotación.

El estudio también señaló la necesidad de que el laicismo, en el sentido “revolucionario” del término, se aplicara a la enseñanza impartida en los establecimientos particulares de educación secundaria y preparatoria, por ser este nivel educativo en donde se consideraba que se formaba el carácter de los educandos. Además, los autores del documento dejaron constancia del valor que concedían a la educación

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1 “Estudio sobre un proyecto de reforma del artículo 3º de la Constitución Política Mexicana”, en APEAV, cc. 37 y 44.

como modeladora de la conciencia de los individuos y señalaron la importancia de la juventud en la determinación de las “orientaciones sociales”.

Consideraban, además, a las escuelas particulares, con escasas excepciones, como “empresas mercantilistas” que, amparándose en la libertad de enseñanza, propagaban e inculcaban ideas sectarias, antisociales, que procuraban reforzar el “espíritu conservador” de los alumnos y buscaban mantener a los mexicanos desunidos. Además, en el estudio se denunció que las limitaciones de la ley permitían la participación de las instituciones religiosas en la educación. En este sentido, se solicitó que se reformara el Artículo 3º constitucional estableciendo la prohibición para que ninguna institución religiosa, ni ministro de culto alguno, “ni persona de filiación dogmática”, fundara, dirigiera, enseñara o interviniera en establecimientos educativos de cualquier especie.

Los autores del estudio señalaron que correspondía al gobierno de la Revolución y a los revolucionarios defender su causa poniendo en práctica las medidas necesarias para hacer valer los principios educativos que profesaban. Por esta razón, propusieron suprimir del Artículo 3º constitucional la frase: “...la enseñanza es libre”, por oponerse a la limitación que le imponía el carácter de laica y porque se consideraba que no debería permitirse a las instituciones religiosas ni a los ministros de culto impartir instrucción primaria. También solicitaron suprimir el término “laica”, por ambiguo e inadecuado para expresar el espíritu de la revolución. Su lugar lo ocuparía la enumeración clara y precisa de las características que debería reunir la educación en el país, no sólo para la educación primaria, sino para la enseñanza en todos sus grados. Otra propuesta fue la de modificar la parte relativa a que “ninguna corporación religiosa o ministro de algún culto podrán establecer o dirigir escuelas de instrucción primaria”, en el sentido de que ninguna institución religiosa, ministro de culto alguno o persona de cualquier filiación dogmática pudieran fundar, dirigir, enseñar, ejercer control o tener intervención alguna en escuelas o establecimientos educativos de cualquier especie.

Consideraban, también, que como medio para establecer en México las bases para la realización de la justicia colectiva y la socialización de los bienes materiales y culturales, la enseñanza debería reunir como características, el ser única, colectivista (o socialista), nacionalista, científica, ética, estética y obligatoria. Con base en las consideraciones anteriores, sus autores propusieron el siguiente proyecto sobre la redacción que, desde su perspectiva, debería tener el Artículo 3º constitucional:

Artículo 3º. La educación y la enseñanza corresponden al Estado, el cual ha tenido y tiene el derecho de impartirla por medio de Instituciones dependientes del Gobierno Federal y de los Estados en sus respectivas jurisdicciones.

La educación y la enseñanza serán Únicas, Colectivistas, Nacionalistas, Científicas, Éticas, Estéticas y Obligatorias, además de llenar los requisitos de otra índole que marquen las Leyes Reglamentarias respectivas.

El Estado también puede impartir la enseñanzas por medio de instituciones particulares, las que sólo se establecerán por causa de utilidad pública y social, y en todo caso deberán ser dirigidas y atendidas por personas que designen las autoridades competentes. Dichas instituciones serán atendidas exclusivamente como auxiliares del Estado.

I.- En ningún establecimiento de educación podrán desempeñar puesto alguno los ministros de algún culto, los miembros de alguna corporación o institución religiosa o las personas de filiación dogmática.

II.- La derogación o abrogación, en su caso, de otras disposiciones Constitucionales que se opongan a esta reforma.2

Un año después, los universitarios insistieron en su idea de lograr cambios en la planeación y organización educativas, pero esta vez en el terreno concreto de la educación superior. En septiembre de 1933, el CEN y la Unión Socialista Universitaria de Michoacán (USUM) presentaron ante el Primer Congreso Nacional de Universitarios un trabajo titulado “Nuevas orientaciones en las universidades”. Este texto se presentó como una crítica del régimen económico-social imperante y como base para exponer la necesidad de una transformación social, en la que la educación universitaria jugaría un papel preponderante. En el trabajo se expuso una idea de universidad entendida como una institución cultural sostenida con los impuestos de las

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2 Ídem.

clases laborantes, cuya función principal sería la formación de una nueva cultura tendente al logro de la justicia y la libertad sociales, y la obtención de los mayores bienes espirituales y materiales para la colectividad.

En el texto, en el que se criticó el carácter individualista del régimen liberal, se señaló que la orientación por la que propugnaba la universidad en su acción social fijaría sus principios primordiales “de acuerdo con la realidad y anhelos [...] del pueblo mexicano y de la humanidad, teniendo como base los postulados de la Revolución Mexicana y orientándose hacia el establecimiento del Estado Socialista integral”.3

Las ideas contenidas en el trabajo presentado por los nicolaitas al Primer Congreso de Universitarios, de septiembre de 1933, sirvieron como base para que un año después Jesús Díaz Barriga y Enrique Arreguín elaboraran un “Proyecto sobre la nueva organización educativa universitaria de acuerdo con la tesis del socialismo científico”.4 Este documento constituía los lineamientos generales que el Bloque de Jóvenes Revolucionarios de Michoacán (BJRM)5 estimaba que deberían regir en la universidad socialista.

El proyecto fue concebido como la parte educativa de un programa de transformación integral de la sociedad mexicana, el cual tendría su elemento más importante en la acción del poder público para implantar nuevas estructuras económicas. Por esta razón, se señaló que así como había nacido una economía dirigida hacia la destrucción de la explotación del hombre por el hombre, se buscaba la gestación de una educación formadora de una conciencia acorde con las nuevas circunstancias. En este sentido, la universidad socialista se proponía realizar una revolución en la conciencia de las masas, como complemento de la revolución de las estructuras social y económica.6

En la primera parte del documento se abordaron los postulados básicos del proyecto, se explicaron algunos conceptos, se enunciaron los lineamientos de la nueva conciencia que se proponía imponer y se señalaron las estrategias con las que se llevarían a cabo las tareas de la universidad socialista. En su segunda parte, el proyecto expuso la orientación que ésta debería seguir en sus diferentes campos de estudio y actividad.

El proyecto inició con algunas consideraciones sobre el concepto de libertad, del cual se señalaron dos nociones diferentes; la primera de ellas fue calificada como representativa de la época de decadencia del capitalismo y del liberalismo; la segunda fue denominada filosófica y racional. La primera noción se basaba en suponer que la libertad consistía en hacer cualquier cosa sin más limitación que la capacidad de acción y con una orientación hacia el placer o el bien momentáneo o inmediato del individuo. Esta connotación fue identificada con el “régimen liberal y capitalista”, y con su principio de “dejar hacer y dejar pasar”, que se decía había tolerado la degeneración del concepto de libertad y admitido las injusticias sociales llevadas a cabo por la burguesía. Esta noción de libertad era atacada en el proyecto porque se consideraba que se utilizaba como medio y justificación de la explotación de los trabajadores por parte de la burguesía; ésta, a su vez, era acusada, como clase dominante, de ser la culpable de la degeneración de las libertades de pensamiento y de conciencia proclamadas por el liberalismo.7

En contraparte, los autores del proyecto decían aceptar un tipo de libertad que sirviera para realizar lo “valioso” y que estuviera determinada por la conciencia humana. Basados en esto, decían querer destruir el concepto absurdo de libertad arbitraria y salvaje,8 pero dejando asentado que no pretendían que los hombres abdicaran de su espontaneidad y obraran bajo la presión de mandatos dictatoriales de origen externo: querían que cada hombre obrara conforme con su “personalidad psíquica y con su conciencia”. Para lograr esto se postuló la necesidad de actuar decididamente en la formación de la personalidad y la conciencia de los

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3 “Nuevas orientaciones en las universidades”, en APEAV, cc. 7 y 44.4 Arreguín Vélez y Díaz Barriga, “Proyecto sobre la nueva organización educativa universitaria…”, pp. 183-213.5 El BJRM se conformó en mayo de 1934 con el impulso de la CRMDT. Posteriormente, se convirtió en las Juventudes Socialistas de Michoacán. En enero de 1936 se propuso que esta organización iniciara las gestiones para fusionarse con la Federación de Estudiantes Revolucionarios. Como fin principal del BJRM, se estableció el de unificar el criterio de toda la juventud radical revolucionaria para formar un frente único en la lucha social, con el fin de colaborar en la culturización de los trabajadores y cumplir cabalmente los postulados de la revolución mexicana. Para mediados de 1936, las Juventudes Socialistas de Michoacán actuaban como parte de la estructura de la CRMDT con la denominación de Bloque de Jóvenes Socialistas de Michoacán (BJSM). “Estatutos y programa de acción del Bloque de Jóvenes Revolucionarios de Michoacán”, en Gremio, núm. 10, 20 de diciembre de 1934, pp. 3-4. “Declaración de principios del Bloque de Jóvenes Socialistas de Michoacán, adherido a la CRMDT”.6 Arreguín Vélez y Díaz Barriga, “Proyecto sobre la nueva organización educativa universitaria…”, pp. 186, 192.7 Ibíd., p. 183.8 Partiendo de la consideración de que la facultad para realizar lo que no es objetivamente valioso no merece el nombre de libertad y, en todo caso, deberá llamarse arbitrariedad, capricho o desenfreno.

individuos, y esta era una tarea que no debería abandonarse solamente a los factores hereditarios o a una educación inadecuada.9

En el proyecto se destacó la importancia del lugar que debería ocupar la universidad en la formación de una nueva conciencia. Los redactores del documento consideraban que la clase burguesa capitalista había formado una civilización y una cultura propias para justificar la explotación del hombre por el hombre, para apoyar la estructura económica que había impuesto y para obtener la sumisión de la clase laborante, por intermedio de la religión, principalmente. Expresaron la idea de que el régimen capitalista había logrado la división y la especialización del trabajo y cierto grado de interdependencia; pero había fallado por completo en el establecimiento de la solidaridad al haber tomado la explotación humana como base del sistema.

Ante estas consideraciones, en el proyecto se establecieron algunos de los rasgos de la nueva conciencia que se proponía instituir con la universidad socialista. Sin embargo, se señaló que no se pretendía la formación de una conciencia y una cultura humanas totales, por no considerarse posible su existencia; ni se pretendía hermanar la cultura burguesa con la proletaria, dadas sus contradicciones; lo que se propugnó fue la necesidad de elegir entre la conciencia y la cultura burguesas y la conciencia y la cultura “proletarias socialistas”.10

En los lineamientos de la cultura socialista se planteó que el individuo educado con su influjo debería obtener la conciencia de formar parte de la clase trabajadora. A la vez, debería formarse en éste la certeza de sentirse como parte integrante de un devenir social regido por las leyes de la dialéctica y el deber obrar de acuerdo con esa misión. El individuo debería tener laconciencia de su sometimiento a las leyes biológicas y sociales. Asimismo, la nueva conciencia traería consigo una ética que subordinara el concepto del bien personal al bien colectivo, poniendo a éste como antecedente del anterior. Sería estimado como malo y detestable el acto de la explotación del hombre por el hombre y se apreciaría como injusto el que algunos se apoderaran del trabajo de los demás. Las fuentes de producción serían consideradas como pertenecientes a la clase trabajadora y se aceptaría la propiedad colectiva. La conciencia de clase sería producida y reafirmada con apoyo de la ciencia y la filosofía.11

En cuanto a los lineamientos generales del método a seguir para llevar a cabo las tareas de la universidad socialista, se indicó que el estudio se regiría por el método activo, con el objetivo de que los alumnos encontraran, por medio de su trabajo, las “verdades científicas”, ya fuera mediante “la observancia y la experimentación”, o a través de la consulta bibliográfica. Se utilizarían solamente juegos y deportes organizados, en los cuales el trabajo de cada individuo formara parte de la función total del equipo. Los deportes individualistas proscritos. Se promovería la organización de grupos económicos de tipo cooperativo formados por estudiantes. Se utilizaría el trabajo colectivo como medio para resolver los problemas internos de las agrupaciones estudiantiles. Se formarían organizaciones especiales de estudiantes, obreros, campesinos y profesionistas, que se abocaran al estudio colectivo de los problemas sociales y trataran de encontrar las soluciones a los mismos. Todo el ambiente de la escuela y de la universidad tendría carácter colectivo. Se buscaría formar un cuerpo de profesores adictos a la educación socialista. El trabajo de los docentes se ajustaría al plan general y se evitarían las discrepancias en tesis o en métodos entre los profesores, así como las discusiones y polémicas delante de los alumnos. Los estudios serían sometidos a un análisis psicológico y fisiológico, con el objetivo de guiar adecuadamente los trabajos tanto mentales como físicos. Todas las dependencias universitarias contribuirían a la formación de hábitos y sentimientos colectivistas. La escuela secundaria tendría la misión de orientar de manera general a los alumnos en los trabajos mentales y manuales. La escuela preparatoria tendría por objetivo particular ampliar los conocimientos y la formación obtenidos en la secundaria, y prepararía a los alumnos para los estudios profesionales, siempre dentro de la orientación

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9 En contraparte, los autores del proyecto decían aceptar la libertad que, “a más de servir para realizar lo valioso, tiene como característica la de estar determinada por la personalidad psíquica, por la conciencia humana”. A la conciencia la entendían como determinada por dos órdenes de factores: a) “por los antecedentes específicos y peculiares transmitidos por la herencia biológica, que dan al hombre una filosofía psíquica lo mismo que da la física; b) por la vida misma, al través de sus múltiples experiencias, y sobre todo por intermedio de la educación”. Ibíd., pp. 185-186.10 Ibíd., pp. 188-189.11 Ibíd., pp. 190-191.

socialista. Dentro de cada escuela se asignaría a cada disciplina científica o filosófica la parte de la labor formadora de la conciencia que le correspondiera.12

En la segunda parte del proyecto se expuso la orientación que la universidad socialista debería seguir en sus diferentes campos de estudio y actividad. En esta sección se incluyó la: “orientación socialista de la Facultad de Medicina”; la “orientación socialista de la Escuela de Comercio”; la “orientación socialista de las escuelas normales”; la “orientación socialista de la Facultad de Jurisprudencia”; los “lineamientos generales para la implantación de la orientación socialista en la Escuela de Ingeniería”; el “proyecto de la orientación que [debería] tener la Escuela de Bellas Artes”; la orientación del “Departamento de Acción sobre la Población Indígena”, y la del “Departamento de Control del Ejercicio Profesional”, así como la de los “institutos de investigación”.

La exposición de los lineamientos y la orientación que deberían seguir las diferentes dependencias universitarias tuvo un carácter general en el proyecto, con excepción de la “orientación socialista de las Escuelas Normales”. En este caso la exposición fue más amplia e incluyó un proyecto de reorganización de la enseñanza normal en sus aspectos administrativo, académico y material.13

En relación con el Departamento de Control del Ejercicio Profesional, se expresó la necesidad de una reforma del Artículo 4º constitucional. En este apartado se propuso establecer el ejercicio de las profesiones como una función social controlada por el Estado, a través de la universidad socialista. El objetivo, en este sentido, era el de llegar a tener en ésta “no solamente el centro preparador de los servidores sociales profesionales, sino también un centro de completo control del ejercicio profesional que se [haría] indispensable una vez suprimido el tipo de profesionista liberal”.14 En este aspecto, el proyecto coincidió con los planteamientos del Primer Plan Sexenal, de 1933, en lo relacionado con la educación profesional. En dicho programa de gobierno se dispuso que el ejercicio de las profesiones en todos sus aspectos debería ser una cuestión social y no el goce de un derecho individual de los profesionistas. De igual manera, se estableció la intención de no prestar atención especial a la formación de profesionistas liberales, ya que se consideró más urgente el fortalecimiento del sistema educativo rural y la ampliación y perfeccionamiento de las escuelas técnicas.15

El “Proyecto sobre la organización educativa universitaria de acuerdo con la tesis del socialismo científico” fue dado a conocer profusamente por el BJRM. La propuesta recibió la atención de la prensa nacional16 y fue enviada, en septiembre, a manera de memorial, a la Cámara de Diputados.17 Ese mismo mes, la iniciativa fue dada a conocer al Consejo Universitario bajo la premisa de que la Universidad Michoacana, como sus similares del país, tenía una estructura “anticuada liberalista” que no había tomado en cuenta el cambio económico y social generado por la revolución, por lo que se hacía imperativo imprimir un nuevo

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12 Las ciencias matemáticas enseñarían el método deductivo y señalarían la eficacia de la razón humana para llegar al conocimiento, así como la necesidad de demostrar una verdad para lograr su aceptación. Las ciencias físicas y químicas enseñarían el método inductivo-deductivo y mostrarían la eficacia de la observación y la experimentación como bases del conocimiento y como prueba de los resultados alcanzables con el uso de la razón. Estas ciencias fijarían las primeras bases del “concepto científico intelectualista del mundo, destruyendo los prejuicios religiosos”. Las ciencias biológicas enseñarían el método inductivo y darían cuenta del concepto científico de la vida y de sus leyes. Asimismo, señalarían la evolución biológica y su relación con la dialéctica materialista. El estudio de las ciencias físicoquímicas y de las ciencias biológicas sería coronado por el estudio de la historia de la Tierra, para llevar al alumno hacia el estudio del hombre y de su organización social, “aprovechándose para destruir científicamente los mitos y las fantasías de las religiones a este respecto”. Las ciencias sociales ocuparían un lugar muy importante en la educación socialista. La historia serviría para dar a conocer el desarrollo de los acontecimientos sociales, siempre de acuerdo con una interpretación “materialista”. Se señalaría la importancia básica del factor económico, como determinante de los hechos sociales. La geografía ayudaría a conocer el mundo económico y social. La sociología se encargaría del estudio doctrinario de la sociedad, de las clases que la conforman, de las luchas que éstas sostienen y se encargaría del análisis de los diferentes sistemas sociales. La enseñanza de las disciplinas filosóficas sería el coronamiento del saber científico y estaría orientada al planteamiento y solución de los problemas de las ciencias. La lógica contribuiría a la adquisición de mayor claridad mental en el alumno, “disciplinándolo en el conocimiento de las leyes del método de investigación y prueba de la verdad y en la articulación de los principios y sus consecuencias en construcciones sistemáticas congruentes y sólidas”. Ibíd., pp. 192-196.13 Ibíd., pp. 199-206.14 Ibíd., p. 212.15 Véase: Plan Sexenal…, pp. 87-89.16 “Michoacán inicia la educación socialista”, en Excélsior, 22 de septiembre de 1934. “El deber de la Universidad”, en El Nacional, 23 de septiembre de 1934.17 “La Universidad debe dar sus frutos para el pueblo y no para la clase parasitaria”, en El Nacional, 22 de septiembre de 1934.

carácter a la educación superior en Michoacán.18 En noviembre, el proyecto fue presentado como ponencia en las Jornadas de Educación Socialista convocadas por la CRMDT.19

Es importante señalar que el proyecto de socializar la educación superior en Michoacán coincidía con un marco general de ideas que estaba presente en diferentes ámbitos de la vida nacional. Las alusiones a la “doctrina socialista”, con todo lo que esta idea podía implicar, fueron una constante en el debate político e ideológico que acompañó a la redacción del Plan Sexenal de 1933; a la campaña presidencial de Lázaro Cárdenas y a la reforma del Artículo 3º constitucional de 1934. Durante la contienda por la Presidencia de la República, tanto el CEN del PNR como el Partido Nacional Estudiantil Pro Cárdenas realizaron una labor de difusión de la “doctrina socialista”, que se afirmaba encauzaría la obra social del régimen cardenista. Los difusores de estas ideas coincidieron en señalar al socialismo como la única vía para que la revolución cumpliera con su programa y objetivos; al tiempo que hacían una crítica al liberalismo por su carácter individualista y trataban de establecer las diferencias entre el movimiento socialista mexicano y las posturas comunistas, en especial las que representaba la Unión Soviética.20 No obstante, es necesario señalar que la falta de precisión del término “socialista” en el Artículo 3º reformado, así como las declaraciones de algunos funcionarios y autoridades del PNR y del gobierno de la república que se refirieron con frecuencia al “socialismo de la Revolución Mexicana”, causaron confusión sobre el sentido del vocablo. Sin embargo, tanto las organizaciones estudiantiles, obreras y magisteriales que propusieron la reforma, como las deliberaciones en el PNR y las asambleas de la cámara, dejaron claro que se trataba de un “socialismo científico”.21

De manera paralela a la propuesta de dar un carácter socialista a la Universidad Michoacana, promovida por el BJRM, las autoridades de la institución empezaron a discutir el tema, pero a partir de una premisa diferente. En este caso, fue la inminente reforma del Artículo 3º constitucional lo que llevó a los universitarios a plantear la necesidad de definir su posición a favor o en contra de la educación socialista.22

El 23 de octubre de 1934 se discutió en el Consejo Universitario la reforma al Artículo 3º constitucional.23 A los consejeros les interesaba saber el lugar que ocuparía la educación universitaria dentro del nuevo texto legal. Ante la pregunta de si el Artículo 3º abarcaba también a la educación universitaria, la opinión mayoritaria era afirmativa. En vista de que el referido artículo estipulaba que toda la enseñanza impartida por el Estado debería ser socialista, se consideró que en ésta quedaba comprendida la Universidad Michoacana ya que dependía de aquél para su sostenimiento.24

Al hacer referencia al caso de la Universidad Autónoma de México y la opinión de sus autoridades de que la nueva redacción del Artículo 3º no afectaría su autonomía y, por lo tanto, la institución seguiría sustentando el mismo criterio que hasta el momento, los consejeros dejaron ver que en Michoacán las cosas serían distintas debido a que la Universidad Michoacana era sostenida totalmente por el Estado, mientras que la Universidad Autónoma contaba con un patrimonio propio. Por su parte, el rector Gustavo Corona expuso la idea de que la autonomía debería entenderse única y exclusivamente como una independencia en el sentido legislativo y que no tenía nada que ver con el patrimonio. El dirigente universitario señaló que la autonomía facultaba a la universidad para dictar sus propias normas, para formar sus planes de estudio y para distribuir el

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18 APEAV, c. 44.19 “Ponencias presentadas a las Jornadas de Educación Socialista…, que se desarrollaron en la ciudad de Morelia…, en la segunda decena del mes de noviembre de 1934”, en ACERMLC, CERM, c. 17, carpeta 1, doc. 1.20 Adolfo Gilly sostiene que el comunismo y el socialismo mexicanos tenían en común la aspiración al socialismo, pero a través de vías diferentes. Los comunistas proponían, apenas concluida la lucha armada, una nueva revolución, de carácter socialista. Las corrientes socialistas, por su parte, proponían, bajo diversas formas, la continuación o profundización de la revolución para llegar al socialismo. Para ellas, el socialismo no era la negación, sino la continuación y la conclusión del gran movimiento social de los años anteriores. Gilly, “Los dos socialismos mexicanos”, pp. 358-359.21 Véase: Bremauntz, La educación socialista en México…, pp. 228-229, 356. Loyo, “La difusión del marxismo y la educación socialista en México…”, p. 175.22 La decisión tomada tendría importantes repercusiones porque lo que en realidad se discutía era el carácter de las relaciones entre la universidad y el gobierno de la república. Apoyar la educación socialista implicaba distanciarse de la posición adoptada por la mayoría de los universitarios del país que, con la Universidad Autónoma de México al frente, habían expresado su desacuerdo con la nueva orientación que se pretendía imponer a la educación impartida por el Estado.23 Ese mismo día, el BJRM envió una iniciativa al Congreso del Estado para que la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo adoptara una orientación y una estructura socialistas. AHCEMO, actas de la XLV Legislatura Constitucional, 23 de octubre de 1934.24 AHUM, CU, S. A., 23 de octubre de 1934.

dinero suministrado por el Estado, y, por lo tanto, esta autonomía en su régimen interior no tenía nada que ver con la independencia económica. Corona agregó que correspondería a la Cámara de Diputados decidir si se imponía o no un criterio socialista a la educación universitaria en el país; pero consideró que, antes de que el Estado se pronunciara sobre el tema, la Universidad Michoacana podría adoptar el criterio socialista, ya que el anterior criterio laico, a pesar de haber estado definido para la educación primaria elemental y superior, había sido adoptado por la universidad.

Finalmente, la discusión en el Consejo Universitario se centró en decidir si la Universidad Michoacana debería o no adoptar el carácter dado a la educación en el Artículo 3º constitucional. Algunos universitarios plantearon esperar a que las autoridades reglamentaran el referido artículo, pero, ante la posibilidad de que dicha reglamentación demorara varios meses y la necesidad de planificar las actividades del próximo curso escolar, se decidió tomar una decisión inmediata.

En la sesión se expuso que no tendría por qué haber contradicción alguna entre el funcionamiento de la universidad y la educación socialista. Para sostener esta idea se recordaron las luchas universitarias contra la Escuela Libre y el Seminario, y, en general, contra los elementos de filiación católica; por lo que se pensó que el nuevo Artículo 3º constitucional simplemente estaba legalizando un estado de cosas existente. El rector estuvo de acuerdo con este argumento porque consideró que el texto constitucional definía la enseñanza como una acción en contra de la religión, con el objetivo de “formar en el individuo un concepto científico de la enseñanza y de la vida”.

Finalmente, la asamblea aprobó lo siguiente:

I. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo adopta para su enseñanza el criterio del artículo 3º constitucional, cuya reforma ha sido aprobada por el Poder Legislativo de la República. II. Procédase desde luego a reorganizar su funcionamiento adaptándole dicha reforma, tomando como base el texto del nuevo artículo 3º aprobado y su exposición de motivos, de manera que norme sus actividades a partir del próximo año escolar que principiará en enero de 1935…25

El rectorado de Enrique Arreguín y las laboresde la universidad socialista, 1935

La muerte del gobernador Benigno Serrato, el 3 de diciembre de 1934, y la llegada a la primera magistratura estatal del general Rafael Sánchez Tapia abrieron la posibilidad de un cambio en la administración universitaria. El deceso de Serrato y la renuncia del rector Gustavo Corona generaron la movilización de los sectores “socialistas”, que habían quedado marginados de la conducción de la universidad desde 1932.

El 7 de diciembre de 1934, un grupo denominado Comité de Estudiantes Socialistas Pro Reorganización Universitaria expuso al nuevo gobernador su posición ante el relevo en la rectoría de la Universidad Michoacana. Enterados de la renuncia presentada por Corona manifestaron al mandatario la necesidad de que el nombramiento del rector se hiciera de manera democrática, tomando en cuenta la opinión del sector estudiantil. Por esta razón, externaron la decisión de apoyar la designación de Enrique Arreguín Vélez como candidato a la rectoría universitaria.26

El Comité de Estudiantes Socialistas Pro Reorganización Universitaria fue creado por un grupo de cuarenta personas, de filiación socialista, con el fin único de designar a su candidato a la rectoría. El comité se ostentaba como la entidad que había logrado unificar el criterio de un conjunto de organizaciones que decían luchar por el establecimiento de una universidad de Estado. Estas agrupaciones eran el BJRM, el Sindicato de Obreros Intelectuales de Michoacán, la Federación Agraria del Norte, organizaciones ligadas a la CRMDT, así como estudiantes independientes.27

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25 Ídem.26 AGN/LCR, c. 745, exp. 534.8/3.27 Ídem. La mesa directiva del Comité de Estudiantes Socialistas Pro Reorganización Universitaria quedó integrada por Eduardo Suárez S., como secretario general, Severiano Mora Tovar, Abdón Ayala, Andrés Nares Álvarez y Alfonso Reyes H.

Finalmente, Enrique Arreguín fue nombrado rector y asumió el cargo el 15 de diciembre de 1934,28 con el compromiso de llevar a la práctica los planes del BJRM que buscaban dar un carácter socialista a la Universidad Michoacana. Con este nombramiento del ejecutivo estatal se abriría un nuevo capítulo en las relaciones entre los universitarios y el poder público.29

En enero de 1935, Enrique Arreguín expuso una vez más su propósito de imprimir un carácter socialista a la universidad. En el discurso que dio al inaugurar el año lectivo, Arreguín ratificó lo expuesto en el “Proyecto sobre la nueva organización educativa universitaria de acuerdo con la tesis del socialismo científico”, que meses atrás había presentado en colaboración con Jesús Díaz Barriga. La ceremonia de inicio de cursos, efectuada el 15 de enero en el Teatro Ocampo, devino en un acto proselitista en el que se dio a conocer la posición ideológica de las nuevas autoridades universitarias y sus aliados políticos. Por el sector estudiantil participó como orador Esteban Figueroa; el profesor Isidro Castillo actuó en representación del magisterio michoacano; por el BJRM habló Severiano Mora Tovar;30 Alberto Oviedo Mota participó en representación de la CRMDT; y, finalmente, el licenciado José Alfaro, secretario general de gobierno, en representación del gobernador del estado, declaró formalmente inaugurados los cursos en la universidad.31

En su discurso, Enrique Arreguín dejó ver la necesidad de impulsar una selección y depuración del personal docente, llevando a las aulas a profesores comprometidos con el “movimiento socialista”, al que se consideraba que aspiraba la revolución mexicana. Con relación al plan de trabajo de la universidad para el año de 1935, Arreguín destacó de manera especial la labor que desarrollaría la institución con los núcleos organizados de obreros y campesinos.32

Precisamente, la educación de los trabajadores fue, en el discurso y en la práctica, uno de los elementos más importantes del proyecto de universidad socialista. En los hechos, esta idea se tradujo en la organización de actividades y campañas instructivas y moralizantes dirigidas a los trabajadores del campo y la ciudad. Misiones culturales, campañas antialcohólicas, actividades de desfanatización, festivales artísticos, conferencias, competencias deportivas, fueron algunos de los medios por los que los universitarios se propusieron extender el alcance de sus actividades más allá de los límites de la institución. Estas labores estuvieron acompañadas de la creación de una dependencia universitaria especializada en la educación de los trabajadores: el Centro Cultural Obrero.

Dicho centro cultural, fue puesto en operación con el objetivo de atender a obreros, campesinos y empleados públicos; abrió sus inscripciones el 5 de enero de 1935 y fue inaugurado un mes después.33 Los recursos para su funcionamiento, pago de profesores y gastos diversos, fueron suministrados por la Presidencia de la República mediante una aportación mensual de 346 pesos. Este apoyo permitió a la universidad realizar actividades de extensión universitaria sin desviar recursos de su presupuesto.34

En 1935, el Centro Cultural Obrero trabajó bajo la dirección de Enrique Castillo –le sucedió José Antonio Monge–, y la secretaría, a cargo de Alejandro Valencia. La propuesta de asignaturas a impartir y los profesores estuvo conformada por Enrique Arreguín, educación sexual; Jesús Díaz Barriga, historia general; Alberto Oviedo Mota, historia de la revolución mexicana; Luis Marín Pérez, economía política; José Zavala Alcaraz, historia de los sistemas sociales; Jesús Ortega C., legislación obrera y agraria; Jesús Ramírez M., derecho usual y organización social; J. Jesús Múgica, cooperativismo y organización de cooperativas.35 Sin embargo, este plan no se aplicó en su totalidad debido a diversas circunstancias, como el retraso en la asignación de recursos económicos y al poco interés que despertaron algunas de las materias. En septiembre

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28 “Nuevo rector”, en Gremio, 20 de diciembre de 1934, p. 1.29 Oficio del BJRM al presidente de la República, en AGN/LCR, c. 745, exp. 534.8/3.30 Mora Tovar atacó la obra reaccionaria del clero, así como el “radicalismo constructor de la URSS”, situándose en una posición que se dijo trotskista.31 “Solemne inauguración de cursos en la Universidad”, en brecha, 17 de enero de 1935, pp. 1, 4.32 Arreguín Vélez, “Una Universidad científica y humanista”, pp. 225-226.33 “Un centro cultural para obreros”, en brecha, 9 de enero de 1935, pp. 1, 4. “El ‘Centro Cultural Obrero’ fue inaugurado en la ex Escuela Libre de Michoacán”, en El Nacional, 10 de febrero de 1935.34 AGN/LCR, c. 745, exp. 534.8/3; c. 1355, exp. 711/485. “Corte de caja que practica la Universidad Michoacana…, con relación a los fondos que ministra el C. Presidente de la República, para sostenimiento del Centro Cultural Obrero Nocturno…”, 4 de mayo de 1935. AGN/LCR, c. 692, exp. 534.1/92.35 Nóminas del personal del Centro Cultural Obrero, correspondientes a febrero y marzo de 1935, en ídem.

de 1935 se suprimieron las clases de legislación agraria, economía política, e historia de la revolución mexicana debido a la escasa o nula asistencia a las mismas. En contraparte, se señaló que los trabajadores preferían las clases prácticas como taquigrafía, electricidad, mecanografía y educación primaria, entre otras.36

En lo que a los estudios profesionales respecta, el proyecto de universidad socialista se ajustó a los planteamientos del Plan Sexenal en la materia, que establecían la intención de no aumentar el número de profesionistas liberales, ya que se consideró más urgente el fortalecimiento del sistema educativo rural y la ampliación y perfeccionamiento de las escuelas técnicas.37 Las autoridades universitarias, en conjunto con las estatales y federales, propusieron el fortalecimiento y la creación de estudios dirigidos a satisfacer necesidades concretas. Entre éstas destacaron las relacionadas con el fomento de la educación primaria, con la planeación económica y social, y con las actividades derivadas de las reformas de carácter agrario. En este esfuerzo, los estudios médicos, la enseñanza normal y la formación de ingenieros recibieron una atención especial por medio de la reorganización de las dependencias encargadas de esas labores, así como a través de la adquisición de instrumentos y material de trabajo gracias a las compras y donaciones de las autoridades estatales y federales.

Como parte de la reorganización de los estudios profesionales, en febrero de 1935 el rector Enrique Arreguín propuso en el Consejo Universitario la creación de las carreras de licenciado en economía y en ciencias sociales. Sin embargo, esta propuesta lejos de significar un crecimiento en la oferta educativa de la universidad implicaba la apertura de los estudios de economía a costa de la clausura de los cursos de derecho, por considerarse que no respondían a las necesidades sociales del momento.38

El proyecto maduró y, en agosto de 1935, Arreguín informó al presidente de la República la apertura, en el próximo ciclo escolar, de la carrera de economía. Para sustentar la decisión se destacó la importancia que podrían tener estos estudios en la planeación y organización social.39 En respuesta, y atendiendo a la petición de las autoridades de la Universidad Michoacana, la Secretaría de Economía Nacional comisionó al abogado Daniel Salgado y al ingeniero Rómulo Delgado Crespo para impartir cursos sobre economía y organizar el plan de estudios respectivo. Como resultado de estos trabajos, el 6 de octubre de 1935 fue discutido y aprobado, por el Consejo Universitario, el proyecto de plan de estudios para la Escuela de Economía.40

Los estudios normalistas también recibieron atención especial por parte de las autoridades universitarias. La Escuela Normal volvió al seno de la Universidad Michoacana, en 1935, después de haber permanecido fuera de su control y presupuesto desde 1930. Esta situación generó cambios tanto en la legislación educativa en el estado, como en la orientación docente y en la estructura de la propia escuela, que a partir de ese momento implementaría la coeducación en todos sus grados y cursos, y sería “socialista activa” en cuanto al criterio y organización de sus planes de estudio, programas y reglamentos.41

La normatividad universitaria también fue una preocupación constante para la administración de Enrique Arreguín. La idea de que la universidad contara con un cuerpo legal acorde con su pretendido carácter socialista empezó a materializarse en marzo de 1935. El día 9 de ese mes, el Consejo Universitario inició la discusión del proyecto de una nueva ley orgánica que se presentaría al Congreso del Estado para su discusión y aprobación. Las autoridades universitarias expresaron su deseo de que el asunto fuera resuelto con prontitud, tomando en cuenta que la legislación estatal había ampliado con esa finalidad su periodo de

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36 AHUM, CU, S. A., 10 de septiembre de 1935. En 1935 el Centro Cultural Obrero contó con una inscripción de 268 alumnos, pero el promedio de asistencia fue de 173 estudiantes. Además de las actividades docentes, en el centro se realizaron 56 festivales, 31 conferencias sobre temas científicos, 42 conferencias sobre temas sociales, 19 proyecciones cinematográficas, 3 exposiciones de carteles revolucionarios. Los festivales tuvieron una asistencia promedio de cerca de 200 personas. “Labor de la Universidad en 1935”, en El Nacional, 18 de enero de 1936.37 Plan Sexenal..., p. 89.38 AHUM, CU, S. A., 1 de febrero de 1935.39 Comunicación de Enrique Arreguín Jr. a Lázaro Cárdenas, 17 de agosto de 1935, en AGN/LCR, c. 681; exp. 533/28.40 AHUM, CU, S. A., 6 de octubre de 1935. Sin embargo, aunque todo parecía marchar bien en los planes para establecer la nueva escuela, las cosas cambiaron sensiblemente con la salida de Enrique Arreguín de la rectoría. En enero de 1936, en el Consejo Universitario se criticó la ligereza con que se habían dado los primeros pasos para el establecimiento de los estudios de economía y se hizo notar que esta acción había respondido únicamente a motivaciones políticas. Al mismo tiempo, se hizo una defensa de la Facultad de Derecho. Las autoridades universitarias dieron marcha atrás en el proyecto y el Consejo Universitario tomó el acuerdo de mantener los estudios de jurisprudencia y limitar los de economía al establecimiento de algunos cursos y conferencias sobre el tema dentro de la Facultad de Derecho. ACERMLC, FJM, c. 2, exp. 121, doc. 3. AHUM, CU, S. A., 8 y 20 de enero de 1936.41 AHCEMO, actas de las sesiones de la XLV Legislatura Constitucional, 1 de marzo de 1935.

sesiones hasta el 15 de marzo. No obstante, para las autoridades universitarias fue imposible cumplir con este plazo y la discusión se prolongó durante el resto del mes, sin que quedara totalmente establecido, en un principio, si se trataba de una serie de reformas a la ley vigente o si se proponía un nuevo ordenamiento.42 Lo que sí se buscó dejar claro fue que la Universidad sustentaba una ideología basada en el Artículo 3º constitucional, que determinaba que la educación debería ser socialista.43

Fue hasta septiembre que el rector informó que el proyecto de ley orgánica universitaria había sido enviado a la Cámara de Diputados para su aprobación, lo cual se esperaba sucediera en el próximo periodo ordinario de sesiones. El proyecto fue turnado a la Comisión de Educación, Trabajo y Previsión Social del Congreso estatal el 2 de octubre de 1935. De manera paralela, el documento fue dado a conocer al presidente de la república.44

De acuerdo con las autoridades universitarias, con el proyecto de ley orgánica se buscaba, principalmente, hacer más eficiente el trabajo de la universidad. Sin embargo, algunos de sus artículos daban cuenta de un espíritu de ley tendente a sancionar los ideales y proyectos de la universidad socialista. En el proyecto se estableció que la Universidad Michoacana sería una institución pública, con personalidad jurídica, autónoma en los términos de la ley presentada y con las limitaciones señaladas por la Constitución General de la República y la particular del estado. Como uno de los fines de la universidad se señaló el de estudiar los problemas fundamentales de la nación y los que afectaran a las clases trabajadoras, a fin de colaborar en su solución “dentro del criterio de un socialismo evolutivo”, con la finalidad de “alcanzar la liberación integral del proletariado”, “procurando el real acercamiento de la Universidad al pueblo”. En cuanto a las relaciones de la universidad con el estado se propuso que la institución, por medio de sus institutos, tuviera la obligación de satisfacer toda consulta de carácter técnico que éste le demandara.45

A pesar del esfuerzo de los universitarios, el proyecto de ley orgánica no recibió la respuesta esperada por parte de los legisladores. Un año después, en septiembre de 1936, con una nueva administración universitaria, se retomaron los planes de elaborar un nuevo proyecto de legislación universitaria. El fracaso anterior llevó a los universitarios a discutir sobre la posibilidad de que la Universidad Michoacana contara en lo inmediato con un nuevo ordenamiento jurídico. Por una parte, se hacía el señalamiento de que la institución no podía otorgarse otra ley orgánica sin la aprobación de la Cámara de Diputados, en vista de que la ley vigente había sido aprobada por la propia cámara. Sin embargo, hubo opiniones en el sentido de que la Ley Orgánica le concedía plena autonomía, y de acuerdo con ésta, la universidad podía crear su propio marco legal. Finalmente, se decidió iniciar, una vez más, el proceso de elaboración de un proyecto de ley orgánica universitaria.46

En el aspecto presupuestario, la Universidad Michoacana inició 1935 con un grave problema económico que obligó a sus autoridades a gestionar una mayor aportación de recursos por parte de los gobiernos estatal y federal. Con esta finalidad una comisión, integrada por el rector, los profesores Jesús Díaz Barriga y Emiliano Pérez Rosas, y el estudiante Esteban Figueroa, se trasladó a la ciudad de México para solicitar al presidente de la república la asignación de recursos extraordinarios para la institución. De manera paralela, Enrique Arreguín logró, a través del ejecutivo estatal, que el Museo Michoacano, el Laboratorio Biológico y la Biblioteca Pública pasaran a depender económicamente del municipio de Morelia, pero siguieran bajo la administración universitaria.47

El apoyo económico concedido por los gobiernos estatal y federal a la Universidad Michoacana fue una muestra de la relación que se había establecido entre los universitarios michoacanos y el poder público. A partir de 1935, el presupuesto universitario fue incrementado con una partida especial proveniente del

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42 AHUM, CU, S. A., 9 y 11 de marzo de 1935.43 Ibíd., 28 de marzo de 1935.44 Ibíd., 10 de septiembre de 1935. Comunicación de Enrique Arreguín al presidente de la República, 19 de septiembre de 1935, en AGN/LCR, c. 745, exp. 534.8/3. AHCEMO, actas de las sesiones de la XLV Legislatura Constitucional, 2 de octubre de 1935.45 Proyecto de Ley Orgánica de la Universidad Michoacana, 1935, en AGN/LCR, c. 745, exp. 534.8/3.46 AHUM, CU, S. A., 25 de septiembre de 1936.47 Ibíd., 1 de febrero de 1935. Para ese año, la universidad recibió una partida presupuestal de 140 mil pesos (esta subvención ascendió a 150 mil pesos en 1936 y llegó hasta 200 mil pesos en 1938) por parte del gobierno del estado.

gobierno federal, la cual representó ese año un subsidio de 35 mil pesos.48 Además, en varias ocasiones, y con diferentes motivos, los universitarios se dirigieron al presidente de la república para solicitar apoyo para llevar a cabo sus actividades, y siempre encontraron respuesta favorable a sus peticiones.

La Universidad Michoacana también se involucró en la realización de actividades que aglutinaron a diversos sectores de la izquierda a nivel estatal y nacional. En octubre de 1935 se efectuó en Uruapan el Segundo Congreso Nacional de Estudiantes Socialistas, con una participación destacada de los universitarios michoacanos, tanto en la organización como en el desarrollo de los trabajos. El acto inaugural, realizado el 8 de octubre, fue presidido por Jesús Díaz Barriga, en representación del presidente de la república, y contó con la presencia del rector Enrique Arreguín, en calidad de invitado de honor por parte del Comité Ejecutivo Nacional de la CESM.49

También bajo la rectoría de Enrique Arreguín, la Universidad Michoacana se involucró en la organización del Primer Congreso Nacional de Higiene Rural. El congreso se realizó entre el 2 y el 9 de noviembre de 1935, con el patrocinio de la Presidencia de la República, el Departamento de Salubridad Pública y la Universidad Michoacana. La organización estuvo a cargo del Bloque Nacional de Médicos Revolucionarios, dentro del cual participaban activamente algunos universitarios michoacanos, como el propio Arreguín.50

La universidad socialista ante sus críticos. La oposición radicala la administración de Enrique Arreguín

Enrique Arreguín se mantendría al frente de la Universidad Michoacana durante un año, pero a pesar de la corta duración de su gestión trataría de poner en práctica el proyecto de universidad socialista esbozado desde principios de la década. La actividad, en este sentido, sería intensa en algunos rubros y provocaría cambios en la organización y tareas universitarias.

Las medidas adoptadas por la nueva administración de la casa de estudios estuvieron sustentadas en el peso político de las organizaciones partidarias del rector Arreguín y en el apoyo directo del ejecutivo estatal y de la Presidencia de la República. No obstante, a pesar de su aparente fortaleza, la universidad socialista enfrentó las críticas de algunos sectores universitarios, incluidos aquéllos identificados con las posturas más radicales dentro de la izquierda del momento.

Desde su llegada a la rectoría, Enrique Arreguín tuvo que enfrentar constantes muestras de indisciplina por parte de estudiantes que ostentaban abiertamente su desacuerdo con la gestión de la nueva administración universitaria. Una de esas manifestaciones de descontento tuvo lugar en febrero, cuando un grupo de alumnos denunció la negativa de las autoridades para comprar algunos libros que consideraban necesarios para su formación. Los inconformes señalaron que las autoridades universitarias realizaban gastos superfluos, mientras se negaban a erogar 100 pesos en la adquisición de materiales indispensables para la educación de los universitarios. Entre los libros solicitados estaban El Capital, de Carlos Marx; El Anti Düring, de Federico Engels y Materialismo histórico, de Bujarin.51

En mayo de 1935 tuvieron lugar una serie de hechos que despertaron alarma entre las autoridades universitarias. El día 12, durante los actos conmemorativos de la muerte de Isaac Arriaga, un grupo de estudiantes lanzó ataques contra las autoridades universitarias. Días después, estudiantes de la Escuela Secundaria número 7, “Josefa Ortiz de Domínguez”, de la ciudad de México, fueron recibidos a pedradas en la estación de ferrocarril de Morelia. Estos hechos se repitieron el 21 de mayo, durante un encuentro deportivo entre los estudiantes invitados y alumnos del Colegio de San Nicolás, con saldo de varios jóvenes y profesores heridos. En los disturbios, el prefecto del Colegio de San Nicolás, Alfonso Reyes, fue agredido y

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48 En 1935 la cantidad otorgada por las autoridades federales a la Universidad Michoacana fue de 35 mil pesos, aumentando hasta llegar a 50 mil en 1937. Vizcaíno López, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo..., pp. 122-124.49 APEAV, c. 18, exp. 1, f. 134. Misiva de Enrique Arreguín a Carlos R. C. y Ángel Veraza, 23 de septiembre de 1935, en APEAV, c. 28, exp. 2, f. 284.50 APEAV, c. 18, exp. 1, f. 141. “El primer Congreso de Higiene Rural”, en Labor, 1 de noviembre de 1935. “Terminó sus trabajos el primer Congreso Nacional de Higiene Rural”, en Clase, 10 de noviembre de 1935, pp. 1, 8.51 El problema se solucionó un mes después con la compra de los libros solicitados. “La Universidad Michoacana carece de libros indispensables”, en Atalaya, 1 de marzo de 1935, p., 1. “Ya llegaron los libros a la Biblioteca del Colegio de San Nicolás”, en Atalaya, 1 de abril de 1935, p. 1.

lanzado a una de las fuentes de la Plaza de Armas. Los ataques provocaron la retirada de los profesores y estudiantes invitados, quienes informaron de lo ocurrido al gobernador del estado. Posteriormente, antes de partir hacia la ciudad de México, los afectados se reunieron con el rector Arreguín quien, en nombre de la universidad, les ofreció una disculpa.52

El 22 de mayo, ante el Consejo Universitario, Arreguín señaló que los acontecimientos habían tenido su origen en la labor de agitación de algunos elementos “pseudocomunistas”, a los que calificó de disolventes, que aprovechaban cualquier ocasión para causar desórdenes. Los señalados también fueron acusados de atacar a los gobiernos estatal y federal, y de publicar algunos panfletos anónimos en los que insultaban a profesores y autoridades universitarias.53

Las autoridades universitarias estuvieron de acuerdo en castigar a los alumnos señalados como agitadores, pero las posiciones se dividieron entre los que proponían la expulsión temporal y los que pensaban que debería ser definitiva; finalmente, se decidió expulsarlos por el resto del año escolar y el siguiente. Al anunciar esta decisión, el rector Arreguín declaró haber recibido el apoyo expreso del gobernador del estado a las medidas que las autoridades universitarias consideraran pertinente tomar para resolver el asunto. Además, fueron señalados como contrarios a las autoridades universitarias los estudiantes Juan Hernández y José Cortés Marín, y se ubicó a los alumnos del segundo año de preparatoria como el sector más influenciado por los supuestos agitadores.54

Tras conocerse la noticia de la expulsión, los alumnos afectados realizaron una reunión en uno de los salones del Colegio de San Nicolás, en la que desconocieron al CEN y nombraron una comisión, integrada por ocho estudiantes, para que gestionara le fuera levantada la pena a los acusados. Esta comisión, atendiendo a sus funciones, dirigió un pliego petitorio al rector.

En la reunión, en la que participaron casi un centenar de alumnos, se constituyó el Frente Único de Solidaridad Estudiantil. Esta acción respondió a la consideración de que los estudiantes formaban una clase definida y que como tal estaban obligados a asumir una actitud de solidaridad en defensa de sus intereses. El frente dijo reprobar las agresiones contra los invitados de la ciudad de México, pero consideraba que la culpa no era únicamente de los alumnos, sino que correspondía en cierta parte a las autoridades presentes en el momento, por no haber impedido los actos señalados. El frente rechazó la expulsión de los acusados por considerarla una medida unilateral, puesto que no estaban considerados todos los implicados, e hicieron imputaciones contra los estudiantes Alfonso Reyes y Eduardo Suárez, y señalaron que lo acontecido era el resultado de la inconformidad de los estudiantes con la organización universitaria y que el frente únicamente se proponía defender a los expulsados sin tener en cuenta circunstancias de orden político.55

Por su parte, el rector se entrevistó con el presidente de la república y con el gobernador del estado a quienes informó sobre los acontecimientos y las decisiones tomadas; de estos funcionarios recibió la aprobación de las medidas dictadas y el ofrecimiento de ayudar a las autoridades universitarias en este caso específico.

De manera paralela, organizaciones de diverso tipo se expresaron a favor y en contra de las expulsiones. El Bloque Obrero y Campesino y el Bloque Sindical Unitario, de Morelia, ligados al Partido Comunista, y el Comité contra el Fachismo y la Guerra; así como el Sindicato de Panaderos “Isaac Arriaga”, y el Bloque Obrero y Campesino, de Puruándiro, Michoacán, enviaron notas de protesta por la expulsión de los acusados. Sin embargo, las autoridades universitarias desestimaron la validez de estos documentos al sospechar que habían sido redactados por los propios estudiantes. Las alumnas de la escuela secundaria anexa a la Normal también pidieron se levantara la sanción a los acusados.

Posteriormente, los alumnos expulsados se reunieron con el rector para exponer su versión de los hechos y para solicitar fueran recibidos por el Consejo Universitario a fin de ejercer su defensa y solicitar la revocación del acuerdo de expulsión. Por su parte, la dirigencia del CEN, al tiempo que apoyó las medidas adoptadas por las autoridades universitarias, pidió que las sanciones contra los acusados fueran reducidas al

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52 AHUM, CU, S. A., 22 de mayo de 1935.53 Ídem.54 La lista de los alumnos señalados como responsables de las agresiones contra los profesores y alumnos invitados fue la siguiente: Ignacio Rábago, Gilberto Vargas, Filemón Valdespino, Alfonso Pichardo, Amor Carranza, Roberto Estrada, Ubaldo Martínez, Juan Mireles, José Mendoza, Juan Medina, Gregorio Castillo, Antonio Carreño, Roberto Reyes Quiroz y Enrique González. Ídem.55 AHUM, CU, S. A., 6 de junio de 1935.

mínimo. El CEN propuso que se levantara provisionalmente la sanción a los acusados a reserva de ratificarla el 20 de septiembre del año en curso, de acuerdo con su conducta.

Ante el Consejo Universitario, los acusados pidieron que se les hicieran cargos concretos y que se demostrara su culpabilidad en los actos cometidos. Los afectados pusieron en duda la capacidad legal de las autoridades universitarias para ordenar las expulsiones, alegando que éstas solamente constituían una medida represiva; asimismo, denunciaron que las investigaciones de los hechos habían sido violentas y que la lista de acusados no incluía a todos los participantes en los desórdenes. Los expulsados señalaron que el prefecto de estudios del Colegio de San Nicolás, Alfonso Reyes, había participado en los hechos sin que se le hubiera sancionado. Finalmente, los estudiantes expresaron que su intención no era hacer una defensa individual, sino hacer una defensa colectiva y exigieron se demostrara su participación en los escándalos.56

La expulsión de los estudiantes acusados de agitación derivó en problemas mayores para las autoridades universitarias. Los alumnos inconformes se dividieron en dos bandos. Algunos de los expulsados pidieron que se reconsiderara su sanción y alegaron no tener nexos con los comunistas; éstos, por su parte, radicalizaron su posición. Entre los principales críticos de la administración universitaria se señaló a los estudiantes Millán y Bravo Baquero;57 a raíz de los hechos este último viajó a la ciudad de México para buscar apoyo entre estudiantes y funcionarios de la Universidad Autónoma de México.58

Poco tiempo después tuvieron lugar nuevas muestras de indisciplina. El 14 de agosto de 1935, un grupo de estudiantes realizó una manifestación en el Colegio de San Nicolás en la que intentaron quemar un “judas” con la figura del rector. Este objeto les fue arrebatado por el estudiante Alfonso Capilla, partidario de Arreguín, quien recibió una paliza que lo dejó inconsciente.59

En esta ocasión, los partidarios del rector Arreguín se movilizaron rápidamente. En los días siguientes, profesores y alumnos de las diferentes dependencias universitarias se dirigieron al presidente de la república para protestar por los hechos, pedir apoyo para las autoridades universitarias y exigir que éstas tomaran medidas contra los causantes de los desórdenes. Estudiantes y profesores denunciaron que un grupo de universitarios, haciéndose pasar por comunistas, se habían dedicado a insultar al gobierno de la república y a sus funcionarios; además, ese mismo grupo de estudiantes se había dedicado a promover actos de indisciplina y a atacar sistemáticamente a las autoridades universitarias. Los disidentes fueron acusados de “antirrevolucionarios”, de intentar cambiar el orden universitario para seguir el ejemplo de la Universidad Autónoma de México y de criticar la posición de la Universidad Michoacana en sus relaciones con el Estado.60

A pesar de las muestras de desaprobación hacia su gestión, Enrique Arreguín se mantuvo al frente de la universidad hasta finalizar el año de 1935. Durante este lapso, la institución creció al amparo de las autoridades estatales y federales que vieron en los universitarios michoacanos un aliado en la puesta en práctica de sus proyectos educativos. La labor de Enrique Arreguín al frente de la Universidad Michoacana fue distinguida con una invitación a integrarse al recién formado CNESIC, organismo del que fue nombrado miembro el 1 de enero de 1936.61

En una estrategia similar a la aplicada un año antes, en diciembre de 1935, ante la inminente salida de Enrique Arreguín de la rectoría universitaria, se integró un Frente Único de Estudiantes Michoacanos con el propósito de proponer una terna para la elección de su sucesor.62 Sin embargo, en esta ocasión la propuesta

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56 Ídem.57 Jesús Bravo Baquero fue un crítico de las administraciones universitarias de Jesús Díaz Barriga y Enrique Arreguín, a las que acusó de haber mezclado a la universidad con la política y por haber utilizado a los estudiantes como elemento de presión política. En especial, criticó la “alumnocracia” generada por la Ley Orgánica universitaria de 1933 y su uso por parte de Enrique Arreguín con fines políticos. Sobre la actuación de éste como secretario general de las Juventudes Socialistas de Michoacán denunció que la organización estaba constituidas por “camisas rojas” locales. En el campo doctrinario, Bravo Baquero fue uno de los principales críticos de la educación y la universidad socialistas. Posteriormente señalaría que la base filosófica de la educación socialista no estuvo en el materialismo dialéctico, enemigo irreconciliable de todo idealismo, sino en una transacción ecléctica entre el materialismo y el idealismo de tipo positivista; esto en referencia a la necesidad, señalada en el Artículo 3º, de “crear en la juventud un concepto racional y exacto del universo”. Bravo Baquero, El movimiento latinoamericano de reforma universitaria en Michoacán…, pp. 33, 39, 51.58 APEAV, c. 28, exp. 2, ff. 472-473.59 “Qué hay en el bajo fondo del conflicto estudiantil en Morelia, Michoacán”, en Hombre Libre, 4 de septiembre de 1935, pp. 2-3.60 AGN/LCR, c. 745, exp. 534.8/3; c. 692, exp. 534.1/92.61 APEAV, c. 18, exp. 2, f. 150.62 La terna propuesta estuvo conformada por los licenciados Luis Marín Pérez, Francisco Ochoa y Alberto Cano. El comité ejecutivo del frente fue el siguiente: Juan Hernández Luna, José Mendoza, Lauro Pallares, Arcadio Chacón, José Fajardo, José Ayala, Flavio Ortiz, María Silva. AGN/LCR, c. 745, exp. 534.8/3.

no tendría respuesta de las autoridades, quienes nombraron a Salvador Franco López como nuevo rector de la Universidad Michoacana.

A su salida de la casa de estudios, Enrique Arreguín dejaría una honda impresión entre los partidarios de la universidad socialista. Al igual que Jesús Díaz Barriga, Arreguín se convertiría en un punto de referencia para muchos de los universitarios en los años posteriores y, desde la ciudad de México, seguiría trabajando como enlace entre la institución y las autoridades educativas federales y la Presidencia de la República.

A la par de la simpatía que despertó el proyecto de universidad socialista entre las autoridades estatales y federales, las pretensiones socializantes de los universitarios michoacanos motivaron críticas en puntos opuestos del espectro político. Los socialistas más radicales y los comunistas no ocultaron sus dudas sobre el verdadero alcance y naturaleza de un “socialismo” promovido por el Estado. Comunistas y católicos coincidieron en criticar a Arreguín por sus antecedentes “típicamente burgueses” y lo acusaron de vivir en la opulencia al tiempo que hablaba de trabajar en beneficio del proletariado. Para algunos, los errores de la administración universitaria, así como sus alardes de radicalismo, fueron los elementos que motivaron las desordenadas manifestaciones de protesta de sus detractores.63

De acuerdo con los impugnadores del rector Arreguín, la universidad estaba en manos de personas incapaces de satisfacer las exigencias de la nueva enseñanza; la institución estaba controlada por una camarilla de privilegiados y se carecía de un programa de acción universitaria. También se denunció la división existente entre el estudiantado y se acusó a los dirigentes universitarios de utilizar a la institución como escalón para alcanzar puestos públicos; a todo esto se sumaron las quejas por la injusta distribución de las becas y por la incompetencia de algunos maestros.64 Incluso entre los universitarios y autoridades del gobierno del estado, la gestión de Enrique Arreguín fue señalada, como en su momento sucedió con la de Jesús Díaz Barriga, como un periodo de relajación de la disciplina, reflejada en los tumultos estudiantiles y en las manifestaciones de hostilidad en contra de la autoridad de los profesores. Según la percepción de algunas autoridades, los alumnos se dedicaban más a hacer política que a atender sus deberes estudiantiles.65

EN DEFENSA DE LA UNIVERSIDAD SOCIALISTA EN MICHOACÁN

Los visitantes incómodos. La misión cultural de la Universidad Autónomade México en Morelia, mayo de 1936

En los primeros meses de 1936 se empezó a gestar la idea de que una misión cultural de la Universidad Autónoma de México visitara la ciudad de Morelia para realizar actividades de intercambio con los universitarios michoacanos. La misión estaría a cargo del Departamento de Acción Social Universitaria, que dirigía Salvador Azuela.

La posibilidad de contar en Morelia con la presencia de destacados universitarios de la capital del país generó una gran expectativa y motivó que algunos profesores y organizaciones estudiantiles de la Universidad Michoacana se dirigieran al rector de la Universidad Autónoma de México, Luis Chico Goerne, para expresar su deseo de recibir a la misión cultural anunciada.66 Finalmente, la idea se concretó y ésta llegó a Morelia a mediados de mayo, con el objetivo de realizar actividades artísticas y dictar algunas conferencias en el Colegio de San Nicolás; estas últimas a cargo de los profesores Salvador Azuela, Manuel Moreno Sánchez, y Arturo Valenzuela. La labor de la misión cultural adquirió un carácter especial por el hecho de que fuera el propio Azuela quien la encabezara, en su papel de director del Departamento de Acción Social Universitaria, en ese momento una de las dependencias más dinámicas e importantes de la Universidad Autónoma de México.

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63 “Qué hay en el bajo fondo del conflicto estudiantil en Morelia”, en Hombre Libre, 4 de septiembre de 1935, pp. 2-3.64 Miguel Estrada Iturbide, “Un comentario”, en Reconstrucción, 14 de diciembre de 1935, pp. 2-3.65 “Informe de gobierno que rinde el general de división Gildardo Magaña, en el año de 1937”, en AHCEMO, XLVI Legislatura, varios, c. 3, exp. 5.66 AGN/LCR, c. 681, exp. 533/28.

Sin embargo, lo que originalmente se había planteado como una oportunidad para estrechar las relaciones entre dos instituciones universitarias, se convirtió en un enfrentamiento de posturas ideológicas. Las opiniones encontradas entre anfitriones e invitados fueron creando un clima de hostilidad que llegó al punto de ruptura cuando el jefe de la misión cultural hizo algunas declaraciones contra el Artículo 3º constitucional a un medio impreso local, considerado como vocero del clero y de los egresados de la Escuela Libre de Michoacán. Además, según se dijo, los invitados aprovecharon las conferencias para criticar, en forma irónica, la declarada posición socialista del estudiantado michoacano.67

El 17 de mayo de 1936, el semanario local Reconstrucción publicó una entrevista con Salvador Azuela.68 En sus declaraciones, Azuela defendió la libertad de cátedra y señaló que era imposible la existencia de una universidad sin esa premisa; declaró que el nombre mismo de universidad desechaba cualquier sistema dogmático. Azuela también calificó al marxismo de ilógico, ya que consideraba que no podía asegurar que las doctrinas que sustentaba fueran las mismas del mañana. Al cuestionársele si no le parecía absurda la situación de la Universidad Autónoma de México que sostenía la libertad de cátedra dentro del espíritu del Artículo 3º constitucional, contrario a esa libertad, Azuela señaló que lo irrazonable era la posición del mencionado artículo dentro de la Constitución; añadió que el texto y el espíritu de ese artículo eran contradictorios con el resto de la Carta Magna. Asimismo, declaró no ser católico ni protestante, ni tener ligas confesionales de ninguna especie, pero tampoco ser partidario del establecimiento de ningún dogma por parte del Estado en los centros educativos.

En lo relacionado con la subvención que recibía la Universidad Autónoma de México por parte del gobierno federal y las obligaciones que por esta razón contraía la primera con el segundo, Azuela comentó que los recursos no eran una subvención ya que la universidad proporcionaba al gobierno ciertos servicios que le eran remunerados, por lo que ese dinero simplemente pagaba el trabajo aprovechado por el Estado. En ese sentido, la cooperación con el gobierno no implicaba una sujeción al dogma oficial ni la abdicación de la libertad de cátedra. Azuela también señaló que era falso que en la Universidad Autónoma existiera entre el profesorado una tendencia marcada hacia el marxismo, debido a que la libertad de cátedra garantizaba la existencia de diferentes filiaciones ideológicas. De igual manera, declaró no ser marxista a pesar de tener a su cargo un departamento de vocación social.69

Las declaraciones de Salvador Azuela causaron la irritación de los anfitriones. Las autoridades de la Universidad Michoacana consideraron que la misión de la Universidad Autónoma de México había abusado de la hospitalidad que se le había brindado al hacer, a la prensa “reaccionaria local”, por medio de Salvador Azuela, declaraciones consideradas opuestas a la labor del gobierno revolucionario. Por tal razón, los dirigentes universitarios se reservaron el derecho de responder a los invitados, para lo cual pidieron el apoyo de las autoridades en la defensa de “la ideología revolucionaria” y la “tradición heroica” de la Universidad Michoacana.70

La miembros de la misión cultural fueron acusados de sustentar criterios individualistas en sus conferencias, y la Universidad Autónoma de México fue señalada por albergar a profesores y alumnos de “ideología completamente retardataria, contraria al imperativo de las mayorías y exigencias de los trabajadores”; así como por negarse a aceptar la política educativa sustentada en el Artículo 3º constitucional. Los profesores de la Universidad Autónoma fueron tachados de representantes de la burguesía que buscaban, a partir de sus creencias artísticas, literarias y científicas, así como de sus enseñanzas, formar un tipo de hombre individualista a favor de la clase dominante. Se señaló que la libre cátedra era un engaño y un mito porque nunca había existido y no era sino el criterio individualista, burgués y clerical utilizado para fomentar el egoísmo en la juventud.71

El 19 de mayo se efectuó una manifestación contra la “labor reaccionaria” de la misión de la Universidad Autónoma de México, que de acuerdo con las autoridades universitarias contó con la

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67 “Contra la Universidad Nacional”, en Frente Único, 5 de junio de 1936.68 “La posición de la Universidad Nacional Autónoma”, en Reconstrucción, 17 de mayo de 1936.69 Ídem.70 AGN/LCR, c. 681, exp. 533/28.71 Roberto B. Jiménez, “La misión cultural de la Universidad Nacional de México”, en El Proletario, 3 de junio de 1936, p. 5.

participación de más de cinco mil estudiantes universitarios y trabajadores, aunque algunas otras fuentes dieron cuenta de mil participantes.72 Ese día, trabajadores afiliados a la CRMDT y estudiantes normalistas llevaron a cabo un acto de protesta por el carácter ideológico de las conferencias sustentadas por los miembros de la misión cultural y por las declaraciones de Salvador Azuela contra el Artículo 3º constitucional.

La mañana del 19 de mayo, un grupo de normalistas se presentó ante el Comité Central de la CRMDT para exponer su postura frente los acontecimientos recientes. En ese momento, se decidió que un grupo de estudiantes y trabajadores realizaría un acto de protesta durante una de las conferencias de la misión invitada. El director de la Escuela Normal, al darse cuenta de la manifestación que se estaba gestando, informó al rector de la Universidad Michoacana, quien apoyado por algunos estudiantes ordenó el cierre del Colegio de San Nicolás para impedir la entrada de los conferenciantes, los cuales al llegar encontraron bloqueado el inmueble.

Esta situación motivó que los miembros de la misión cultural, con el licenciado Valenzuela al frente, intercambiaran insultos y palabras con estudiantes que se habían reunido para protestar contra la actitud y declaraciones de los invitados. Los ánimos se caldearon, pero el incidente no pasó a mayores porque en ese momento se acercaron al Colegio de San Nicolás los estudiantes normalistas y los trabajadores afiliados a la CRMDT, con la intención de realizar un mitin de protesta. Acto seguido, los miembros de la misión, acompañados de algunos estudiantes, profesores y funcionarios públicos, se alejaron del lugar. Después, se abrieron las puertas del Colegio de San Nicolás para permitir la entrada de los estudiantes y trabajadores y la realización del acto de protesta: los manifestantes abandonaron el Colegio de San Nicolás y emprendieron una marcha por la avenida Madero.73

Esta manifestación causó algunos problemas entre los universitarios. El día previo se habían realizado conversaciones entre integrantes de la Federación de Estudiantes Revolucionarios y estudiantes del Colegio de San Nicolás para efectuar un movimiento de protesta. Sin embargo, los dirigentes de estas organizaciones estudiantiles, tras reunirse con el secretario de gobierno para pedirle su opinión sobre el asunto, desistieron de realizar cualquier tipo de acto debido a que este funcionario les indicó no hacer “ningún escándalo ni agitación”. Los estudiantes normalistas, por su parte, criticaron la flaqueza y debilidad de las autoridades y estudiantes universitarios y decidieron, tras sesionar en la Casa del Estudiante, pedir ayuda a la CRMDT para organizar la protesta.74

Los estudiantes organizados en agrupaciones “socialistas” se dirigieron al presidente de la república para denunciar los hechos y pedir su apoyo en la defensa del Artículo 3º constitucional y de la universidad socialista. Estas organizaciones acusaron a la misión universitaria comandada por Salvador Azuela de clerical, burguesa, reaccionaria y enemiga del gobierno.75 A su vez, las autoridades de la Universidad Autónoma de México se dirigieron al primer mandatario para pedirle se abstuviera de emitir un juicio sobre lo acontecido en Morelia hasta no conocer la versión de los involucrados. Azuela había informado por teléfono, desde Morelia, que la manifestación organizada en contra de la misión universitaria a su cargo había sido convocada por los enemigos de la Universidad Autónoma de México con el objetivo de provocar su distanciamiento del Estado; señaló, además, que a la manifestación no concurrieron los nicolaitas sino masas campesinas trasladadas a la capital del estado, portando carteles injuriosos contra la Universidad Autónoma.76

El 21 de mayo de 1936, a su llegada a la ciudad de México, Salvador Azuela hizo algunas declaraciones para El Universal Gráfico.77 Ese mismo día, Azuela se reunió con el rector Luis Chico Goerne para informarle sobre los resultados del viaje a Morelia de la misión cultural universitaria, así como para discutir sobre las declaraciones del rector de la Universidad Michoacana en contra de la mencionada misión. En relación con lo acontecido en Morelia, Azuela comentó que la visita del grupo a su cargo se realizó atendiendo una petición de los universitarios michoacanos. El propio rector de la Universidad Michoacana, Salvador Franco López, se

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72 AGN/LCR, c. 681, exp. 533/28. “Manifestación de protesta contra la misión cultural de la UNM”, en El Proletario, 3 de junio de 1936, pp. 1, 6.73 Ídem. “Contra la Universidad Nacional”, Frente Único, 5 de junio de 1936.74 “Manifestación de protesta contra la misión cultural de la UNM”, en El Proletario, 3 de junio de 1936, pp. 1, 6.75 AGN/LCR, c. 681, exp. 533/28.76 Memorandum de la Presidencia de la República, México, 20 de mayo de 1936, en ídem.77 “La verdad sobre la gira de los universitarios a Michoacán”, en El Universal Gráfico, 21 de mayo de 1936.

entrevistó con Azuela e hizo algunas sugerencias sobre los cursos que deberían sustentarse. Éste acusó que, una vez dispuesta la misión para salir rumbo a Morelia, Franco López pidió el aplazamiento de los trabajos porque a su juicio así convenía para el éxito de la misión. Sin embargo, según Azuela, las organizaciones estudiantiles michoacanas solicitaron la inmediata presencia de la misión, pero se decidió postergar los trabajos por consideración a las autoridades universitarias de Morelia. Señaló Azuela que el rector Chico Goerne y él habían sido informados por fuentes confiables de que la agresión en su contra había sido organizada desde la ciudad de México por Jesús Díaz Barriga y Enrique Arreguín, con la aquiescencia del mismo rector Franco López, pero que a pesar de las amenazas decidieron salir rumbo a Morelia por la reiterada invitación de estudiantes y profesores de la Universidad Michoacana.

En Morelia, comentó Azuela, la misión cultural fue obstaculizada constantemente por las autoridades universitarias, pese a lo cual los cursos se desarrollaron con orden. Azuela acusó al rector de la Universidad Michoacana de haber adelantado las vacaciones de primavera y ordenado el cierre del Colegio de San Nicolás con el objetivo de impedir las labores de la misión. También señaló que Franco López organizó una manifestación con unos doscientos trabajadores de obras públicas de Morelia, en la que dijo no tomaron parte los estudiantes. Apuntó Azuela que poco después de su llegada a Morelia fue abordado por dos redactores del diario local Reconstrucción, quienes publicaron una información en la que alteraban manifiestamente sus palabras con un sentido doloso; señaló que con gran sorpresa de los universitarios la citada hoja apareció pegada profusamente en la ciudad de Morelia, “sin duda con el fin de [hacer] aparecer a los miembros de la misión como reaccionarios y crear un mal ambiente en su contra”.78

El altercado no trascendió más allá de las declaraciones de ambas partes. La visita de la misión cultural de la Universidad Autónoma de México a su similar en Michoacán puso de manifiesto las profundas diferencias que existían entre las dos instituciones en temas tan sensibles como la relación entre las instituciones educativas y el Estado. Esta situación puso a la defensiva a los universitarios socialistas michoacanos quienes reaccionaron ante lo que identificaron como un peligro contra su proyecto institucional y educativo.

Como resultado de los acontecimientos generados por la visita de la misión cultural de la Universidad Autónoma de México hubo un cambio en la correlación de fuerzas dentro de la Universidad Michoacana. Las autoridades universitarias aprovecharon la sacudida provocada por los acontecimientos para avanzar en sus planes de unificación estudiantil. El ejecutivo estatal y las autoridades universitarias coincidían en considerar como algunos de los principales obstáculos para la marcha de la universidad la disgregación y la falta de responsabilidad colectiva del cuerpo docente y del alumnado. Por esta razón, se tomó como una prioridad avanzar en la unificación de estos sectores en torno al proyecto de universidad socialista.

En ese sentido trabajaba el directorio organizador de la Federación de Estudiantes Michoacanos, que agrupaba a las sociedades de alumnos del Colegio de San Nicolás y de las escuelas de Derecho, Ingeniería, Comercio y Popular de Música. Sobre esta labor, la expectativa de las autoridades era que la federación llegara a controlar en su totalidad a los estudiantes del estado. De manera paralela, las autoridades plantearon realizar una labor de depuración entre el profesorado, basada en el aspecto estrictamente disciplinario, con el objetivo de evitar cualquier tipo de agitación dentro de la universidad. Con este fin se procedió a la organización del Sindicato de Maestros Socialistas Universitarios, que aglutinó a los profesores del Colegio de San Nicolás.79

Días después, el 13 de junio de 1936, los integrantes del Consejo Estudiantil de Jurisprudencia enviaron una carta al presidente del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado en la que solicitaron la destitución de los abogados Luis Marín Pérez y Arturo Núñez, así como la del estudiante Antonio Arriaga, de los puestos que desempeñaban dentro de la estructura del Poder Judicial de Michoacán. La petición fue atendida y tuvo como consecuencia que los miembros del Supremo Tribunal de Justicia acordaran, en pleno, solicitar a Marín, Núñez y Arriaga la renuncia a los empleos que tenían en la administración judicial.80

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78 Ídem.79 APEAV, c. 22, exp. 1, ff. 262-264. Informe del gobernador de Michoacán, periodo 16 de septiembre de 1935 a septiembre de 1936, en AHCEMO, XLVI Legislatura, varios, c. 3, exp. 5.80 “Nosotros acusamos”, “Será depurada la administración de Justicia en el estado”, “El Ejecutivo del estado participa en el actual conflicto”, “Estudiantes desorientados atacan a la F.E.M.”, en Clase, 18 de junio de 1936, pp. 1, 6. Gálvez B., Alfredo, “La reacción se lanza contra la Universidad”, en ídem.

Marín, Núñez y Arriaga fueron acusados de “traición al movimiento popular revolucionario”; de ser responsables de la “división estudiantil”; de sostener una ideología en “completo desacuerdo con el contenido doctrinal” del movimiento estudiantil; de haber apoyado y participado en los ataques contra el Artículo 3º constitucional realizados por la misión cultural de la Universidad Autónoma de México; de obstaculizar sistemáticamente el desarrollo y realización de la nueva orientación educativa que se buscaba establecer en la Universidad Michoacana; de intentar derrocar a las autoridades universitarias por medio de un movimiento estudiantil; de traición a la juventud y a la universidad socialistas; de haber hecho gestiones para que las autoridades de la Universidad Autónoma de México enviaran a Morelia una “misión cultural” con el objetivo de desestabilizar las actividades de la Universidad Michoacana; de seguir una línea de conducta contraria a la “tradición vanguardista” del Colegio de San Nicolás; de haber comprometido la ideología de los estudiantes revolucionarios; de haber saboteado en 1933 el movimiento de huelga contra el rector Gustavo Corona, así como de haberse identificado y participado en la política de la administración del gobernador Benigno Serrato para “traicionar” los intereses de los campesinos y obreros adheridos a la CRMDT.81

Unidad y exclusión. El Movimiento Pro DepuraciónUniversitaria de 1937

El de la universidad socialista fue un proyecto que dividió a los universitarios michoacanos. En nombre de la unidad de criterios y de la defensa de los ideales socialistas, se inició la persecución de los elementos considerados peligrosos para la marcha de la institución. Así, la pretendida unificación se convirtió en una labor de limpieza ideológica emprendida por los socialistas con el objetivo de obtener el control absoluto de los espacios universitarios.

El 29 de marzo de 1937, el estudiante Ramón Martínez Ocaranza, presidente del CEN y representante del Colegio de San Nicolás ante el Consejo Universitario, informó a este órgano el inicio de un movimiento de depuración universitaria. Martínez Ocaranza señaló que ese mismo día, en sesión extraordinaria entre los alumnos del colegio, se había acordado iniciar un movimiento tendente a la eliminación de “todos los elementos reaccionarios que constantemente se [habían opuesto] a los trabajos de unificación y a la labor de la Universidad, a su tendencia, a su método socialista, en fin a todos los movimientos [...] progresistas”.82

Al referirse a los “elementos reaccionarios”, Martínez Ocaranza señaló que el clero mexicano había sido, y era, uno de los principales enemigos de la revolución, “desde el régimen de la Reforma hasta el general Cárdenas, oponiéndose a los métodos progresistas empleados para libertar al campesino y al obrero”. Agregó que los estudiantes no harían una labor de “garridistas” –en alusión a quien fuera gobernador de Tabasco–, gritando “¡abajo los curas!”, ni excluirían a todos los católicos de la universidad, simplemente pedían una depuración para eliminar a los militantes que se oponían al “progreso” de la institución. Por tal razón, pidió al Consejo Universitario de una institución que se había declarado socialista que mostrara una actitud “enérgica y viril” ante el asunto planteado.

En la asamblea se buscó justificar el movimiento de depuración con el señalamiento de que, con el cierre de la Escuela Libre, algunos de sus elementos se habían trasladado al Colegio de San Nicolás. El consejero David Franco Rodríguez apuntó como la cuestión fundamental el saber si en la universidad había elementos reaccionarios oponiéndose a los planes de la institución y, una vez reconocida su existencia, decidir si era necesario eliminarlos. Franco Rodríguez estuvo de acuerdo en que los lineamientos del movimiento de depuración fueran aceptados en lo general, y calificó al Consejo Universitario de guardián de la posición ideológica de la universidad y, por consiguiente, solidario de la actitud de los alumnos del Colegio de San Nicolás.

Al final, la asamblea, por mayoría de votos, decidió formalizar el respaldo del Consejo Universitario al movimiento de depuración. En la sesión también fue aprobada la redacción de un manifiesto de los estudiantes dirigido a todas las “organizaciones trabajadoras del país”, al que se decidió agregar una nota de apoyo del Consejo Universitario a las labores de depuración ideológica.83

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81 Ídem.82 AHUM, CU, S. A., 29 de marzo de 1937.83 Ídem.

Estas acciones se llevaron a cabo por medio de asambleas que actuaron a manera de tribunales en los diferentes grados de educación secundaria y preparatoria del Colegio de San Nicolás. Los juicios sumarios contaron con una comisión encargada del estudio y presentación de los casos, y permitieron la participación de alumnos que actuaron como acusadores o defensores de los indiciados. A estos últimos se les permitió presenciar los juicios e intervenir en su propia defensa. Las diferentes comisiones acusadoras trabajaron bajo la dirección de un Comité Pro Depuración Universitaria, cuyos integrantes fueron los encargados de reunir la documentación generada por los diferentes tribunales para presentarla a las autoridades universitarias junto con la lista de alumnos expulsados.

El movimiento de depuración se dirigió, originalmente, contra los elementos que profesaban alguna religión, principalmente la católica, y realizaban labor proselitista a su favor; sin embargo, durante el desarrollo de los procesos las acusaciones se extendieron hacia todos aquellos sospechosos de cualquier relación con la religión y aun hacia quienes se mostraban indiferentes respecto a la discusión ideológica. En general, las acusaciones fueron lanzadas contra los que se consideraban obstaculizadores de la unificación estudiantil y enemigos de la universidad socialista.

Los juicios iniciaron la tarde del 30 de marzo de 1937 con la reunión, en sesión extraordinaria, de los estudiantes del tercer año de secundaria.84 En la sesión se dio a conocer el informe de una comisión depuradora encargada de discutir y presentar pruebas contra un grupo de estudiantes acusados de pertenecer a la ACJM. La parte acusadora señaló que la mayoría de los miembros de esa organización se encontraban en el tercer año de secundaria y que se contaba con suficientes pruebas para comprobar que actuaban dirigidos por un presbítero de apellido Ibarrola, quien los instruía y orientaba para actuar dentro de las aulas universitarias. La comisión hizo imputaciones contra los estudiantes Rafael Jacobo, Juan Pizarro, Daniel Cruz, J. Jesús Huacuja y Enrique Barrera.

La asamblea procedió a discutir los casos de manera particular, previo acuerdo de que los acusados participaran en la sesión para sostener su propia defensa. Rafael Jacobo fue acusado, después de tres meses de pesquisas, según se dijo, de ser el principal dirigente de la ACJM y de realizar reuniones secretas en su domicilio particular; así como en el del cura Guillermo Ibarrola Buhl. La comisión dijo contar con un testigo para sustentar las acusaciones, Enrique Aguilar, el cual había participado en las actividades de la mencionada agrupación, para posteriormente ser expulsado. Aguilar, al ser interrogado, señaló: “conozco al compañero Jacobo, asistí a las reuniones secretas y a sus paseos.85 Fui expulsado debido a que sabían que yo no estaba con ellos. Vi siempre en las reuniones al compañero Jacobo. Desarrolló una labor subversiva en el Colegio. Me consta que es católico”. En seguida, la comisión agregó que las investigaciones señalaban que el verdadero nombre de Rafael Jacobo era el de Faustino Magallón, quien se había cambiado el nombre debido a su anterior militancia dentro de las filas de los cristeros. El estudiante Pizarro, quien pidió la defensa del acusado, señaló que su verdadero nombre era Rafael Faustino Jacobo Magallón, pero dijo desconocer los motivos por los que solamente utilizaba parte de su nombre; y, constató, también, su militancia católica. La comisión acusadora señaló que Jacobo había ido en representación de la Universidad Michoacana a un congreso eucarístico celebrado en la frontera con Estados Unidos; Pizarro replicó que únicamente había ido a Estados Unidos en viaje de recreo.86 Tras discutirse el asunto y someterse a votación se decidió, con el voto en contra de cinco alumnos, expulsar de las aulas universitarias a Rafael Jacobo.

Juan Pizarro fue acusado de ser uno de los principales dirigentes de la ACJM. En uso de la palabra expresó ser católico, pero no militante; dijo además, estar dispuesto a aceptar su expulsión del colegio, pero no sin antes declarar que su labor dentro del plantel no había sido subversiva. Después de una larga y acalorado discusión se acordó, previa votación, la expulsión de Pizarro. Los estudiantes Daniel Cruz y Enrique Barrera fueron puestos en la lista de expulsados con señalamientos de haber participado en las

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84 AGHPEM, SG, IS, UMSNH, c. 2, exp. 31.85 Como una forma de escapar a la vigilancia y al control de las instituciones educativas oficiales, la formación y orientación de los jóvenes católicos dentro de los ideales de la sociedad cristiana se desarrolló a partir de actividades extraescolares recreativas, deportivas, de discusión, de reflexión, entre otras. Estas actividades se hacían con grupos de jóvenes (hombres y mujeres) que podían reunirse de manera libre para desarrollar actividades afines al catolicismo, incluso asistiendo a algún centro educativo oficial. Véase: Contreras Pérez, Los grupos católicos en la Universidad Autónoma de México…, p. 87.86 AHUM, CU, S. A., 10 de abril de 1937.

reuniones secretas organizadas por la ACJM. J. Jesús Huacuja, fue objeto de cargos similares, pero precisó que la agrupación en la que militaba no se llamaba ACJM, y se negó a dar el nombre de la misma.87

El 1 de abril la comisión de investigación del segundo año de secundaria presentó una lista de estudiantes acusados de entorpecer el movimiento de unificación estudiantil, constituida por Francisco Ornelas, Rubén Sobreyra, Rubén Magaña, Herlinda Chávez, Angelina Chávez, Guillermo Corona y Jorge García Rojas.

Rubén Magaña declaró: “ser católico, cumplir los preceptos de la Iglesia, besar, por ello mismo, la mano de los curas, asistir a los cafés organizados por grupos de jóvenes católicos y haber ido, en algunas ocasiones, a paseos en compañía de clérigos donde hizo uso de la palabra”. Ante su confesión, Magaña fue puesto en la lista de expulsados.

Herlinda y Angelina Chávez fueron acusadas de haber declarado, enfáticamente, a raíz del movimiento de depuración anunciado, lo siguiente: “ser católicas, catequizar a niños en diversas partes, tener conciencia de que [cumplían] con su deber como católicas y desafiar a ver quién [cumplía] mejor con sus deberes”. Las señoritas Chávez ratificaron lo dicho, pero negaron pertenecer a la ACJM. Sin embargo, con base en pruebas aportadas por varios de sus compañeros, se estableció su militancia en varias asociaciones, entre ellas la ya nombrada.

Los estudiantes Francisco Ornelas, Rubén Sobreyra, Guillermo Corona y Jorge García Rojas, a los que se acusaba de tener relaciones estrechas con miembros de la Iglesia católica y, en algunos casos, laborar para la misma, fueron finalmente absueltos por falta de pruebas o porque se consideró que su actitud se debía a su falta de preparación. Discutidos una vez más los casos propuestos, la asamblea decidió, por mayoría, que solamente Rubén Magaña y Herlinda y Angelina Chávez merecían la pena de expulsión.

En el primer año de preparatoria, la comisión de depuración decidió expulsar a Alberto Alvarado y Alfonso Macías, acusados de profesar el protestantismo; así como a Mariano Bravo, señalado como militante católico y saboteador de los movimientos estudiantiles. En la asamblea también se abordaron los casos de los estudiantes considerados como “enigmáticos” e “indiferentes”. Entre estos se señaló a Anacleto Tapia, Víctor Hernández, Genaro Hernández, Germes Óscar, Laureano Rivera y Alfredo Ibarra, sobre los que se decidió establecer vigilancia y estimularlos “en la acción revolucionaria”. De esta lista fueron borrados Melchor Castañeda, Carlos Ponce L., Abraham Correa y Luis Sepúlveda, previa demostración de su “acción e ideología revolucionaria”.

Las labores de la comisión depuradora del segundo año de preparatoria se efectuaron los días 2 y 3 de abril. En estas sesiones se propuso y se aprobó que fueran expulsados todos los que profesaran alguna religión y aquellos que, aun cuando no fueran religiosos, se opusieran a la “unificación del estudiantado revolucionario” e hicieran labor “subversiva y contrarrevolucionaria” en el colegio.

El primer caso discutido fue el de Sergio Bribiesca, acusado de ser católico militante y de haber asistido el año anterior, junto con algunos otros de sus compañeros, a clases de sicología en el curato de La Merced. A pesar de haberse declarado “revolucionario” y haber presentando algunos documentos como prueba de su labor “socialista”, Bribiesca fue declarado un individuo opuesto al “progreso y a los lineamientos de la Universidad Socialista”.

José y Herón Gallegos fueron acusados de ser evangelistas y, por lo tanto, “traidores a la patria”, al considerarse que de esa religión se estaba valiendo el “imperialismo yanqui para conquistar económica y espiritualmente a los pueblos débiles de América”. Los Gallegos también fueron señalados de realizar labores de proselitismo en el Colegio de San Nicolás, con el objetivo de sumar adeptos a la religión que profesaban; también se apuntó que desde Zitácuaro recibían influencia de personas de nacionalidad estadounidense.88 Los acusados dijeron haber sido evangelistas al momento de su ingreso al Colegio de San Nicolás, pero argumentaron haber dejado de serlo desde hacía dos años.89 Finalmente, a pesar de la presentación de algunas pruebas a su favor, tras una votación se acordó incluir a los Gallegos en la lista de expulsados.

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87 AGHPEM, SG, IS, UMSNH, c. 2, exp. 31.88 Ídem.89 AHUM, CU, S. A., 6, 22 y 26 de febrero de 1935.

A los estudiantes Ramón Magaña y Luis Ramírez se les señaló como católicos militantes y, en ambos casos, se decidió la expulsión. Eliseo Moreno fue acusado de profesar la religión evangélica, aunque en este caso se decidió excluirlo de la lista de expulsados ya que se le consideró como un individuo “infantil”, sin sentido de la responsabilidad, que había llegado a la religión por motivos económicos.

En vista de que Andrés Morales, secretario de actas de la sesión, figuraba en la lista de los militantes católicos, la presidencia pidió su destitución para que pudiera hacer su defensa. Morales fue acusado de haber protegido y facilitado, en 1934, la huida de un cura al que se había intentado mostrar hostilidad; también se le señaló por asistir a reuniones y cafés en apoyo del catolicismo. Finalmente Morales declaró ser católico, por lo que se decidió su expulsión definitiva.90

Una vez realizados los procesos en los años segundo y tercero de secundaria y primero y segundo de preparatoria se realizó una reunión del CEN en la que se dio lectura a las actas y oficios enviados por las comisiones depuradoras. Las actas presentadas fueron discutidas y aprobadas, y con ellas las expulsiones propuestas. Esta documentación fue enviada, dos días después, al Comité Pro Depuración Universitaria para su presentación a las autoridades universitarias.91

El comité depurador presentó la documentación al Consejo Universitario en la sesión del 10 de abril de 1937, por medio de un pliego petitorio al cual fueron anexadas las actas originales de las sesiones verificadas por los alumnos del Colegio de San Nicolás y en las que indicaron los nombres de los elementos que se consideraban contrarios a la ideología de la universidad.92

El Consejo Universitario ratificó, por unanimidad, las expulsiones propuestas, con excepción del caso de Sergio Bribiesca a quien se retiraron los cargos por no haberse comprobado plenamente las imputaciones que se le hacían. Durante la discusión, el consejero José Cortés Marín señaló que al margen de los casos tratados, en términos generales, podía decirse que la religión católica y la evangelista eran obstáculos contra las ideas revolucionarias y, por lo tanto, para el desarrollo y fomento de la ideología universitaria. Natalio Vázquez Pallares, en justificación del movimiento de depuración, señaló que si la universidad sustentaba un criterio socialista tenía que abocarse a la ideología o filosofía del socialismo; por esta razón, sostenía la opinión de que debería expulsarse a los alumnos señalados por el simple hecho de sustentar una “ideología protestante”.

Después, el consejero David Franco solicitó que las autoridades universitarias se dirigieran públicamente a los estudiantes michoacanos para informarles que se había aceptado, previo estudio y análisis de los casos, la expulsión de los estudiantes que se oponían a la “ideología de la Universidad” y para que se hiciera un llamado a la unificación de fuerzas dentro de la institución.93

Para los universitarios que se asumían como socialistas, el movimiento de depuración en el Colegio de San Nicolás no fue sino un episodio más en la lucha de la universidad contra sus enemigos. En la percepción de algunos, lo ocurrido en abril de 1937 fue consecuencia de los conflictos desatados en mayo de 1936 por la visita de la misión cultural de la Universidad Autónoma de México. Esos acontecimientos, entre otros, sirvieron para justificar y alentar acciones de “defensa” de los ideales de la universidad socialista, las cuales derivaron en ataques contra todos aquéllos que se consideraba atentaban contra la unidad de los estudiantes “revolucionarios”.

En ese entorno de ideas, el movimiento depurador, que originalmente pretendió actuar contra los fanáticos religiosos, expresó en realidad una tendencia general “moralizadora”, sectaria y excluyente, que de manera contradictoria pretendió alcanzar la unidad de criterios entre los universitarios michoacanos. A las expulsiones se agregó la intención de unificar al alumnado por medio del establecimiento de una Federación

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90 AGHPEM, SG, IS, UMSNH, c. 2, exp. 31.91 La directiva del Comité de Depuración Universitaria, que estaba constituido por representantes de diferentes dependencias universitarias, decidió, en conjunto con los miembros del Consejo Universitario, dar un voto de confianza al movimiento depurador iniciado por los estudiantes del Colegio de San Nicolás. Ídem.92 Alumnos del Colegio de San Nicolás expulsados por el Movimiento de Depuración Universitaria: Herlinda Chávez, Angelina Chávez, Rubén Magaña, Enrique Barrera, Daniel Cruz, J. Jesús Huacuja, Rafael Jacobo (Faustino Magallón), Juan Pizarro, Alberto Alvarado, Mariano Bravo, Alfonso Macías, José Gallegos, Herón Gallegos, Ramón Magaña, Andrés Morales y Luis Ramírez. Ídem.93 AHUM, CU, S. A., 10 de abril de 1937. En la sesión, también se discutió la necesidad de realizar un movimiento de depuración en la Facultad de Derecho. Con este objetivo se nombró una comisión especial para sustentar las acusaciones contra un grupo de estudiantes acusados de oponerse a la unidad estudiantil. La comisión quedó integrada por los profesores Rafael García de León y José Cortés Marín, y por el estudiante Natalio Vázquez Pallares.

Estudiantil Revolucionaria de Michoacán.94 A la vez, la lucha contra los “enemigos” de la universidad socialista continuó su marcha y, en mayo de 1937, el CEN lanzó una serie de ataques contra los herederos de la Escuela Libre, agrupados en la Academia Técnica de Enseñanza Mercantil de Morelia, institución acusada de ser patrocinada por el clero y la burguesía de la ciudad.95

A pesar de que se consideró necesaria la labor de depuración ideológica, algunos sectores mostraron su desacuerdo por la violencia con la que se habían llevado a cabo las acciones. En una columna periodística, Alfredo Gálvez Bravo llamó la atención sobre la tradición en que se había convertido la expulsión del Colegio de San Nicolás de los alumnos que aparecían como opositores de la actitud asumida por la universidad ante los problemas sociales y educativos. Al margen de considerar positiva la actitud de los estudiantes, Gálvez Bravo calificó esta acción como una muestra de deficiencia pedagógica que ponía al descubierto el fracaso de la universidad en su misión educativa. Además, señaló que la “amarga depuración” debería tener un profundo significado para las autoridades que tenían la obligación de realizar una rectificación general en su orientación educativa y asumir una posición crítica frente a la “cultura tradicional”. Gálvez expresó la esperanza de que la agitación provocada por la depuración fuera el principio de una auténtica posición universitaria frente a las necesidades educativas y sociales.96

En otro orden de ideas, debe señalarse que, al margen de las reacciones que generaron las expulsiones y de la crudeza, parcialidad e imprecisión con la que fueron hechas algunas imputaciones, los procesos mostraron la fortaleza de las organizaciones religiosas, principalmente católicas, que actuaban entre los universitarios michoacanos. Los grupos “socialistas”, a pesar de su fuerza y activismo políticos, nunca dejaron de ser minoría dentro de una sociedad mayoritariamente católica. La lucha de éstos no fue solamente contra la religión institucionalizada y sus organizaciones, sino contra las creencias y prácticas presentes en su entorno inmediato. En este contexto, las medidas depuradoras pueden ser vistas, no como una manifestación del poder de decisión de los socialistas dentro del ámbito universitario, sino como un recurso extremo para eliminar a un enemigo peligroso por su fuerza.

Además, debe considerarse que el movimiento de depuración universitaria se desarrolló en un momento muy especial de las relaciones entre la Iglesia católica y el Estado mexicano. Desde principios de 1936, la política federal en materia religiosa disminuyó en sus manifestaciones de anticlericalismo. Durante los dos años siguientes se establecieron las bases de un acuerdo informal entre el Estado y la Iglesia católica, el cual es conocido bajo el término de modus vivendi. Sin embargo, los poderes locales no respondieron de la misma manera y en muchos lugares los ataques contra el clero y la religión católicos continuaron con la misma intensidad.97

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94 “El estudiantado nicolaita confirma su tradición revolucionaria, al provocar su depuración”, en Clase, 7 de abril de 1937, pp. 1, 8.95 AGN/LCR, c. 705, exp. 534.2/20.96 Alfredo Gálvez Bravo, “Depuración universitaria: deficiencia educativa”, en Clase, 7 de abril de 1937, pp. 1, 8. Alfredo Gálvez Bravo, “El cambio de actitud en la Universidad”, en ibíd., pp. 1, 7 y 8.97 Es necesario señalar que el modus vivendi se desarrolló en el marco de una pugna global entre las dos únicas instituciones que tenían una fuerza y representatividad en todo el país: el Estado y la Iglesia católica. Esta última era la única institución capaz de hacer frente al creciente absolutismo estatal, a falta de otras organizaciones intermedias o de la llamada sociedad civil. Blancarte, Historia de la Iglesia católica en México…, pp. 29-31, 40-41.

III. LA UNIVERSIDAD SOCIALISTAEN MICHOACÁN, 1938-1940

UN RECTOR Y UNA LEY ORGÁNICA SOCIALISTAS PARA LA UNIVERSIDAD MICHOACANA1938-1940

Natalio Vázquez Pallares, de las Juventudes Socialistas Unificadasde México, a la rectoría universitaria

Hacia la segunda mitad de la década de 1930, Natalio Vázquez Pallares1 se convirtió en uno de los líderes estudiantiles más influyentes del país. En esos momentos, gran parte de sus actividades se dirigieron al logro de uno de los ideales que habían guiado su actividad política en los años previos: la efectiva unificación de la juventud socialista en un solo organismo de alcance nacional.

Hacia finales de 1937, aprovechando su posición como secretario general de la Confederación de Estudiantes Antiimperialistas de América (CEADA),2 Natalio Vázquez Pallares encabezó un grupo de miembros de esa organización que se dirigió al presidente de la república para solicitar el reconocimiento a sus pretensiones de comandar un movimiento dirigido a tomar el control de las Juventudes Socialistas Unificadas de México (JSUM). Este grupo se proponía servir como contrapeso dentro de la lucha por el manejo de las organizaciones estudiantiles a nivel nacional.3 Las gestiones prosperaron, y en julio de 1938, Vázquez Pallares asumió la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional de las JSUM,4 a pesar de haber recibido la censura de algunos sectores estudiantiles y de haber cedido terreno ante la creciente influencia del líder juvenil Carlos Madrazo.5

A la par de sus labores como militante y dirigente de la CEADA y las JSUM, Natalio Vázquez Pallares continuó con sus actividades dentro de la Universidad Michoacana. En abril de 1937, mientras se desempeñaba como estudiante en la Facultad de Derecho, fue nombrado encargado del Departamento de Extensión Universitaria.6 Además, durante ese año, Vázquez Pallares se distinguió por su intensa participación en las discusiones del Consejo Universitario.

En esos momentos, utilizando su posición y conexiones políticas con la Presidencia de la República, Natalio Vázquez Pallares integró y lideró un movimiento de reforma universitaria que tuvo como objetivo visible la promulgación de una nueva ley orgánica de la Universidad Michoacana. Desde los primeros meses de 1938, en conjunto con un grupo de profesores y alumnos, Vázquez Pallares inició la realización de actividades encaminadas a lograr que el marco legal universitario se integrara plenamente al espíritu del Artículo 3º constitucional.7

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1 La trayectoria de Natalio Vázquez Pallares como líder estudiantil inició en 1930, cuando fue nombrado presidente del CEN. Pocos años después, en 1933, figuró como presidente del Partido Nacional Estudiantil Pro Cárdenas. Ese mismo año se trasladó a Jalisco donde, como estudiante de la Universidad de Guadalajara, promovió la creación del Centro de Estudios Sociales y Económicos. Sin duda, por aquellos años, la actividad más destacada de Natalio Vázquez Pallares fue la que desarrolló como fundador y dirigente del FESO, organización creada en diciembre de 1934. Nájera, Sánchez Díaz y Oikión Solano, La Nación dueña de su destino…, 2007.2 AGN/LCR, c. 453, exp. 433/36. Mendoza Cornejo, Organizaciones y movimientos estudiantiles en Jalisco de 1935 a 1948…, pp. 51, 61.3 AGN/LCR, c. 454, exp. 433/63.4 Ídem. “Hasta hoy será el agasajo al Sr. Vázquez Pallares”, en Heraldo Michoacano, 1 de septiembre de 1938, p. 7.5 “Los congresistas de Durango falsean el movimiento estudiantil de México”, en Choque, 1 de noviembre de 1937, pp. 2, 6.6 AHUM, CU, S. A., 10 de abril de 1937.7 AGN/LCR, c. 745, exp. 534.8/3.

En la práctica, las actividades del grupo reformista se convirtieron en una campaña por el control de la Universidad Michoacana. Esta labor política llevó a que, a lo largo de 1938, Natalio Vázquez Pallares y sus seguidores se involucraran en algunos conflictos que alteraron las actividades de la institución, como los disturbios ocasionados por los estudiantes que rechazaban la separación de los estudios secundarios y de preparatoria, dispuesta en enero de ese año por las autoridades universitarias. El propio rector, José Gallegos del Río, quien había asumido el cargo en noviembre de 1937, mostró su desacuerdo con la actitud beligerante asumida por los promotores de la nueva ley orgánica, a pesar de que públicamente había expresado su apoyo al proyecto de incorporar al ordenamiento universitario el principio de que la institución debería regirse por los preceptos constitucionales en materia educativa.

El movimiento de reforma universitaria liderado por Vázquez Pallares adquirió fuerza rápidamente gracias al apoyo que recibió de algunas organizaciones estudiantiles. En vista de esta situación, el rector declaró estar dispuesto a renunciar a su cargo, con la finalidad de dejar en manos del ejecutivo del estado la decisión sobre el futuro de la universidad, para evitar que su permanencia en la institución fuera considerada como un obstáculo para el movimiento reformista. Esta actitud fue tomada por los representantes de las sociedades de alumnos de las diferentes dependencias universitarias como una oportunidad para promover a Natalio Vázquez Pallares como candidato a la rectoría.

Como parte de esta campaña, a principios de febrero de 1939, un grupo de universitarios, encabezado por Natalio Vázquez Pallares, José Cortés Marín, Antonio Arriaga Ochoa y Esteban Figueroa, invitó al gobernador Gildardo Magaña a un “café” en el Colegio de San Nicolás. El mandatario aceptó la invitación y se presentó acompañado de su secretario de gobierno, José María Mendoza Pardo; del secretario particular, Carlos Reyes Avilés; del tesorero general del estado, Arnulfo Ávila; de los diputados locales, Norberto Vega y Pedro Talavera, además de otros funcionarios de su administración. En la reunión, los estudiantes David Franco Rodríguez, Serafín Contreras y Serapio Nava, así como Natalio Vázquez Pallares expusieron sus puntos de vista sobre la reforma universitaria. En contraparte, el alumno Jesús Bravo Baquero habló en nombre de quienes se oponían al proyecto. Al finalizar la reunión, el gobernador Magaña declaró que su gobierno se solidarizaba con las aspiraciones del movimiento estudiantil y les ofreció su apoyo. En los días siguientes, la legislatura local y el bloque del Partido de la Revolución Mexicana (PRM) en Morelia se unieron a la postura del ejecutivo estatal. El 5 de febrero, el gobernador del estado entregó, de manera simbólica, la universidad a los estudiantes, con lo que quedó abierta la posibilidad de la designación de Natalio Vázquez Pallares como rector, en sustitución de José Gallegos del Río.8

El joven abogado Natalio Vázquez Pallares fue designado rector provisional de la Universidad Michoacana el 8 de febrero de 1939, y asumió cargo del puesto el día siguiente. Esta designación fue ratificada el 13 de julio de ese mismo año. El gobernador Magaña nombró a Vázquez Pallares rector definitivo de la Universidad Michoacana a partir de una terna que le fue presentada por el Consejo Universitario, en la que figuraron como candidatos Julián Sierra Gómez y Esteban Figueroa.9

Una ley orgánica socialista para la Universidad Michoacana

Desde el rectorado de Enrique Arreguín (1935) se buscó dotar a la Universidad Michoacana de una ley orgánica acorde con su pretendido carácter socialista. No obstante, las iniciativas y proyectos realizados en esa dirección no prosperaron y la institución siguió funcionando bajo un estatuto impugnado, desde su promulgación, por un amplio sector de universitarios. Pasarían más de dos años antes de que lograran consolidarse los esfuerzos por reformar el marco legal universitario. Esta misión sería, en gran medida, responsabilidad de Natalio Vázquez Pallares.

En julio de 1938 se dio a conocer un anteproyecto de ley orgánica de la Universidad Michoacana, acompañado por una declaratoria de principios de quienes lo suscribían. El documento fue presentado por estudiantes del Colegio de San Nicolás y los bloques estudiantiles Pro Reforma de la Ley Orgánica de la Universidad, de Medicina y Jurisprudencia. En la declaración de principios se hizo una defensa del Artículo 3º

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8 Macías, Aula Nobilis..., pp. 358-359.9 AGHPEM, SG, IS, UMSNH, c. 2, exp. 34. AHUM, CU, S. A., 12 de julio de 1939.

constitucional y de la necesidad de orientar la educación universitaria sostenida por el Estado de acuerdo con los postulados de la escuela socialista. Además, se hizo énfasis en señalar la diferencia entre las instituciones de enseñanza superior particulares, entre ellas la Universidad Autónoma de México, y las de carácter oficial. Las primeras podían imprimir a sus enseñanzas la orientación que consideraran pertinente, pero las segundas tenían la obligación de ajustarlas a lo dispuesto por el Artículo 3º constitucional.10

Las propuestas del movimiento Pro Reforma de la Ley Orgánica de la Universidad fueron acogidas favorablemente por las autoridades del gobierno del estado, un amplio sector de universitarios y por organizaciones izquierdistas de diverso tipo. Esta aceptación se debió, en gran medida, a la labor propagandística realizada por Natalio Vázquez Pallares en diversos frentes políticos, tanto dentro como fuera de Michoacán. Gracias a este esfuerzo se logró el compromiso de varias instituciones y agrupaciones para constituir una comisión mixta revisora y dictaminadora del anteproyecto de ley orgánica presentado en julio de 1938.

El 31 de agosto de ese año, se reunió, en el salón de sesiones del Consejo Universitario, la comisión que dictaminaría el anteproyecto de ley orgánica de la Universidad Michoacana. Este cuerpo estuvo integrado por Antonio Arriaga, representante del gobierno del estado; José Márquez B., representante de la rectoría de la universidad; Rafael García de León, por el Frente Socialista de Abogados (Comité Estatal en Michoacán); Natalio Vázquez Pallares, David Franco Rodríguez y José Parres Arias, por las JSUM; Rafael Sosa, Serafín Contreras, Miguel Silva, Moisés Montejano, José C. Fajardo, Alfonso Izquierdo Pantoja y Jesús Fernández, en representación de los estudiantes del Colegio de San Nicolás, Normal Mixta, Medicina, Música, Ingeniería, Leyes y Comercio y Administración, respectivamente; y por Tomás Rico Cano, a nombre del Comité de las Juventudes Socialistas Unificadas de Michoacán.11

Los trabajos de la comisión iniciaron con la designación de una mesa directiva de debates, formada por Natalio Vázquez Pallares y Alfonso Izquierdo Pantoja, presidente y secretario, respectivamente. También se realizó un cambio de impresiones en que se dieron a conocer las razones que habían motivado a los estudiantes a pedir la reforma de la ley orgánica, estableciendo, a la vez, las cuestiones afines y las diferencias entre la ley vigente y el anteproyecto que se estudiaría. Por último, se acordó que los debates continuarían diariamente en el salón de sesiones del Consejo Universitario hasta concluir el estudio del proyecto de ley orgánica que sería puesto a consideración de las autoridades pertinentes.12 Atendiendo a este acuerdo, la Comisión Mixta Revisora y Dictaminadora continuó con sus labores durante los primeros días de septiembre, y por medio de la prensa local fue dando a conocer algunos pormenores de sus actividades y de las características del cuerpo legal que se estaba estudiando.13

De acuerdo con los promotores de la nueva ley orgánica, la Universidad Michoacana se encontraba en una situación de ilegalidad anticonstitucional. Además, la anterior legislación universitaria, que databa de 1933, llamada Ley Serrato, era cuestionada porque se consideraba violatoria de los principios democráticos y por valoraciones de carácter ideológico que la señalaban como una negación de los derechos del proletariado. Por estas razones, la nueva ley se presentaba como la solución a esas irregularidades, al ajustar el funcionamiento de la universidad a las disposiciones contenidas en el Artículo 3º constitucional y a las bases establecidas por el CNESIC. Con la nueva normatividad se buscaba el establecimiento legal de la universidad socialista en Michoacán.14

En cuanto a la orientación de la enseñanza universitaria, los promotores del proyecto de ley orgánica bajo estudio señalaron que la correcta interpretación del contenido ideológico de la educación mexicana descansaba en los principios de una enseñanza racional, exacta y enemiga de los prejuicios. La enseñanza racional se entendió como aquélla basada, filosóficamente, en el monismo materialista, es decir, en la unidad substancial entre todo lo existente, en contraposición a los dualismos clásicos. En materia social se postuló un determinismo económico, resultado de la “íntima relación entre los fenómenos de la vida en común y su

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10 “Anteproyecto de Ley Orgánica para la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo...”.11 “Junta previa para estudiar la modificación a la Ley Orgánica de la Universidad Nicolaita”, en Heraldo Michoacano, 1 de septiembre de 1938, p. 7.12 Ídem.13 “Monismo materialista”, en Heraldo Michoacano, 4 de septiembre de 1938, p. 3.14 “Fundamentos de las reformas a la Ley Orgánica de la Universidad Michoacana”, en Heraldo Michoacano, 2 de septiembre de 1938, p. 7.

estrecha dependencia de los modos económicos y técnicos de producción y de cambio”. También se planteó una ética clasista, “al servicio de las masas explotadas y de una sociedad mejor”. Por enseñanza exacta y enemiga de los prejuicios se entendió la formación de los estudiantes en la “verdad” hasta donde la ciencia contemporánea lo permitiera. Asimismo, se propuso la transformación del modelo de universidad vigente. Como crítica de las profesiones de tipo liberal se postuló la preparación de profesionistas y técnicos capacitados para la producción organizada y para apoyar los cambios económicos y sociales que se decía eran propuestos por la revolución mexicana.15

Estos planteamientos se resumieron en la consideración de que la universidad sustentaría una ideología determinada en lo filosófico, por el monismo materialista; en lo social, por el materialismo histórico y, en lo ético, por el principio de solidaridad con la clase trabajadora y de lucha por una sociedad que no se fundara en la explotación del hombre por el hombre. En cuanto a la investigación científica, su misión estaría dirigida al conocimiento de la realidad nacional; la formación de técnicos y profesionistas estaría marcada por el ritmo de la estructuración económica, social y política del país, y la difusión de la cultura sería puesta al servicio de la colectividad.16

La Comisión Mixta Revisora y Dictaminadora continuó con sus reuniones de trabajo diarias y para el 6 de septiembre se empezó a dar a conocer la redacción del proyecto de ley orgánica, al hacerse público el contenido del primer capítulo, que correspondía al carácter y la misión fundamental de la Universidad Michoacana. El mismo día, la comisión discutió el apartado correspondiente a las dependencias que deberían integrar a la institución. En la sesión se acordó promover la creación de las escuelas de Bacteriología, Economía, Agronomía y Odontología, bajo el argumento de que los técnicos y profesionistas formados por la universidad deberían ser aquéllos que demandaba la situación económica, social y política del país.17

En lo que se refiere a la integración del gobierno de la universidad y al nombramiento del personal docente, la comisión propuso “la más absoluta y estricta democracia para tal fin”. El Consejo Universitario, órgano máximo de gobierno, estaría integrado por el rector, que sería su presidente; por el secretario general de la universidad, que a su vez sería el secretario; por los directores y jefes de departamentos; por tres representantes de la Federación de Profesores; por un representante alumno de cada una de las escuelas, y por tres de la federación estudiantil. Tan sólo tendrían voto de calidad el rector, los directores de las escuelas, los profesores y los estudiantes; los demás sólo tendrían voz. De esta manera, se buscaba que los alumnos tuvieran paridad en representación con voto, con respecto a las autoridades y los profesores. El rector sería nombrado por el ejecutivo del estado a partir de una terna propuesta por el Consejo Universitario. Los directores y jefes de departamento, así como el profesorado, serían nombrados por el consejo. También se estableció que para ser rector, secretario y director se exigiría una edad mayor a 25 años, poseer título superior al de bachiller y ostentar una “reconocida ideología socialista”.18

La tarde del 7 de septiembre de 1938, la Comisión Mixta Revisora y Dictaminadora terminó el estudio del proyecto de ley orgánica de la Universidad Michoacana, presentado por los estudiantes del Colegio de San Nicolás y los denominados “grupos revolucionarios” de las escuelas de Derecho y Medicina. Tras concluir con los debates, se nombraron dos comisiones, una para la redacción de los considerandos de la mencionada ley y otra encargada de preparar la versión definitiva del proyecto, con las correcciones y adiciones propuestas.19

Entre los promotores de la nueva ley orgánica había confianza en que el proyecto sería aprobado en todas sus partes por el ejecutivo estatal, quien promovería que, en el plazo de una semana, fuera enviado a la Cámara de Diputados para ser elevado a la categoría de ley. Animados por ese sentimiento, los estudiantes

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15 Anteproyecto de Ley Orgánica para la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo..., pp. 4-8. Gran parte de estas ideas fue tomada de los debates legislativos que dieron como resultado la reforma del Artículo 3º constitucional en diciembre de 1934. En el campo de la educación superior, planteamientos similares fueron expresados en las conclusiones que sobre el tema de la posición ideológica de la universidad se aprobaron en el Primer Congreso de Universitarios Mexicanos, de septiembre de 1933. “Conclusiones aprobadas por el Primer Congreso de Universitarios Mexicanos…”, pp. 33-37.16 “Monismo materialista”, en Heraldo Michoacano, 4 de septiembre de 1938, p. 3.17 “Nuevas carreras universitarias”, en Heraldo Michoacano, 7 de septiembre de 1938, p. 15.18 Ídem.19 “Terminó ya el Estudio de la Ley Orgánica Universitaria”, en Heraldo Michoacano, 8 de septiembre de 1938, p. 8.

iniciaron los preparativos para ofrecer un “café” al gobernador del estado, Gildardo Magaña, como muestra de agradecimiento por su apoyo a las actividades del movimiento reformista universitario.20

El 8 de septiembre fue presentado el proyecto de ley orgánica de la Universidad Michoacana elaborado por la comisión encargada de su estudio. El proyecto fue mostrado como un esfuerzo por establecer un sistema democrático de gobierno en la universidad. La Ley Orgánica vigente fue cuestionada por considerarse que respondía principalmente a exigencias políticas y por no permitir la participación plena de los diferentes sectores universitarios en la conducción de la institución, al sostener un régimen calificado de centralismo disimulado.21

En la exposición de motivos se indicó que parecería, a simple vista, contradictorio que se propusiera someter a la universidad a un estatuto que orientaría sus actividades dentro de los lineamientos impuestos por el Estado y que, al mismo tiempo, se pretendiera alcanzar la autonomía de su gobierno interno. Sin embargo, se afirmó que tal contradicción era aparente porque al adoptarse el criterio educativo estatal sólo se pretendía terminar con la anarquía en materia educativa y colaborar con éste para sentar las bases de una nueva organización social;22 además, la autonomía en su gobierno interior garantizaría un máximo rendimiento en las labores de investigación de carácter científico y filosófico. La exposición de motivos también señaló el compromiso del gobierno del estado y de las autoridades de la universidad por hacer efectiva la aplicación del Artículo 3º constitucional en la enseñanza superior en Michoacán.23

A pesar de la labor realizada y los acuerdos alcanzados por la Comisión Mixta Revisora y Dictaminadora, la aprobación del proyecto de ley orgánica no fue resuelta de la manera esperada por los legisladores locales. Fue necesario un impulso externo para lograr que las autoridades dieran una respuesta satisfactoria al asunto. Fue en 1939 que se reactivó el proceso para dotar a la Universidad Michoacana de un nuevo cuerpo legal, pero esta vez con el apoyo de los nicolaitas de la ciudad de México.

La aprobación de la nueva ley orgánica se gestó, en gran medida, desde la capital del país. En enero de 1939, los ex rectores Jesús Díaz Barriga y Enrique Arreguín, en conjunto con Gregorio Torres Fraga, integraron una comisión especial, nombrada dentro de Vanguardia Nicolaita,24 que tuvo como objetivo dar seguimiento al estudio del proyecto de ley orgánica que desde meses atrás se había estado realizando dentro del CNESIC.25 Esta labor se había hecho atendiendo a las atribuciones de este órgano como encargado de vigilar y conducir el funcionamiento de las instituciones de educación superior oficiales en el país.

El proyecto de ley orgánica de la Universidad Michoacana, revisado y corregido por la comisión de Vanguardia Nicolaita, fue presentado los primeros días de marzo de 1939. En general, en la exposición de motivos se hizo referencia a la política de educación superior sustentada en la legislación correspondiente e impulsada por el gobierno de la república. De acuerdo con esta exposición, el proyecto de ley orgánica tenía como objetivo reorganizar la institución dentro de las normas marcadas por la constitución política del país, por la particular del estado y por las leyes reglamentarias derivadas de esos ordenamientos. Otro de los objetivos de la nueva ley sería, según se señaló, la “armonización” de la universidad con “la realidad social ambiente y con la orientación revolucionaria” que regían la vida nacional.26

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20 Ídem.21 “Ley Orgánica de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo”, 8 de septiembre de 1938, en APEAV, c. 1.22 No obstante, el problema de la autonomía sí planteó una contradicción para los reformadores de la ley orgánica. Una de las críticas que se hacían a la legislación vigente era que había sancionado el dominio del gobierno sobre la universidad, estableciendo un sistema antidemocrático al limitar la participación de los universitarios en la elección de sus autoridades. En contraparte, se proponía democratizar la universidad concediéndole a sus integrantes la posibilidad de participar en la elección y organización del gobierno de la institución. Sin embargo, esta autonomía estaba limitada al funcionamiento interno de la universidad, puesto que las decisiones tomadas en su seno no podían contravenir las directrices marcadas por el Estado, lo que de alguna manera dejaba latente la intervención del poder público en la universidad.23 Ídem.24 Vanguardia Nicolaita fue una organización, creada en diciembre de 1935, formada por ex alumnos del Colegio de San Nicolás radicados en la ciudad de México.25 AHSEP, SEP, CNESIC, c. 22, exp. 37.26 Arreguín, Enrique, “Proyecto de Ley Orgánica para la ‘Vanguardia Nicolaita’”, febrero de 1939, en APEAV, c. 44. AGHPEM, SG, IS, UMSNH, c. 2, exp. 36.

En la exposición de motivos se presentó un breve resumen del contenido de la legislación en materia educativa. En especial, se destacó el carácter socialista asignado en la constitución a la enseñanza impartida por el Estado. Asimismo, se indicó que la Universidad Michoacana tenía el carácter de institución de Estado, puesto que era sostenida económicamente por éste y, por lo tanto, todo su trabajo debería estructurarse de acuerdo con las leyes del país. Asimismo, una vez más se destacó la tendencia a establecer un régimen democrático dentro de la universidad, con la participación directa de todos los sectores en el manejo integral de la institución. Siguiendo la línea marcada por los proyectos previos, en el documento se señaló que, en síntesis, la constitución política del país marcaba una “orientación filosófica monista basada en los conocimientos positivos de la Ciencia”, libre de prejuicios religiosos y sociales. También se postuló un modelo de universidad capaz de formar los técnicos y los profesionistas que la realidad social demandaba; en contraposición a la universidad formadora de profesionistas de “tipo liberal”.

La labor realizada desde la ciudad de México por los miembros de Vanguardia Nicolaita y la relación establecida entre el ejecutivo estatal y las autoridades de la Universidad Michoacana hicieron posible que se concretara la aspiración de dotar a esta institución de un cuerpo legal acorde con su pretendido carácter socialista. El 11 de marzo de 1939, el gobernador del estado, Gildardo Magaña, remitió el proyecto de ley orgánica de la Universidad Michoacana a los diputados secretarios del congreso local para que fuera dado a conocer al pleno. Un par de días después, el 13 de marzo, el congreso local envió al gobernador la minuta de ley número 41, relativa a la Ley Orgánica de la Universidad Michoacana.27

La Ley Orgánica de la Universidad Michoacana de marzo de 193928 destacó por sus artículos primero y tercero. En el Artículo 1º quedó establecido que la universidad funcionaría como una institución de servicio público, destinada a cumplir en el campo de la enseñanza superior los principios que en materia educativa sustentaban la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la particular del estado. En el Artículo 3º, por su parte, se indicó que la universidad, siendo una institución de Estado, orientaría sus actividades de conformidad con las normas del Artículo 3º constitucional y de acuerdo con los siguientes postulados: a) en lo filosófico, la afirmación de la identidad esencial de los fenómenos del Universo y la adopción de una filosofía basada en la naturaleza; b) en materia social, la aceptación del principio de íntima relación entre todos los fenómenos de la vida en común y su estrecha dependencia de los modos económicos y técnicos de producción y cambio; c) en lo moral, la adopción del principio ético fundamental de que el trabajo y la riqueza deberían ser repartidos en forma justa dentro de la sociedad, “luchando por suprimir la explotación del hombre por el hombre”; asimismo, se postuló la solidaridad con los trabajadores para fortalecer y crear en los educandos una conciencia social en consonancia con las condiciones históricas de México. Además, destacó el Artículo 31, en el que se señaló que para ser rector era requisito indispensable tener antecedentes científicos y una reconocida ideología socialista.

En la nueva Ley Orgánica se estableció que el rector sería el jefe nato de la universidad, así como su representante legal y presidente del Consejo Universitario. Este funcionario sería nombrado por el ejecutivo del estado, a partir de una terna propuesta por el Consejo Universitario. Los directores de las facultades y escuelas universitarias serían nombrados por el rector, de una terna propuesta por los consejos de facultad o escuela. El Consejo Universitario estaría integrado por el rector, el secretario general, el director general de educación primaria, el regente del Colegio de San Nicolás, los directores de las diferentes dependencias universitarias, tres representantes de la Federación de Profesores Universitarios, un representante de la sociedad de alumnos de cada dependencia académica de la Universidad, tres representantes de la Federación de Estudiantes, un representante de la agrupación de empleados técnicos y administrativos de la universidad y un representante de la organización de postgraduados. En estos artículos se incluyeron una buena parte de las pretensiones democratizadoras de la nueva Ley Orgánica.

Natalio Vázquez Pallares consideraba que con la Ley Orgánica de 1939 se había implantado un sistema verdaderamente democrático en el gobierno de la Universidad Michoacana y sus dependencias. Este sistema estaba inspirado en la democracia funcional o pluralismo político, que se decía estaba transformando el concepto de autoridad y soberanía. El nuevo sistema tenía como finalidad que todos los componentes de la

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27 Ídem.28 “Ley Orgánica de la Universidad Michoacana. Marzo 13 de 1939”, pp. 61-82.

universidad participaran en el gobierno y dirección de la misma. Con base en estos principios y de acuerdo con la Ley Orgánica, la composición del Consejo Universitario concedía paridad en la representación a los estudiantes en relación con las autoridades y el profesorado. También se reclamó el derecho, para ese órgano, de participar en la elección del rector, así como el de los consejos de escuela para elegir a sus dirigentes.29

Natalio Vázquez señaló que aun cuando la Universidad Michoacana llevaba algunos años trabajando dentro de las normas socialistas, fue hasta la nueva Ley Orgánica que esto se hizo efectivo en cuanto al reconocimiento de los derechos y las obligaciones a que deberían estar sujetos los empleados técnicos y administrativos que prestaban sus servicios en la institución.30 Enrique Arreguín expresó que la nueva ley orgánica era un ordenamiento que colocaba a la casa de estudios, en su funcionamiento y orientación, dentro de los lineamientos marcados por el “movimiento social revolucionario mexicano” para la educación en el país. Arreguín señaló que la Ley Orgánica se creó pensando en que la universidad no sólo debería preparar científica y técnicamente a los individuos, sino que debería dotarlos de hábitos de trabajo y crearles una conciencia social para que guiaran su vida como trabajadores.31

La Ley Orgánica de la Universidad Michoacana, de marzo de 1939, también mostró la postura de sus promotores ante el problema de la autonomía. El grupo liderado por Natalio Vázquez Pallares compartió la opinión de la mayoría de los socialistas que consideraba que la autonomía reflejaba una posición política, y por lo tanto, no era un elemento imprescindible en su proyecto de universidad. Vázquez Pallares expresó que la autonomía universitaria era una aspiración justa cuando significaba una oposición a las “fuerzas de la reacción que [gobernaban] algunos países”, pero que debería ser rechazada cuando se utilizaba para combatir a “las fuerzas populares que [pugnaban] por su liberación”.32 Por esta razón, tomando en cuenta el momento político que vivía el país, se declaró en contra de las pretensiones autonomistas de las instituciones universitarias por considerarlas una estrategia para mantenerse al margen de la política educativa impulsada por el régimen cardenista.

Esta posición fue la misma que defendió, a lo largo de la década de los treinta, la mayoría de los integrantes del movimiento de reforma universitaria socialista en Michoacán. Los reformistas michoacanos expresaron su rechazo a las pretensiones de mantener el funcionamiento de las instituciones educativas al margen de las directrices y proyectos educativos del Estado mexicano. De acuerdo con esta idea, la autonomía representaba un postulado ajeno a la realidad del país. En las circunstancias del momento, la autonomía se había convertido en un medio utilizado por algunos sectores para distanciarse de las “conquistas de la Revolución”, por lo que debería ser rechazada.33

El modelo socialista de ley orgánica universitaria

Es errónea la apreciación, muy difundida, de que la Ley Orgánica de la Universidad Michoacana, del 13 de marzo de 1939, fue, además de única en su género, la primera en consagrar el carácter socialista de una universidad.34 En realidad, este cuerpo legal estuvo basado en un modelo de legislación universitaria que ya se había aplicado en Jalisco en 1937, como parte de una estrategia de control de las instituciones de educación superior por parte de los gobiernos estatal y federal. La conexión entre estos dos ordenamientos universitarios puede establecerse a partir de dos vías. Por un lado, debe considerarse la labor de Natalio Vázquez Pallares como miembro del FESO;35 así como los esfuerzos de los miembros de esta organización por conseguir que la educación superior universitaria en Jalisco se adecuara a los preceptos del Artículo 3º

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29 Vázquez Pallares, Hacia la reforma universitaria, p. 9.30 “Informe del C. Rector de la Universidad”, pp. 3-22.31 Enrique Arreguín. “Consideraciones sobre la reforma educativa en la Universidad”, en Tribuna, 1 de abril de 1940.32 Vázquez Pallares, Hacia la reforma universitaria, p. 29.33 “Fundamentos de las reformas a la Ley Orgánica de la Universidad Michoacana”, en Heraldo Michoacano, 3 de septiembre de 1938, p. 5.34 Esta idea es sostenida, entre otros, por Arnaldo Córdova. Véase: Córdova, “Natalio Vázquez Pallares y la Universidad Socialista en Michoacán”, p. IV.35 El FESO fue creado en diciembre de 1934. En sus estatutos quedó establecido que la organización lucharía por que todos los institutos y escuelas dependientes de la Dirección General de Estudios Superiores de Jalisco, así como las demás instituciones educativas del estado, respondieran fielmente a los principios del socialismo científico. “Estatutos del Frente de Estudiantes Socialistas de Occidente”, reproducido en: Mendoza Cornejo, Organizaciones y movimientos estudiantiles en Jalisco de 1935 a 1948..., pp. 171-177.

constitucional reformado en 1934. De manera paralela, es necesario tomar en cuenta la actuación que en el mismo sentido tuvieron los ex rectores de las universidades de Guadalajara y Michoacana, Enrique Díaz de León y Enrique Arreguín, respectivamente, como miembros del CNESIC.

El modelo de ley orgánica a que nos referimos fue aplicado en un momento de abierta lucha política e ideológica, que en el terreno educativo había llevado al cierre de la Universidad de Guadalajara, para ceder su lugar a la Dirección General de Estudios Superiores de Jalisco y al establecimiento de una institución autónoma que desafiaba el control estatal sobre la educación universitaria.

La coexistencia de dos instituciones encargadas de la educación superior generó un clima de confrontación. La lucha por el control de la enseñanza universitaria en Jalisco derivó en enfrentamientos como el ocurrido el 1 de mayo de 1937, cuando estudiantes adheridos al FESO atacaron las instalaciones de la Universidad Autónoma de Occidente. Esa ocasión, después de haber participado en el desfile del día del trabajo, un grupo de aproximadamente trescientas personas, conducidas por miembros del FESO, acompañados por integrantes de la Federación de Trabajadores de Jalisco y de la Liga de Comunidades Agrarias, bajo la consigna de “mueran la antipatria, el fascismo y los enemigos del proletariado”, tomaron por asalto las instalaciones de la Universidad Autónoma de Occidente, destruyendo la mayor parte de los archivos y el mobiliario.36 A la vez, la dirigencia del FESO gestionaba en la capital del país el desconocimiento de los estudios realizados en la institución, esgrimiendo el carácter anticonstitucional de la incorporación que la Universidad Autónoma de México había otorgado a su similar en Jalisco.37

En medio de este clima de hostilidad, las autoridades de la Universidad Autónoma de México iniciaron conversaciones con representantes del Gobierno del Estado de Jalisco con el objetivo llegar a un acuerdo que permitiera el normal funcionamiento de la Universidad Autónoma de Occidente. Para efectuar las negociaciones, el gobierno del estado nombró una comisión especial integrada por Constancio Hernández, director de Estudios Superiores, e Ignacio Jacobo, director de la Facultad de Ciencias Sociales, así como los alumnos de ésta última, José Parres Arias38 y Rodolfo González Guevara. Los representantes del gobierno del estado señalaron que la educación superior en Jalisco cumplía con sus fines de acuerdo con la orientación socialista determinada por el Artículo 3º constitucional, como carácter esencial de la educación impartida bajo responsabilidad administrativa y técnica del Estado. A la vez, sostuvieron que el socialismo preconizado en el mencionado artículo debería interpretarse “como una referencia al socialismo científico, ya que en tal disposición se [precisaba] la tendencia de destruir los prejuicios religiosos y de dar un conocimiento racional y exacto del Universo”. Además, se indicó que, puesto que el socialismo científico tenía su base en el materialismo dialéctico, las tareas de organización y reglamentación de la educación superior deberían realizarse de acuerdo con esta tendencia filosófica. Por último, se dijo que si bien esta postura no excluía la valorización crítica de diferentes conocimientos y sistemas de interpretación de los fenómenos del Universo, sí descartaba la libertad de cátedra, por considerarla una “exposición de conocimientos sin finalidad concreta, sin sistema y sin unidad de criterio”.39

Estos argumentos fueron rechazados por las autoridades de la Universidad Autónoma de México, quienes hicieron una contrapropuesta que implicaba la reorganización de la Universidad de Guadalajara con la fusión de los planteles dependientes de la Dirección General de Estudios Superiores y de la Universidad Autónoma de Occidente. La nueva institución tendría como fines, “la cultura superior, la investigación científica de los problemas del Estado de Jalisco y la acción social universitaria”; para lo cual se constituirían las facultades, escuelas e institutos necesarios, así como un departamento de acción social. Además, se postuló que las actividades de la Universidad de Guadalajara se realizarían sin restricciones ideológicas de ninguna especie. El gobierno de la institución estaría a cargo del Consejo Universitario, el rector, los directores de las facultades, escuelas e institutos y de las academias de profesores y alumnos. El Consejo de la Universidad ejercería la autoridad máxima y designaría al rector, quien sería su presidente; este funcionario fungiría,

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36 Mendoza Cornejo, Organizaciones y movimientos estudiantiles en Jalisco de 1900 a 1937…, p. 262. Mendoza Cornejo, Organizaciones y movimientos estudiantiles en Jalisco de 1935 a 1948..., p. 75. Yankelevich, Educación socialista en Jalisco…, pp. 169-170.37 Mendoza Cornejo, Organizaciones y movimientos estudiantiles en Jalisco de 1900 a 1937..., p. 261.38 José Parres Arias participaría, en septiembre de 1938, como representante de las JSUM en las labores de la comisión dictaminadora encargada del estudio del proyecto de ley orgánica de la Universidad Michoacana.39 AGN/LCR, c. 704, exp. 534.2/1.

además, como jefe nato de la institución y como su representante legal. El consejo nombraría a los directores de las escuelas, facultades e institutos, de acuerdo con las normas reglamentarias que se expidieran. Las autoridades de la Universidad Autónoma de México se reservaban el derecho de nombrar a la planta docente con la que iniciaría sus labores la nueva institución. El profesorado sería elegido entre el personal adscrito a la Dirección General de Estudios Superiores y la Universidad Autónoma de Occidente.40

Las autoridades de la Universidad Autónoma de México señalaron que se buscaría que todas las corrientes de pensamiento tuvieran representación en las cátedras, pero teniendo el cuidado de “no designar a personas que [hubieran] utilizado la docencia como medio para fines de política militante y con propósitos de alteración del orden público”, aunque se explicó que este criterio no pretendía “oponerse a la injerencia del magisterio en la vida pública, en uso legítimo de los derechos que la Constitución [otorgaba] a los ciudadanos”. Para el funcionamiento de la universidad, el gobierno del estado proporcionaría los edificios ocupados por los institutos dependientes de la Dirección General de Estudios Superiores y, una vez desaparecidas ésta y la Universidad Autónoma de Occidente, entregaría anualmente a la Universidad de Guadalajara la misma cantidad de dinero que se había destinado a las dependencias de la dirección. Además, la unión sugerida se realizaría a partir de un acuerdo que posibilitara la revalidación de los estudios impartidos por las instituciones que se planteaba fusionar; y se formularía una ley especial que garantizara y ampliara las propuestas anteriores.41

El ejecutivo estatal rechazó la contrapropuesta presentada por las autoridades de la Universidad Autónoma de México. A manera de dictamen, en junio de 1937, se informó a los dirigentes de ésta la decisión de hacer valer los planteamientos que en materia educativa establecían la constitución política del país y el Plan Sexenal, por lo que se consideraban inaceptables sus ofrecimientos. Las autoridades estatales expusieron su desacuerdo con la filiación ideológica y la orientación de las actividades de los miembros de la Universidad Autónoma de Occidente, institución a la que se tildó de “fábrica de intelectuales defensores de los intereses clericales”.42

Ante el fracaso de las negociaciones, los directivos de la Universidad Autónoma de Occidente determinaron, el 10 de julio de 1937, cambiar el nombre de la institución por el de Universidad de Guadalajara, de la que decían ser los legítimos herederos. Las autoridades estatales, los diputados locales y federales de la entidad, los miembros de la Dirección General de Estudios Superiores, intelectuales y miembros de diversas organizaciones de izquierda protestaron contra lo que consideraron un acto de usurpación de la memoria histórica. En respuesta, el gobierno estatal dio curso al restablecimiento de la Universidad de Guadalajara,43 al tiempo que las autoridades de la Universidad Autónoma de México reafirmaron su apoyo al proyecto universitario autonomista en Jalisco.44 El 22 de julio de 1937, el gobernador Everardo Topete emitió un decreto por el que la Dirección General de Estudios Superiores cedía su lugar a la Universidad de Guadalajara. Posteriormente, para ratificar esta decisión, el gobernador expidió una nueva ley orgánica universitaria, con fecha de 9 de noviembre de 1937.45

La reapertura de la Universidad de Guadalajara, en julio de 1937, representó la continuidad de la Ley Orgánica de Educación Superior de 1935. Sin embargo, esta situación cambió con la ley orgánica del 9 de noviembre de 1937, la cual buscó dar sustento a un nuevo proyecto universitario, así como el rompimiento con el estado de cosas que había permitido la existencia y funcionamiento de una institución privada de

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40 Ídem, Mendoza Cornejo, Organizaciones y movimientos estudiantiles en Jalisco de 1935 a 1948..., p. 77.41 AGN/LCR, c. 704, exp. 534.2/1.42 Ídem. Yankelevich, Educación socialista en Jalisco, pp. 170-172.43 El 23 de octubre de 1934 fue derogada la ley orgánica de la Universidad de Guadalajara, del 26 de febrero de ese mismo año. A partir de ese momento, el ejecutivo estatal procedió a la reorganización de la educación superior sobre bases socialistas. El 23 de febrero de 1935 se promulgó la Ley Orgánica de la Educación Superior, con la cual se estableció la Dirección General de Estudios Superiores, en sustitución de la clausurada Universidad de Guadalajara. Ruiz Moreno, Apuntes para la historia de la Universidad de Guadalajara…, pp. 87-89. La Universidad de Guadalajara, pp. 141-149.44 Mendoza Cornejo, Organizaciones y movimientos estudiantiles en Jalisco de 1900 a 1937..., pp. 262-263. Mendoza Cornejo, Organizaciones y movimientos estudiantiles en Jalisco de 1935 a 1948..., p. 78.45 La Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara, del 9 de noviembre de 1937, mantuvo el carácter “socialista” de su antecesora, la Ley Orgánica de Educación Superior del 23 de febrero de 1935, pero introdujo cambios sustanciales en la estructura de gobierno universitaria y en los mecanismos de su elección.

educación superior con carácter autónomo. La reapertura de la Universidad de Guadalajara tuvo como objetivo contrarrestar la consolidación que, con el apoyo de las autoridades de la Universidad Autónoma de México, estaba logrando la Universidad Autónoma de Occidente.46

La universidad socialista y el control del Estadosobre la educación superior

La similitud entre la Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara, de noviembre de 1937, y la Ley Orgánica de la Universidad Michoacana, de marzo de 1939, puede apreciarse no sólo en su estructura general y contenido, sino en la idéntica redacción de algunas de sus partes. En ambas leyes se estableció que la universidad sería una “institución de servicio público, destinada a cumplir, en el campo de la educación superior, los principios que en materia educativa [sustentaba] la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” (artículo primero de las dos normas). También coincidieron en que los principales fines de la universidad serían el fomento de la investigación científica, la formación de técnicos y profesionistas y la difusión de la cultura (artículo segundo de ambas leyes). La organización administrativa planteada para las dos instituciones en sus respectivas leyes orgánicas fue muy similar. El sostenimiento y gobierno de la universidad tuvieron esquemas casi idénticos. En los capítulos relativos al gobierno de la universidad (Capítulo IV, Artículo 20, de la Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara; Capítulo V, Artículo 12, de la Ley Orgánica de la Universidad Michoacana) se estableció que el gobierno y la dirección técnica y administrativa de la universidad serían ejercidos por: el Consejo Universitario; el rector; los directores de las escuelas, facultades, departamentos, institutos y demás dependencias, y los consejos de facultad o escuela. La organización y el funcionamiento del Consejo Universitario, así como de los consejos de facultad o escuela y de las comisiones técnicas, también fueron muy parecidos.

Una de las similitudes más significativas fue la que se derivó del capítulo correspondiente al rector. Entre otros puntos en común, se estableció que éste sería nombrado por el ejecutivo del estado, a partir de una terna propuesta por el Consejo Universitario. Como parte de los requisitos indispensables para ocupar el cargo estuvieron: ser mexicano por nacimiento; tener título o grado universitario superior al de bachiller; haber sido catedrático de algún plantel universitario y “tener antecedentes científicos y reconocida ideología socialista” (Artículo 22 de la Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara; Artículo 31 de la Ley Orgánica de la Universidad Michoacana).

Las similitudes en la legislación universitaria en Jalisco y Michoacán dan cuenta de la estrategia utilizada por las autoridades estatales y federales en la lucha por el control de la educación superior universitaria. Estas dos entidades federativas fueron, durante los años treinta, escenarios en los que se confrontó el modelo universitario autonomista que hacía ostensible su rechazo a la política educativa oficial. En su lugar, se propuso el establecimiento de una universidad de Estado, acorde con los planteamientos que en materia educativa consagraban las leyes del país y promovía el gobierno de la república.

La legislación universitaria impulsada en Jalisco y Michoacán en la segunda mitad de la década de 1930 mostró los intentos de los gobiernos estatales y federal por mantener su influencia en un ámbito de la educación pública que les era cada vez más hostil. La lucha por el control de la educación superior universitaria puso de manifiesto la fortaleza del proyecto educativo que promovía la Universidad Autónoma de México. Esta institución no sólo mantuvo un alto nivel de independencia respecto al Estado, sino que alentó y guió las manifestaciones de resistencia contra la política educativa oficial.

La aplicación de la educación socialista y la existencia de una universidad autónoma en Jalisco generaron una serie de enfrentamientos en los que participaron organizaciones estudiantiles y autoridades de diversas instituciones educativas, jerarcas del clero católico y funcionarios de los gobiernos federal y estatal. Por su parte, la Ley Orgánica de la Universidad Michoacana de marzo de 1939 fue posible, en gran medida, por la labor política desarrollada por diversas organizaciones de corte socialista, con el concurso de autoridades estatales y federales que defendían un proyecto ideológico común. En ambos casos fueron

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46 García Carmona, La educación superior en el occidente de México. Tomo II…, p. 209.

evidentes los múltiples intereses involucrados en la lucha por controlar la educación superior y las instituciones encargadas de impartirla.

Las leyes orgánicas de las universidades de Guadalajara y Michoacana, de 1937 y 1939, también reflejaron las diferencias y coincidencias ideológicas entre los universitarios y los representantes del poder público. La idea del establecimiento de la universidad socialista representó el intento por poner en práctica un modelo de institución educativa con fundamentos filosóficos e ideológicos y con un programa político identificados con los intereses del gobierno de la república. Detrás de este proyecto de institución universitaria estaba la idea de que la educación, como una función y garantía sociales de carácter público, debería ser orientada e impartida por el Estado de un modo absoluto.47 Por esta razón, el establecimiento de una universidad socialista fue incompatible con los postulados de la libertad de cátedra, y de la autonomía en la organización y funcionamiento de las instituciones educativas; principios que eran defendidos por un amplio sector de universitarios del país.

La reglamentación de la vida universitaria, el complementode la ley orgánica

Durante la segunda mitad de 1939, las autoridades de la Universidad Michoacana realizaron una intensa actividad para llevar a efecto sus planes de reglamentación de las labores administrativas y académicas de la institución. Las inscripciones, las pensiones, las actividades de los empleados, entre otras áreas, se les asignaron reglamentos especiales. Estos ordenamientos fueron la parte complementaria del proyecto de dotar a la casa de estudios con un cuerpo legal “socialista”.

Desde el momento de su llegada a la rectoría, Natalio Vázquez Pallares impulsó un ambicioso proyecto de reformas a la estructura universitaria. La primera transformación sustancial ocurrió en marzo de 1939, cuando se modificó el presupuesto aprobado por la administración anterior y fueron suprimidas varias dependencias universitarias. El 3 de marzo, en el Consejo Universitario se acordó la reestructuración –virtual desaparición– del Departamento de Cultura Física, debido a la desorganización y malos manejos que las autoridades detectaron. Otra dependencia afectada fue la Escuela de Comercio, la cual fue suprimida debido a sus pobres resultados académicos; igual suerte corrió el Departamento de Cultura Estética.48

Vázquez Pallares también propuso la supresión del Centro Cultural Obrero. El argumento principal de esta petición fue el de que con la partida asignada para su sostenimiento y las condiciones materiales en que trabajaba era imposible que cumpliera con la función para la que había sido creado. En el Consejo Universitario se comentó que el Centro Cultural Obrero no podía ofrecer una adecuada educación a los trabajadores, tanto en el aspecto ideológico como en la parte práctica, debido a que carecía de los talleres adecuados para la enseñanza. El rector explicó que se carecía del equipo y los materiales mínimos para impartir un buen servicio; señaló que la universidad estaba representando un papel demagógico sosteniendo un centro cultural para obreros a los que, por las condiciones del establecimiento, no podía ayudar, mientras se gastaba dinero que podría aprovecharse para mantener pequeños talleres en las escuelas secundarias. Vázquez Pallares afirmó estar consciente del posible rechazo del sector obrero ante la posibilidad de que una universidad socialista suprimiera las actividades para los trabajadores, pero consideró un acto de demagogia mantener esa situación. Finalmente, la propuesta de supresión del Centro Cultural Obrero fue aprobada unánimemente por el Consejo Universitario.49

La administración de Vázquez Pallares también puso en marcha un nuevo sistema para la designación de los profesores para el ciclo secundario, modificando el mecanismo de distribución de las cátedras. Además, la rectoría propuso un proyecto para que se nombrara únicamente a profesores titulados y no a los estudiantes, con el fin de fomentar la especialización de los docentes en las materias impartidas y sentar las bases para el establecimiento de la profesión de profesor universitario.50

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47 Natalio Vázquez Pallares, “La educación socialista. Un ensayo de interpretación constitucional”, 1938, en APEAV, c. 34, p. 9.48 En la Escuela de Comercio solamente se titularon tres taquígrafos y dos contadores en el periodo 1933-1939. “Informe del C. Rector de la Universidad”, p. 19. AHUM, CU, S. A., 3 de marzo de 1939.49 Ídem.50 Ídem. “Informe del C. Rector de la Universidad”, pp. 8-11.

Las pensiones estudiantiles también fueron objeto de algunos cambios. En marzo de 1939, el Consejo Universitario aprobó una propuesta de Vázquez Pallares consistente en que se cancelaran las becas otorgadas en efectivo y el dinero asignado se distribuyera en las casas del estudiante para aquellos alumnos con los mejores promedios. Vázquez Pallares señaló que para los estudiantes pensionados existía un sistema muy deficiente que les exigía un promedio muy bajo y que las becas en efectivo no constituían ninguna ayuda para el sostenimiento del alumno. Por esa razón, la rectoría proponía que todos los estudiantes pensionados se concentraran en la Casa del Estudiante, que demostraran la necesidad del apoyo económico y que, a cambio, les fuera exigido un buen desempeño académico.51 Con la modificación del régimen de becas y el subsiguiente aumento en el control de la asignación de calificaciones y asistencia a clases por parte de los alumnos, las autoridades trataron de combatir el elevado nivel de ausentismo en las aulas, así como las facilidades que daban las autoridades para que los alumnos justificaran sus ausencias. Pero, además, con estas medidas se buscó combatir el tráfico de influencias a que estaba sujeta la asignación de las pensiones. Las inscripciones también fueron objeto de una reglamentación especial.52

La administración de Natalio Vázquez Pallares consideró, como uno de los elementos más importantes del nuevo modelo universitario, el reconocimiento de los derechos y las obligaciones a que deberían estar sujetos los empleados técnicos y administrativos que prestaban sus servicios en la institución. Para 1939, los empleados universitarios –“servidores manuales”– recibieron aumento de sueldo y se reconoció personalidad suficiente al Sindicato Único de Empleados de la Universidad como el órgano con que directamente serían tratados los asuntos relacionados con los trabajadores.53

Otra de las medidas aplicadas por la nueva administración universitaria fue la descentralización de las funciones de la rectoría, para que las diferentes dependencias pudieran aplicar medidas disciplinarias.54 Durante el rectorado de Vázquez Pallares también se reorganizó la Casa del Estudiante Nicolaita, para hacer frente a los robos y malos manejos en su dirección, además de las muestras de desobediencia de los estudiantes.55

La labor de reglamentación realizada por las autoridades universitarias estuvo acompañada de un esfuerzo por renovar y actualizar las bibliotecas y los laboratorios. Enrique Arreguín y Jesús Díaz Barriga, entre otros ex nicolaitas, gestionaron el apoyo de algunas dependencias del gobierno federal para llevar a cabo mejoras en las instalaciones universitarias.56 Sin embargo, la mayor parte de los recursos extraordinarios que recibió fue otorgada con la finalidad de afrontar los gastos de la celebración del cuarto centenario del Colegio de San Nicolás, que se realizaría en 1940. Este apoyo, por ser transitorio y extraordinario, no pudo ser utilizado de manera directa para atender las necesidades de todos los planteles y sectores universitarios.57

El plan de reformas en la estructura universitaria de Vázquez Pallares fue impugnado por una gran parte de los sectores afectados con esas medidas. Las clausuras de la Escuela de Comercio y del Centro Cultural Obrero, así como la supresión de los monitores de educación física, generaron muestras de rechazo de algunos universitarios. En marzo de 1939, además de los alumnos y algunas autoridades de la Escuela de Comercio, se sumaron a las protestas los miembros de organizaciones juveniles ligadas al PRM en diversos estados del país. Los inconformes reprobaron la decisión de las autoridades universitarias de Michoacán y pidieron ante el gobierno federal que la SEP estableciera una Escuela de Comercio en Morelia.58

No obstante, a pesar de la agitación causada y de las críticas que las acusaban de haber suprimido algunas dependencias para hacer uso del presupuesto con fines particulares, las autoridades universitarias mantuvieron la decisión de prescindir de algunas dependencias de la institución, como las anteriormente mencionadas.59

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51 AHUM, CU, S. A., 3 de marzo de 1939.52 Ibíd., 6 de septiembre, 11 de octubre y 6 de noviembre de 1939. “Informe del C. Rector de la Universidad”, p. 14.53 Ídem.54 Ibíd., pp. 19-21.55 AHUM, CU, S. A., 31 de julio de 1940.56 “Informe del C. Rector de la Universidad”, pp. 11-12, 18-19. Para 1940, la Universidad Michoacana contó con un presupuesto de 250 mil pesos, de los cuales 200 mil correspondían a la subvención del gobierno del estado y el resto a la subvención federal. “Informe de labores de la Universidad Michoacana, en el periodo 16 de septiembre de 1939 al 31 de agosto de 1940”, en AHUM, UMSNH, R, Informes, 1940, c. 7.57 AHUM, CU, S. A., 17 de enero de 1940.58 AGN/LCR, c. 705, exp. 534.2/20.59 “Clausura de un Departamento Universitario”, en Ariete, 23 de junio de 1940, pp. 1, 4. “Informe del C. Rector de la Universidad”, pp. 19.

LA UNIVERSIDAD SOCIALISTA IMPUGNADA, 1938-1940

La universidad socialista impugnada

Las mayores muestras de rechazo al proyecto de universidad socialista promovido por Natalio Vázquez Pallares surgieron de sectores cuya orientación ideológica parecía no estar en contradicción con aquello que criticaban. El movimiento opositor a la administración de Vázquez Pallares tuvo como programa de acción la efectiva realización de la reforma socialista en la universidad. Las autoridades universitarias fueron acusadas de haber traicionado los ideales del movimiento al utilizar a la institución como simple plataforma política para acceder a cargos en los gobiernos estatal y federal. Esta crítica se extendió hacia las administraciones anteriores, especialmente las de Jesús Díaz Barriga y Enrique Arreguín.

En enero de 1938, un grupo de universitarios60 publicó un manifiesto dirigido a la comunidad universitaria en el que expresaron su intención de promover una transformación radical de la Universidad Michoacana. Sus autores señalaron que esta institución estaba atravesando por una crisis moral que le impedía cumplir con su responsabilidad social. Se acusó a fuerzas “reaccionarias y seudoizquierdistas” de ser las causantes de la situación y de impedir que la universidad prestara sus servicios a los trabajadores. Por esa razón, los firmantes del manifiesto planteaban la “revolución” definitiva dentro de la universidad y denunciaron que la institución se había convertido en botín de políticos y que era utilizada para fines particulares.61

Los firmantes del documento expresaron su decisión de hacer valer la universidad socialista, con nuevos tipos profesionales, nuevos planes de estudio y nuevos métodos de enseñanza. Proponían una transformación radical porque consideraban que una institución que seguía manteniendo viejas organizaciones y prácticas no podía ser etiquetada como izquierdista. En el manifiesto se postuló una universidad de servicio social y no una casa de demagogia. Asimismo, los firmantes consideraban que dentro de la Universidad Michoacana había solamente tres partidos para elegir: el partido de la reacción y del clericalismo; el partido de los oportunistas, de los logreros y de los aventureros de la revolución, del socialismo y de la tradición ideológica universitaria, y el partido de los revolucionarios honestos, sinceros.62

Los argumentos esgrimidos en enero de 1938 se mantendrían presentes y serían la base de posteriores críticas a la administración de Natalio Vázquez Pallares. Desde el inicio de su gestión, las nuevas autoridades universitarias fueron acusadas de traición a los principios socialistas y de utilizar la supuesta reforma universitaria para acceder a cargos públicos, tal como había ocurrido en el pasado.

Los conflictos serían la constante de la gestión universitaria de Natalio Vázquez Pallares. Desde diversos frentes y por diferentes motivos las autoridades universitarias serían objeto de ataques y protestas que obstaculizarían de manera decisiva el desempeño de sus labores.

Algunos de estos problemas no fueron responsabilidad exclusiva de los funcionarios de la universidad, como fue el caso de la huelga en la Escuela Normal de agosto de 1939, motivada por las demandas de federalización de esa dependencia académica. Una comisión de estudiantes normalistas se había trasladado a la ciudad de México para exponer sus demandas al presidente de la república, y recibieron de éste la promesa de apoyo material y un subsidio por el resto del año. Como medida de presión, los estudiantes decidieron suspender las labores docentes hasta que se concretara la recepción de los recursos que se les habían ofrecido. Las autoridades universitarias consideraron injustificada la huelga y pidieron a los estudiantes que volvieran a clases. El rector Natalio Vázquez Pallares dijo apoyar la federalización de la Escuela Normal, ya que de esa manera el plantel contaría con mayores recursos de los que podría otorgarle la Universidad Michoacana, pero consideró improcedente la actitud de los estudiantes debido a que no estaba en manos de las autoridades universitarias dar solución al problema.63

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60 Pablo Rivadeneyra, Miguel Silva, Alejandro Rábago, Jesús Izquierdo, Matías Rangel, José T. Valdez, Francisco Rodríguez, Leopoldo Arreola, Miguel R. Quintana, Vicente Chávez, Juan Hernández, Carlos Contreras, Jesús López Ruano, Antonio Ramírez, Jesús P. Constantino, Genaro Velázquez, Agapito Hernández, Luis Rangel, Gilberto Sanguino, José M. Vega, Juan Núñez y Fernando Guzmán.61 “Manifiesto a las autoridades, a los profesores y a los estudiantes de la Universidad Michoacana”.62 Ídem.63 “Sigue la huelga en la Normal”, en Heraldo Michoacano, 30 de agosto de 1939, pp. 2, 7.

Sin duda, uno de los mayores obstáculos para el desarrollo de las actividades universitarias fue la baja asistencia a las sesiones del Consejo Universitario, situación que ponía en entredicho la legalidad de los acuerdos alcanzados. En especial, era notoria la falta de los representantes del sector estudiantil. Los diversos reglamentos promovidos por las autoridades universitarias fueron discutidos y aprobados, en la mayoría de los casos, con un reducido número de consejeros y sin la representación del estudiantado. Muchas de las sesiones fueron declaradas legales después de haber sido convocadas por segunda vez.

En septiembre de 1939, Natalio Vázquez Pallares se dirigió a los miembros para tratar el asunto de la asistencia de los consejeros a las sesiones. El rector llamó la atención sobre la necesidad de formular y aprobar los reglamentos derivados de la nueva ley orgánica, para lo que hacía falta la asistencia de todos los consejeros universitarios, en especial de los alumnos. En atención a la preocupación de la rectoría, la asamblea decidió dirigirse a los presidentes de las sociedades de alumnos para que exigieran la asistencia de sus representantes al Consejo Universitario.64 Sin embargo, estos llamados fueron ignorados sistemáticamente, por lo que, en julio de 1940, se tomó la decisión de sancionar, mediante la aplicación de multas económicas, a los consejeros que sin causa justificada se ausentaran de las sesiones.65

El descontento estudiantil

El principal sector opositor a la nueva administración universitaria fue el estudiantil. Prácticamente desde el inicio de su gestión, Natalio Vázquez Pallares fue objeto de las críticas de las principales organizaciones de alumnos. En abril de 1939 un grupo de estudiantes66 protestó ante el presidente de la república por supuestas represalias de parte del gobernador del estado, Gildardo Magaña, y de las autoridades universitarias por haber asistido a un congreso de unificación estudiantil.67

Poco tiempo después, los problemas entre la rectoría y los estudiantes pusieron en riesgo la ratificación de Natalio Vázquez al frente de la universidad. La elección de la terna para que el ejecutivo estatal designara al rector definitivo fue entorpecida por la ausencia de los representantes alumnos ante el Consejo Universitarios. De acuerdo con la nueva ley orgánica, deberían formar parte del consejo tres representantes de la federación estudiantil, pero para junio de 1939 ésta aún no se había constituido.

El 27 de junio de 1939 se realizó una sesión extraordinaria del Consejo Universitario que tuvo como fin, entre otros, la elección de la terna para que el ejecutivo estatal designara al rector definitivo.68 En la sesión se informó que la representación de la Federación de Maestros al Consejo Universitario había quedado integrada por Adalberto Caballero, Julián Sierra Gómez y Pedro Pérez Villalobos. A la vez, se indicó que faltaba la representación de los estudiantes debido a que aún no se había formado la respectiva federación. La ausencia de los delegados estudiantiles ponía en entredicho la legalidad de la sesión y, por consiguiente, la elección de la terna para la designación de rector definitivo, puesto que podía interpretarse como una violación del principio de paridad señalado en la legislación universitaria.

Los profesores y las autoridades rechazaron tener responsabilidad en la negativa del estudiantado a formar su federación. Natalio Vázquez Pallares informó que los estudiantes habían ignorado una convocatoria en ese sentido, pero consideró necesario elegir la terna para no dar lugar a la percepción de que se estaba retrasando la elección del rector definitivo. Finalmente, en vista de que los únicos ausentes eran los representantes de la federación estudiantil, la asamblea consideró legalmente constituido el Consejo Universitario, señalándose que se posponía la elección de la terna para el nombramiento de rector. En la sesión se acordó que la rectoría hiciera un llamado a los estudiantes para que, en un plazo de diez días, formaran su federación, señalándoles el grave perjuicio que cometerían de no acatar la

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64 AHUM, CU, S. A., 6 de septiembre de 1939.65 Ibíd., 31 de julio de 1940.66 Rubén Acosta, Jesús Gutiérrez, Palemón Ayala, Daniel Chávez, Ramón Domínguez Y., M. Isaac Reyes H., Antonio Villalón, Arturo Ruiz, Agapito Ochoa Reyes, Luis Eduardo Delabra, Melchor Maciel, Luis Salcedo y Rubén Ascencio.67 AGN/LCR, c. 746, exp. 534.9/7.68 AHUM, CU, S. A., 27 de junio de 1939.

disposición.69 Sin embargo, a pesar de la advertencia, pasarían varios meses antes de que la federación estudiantil quedara constituida.

Los estudiantes se organizan, la Federación EstudiantilUniversitaria de Michoacán

En los primeros meses de 1940, los miembros del CEN promovieron la creación de la Federación Estudiantil Universitaria de Michoacán (FEUM). Si bien las autoridades universitarias habían insistido, a lo largo de 1939, en la creación de una organización de ese tipo, la iniciativa del CEN tuvo un propósito diferente al esperado por la administración de Natalio Vázquez Pallares. De acuerdo con el programa del CEN para 1940, la organización estudiantil se proponía mantener su independencia de las autoridades universitarias, en cuanto a su estructura y funcionamiento; así como abanderar la inmediata creación de la FEUM, órgano considerado como indispensable para lograr una reforma universitaria efectiva. En el aspecto económico se buscaría incrementar el subsidio que recibía la universidad, aumentar el número de pensiones a los estudiantes pobres y eliminar las cuotas de inscripción y de laboratorios. En materia pedagógica, el CEN se proponía lograr un aumento de sueldo a los profesores para que se dedicaran por completo a sus disciplinas científicas; además, lucharía por una renovación en la planta docente, se buscaría una mejora en las bibliotecas y se promovería la edición de los textos necesarios para la enseñanza. También se pugnaría por que se aplicara la reglamentación del Artículo 3º constitucional en la Universidad Michoacana. Sobre los problemas externos, la dirigencia del CEN proponía que se cumpliera el principio revolucionario “la cultura al servicio del pueblo”,70 por lo que pedían la reanudación de las llamadas “fiestas para el pueblo”. También se propuso que la universidad, en el plano ideológico, ante los problemas internacionales, se pronunciara contra el imperialismo, el fascismo y la guerra.71

El CEN, con autorización de las sociedades de alumnos de las escuelas universitarias, lanzó el 10 de abril de 1940 la convocatoria para el congreso constituyente de la FEUM. El congreso se realizaría en Morelia entre el 25 y el 27 de abril de 1940, con la participación de delegados previamente acreditados ante la comisión organizadora y el CEN, entre el 17 y el 24 de abril. Dentro del temario del congreso se propuso analizar la organización de los estudiantes y su programa de lucha, así como la educación en México y la función de la universidad; en particular se discutiría sobre el Artículo 3º constitucional y su reglamentación, sobre la reforma universitaria, y sobre la planificación de los programas de estudio y el establecimiento de nuevas carreras.72

La FEUM fue establecida como una organización para la defensa de los estudiantes universitarios que se proponía luchar por la independencia del movimiento juvenil. Además, la FEUM se postuló como una agrupación “revolucionaria y antiimperialista” sustentada ideológicamente en los principios del “socialismo científico”. Como objetivo inmediato de la organización se estableció la efectiva realización de la reforma universitaria, así como la verdadera participación de los estudiantes en el gobierno de la universidad. Al mismo tiempo, la FEUM retomó algunos puntos del programa de acción del CEN, al proponerse el mejoramiento material de la Universidad Michoacana, la gestión de un mayor subsidio, así como la adquisición de libros y materiales de laboratorio. También se buscaría facilitar el ingreso de estudiantes de escasos recursos a las aulas universitarias, la eliminación de las cuotas de inscripción y colegiaturas, y mejorar las condiciones salariales de los profesores. La FEUM fue considerada como parte de la reforma universitaria

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69 Ídem.70 Por “fiestas para el pueblo” se entendían los actos político-culturales que, de manera regular, realizaba la Universidad Michoacana a mediados de la década anterior. Estos actos, que cumplían una función de extensión universitaria, incluían participaciones artísticas y deportivas, así como conferencias sobre temas de divulgación científica o de propaganda de campañas higiénicas, antialcohólicas, desfanatizadoras, alfabetizadoras, de educación sexual, entre otras.71 “Programa del CEN”, en El Nicolaita, 15 de abril de 1940, p. 4.72 “El 25 de abril, Primer Congreso de la Federación Estudiantil Universitaria de Michoacán FEUM” y “A los estudiantes universitarios de Michoacán”, en Ibíd., pp. 1, 2. “La Federación Universitaria se organiza”, en Joven Guardia, 18 de abril de 1940, p. 1.

y una consecuencia de la Ley Orgánica de marzo de 1939; además, fue señalada como una muestra del autogobierno que estudiantes y profesores tenían garantizado en la Universidad Michoacana.73

Dos meses después de la creación de la federación estudiantil, el comité ejecutivo de la misma llamó a las mesas directivas de las sociedades de alumnos de cada plantel y a los estudiantes en general para que asistieran al primer consejo de la organización, que se realizaría los días 28 y 29 de junio de 1940, en el salón de actos del Colegio de San Nicolás. El temario del consejo incluyó los siguientes asuntos: organización de la lucha por la efectiva y completa reforma universitaria; organización y control de la FEUM sobre los asuntos estudiantiles; organización de la actividad deportivo-militar, y asuntos generales. En el primero de estos puntos, se incluyeron aspectos como el aumento del presupuesto universitario; la participación de los estudiantes en el gobierno de la universidad; el funcionamiento del Consejo Universitario y de las academias de escuela, la actividad de los profesores y la labor de cátedra, y el reforzamiento de las bibliotecas.74 A estos temas se agregó una propuesta del comité ejecutivo del CEN que consistió en la petición de que en el primer consejo ordinario de la FEUM fuera discutido “el problema” que planteaba la presencia del rector de la universidad. También se propuso resolver las anomalías que se observaban en el Colegio de San Nicolás por la ausencia de muchos profesores y regularizar el trabajo de la federación para que pudiera cumplir sus postulados.75

El pleno del primer consejo ordinario de la FEUM votó una resolución donde se reprobó cualquier intento de quebrantar la disciplina organizativa y se condenó la existencia de grupos de carácter político que agitaban a los estudiantes con fines distintos a los de la federación. También se acordó que la agrupación sería el organismo de la unidad estudiantil, puesto que, según se desprendía de la ley orgánica universitaria, era ésta la única vía para la organización del alumnado.76

La resistencia organizada, el Partido Estudiantilde Renovación Universitaria

La hostilidad estudiantil hacia las autoridades universitarias fue creciendo a lo largo de 1940. En marzo, los estudiantes del Colegio de San Nicolás dejaron de asistir a clases, y en respuesta el Consejo Universitario concedió facultades extraordinarias al rector para aplicar las sanciones pertinentes. Sin embargo, esta medida no hizo sino aumentar las pugnas entre el alumnado y las autoridades universitarias.77 Poco tiempo después, en junio, se suscitó un problema en la Facultad de Derecho, ocasionado por violaciones en el trámite legal de varias revalidaciones de estudios encontradas en los expedientes de algunas personas que aparecían como alumnos de la escuela, entre ellos Francisco Martínez Vázquez, que figuraba como candidato electo a diputado local.78

Para ese momento ya algunos sectores estudiantiles se habían agrupado en una organización denominada Movimiento Universitario Pro Efectiva Reforma, la cual dirigió sus acciones contra el rector y sus colaboradores. Esta corriente se lanzó contra los “falsos reformadores”, con una plataforma ideológica que se proponía luchar por el rescate de los principios socialistas; por el acercamiento de la cultura a las masas trabajadoras; porque la universidad produjera realmente los técnicos que necesitaba el país y por la destitución de Natalio Vázquez Pallares. A éste, se le acusó de “demagogia, liderismo y trucos de política”. También se denunció que la cultura universitaria se estaba “aburguesando”, y prueba de ello era la disminución de las

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73 “Programa mínimo de la FEUM”, en El Nicolaita, 25 de junio de 1940, p. 7. Bulmaro García Solórzano, “La Ley Orgánica y la integración de la FEUM”, en El Bachiller, 30 de junio de 1940.74 “Consejo extraordinario de la FEUM”, en El Nicolaita, 25 de junio de 1940, p. 1.75 Como una de las causas de la antipatía de los estudiantes hacia el rector Natalio Vázquez Pallares se mencionaron las permanentes discrepancias entre éste y los miembros del CEN; a la vez, se le acusó de “oportunista, politiquero, demagogo, ambicioso”. “Saludo” y “Descontento estudiantil contra el actual rector”, en ídem.76 Luis Eduardo Delabra, “Las tareas de la organización estudiantil”, en Joven Guardia, 13 de septiembre de 1940, p. 12. La FEUM designó en su primer pleno a Manuel Gutiérrez como nuevo presidente de la organización en sustitución de Pedro Núñez I. Comité Ejecutivo: Manuel Gutiérrez, presidente; Manuel Silva, Luis Eduardo Delabra, José C. Fajardo, Raúl Arreola, Manuel Patiño G., Miguel R. Quintana, Fausto Acevedo, J. Jesús Pedraza, Pascual Rodríguez y Celia Gallardo. AGN/LCR, c. 496, exp. 437.1/1139.77 AHUM, CU, S. A., 14 de marzo de 1940.78 “Conflicto en la Escuela de Leyes”, en Ariete, 23 de junio de 1940, p. 2.

facilidades para el ingreso de estudiantes pobres, el aumento de las colegiaturas y la poca o nula relación entre la universidad y los trabajadores. La divisa del nuevo movimiento estudiantil fue: “La Universidad está en bancarrota ideológica y administrativa”.79

El Movimiento Universitario Pro Efectiva Reforma se constituyó en el Partido Estudiantil de Renovación Universitaria (PERU), y con esa denominación realizó sus actividades. El PERU descalificó al grupo de los socialistas cardenistas universitarios, pero al mismo tiempo, de manera contradictoria, dijo luchar por los mismos ideales. Los miembros del PERU acusaron a la “oligarquía universitaria” de haber traicionado al movimiento de reforma y haber utilizado a la universidad para obtener cargos públicos en los gobiernos estatal y federal. Los miembros del PERU dijeron identificarse con el movimiento universitario de 1933, al que consideraron como un renacimiento para la Universidad Michoacana. Sin embargo, acusaron al grupo estudiantil dirigido por Esteban Figueroa, secretario general de la universidad, de traición por haber entregado el movimiento a los gobiernos de la universidad y del estado.80

La dirigencia del PERU denunció que la universidad estaba bajo el control de una camarilla que había heredado el poder de Jesús Díaz Barriga a Natalio Vázquez Pallares, pasando por Enrique Arreguín. Ante esa situación, el PERU se postuló como un organismo que buscaba luchar por la “exterminación” de la mafia controlada por aquél, por lo que pedían la salida de Vázquez Pallares y Figueroa de la universidad, representantes de la demagogia “chuchista”.81 Esta agrupación también se pronunció por una verdadera democracia universitaria para que la federación estudiantil dejara de ser instrumento del rector, y por una verdadera reforma que garantizara la realización de los postulados del Artículo 3º constitucional.82

El movimiento opositor a las autoridades universitarias se fortaleció, en julio de 1940, con el nombramiento de Manuel Gutiérrez, miembro del PERU, estudiante de leyes, como presidente de la FEUM.83 La nueva dirigencia estudiantil radicalizó sus acciones y anunció que la federación sería una organización de choque.84 Por su parte, los miembros del PERU llevaron a cabo una campaña propagandística contra la personalidad de Natalio Vázquez Pallares, al que criticaron por su mediocridad como estudiante; a la vez que por haberse declarado “divisionista” y por su anticlericalismo. Denunciaron que éste, a pesar de su pobre desempeño como estudiante, logró titularse como licenciado en derecho en tiempo récord. Además, se le atribuyó haber declarado que llegaría a ser secretario de gobierno, o en su defecto, procurador de justicia o magistrado. Como profesor universitario fue acusado de ausentismo.85

De manera paralela, se denunció que el rector respondía más a motivaciones políticas y personales que al interés de la universidad. Los miembros del PERU recordaron que Natalio Vázquez Pallares había iniciado un movimiento de reforma de la ley orgánica utilizando como táctica halagos hacia el gobernador e injurias hacia el rector José Gallegos, con el objetivo último de llegar a tener el control de la universidad. Las autoridades universitarias también fueron acusadas de violar la Ley Orgánica, de impedir el funcionamiento del Consejo Universitario y de hacer mal uso del patrimonio de la institución.86

El descontento estudiantil contra la administración de Natalio Vázquez Pallares fue capitalizado por los dirigentes de la FEUM para promover la realización de un plebiscito a través del cual se haría una serie de peticiones al gobierno del estado sobre la destitución del rector y algunos otros dirigentes universitarios. La idea prosperó y la consulta se efectuó los primeros días de julio de 1940 en el edificio del Colegio de San Nicolás.87

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79 “Lucha en la Universidad”, en ibíd., p. 1.80 Raymundo Álvarez Rodríguez, “¡La linterna... también se le perdió!”, en Ariete, 9 de julio de 1940, p. 2. Debe recordarse que el movimiento universitario de huelga de 1933 llegó a su fin tras la intervención de Lázaro Cárdenas, en ese momento secretario de guerra y marina, sin que se hubiera alcanzado la satisfacción de las demandas que lo originaron.81 “Chuchistas” fue el término con el que se identificó a los universitarios ligados a Jesús Díaz Barriga.82 “Dictadura universitaria con careta democrática”, en Ariete, 23 de junio de 1940, p. 3.83 “Un luchador en la FEU”, en Ariete, 9 de julio de 1940, p. 1.84 “La FEU será una institución de choque”, en ídem.85 “¿Quién es Natalio Vázquez”, en ibíd., p. 3.86 Ídem.87 “Se está llevando a cabo el gran plebiscito universitario”, en ibíd., pp. 1, 4.

La realización del plebiscito estuvo acompañada de otras acciones de protesta contra las autoridades universitarias. En julio de 1940, los estudiantes del tercer año de secundaria del Colegio de San Nicolás realizaron una huelga para pedir la destitución del profesor Adalberto Caballero, acusado de no explicar debidamente la materia de geografía de México.88 Los inconformes lo acusaron de estar incapacitado para dar la clase y de carecer de un método correcto para impartirla. Esta protesta fue apoyada por la FEUM.89

Ante el estado de huelga en que se encontraban los estudiantes, el rector pidió a los miembros del Consejo Universitario decidir sobre la remoción del profesor Caballero. En respuesta, se comunicó a los alumnos que su petición debería ajustarse a lo dispuesto en el artículo respectivo del reglamento de profesores, referente a remociones, y que para iniciar el procedimiento legal de destitución los alumnos deberían seguir asistiendo a las aulas hasta que se conociera el fallo definitivo. Además, el Consejo Universitario aprobó, por unanimidad, suspender las matrículas de todos aquellos alumnos que no concurrieran a clases; los exhortó a que su petición fuera formulada por la vía legal, a la vez que el trámite se hiciera en forma correcta y decorosa.

En el Consejo Universitario se acordó sancionar a los alumnos Moisés Nares y Benjamín Méndez por su participación en algunos desórdenes ocurridos en el Colegio de San Nicolás. El castigo consistió en suspender el pago de las pensiones que recibían. No obstante, esta medida fue rectificada en el caso del estudiante Nares, quien fungía como secretario del CEN, a quien se le reintegró la pensión. En el caso de Benjamín Méndez la sanción fue confirmada después de que increpara al rector en actitud desafiante.90

El fin de la experiencia socialista en la Universidad Michoacana

La situación de choque que prevalecía entre las autoridades universitarias, principalmente el rector, y algunos sectores estudiantiles fue abordada en la sesión del Consejo Universitario del 10 de agosto de 1940. Vázquez Pallares denunció que los miembros del PERU, desde su formación, habían estado atacándolo de manera dolosa e injuriosa, y que, valiéndose del anonimato, eludían las responsabilidades por las acusaciones que hacían. Se refirió a los señalamientos de que las autoridades universitarias habían impuesto una dictadura y controlaban la institución sin el concurso del sector estudiantil, además de que habían iniciado negociaciones unilaterales con los gobiernos federal y estatal en lo relativo al presupuesto universitario.91

Natalio Vázquez Pallares pidió a los miembros del Consejo Universitario que tomaran cartas en el asunto y que se investigara para deslindar responsabilidades, bien fuera para sancionar al rector o para castigar a quienes hacían acusaciones sin fundamento. En el Consejo Universitario se discutió la necesidad de que fueran las comisiones de Honor y Justicia y de Hacienda las que estudiaran el tema, y se planteó buscar la paridad en su integración con la presencia de representantes de las autoridades, de los profesores y de los alumnos.92

A pesar de la propuesta de los miembros del Consejo Universitario de buscar una salida conjunta al problema, los estudiantes radicalizaron su posición. El 20 de agosto de 1940 estalló un movimiento de huelga dirigido a lograr la renuncia del rector Natalio Vázquez Pallares y su enjuiciamiento por un tribunal estudiantil.93 Alumnos del Colegio de San Nicolás y de la secundaria, apoyados por estudiantes de la Facultad de Leyes y demás dependencias universitarias, votaron la huelga general para pedir la salida de Vázquez Pallares y sus colaboradores. El movimiento acusó al rector de haber violado la Ley Orgánica; de no haber convocado al Consejo Universitario; de haber dispuesto para su beneficio personal de fondos universitarios; de haber tomado a la universidad como botín político y de haber repartido los puestos mejor remunerados entre sus amigos. Además, se denunció que Vázquez Pallares hacía alarde del apoyo que decía recibir de parte del gobernador electo, de quien afirmó sería secretario, y se le acusó de aprovechar su puesto para perseguir y

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88 “Huelga parcial de los estudiantes del 3er año de secundaria”, en ibíd., p. 1.89 AHUM, CU, S. A., 31 de julio de 1940.90 Ídem.91 Ibíd., 10 de agosto de 1940.92 Ídem.93 El Comité de Huelga fue presidido por Manuel Gutiérrez, presidente de la FEUM y representante estudiantil ante el Consejo Universitario; la secretaría quedó en manos de Agapito Ochoa Reyes, presidente del CEN. AGN/LCR, c. 745, exp. 534.8/3.

expulsar a los alumnos que no aprobaban sus procedimientos. En particular, se le denunció por haber pedido el encarcelamiento de los responsables de la publicación Ariete, Raymundo Álvarez y Daniel Cuevas.94

El comité de huelga aumentó sus ataques y denunció que a un año de que el gobernador del estado decidiera poner la universidad en manos de “un joven sin antecedentes científicos”, Vázquez Pallares sólo había utilizado su cargo para hacerse publicidad y acceder a un puesto más alto en la administración pública, sin cumplir con sus obligaciones como rector.95 Además, la dirigencia del PERU96 señaló que, violando la constitución de la república, Natalio Vázquez, en contubernio con su primo Lauro Pallares Carrasquedo, juez primero de lo penal, había mandado aprehender y encarcelar al estudiante Benjamín Méndez.97

El curso de los acontecimientos obligó a la intervención del ejecutivo estatal. Los problemas derivados de la huelga estudiantil llevaron a que, el 22 de agosto de 1940, en el Consejo Universitario, se designara una comisión para que, en conjunto con un representante del gobernador del estado, Conrado Magaña, y otro del gobernador electo, Félix Ireta, establecieran comunicación con los diferentes sectores universitarios –profesores, alumnos y empleados– para examinar su posición respecto a la huelga estudiantil. La comisión universitaria quedó integrada por José Márquez, el alumno de la Facultad de Derecho, Manuel Rodríguez Soto, y Roberto Cárdenas, empleado de la universidad.98

Mientras tanto, el 26 de agosto de 1940, Leopoldo Arreola Belman, Alberto Chávez Ramírez, Filemón Valdespino, integrantes del comité de huelga, enviaron un telegrama al presidente de la república para exponerle su situación. Los miembros del comité señalaron que su movimiento estaba dirigido contra el rector, Natalio Vázquez, y el secretario general, Esteban Figueroa. Denunciaron haber sufrido la represión de las autoridades universitarias, las que el 20 de agosto anterior habían mandado encarcelar a alumnos huelguistas. También acusaron a aquéllas de haber provisto de armas a los estudiantes, lo que derivó, el 22 de agosto, en un enfrentamiento dentro de la universidad en el que resultaron heridas tres personas.99 En el telegrama se hizo mención al plebiscito universitario y se informó del resultado adverso para el rector. Finalmente, pidieron la intervención del presidente de la república para conseguir la destitución tanto de Natalio Vázquez Pallares como de Esteban Figueroa. Solicitaron que el primero fuera procesado como autor material de los actos sangrientos.100

El plebiscito fue objeto de análisis el 27 de agosto. Ese día se reunieron, en el domicilio particular del general Félix Ireta, los miembros de la comisión nombrada el 22 de agosto anterior para que, en conjunto con los diferentes sectores universitarios, buscara una solución a la huelga de alumnos de algunas dependencias universitarias.101

El plebiscito incluyó a los sectores estudiantil, de profesores y de empleados de la universidad. En el área estudiantil la votación arrojó los siguientes resultados: a favor de la huelga, 333 votos; en contra, 243 votos; a favor de las autoridades universitarias, 140 votos; en contra, 416 votos. En términos porcentuales, 58% del estudiantado que votó en el plebiscito apoyaba el movimiento de huelga; 42% se declaró en contra del estado de huelga; 25% mostró su apoyo a las autoridades universitarias, y el restante 75% las rechazó.102 El

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94 “Huelga general en la Universidad”, en Ariete, 21 de agosto de 1940, pp. 1, 4.95 “Que renuncie el rector”, en ibíd., p. 3.96 El 21 de agosto de 1940, el comité ejecutivo del PERU era el siguiente: Daniel Cuevas, presidente; Filiberto Vargas Tentory, Salvador Linares, Leopoldo Arreola B., Ernesto Reyes, Moisés Nares, Enrique Cuevas, José García Tapia y Josefina Díaz Aldama. “Comité Ejecutivo del PERU”, en ibíd., p. 2.97 “Venganza del rectorcillo”, en ibíd., p. 1.98 AHUM, CU, S. A., 22 de agosto de 1940.99 Ídem. AGN/LCR, c. 745, exp. 534.8/3.100 Ídem.101 La comisión estuvo integrada, además de los representantes universitarios José Márquez, Manuel Rodríguez y Roberto Cárdenas, por el capitán León Castro Troncoso y por J. Antonio Bravo; estos dos últimos representantes de Félix Ireta Viveros, gobernador electo del estado, y de Conrado Magaña, gobernador del estado. AGHPEM, SG, IS, UMSNH, 1940, c. 03, exp. 37.102 Votación del plebiscito estudiantil en cada plantel: Facultad de Derecho, a favor de la huelga 32; en contra de la huelga 8; a favor de las autoridades 5; en contra de las autoridades 37; Facultad de Medicina, a favor de la huelga 2; en contra de la huelga 65; a favor de las autoridades 21; en contra de las autoridades 49; Farmacia, a favor de la huelga 3; en contra de la huelga 5; a favor de las autoridades ninguno; en contra de las autoridades 6; Facultad de Ingeniería, a favor de la huelga 1; en contra de la huelga 26; a favor de las autoridades 24; en contra de las autoridades 2; Dibujo Topográfico, a favor de la huelga ninguno; en contra de la huelga 2; a favor de las autoridades ninguno; en contra de las autoridades ninguno; Escuela Secundaria, a favor de la huelga 150; en contra de la huelga 26; a favor de las autoridades 11; contra las autoridades 156; Preparatoria, a favor de la huelga 159; en contra de la huelga 28; a favor de las autoridades 15; en contra de las autoridades 70; Escuela Popular de Bellas Artes, a favor de la huelga 54; en contra de la huelga 1; a favor de las autoridades ninguno, en contra de las autoridades 44. Ídem.

plebiscito del sector docente se realizó la noche del 26 de agosto de 1940, con la participación de únicamente 25 profesores. Al momento de la votación se dieron a conocer dos posiciones; Juan López Durá propuso que los profesores reprobaran el movimiento de huelga, tomando como base el principio de autoridad, pero al mismo tiempo se abstuvieran de emitir su voto con respecto a las autoridades universitarias, reconociendo que gran parte del problema, en su falta de solución, era responsabilidad del profesorado. La otra propuesta fue hecha por Arturo Núñez, quien señaló que los profesores deberían abstenerse de votar declarándose ajenos al enfrentamiento entre estudiantes y autoridades, debido a que en todos y cada uno de los conflictos que se habían presentado en la universidad desde su establecimiento nunca el profesorado había sido llamado para participar en su solución. Las dos propuestas fueron puestas a votación con un resultado de quince votos a favor de la proposición de López Durá, cinco para la de Núñez y cinco profesores presentes que se declararon neutrales. En el plebiscito de empleados se presentaron 37 trabajadores los cuales, de manera unánime, se declararon neutrales en el conflicto universitario.103

Ese mismo día, el Consejo Universitario sesionó con la asistencia, como invitados, de José María Mendoza Pardo, representante del gobernador del estado, y del gobernador electo, Félix Ireta. Éstos presenciaron la lectura del resultado del plebiscito y del dictamen sobre el mismo. Asimismo, en la sesión se dio a conocer un acuerdo de la sociedad de alumnos de la Facultad de Medicina en el que censuraban la actitud asumida tanto por los elementos huelguistas como por las autoridades universitarias, por no haber resuelto de manera rápida y eficaz el problema. Por su parte, los alumnos de la Facultad de Derecho enviaron un documento en el que reconocían que las autoridades universitarias, en la medida en que se los permitía el presupuesto de la institución, habían cumplido con el programa que les había trazado la reforma universitaria y, por lo tanto, los firmantes aceptaban los medios por los que las autoridades trataban de conseguir su cometido.104

En el Consejo Universitario, al hacer un análisis de las cifras del plebiscito, el rector pidió que se tomara en cuenta que de mil 600 alumnos inscritos en la universidad solamente un pequeño grupo apoyaba la posición de los huelguistas, porque los estudiantes “neutrales” no podían considerarse partidarios del paro; éstos deberían ser tomados en cuenta como individuos sin militancia política con el solo deseo de estudiar en la institución. De esto se desprendía, según Vázquez Pallares, que era mayoría la cantidad de alumnos que querían estudiar, contra aproximadamente 500 estudiantes con militancia política. Asimismo, se hizo notar que en el plebiscito solamente votaron los alumnos del tercer año; mientras que en la Facultad de Jurisprudencia votaron 37 alumnos de un total de cerca de 90. Buena parte de la discusión se centró en establecer si los estudiantes tenían o no derecho de huelga.

En la sesión se concedió la palabra a Leopoldo Arreola, miembro del comité de huelga, quien señaló que al iniciar el movimiento de protesta contra las autoridades universitarias muchos de los estudiantes, principalmente los directivos del periódico Ariete, le formularon a Vázquez Pallares cargos concretos. Acusaron al rector de violaciones a la Ley Orgánica porque a pesar de que la legislación establecía que la educación en la universidad debería ser socialista, no existían una planta de profesores ni un sistema de enseñanza que defendiera tal ideología. También acusó a Vázquez Pallares de haberse postulado “en forma discreta” para el cargo de rector, y de ausentismo en sus clases. También culpó al rector de pervertir a la juventud, aunque no se dijese de qué forma; de armar a quienes lo postularon y reprimir a sus adversarios.

Leopoldo Arreola señaló que Natalio Vázquez Pallares había prometido, sin cumplir, una reforma dentro de la universidad, por lo que se preguntó dónde estaba el dinero destinado a ese fin. Otro cargo fue el referido a las sanciones impuestas por el Consejo Universitario y a la manera irregular en la que funcionaba este órgano. Arreola señaló que Vázquez Pallares no cumplía con los requisitos para ser rector porque no tenía antecedentes científicos. También lo acusó de frecuentar cantinas y casas de citas. Finalmente, se le imputó haber amenazado a sus detractores de que tan pronto como fuera nombrado secretario de gobierno tomaría represalias; y de repartir prebendas y pensiones a sus allegados. Por su parte, el secretario de la universidad, Esteban Figueroa, fue acusado de haber alentado a los estudiantes a apedrear la casa del rector Gallegos, en los momentos en que se pretendía la llegada de Vázquez Pallares al cargo.

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103 Ídem.104 AHUM, CU, S. A., 27 de agosto de 1940.

En su defensa, Vázquez Pallares declaró que su ideología revolucionaria había sido valorada por el gobernador del estado al nombrarlo rector provisional, primero, y definitivo, posteriormente. Ante la acusación de que no existían profesores socialistas dentro de la universidad, manifestó que la aseveración era en parte cierta, ya que al momento de asumir la rectoría intentó separar a algunos profesores no socialistas, “reaccionarios”, de la Facultad de Derecho, pero éstos fueron defendidos por los estudiantes con el argumento de que no se removieran los profesores si no podían ser sustituidos por otros. En relación con las bibliotecas universitarias dijo poder probar, con los libros existentes y con las facturas, que se había ampliado el acervo de la Biblioteca del Colegio de San Nicolás con la adquisición de bibliografía y donaciones diversas. También indicó que se habían comprado libros para las diferentes escuelas universitarias. Se refirió a la labor realizada para dotar a la universidad de los laboratorios necesarios y a las mejoras materiales hechas en algunos edificios.

El rector también mencionó el conflicto en el Colegio de San Nicolás provocado por la petición de los estudiantes de tercer año de secundaria para que el profesor Adalberto Caballero fuera destituido de su puesto. Vázquez Pallares informó que el problema se había resuelto gracias al trabajo de una comisión de estudiantes del tercer año de secundaria y los miembros de la Federación de Estudiantes, el regente del Colegio de San Nicolás, el secretario de la universidad y el propio rector. La rectoría consideraba que tras la renuncia del profesor Caballero no había motivo para la huelga estudiantil, por lo que se reservó el derecho de proceder contra los estudiantes que se negaban a volver a clases.105

Finalmente, ante la imposibilidad para avanzar en la negociación con los huelguistas, el 29 de agosto de 1940 Natalio Vázquez Pallares solicitó ante el Consejo Universitario le fuera concedida licencia para separarse del cargo de rector. Esta petición se hizo en cumplimiento de un acuerdo tomado dos días antes, en el que se estableció que Vázquez Pallares solicitaría licencia en cuanto se levantara el estado de huelga, como en efecto había sucedido. El acuerdo también implicaba que el rector presentaría su renuncia definitiva cuando las comisiones de Honor y Justicia y de Hacienda presentaran su dictamen para que el Consejo Universitario emitiera un fallo definitivo. Por su parte, Esteban Figueroa, secretario general de la universidad, señaló que solicitaría licencia a su cargo en cuanto entrara en funciones un rector provisional.106

Con esa calidad fue nombrado Vicente Aragón, quien superó en votación, por mayoría, a Victoriano Anguiano. Sin embargo, Aragón declinó tomar posesión del puesto de rector de manera inmediata y pidió un plazo de 24 horas para decidir si aceptaba o no el nombramiento. Aragón lo rechazó por algunas manifestaciones de rechazo del sector estudiantil y porque no quería que se creyera que iba a continuar la política sustentada por Natalio Vázquez Pallares, pues parecía ser esa la percepción general. La asamblea aceptó su petición.107

El secretario general, Esteban Figueroa, se mantuvo al frente de la universidad en tanto se resolvía la designación de las nuevas autoridades. Fue hasta el 20 de septiembre que, en sesión del Consejo Universitario, se designó a la terna para la elección de rector definitivo. En la sesión se conoció que Natalio Vázquez Pallares había presentado su renuncia ante el gobierno del estado.108 La terna que sería enviada al nuevo titular del ejecutivo estatal quedó integrada por Victoriano Anguiano, Alfredo Gálvez y José Márquez B. La propuesta fue entregada al gobernador Felix Ireta quien, conforme a las facultades que le concedía el Artículo 29 de la ley orgánica universitaria, nombró a Victoriano Anguiano como nuevo rector el 21 de septiembre de 1940.109

La designación de Victoriano Anguiano fue un duro golpe político contra los universitarios socialistas. La llegada a la rectoría de un enemigo declarado de la universidad socialista causó las protestas de los “cardenistas” que denunciaron las maniobras de Anguiano para presionar al gobernador del estado, Félix Ireta, para que lo colocara al frente de la universidad, a pesar de carecer del requisito de ostentar una “reconocida ideología socialista”.110

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105 Ídem.106 Ibíd., 29 de agosto de 1940.107 Ídem.108 Después de su renuncia a la rectoría de la Universidad Michoacana, Natalio Vázquez Pallares fue nombrado procurador general de Justicia por el Congreso del Estado, el 24 de septiembre de 1940. En este puesto se mantuvo hasta el 2 de septiembre de 1942, cuando le fue concedida licencia ilimitada para separarse de sus funciones. Dos días después, el 4 de septiembre fue nombrado secretario particular del ejecutivo estatal.109 AHUM, CU, S. A., 20 de septiembre de 1940. AHUM, SA, Expediente de Victoriano Anguiano, exp. 1009.110 AGN/LCR, c. 745, exp. 534.8/3.

Breve itinerario político de un rector socialista

La actividad política de Natalio Vázquez Pallares en la segunda mitad de la década de los treinta estuvo guiada por la idea del establecimiento de un Comité Nacional Organizador de la Juventud Mexicana. Esta agrupación, que seguiría indicaciones directas del presidente de la república, estaría integrada por representantes de los sectores obrero (Confederación de Trabajadores de México) y campesino (Confederación Campesina Mexicana), así como de la Confederación Deportiva Mexicana, las JSUM, la Confederación de Estudiantes Socialistas Unificados, del PRM y un representante del sector estudiantil militar. La organización creada tendría como misión la formación de una Federación Estudiantil Única en Michoacán, como paso previo al establecimiento de la Confederación Mexicana de Estudiantes; asimismo, se encargaría de la formación de secciones juveniles en los sindicatos, comunidades agrarias y agrupaciones populares; y de la formación de la Agrupación Única de la Juventud en las diferentes entidades federativas, para posteriormente citar a un congreso constituyente de la juventud mexicana.111 Con este proyecto, Vázquez Pallares proponía que fuera el estado el encargado directo de la organización de la juventud, mediante agrupaciones educativo-deportivas.112

La consecución de este proyecto político fue la motivación que llevó a Natalio Vázquez Pallares a postularse y acceder a la presidencia de las JSUM a mediados de 1938. Pero, al mismo tiempo, Vázquez Pallares continuó trabajando para acercarse al ideal que guió sus actividades políticas desde los primeros años de la década de 1930. Como presidente del CEN, del Partido Nacional Estudiantil Pro Cárdenas, del FESO y finalmente como rector de la Universidad Michoacana, Vázquez Pallares trató de que la educación socialista se aplicara en las instituciones de enseñanza superior.

Natalio Vázquez Pallares concibió a la universidad, y a los conocimientos impartidos en su interior, como un elemento determinante dentro del proyecto de transformación de la sociedad nacional impulsado por el régimen cardenista. Vázquez Pallares consideraba que la universidad tenía la responsabilidad de organizar el material humano para llevar a cabo la transformación social entre los obreros y campesinos, porque desde el punto de vista socialista era ahí donde estaba el problema a resolver. Señaló que la escuela tenía la misión de establecer una nueva conciencia social en la que los estudiantes se solidarizaran con los trabajadores, ya que era ésta la manera de combatir el dominio estratégico que tenía la burguesía en la lucha social. Defendía la idea de que las profesiones y las carreras técnicas impartidas por la universidad deberían responder a las necesidades de la estructura económica y política del nuevo régimen que estaba formando la revolución,113 con lo que se hacía evidente, desde su punto de vista, una vez más, la necesidad de que fuera el Estado el principal responsable de controlar e impartir la educación superior en el país.

En la práctica, estas ideas sobre la organización juvenil y la misión y función de la universidad se mezclaron dentro del programa político de diversos grupos identificados con el cardenismo, que en el entorno estatal y nacional trataban de mantener las posiciones de poder alcanzadas en los años previos. La lucha por el control de la Universidad Michoacana, que enfrentaba a bandos delineados desde finales de los años veinte, se agudizó por la participación de los universitarios en contiendas políticas que rebasaban los límites visibles de la institución.

La sucesión del Poder Ejecutivo, en sus niveles estatal y federal, fue uno de los principales elementos desestabilizadores del entorno universitario entre 1939 y 1940. El proceso de llegada de Natalio Vázquez Pallares a la rectoría de la Universidad Michoacana y su permanencia al frente de la misma coincidieron con las movilizaciones electorales. La precampaña realizada por el gobernador del estado, Gildardo Magaña, tuvo incidencia directa en la vida universitaria desde el momento en que, buscando ampliar su base social de apoyo, mostró su simpatía por el movimiento reformista dirigido por aquél. Finalmente, estas circunstancias

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111 Natalio Vázquez Pallares, “Problema de la juventud”, 8 de abril de 1938, en AGN/LCR, c. 1351, exp. 711/152.112 Natalio Vázquez Pallares propuso crear una “teoría del movimiento juvenil mexicano”, para sentar las bases de organizaciones especiales para la juventud, las cuales tendrían un carácter educativo-deportivo, tomando como modelos a la “Asociación Cristiana de Jóvenes o a los Clubs de la Juventud Checoslovaca”. Además, propuso la intervención directa del Estado por medio de la SEP y el Departamento de Educación Física para la solución de los problemas de la juventud. AGN/LCR, c. 898, exp. 545.4/2.113 Natalio Vázquez Pallares, “La educación socialista. Un ensayo de interpretación constitucional”, 1938, p. 34, en APEAV, c. 34. Vázquez Pallares, Hacia la reforma universitaria, p. 35, 38.

marcarían el desarrollo de su rectorado, en el que algunos de sus momentos más difíciles coincidieron con el calendario electoral y la toma de posesión del nuevo ejecutivo estatal.

Las aspiraciones presidenciales del gobernador Gildardo Magaña y su apoyo a la gestión universitaria de Natalio Vázquez Pallares colocaron a las autoridades universitarias directamente dentro de la contienda electoral. Algunos grupos de universitarios criticaron la administración estatal de Magaña acusándolo de sostener una política “conservadora”, en detrimento del movimiento obrero y campesino del estado.114 Esta situación sería causa de cuestionamientos a la filiación política de las autoridades universitarias, como ocurrió en julio de 1940, cuando tras un enfrentamiento entre almazanistas y avilacamachistas, frente al Colegio de San Nicolás, la dirigencia del PERU acusó a los dirigentes universitarios y a sus seguidores de no haber estado presentes para cumplir con su “responsabilidad” en defensa de la “Revolución”.115

La cercanía con el poder público fue un arma de dos filos para el joven rector Natalio Vázquez Pallares. La manera, por momentos ostentosa, en que mostró sus relaciones partidistas lo colocaron como uno de los objetivos más visibles dentro de las contiendas por el poder, tanto dentro de la actividad universitaria como en la vida política pública. Su postura abiertamente oficialista y su publicitada lealtad incondicional al presidente de la república y las directrices del partido oficial fueron constante objeto de críticas. En abril de 1939, José Revueltas dirigió una carta a Vázquez Pallares en la que hizo una crítica al “movimiento juvenil” en México. Dentro de éste, Revueltas identificó dos corrientes: una que representaba el anhelo de dar a la juventud una conciencia y una noción de principios; y otra, que simplemente representaba el deseo de trasladar a los cuadros juveniles a las “prácticas perniciosas de la ‘política’ mexicana”. La primera de estas corrientes fue considerada como abanderada de una causa que no permitía ninguna concesión de principios; la segunda fue señalada como desligada de los principios fundamentales y buscando únicamente el ascenso a determinadas “posiciones”. Las dos tendencias fueron calificadas por Revueltas de la siguiente manera:

La primera corriente puede incurrir en errores, incluso muy graves; puede carecer de realismo, ser inconsecuente, no tener elasticidad. Pero fundamentalmente no es una posición equivocada. La segunda no puede tener errores; es un error ya en sí, error carente de justificación, fundamentalmente nocivo, peligroso y antijuvenil.116

José Revueltas denunció que se traicionaban los fines del movimiento juvenil al transformarlo en un movimiento de “oportunistas”; y adoptar prácticas ajenas con el argumento de que un movimiento “mexicano” debería usar métodos “mexicanos”. Revueltas señaló que el movimiento juvenil en México se encontraba ante un elemento perturbador: la campaña presidencial. Asimismo, criticó a quienes participaban en la contienda electoral únicamente para mantener su posición política y asegurar su futuro personal, y a quienes buscaban el favor y la preferencia de algún político influyente; y apuntó que la tarea del movimiento juvenil debería estar “por encima de todos los generales y ministros de la tierra”. Por esa razón, se declaró en contra de quienes preferían estar ligados a algún personaje que luchar por una causa permanente; criticó el divisionismo de algunos sectores del movimiento juvenil y señaló que era preferible perder una posición o una ventaja determinada que traicionar los principios en busca de mantenerse dentro del sistema.117

Las relaciones de Natalio Vázquez Pallares con el poder público afectaron negativamente su desempeño en la rectoría de la Universidad Michoacana, a la que accedió muy debilitado en el terreno político. Su nombramiento al frente de la institución fue considerado como una imposición del ejecutivo estatal, en detrimento de las autoridades universitarias en funciones y algunos grupos con posiciones políticas diferentes. Esta situación, aunada al carácter de algunas de las reformas puestas en marcha en la administración universitaria, causó la reacción de ciertos sectores que buscaron defender sus intereses. Otro

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114 “Vergonzante exhibicionismo de La Canalla Oposicionista del Estado”, en Heraldo Michoacano, 29 de noviembre de 1939, pp. 2, 7.115 “Choque a pedradas entre la Revolución y la reacción”, en Ariete, 9 de julio de 1940, p. 1.116 “José Revueltas a Natalio Vázquez Pallares”, en Juventud, abril de 1939, p. 11.117 Revueltas realizó una crítica a la estrategia política de Vázquez Pallares que sería repetida posteriormente. Revueltas criticó la posición de Vázquez Pallares de mantenerse dentro del sistema con el argumento de “que al fin de cuentas, desde ahí seguiremos luchando por la Revolución”. Ídem.

factor que afectó de manera negativa la actuación del rector Vázquez Pallares fue la escasez de recursos humanos y económicos que hizo imposible la aplicación de las reformas propuestas.

Es significativo el hecho de que las manifestaciones de inconformidad contra la administración de Natalio Vázquez Pallares no impugnaran el marco legal vigente en la universidad, en cuya creación había participado. La principal crítica hecha a las autoridades universitarias era la de haber traicionado los ideales socialistas, los cuales seguían teniendo validez en el discurso político y fueron esgrimidos por un sector que reclamó su derecho a participar en la conducción de la administración universitaria.

EL CUARTO CENTENARIO DEL COLEGIO DE SAN NICOLÁS. CELEBRACIÓNDE LA UNIVERSIDAD SOCIALISTA

Los preparativos

En los primeros meses de 1938 se concretó la idea de celebrar el cuarto centenario del establecimiento del Colegio de San Nicolás, que tendría lugar en 1940. Los principales promotores fueron los miembros de Vanguardia Nicolaita, cuyos integrantes se reunieron el 12 de marzo de 1938 para designar el comité organizador encargado de las obras y festejos que se realizarían a lo largo de 1940.118 La presidencia honoraria del comité fue concedida a Lázaro Cárdenas, y la vicepresidencia a Pascual Ortiz Rubio; no obstante, para fines prácticos, como presidente activo fue nombrado Enrique Arreguín. Para conformar el programa de actividades se acordó la convocatoria a un congreso de universidades de América; la organización de un museo histórico en el Colegio de San Nicolás; la publicación de ediciones conmemorativas escritas por nicolaitas; la conservación y adaptación del antiguo Colegio de Tiripetío; “el Primer Colegio de Estudios Superiores de América”, así como un conjunto de reformas en los laboratorios y aulas del Colegio de San Nicolás.119

Para llevar a cabo las tareas de organización de los festejos se designó una comisión de asuntos económicos integrada por Pascual Ortiz Rubio, Manuel Padilla y Jesús M. Sotelo. También se formó una comisión de intercambio para armonizar los trabajos entre el comité organizador, con sede en la ciudad de México, y su similar en Morelia, que estaría integrado por estudiantes nicolaitas, autoridades de la universidad y funcionarios del gobierno del estado.120

El inicio formal de las tareas de preparación para los festejos fue el 28 de marzo de 1938, cuando el presidente de la república aceptó el nombramiento de presidente honorario del comité organizador del cuarto centenario del Colegio de San Nicolás.121 Al mes siguiente se establecieron dos comités que trabajarían en forma conjunta desde la ciudad de México y Morelia. El primero de ellos quedó conformado por tres ex rectores de la Universidad Michoacana, Enrique Arreguín, Salvador Franco López y Jesús Díaz Barriga, como presidente, secretario y tesorero, respectivamente; por su parte, en la capital michoacana el grupo de trabajo estaría dirigido por el rector de la universidad.122

La celebración del cuarto centenario del Colegio de San Nicolás fue vista como una oportunidad de mostrar a la comunidad intelectual del país los logros y posibilidades del modelo de universidad socialista que se estaba impulsando en Michoacán. Con esa finalidad se planearon algunas mejoras en la infraestructura y

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118 En la reunión estuvieron presentes, entre otros, Jesús Romero Flores, Enrique Arreguín, Pascual Ortiz Rubio, Jesús Díaz Barriga, Manuel Padilla, Gregorio Ponce de León, Jesús M. Sotelo, Timoteo Guerrero, Eduardo Ugalde, Cayetano Andrade, Ana María Reyna, además de algunos estudiantes.119 “Congreso de universidades”, en El Nacional, 16 de marzo de 1938. Oficio del comité organizador del cuarto centenario del Colegio de San Nicolás al presidente de la República, 18 de marzo de 1939, en AGN/LCR, c. 108, exp. 135.21/64.120 Este grupo de trabajo estuvo integrado por Salvador Franco López, Antonio Ruiz Alanís y Enrique Arreguín. Por su parte, este último, Salvador Franco López, Jesús Romero Flores, Ernesto Soto Reyes, Luis Mora Tovar y Jesús Díaz Barriga fueron designados para presentar proyectos sobre las actividades propuestas. Ídem.121 Carta de Lázaro Cárdenas a Enrique Arreguín, 28 de marzo de 1938, en APEAV.122 Enrique Arreguín [nota escrita para servir de introducción a la memoria del cuarto centenario del Primitivo y Nacional Colegio de San Nicolás de Hidalgo], p. 3, en APEAV, c. 7. El 23 de abril de 1938, en el consejo universitario se nombró a un comité central que estaría en contacto con el de la ciudad de México en lo relacionado con la celebración del cuarto centenario del Colegio de San Nicolás. El comité quedó integrado por Antonio Arriaga, Rafael C. Haro, Julián Sierra Gómez y Pablo Rivadeneyra. AHUM, CU, S. A., 23 de abril de 1938.

organización universitarias. Como parte de los preparativos del festejo, el comité organizador aprobó, en 1938, un proyecto de reformas al Colegio de San Nicolás y otras dependencias de la Universidad Michoacana. Para la realización de los trabajos se designó una comisión integrada por el rector José Gallegos, Jesús Díaz Barriga, Enrique Arreguín y Natalio Vázquez Pallares.123

El proyecto incluía reformas de carácter material y pedagógico. Las primeras, consistentes en el arreglo y renovación de edificios y mobiliario, estuvieron directamente relacionadas con la enseñanza. En este sentido, se propuso: comprar e instalar laboratorios de física en el colegio de San Nicolás; mejorar y ampliar el laboratorio de química en el colegio y crear los de la Escuela Normal de Maestros, y de las facultades de Ingeniería y Medicina; crear laboratorios de biología en el colegio, en la Escuela Normal de Maestros y en la Escuela de Medicina; crear los laboratorios de ensayo de materiales, de minerales y otros que se consideraran necesarios para las carreras de la Facultad de Ingeniería; adquirir instrumentos de medición y dibujo; construir laboratorios y talleres para las nuevas carreras propuestas; renovar las bibliotecas existentes y crear las necesarias; e instalar una estación pluviométrica en el Colegio de San Nicolás para prácticas de la cátedra de geografía física, y un observatorio metereológico para la universidad.

También se propusieron reformas generales educativas, consistentes en la creación de nuevas carreras. En ciencias biológicas se propuso la instauración de las estudios de bacteriólogo, veterinario, higienista, enfermeras visitadoras y oficiales sanitarios; en ciencias físico-matemáticas, ingeniero sanitario, de ferrocarriles y caminos, hidráulico y planeador de ciudades; en ciencias agrícolas y pecuarias, organizador ejidal y zootécnico; en ciencias sociales y económicas, economía, cooperativismo, derecho obrero, derecho agrario, visitadoras sociales. También se proyectó la creación de una escuela de carreras técnico subprofesionales. A la vez, se puso como meta la realización plena de la educación socialista, creando en los alumnos un sentimiento de comunidad, conciencia de clase e idea socialista de la vida. Como medios educativos principales se postularon: el trabajo escolar de los alumnos por equipos; el autogobierno escolar; las excursiones de investigación por equipos planeadas según las necesidades de la región; la acción social de los alumnos en forma coordinada según las necesidades de la región; el contacto íntimo del alumnado con la clase trabajadora; la instalación y dotación de medios de propaganda como la imprenta, el cine, el amplificador de voz y la transmisión por radio.124

Todas estas propuestas perfilaron un ambicioso programa de labores que fue adquiriendo su forma final a lo largo de 1939. Las actividades del comité organizador se intensificaron a partir de agosto de ese año. El rector de la Universidad Michoacana, Natalio Vázquez Pallares, se trasladó a la ciudad de México para participar directamente en los preparativos. Hacia finales del mes se encontraba ya elaborado el programa general de actividades y algunos de los universitarios michoacanos más destacados participaban en las diferentes comisiones designadas para su realización.125

Los actos por el cuarto centenario del Colegio de San Nicolás

El acto más importante de las celebraciones del cuarto centenario del Colegio de San Nicolás tuvo lugar el 8 de mayo de 1940, en el aniversario del natalicio de Miguel Hidalgo y Costilla. La ceremonia inició a las 10:00 horas con la llegada del presidente de la república, escoltado por el secretario de gobernación, Ignacio García Téllez; el jefe del Departamento Central, Raúl Castellano, entre otros funcionarios. La ceremonia fue presidida por el general Lázaro Cárdenas, acompañado de la mayor parte de su gabinete y miembros del cuerpo diplomático acreditado en el país. En el estrado de honor estuvieron, entre otros invitados, el general Francisco J. Múgica; Gustavo Baz, rector de la Universidad Autónoma de México; Silvestre Guerrero,

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123 “Reformas al Colegio de San Nicolás y Universidad Michoacana con motivo de la celebración del cuarto centenario de su fundación”, en APEAV, c. 49.124 Ídem.125 “El IV Centenario de un colegio ilustre”, en El Nacional, 25 de agosto de 1939. Estas comisiones y sus integrantes fueron los siguientes: Comisión Editorial, Jesús Romero Flores, Cayetano Andrade, Manuel Romero Pérez y Jesús Sansón Flores; Comisión de Obras Materiales de la Universidad, Jesús Díaz Barriga, Salvador Franco López, Antonio Mayés Navarro, Gustavo Corona; Comisión de Arbitrios, Manuel Padilla, Pascual Ortiz Rubio, Eduardo Villaseñor, Ernesto Soto Reyes, Gregorio Torres Fraga, Alberto Cano y Jesús M. Sotelo; Comisión para Trabajos de Conservación de las Ruinas de la Universidad de Tiripetío y ceremonias en ese lugar, Enrique Arreguín, Salvador Franco López, Miguel Barriga Lomelí, Ignacio Chávez, Manuel Martínez Báez. “IV Centenario del Colegio de San Nicolás”, en El Nacional, 25 de agosto de 1939.

secretario de Asistencia Pública; Conrado Magaña, gobernador del estado; Félix Ireta, candidato del PRM al gobierno del estado; Rodolfo Delgado, rector de la Universidad de Guadalajara; Natalio Vázquez Pallares, rector de la Universidad Michoacana; además de algunos intelectuales entre los que se encontraban Enrique Diez Canedo y José Bergamín. A la vez, la ceremonia contó con la presencia de Silvano Barba González, gobernador de Jalisco; Raúl Noriega, director de El Nacional; Enrique Calderón, jefe de estudios de la presidencia; Luis Enrique Erro, jefe de prensa del PRM; el general Antonio Gómez Velasco y numerosos diputados y senadores.126

La ceremonia del 8 de mayo fue presenciada por estudiantes, profesores, funcionarios públicos, intelectuales nacionales y extranjeros, y por miembros de delegaciones de la Universidad de Guadalajara, El Colegio del Estado de Guanajuato, la Universidad Autónoma de México, el Consejo de Cultura Superior de Monterrey, la Universidad Socialista del Noroeste, el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y las universidades de Puebla, San Luis Potosí y Yucatán. También asistieron representantes de organizaciones magisteriales, obreras y campesinas, así como de algunas legislaturas y de gobiernos de los estados. Las delegaciones estuvieron integradas por profesores, alumnos y directivos, y la mayoría fue presidida por los respectivos rectores. En la ceremonia se pronunciaron varios discursos, entre ellos uno del ex rector Jesús Díaz Barriga, quien fue declarado Maestro de la Juventud Nicolaita por las autoridades de la Universidad Michoacana. Otros oradores fueron, el presidente del CEN, Agapito Ochoa Reyes; Miguel Silva M. y el poeta español José Bergamín.127 Además, como parte de las actividades del 8 de mayo, el presidente de la república develó un busto con la figura de Vasco de Quiroga, y representantes de la Casa de España saludaron a la Universidad Michoacana.128

Al día siguiente, 9 de mayo, en el Colegio de San Nicolás se celebró la apertura de los cursos de la Universidad de Primavera “Vasco de Quiroga”. En el acto, el presidente Lázaro Cárdenas dirigió un mensaje a los universitarios del país. El discurso del mandatario fue contestado a nombre de los universitarios de Michoacán por el rector Natalio Vázquez Pallares.129 Días después, el 12 de mayo, se realizó una serie de homenajes a distinguidos nicolaitas y benefactores del Colegio de San Nicolás. Entre otras actividades, se llevó a cabo una ceremonia en honor a Isaac Arriaga en el sitio en donde fue asesinado. En ese lugar se descubrió un monumento a su memoria, acto realizado por el jefe del Departamento del Distrito Federal, Raúl Castellano.130

La Universidad de Primavera “Vasco de Quiroga”

Como parte de los festejos por el cuarto centenario del Colegio de San Nicolás se programó el establecimiento de una institución educativa denominada Universidad de Primavera “Vasco de Quiroga”. Este proyecto académico, presentado como un nuevo modelo de educación superior,131 fue planeado como un sistema de cursos universitarios, con periodicidad anual. El alumnado de esta institución estaría formado por estudiantes de diferentes universidades del país. Los cometidos de la institución serían el dar a los estudiantes de las escuelas técnicas y profesionales de México la oportunidad de cultivarse en ciencias y disciplinas que presentaran un panorama de la cultura del mundo; así como realizar el intercambio universitario por medio de la convivencia material y cultural de profesores y estudiantes de todos los institutos de cultura superior del país.132 La Universidad de Primavera funcionaría cada año, en el mes de mayo. En sus ediciones siguientes, la planeación académica y administrativa estaría a cargo de otras

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126 “IV Centenario de la Universidad de Michoacán”, en El Nacional, 9 de mayo de 1940. Enrique Arreguín [nota escrita para servir de introducción a la memoria del cuarto centenario del Primitivo y Nacional Colegio de San Nicolás de Hidalgo], p. 4, en APEAV, c. 7.127 Ídem.128 Entre éstos se encontraban: Rafael C. Haro, Filiberto Jara, José María Mendoza Pardo, Jesús Díaz Barriga, Enrique Arreguín, Porfirio García de León, Salvador Jara, Eugenio Martínez Báez, Adolfo Alvarado, Adalberto Caballero, Rafael García de León, Ignacio Mier, Gabino Vázquez, Jesús Romero Flores y Alberto Bremauntz. “IV Centenario de la Universidad de Michoacán”, en El Nacional, 9 de mayo de 1940.129 Enrique Arreguín [nota escrita para servir de introducción a la memoria del cuarto centenario del Primitivo y Nacional Colegio de San Nicolás de Hidalgo], p. 5, en APEAV, c. 7.130 “Programa del día 12 de mayo en el Centenario del Colegio de San Nicolás”, en APEAV, c. 49. AGN/LCR, c. 108, exp. 135.21/64.131 “El cuarto centenario de la fundación de la Universidad de San Nicolás”, en El Nacional, 15 de enero de 1940.132 Cuarto Centenario del Primitivo y Nacional Colegio de San Nicolás de Hidalgo..., 1939. Enrique Arreguín [nota escrita para servir de introducción a la memoria del cuarto centenario del Primitivo y Nacional Colegio de San Nicolás de Hidalgo], p. 6, en APEAV, c. 7.

universidades. Los cursos de la edición de 1940 fueron denominados en su conjunto, “El siglo XX” y contaron con el siguiente plan de estudios:

• La Teoría: La crisis de objeto y método de las siguientes disciplinas: la nueva Física (relatividad, teorías de los quanta, mecánica ondulatoria, etc.); la nueva Química; la nueva Biología; la Sociología; la ciencia del Derecho; la ciencia de la Economía; la nueva Filología; hacia la constitución de una nueva ciencia de la Historia; la ciencia de la Literatura; la ciencia del Arte; la Etnología, y la nueva Pedagogía.

• Los hechos: la nueva Técnica; la vida al aire libre; el Deporte; el Amor; la nueva Poesía; la nueva Plástica; la nueva Arquitectura; el Urbanismo; la Guerra; los movimientos políticos y sociales (bolchevismo, fascismo, nacional-socialismo); el nuevo Socialismo humanista; los movimientos continentales (Pan Europa, Pan América, Pan Asia), y los movimientos sociales cooperativos y sindicales.133

Los cursos de la Universidad de Primavera se inauguraron el 9 de mayo de 1940, con un discurso del presidente de la república. Las actividades académicas se desarrollaron durante cuatro semanas, con una inscripción de 400 alumnos. Las conferencias fueron atendidas principalmente por miembros de la Casa de España en México, ante la ausencia de algunos de los invitados mexicanos. Entre éstos, las ausencias más notables fueron las de Jesús Romero Flores, Daniel Cosío Villegas y Luis Enrique Erro. Por su parte, Eduardo Villaseñor, Vicente Lombardo Toledano y el general Sánchez Hernández no asistieron, pero prometieron enviar las conferencias escritas para que se incluyeran en la memoria de los cursos. Los mexicanos que sí asistieron fueron: Alfonso Reyes, Cayetano Andrade y José Luis Cuevas.134

Los cursos de la Universidad de Primavera concluyeron el 8 de junio. El cierre de las actividades concluyó con las intervenciones del rector, Natalio Vázquez Pallares, y del presidente del comité organizador de los festejos del cuarto centenario del Colegio de San Nicolás, Enrique Arreguín.135

La Universidad de Primavera fue aprovechada por el comité organizador del cuarto centenario del Colegio de San Nicolás para realizar reuniones con los representantes de las escuelas superiores que asistieron a los cursos. En esas juntas se les explicó “el sentido revolucionario del Artículo 3º constitucional”, señalando que no atacaba el libre examen ni la libertad de pensamiento, sino que, por el contrario, los motivaba. También se les explicó que la educación oficial, es decir, la costeada directa o indirectamente por el Estado, debería estar de acuerdo con la constitución política del país. Además, se llegó al acuerdo de que en noviembre de 1940 se realizaría un congreso de escuelas de educación superior y de universidades oficiales.136

El costo de los festejos

La celebración del cuarto centenario del Colegio de San Nicolás recibió el apoyo de la Presidencia de la República. Esta situación fue aprovechada por las autoridades universitarias y por los miembros del comité organizador para solicitar apoyo extraordinario para el mejoramiento material del Colegio de San Nicolás, y de la universidad en su conjunto.137

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133 Cuarto Centenario del Primitivo y Nacional Colegio de San Nicolás de Hidalgo..., 1939.134 AGN/LCR, c. 108, exp. 135.21/64. En la edición de 1940 de la Universidad de Primavera, los temas tratados y los catedráticos que los sustentaron fueron los siguientes: “La evolución de las teorías físicas en el siglo XX”, por Pedro Carrasco; “La química moderna”, por Antonio Madinaveitia; “Oceanografía biológica y sus aplicaciones”, por Fernando de Buen; “La sociología en la crisis científica del siglo XX”, por José Medina Echavarría; “La nueva filología”, por Mauricio Swadesh; “La ciencia de la literatura”, por Alfonso Reyes; “La ciencia de la etnología”, por Julio Henríquez; “Etnología de la República Mexicana”, por Miguel Othón de Mendizábal; “Etnografía de Michoacán”, por Paul Kirchhoff; “La filosofía del derecho en el siglo XX”, por Luis Recasens Siches; “La nueva filología”, por Efrén C. del Pozo; “El amor”, por Joaquín Xirau; “La nueva poesía”, por Enrique Diez Canedo; “La nueva plástica”, por Juan de la Encina; “El urbanismo”, por José Luis Cuevas; “El moderno socialismo humanista”, por Fernando de los Ríos; “La nueva actitud ante la vida”, por Alicia Cestel Rhule; “Literatos nicolaitas”, por Cayetano Andrade; “El problema agrario en el Perú”, por R. Castro Pozo; “La educación profesional para los trabajadores”, por Enrique Arreguín; “Interpretación del artículo tercero constitucional”, por Natalio Vázquez Pallares. Enrique Arreguín [nota escrita para servir de introducción a la memoria del cuarto centenario del Primitivo y Nacional Colegio de San Nicolás de Hidalgo], p. 8, en APEAV, c. 7.135 AGN/LCR, c. 108, exp. 135.21/64.136 Ídem.137 AGN/LCR, c. 671, exp. 530/20.

Con motivo del cuarto centenario del Colegio de San Nicolás, el gobierno federal, por acuerdo expreso del presidente de la república, y atendiendo a una petición conjunta de todas las universidades e institutos de educación superior del país, aportó a la Universidad Michoacana una importante cantidad de dinero para que fuera invertida en equipar debidamente las diversas dependencias de la institución. En septiembre de 1939, el comité organizador pidió el apoyo de la Presidencia de la República para dotar a la Universidad Michoacana con laboratorios, talleres y bibliotecas, así como hacer mejoras en los inmuebles, construir un auditorio y adaptar una casa de estudiantes.138

Los presidentes del comité organizador del cuarto centenario, secciones México y Morelia, Enrique Arreguín y Natalio Vázquez Pallares, respectivamente, solicitaron al gobierno federal la cantidad de 948 mil 840 pesos para cubrir los gastos de los actos conmemorativos; al tiempo que señalaron que a esa cantidad se sumarían 50 mil pesos procedentes de diversos donativos. Los miembros del comité también buscaron el apoyo de las universidades del país para conseguir que se realizara un sorteo de la Lotería Nacional a beneficio de la Universidad Michoacana. Asimismo, se discutió con el presidente de la república un proyecto de presupuesto para laboratorios y gabinetes en el Colegio de San Nicolás y las facultades de Medicina e Ingeniería, el cual ascendía a 149 mil 500 pesos.139

En diciembre de 1939, la Presidencia de la República apoyó al comité organizador sufragando los gastos de la impresión de cinco mil ejemplares del programa general de actividades del cuarto centenario del Colegio de San Nicolás.140 Posteriormente, en marzo de 1940, el presidente de la república aprobó la adquisición de instrumental para la reorganización de los laboratorios de la Universidad Michoacana, y para tal efecto se giraron instrucciones a la Secretaría de Hacienda.141 Por su parte, la Secretaría de la Asistencia Pública otorgó al comité organizador 100 mil pesos para destinarlos a realizar mejoras en el Colegio de San Nicolás y para cubrir gastos de diversos actos del centenario.142

Una pequeña parte de éstos fueron cubiertos mediante las aportaciones que, a través de bonos de cooperación emitidos por el comité organizador, adquirieron algunos ex nicolaitas. La cantidad recabada por este medio sería destinada al arreglo del museo del colegio en donde se instalaría una galería de retratos de nicolaitas distinguidos. La venta de los bonos estuvo a cargo de la directiva de Vanguardia Nicolaita, en especial de Enrique Arreguín y Salvador Franco López.143 A su vez, en abril de 1940, el Departamento del Distrito Federal donó dos bustos y una mascarilla de Manuel Martínez Solórzano, Vasco de Quiroga e Isaac Arriaga, respectivamente.144 En septiembre de ese mismo año, el presidente de la república contribuyó con 4 mil pesos para la adquisición de libros destinados a las bibliotecas universitarias.145

A pesar del apoyo recibido, las actividades del cuarto centenario del Colegio de San Nicolás resultaron ser un costoso y ambicioso proyecto que solamente pudo llevarse a cabo de manera limitada. A las autoridades estatales y federales no les fue posible aportar la totalidad de los recursos solicitados por el comité organizador. En algunos casos, los impedimentos fueron de carácter eminentemente económico, debido a la precaria situación financiera por la que atravesaban las arcas públicas; mientras que en otros momentos, el gobierno de la república juzgó prudente no atender a todas las peticiones para no generar la sensación de que se estaba privilegiando de manera desmedida a la Universidad Michoacana sobre el resto de las instituciones educativas del país.

En enero de 1940 se informó que el presidente de la república había acordado dar a la Universidad Michoacana la cantidad de 200 mil pesos para la compra de laboratorios y el enriquecimiento del acervo de las

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138 Enrique Arreguín [nota escrita para servir de introducción a la memoria del cuarto centenario del Primitivo y Nacional Colegio de San Nicolás de Hidalgo], p. 10, en APEAV, c. 7. AGN/LCR, c. 108, exp. 135.21/64.139 “Petición que se hace al señor presidente de la República para la celebración del IV Centenario del Colegio de San Nicolás”, 20 de septiembre de 1939, en APEAV, c. 49. AGN/LCR, c. 108, exp. 135.21/64.140 Ídem.141 AGN/LCR, c. 117, exp. 136.3/32.142 AGN/LCR, c. 108, exp. 135.21/64.143 Ídem.144 Oficio 634 del secretario general del Departamento del Distrito Federal a Enrique Arreguín, 18 de abril de 1940, en APEAV, c. 49. AGN/LCR, c. 108, exp. 135.21/64.145 Ídem.

bibliotecas; sin embargo, esta cantidad no sería manejada por la universidad sino por la Secretaría de Hacienda. Se habían hecho algunas gestiones para que la Lotería Nacional realizara un sorteo extraordinario de un millón de pesos a favor de la universidad. Sobre este asunto se indicó que el presidente de la república pidió que se buscara la aprobación de todos los colegios del país, ya que le parecía políticamente riesgoso que se pensara que por ser michoacano ayudaba al Colegio de San Nicolás por sobre otros institutos similares.146

Por estas razones, algunas obras y proyectos quedaron inconclusos o no fue posible su realización. En mayo de 1940, Jesús Díaz Barriga informó que el Comité Pro Universidad Michoacana, que por instrucciones del presidente de la república trabajaba en el manejo de los subsidios extraordinarios que se habían concedido y se concederían para hacer mejoras en el Colegio de San Nicolás, había enfrentado problemas porque el gobierno de Michoacán no se encontraba en condiciones de afrontar los gastos de la Universidad de Primavera y los de las ceremonias del 8 y el 12 de mayo. Ante esa situación, el gobernador indicó que se hicieran los gastos de la partida de 100 mil pesos de la Secretaría de la Asistencia Pública y que, posteriormente, se haría un arreglo consistente en que el gobierno estatal se hiciera cargo del costo de algunas de las mejoras al Colegio de San Nicolás, pero que las erogaciones de los festivales y de la Universidad de Primavera se hicieran del subsidio señalado.147 Además, se informó que en el mismo mes de mayo se pondrían en circulación los timbres postales conmemorativos del cuarto centenario del Colegio de San Nicolás, pero que de su venta no resultaría ninguna cantidad de la que pudiera disponer el comité para los gastos de la celebración.148

Finalmente, los actos conmemorativos del cuarto centenario del Colegio de San Nicolás no cubrieron completamente el programa propuesto y se limitaron, principalmente, al Congreso Mexicano de Historia, los cursos y actividades de la Universidad de Primavera, la edición de algunas obras conmemorativas,149 la ceremonia del 8 de mayo y el homenaje a los nicolaitas distinguidos, celebrado el 12 del mismo mes. Asimismo, se inauguró la Feria del Libro Americano, aunque sin el éxito deseado debido a retrasos en la llegada de los títulos.150

La celebración en conflicto

La idea de convertir los festejos por el cuarto centenario del Colegio de San Nicolás en el escenario para exponer ante la comunidad intelectual nacional y extranjera los logros y alcances del proyecto de universidad socialista en Michoacán se vio obstaculizada por los ataques de que fueron objeto los dirigentes universitarios y los miembros del comité organizador. Desde diversos frentes y en diferentes momentos, estudiantes y profesores universitarios expresaron su desaprobación al sesgo político que se había dado a los actos señalados, o utilizaron las actividades públicas para mostrar su rechazo a la actuación y filiación política de los promotores de la celebración.

El 20 de abril de 1940, el médico y coronel Alberto Oviedo Mota envió una carta a Enrique Arreguín, Salvador Franco López y Jesús Díaz Barriga, integrantes de la directiva del comité organizador, en la que con tono sarcástico expuso su posición ante los actos del cuarto centenario del Colegio de San Nicolás. Oviedo Mota expresó su negativa a participar en los festejos programados por no estar de acuerdo con los planteamientos de los organizadores y porque consideraba inexacta la fecha señalada para la fundación del Colegio de San Nicolás, por lo que le parecía peligroso pretender que en 1940 se cumplían cuatro siglos del acontecimiento. Además, denunció que no se había tomado en cuenta a los egresados del colegio para la organización de los festejos. Una de las acusaciones más graves fue la que dirigió contra la relación de hijos distinguidos del Colegio de San Nicolás, la cual le pareció injusta e irreverente; “injusta, porque ni son todos los que están ni están todos los que son”; irreverente, porque se colocaron junto a venerables figuras como

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146 AHUM, CU, S. A., 17 de enero de 1940.147 AGN/LCR, c. 108, exp. 135.21/64.148 Ídem.149 Cuarto Centenario del Primitivo y Nacional Colegio de San Nicolás de Hidalgo..., 1939.150 “Informe de las labores realizadas en la Universidad Michoacana, en el periodo del 16 de septiembre de 1939 al 31 de agosto de 1940”. AHUM, UMSNH, R, Informes, c. 7, exp. 1. Enrique Arreguín [nota escrita para servir de introducción a la memoria del cuarto centenario del Primitivo y Nacional Colegio de San Nicolás de Hidalgo], p. 3, en APEAV, c. 7.

Morelos, Hidalgo y Ocampo, “una pepitoria de individuos anodinos, figuras deslavadas que [podían] figurar en una cronología pero no en el cuadro de honor”. Para Oviedo Mota era inexplicable el criterio utilizado para elaborar la lista de los nicolaitas más representativos; tal como estaba, la lista le parecía indebida, inequitativa e incompleta, lo que resultaba en una serie de injusticias por omisión y por favoritismo.151

Oviedo Mota consideró que se estaba sobrevalorando la figura de Vasco de Quiroga, en un momento de “total bancarrota moral del cristianismo”; además de que le parecía discutible la idea de presentarlo como benefactor de los indígenas. Por otra parte, se quejó de que el Congreso de Historia, con que inició la celebración del cuarto centenario del Colegio de San Nicolás, no había arrojado datos relevantes sobre el plantel y sus frutos, ni sobre el papel e influencia de sus egresados en la vida nacional o estatal. Criticó la escasa participación de la intelectualidad michoacana en la Universidad de Primavera, y los temas tratados en los cursos de la misma le parecieron vulgares; y se quejó de que no hubiera un solo profesor nicolaita capaz de desarrollarlos.152

La postura de Oviedo Mota ante los festejos del cuarto centenario del Colegio de San Nicolás fue retomada por los miembros del PERU. En Ariete, su órgano de propaganda, se reprodujo una carta de Oviedo Mota a Jesús Díaz Barriga, en la que el primero criticó el discurso que éste pronunció en nombre de los antiguos alumnos del colegio, como parte de las ceremonias por el aniversario del plantel.153 No obstante, Oviedo Mota trató de hacer ver que su actitud respondía únicamente a sus discrepancias con la manera en que se habían organizado los festejos y no a resentimientos de carácter personal contra las autoridades universitarias.154

En la ceremonia del 8 de mayo de 1940, Salvador Pineda, campeón nacional de oratoria y jefe de la delegación estudiantil de la Universidad Autónoma de México, expresó que la Universidad Michoacana debería ser foco de la cultura de México, pero que por la demagogia de su rector sólo daba frutos negativos. Estas declaraciones estuvieron acompañadas de manifestaciones estudiantiles de rechazo contra el rector Natalio Vázquez Pallares. Los alumnos inconformes protestaron contra el nombramiento de “maestro de las juventudes universitarias” hecho a favor de Jesús Díaz Barriga, por considerar que la medida respondía a intereses políticos.155

Un mes después, el 8 de junio, la ceremonia de clausura de los cursos de la Universidad de Primavera fue escenario de nuevas protestas contra los miembros del comité organizador (“Natalio, Arreguín y Co.”). La actuación de las autoridades universitarias en la ceremonia fue descalificada por la dirigencia del PERU. La interpretación del Artículo 3º constitucional que hizo Natalio Vázquez Pallares en su discurso fue desestimada por arbitraria y poco clara, y a Enrique Arreguín se le acusó de haber utilizado su labor al frente de la universidad para acceder a un puesto en el gobierno federal.156 Los miembros del PERU alabaron la calidad de los ponentes de la Universidad de Primavera y, en contraste, criticaron la supuesta ignorancia y las desafortunadas intervenciones del rector Vázquez Pallares, acusándolo de poner en entredicho el prestigio de la Universidad Michoacana.157

Otro ingrediente presente en el ambiente de hostilidad que acompañó a la celebración del cuarto centenario del Colegio de San Nicolás fue la labor de proselitismo político que realizaron los miembros de la delegación de la Universidad Autónoma de México a favor de su proyecto universitario. A esta tarea se sumaron los señalamientos de que algunos intelectuales de esa casa de estudios, llegados a Morelia para participar en los cursos de la Universidad de Primavera, también aprovecharon la ocasión para ponderar las bondades del modelo de universidad autónoma.158

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151 AGN/LCR, c. 108, exp. 135.21/64.152 Ídem.153 “Anormalidades de un ex rector y deficiencias mentales del llamado Dr. Díaz Barriga”, en Ariete, 9 de julio de 1940, p. 2.154 AGN/LCR, c. 108, exp. 135.21/64.155 Ídem.156 Manuel Gutiérrez, “Natalio y la técnica” y “Han sido clausurados los cursos de la Universidad de Primavera ‘Vasco de Quiroga”, en Ariete, 23 de junio de 1940, pp. 1, 3, 4.157 “La Universidad de Primavera y la ignorancia del rector”, en ibíd., p. 3.158 “Una jornada triunfal de la Universidad”, en El Nicolaita, 25 de junio de 1940, p. 6.

Por su parte, Jesús Díaz Barriga, Enrique Arreguín y Natalio Vázquez Pallares responsabilizaron a las autoridades de la Universidad Autónoma de México de los ataques recibidos durante los cursos de la Universidad de Primavera. Los michoacanos señalaron que el rector de la Universidad Autónoma de México, Gustavo Baz, había ofrecido a los estudiantes responsables de los ataques que si eran perseguidos por las autoridades universitarias de Michoacán les ayudaría a abrir una nueva universidad en Morelia. Arreguín y Díaz Barriga denunciaron que Baz había visitado –durante la semana de vacaciones previa a la inauguración de los cursos de la Universidad de Primavera– las ciudades de Morelia, Guadalajara y otras capitales de provincia para hacer labor contra la acción revolucionaria de la Universidad Michoacana. También señalaron que los ataques contra ellos y el rector Natalio Vázquez Pallares obedecían a la manera en que este último había tratado de corregir los malos hábitos de los estudiantes de la Universidad Michoacana. Además, acusaron a Oviedo Mota y otros profesionistas de actuar con envidia ante el éxito de la celebración del cuarto centenario del Colegio de San Nicolás y de apoyar las manifestaciones de protesta de una minoría estudiantil.159

De acuerdo con Jesús Díaz Barriga y Enrique Arreguín, en las intervenciones de los representantes de las diferentes instituciones educativas en el acto inaugural de los cursos de la Universidad de Primavera se constató que la Universidad de Guadalajara, El Colegio del Estado de Guanajuato, el IPN y la Universidad Socialista del Noroeste habían comprendido en forma “adecuada los problemas de la educación superior dentro del movimiento revolucionario del país”; en segundo plano colocaron a las escuelas superiores de Monterrey y Veracruz. En contraste, los representantes de la Universidad Autónoma de México y la de San Luis Potosí fueron ubicados como enemigos de los principios señalados. Arreguín y Díaz Barriga elaboraron un panorama de la educación superior en el país a partir de las exposiciones de los oradores de las diferentes instituciones presentes en Morelia. Ese escenario fue resumido de la siguiente manera: identificados con la revolución, el IPN y los planteles de educación superior de Guanajuato, Jalisco, Michoacán y Sinaloa; identificados en menor proporción, aunque de manera marcada, las escuelas superiores de Monterrey y Puebla; en “actitud completamente desentendida de la Revolución”, la Universidad Autónoma de México.160 Estas aseveraciones, al parecer excesivas, no eran sino una muestra de la disparidad de criterios entre los universitarios socialistas michoacanos y un muy amplio sector de miembros de la comunidad universitaria del país.

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159 AGN/LCR, c. 108, exp. 135.21/64.160 Ídem.

IV. LA POLÍTICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICAY LA DEFENSA DE LA ESCUELA SOCIALISTA, 1935-1942

LA CONTRIBUCIÓN NICOLAITA

EL CONSEJO NACIONAL DE LA EDUCACIÓN SUPERIORY LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

La universidad autónoma contra el Estado. El conflicto universitario de 1935

La reforma del Artículo 3º constitucional, y la pretensión de imponer carácter “socialista” a la educación, fueron rechazadas por la mayoría de los universitarios del país. Desde la realización del Primer Congreso de Universitarios Mexicanos, en septiembre de 1933, se habían polarizado las posturas en torno a la posibilidad de que la enseñanza universitaria fuera orientada por alguna corriente filosófica o ideológica en particular. Apelando a la autonomía y la libertad de cátedra, los universitarios se deslindaron del proyecto educativo impulsado por las autoridades del país y expresaron, por diversos medios, sus críticas al control del Estado sobre la educación superior.

En 1935, los problemas entre la Universidad Autónoma de México y el gobierno cardenista iniciaron con la disputa por el control de la educación secundaria. En marzo, el gobierno de la república decretó la educación secundaria obligatoria e imprescindible para acceder a los estudios superiores, además de que ratificó que sólo el Estado podría impartir ese nivel de enseñanza en sus escuelas u otorgando permisos especiales a los particulares. La orientación socialista de la educación abarcaba a la secundaria, pero las autoridades universitarias reclamaron el derecho de formar, de acuerdo a sus propios criterios, a los estudiantes que posteriormente ingresarían en sus aulas para recibir preparación profesional.1

El secretario de Educación Pública, Ignacio García Téllez, declaró que la función de la secundaria sería la preparación de estudiantes para las profesiones técnicas y ya no para las liberales. Las autoridades de la Universidad Autónoma de México reaccionaron creando su propia secundaria especial (iniciación universitaria), lo que fue considerado por el gobierno como atentatorio al precepto constitucional. Además, en la Universidad Autónoma de México se aprobó un reglamento de incorporación de planteles privados, algunos de los cuales se unirían a esta institución para escapar del control oficial.2

Meses después, las relaciones entre las autoridades de la Universidad Autónoma de México y la administración cardenista entraron en una etapa crítica. La precaria situación económica de la institución obligó a los miembros del Consejo Universitario a obviar sus diferencias con el gobierno de la república para solicitar apoyo económico extraordinario por parte de las autoridades federales. Éstas, a su vez, aprovecharon la situación para tratar de intervenir en la administración universitaria.

El origen de los problemas económicos de la Universidad Autónoma de México estaba en la Ley Orgánica de octubre de 1933, por medio de la cual se le concedió autonomía “total”. Con esta ley, el Estado renunciaba a toda intervención en la organización interna de la universidad y se establecía que el rector sería nombrado libremente por el Consejo Universitario. Pero, sin duda, el elemento más importante de la autonomía estaba en la posibilidad de que, en el futuro, la universidad lograra ser autosuficiente en materia económica. El Estado retiró el subsidio anual para el sostenimiento de la institución, la cual percibiría los intereses de 10 millones de pesos que se le entregarían, cubiertos los cuales no recibiría más recursos públicos.3

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1 Lerner Sigal, Historia de la Revolución Mexicana, 1934-1940…, pp. 148-152.2 Mendoza Rojas, Los conflictos de la UNAM en el siglo XX, p. 89.3 Ibíd., pp. 80-81.

Además, con la Ley Orgánica de octubre de 1933 la universidad perdió su carácter de nacional. A partir de entonces, y hasta 1945, se denominaría Universidad Autónoma de México, aunque en la práctica los universitarios nunca aceptaron esta situación y continuaron refiriéndose a la institución con la denominación que tenía desde 1929.

La autonomía “total” representó para la universidad, en la práctica, el inicio de un periodo de estrechez económica y enfrentamientos con el Estado. Las entregas parciales de los 10 millones de pesos por parte del gobierno federal resultaron insuficientes y derivaron, en 1935, en la petición de recursos extraordinarios para sostener el funcionamiento de la institución.4

El 9 de septiembre de 1935, la Junta de Decanos, Directores de Escuelas e Institutos y Jefes de Grupo al H. Consejo Universitario, dirigió un documento al presidente de la república en el que señalaron que, para cumplir sus fines, la Universidad Autónoma de México necesitaba de la libertad indispensable para organizar sus estudios en la forma que lo estimara más conveniente, así como disponer de los elementos económicos necesarios. Con relación a la precaria situación financiera de la institución, los universitarios señalaron que era obligación del gobierno de la república velar por los intereses de la cultura superior que representaba la universidad.5

En el documento se demandaba la consideración que la Universidad Autónoma de México debería merecer del gobierno. Se denunció que en nombre de éste se atacaba a la universidad y se hacía labor disolvente para, en menoscabo de su autonomía, devolver su control al Estado. También se denunció que empleados gubernamentales realizaban una campaña antiuniversitaria para provocar conflictos que obligaran a los poderes legislativo y ejecutivo a tomar decisiones extremas para acabar con la situación de agitación que artificialmente se pretendía crear dentro de la universidad. Fue señalado, también, que la política del gobierno federal hacia la institución se inspiraba en motivos sociales y económicos tan poderosos que habían decidido al primero a prescindir de la universidad oficial y a no considerar este rubro en su administración.

De las razones anteriormente expuestas, se derivó un programa que la universidad estaría obligada a sostener. Los puntos más destacados fueron los siguientes: la Universidad Autónoma de México debería seguir siendo considerada como nacional y mantendría su autonomía para organizarse técnica y administrativamente. La universidad sostendría el principio de libertad de cátedra, sin más limitaciones que las que le impusiera el derecho común y defendería ante el Estado la imprescindible necesidad que tenía de que se le asegurase un subsidio igual, por lo menos, al que disfrutaba antes de la expedición de la ley que le había concedido plena autonomía. Asimismo, la universidad no podría permitir que se le impusiera ningún credo político o religioso y no se apartaría del estudio de los problemas nacionales.6

El 13 de septiembre, el presidente de la república envió al rector, Fernando Ocaranza, una respuesta al memorial del 9 del mismo mes. En la respuesta se expuso el criterio de la Presidencia de la República sobre el problema de las relaciones entre la universidad y el Estado. De acuerdo con la ley orgánica de octubre de 1933, la universidad tenía la misión de impartir la cultura superior y profesional sin fijar normas concretas; pero el Poder Ejecutivo consideraba que una vez reformado el Artículo 3º constitucional era lógico suponer que debería orientar sus actividades y doctrinas de un modo complementario y no antagónico en relación a la escuela primaria. Por esta razón, el ejecutivo consideró que se juzgaba conveniente la reorganización de la universidad, dejándole la autonomía indispensable para llegar a sus fines, pero no como una entidad soberana para interpretar las leyes dictadas por el Estado, y mucho menos para oponerse al espíritu de las mismas.7

El Poder Ejecutivo federal señaló como lamentable convenir en que el estado económico de la universidad era apremiante, pero lo consideró como una consecuencia lógica de la errónea interpretación que en la institución se había hecho del uso de su autonomía, que había obligado al poder público a tomar al pie de la letra las obligaciones de orden pecuniario impuestas por la ley orgánica vigente. Al mismo tiempo, el presidente de la república pidió se tomara en cuenta el esfuerzo económico hecho por el Estado para entregar bienes nacionales y fondos públicos a la universidad, sin mayor estímulo moral porque la institución se había

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4 Ibíd., p. 82.5 ACERMLC, LCR, c. 27, carpeta 10, doc. 13. AGN/LCR, c. 745, exp. 534.8/7.6 Ídem.7 ACERMLC, LCR, c. 27, carpeta 10, doc. 12.

colocado en un plano de indiferencia respecto “al Programa Social de la Revolución”. El ejecutivo deploró que los conflictos internos de la universidad hubieran sido atribuidos a recursos puestos en juego por el poder público para obligar a la institución a plegarse a los términos y objetivos impuestos por el gobierno. Asimismo, consideró que esos problemas eran producto del antagonismo entre ideas de viejo y nuevo corte.

El Poder Ejecutivo señaló que el motivo principal del memorial enviado por el Consejo Universitario era el de solicitar que el Estado otorgara a la universidad un subsidio por lo menos igual al que disfrutaba antes de octubre de 1933. No se pedía que el patrimonio fuera aumentado con nuevos bienes, para que la universidad pudiera administrarlos y sostenerse con el producto: se solicitaba que se mantuvieran intactos los lineamientos del estatuto jurídico vigente que garantizaba su vida autónoma y se repudiaba toda injerencia del Estado, sin perjuicio de reclamar su cooperación económica. Ante la petición de reformar la ley orgánica en el sentido señalado, el Ejecutivo respondió que:

[…] si el Gobierno asume –como se pretende– todas las responsabilidades de orden económico que presupone el sostenimiento de dicho Instituto, tendrá necesariamente que restringirse su autonomía, modificando por ficticio, el régimen imperante, para ponerlo en concordancia con la realidad y dar franca intervención al Estado en la marcha administrativa de esa Casa de Estudios, así sea sólo para el efecto de velar por una correcta y conveniente aplicación de sus fondos. Esa injerencia del Estado será más o menos amplia, según lo aconsejen los resultados de una revisión meditada y cuidadosa de la Ley vigente, en la que se respetará la autonomía técnica de la Universidad y dejándole aquella libertad de orden administrativo conciliable con el natural interés de la Administración Pública de participar en su organización.

Asimismo, el ejecutivo anunció al rector Ocaranza que se había procedido al estudio de la iniciativa de reformas a la ley orgánica de la Universidad Autónoma de México, para presentarla a la consideración y aprobación del Congreso de la Unión.8

La exposición de la precaria situación económica por la que atravesaba la Universidad Autónoma de México, y la solicitud de mayores recursos para paliar el problema, estuvieron acompañadas por el anuncio de los miembros del Consejo Universitario de que suspenderían actividades hasta obtener una respuesta satisfactoria del presidente de la república. Esta situación llevó a que el rector y la mayoría de los consejeros universitarios presentaran su renuncia, marcando así uno de los momentos de mayor crisis en la historia de la institución.9

El ejecutivo federal tomó en cuenta las implicaciones futuras que le acarrearía mantener un enfrentamiento con la comunidad universitaria, estudiaron las posibles consecuencias de su actuación ante el problema universitario. En primer lugar, se destacó la necesidad de solucionar el conflicto de manera inmediata para evitar que se afianzara la idea de que el gobierno no se atrevía a abordar el asunto y quería terminar con la universidad por inanición. Además, de esta manera se evitaría que se criticara a aquél por no valorar la cultura superior; así como se impediría un aumento de la polémica en menoscabo de su autoridad. También sería posible que los elementos contrarios al gobierno se organizaran y fortalecieran aumentando su labor contra las autoridades.10

Para enfrentar el problema, estudiaron diferentes soluciones y sus posibles resultados. La alternativa de mantenerse a la expectativa y esperar que la universidad muriera por falta de recursos fue rechazada, porque provocaría graves protestas estudiantiles y serias críticas de la opinión pública; además de que la extinción de la universidad iría en contra de las ideas prevalecientes en el escenario internacional. Por otra parte, la desaparición de la universidad autónoma para dar lugar a la creación de una de Estado traería las protestas de la masa estudiantil y la crítica de gran parte de la opinión pública; los estudiantes irían a la huelga y se crearía una situación muy difícil para el gobierno. A su vez, la formulación de una nueva ley para regir a la universidad, en la cual estuviera explícita una orientación ideológica determinada, no sería satisfactoria para los estudiantes, que con seguridad irían a huelga y esto provocaría críticas generalizadas. Se consideraba que tal solución sólo satisfaría a los maestros normalistas, ligados a la Secretaría de Educación.

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8 Ídem.9 Mendoza Rojas, Los conflictos de la UNAM en el siglo XX, pp. 89-90.10 ACERMLC, LCR, c. 3, exp. 156, doc. 5.

En contraposición, como la opción más viable se propuso reformar la ley orgánica universitaria vigente, en su parte básica, y otorgar a la institución el subsidio solicitado, pero nombrando al rector el Poder Ejecutivo. En este caso, no se debería tratar de imponer ninguna orientación específica a la enseñanza y debería señalarse únicamente que el Estado necesitaba tener control administrativo de la universidad, sin menoscabo de su autonomía técnica. El aspecto más importante de esta solución estaba en que el hecho de que al ser el rector nombrado por el ejecutivo permitiría que los directores de escuelas y facultades pudiesen indirectamente también ser designados por éste.

Por otra parte, se indicó que debería pensarse que para el buen logro de la labor social que perseguía el Estado era mucho más necesaria y efectiva la socialización del ejercicio de las profesiones, que la orientación de la enseñanza de los profesionistas. Se apuntó que los obstáculos para la adopción de la solución propuesta eran que el criterio y la actitud del senado eran hostiles hacia la autonomía, y que en las últimas declaraciones del ejecutivo estaba casi explícita la idea de que la orientación de la universidad debería ser socialista.11

Finalmente, el presidente Cárdenas eludió un enfrentamiento directo con los universitarios y decidió no enviar a los legisladores, como había anunciado, el proyecto de una nueva ley orgánica para la universidad; en su lugar remitió un proyecto de ley para la creación del CNESIC. En sus considerandos el presidente señaló:

El Ejecutivo a mi cargo no necesita modificar la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de México para restringirle su autonomía o para cercenarle el patrimonio que el Estado mismo le entregara al constituirla. Considero que no hay necesidad de afectar la situación de los actuales planteles universitarios en la Ciudad de México si, como está dicho, se va a proceder, desde luego, a proyectar, organizar y a poner en marcha nuevas instituciones educacionales que permitan cumplir el programa que el Gobierno se ha trazado.12

Los problemas que tuvieron lugar en 1935 entre el gobierno federal y las autoridades de la Universidad Autónoma de México forman parte de una trama de hechos interrelacionados que determinaron la política de educación superior aplicada por el régimen cardenista. El establecimiento de instituciones como la Universidad Obrera, el CNESIC, el IPN y la reorganización de las agrupaciones estudiantiles de izquierda fueron algunas de las medidas impulsadas por el gobierno de la república en sus intentos por alcanzar el control de la educación superior en el país.

Los conflictos entre la universidad y el gobierno de la república pusieron en evidencia un obstáculo insalvable para la autonomía de la primera. El ideal de universidad autónoma tuvo uno de sus elementos más importantes en la capacidad de ésta para cumplir sus funciones con recursos propios, sin tener que depender de decisiones externas. Sin embargo, el subsidio otorgado a la institución universitaria, si bien garantizó su supervivencia, la colocó en una situación de subordinación al perpetuar su dependencia económica del Estado.

El establecimiento del Consejo Nacional de la Educación Superiory la Investigación Científica (CNESIC)

Durante los conflictos de 1935, Narciso Bassols actuó como consejero del presidente de la república en las negociaciones con la Universidad Autónoma de México y fue el encargado de redactar el proyecto de iniciativa de creación del Consejo Nacional de la Educación Superior y la Investigación Científica (CNESIC). El 21 de septiembre de 1935, Narciso Bassols envió al presidente de la república el primer borrador de la iniciativa de ley para la creación del organismo, señalando la conveniencia de que fuera el propio Lázaro Cárdenas quien diera solución al problema universitario. Bassols apuntó que debería robustecerse el proyecto presentado con la ampliación del capítulo relativo a la investigación científica, ya que consideraba que el gobierno debería tomar a su cargo este aspecto extendiendo el campo de acción del consejo. Este órgano, a

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11 Ídem.12 Reproducido en Mendoza Rojas, Los conflictos de la UNAM en el siglo XX, p. 90.

su vez, debería encargarse no sólo de la educación superior sino también, de un modo destacado, de la investigación científica, ya que por esa vía se despojaría a la Universidad Autónoma de México de la bandera del servicio social.13

El presidente Cárdenas tenía planeado impulsar la creación del CNESIC dejando de lado la cuestión universitaria, pero Bassols le señaló lo inconveniente de esta forma de proceder exponiendo los siguientes razonamientos: no podía dejarse sin resolver el problema con la universidad debido a que ya el presidente de la república había ofrecido públicamente una iniciativa de ley sobre el particular. La única oportunidad ventajosa para enfocar el asunto universitario y precisar la política del gobierno federal al respecto, era la que ofrecía la iniciativa de ley que creaba el CNESIC. Asimismo, era peligroso para el gobierno dejar sin definición el problema universitario. Aun cuando no podían preverse los acontecimientos futuros, podía pensarse en que en un momento dado el gobierno tendría que enfrentarse a circunstancias que ya no le permitieran tener libertad de acción y lo obligaran a tomar una de dos decisiones posibles: modificar la ley para suprimir la autonomía, o dar dinero a la universidad, a pesar de su actitud de oposición y antagonismo ideológico con el Estado. Bassol consideraba que si el Poder Ejecutivo federal decidía resolver el problema con la Universidad Autónoma de México respetando su autonomía, proporcionando recursos económicos a la institución en la suma y términos convenientes, y orientando la labor educativa del gobierno por una vía diferente, era preferible no hacer nada sin dejar previamente delimitadas las relaciones futuras entre la Universidad Autónoma de México y el Estado.14

A pesar de no haber sido adoptados en su totalidad, los planteamientos de Narciso Bassols, serían determinantes en el diseño de la política que, en materia de educación superior e investigación científica, aplicaría la administración presidencial cardenista. De acuerdo con el ejecutivo federal, la creación del CNESIC representaba el primer paso en el desarrollo de su programa general de acción en materia de educación superior. En el texto de la iniciativa de ley para la creación del consejo, enviada por el presidente de la república a los legisladores, se hizo una crítica del liberalismo por sus “anárquicas ideas sobre el trabajo humano, la libertad de enseñanza, y el egoísmo como fuerza motora del progreso”. Asimismo, se cuestionaron las “formas tradicionales” de impartir la cultura y se propuso cambiar “los tipos tradicionales” de las viejas carreras profesionales por una organización de los estudios derivadas de un examen cuidadoso de las necesidades sociales. Partiendo de esa supeditación de los estudios técnicos y profesionales a las necesidades sociales, se planearía un sistema de educación superior que respondiera a los intereses de la nación. Esto redundaría en beneficio de las instituciones de educación superior sostenidas por los gobiernos de los estados, al establecerse una mayor cooperación entre éstos y la federación. A la vez, se señaló que la reorganización general de la educación superior implicaría su adecuación a los postulados de la educación socialista, derivados del Artículo 3º constitucional. También, se puso énfasis en la escuela como formadora de una conciencia de clase que llevara a los estudiantes a promover “la implantación de un régimen social basado en la distribución justa del trabajo y la riqueza”. El Estado fue señalado como el que se haría cargo de organizar, sostener y fomentar la investigación científica con un propósito de mejoramiento nacional.15

A la vez, el ejecutivo señaló que no juzgaba necesario “modificar la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de México para restringirle su autonomía y cercenarle el patrimonio que el Estado mismo le [había entregado] al constituirla”. Se consideró que no era menester afectar la situación de los planteles universitarios de la ciudad de México, en vista de que se procedería a establecer nuevas instituciones educativas que permitirían poner en marcha el programa que el gobierno se había trazado. El Estado, al expedir las leyes reglamentarias del ejercicio de las profesiones, estaría en aptitud de imponer las normas que el interés público reclamara y de encauzar, de modo indirecto, los procesos de preparación profesional. En la iniciativa se indicó que se procedía a la creación del CNESIC, porque ni la SEP ni las demás dependencias del ejecutivo federal contaban con órganos capacitados para realizar esa labor.16

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13 AGN/LCR, c. 688, exp. 534/100.14 Ídem.15 “Texto de la iniciativa de ley enviada por el C. Presidente de la República”, pp. 1-14.16 Ídem.

El 30 de octubre de 1935 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que dio origen al CNESIC. De acuerdo con el documento, el consejo sería un órgano de consulta necesaria del gobierno federal, en lo concerniente a las materias de su denominación. El consejo proyectaría la creación, transformación o supresión de los establecimientos de educación superior que funcionaran o debieran funcionar en el país, ya fuera bajo la dependencia del gobierno federal o de los gobiernos de los estados. Asimismo, proyectaría la creación u organización de los institutos y otros establecimientos de jurisdicción federal o local, que tuvieran por objeto practicar investigaciones científicas o cualquiera clase de estudios y observaciones de carácter general. El consejo elaboraría los proyectos de planes de estudios, programas, reglamentos y en general de las normas y disposiciones necesarias para regular el trabajo de los establecimientos de educación superior en el país. De igual manera, en el consejo se estudiarían y formularían las bases y reglamentos necesarios para estructurar las actividades de los centros de investigación científica. El consejo también se encargaría de elaborar anualmente los proyectos de presupuestos de egresos correspondientes a los planteles y establecimientos que estaban bajo su supervisión. Para los efectos del decreto no se considerarían comprendidos en la jurisdicción del organismo la enseñanza militar, la enseñanza secundaria, ni la enseñanza normal. Asimismo, el consejo no ejercería nunca funciones administrativas en ninguna institución o conjunto de instituciones, y se limitaría a las labores de estudio y planeación señalados en la ley. El consejo sometería sus trabajos a la aprobación del ejecutivo federal, por conducto del secretario de educación pública. Para que el ejecutivo federal aprobara cualquier proyecto del consejo que de alguna forma afectara la subsistencia o el funcionamiento de establecimientos dependientes de un gobierno local, o el uso de alguno de sus bienes, se requeriría previamente que la legislatura del estado y el gobernador respectivo manifestaran su parecer sobre el proyecto. El ejecutivo federal sería el órgano autorizado para fijar las erogaciones destinadas al sostenimiento del consejo y de su personal auxiliar. Asimismo, el ejecutivo expediría, de acuerdo con el CNESIC, los reglamentos necesarios para el buen funcionamiento de éste.17

Por otra parte, a pesar del papel realizado por Narciso Bassols como consejero de la Presidencia de la República en la creación del CNESIC, la responsabilidad de dirigir y poner en marcha las labores del organismo recayó en Isaac Ochoterena. En octubre de 1935 Bassols informó al presidente de la república que, tras intercambiar impresiones con diversas personas, había llegado a la conclusión de que, debido a su imagen política radical, su participación en el CNESIC podría significar un obstáculo y entorpecer el trabajo del gobierno en ese sentido. Por esa razón, consideró conveniente mantenerse al margen de las labores del consejo para, de esa manera, allanar el camino a los proyectos del ejecutivo federal.18

El CNESIC inició sus labores el 1 de enero de 1936, bajo la dirección del biólogo Isaac Ochoterena, quien renunció a su cargo seis meses después para dedicarse a la investigación científica. A partir de ese momento figuró como presidente Enrique Díaz de León, ex rector de la Universidad de Guadalajara.19 En el reglamento general del organismo, promulgado por decreto presidencial el 5 de noviembre de 1935, se estableció que se compondría de los quince miembros que señalaba su ley constitutiva, pero este número podría aumentar con los representantes de los centros de educación superior que se crearan en el futuro.20

El CNESIC inició sus labores con un grupo de profesionistas e investigadores integrado por: Luis Sánchez Pontón, abogado; Rafael Ramos Pedrueza, historiador; Alejandro Carrillo, abogado; Enrique Díaz de León, sociólogo; Enrique Arreguín Vélez,21 médico; María Castro de Amerena, médica; Manuel Martínez Báez, médico; Ramón Beteta, economista; Rafael Illescas Frisbie, químico; Luis Enrique Erro, astrónomo; Ana María Reyna, bióloga, profesora; Juan O’Gorman, arquitecto, pintor; Isaac Ochoterena, biólogo, y Víctor Manuel Villaseñor, abogado, economista. Los consejeros representantes de las secretarías de Estado que tenían bajo su dependencia algún plantel de educación superior fueron los siguientes: José Mancisidor, escritor, por la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas; Eliseo Ramírez, médico, por la Secretaría de Salubridad

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17 “Decreto que crea el CNESIC”, en APEAV, c. 49. “Proyecto de Ley, aprobado por el H. Congreso de la Unión...”, pp. 17-19.18 AGN/LCR, c. 688, exp. 534/100.19 Enrique Díaz de León falleció en la ciudad de México la madrugada del 28 de diciembre de 1937. Su lugar en la presidencia del CNESIC fue ocupado por Enrique Arreguín Vélez, quien se mantuvo en el cargo hasta la desaparición del organismo. “Falleció el Lic. Díaz de León”, en El Nacional, 29 de diciembre de 1937. Arreguín Vélez, Páginas autobiográficas, p. 65.20 AHSEP, SEP, CNESIC, Reglamento general del CNESIC, c. 1, exp. 2.21 Enrique Arreguín fue nombrado por el presidente de la república miembro del CNESIC el 1 de enero de 1936. APEAV, c. 18, exp. 2, f. 150.

Pública; José R. Alcaraz, ingeniero agrónomo, por la Secretaría de Agricultura; mayor ingeniero Armando Lozano Bernal, por la Secretaría de la Defensa Nacional; Alfonso M. Jaimes, ingeniero, por la Secretaría de Educación Pública, y Ángel Roldán, ingeniero agrónomo, por el Departamento Forestal y de la Caza y Pesca.22

De acuerdo con Enrique Arreguín, la creación del CNESIC había respondido a la necesidad de reorganizar la educación superior a partir del estudio y reglamentación del ejercicio de las profesiones. El estudio se imponía por la necesidad de conocer las necesidades del país de técnicos que realizaran y dirigieran las diferentes fases de la producción y cubrieran las necesidades de ésta y de la colectividad. Arreguín consideraba necesario saber qué tipo de profesionistas se debían formar para satisfacer las demandas sociales, como una manera de hacer frente al problema que planteaba la preparación de profesionistas que después no tenían en dónde aplicar sus conocimientos. Así, la reglamentación era necesaria, según Arreguín, porque el ejercicio de las profesiones bajo el sistema liberal no podía ajustarse a las necesidades sociales, debido a la tendencia del liberalismo de considerar al individuo como el único factor a tomar en cuenta, en detrimento de la colectividad.23

La creación del CNESIC fue inmediatamente impugnada por algunos sectores que consideraron que, de acuerdo con sus atribuciones, el organismo podría constituir una “dictadura de educación”; también se criticó la orientación ideológica de sus miembros. Enrique Arreguín fue señalado como comunista y se consideró su juventud (28 años) como muestra de su falta de preparación para desempeñar el cargo que se le había encomendado. A Luis Enrique Erro se le consideró un callista entusiasta, hecho a imagen y semejanza de Narciso Bassols. El arquitecto Juan O’Gorman fue calificado de comunista y Rafael Ramos Pedrueza, de prosoviético. El resto de los consejeros también cayó bajo sospecha de comunismo. Un editorialista de Excelsior se preguntaba cuál sería la orientación dada a la educación superior pública, señalando que se contrariaría la política del gobierno federal si se tomaba el camino del comunismo, recordando que el presidente de la república había declarado recientemente que el gobierno mexicano no era comunista. En el editorial se solicitaba que el consejo publicara una declaración de principios para que se hicieran públicas sus intenciones. Asimismo, se indicó que los consejeros deberían tener en cuenta que si bien en el país no existía la libertad de enseñanza, de acuerdo con el Artículo 3º constitucional, sí existía el derecho a la propiedad privada, por lo que el comunismo resultaba ajeno a las instituciones fundamentales del país. En ese sentido, los consejeros estaba obligados a declarar que no eran comunistas ni autorizarían la enseñanza del comunismo en las escuelas.24

El Consejo Nacional de la Educación Superior y la Investigación Científicay sus conflictos con la Universidad Autónoma de México

Desde el momento de su establecimiento, el funcionamiento del CNESIC resultó incompatible con la labor realizada por la Universidad Autónoma de México en el campo de la organización y planeación de la educación superior en el país. Esa disparidad de criterios se manifestó, ideológicamente, en la oposición de dos proyectos educativos antagónicos. A las pretensiones autonomistas de los universitarios y su defensa de la libertad de cátedra se opuso un modelo educativo totalmente supeditado al Estado, tanto en su organización como en su funcionamiento. En los hechos, las diferencias derivaron en una lucha abierta por el control de la educación superior y por la extensión de la influencia de ambas instituciones entre los planteles de tipo universitario que funcionaban en el país.

Las relaciones entre el CNESIC y la Universidad Autónoma de México tuvieron uno de sus momentos más difíciles en 1937, cuando se acusó a los miembros del primero de estar detrás de una serie de conflictos que afectaron a la segunda. Diferentes sectores universitarios, y algunos periódicos de la capital, acusaron al consejo de realizar una campaña contra la casa de estudios y de intervenir en su vida interna. Por su parte, las autoridades del organismo desmintieron las acusaciones y realizaron acciones para exponer a la

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22 Arreguín Vélez, Páginas autobiográficas, pp. 63-64. Carrillo Marcor, Apuntes y testimonios, p. 186.23 Enrique Arreguín, “La educación superior. Reorganización de la educación profesional”, en APEAV, c. 7.24 “Educación comunista”, en Excélsior, 6 de enero de 1936.

opinión pública las actividades que realizaban y dejar sentado que la Universidad Autónoma estaba fuera de su jurisdicción.25

En agosto de 1937, Luis Chico Goerne, rector de la Universidad Autónoma de México, responsabilizó a las JSUM de una serie de desórdenes ocurridos en la institución. Chico Goerne señaló que “agentes provocadores” habían invadido la Facultad de Derecho, dando lugar a que los estudiantes los expulsaran del plantel, con saldo de varios heridos. Este señalamiento involucró a algunos miembros CNESIC, debido a las ligas que se les atribuían con las JSUM.26

En respuesta, el 12 de agosto de 1937, los miembros del CNESIC acordaron que se abstendrían de participar en cualquier manifestación y acto de carácter público relacionado con la Universidad Autónoma de México; a la vez que negaron haber intervenido en la institución, señalando que la ley constitutiva del consejo indicaba que el organismo no tenía ninguna jurisdicción en planteles de carácter privado. En concordancia con esta decisión, la directiva del consejo agradeció a la dirigencia de las JSUM por el apoyo ofrecido a las labores que realizaba; pero le comunicó su decisión de no participar en un mitin que esa organización pretendía realizar en los próximos días. Finalmente, el CNESIC emitió una declaración en la que negó categóricamente los cargos que se hacían a algunos de sus miembros y se les consideró como una maniobra para enmascarar las dificultades internas de la universidad. Asimismo, se decidió realizar una entrevista con el subsecretario de educación pública y con el secretario particular de la Presidencia de la República para ponerlos al tanto del asunto. Tras estas resoluciones, Enrique Díaz de León, Enrique Arreguín y Ana María Reyna acudieron, en representación del CNESIC, ante la Presidencia de la República para expresar que el organismo al que pertenecían no había tenido, ni tenía, ninguna participación en el conflicto estudiantil universitario, así como para solicitar una investigación de los hechos.27

Al año siguiente se suscitó un nuevo enfrentamiento entre las autoridades del CNESIC y las de la Universidad Autónoma de México. Estas últimas responsabilizaron a miembros del consejo de estar detrás de la toma de algunos edificios universitarios la madrugada del 16 de mayo. La ocupación de los edificios derivó en incidentes violentos y en la muerte del estudiante Homero González y González. De acuerdo con algunos diarios vespertinos de la capital, el rector de la Universidad Autónoma de México atribuyó al CNESIC la responsabilidad de lo sucedido, pero la información fue inmediatamente desmentida por el organismo. La directiva de éste negó haber tenido cualquier participación en los hechos ocurridos en la universidad, a la que consideró como una institución privada que se encontraba fuera de su jurisdicción. Los dirigentes del consejo declararon que ese órgano dedicaba sus actividades a atender los problemas de carácter técnico en los planteles oficiales de educación superior del país y a resolver las consultas enviadas por la SEP. Las autoridades del CNESIC recurrieron a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal para pedir que se esclarecieran los hechos y se les eximiera de cualquier responsabilidad en los mismos.28

Como resultado de los acontecimientos de mayo de 1938 en la Universidad Autónoma de México, la CNE y las organizaciones estudiantiles que la integraban pidieron al presidente de la república la destitución de los miembros del CNESIC, por considerarlos autores intelectuales de los ataques a la institución. Centrales estudiantiles de filiación socialista denunciaron las agresiones que por parte de estudiantes “fascistas” sufrían los miembros de las JSUM en la Universidad Autónoma de México; a su vez, la organización negó categóricamente haber participado en los sucesos de mayo anterior.29

En respuesta a los ataques lanzados desde la Universidad Autónoma de México a los miembros del CNESIC, Jesús Díaz Barriga expuso al presidente de la república, en julio de 1938, una serie de faltas de carácter económico, moral y “revolucionario” cometidas por Luis Chico Goerne y algunos de sus colaboradores al frente de la universidad, por las que pidió fueran consignados a las autoridades competentes.30

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25 AHSEP, SEP, CNESIC, Actas de las sesiones celebradas durante 1937, c. 10, exp. 10.26 AGN/LCR, c. 745, exp. 534.8/7. “Una declaración del Consejo Superior de Educación”, en El Universal, 13 de agosto de 1937. “Niega el Consejo el cargo de atacar a la Universidad”, en El Nacional, 13 de agosto de 1937.27 AGN/LCR, c. 688, exp. 534/100.28 AHSEP, SEP, CNESIC, Procuraduría General de Justicia del Distrito y Territorios Federales, Consignación de afirmaciones, c. 18, exp. 14.29 AGN/LCR, c. 745, exp. 534.8/7.30 Jesús Díaz Barriga, “Las responsabilidades materiales y morales de la administración universitaria encabezada por el señor Lic. Chico Goerne”, 9 de julio de 1938, en ídem.

La lucha por aumentar su influencia entre las instituciones de educación superior en el país llevó, en octubre de 1938, a un nuevo enfrentamiento entre las autoridades del CNESIC y de la Universidad Autónoma de México. Esta vez el conflicto tuvo su origen en un congreso de preparatorias convocado por esta última institución, el cual se contraponía a un proyecto similar que estaba promoviendo el consejo.

Dentro del CNESIC se había planteado la posibilidad de convocar a un congreso de universidades y escuelas superiores oficiales, a inicios de 1939, como parte de las labores tendentes a lograr la unificación de las orientaciones, métodos, planes y programas de estudios en los planteles de educación superior sostenidos por el gobierno federal y por los estados. En contraposición, las autoridades de la Universidad Autónoma de México promovieron la organización de un congreso de escuelas preparatorias de todo el país, con objetivos similares a los del consejo, pero con fecha anterior.31

La directiva del CNESIC se mostró en desacuerdo con el congreso convocado por la Universidad Autónoma de México, por considerarlo ilegal. Para sustentar esta apreciación se señaló que la universidad, en conformidad con la ley que en octubre de 1933 le había concedido plena autonomía, carecía de facultades para intervenir en los establecimientos de educación pública sostenidos por el Estado. Además, las conclusiones a que se llegara en ese congreso restringirían la libertad de los planteles oficiales para adoptar las iniciativas e indicaciones que partieran en el futuro del consejo, dificultando, en consecuencia, la unificación que se perseguía. A la vez, la realización de ese congreso impediría la reforma de las universidades y escuelas superiores oficiales puesta en marcha por el CNESIC con el apoyo de las autoridades de algunos estados.32

El congreso de preparatorias convocado por la Universidad Autónoma de México fue impugnado por los miembros del CNESIC, pero, a pesar de las gestiones realizadas ante el presidente de la república y la SEP para evitar su realización, la reunión se llevó a cabo en los primeros días de noviembre. A manera de protesta, al congreso, presidido por Gustavo Baz, rector de la Universidad Autónoma de México, no asistieron representantes de las universidades de Michoacán y de Jalisco.33

A pesar de las declaraciones en sentido opuesto, algunos miembros del CNESIC se involucraron en diversos aspectos de la organización universitaria. En julio de 1940, Enrique Arreguín y Jesús Díaz Barriga comunicaron al presidente de la república que habían estado procurando establecer relaciones con diferentes grupos estudiantiles de la Universidad Autónoma de México, principalmente de la Preparatoria y de la Escuela de Medicina. Con estos acercamientos se buscaba estrechar la relación entre los estudiantes y la “Revolución”, así como tratar de posicionar a los elementos proclives al gobierno de la república en la elección para las directivas de las sociedades de alumnos. Sobre este último aspecto, la táctica utilizada, de acuerdo con Díaz Barriga y con Arreguín, consistió en dar apoyo “prudente” a “candidatos revolucionarios” cuando había la seguridad de que sus antecedentes no producirían reacciones inconvenientes entre los estudiantes, y a “elementos liberales más o menos progresistas”, cuando se temía que hubieran algunas repercusiones. Estas actividades contaron con la colaboración de las secretarías de Asistencia, Economía, Departamento Agrario y, en menor medida, de la SEP. El apoyo fue moral en su mayor parte, aunque también hubo respaldo económico. Díaz Barriga y Arreguín señalaron que en ese momento se encontraban, en conjunto con algunos líderes estudiantiles, elaborando un proyecto para establecer mecanismos de colaboración entre los estudiantes universitarios y las autoridades del gobierno federal.34

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31 “Memorandum acerca del Congreso de Escuelas Preparatorias”, 11 de octubre de 1938, en AGN/LCR, c. 453, exp. 433/36.32 Ídem.33 Jesús Díaz Barriga, “El Congreso o Reunión de Preparatorias realizado por la Universidad Autónoma de México”, 13 de diciembre de 1938, en AGN/LCR, c. 1351, exp. 711/152.34 AGN/LCR, c. 745, exp. 534.8/7.

Labor del Consejo Nacional de la Educación Superiory la Investigación Científica

Uno de los primeros acuerdos tomados dentro del CNESIC fue la creación, en enero de 1936, de comisiones especiales encargadas de la elaboración de diagnósticos sobre la situación en que se encontraban la educación superior y la investigación científica en el país.35 Como parte de las actividades de estos grupos de trabajo, la directiva del CNESIC solicitó al gobierno del estado de Michoacán datos sobre los planteles de educación superior y los centros de investigación y experimentación científica que funcionaban en la entidad. Entre otros datos, se requirió información sobre los planteles de educación superior existentes, las carreras y títulos que se ofrecían, planes de estudio vigentes, programa de las cátedras, número de alumnos y promedio anual de asistencia, número de graduados, presupuestos escolares, institutos de investigación y centros de experimentación existentes y labores que desarrollaban; número de laboratorios, museos, bibliotecas y observatorios; así como el número de escuelas particulares de educación superior en funcionamiento.36

En diciembre de 1936 se informó que los miembros del CNESIC habían terminado el estudio del estado en que se encontraba la educación superior en el país, tras la compilación y revisión del material recabado por los consejeros en los diferentes estados. De acuerdo con Enrique Arreguín, secretario del CNESIC, la información serviría para proceder a la reestructuración de los planteles de educación superior y a la organización y unificación de los estudios cursados en esos establecimientos.37

El estudio sobre el estado en que se encontraba la educación superior en Michoacán correspondió al consejero Manuel Martínez Báez, quien en diciembre de 1936 presentó un dictamen en el que expuso los resultados de sus indagatorias. Como resultado del informe, los miembros del CNESIC acordaron enviar una serie de proposiciones al gobernador del estado para que fueran aplicadas en los planteles educativos bajo su responsabilidad. Estas propuestas incluyeron: la promoción de un plan de mejoramiento de las condiciones materiales para el desempeño de las actividades universitarias; inculcar en los estudiantes una mayor comprensión del papel que deberían desempeñar dentro de la sociedad, como individuos al servicio de la colectividad; la supresión de la Escuela de Comercio; incorporar la Escuela Industrial del Estado a la Universidad Michoacana; transformar la Escuela de Jurisprudencia en Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, y buscar que la Escuela Normal de Maestros dejara de depender de la Universidad Michoacana y pasara a la Dirección de Educación Federal y del Estado, para adecuar las exigencias de la educación normal a las disposiciones contenidas en el Artículo 3º constitucional.38

Al concluir su primer año de labores, la directiva y los miembros del CNESIC se encontraban realizando estudios y proyectando una reforma completa de la organización de la educación superior oficial en el país. En el consejo se estaba estudiando un sistema de nombramiento de personal docente que fuera posible aplicar en todos los planteles de educación superior, de manera que se pudieran contrarrestar las decisiones que en ese sentido se tomaban sin tener un sustento académico. También se estaba trabajando en la elaboración de los planes de estudio de las diferentes carreras y estudios profesionales que deberían aplicarse en los establecimientos oficiales, con objeto de conseguir la unificación completa de los estudios en todo el país. A estos trabajos se sumó el proyecto para el establecimiento de centros universitarios en varias regiones del territorio nacional.39

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35 La comisión para el estudio del estado de la educación superior quedó integrada por Luis Enrique Erro, Juan O’Gorman, Enrique Arreguín, Rafael Illescas y Manuel Martínez Báez; a la comisión investigadora del estado de la especulación científica se incorporaron Manuel Martínez, Isaac Ochoterena, Enrique Díaz de León y María Castro; en otra comisión, encargada del estudio del estado social y económico de México, participaron Ramón Beteta, Víctor Manuel Villaseñor y Alejandro Carrillo, entre otros. “El Consejo Nacional de Educación Superior ha nombrado tres comisiones importantes”, en Frente Único, 20 de enero de 1936.36 AGHPEM, SG, IS, UMSNH, c. 2, exp. 28, f. 7.37 “Organización de importancia”, en Excélsior, 5 de diciembre de 1936.38 AHSEP, SEP, CNESIC, Actas de las sesiones celebradas durante los meses de abril a diciembre, c. 1, exp. 20. Estas propuestas fueron hechas a partir del “Estudio sobre el estado de la educación superior en Michoacán”, presentado por Manuel Martínez Báez. Este documento sirvió de base a las modificaciones propuestas por el CNESIC para la educación superior en Michoacán. AHSEP, SEP, CNESIC, c. 2, exp. 1.39 APEAV, c. 49, exp. 4, ff. 770-779.

Como resultado de la actividad realizada durante 1936, en el CNESIC se elaboró y aprobó un plan de estudios para los diferentes bachilleratos universitarios, que se aplicaría a partir de 1937. El plan fue aceptado para aplicarse en las escuelas preparatorias de Jalisco y Michoacán, pero no pudo ser puesto en marcha en el resto del país, porque los estudiantes debían ajustarse a los planes de la Universidad Autónoma de México, en caso de pretender continuar sus estudios en esa institución. A causa de esto, las autoridades del CNESIC decidieron no insistir en la aplicación del plan, en tanto se realizaba el estudio para la organización de los centros universitarios que se pretendían establecer en algunas regiones del país.40

En el caso de Michoacán, en enero de 1937, Enrique Arreguín y Juan O’Gorman fueron invitados a exponer ante el Consejo Universitario el plan de estudios para preparatorias formulado por el CNESIC. Los invitados hicieron hincapié en la unificación de los programas de bachillerato en todo el país, en respuesta a la necesidad de controlar la enseñanza preparatoria por medio de un órgano legal, como lo era el CNESIC. La propuesta fue aceptada, y el pleno del Consejo Universitario aprobó los planes puestos a su consideración.41 Arreguín señaló que el CNESIC insistiría en establecer en todas las universidades de provincia un criterio socialista de enseñanza, acorde con el Artículo 3º constitucional. En respuesta, se le recordó a Arreguín que la enseñanza impartida en la Universidad Michoacana, dando un paso más allá de lo postulado por el Artículo 3º constitucional, había sido declarada socialista desde 1934, por lo que no existía contraposición alguna con los planteamientos del CNESIC.42

En 1937, en el CNESIC se realizó un estudio sobre las condiciones médicas y de salud de la población del país, y sobre el número de profesionistas titulados en esta materia y los que se requería preparar para el futuro. La indagatoria fue planeada y realizada por el consejero Miguel Othón de Mendizábal, con un equipo de médicos, estadígrafos y estudiantes. Con base en los resultados se elaboró un proyecto sobre la necesidad de establecer un sistema institucional de servicios asistenciales médicos para la población que carecía de éstos, y otro para formar, en nuevas escuelas de medicina, profesionistas médicos necesarios para trabajar en el medio rural. La realización de este último proyecto fue asumida por el IPN.43

Derivado del estudio sobre las condiciones médicas y de salud en el país, Enrique Arreguín, junto a un grupo de médicos, trabajó, desde el CNESIC y la Comisión de Estudios de la Presidencia de la República, en la creación y puesta en marcha de la carrera de médico rural, la cual fue establecida en 1938 dentro de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN.44

Por otra parte, en noviembre de 1937, los miembros del CNESIC aprobaron un proyecto para la creación de la Dirección General de la Educación Superior y la Investigación Científica dentro de la Secretaría de Educación Pública, presentado por Luis Sánchez Pontón. El documento señalaba la necesidad de que la SEP contara con una dependencia encargada del sector de la educación superior. Por esta razón se planteaba establecer, a partir del 1 de enero de 1938, la dirección propuesta, como dependencia de la secretaría de educación. El nuevo organismo tendría bajo su responsabilidad, desde el punto de vista administrativo, las escuelas profesionales de tipo universitario; los establecimientos de investigación científica y el control del ejercicio profesional; y sería el órgano ejecutivo de las disposiciones emanadas del CNESIC, aprobadas debidamente por la superioridad de acuerdo con las facultades que le confería su ley constitutiva. La creación de esta dirección se proyectó dentro de un esquema general de reorganización de la SEP, el cual fue expuesto al secretario del ramo.45 El proyecto de Sánchez Pontón no tuvo aplicación inmediata, pero sería retomado en los años posteriores.

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40 Ibíd., ff. 720-743.41 AHUM, CU, S. A., 6 de enero de 1937. En ese momento, las autoridades de la Universidad Michoacana estaban en contacto con sus similares del CNESIC para tratar lo relativo a la educación secundaria que, por disposición oficial, debería estar bajo control de la SEP, por lo que debería ser separada de los estudios preparatorios. Sin embargo, un año después esta situación aún no se resolvía satisfactoriamente y seguía pendiente la adopción del plan de estudios del CNESIC en el nivel secundario. Ibíd., 4 de enero de 1937 y 14 de enero de 1938.42 Ibíd., 6 de enero de 1937.43 Arreguín Vélez, Páginas autobiográficas, pp. 109-110.44 Ibíd., pp. 110-113.45 Luis Sánchez Pontón, “Proyecto para la creación de la Dirección General de la Educación Superior y la Investigación Científica dentro de la Secretaría de Educación Pública”, en AHSEP, SEP, CNESIC, Dirección General de la Educación Superior y la Investigación Científica, c. 10, exp. 68.

Las funciones del CNESIC aumentaron en 1938 con la orden del presidente de la república de que el organismo se encargara, en lo sucesivo, de desempeñar las actividades que tenía a su cargo el Instituto de Orientación Socialista, que fue suprimido ese año. Además, en marzo fueron ratificados los nombramientos de los miembros del CNESIC, con lo que se mantuvo la directiva integrada por Enrique Arreguín, presidente; Ana María Reyna, secretaria, y Luis Sánchez Pontón, prosecretario.46

Las relaciones de cooperación entre el CNESIC y la Universidad Michoacana se reforzaron en 1938 cuando algunos consejeros fueron invitados a exponer sus puntos de vista en esta institución.47 Entre el 8 y el 15 de mayo de ese año se realizó una serie de conferencias, denominada Semana Nicolaita, en la que participaron algunos miembros del CNESIC.48

Para septiembre de 1938, la directiva del CNESIC insistió una vez más en el establecimiento de una Facultad de Economía en la Universidad Michoacana. Para este fin, en el consejo se había aprobado la iniciativa y se elaboraron los planes y programas de estudios respectivos. Sin embargo, no fue posible concretar el proyecto debido a la carencia de recursos económicos. Por esta razón se pidió que el subsidio federal anual de 50 mil pesos, que había sido concedido a la Universidad Michoacana durante los tres años anteriores, fuera aumentado en 18 mil 329 pesos, cantidad necesaria para el pago de la planta de profesores y la adquisición de biblioteca y mobiliario para la nueva facultad.49

Al mes siguiente fue designada una comisión del CNESIC, integrada por los consejeros Manuel Martínez Báez, Luis Sánchez Pontón, Víctor Manuel Villaseñor y Enrique Arreguín, la cual se encargaría del estudio de las nuevas carreras que se planeaba crear en la Universidad Michoacana, así como del presupuesto respectivo y el material de laboratorio y biblioteca necesarios para el funcionamiento de la institución a partir de 1939.50

Durante el segundo semestre de 1938, en el CNESIC se procedió al estudio de un proyecto de ley orgánica para la Universidad Michoacana. El principal encargado de esta tarea fue Enrique Arreguín, quien tenía bajo su responsabilidad los asuntos relacionados con los estados de Michoacán, Jalisco y Colima.51

Algunos miembros del CNESIC participaron en la adquisición de material bibliográfico para la Universidad Michoacana. En diciembre de 1938, el presidente de la república realizó, a título personal, una donación de libros a la Biblioteca del Colegio de San Nicolás. El donativo constó de 104 títulos sobre temas económicos, políticos y filosóficos. La selección y adquisición de los materiales estuvo a cargo de Jesús Díaz Barriga.52 En enero del año siguiente, Enrique Arreguín participó en una donación de libros a la Biblioteca Universitaria, en la que predominaron libros sobre cuestiones económicas, de corte marxista.53

El Instituto Nacional de Educación Superior para Trabajadores

Uno de los primeros proyectos aprobados y puestos en práctica por el CNESIC fue el de la creación del Instituto Nacional de Educación Superior para Trabajadores (INEST), el cual se aprobó en marzo de 1936. De acuerdo con Enrique Arreguín, el instituto fue proyectado con el propósito de dotar a la clase trabajadora

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46 “Directivos del Consejo Nacional de Educación”, en El Nacional, 19 de marzo de 1938.47 “AGN/LCR, c. 688, exp. 534/100.48 Los ponentes y los temas fueron los siguientes: Víctor Manuel Villaseñor, “El desarrollo del fascismo en Europa”; Ana María Reyna, “Los fundamentos científicos de la teoría de la evolución”; Luis Sánchez Pontón, “Antecedentes y significado de la reforma educativa en México”, Miguel Othón de Mendizábal, “La evolución económica y social de los pueblos primitivos” (cinco conferencias); Enrique Arreguín, “La educación superior y el artículo 3º constitucional”; José Mancisidor, “Impresiones de viaje por España, La educación popular en la República Española” y “El Ejército Popular español”. AHSEP, SEP, CNESIC, Semana Nicolaita, 1938, c. 26, exp. 19.49 AHSEP, SEP, CNESIC, Proyecto de comunicación para los rectores de las universidades de la provincia que reciben subsidio del Gobierno federal, c. 20, exp. 58.50 APEAV, c. 42, exp. 1, f. 270.51 AHSEP, SEP, CNESIC, Informe de labores, c. 22, exp. 37.52 AGN/LCR, c. 117, exp. 136.3/32.53 APEAV, c. 24, exp. 3, f. 655.

del país de los elementos técnicos necesarios para que pudiera tomar a su cargo la dirección y manejo de la industria nacional.54

Como parte del proyecto, en 1937 se establecieron algunas escuelas secundarias y una preparatoria. Las primeras se ubicaron en Mérida, Yucatán; Orizaba, Veracruz; Coyoacán, D.F.; Zamora, Michoacán; Ciudad Lerdo, Durango, y Tepic, Nayarit. La preparatoria se estableció en Coyoacán, D.F. La selección del profesorado y los alumnos fue encargada directamente por el presidente de la república al CNESIC; asimismo, se responsabilizó a este organismo de la adecuada distribución de las becas.55

A pesar del esfuerzo realizado por las autoridades y miembros del CNESIC, el proyecto educativo del INEST se aplicó de manera parcial, al limitarse la oferta escolar a los estudios secundarios y preparatorios. De esta manera siguió funcionando hasta 1941, cuando ante los cambios en la política educativa oficial fueron suprimidos los recursos con los que funcionaban los planteles y se cubrían las becas del alumnado.56

El proyecto de creación de los centros universitarios de la república

Uno de los proyectos más importantes y ambiciosos emprendidos dentro del CNESIC fue el del establecimiento de centros universitarios en varias ciudades del país. De acuerdo con las autoridades del consejo, el plan para la creación de estos centros era el resultado de una cuidadosa revisión del estado en que se encontraba la educación superior en el territorio nacional. Los estudios y las visitas que, desde inicios de 1936, los consejeros habían hecho a las diferentes instituciones de educación superior del país fueron utilizados en la elaboración de la propuesta.57

Uno de los objetivos de la creación de los centros universitarios era el de integrar de manera homogénea todo el sistema de educación superior oficial en el país. De esta manera, se combatiría la desvinculación entre las instituciones educativas, sus planes y programas de estudio, y su orientación pedagógica e ideológica. Además, se buscaría mejorar las condiciones materiales de los planteles y las condiciones de trabajo de los docentes. Con los centros universitarios se proponía, además, dar lugar a un nuevo tipo de institución universitaria contrapuesto al viejo modelo basado en la enseñanza de las profesiones liberales. Con esta finalidad se establecerían nuevas carreras para la formación de técnicos y se dotaría a los planteles de los recursos escolares necesarios.58

Para poner en marcha el proyecto, se resolvió dar paso al establecimiento de los centros universitarios de Guadalajara, Jalisco, y de Morelia, Michoacán.59 Por tal razón, se hizo una invitación a los gobiernos de estas entidades federativas para que designaran una delegación que se dirigiera al CNESIC a fin de iniciar los estudios necesarios para proceder a la instalación de los mencionados centros. También se resolvió solicitar a los gobiernos de esos estados que gestionaran la asignación de los recursos necesarios para su funcionamiento. Posteriormente se procedería al establecimiento de centros en otras regiones del país.60

El proyecto para la creación de los centros universitarios presentado por la directiva del CNESIC fue aprobado el 8 de julio de 1937. Poco tiempo después, el 24 de agosto, fueron aprobadas las “Bases generales para la organización de los Centros Universitarios de la República” por las comisiones de la Universidad

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54 “En beneficio de la clase trabajadora se propone la creación del Instituto de la Cultura Superior”, en El Nacional, 28 de marzo de 1936. Arreguín Vélez, Páginas autobiográficas, p. 75.55 Entre los profesores seleccionados puede señalarse a: Guillermo Ibarra, Octavio Novaro, Julio Prieto, Luis Sandi, Carlos Madrazo, Agustín Yáñez, Leopoldo Herrera, Máximo Tovar, José Attolini, José Mancisidor, Ana María Reyna, Juan O’Gorman, Luis Chávez Orozco, Rafael Illescas Frisbie, José R. Alcaraz, Alberto Cerda, Edmundo Valdez García, J. Jesús Ruiz, Luis Rivera Terrazas, Álvaro Reyes Monge, Vicente Echeverría, Estanislao Ramírez, Rafael Rangel, Clementina Torres Boquedano, Enrique Arreguín Vélez, Antonio Monzón, Manuel Maldonado K., Jesús Díaz Barriga, Enrique Beltrán, Jesús Silva Herzog, Celestino Herrera Frimont, Elizabeth Desalle, Ulises Moncada. Ibíd., pp. 76-77.56 Arreguín Vélez, Páginas autobiográficas, pp. 75, 79.57 AGN/LCR, c. 723, exp. 534.4/202.58 Ídem. AGN/LCR, c. 688, exp. 534/100.59 Además de los centros universitarios de Guadalajara y Morelia, se planeó su establecimiento en las ciudades de Monterrey, Veracruz y Mérida. Ídem.60 APEAV, c. 18, exp. 3, ff. 425-427; c. 31, exp. 1, ff. 72-75.

Michoacana, la Universidad de Guadalajara y el CNESIC, y en septiembre fueron enviadas al gobernador de Michoacán para conocer su opinión.61

La propuesta de establecer un centro universitario en Michoacán fue inmediatamente aceptada por las autoridades de la Universidad Michoacana. Los miembros del Consejo Universitario decidieron que el rector se dirigiera al CNESIC para intercambiar puntos de vista sobre el proyecto en ciernes.62 En diciembre de ese mismo año, ese consejo decidió nombrar a Enrique Arreguín y Manuel Martínez Báez, miembros del CNESIC, como representantes de la Universidad Michoacana en la capital del país. En especial, se les encomendó la misión de continuar con la tarea de lograr el establecimiento en Morelia de un centro universitario.63

De acuerdo con las Bases Generales para la Organización de los Centros Universitarios de la República, éstos tendrían como finalidad cumplir en el campo de la educación superior con los principios que, en materia educativa, sustentaba la constitución política del país. Para llevar adelante esta tarea, los centros impartirían la enseñanza superior, organizarían las labores de investigación científica y difundirían la cultura.64 El CNESIC sería la instancia encargada de elaborar las bases del funcionamiento técnico de los centros y determinaría, a propuesta de los responsables de estos últimos o por iniciativa propia: las escuelas, institutos de investigación y departamentos de difusión cultural que funcionarían en cada centro; los planes de estudio, programas mínimos, libros de texto y métodos de enseñanza; los requisitos de admisión de los alumnos; las normas para la expedición de grados y constancias de estudio; las condiciones de revalidación de estudios y demás atribuciones técnicas señalados en los artículos relativos de su propia ley constitutiva.

La puesta en práctica del proyecto de los centros universitarios no se concretó debido a factores administrativos, económicos e ideológicos. Los centros resultaron ser un proyecto demasiado costoso para todas las partes involucradas en su establecimiento. Los directivos del CNESIC denunciaron en varias ocasiones las trabas que a su labor ponían funcionarios de la SEP y de la Universidad Autónoma de México. Finalmente, la posterior desaparición del consejo canceló cualquier posibilidad de creación de estos planteles en los términos en que fueron propuestos en 1937.

El proyecto para la creación de los centros universitarios fue retomado en 1939 por las autoridades de la Universidad Autónoma de México.65 Éstas propusieron al presidente de la república la creación de un comité de fomento a la cultura superior y de cuatro de esos centros, con características semejantes a la Universidad Autónoma de México. La propuesta, que fue apoyada por la SEP, provocó la reacción de Jesús Díaz Barriga y Enrique Arreguín quienes señalaron que era semejante a la que en su momento se hizo desde el CNESIC, pero que sería impulsada con una orientación ideológica diferente.66

Labor del Consejo Nacional de la Educación Superiory la Investigación Científica en el país

Los problemas entre la administración cardenista y los universitarios trascendieron los límites de la Universidad Autónoma de México y se extendieron a las instituciones de educación superior de provincia. A pesar de que muchas de éstas eran sostenidas con fondos públicos y contaban con un subsidio federal, sus miembros se negaban a acatar las disposiciones oficiales en materia educativa. Por su parte, el gobierno de la república, a través de las dependencias encargadas de organizar y vigilar la educación superior, trató por diversos medios de controlar el funcionamiento y la orientación de los planteles existentes en las diferentes entidades federativas. La más importante de esas dependencias fue el CNESIC, cuyos miembros llevaron a cabo una amplia labor de propaganda a favor de la política educativa impulsada por el gobierno federal.

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61 AHSEP, SEP, CNESIC, Proyecto para la creación de los Centros Universitarios aprobado por el CNESIC, 8 de julio de 1937, c. 10, exp. 47. “Acta de las sesión celebrada el día 24 de agosto de 1937”, en AHSEP, SEP, CNESIC, c. 10, exp. 10. AGHPEM, SG, IS, UMSNH, c. 2, exp. 33, f. 9.62 AHUM, CU, S. A., 28 de julio de 1937.63 “Universidad Socialista”, 20 de diciembre de 1937, en APEAV, recortes de periódicos.64 AGHPEM, SG, IS, UMSNH, c. 2, exp. 33, ff. 10-23.65 AGN/LCR, c. 745, exp. 534.8/7.66 Jesús Díaz Barriga, “Problemas actuales de la educación superior”, 17 de abril de 1939, en ídem.

Los esfuerzos por extender su influencia, y las constantes disputas con las autoridades de la Universidad Autónoma de México por el control de la educación superior en el país, llevaron a los miembros del CNESIC a involucrarse en el desarrollo y la solución de diversos conflictos en algunas instituciones educativas de provincia. En agosto de 1936, los consejeros Enrique Arreguín, Manuel Martínez Báez y Víctor Manuel Villaseñor visitaron la ciudad de Oaxaca para estudiar el carácter del conflicto estudiantil que afectaba las actividades del Instituto de Ciencias y Artes del Estado. Los estudiantes se había declarado en huelga, el 3 de agosto, para solicitar una reforma a la ley orgánica y la concesión de la autonomía plena al plantel, según un proyecto elaborado por profesores y alumnos.67 Al año siguiente, el CNESIC participó en la organización y establecimiento de la Universidad Socialista del Noroeste, en Culiacán, Sinaloa. A petición del gobierno estatal, el organismo supervisó los planes y programas de estudio, y mediante el INEST, apoyó con personal docente a la nueva universidad. Ese mismo año, el consejo gestionó ante el gobierno del estado una mayor asignación de recursos para la Universidad de San Luis Potosí.68

En febrero de 1938, una comisión del CNESIC fue enviada a Saltillo, Coahuila, para participar en la solución del conflicto estudiantil que afectaba al Ateneo Fuente. La comisión, integrada por Alejandro Carrillo, Juan O’Gorman y Víctor Manuel Villaseñor, encontró algunas irregularidades de carácter legal en el funcionamiento de la institución y, en conjunto con el ejecutivo estatal, propuso una reforma integral de su funcionamiento y organización, para ajustarlos a los lineamientos educativos marcados por el Artículo 3º constitucional. Esta situación fue rechazada por un grupo considerable de estudiantes, quienes se negaron a concurrir a las aulas. Estos alumnos recibieron el apoyo de Rubén Aguirre Elguezabal y Manuel Pacheco Moreno, quienes llegaron a Saltillo ostentando la representación de la Universidad Autónoma de México y de la CNE. Ese grupo pidió al gobernador que concediera la autonomía al Ateneo Fuente y la aceptación del principio de libre cátedra. Como resultado de la visita de la comisión del CNESIC a Saltillo, se acordó con el ejecutivo estatal una reforma de la constitución local y un plan definitivo de reorganización del Ateneo Fuente. El informe que presentó la comisión del CNESIC fue criticado por algunos medios impresos de la capital del país al considerarse que tenía como fin atacar a la Universidad Autónoma de México.69 No obstante las protestas, el gobierno estatal siguió adelante con su plan de sancionar una nueva ley de educación superior, tomando como base el anteproyecto hecho por el consejo.

También en 1938, el CNESIC participó, en conjunto con una comisión del Gobierno del Estado de Nuevo León, en el estudio para la elaboración de una ley orgánica de la universidad del estado. Una labor similar fue la que realizó el consejero Luis Sánchez Pontón, quien se reunió con una comisión de autoridades, profesores y estudiantes de la Universidad de Puebla para elaborar una nueva normatividad de la institución. El Instituto Científico y Literario de Chihuahua recibió la visita de un representante del consejo quien expuso los puntos de vista del organismo sobre el régimen legal de la educación superior oficial en el país. El Instituto Científico y Literario del Estado de México, por su parte, fue objeto de un estudio para recabar información sobre la situación en que se encontraba y proceder a ajustar su funcionamiento de acuerdo con lo indicado por el Artículo 3° constitucional. A la par de estas actividades, una parte importante de las labores del consejo se dirigió al estudio del funcionamiento técnico del IPN, con el objetivo de determinar las modificaciones que deberían hacerse en el siguiente año escolar.70

El CNESIC promovió la asignación de subsidios federales para algunas universidades e institutos de educación superior de provincia; pero al mismo tiempo, las autoridades del consejo señalaron que esos apoyos implicaban una obligación moral de colaboración para lograr la unificación y orientación de los estudios con las pautas marcadas por el gobierno de la república. Las instituciones beneficiadas con esos

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67 AHSEP, SEP, CNESIC, Instituto de Ciencias y Artes del Estado de Oaxaca, Conflicto estudiantil, 1936, c. 5, exp. 18. “Estudio del conflicto estudiantil de Oaxaca”, en El Universal, 25 de agosto de 1936.68 AHSEP, SEP, CNESIC, Colegio Rosales, 1937, c. 11, exp. 18. APEAV, c. 49, exp. 4, ff. 720-743.69 “Había deficiencias de carácter legal en el Ateneo de Saltillo”, en Excélsior, 10 de febrero de 1938.70 AGN/LCR, c. 688, exp. 534/100.

recursos tendrían la obligación de orientar sus estudios de acuerdo con lo señalado en el Artículo 3° constitucional y de colaborar con el consejo en los trabajos técnicos que realizaba.71

Otra de las tareas emprendidas por el CNESIC fue la puesta en marcha de un plan de estudios único en las escuelas preparatorias del país. Con este objetivo, los miembros del consejo realizaron visitas a las instituciones de provincia para convencer a sus autoridades a adoptarlo.

La Casa de España en México

La directiva del CNESIC, principalmente a través de la figura de Enrique Arreguín, participó de manera activa en la organización y puesta en funcionamiento de La Casa de España en México. En agosto de 1938 se informó que, por instrucciones del presidente de la república, se crearía una institución bajo este nombre, para lo cual el mandatario dispuso que se invitara, previo conocimiento y conformidad del gobierno de la República Española, a un grupo de profesores e intelectuales de esa nacionalidad para que vinieran a México a proseguir los trabajos docentes y de investigación que habían interrumpido por la guerra civil. El presidente Cárdenas acordó la creación de La Casa de España para que sirviera como centro de reunión y de trabajo para los invitados. La institución estaría a cargo de un patronato integrado por Eduardo Villaseñor, subsecretario de Hacienda, en representación del gobierno federal; Gustavo Baz, rector de la Universidad Autónoma de México; Enrique Arreguín, presidente del CNESIC. Durante la ausencia de Villaseñor, representaría al gobierno federal, Daniel Cosío Villegas.72

El 31 de ese mismo mes de agosto se realizó una sesión extraordinaria del CNESIC, presidida por Enrique Arreguín, en honor a los intelectuales españoles José Gaos, Luis Recasens, José Moreno Villa, Pedro Salinas y León Felipe Camino. En la sesión, los consejeros Sánchez Pontón y Ramos Pedrueza expusieron ante los invitados los temas, “La reforma educativa en México” y “Organización y principales trabajos realizados por el Consejo de Educación Superior”. Posteriormente, se ofreció una comida a los intelectuales españoles, con la asistencia de todos los consejeros del CNESIC.73

No obstante, a pesar de las muestras de entusiasmo que provocó la llegada a México de los intelectuales españoles, en septiembre de 1938, el consejero Jesús Díaz Barriga señaló al presidente de la república:

Mi impresión acerca de los sabios españoles que han sido invitados es que no le presentaron a usted una lista de los que convendría traer de acuerdo con las necesidades del país, sino que se han invitado casi puros literatos y filósofos, algunos de ellos no bien definidos de acuerdo con la ideología del Gobierno. Que teniendo en cuenta que algunos de ellos no acepten se invitasen a otros sabios españoles y alemanes especialistas en asuntos de economía, física, mecánica aplicada, de acuerdo con las necesidades de la construcción del país.74

Poco tiempo después, en enero de 1939, Jesús Díaz Barriga señaló que La Casa de España era uno de los medios utilizados por las autoridades de la Universidad Autónoma de México para “intensificar su influencia desorientadora entre las escuelas superiores de provincia”. De acuerdo con Díaz Barriga, la primera de estas instituciones estaba integrada, casi en su totalidad, por intelectuales que si bien tenían fama de izquierdistas en su lugar de origen, en relación con el ambiente intelectual mexicano tenían una posición centrista y aun algunos de ellos de derecha.75

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71 La Universidad Michoacana recibió atención especial por parte del CNESIC. La directiva del consejo fue la encargada de tramitar el subsidio de 50 mil pesos que recibiría la Universidad Michoacana en 1939. Además, en los últimos meses de 1938, a petición de las autoridades de la Universidad Michoacana y del Gobierno del Estado de Michoacán, en el consejo se inició el estudio de un proyecto de ley orgánica para esa universidad. Enrique Arreguín Jr., “Informe de los trabajos realizados por el CNESIC, durante el segundo semestre del año de 1938”, en APEAV, c. 39.72 AHSEP, SEP, CNESIC, expediente de Enrique Arreguín, c. 20, exp. 2. “España tendrá en México una casa cultural”, en Excélsior, 20 agosto de 1938. Arreguín Vélez, Páginas autobiográficas, p. 113.73 “Estuvieron en el Consejo de la Educación Superior”, en El Nacional, 1 de septiembre de 1938. AGN/LCR, c. 688, exp. 534/100.74 Jesús Díaz Barriga [memorandum al presidente de la República], 19 de septiembre de 1938, en AGN/LCR, c. 166, exp. 164/2.75 Jesús Díaz Barriga, “Los problemas inmediatos de la educación superior”, 12 de enero de 1939, en AGN/LCR, c. 688, exp. 534/100.

La supresión del Consejo Nacional de la Educación Superiory la Investigación Científica

En marzo de 1938, la directiva del CNESIC se dirigió al secretario de educación pública, Gonzalo Vázquez Vela, para exponer algunas de las dificultades que enfrentaban los consejeros al momento de cumplir con sus funciones. Entre estos problemas fueron señalados los derivados de la ley orgánica de la Universidad Autónoma de México de 1933 y de la reforma del Artículo 3º constitucional de diciembre de 1934. Los miembros del CNESIC consideraban que estas disposiciones habían creado confusión y ambigüedad jurídica que afectaban el desempeño del organismo.76

De acuerdo con las autoridades del CNESIC, la ley orgánica de la Universidad Autónoma de México de 1933, al quitar a la institución el carácter y las funciones de un organismo de Estado, entre las que se encontraba el hacerse cargo de la Dirección de Educación Superior en el Distrito Federal y la tramitación de ciertas cuestiones administrativas relacionadas con el ejercicio profesional, siempre como dependencia de la SEP, había dejado a ésta sin un órgano para el desempeño de esas funciones, teniendo que atribuirlas directamente al secretario del ramo o a su departamento consultivo en lo relacionado con la expedición de títulos profesionales y revalidación de estudios. Por su parte, el Artículo 3º constitucional había dado la posibilidad a los planteles de enseñanza superior particulares para orientar la enseñanza que impartían de acuerdo con sus propios criterios, pero obligaba a los planteles oficiales a ajustarse a los preceptos constitucionales, facultando al gobierno federal para expedir las leyes reglamentarias que se estimaran necesarias. Además, las autoridades del CNESIC señalaron que el régimen establecido por el texto constitucional no debió considerarse como una verdadera centralización de la función educativa, ya que ésta no se atribuyó exclusivamente al gobierno federal. La antigua soberanía de los estados había quedado limitada en cuanto a la orientación que debería darse a los estudios y a las disposiciones reglamentarias que se dictarían posteriormente, a fin de coordinar y unificar las funciones educativas en todo el país.

De acuerdo con los miembros del CNESIC, estas situaciones jurídicas hicieron indispensable la creación de un órgano que sustituyera a la extinta universidad de Estado en sus funciones administrativas y directivas, y que se encargara de cumplir lo dispuesto en el Artículo 3º constitucional para la educación superior. No obstante, el CNESIC no podía erigirse en ese órgano debido a que no había sido constituido como un departamento administrativo adjunto a la SEP, sino como un cuerpo de consulta necesaria para el ejecutivo federal. Los miembros de aquél señalaban que al tener éste solamente carácter consultivo, sus acuerdos y resoluciones no podían obtener la aprobación presidencial sin antes ser apoyados u objetados por el secretario de educación pública, dentro de las atribuciones generales que le eran conferidas por la Ley de Secretarías y Departamentos de Estado. Debido a esta situación, la directiva del consejo propuso la creación de una dependencia de carácter administrativo encargada de la educación superior y la investigación científica dentro de la SEP.

Todas estas observaciones y sugerencias fueron acompañadas por las denuncias de la directiva del CNESIC de que la oposición de “elementos reaccionarios”, y algunos miembros de la Universidad Autónoma de México, a las propuestas del organismo, representaban uno de los principales obstáculos para el desempeño de sus funciones.77

En diciembre de 1938, el consejero Jesús Díaz Barriga señaló que para que pudieran realizarse plenamente las funciones del CNESIC era necesario remover los siguientes obstáculos: la falta de contacto directo con la Presidencia de la República para pedir orientación y la aprobación de las decisiones del consejo; la falta de facultades ejecutivas y administrativas para llevar a la práctica las decisiones aprobadas por éste; la poca colaboración, y en ocasiones aversión, de parte de las autoridades o funcionarios federales o de los estados; las intensas y calumniosas campañas de la “prensa reaccionaria” y la Universidad Autónoma de México desatadas contra el CNESIC, cuyos efectos habían llegado hasta algunos sectores oficiales, y la falta de medios publicitarios de defensa contra la campaña citada.78

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76 Informe confidencial del CNESIC al secretario de educación pública, 26 de marzo de 1938, en AHSEP, SEP, CNESIC, c. 23, exp. 20.77 Ídem.78 Jesús Díaz Barriga, “Memorandum”, 11 de diciembre de 1938, en AGN/LCR, c. 688, exp. 534/100. Díaz Barriga, Jesús [memorandum confidencial al presidente de la república], 23 de febrero de 1938, en AGN/LCR, c. 1351, exp. 711/152.

Para enfrentar estos problemas, Jesús Díaz Barriga propuso el reforzamiento de la organización del CNESIC y una mejora en sus condiciones de trabajo. Estos objetivos se lograrían, en primer lugar, mediante un nuevo orden técnico que facilitara la ejecución de los trabajos del organismo. De manera paralela, se estrecharía el contacto con la Presidencia de la República, por medio de acuerdos con presencia del secretario de Educación. Además, Díaz Barriga propuso la creación de un órgano ejecutivo del CNESIC dentro de la SEP y el establecimiento de mecanismos de colaboración más efectivos con las diferentes dependencias del ejecutivo federal y de los estados, así como con la prensa de izquierda.79

Estos señalamientos coincidieron con el anuncio de la supresión del CNESIC, por parte de la SEP,80 para delegar sus funciones a una dirección de educación superior y una dirección de estudios técnicos pedagógicos. Sin embargo, las autoridades educativas cancelaron el establecimiento de estas direcciones y en su lugar propusieron la creación de un consejo de educación superior. Esta situación fue criticada por Jesús Díaz Barriga, quien alertó al presidente de la república sobre la difícil situación en que se colocaría a la educación superior y la investigación científica en el país ante la ausencia de un órgano que las orientara bajo las normas establecidas en el Artículo 3º constitucional.81

Díaz Barriga señaló que el consejo de educación superior propuesto por la SEP para sustituir al CNESIC era completamente inapropiado, ya que estaría formado por jefes de departamento y otras personas –directores de educación primaria y secundaria, representantes de la sociedad de padres de familia, entre otros–, carentes de preparación y conocimientos para resolver los problemas de la materia. Además, la falta de una cabeza técnica y ejecutiva en el ámbito de la educación superior haría que las preparatorias, universidades y otras instituciones similares cayeran bajo la influencia de la Universidad Autónoma de México.82 Por estas razones, para evitar esos perjuicios, Díaz Barriga propuso que, de ser posible, se mantuviera en funciones el CNESIC con una reorganización en su personal o, en su caso, se creara la dirección de educación superior dependiente de la SEP.83

Jesús Díaz Barriga señaló que la labor del gobierno de la república en materia de educación superior había sido obstaculizada por las crecientes subvenciones otorgadas a la Universidad Autónoma de México. Denunció que esta institución, con el argumento de la libertad de cátedra, realizaba acciones contra la revolución mexicana y pretendía involucrar en éstas a las universidades y escuelas superiores de provincia, incluidas las oficiales. En este reclamo también se acusó a las autoridades universitarias de malversar los fondos que anualmente se asignaban para el funcionamiento de la institución, al costear campañas periodísticas contra el Artículo 3º constitucional y los mandos educativos, y al ofrecer subvenciones a la Universidad Autónoma de Guadalajara y otras escuelas particulares y oficiales de provincia con el objetivo de imponer sus criterios. Estas imputaciones se extendieron a las autoridades de la SEP por privilegiar a la Universidad Autónoma de México en detrimento de otras universidades de provincia, en lo relacionado con la asignación de recursos; asimismo, se señaló el reconocimiento de esta secretaría a los estudios cursados en la Escuela de Iniciación Universitaria, sin que se exigiera su sujeción, como estudios secundarios, al Artículo 3º constitucional.84

Entre las causas de la supresión del CNESIC pueden señalarse las limitaciones que la legislación impuso a su funcionamiento. Tanto su ley constitutiva, como la organización y funcionamiento de la SEP, fueron un freno para la aplicación y realización de los acuerdos tomados y los proyectos aprobados por la directiva de aquél. Los problemas de carácter político e ideológico que enfrentaron a los miembros del CNESIC con las autoridades educativas estatales y federales, y con las de la Universidad Autónoma de México, también representaron obstáculos para la realización de sus funciones. Además, debe señalarse que los proyectos más importantes aprobados dentro del organismo resultaron demasiado ambiciosos e

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79 Jesús Díaz Barriga, “Memorandum”, 11 de diciembre de 1938, en AGN/LCR, c. 688, exp. 534/100.80 Ídem.81 Jesús Díaz Barriga, “Substitución inadecuada del CNESIC y proposición considerada como correcta”, 24 de diciembre de 1938, en ídem.82 A Jesús Díaz Barriga le preocupaba esta posibilidad debido a que consideraba que la Universidad Autónoma de México era dominada por la “reacción mexicana” que operaba por encima de la figura del rector Gustavo Baz.83 Ídem. Jesús Díaz Barriga, “Su figura histórica”, en AGN/LCR, c. 1122, exp. 702.1/90.84 Ídem.

imposibles de llevar a la práctica debido a la carencia de recursos humanos y materiales.85 No obstante, a pesar de la tendencia a considerar al CNESIC como un “armatoste” –como se le consideró en su tiempo– poco eficaz y altamente burocratizado, no puede ignorarse la función que cumplió dentro de la reorganización de la educación superior pública en el país, tras los conflictos de 1935 entre la Universidad Autónoma de México y el gobierno de la república. De manera directa o indirecta, en conjunto o individualmente, los miembros del consejo tuvieron una participación determinante en el desarrollo de las actividades de diversas instituciones como el IPN, La Casa de España en México y algunos de los más importantes establecimientos educativos de provincia.

Tras la desaparición del CNESIC, Jesús Díaz Barriga gestionó ante el presidente de la república que algunos de los antiguos consejeros fueran incorporados a la Comisión de Estudios de la Presidencia de la República. Entre quienes estarían dispuestos a integrarse a la comisión estaban: Enrique Arreguín, Luis Sánchez Pontón, Miguel Othón de Mendizábal y Víctor Manuel Villaseñor. En especial, Díaz Barriga destacó la figura de Enrique Arreguín para quien pidió un puesto directivo en el campo de la educación superior o los servicios de salud. Asimismo, solicitó se tomara en cuenta la labor que podría realizar Salvador Franco López, ex rector nicolaita. Estas peticiones serían tomadas en cuenta y durante el resto de la administración cardenista algunas de las vacantes en la comisión de estudios fueron ocupadas por ex miembros del CNESIC.86

Gracias a las gestiones realizadas por Jesús Díaz Barriga, Enrique Arreguín fue nombrado, el 1 de mayo de 1939, miembro de la Comisión de Estudios de la Presidencia de la República. En ese puesto continuó con los trabajos que había desarrollado en el CNESIC y, durante el resto del año, colaboró con La Casa de España en México en la organización de las actividades de los profesores españoles en algunas instituciones dependientes de la SEP, como el IPN, las escuelas para hijos de los trabajadores y el instituto que agrupaba a profesores de escuelas secundarias; así como en instituciones de educación superior de Michoacán, Jalisco y Guanajuato. De manera paralela, Arreguín estableció comunicación con la Junta de Cultura Española para la elaboración de algunos proyectos. También, realizó trabajos de intercambio académico entre las universidades de provincia y el IPN; y se responsabilizó, por encargo del Departamento de Educación Obrera de la SEP, de algunos trabajos de carácter técnico, tales como la elaboración de planes de estudio, programas y reglamentos relacionados con las escuelas de enseñanza superior.87 Enrique Arreguín laboró como miembro de la Comisión de Estudios de la Presidencia de la República hasta el 30 de noviembre de 1940.88

En octubre de ese año, Enrique Arreguín presentó, junto con Luis Sánchez Pontón, una ponencia sobre el control del Estado sobre la educación superior y la investigación científica, en la Primera Convención Técnica Nacional de Educación, convocada por el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de la República Mexicana (STERM).89 Como resultado de las labores de las comisiones designadas por la convención, de las que formaba parte Arreguín, se elaboró un proyecto de reformas de los artículos 4º, 5º y 121 de la constitución política del país, así como un proyecto de reglamentación del Artículo 4º referido, los cuales serían entregados a las cámaras legislativas para su discusión y eventual aprobación.90

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85 Sobre las causas del fracaso del CNESIC –pocos logros y desaparición– Victoria Lerner se pregunta si no sería porque perdió el tiempo en cuestiones burocráticas y porque careció de independencia ejecutiva y económica, en vista de que todo tenía que pasar por las manos del presidente de la república. Lerner Sigal, Historia de la Revolución Mexicana, 1934-1940…, p. 169.86 Jesús Díaz Barriga, “Atento Memorandum al señor Presidente de la República”. Jesús Díaz Barriga, “Proposiciones que con todo respeto me permito hacer al señor Presidente de la República”, 24 de diciembre de 1938. AGN/LCR, c. 1122, exp. 702.1/90. “Hay más miembros en la Junta de Estudios de la Presidencia”, en El Nacional, 12 de noviembre de 1939.87 AGN/LCR, c. 1122, exp. 702.1/90.88 APEAV, c. 18, exp. 2, f. 208.89 “La reglamentación del ejercicio de las profesiones y la Universidad”, en El Universal, 1 de noviembre de 1940.90 “Reformas a 3 artículos de la Constitución”, en El Popular, 2 de noviembre de 1942.

CONTINUIDAD Y RUPTURA

Hacia el fin de la escuela socialista

El inicio de la administración presidencial de Manuel Ávila Camacho ofreció una oportunidad para llevar poner en práctica algunos de los proyectos promovidos por el CNESIC, los cuales habían sido interrumpidos o no se habían realizado debido a la desaparición del organismo. Esta posibilidad fue originada por los nombramientos de Luis Sánchez Pontón y Enrique Arreguín, como secretario y subsecretario de educación pública, respectivamente, del nuevo gobierno.91 De acuerdo con el propio Arreguín, su designación se realizó a propuesta del presidente de la república, atendiendo a una recomendación de Vicente Lombardo Toledano.92

Las nuevas autoridades educativas emprendieron inmediatamente la reorganización administrativa y pedagógica de la SEP. Esta labor inició con el anuncio del establecimiento de un sistema nacional de educación, que, según se dijo, integraría a todas las ramas de la cultura y sería puesto en práctica con el apoyo de los gobiernos estatales y municipales. Para realizar esta propuesta se emprendió la revisión y reorganización de la estructura de la SEP, por considerarse que la que se tenía no era adecuada al volumen de sus actividades, ni a la coordinación necesaria entre sus diversas funciones. Los departamentos, oficinas y secciones que formaban la secretaría se integraron, en el proyecto de reorganización, en direcciones generales creadas con la finalidad de coordinar funciones, realizar trámites y ofrecer atención al público, así como atender el manejo, orientación técnica y trabajo de los establecimientos y servicios educativos. El nuevo sistema de organización de la Secretaría de Educación Pública, que se proponía aplicar a partir del 1 de enero de 1941, tenía como objetivos lograr la centralización de las actividades docentes, abarcando de manera independiente los diferentes ciclos de enseñanza. Además, se anunció el estudio de los reglamentos que controlaban el funcionamiento de las escuelas particulares.93

El 9 de diciembre de 1940 fue celebrado un acuerdo entre el presidente de la república, Luis Sánchez Pontón y Enrique Arreguín, por medio del cual fue aprobado el plan de reformas a la estructura de la SEP. El nuevo esquema contemplaba la creación de direcciones generales en las áreas de enseñanza preescolar, enseñanza primaria, educación secundaria, educación superior e investigación científica, educación física, educación extraescolar y estética, técnica pedagógica y administración. Asimismo, se propuso la creación de las oficinas de servicios médicos e higiénicos, jurídica de revalidación de estudios, comisión mexicana de cooperación intelectual y comisión nacional de escalafón. De acuerdo con Luis Sánchez Pontón, la nueva organización de la SEP permitiría una mejor atención de los asuntos administrativos, así como una mayor vigilancia de los aspectos técnicos.94

El 1 de enero de 1941 fueron dados a conocer nuevos nombramientos en la SEP, correspondientes a la nueva organización de la misma. En esta administración educativa ocuparon puestos tres ex rectores nicolaitas: Jesús Díaz Barriga, Enrique Arreguín Vélez y Salvador Franco López. El primero de ellos fue nombrado al frente de la Dirección General de Educación Superior e Investigación Científica, cuya creación había sido propuesta por Luis Sánchez Pontón en 1937, mientras se desempeñaba como consejero del CNESIC. Por su parte, Franco López colaboró con Díaz Barriga como encargado del Departamento de Enseñanza Superior Universitaria.95

Una vez reorganizada la estructura de la SEP, Luis Sánchez Pontón y Enrique Arreguín prosiguieron con la realización de algunos proyectos que habían madurado durante los últimos años del régimen cardenista.

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91 “Un sistema nacional de educación en todos los ramos de la cultura” y “Ni política ni demagogia en la Secretaría de Educación”, en El Universal, 4 de diciembre de 1940. “Cambio total de los jefes de Educación”, en El Universal, 4 de diciembre de 1940.92 Arreguín Vélez, Páginas autobiográficas, p. 89.93 “Cambio total en los jefes de Educación”, en El Universal, 4 de diciembre de 1940. “Aprobación de las reformas de educación”, en El Nacional, 10 de diciembre de 1940. “Vigilancia en las escuelas particulares”, en El Nacional, 12 de diciembre de 1940. Arreguín Vélez, Páginas autobiográficas, pp. 89-90.94 “Aprobación de las reformas en educación”, en El Nacional, 10 de diciembre de 1940. “El presidente aprobó el plan para reorganizar la Secretaría de Educación”, en El Popular, 11 de diciembre de 1940.95 “Las nuevas designaciones en la Secretaría de Educación Pública”, en El Nacional, 1 de enero de 1941. Francisco Díaz Morales, “Educación lucha por la cultura al alcance del pueblo”, en Hoy, 8 de febrero de 1941. Arreguín Vélez, Páginas autobiográficas, p. 90.

Uno de esos planes fue el establecimiento de la Escuela Nacional de Cooperativismo, la cual se inauguró el 24 de abril de 1941. Este plantel tendría como objetivo el fortalecimiento de la economía nacional por medio de la formación de directores, secretarios y organizadores de cooperativas, y de la impartición de cursos por correspondencia. La escuela, bajo la dirección de Antonio Salinas Puente, quedó bajo la responsabilidad del Departamento de Enseñanzas Especiales de la Dirección General de Segunda Enseñanza.96

Sin embargo, el esfuerzo de Sánchez Pontón, Arreguín y algunos de sus colaboradores más cercanos, por dar continuidad y llevar a la práctica una política educativa que habían esbozado desde su participación en el CNESIC, fue rechazado por no corresponder con el proyecto político e ideológico de la administración presidencial de Manuel Ávila Camacho. Rápidamente crecieron las propuestas de reforma del Artículo 3º constitucional, que planteaban la supresión de la educación socialista. Con base en la retórica de la unidad nacional se rechazó la orientación educativa establecida en la constitución política del país, con el argumento de que motivaba la confrontación y dividía a los mexicanos. Al paso del tiempo, las diferencias ideológicas se hicieron más evidentes y causaron enfrentamientos dentro de la SEP.

En este entorno fue tomando fuerza una campaña contra las posturas consideradas radicales de los elementos de izquierda que participaban en la administración pública. Esta acometida, dirigida contra el “comunismo organizado”, fue promovida en algunas dependencias oficiales, especialmente en la SEP.97 Así, el 14 de mayo de 1941 fue dada a conocer, por parte del diputado federal, Enrique Carrola Antuna, representante en la cámara por el estado de Durango, una lista con el nombre de veinticinco personas que ocupaban puestos administrativos y técnicos en la secretaría, las cuales fueron acusadas de comunistas. Encabezaba la lista Enrique Arreguín, subsecretario de educación, a quien se le señalaba como un prominente miembro del Partido Comunista.98

Las diferencias ideológicas y la presión política, sumadas a los conflictos dentro de la administración pública, motivaron la renuncia de las autoridades de la SEP. Jesús Sánchez Pontón presentó su dimisión al presidente de la república el 11 de septiembre de 1941, argumentando motivos de salud. Por su parte, Enrique Arreguín informó que abandonaba su cargo para dejar al mandatario en libertad de realizar los cambios que considerara necesarios en la Secretaría de Educación Pública.99

El 12 de septiembre de 1941 tomaron posesión de sus puestos los nuevos mandos de la SEP, Octavio Véjar Vázquez y Roberto T. Bonilla, secretario y subsecretario, respectivamente. El nuevo encargado de la dependencia señaló que pondría todo su empeño en cumplir con el programa educativo propuesto por el presidente de la república y en tratar de que desaparecieran las fricciones entre los grupos de profesores y trabajadores administrativos. Durante la entrega del cargo, Sánchez Pontón informó que tenía en su poder las renuncias de los directores generales y jefes de departamento, a fin de dejar a su sucesor en libertad de elegir a sus colaboradores.100

El nuevo secretario de Educación Pública asumió el cargo con la misión de atemperar ideológicamente los planes de estudio; permitir la incorporación más activa de la iniciativa privada en la enseñanza; combatir a los elementos radicales y comunistas en las burocracias administrativa y sindical, y buscar la unificación del magisterio. Véjar Vázquez expresó sus deseos de crear una escuela, que denominó “del amor”, que fomentara la unidad, formase la nacionalidad y rechazara cualquier ideología; en abierta crítica a la escuela socialista.101

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96 “Creando técnicos eficientes”, “Será inaugurada la Escuela Nacional de Cooperativismo” y “México, al fundar escuelas, cumple un papel luminoso y de fe en el porvenir”, en El Nacional, 23, 24 y 25 de abril de 1941.97 Esta campaña contra el comunismo fue apoyada por algunos medios de comunicación, como el periódico Excélsior.98 Carrola Antuna se negó a revelar la fuente de su información, pero autorizó que la lista se publicara; además, prometió aportar datos adicionales en cuanto tuviera nueva documentación en su poder. “Purga de los burócratas comunistas”, en Excélsior, 14 de mayo de 1941.99 “El Lic. Véjar es secretario de Educación”, en El Nacional, 12 de septiembre de 1941. AGN/MAC, c. 1132, exp. 703.6/10.100 “Cumplirá el programa del señor presidente”, en El Nacional, 13 de septiembre de 1941.101 Para llevar a cabo la nueva política educativa, Octavio Véjar Vázquez se propuso incorporar los esfuerzos privados a la educación al crear una comisión de fomento a la iniciativa privada; poner énfasis más en la calidad de la enseñanza que en la cantidad; suprimir la coeducación y colocar lo espiritual sobre lo material en el contenido de la enseñanza. Para Véjar Vázquez la oposición entre materialismo y espiritualismo era un aspecto fundamental de todo el problema educativo en el país. Ante el materialismo, el nuevo secretario de Educación postulaba como necesidad imperiosa e ineludible la “de reconstruir moralmente al país, avivar los viejo principios éticos; fortalecer lo que en los individuos es perdurable”; espiritualidad y reconstrucción moral serían los pilares centrales de la nueva política educativa. Medina, Historia de la Revolución Mexicana, 1940-1952…, pp. 358-359, 364.

A pesar de que la renuncia de Luis Sánchez Pontón al cargo de secretario de Educación Pública tuvo como argumento motivos de salud, las dimisiones de este funcionario y del subsecretario Enrique Arreguín fueron interpretadas como parte de los enfrentamientos ideológicos dentro de la administración avilacamachista.102 Esta apreciación se acentuó cuando trascendió que la renuncia de Enrique Arreguín había sido solicitada por el presidente de la república. Tras su renuncia, Sánchez Pontón rechazó las acusaciones que lo ligaban al Partido Comunista, pero al cuestionársele sobre por qué había renunciado por enfermedad, mientras que a Enrique Arreguín se le había pedido su renuncia, comentó que tal vez éste y sus colaboradores más cercanos trabajaban de una manera que no satisfacía al primer mandatario, quien insinuó la conveniencia de removerlo de su cargo al frente de la Subsecretaría de Educación Pública. Ante esta situación, Sánchez Pontón comprendió que con un nuevo subsecretario no podría laborar con libertad, y a causa de una enfermedad de la vista que lo aquejaba decidió renunciar.103

A pesar de los cambios en la dirección de la SEP la campaña “anticomunista” continuó. En los primeros días de febrero de 1942 empezó a correr el rumor de que Enrique Arreguín y el líder comunista cubano Edmundo Valdés García estaban organizando juntas secretas en algún lugar de la ciudad de México con el objetivo de movilizar al magisterio del país para lograr la caída de las autoridades educativas. Los rumores también se referían a las actividades de grupos de apoyo a Véjar Vázquez, los cuales se decían dispuestos a hacer frente a los comunistas.104

LA BÚSQUEDA DE LA UNIDAD REVOLUCIONARIA

Los universitarios socialistas organizados

Durante la década de los treinta, los universitarios constituyeron uno de los sectores política e ideológicamente más influyentes dentro de las filas del cardenismo michoacano. Con la llegada de Lázaro Cárdenas a la presidencia de la república, un número considerable de profesores y egresados de la Universidad Michoacana se trasladó a la ciudad de México para participar en diversas áreas y niveles de la administración federal. A éstos se sumaron otros ex nicolaitas radicados en la capital del país desde hacía algunos años. Una vez en el nuevo escenario, los universitarios michoacanos cultivaron relaciones amistosas y políticas con personalidades y organizaciones afines, lo que les permitió ampliar su campo de acción.

Hacia finales de 1934, los estudiantes michoacanos que realizaban sus estudios en la Universidad Autónoma de México se organizaron para formar la Unión Estudiantil de Universitarios Michoacanos. La presidencia honoraria de esta organización fue conferida a Lázaro Cárdenas y a Francisco J. Múgica. La unión publicó un periódico denominado Avanzada.105

En diciembre de 1935 se dio a conocer la creación de una organización integrada por ex alumnos del Colegio de San Nicolás, radicados en la capital del país, y por estudiantes que, habiendo cursado estudios preparatorios en Morelia, continuaban estudios profesionales en diversas escuelas y facultades de la ciudad de México. Esta agrupación recibió la denominación de Vanguardia Nicolaita y tuvo como sede la casa número 125 de la calle Ramón Guzmán.106 A Vanguardia Nicolaita pertenecieron profesionistas michoacanos que se habían trasladado a la ciudad de México para colaborar con la administración presidencial de Lázaro Cárdenas, así como egresados de la Universidad Michoacana radicados en la capital del país.107 La asociación

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102 “La renuncia de Sánchez Pontón”, en La Voz de México, 15 de septiembre de 1941.103 Francisco Javier Hernández, “Soy revolucionario y soy católico” [entrevista a Luis Sánchez Pontón], en Todo, septiembre de 1941.104 “Intentan los comunistas derrocar a Véjar Vázquez”, en Novedades, 7 de febrero de 1942.105 La mesa directiva de la Unión estuvo formada por: Carlos González Cárdenas, presidente; Manuel Báez Carrillo, secretario general; Juan Hernández Lara, Luis Mora Tovar Jr., David Coria, Edmundo Ugalde, Gregorio Vázquez O., Luis González Álvarez, Enrique Murguía y Ramón Vázquez. El cuerpo de consejeros estuvo conformado, entre otros, por: Gabino Vázquez, Alberto Bremauntz, Alberto Coria, Alberto Oviedo Mota y Jesús Díaz Barriga. “Los estudiantes michoacanos se organizan en la Ciudad de México”, en Atalaya, 1 de enero de 1935, pp. 2, 4. ACERMLC, FJM, vol. 53, doc. 313.106 Macías, Aula Nobilis..., p. 555.107 Arreguín Vélez, Páginas autobiográficas, pp. 42-43.

fue presidida por Alberto Coria, quien debido a razones de trabajo renunció a la dirección a inicios de 1937, dejando su lugar a Enrique Arreguín Vélez.108

Vanguardia Nicolaita se destacó por su apoyo y lealtad incondicionales al presidente de la república, Lázaro Cárdenas, y por su activismo en pro del proyecto de universidad socialista que se pretendía implantar en Michoacán. Los miembros de la agrupación, que se asumía como cardenista, decían sustentar “una ideología heredada en las aulas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo”.109 Las principales labores de la organización fueron la unificación de los ex alumnos nicolaitas y la realización de actividades en beneficio de su alma máter. Con estas finalidades se reanudaron los denominados “cafés nicolaitas”, mediante los cuales se establecía y mantenía la comunicación y cooperación entre los universitarios michoacanos en la ciudad de México.110 La asociación funcionó como un centro de estudios sobre diversos temas de carácter social, político, científico, entre otros. Sus miembros realizaban reuniones sabatinas en las cuales había actividades musicales y literarias, y en ocasiones se contaba con la asistencia de invitados especiales. En las tertulias tenían un papel destacado los miembros del CNESIC.111 La asamblea inaugural de Vanguardia Nicolaita se realizó en la finca de campo, Rancho del Blanco, ubicada en el Estado de México. La asamblea consistió en un “café” al cual asistió el presidente de la república, general Lázaro Cárdenas.112

Los miembros de Vanguardia Nicolaita tuvieron, como parte de sus funciones, la organización de las actividades que anualmente se realizaban en el mes de mayo para homenajear a Miguel Hidalgo y Costilla en el Colegio de San Nicolás; asimismo, participaron en la búsqueda de apoyo humano y material para desarrollar algunas actividades en la Universidad Michoacana.113 Los miembros de Vanguardia Nicolaita tuvieron una destacada participación en los actos con los que se celebraron el cuarto centenario del Colegio de San Nicolás, en 1940, y el cuarto centenario de la fundación de la ciudad de Morelia, en 1941. En ambas ocasiones, la directiva de la agrupación participó directamente en la organización de los cursos de la Universidad de Primavera “Vasco de Quiroga”.114

Un ejemplo de la labor desarrollada por los miembros de Vanguardia Nicolaita fue su intervención para que el intelectual argentino Aníbal Ponce se incorporara a las actividades docentes de la Universidad Michoacana. Esta invitación fue posible gracias a Enrique Arreguín, quien logró que Ponce fuera comisionado en Morelia por la SEP para impartir las cátedras de asuntos sociales y económicos, en sustitución de Jesús Amber Aruza.115 De acuerdo con la prensa, Aníbal Ponce, quien se encontraba en México desde hacía aproximadamente un año, expulsado de su país por su ideología socialista, había sido invitado por la rectoría y el estudiantado de la Universidad Michoacana para impartir clases. Por ese motivo, los miembros de Vanguardia Nicolaita ofrecieron una velada en homenaje a Ponce en el domicilio de la agrupación. A la reunión asistieron, además del invitado, Enrique Arreguín, Ana María Reyna, Jesús Díaz Barriga, y un grupo de profesores michoacanos y estudiantes. El acto, que consistió en un “café al estilo Morelia”, contó con la asistencia de algunos alumnos quienes ejecutaron música y canciones populares, y leyeron párrafos literarios sobre la capital michoacana.116

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108 Ibíd., p. 43.109 AGN/LCR, c. 745, exp. 534.8/3. Vanguardia Nicolaita llegó a contar con más de 150 miembros, entre los que se encontraban: Enrique Arreguín, Jr., Alberto Bremauntz, Alberto Cano, Alberto Coria, Gustavo Corona, Ignacio Chávez, Jesús Díaz Barriga, Salvador y Daniel Franco López, Manuel Martínez Báez, Antonio Mayés Navarro, Severiano Mora Tovar, Pascual Ortiz Rubio, Jesús Romero Flores, Gabino Vázquez. “Directorio de michoacanos que forman la Vanguardia Nicolaita”, en APEAV, c. 49.110 Arreguín Vélez, Páginas autobiográficas, p. 43.111 “Reunión de Vanguardia Nicolaita”, en El Nacional, 8 de marzo de 1937. “La entrevista de hoy: Dr. Arreguín”, en El Nacional, 23 de agosto de 1938. Macías, Aula Nobilis..., p. 555. Entre los expositores invitados a las reuniones de Vanguardia Nicolaita estuvieron Narciso Bassols, José Mancisidor, Miguel Othón de Mendizábal, José R. Alcaraz, Luis Enrique Erro y Seki Sano; así como los nicolaitas, Jesús Díaz Barriga, Alberto Bremauntz, Jesús Sansón Flores, Apolinar Martínez Múgica, Cayetano Andrade, Gregorio Ponce de León, José Palomares Quiroz y Pablo G. Macías. Arreguín Vélez, Páginas autobiográficas, pp. 43-44.112 Entre los asistentes estuvieron: Manuel Padilla, Manuel Ochoa, Luis G. Sumaya, Luis J. Guzmán, Jesús Sotelo, Ramón Medina Guzmán, Alberto Coria, Alberto Bremauntz, Daniel Franco López, Fernando Ibarrola, Humberto Mesa, José Díaz Iturbe, Jesús Díaz Barriga, Cayetano Andrade, Enrique Arreguín Vélez, Miguel Barriga Lomelí, Salvador Franco López, José Barriga Zavala, José Palomares Quiroz, Jesús Sansón Flores, Luis Octavio Madero, Jesús Romero Flores, Jesús Andrade, Antonio B. Medrano e Isidro Castillo. Macías, Aula Nobilis..., pp. 555-557.113 “Homenaje a don Miguel Hidalgo”, en El Nacional, 20 de abril de 1938. Arreguín Vélez, Páginas autobiográficas, p. 44.114 Ibíd., p. 47.115 AHSEP, SEP, CNESIC, expediente de Aníbal Ponce, c. 21, exp. 43.116 “Aníbal Ponce dará clases en Morelia”, en El Nacional, 25 de enero de 1938.

Vanguardia Nicolaita fue una de las organizaciones cuyos miembros participaron en la creación de la Federación de Intelectuales y Profesionistas del Distrito Federal, la cual se estableció como paso previo para la creación de la Gran Confederación Nacional de Intelectuales y Profesionistas. La federación capitalina se encargaría de organizar a sus similares de los diferentes estados de la república, para posteriormente crear una central de carácter nacional. Las reuniones para realizar esta tarea se efectuaron en agosto de 1940, en la sede de la Confederación de Profesionistas Revolucionarios, que presidía Fernando Rosales. Finalmente, estos esfuerzos llevaron al establecimiento de la Federación de Trabajadores Intelectuales del Distrito Federal, el 5 de octubre de 1940.117

Otra organización en la que tuvieron una destacada participación los universitarios michoacanos fue el Comité Nacional Pro Educación Socialista, establecido en enero de 1940 con la finalidad de coordinar la defensa del Artículo 3º constitucional. El organismo, presidido por Alberto Bremauntz, contó entre sus miembros con Enrique Arreguín Vélez, Jesús Díaz Barriga y Natalio Vázquez Pallares.118 La finalidad principal del comité fue la defensa y aplicación del Artículo 3° constitucional, que instituía la educación socialista en todos los niveles educativos y en todos los planteles del país, públicos y privados. Asimismo, se pretendía la reglamentación del Artículo 4º constitucional, relativo a las profesiones.119

El Comité Nacional Pro Educación Socialista se estableció en la ciudad de México, pero la idea de sus organizadores fue la de extender la acción del organismo a todo el país. Para llevar a cabo esta tarea establecieron comunicación con personalidades que se habían distinguido en las actividades de defensa del Artículo 3º constitucional.

Enrique Arreguín participó en la creación de la Sociedad Mexicana de Estudios Sociales, cuya convocatoria fue lanzada el 13 de noviembre de 1941. Este organismo tendría la misión de estudiar los problemas nacionales y difundir entre la población el resultado de sus trabajos. Los principios centrales de la agrupación serían los de sostener y esclarecer los postulados de la revolución mexicana y contribuir a la lucha internacional contra el fascismo.120 La primera reunión de la sociedad se realizó el 17 de noviembre de 1941, en el teatro del Sindicato de Trabajadores Cinematografistas, con la intervención de Arreguín como uno de los oradores.121 El trabajo realizado en esta sesión se convirtió en el primer paso para la creación de la Sociedad de Estudios Sociales “Ricardo Flores Magón”, el 20 de febrero de 1942, de la cual fue elegido presidente Vicente Lombardo Toledano.122 Enrique Arreguín formó parte de la primera mesa directiva de la sociedad con el cargo de vicepresidente; por su parte, Alberto Bremauntz fue nombrado secretario de finanzas.123

EPÍLOGO. BREVE APUNTE SOBRE EL PENSAMIENTO EDUCATIVODE JESÚS DÍAZ BARRIGA Y ENRIQUE ARREGUÍN

Los ex rectores de la Universidad Michoacana, Jesús Díaz Barriga y Enrique Arreguín Vélez, tuvieron un papel determinante en la planeación y puesta en práctica de la política de educación superior aplicada por la administración presidencial cardenista.124 Desde su posición en el CNESIC y la Comisión de Estudios de la Presidencia de la República, principalmente, estos universitarios michoacanos expresaron e hicieron valer sus

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117 “Central de intelectuales”, en El Nacional, 30 de septiembre de 1940. “La Federación de Intelectuales, Profesionistas y Artistas del Distrito Federal quedará constituida el 5 de octubre”, en Masas, 1 de octubre de 1940, p. 1. “Constituirán la federación de trabajadores intelectuales”, en El Nacional, 2 de octubre de 1940.118 AGN/LCR, c. 682, exp. 533.3/20. Bremauntz, La educación socialista en México..., pp. 335-336.119 “Un comité pro artículo 3º”, en El Nacional, 17 de enero de 1940. “Comité Nacional Pro-Educación Socialista”, en APEAV, c. 24.120 “Se crea una Sociedad de Estudios Sociales”, en El Popular, 14 de noviembre de 1941.121 “Defensa de la Revolución en el terreno ideológico”, en El Popular, 18 de noviembre de 1941.122 El comité organizador de la sociedad estaba integrado por Camilo Arriaga, Vicente Lombardo Toledano, Alberto Bremauntz, Antonio Castro Leal, Alejandro Carrillo, Agustín Rodríguez Ochoa, Paula Alegría, Leopoldo Méndez, Guillermo Ibarra, Celestino Gasca, Alfonso Millán, Enrique Arreguín, Gontrán Noble, Rafael Herrera Ángeles, Enrique Ramírez y Ramírez, Rafael Carrillo y José Alvarado. “Nuevo baluarte para luchar por la Revolución Mexicana”, en El Popular, 21 de febrero de 1942.123 Ídem.124 La actuación de Enrique Arreguín en este sentido se extendió hasta los primeros meses de la administración presidencial de Manuel Ávila Camacho, por sus funciones como subsecretario de Educación Pública.

ideas y opiniones sobre temas relacionados con la educación universitaria en el país. Este concepto había empezado a cobrar fuerza en el medio político nacional a inicios de la década de los treinta y posibilitó la reforma del Artículo 3º constitucional, que en 1934 dio sustento a la educación socialista. El ideario que en materia educativa expresaron Arreguín y Díaz Barriga fue compartido, en términos generales, por personalidades de la época como Lázaro Cárdenas, Vicente Lombardo Toledano, Narciso Bassols y Alberto Bremauntz, entre otros.

Una de las preocupaciones de Enrique Arreguín y Jesús Díaz Barriga fue dejar claro y establecer la situación legal de la educación superior universitaria, dada la ambigüedad con que se trataba el tema a partir del texto del Artículo 3º constitucional. La opinión de ambos sobre el asunto fue en gran medida la posición oficial en materia de educación superior sostenida por el CNESIC, aunque no siempre coincidiera con la expresada por las autoridades de la SEP.

Arreguín, Díaz Barriga y los miembros del CNESIC estaban conscientes de que, de acuerdo con la legislación vigente, la educación superior estaba fuera del sistema monopolizador del Estado sobre la enseñanza y que, por lo tanto, ese tipo de educación podía ser impartido libremente por instituciones de carácter particular, las cuales podrían orientar sus enseñanzas de acuerdo con el sistema filosófico de su conveniencia. Sin embargo, el hecho de que la educación superior no oficial quedara exenta de la orientación marcada por el Artículo 3º constitucional no implicaba que las instituciones sostenidas por el Estado quedaran en las mismas condiciones. Se consideraba que toda la educación impartida por éste debería ser socialista, por lo que todas las instituciones oficiales, de cualquier nivel, deberían ajustarse a ese principio.125 Arreguín basaba su postura en el texto del Artículo 3º constitucional y en las declaraciones de las comisiones unidas que en la Cámara de Diputados habían debatido la reforma del mencionado artículo en 1934. Arreguín denunció que dolosamente se había tratado de difundir la idea de que a toda la educación universitaria –sostenida o no por el Estado– podría dársele la orientación filosófica y funcional que mejor conviniera a los intereses particulares de quienes la impartían; es decir, que no existía obligación constitucional de parte de las universidades de Estado e institutos oficiales de tipo universitario.126

La Universidad Autónoma de México era considerada un establecimiento no oficial, tomando como referencia la autonomía señalada en su ley orgánica de 1933; pero el resto de las instituciones de educación superior que funcionaban en el país sostenidas por el Estado eran consideradas como oficiales, debido a que sus leyes orgánicas no les concedían autonomía plena ante el aparato estatal, con el cual tenían ligas de carácter administrativo. Sin embargo, de todos estos planteles, solamente la Universidad Michoacana y la Universidad de Guadalajara tenían establecido en sus estatutos la obligación de funcionar de acuerdo con la orientación marcada por la constitución; el resto, de alguna u otra forma, laboraban anticonstitucionalmente por no aceptar los preceptos que en materia educativa señalaba la carta magna.127

Jesús Díaz Barriga y Enrique Arreguín presentaron, en febrero de 1938, un estudio histórico jurídico de la situación legal de la educación superior en México a partir de 1910. En su exposición señalaron que, por resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dictada el 30 de agosto de 1935, había quedado establecido que la Universidad Autónoma de México no era un órgano de Estado; que todo lazo jurídico entre ésta y el Estado había quedado roto en 1933 y que, por lo tanto, los empleados de la institución no tenían el carácter de servidores públicos, sino que estaban al servicio de una institución particular. No obstante, según denunciaron, la Universidad Autónoma de México seguía utilizando la denominación de “nacional” y pretendía regir la educación superior en el país al otorgar o dar validez a los títulos profesionales; y al buscar imponer planes y programas de estudio, así como su orientación ideológica en las escuelas superiores, tanto privadas como oficiales.128

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125 Enrique Arreguín, “Dictamen sobre educación profesional universitaria”, 9 de octubre de 1939, en APEAV, c. 44.126 Enrique Arreguín, “Algunas consideraciones sobre la enseñanza universitaria en México”, 27 de septiembre de 1939, en ídem.127 Enrique Arreguín, “Dictamen sobre educación profesional universitaria”, 9 de octubre de 1939, en ídem.128 Jesús Díaz Barriga, con la colaboración de Enrique Arreguín, “Régimen legal de la Educación Superior”, 20 de febrero de 1938, en AGN/LCR, c. 1351, exp. 711/152.

De acuerdo con Arreguín y Díaz Barriga, la situación legal de la educación superior no oficial era la siguiente: los establecimientos particulares podían orientar sus estudios en la forma que consideraran pertinente, con excepción de las escuelas para obreros y campesinos que, por disposición constitucional, deberían ser socialistas. En relación con la Universidad Autónoma de México se señaló que la institución, al no ser desde 1933 ni corporación pública ni establecimiento oficial de educación, tenía, en su carácter de institución particular, la facultad de orientar sus estudios en la forma que sus miembros consideraran apropiada. Ante esta situación, se denunció que las autoridades de la universidad actuaban ilegalmente al pretender influir en la organización y orientación de los estudios de las escuelas oficiales de diferentes lugares del país. Asimismo, infringían el Artículo 3º constitucional al dar educación a obreros y campesinos, además de impartir educación secundaria, sin respetar la orientación socialista señalada por la constitución.129

Hacia finales de ese mismo año, Jesús Díaz Barriga hizo un diagnóstico de la posición ideológica de las instituciones de educación superior en el país. Desde su punto de vista, las escuelas secundarias, prevocacionales, técnicas, de agricultura, normales, escuela médico militar, entre otras, estaban bien orientadas técnica y socialmente “en el sentido de la Revolución”. Por otra parte, entre las escuelas preparatorias y profesionales oficiales solamente se encontraban “bien orientadas socialmente en el sentido de la Revolución”, las de Jalisco y Michoacán; orientadas medianamente, las de Puebla, Yucatán y Sinaloa, y desorientadas las de Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí, Coahuila, Nuevo León, Oaxaca, Campeche, etc., y la muy reciente de Sonora. Además, consideraba que la educación universitaria de carácter particular, llamada autónoma, representada por la Universidad Autónoma de México y la Universidad Autónoma de Guadalajara, estaba claramente orientada en contra de la revolución. Díaz Barriga señaló que lo que hacía más peligrosa a la Universidad Autónoma de México era su tendencia constante a intervenir en las escuelas superiores o universidades de provincia oficiales y no oficiales para sustraerlas del control del Estado.130

En cierta medida, la posición sostenida por Arreguín y Díaz Barriga quedó representada en la Ley Orgánica de Educación de 1940. En el Artículo 3º de esta ley se señaló que la Universidad Autónoma de México no quedaba comprendida en los términos del ordenamiento y, en consecuencia, se regiría por los preceptos contenidos en su Ley Orgánica del 23 de octubre de 1933. Los institutos particulares de tipo universitario gozarían de la misma franquicia siempre que la SEP les expidiera su carta de autorización. A la vez, se estableció que el Estado estaría obligado a “dar orientación socialista y cumplir con los demás requisitos y finalidades comprendidos en el Artículo 3° de la Constitución, a todo servicio público de educación preescolar, primaria, secundaria, normal, vocacional o de bachillerato, técnica y profesional o de cualquier grado o tipo que se pudiera impartir”. En relación con el carácter oficial de las instituciones de educación superior se estableció que tendría el carácter de servicio público toda la educación impartida por el Estado (federación, estados, municipios) de cualquier grado o tipo, así como la impartida por las instituciones educativas de derecho público y de servicio descentralizado. Estas últimas sólo podrían dar educación de cualquier grado que no fuera preescolar, primaria, secundaria o de tipo normal.131

Otra de las preocupaciones de los universitarios michoacanos, expresada en diversas ocasiones a lo largo de la década de los treinta, fue la reforma del Artículo 4º constitucional y la consiguiente reglamentación de las profesiones. Enrique Arreguín consideraba que, en las condiciones en que se encontraba el país, las escuelas de enseñanza superior no respondían a las necesidades sociales y continuaban formando profesionistas capacitados para las más variadas actividades, pero que en la práctica no encontraban empleo sino en labores burocráticas.132 Además, señaló que el grupo social que representaban los profesionistas que ejercían dentro del llamado sistema liberal no tenía la capacidad de ofrecer soluciones a los problemas del país; por esta razón criticó la posición, carácter y tendencias individualistas del sistema de trabajo de esos elementos sociales.133

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129 Ídem.130 Jesús Díaz Barriga, “Inconvenientes de la supresión del CNESIC”, 12 de diciembre de 1938, en AGN/LCR, c. 688, exp. 534/100; c. 1351, exp. 711/152.131 Enrique Arreguín, “La reforma educativa en las universidades”, en APEAV, c. 7. Ley Orgánica de Educación, pp. 1-3.132 Discurso de Enrique Arreguín en el Colegio de San Nicolás, 8 de mayo de 1939, en APEAV, cc. 7 y 23.133 Enrique Arreguín, “Observaciones sobre el artículo 3° constitucional”, en APEAV, c. 7.

Como solución a este problema, Arreguín propuso la preparación de un nuevo tipo de profesionista con sentido social;134 a la vez, señaló la necesidad de crear nuevas fuentes educativas para recibir a los alumnos que en las condiciones del momento no tenían más salida que las profesiones liberales. Esas fuentes educativas serían las escuelas técnicas superiores en las que se prepararía a los profesionistas necesarios para la incipiente industria nacional y los que necesitaba el Estado para las nuevas formas de explotación de la tierra. Asimismo, planteó la necesidad de “cambiar las finalidades de la Universidad medieval y fundar la nueva sobre bases científicas y las necesidades de la sociedad del momento”; las universidades y escuelas técnicas deberían poner el saber y la cultura al servicio de las mayorías. Arreguín consideraba que otro de los aspectos que estaban en obligación de atender e impulsar las instituciones de cultura superior era la investigación científica. Ésta debería orientarse, en primer lugar, hacia la realidad social y los recursos naturales de los países latinoamericanos.135

Estas preocupaciones motivaron las propuestas de los miembros del CNESIC, en especial Arreguín y Sánchez Pontón, de reforma del Artículo 4º constitucional y la reglamentación del ejercicio de las profesiones. Desde 1936, atendiendo a las atribuciones que daba la ley al organismo para supervisar la educación superior, se iniciaron las gestiones para el estudio y aprobación de un proyecto de reforma del mencionado artículo.136 Esta labor se mantendría a lo largo del sexenio cardenista y los primeros años de la administración presidencial de Manuel Ávila Camacho, con el objetivo de unificar la legislación en la materia y sustituir su pluralidad por una ley federal que determinara cuáles deberían ser las profesiones que requerían título o autorización para su ejercicio, así como la capacitación científica o técnica que debería exigirse a los individuos en defensa de los intereses de la comunidad.137

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134 Ídem.135 Enrique Arreguín, “Algunas consideraciones sobre la enseñanza universitaria en México”, 27 de septiembre de 1939, en APEAV, c. 44.136 “El proyecto de reformas al artículo 4º”, en El Nacional, 1 de diciembre de 1936.137 Al iniciar la administración de Manuel Ávila Camacho, Enrique Arreguín y Luis Sánchez Pontón tratarían de llevar adelante este proyecto a través de la SEP. Enrique Arreguín, “Exposición de motivos de la iniciativa de reformas a los artículos 4º, 5º y 121º fracción V de la Constitución General”, en AHSEP, SEP, CNESIC, c. 17, exp. 65.

V. EL FIN DE LA UNIVERSIDAD SOCIALISTAEN MICHOACÁN, 1940-1943

VIENTOS DE CAMBIO EN LA UNIVERSIDAD MICHOACANA.EL RECTORADO DE VICTORIANO ANGUIANO, 1940-1942

Un nuevo orden universitario

El nombramiento de Victoriano Anguiano como rector de la Universidad Michoacana desconcertó a un amplio sector de la comunidad universitaria. Esta decisión representó una ruptura radical con la línea de trabajo que había seguido la institución en los años previos, sin que existiera una razón aparente para que el ejecutivo estatal optara por modificar su orientación. La designación fue posible, de acuerdo con el testimonio del propio Anguiano, por la simpatía y lazos de colaboración que lo unían con Félix Ireta, el nuevo gobernador de Michoacán.1 Sin embargo, para otros, su llegada al cargo fue el resultado de una labor de negociación y convencimiento realizada por Anguiano ante las autoridades estatales.

Jesús Díaz Barriga informó al presidente Lázaro Cárdenas que la elección de Victoriano Anguiano como rector había sido el resultado de las maniobras políticas de éste ante Félix Ireta. De acuerdo con el primero, Anguiano había insistido ante aquél para que lo nombrara rector de la Universidad Michoacana. El mandatario estatal accedió a esta petición e hizo correr el rumor entre los universitarios michoacanos de que la separación definitiva de Natalio Vázquez Pallares y su futuro político, ya fuera como procurador de Justicia o secretario de Gobierno, dependían del nombramiento de Anguiano en la rectoría. Con esta maniobra, que tuvo éxito por igual entre quienes apoyaban y entre quienes rechazaban a Vázquez Pallares, se consiguió que el Consejo Universitario incluyera en la terna para el nombramiento de rector el nombre de Victoriano Anguiano, a pesar de que no cubría el requisito de tener una reconocida ideología socialista, como señalaba el Artículo 31 de la Ley Orgánica. Una vez conseguido este objetivo, el gobernador procedió a nombrarlo inmediatamente rector de la universidad.2

Díaz Barriga vaticinó que la presencia de Victoriano Anguiano en la rectoría produciría, probablemente el año siguiente, una reacción de rechazo por parte de un amplio sector estudiantil, la cual se encontraba latente en octubre de 1940. Díaz Barriga pensaba que estos antecedentes y el hecho de que se considerara a Anguiano un elemento contrarrevolucionario motivarían a los universitarios a enfrentársele;3 además, opinó que cualquiera que fuera el giro que tomaran los acontecimientos la presencia de éste en la rectoría redundaría en el desprestigio de la institución. Por esta razón, propuso que el presidente de la

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1 Victoriano Anguiano fungió como consejero político de Félix Ireta, pero, al hacerse públicas las actividades y aspiraciones políticas de éste, fue relegado de la campaña electoral por la gubernatura del estado, debido a que era identificado como “serratista” y enemigo de Lázaro Cárdenas. Una vez en el poder, Ireta colocó a Anguiano en la rectoría de la Universidad Michoacana, pero advirtiéndole que debería limitarse a sus funciones específicas sin inmiscuirse en actividades políticas. En el momento de su designación como rector, Anguiano residía en la ciudad de México donde trabajaba en la Procuraduría General de la República e impartía clases de historia universal e historia de América en la Universidad Autónoma de México. Anguiano Equihua, Lázaro Cárdenas…, p. 155.2 AGN/LCR, c. 745, exp. 534.8/3. De acuerdo con David Franco Rodríguez, tras la renuncia de Natalio Vázquez Pallares a la rectoría de la universidad, el nombre de Victoriano Anguiano figuró como uno de los posibles integrantes de la terna que se propondría al ejecutivo estatal para la designación del nuevo rector. El Consejo Universitario rechazó la propuesta, pero por razones desconocidas, en otra sesión de consejo, se propuso nuevamente a Anguiano como integrante de la terna, aunque fue ignorado una vez más. No obstante, en un tercer intento resultó electo, lo que finalmente le valió la designación de rector que en su favor hizo el gobernador del estado. David Franco Rodríguez, “Informe que rinde el secretario general de esta institución…, del año de 1939 al 31 de agosto de 1943”, pp. 22-23, en AHUM, UMSNH, I, c. 7.3 AGN/LCR, c. 745, exp. 534.8/3. Además de atribuírsele responsabilidad en la derrota que había sufrido el movimiento estudiantil de 1933, Anguiano era acusado de haber estado ligado a los grupos más conservadores mientras se desempeñó como profesor de la Universidad Autónoma de México. David Franco Rodríguez, “Informe que rinde el secretario general de esta institución […], del año de 1939 al 31 de agosto de 1943”, pp. 23-24, en AHUM, UMSNH, I, c. 7.

República, con la ayuda de Gabino Vázquez, Enrique Arreguín, con la suya propia y la de algunos otros nicolaitas, lograra que el gobierno de Michoacán o las autoridades federales dieran a Anguiano algún puesto para alejarlo de la universidad, al tiempo que le permitiera sostenerse sin perjudicar su economía. Todo esto debería lograrse antes del 1 de diciembre.4

La opinión de Jesús Díaz Barriga fue reveladora del estado de ánimo de los socialistas ante el nombramiento de Victoriano Anguiano como rector y de sus esfuerzos por revertir las decisiones que el ejecutivo estatal había tomado para renovar las autoridades universitarias.5

Victoriano Anguiano inició su gestión haciendo un llamado a la concordia y a considerar superados los problemas que habían afectado a la universidad en los meses precedentes. También, expresó su disposición de hacer valer y acatar la Ley Orgánica; así como a buscar una mejora en las condiciones de trabajo de la institución y sus miembros.6

Victoriano Anguiano dejó atrás el discurso radical de sus antecesores y abogó por un nuevo proyecto de institución universitaria, que si bien no se oponía totalmente al que promovían aquéllos, tampoco implicaba la negación del modelo existente. Anguiano se declaró partidario de una concepción moderna de universidad, definida como un conjunto de instituciones que deberían atender la formación profesional, la investigación científica y la conservación, incremento y difusión de la cultura. Con base en esta idea, Anguiano proyectó la incorporación de escuelas técnicas a la universidad, con el objetivo de enfrentar los problemas y exigencias que las condiciones del momento demandaban a la institución. Esta apuesta por la enseñanza técnica se debía a que, de acuerdo con sus autoridades, la oferta educativa de la Universidad Michoacana se reducía casi por completo a un plan trazado por el liberalismo. Anguiano consideraba que si bien las carreras impartidas no podían considerarse como innecesarias, sí era imperioso cambiar su estructura para darles actualidad, enriqueciéndolas con estudios técnicos.7

Anguiano señaló que la incorporación de escuelas técnicas podía ser motivo de críticas basadas en una concepción “anticuada y rígida” de la universidad; argumentaba que la institución sólo debería dedicarse a las “especulaciones profundas en la ciencia, en la filosofía y en las letras”, con el objetivo de formar a los profesionistas de tipo liberal de la época. El nuevo rector se mostró partidario de una idea de universidad encargada de la formación de profesionistas y técnicos capacitados para resolver los problemas que planteaban las transformaciones económicas y sociales del momento.8

La universidad subsidiada

Tal como lo había anunciado al tomar posesión de la rectoría, Victoriano Anguiano dirigió gran parte de sus esfuerzos a incrementar los recursos económicos que para su funcionamiento recibía la Universidad Michoacana. Esta tarea sería apoyada por un amplio sector de universitarios, intelectuales y miembros de la clase política.

La diputación federal michoacana sometió a la Cámara de Diputados, en diciembre de 1940, una iniciativa para que fuera creada una partida de 200 mil pesos en el presupuesto de egresos de la federación destinada al sostenimiento de la Universidad Michoacana. Esta propuesta fue apoyada por una petición del rector al presidente de la república para que la institución contara con mayor apoyo económico. A su vez,

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4 AGN/LCR, c. 745, exp. 534.8/3.5 Es significativo el hecho de que un gobernante como Félix Ireta, que en diversas ocasiones se proclamó defensor del Artículo 3º constitucional y de la integridad ideológica de la Universidad Michoacana, por lo que hizo pública su intención de no permitir que la institución cambiara la orientación que le marcaba su Ley Orgánica, nombrara como rector a quien se manifestó por la libertad de cátedra y por el predominio de las “fuerzas del espíritu” en la universidad. Anguiano, quien se oponía al contenido del Artículo 3º constitucional, porque, en su opinión, transformaba a la universidad en una “agrupación sectaria y dogmática”, también fue crítico de la Ley Orgánica de la Universidad Michoacana de marzo de 1939, por considerarla demagógica al pretender guiar la organización y actividades universitarias por un “socialismo indefinido”. Véase: Oikión Solano, Michoacán en la vía de la unidad nacional..., p. 344. Anguiano Equihua, Lázaro Cárdenas…, p. 167.6 AHUM, CU, S. A., 11 de octubre de 1940.7 AHUM, UMSNH, R, I, Informe de labores de la Universidad Michoacana, 1941, c. 7.8 Ídem. Estas ideas del rector Victoriano Anguiano sobre la universidad diferían en algunos aspectos de las que defendían los socialistas. Anguiano concedía, al igual que éstos, una gran importancia a los estudios técnicos, pero no cuestionaba la utilidad de las profesiones liberales; las consideraba necesarias, pero no suficientes.

estas solicitudes fueron secundadas por algunas agrupaciones estudiantiles como la FEUM, el CEN y el Bloque de Estudiantes Avilacamachistas. Por su parte, el primer mandatario dispuso que las peticiones fueran comunicadas al secretario de Educación Pública, Luis Sánchez Pontón.9

La solicitud de los universitarios michoacanos fue parcialmente atendida al concederse a la Universidad Michoacana un subsidio federal por 100 mil pesos; a esta partida se sumó un aumento de 25 mil pesos en el subsidio estatal para 1941.10 Tomando en cuenta estas cantidades, el rector puso a consideración de los consejeros universitarios, el 9 de enero de 1941, para su discusión y aprobación, un proyecto de presupuesto. En éste se propusieron aumentos a los sueldos de los profesores y los directores de escuelas y facultades, así como a los empleados. También se planteó incrementar la partida destinada al Departamento de Extensión Universitaria (18 mil pesos). Anguiano también señaló la necesidad de concluir la construcción de los laboratorios centrales, en los que ya se había invertido una gran cantidad de dinero, dado que los equipos de física y química habían sido pedidos a Estados Unidos.11 Posteriormente, la SEP acordó que el subsidio concedido a la Universidad Michoacana para el año de 1941 ascendería a 150 mil pesos, pero el acuerdo para concretar el aumento fue firmado por el presidente de la república hasta julio del mismo año.12

Las solicitudes de mayores recursos económicos para la Universidad Michoacana fueron apoyadas, en noviembre de 1941, por un grupo de científicos e intelectuales, de reconocida trayectoria, quienes se dirigieron al presidente de la república abogando por la institución.13 El apoyo de estas personalidades ayudó al rector Anguiano en las negociaciones que entabló con el secretario de Educación Pública, Octavio Véjar Vázquez, para pedir que se incrementara el subsidio correspondiente a 1942.14

El presupuesto de la Universidad Michoacana para 1942 ascendió a 412 mil pesos, dividido en 200 mil pesos de aportación estatal y 200 mil pesos proporcionados por el gobierno federal a través de la SEP.15 Sin embargo, para agosto de ese año sólo se habían recibido 150 mil pesos de parte de la federación y fue necesario solicitar el pago de la cantidad faltante. Las gestiones tuvieron éxito y el presidente de la república dispuso que la institución recibiera la aportación ofrecida originalmente, más un excedente de 12 mil pesos; esta cantidad, una vez obtenida, fue utilizada para cubrir el déficit de las finanzas universitarias en diversas áreas.16

Victoriano Anguiano gestionó, ante el secretario de educación pública, en diciembre de 1942, un aumento en el monto de los recursos que recibía la Universidad Michoacana de parte de la federación. El funcionario federal ofreció mantener el subsidio de 212 mil pesos, al tiempo que señaló que aquélla era la institución de provincia que mayores recursos obtenía por este concepto, puesto que la Universidad de Guadalajara recibía 100 mil pesos; la de Puebla, 80 mil pesos, la de Yucatán, 25 mil pesos; además, señaló que el subsidio de la Universidad Autónoma de México no aumentaría, como lo habían solicitado sus autoridades.17 El secretario de Educación expresó su deseo y disposición para apoyar de manera especial a la Universidad Michoacana. Sin embargo, a pesar de que el subsidio federal de 212 mil pesos fue aprobado por el presidente de la república en enero de 1943,18 diversas circunstancias impedirían su total asignación.

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9 AGN/MAC, c. 659, exp. 534.9/2. AHUM, CU, S. A., 19 de diciembre de 1940.10 El presupuesto de la Universidad Michoacana en 1940 fue de 250 mil pesos, de los cuales 200 mil correspondieron al subsidio estatal y el resto al apoyo federal. A esta cantidad se sumaron 100 mil pesos aportados por la Subsecretaría de la Asistencia Pública, para la realización de las actividades con que se festejó el cuarto centenario del Colegio de San Nicolás. Víctor Fernando Nieto, “Informe de los datos estadísticos de la Universidad Michoacana, correspondiente a los años de 1940 a 1944…”, 30 de junio de 1944, en AGHPEM, SG, IS, UMSNH, c. 3, exp. 55, ff. 1-14.11 AHUM, CU, S. A., 9 de enero de 1941.12 AGN/MAC, c. 659, exp. 534.9/2. El presupuesto de la Universidad Michoacana en 1941 fue de 375 mil pesos, de los cuales 225 mil correspondieron al subsidio estatal (lo que representó un aumento de 25 mil pesos con respecto a 1940). AHUM, UMSNH, R, I, Informe de labores correspondiente a 1941, c. 7.13 Integrado por Ignacio Chávez, Samuel Ramos, Joaquín Xirau, Juan Roura Parella, Manuel Pedroso, Germán García, Mariano Ruiz Funes, José Silva, Joaquín Gallo y Pablo Neruda. AGN/MAC, c. 78, exp. 120/31.14 AHUM, CU, S. A., 2 de enero de 1942.15 Víctor Fernando Nieto, “Informe de los datos estadísticos de la Universidad Michoacana, correspondiente a los años de 1940 a 1944…”, 30 de junio de 1944, en AGHPEM, SG, IS, UMSNH, c. 3, exp. 55, ff. 1-14.16 AGN/MAC, c. 659, exp. 534.9/2. AHUM, CU, S. A., 26 y 28 de agosto, 6 de octubre de 1942.17 Además de los 212 mil pesos del subsidio federal, la SEP aportaría 6 mil 500 pesos para los muebles del ex Convento de Tiripetío. Por su parte, Lázaro Cárdenas, secretario de la Defensa Nacional, informó que había conseguido la introducción del agua potable y la construcción de una carretera, como lo había solicitado el rector Anguiano. AHUM, CU, S. A., 4 de enero de 1943.18 AHUM, CU, S. A., 4 de enero de 1943. AGN/MAC, c. 659, exp. 534.9/2.

Las gestiones realizadas por las autoridades universitarias, y las relaciones de amistad entre Victoriano Anguiano y el secretario de educación pública, Octavio Véjar Vázquez, permitieron que la Universidad Michoacana recibiera un trato preferencial por parte de las autoridades federales. Tal como ocurrió durante la presidencia de Lázaro Cárdenas, en la administración de Manuel Ávila Camacho la institución ocuparía un lugar destacado entre sus similares del país, lo que se vería reflejado en el monto de la asignación de recursos económicos para su funcionamiento.

Victoriano Anguiano y la organización de la educaciónsuperior en el país

Las relaciones públicas fueron un aspecto sobresaliente dentro de las actividades del rector Victoriano Anguiano, quien cultivó vínculos de amistad, trabajo y colaboración con numerosos políticos e intelectuales, entre los que se encontraban el secretario de educación pública, Octavio Véjar Vázquez, y los rectores de la Universidad Autónoma de México, Gustavo Baz y Rodulfo Brito Foucher. De igual manera, ocupó un lugar destacado entre sus colegas del interior del país, lo que le sirvió para exponer sus ideas y participar de manera activa en los debates sobre la organización y administración de la educación superior.

En agosto de 1941 se realizó en la ciudad de México un congreso de rectores de las instituciones de educación superior de la república mexicana. La reunión, convocada por la Universidad Autónoma de México, tuvo el propósito de buscar el mejoramiento económico de las universidades del país, principalmente las de provincia; así como discutir la unificación de los planes de estudio.19 En las mesas de trabajo se discutieron los problemas económicos que afectaban a casi todas las universidades, con excepción de la de Nuevo León que tenía 500 mil pesos anuales de presupuesto, y la de Michoacán, que tenía 375 mil.20

En la reunión, la tesis de la delegación michoacana fue la de que era necesario “revitalizar la cultura de las provincias, sacando de la miseria a las universidades”. Con este objetivo se destacó la absoluta necesidad de incrementar sus presupuestos para elevar el nivel económico de los profesores; para desarrollar actividades culturales, y para contar con laboratorios y bibliotecas bien equipados. Anguiano planteó la posibilidad de que con mayores recursos económicos se podrían reconstruir las escuelas nocturnas para la enseñanza de los trabajadores, publicar algunas obras y realizar “fiestas culturales”.21

En relación con los planes de estudio, Anguiano presentó una ponencia en la que propuso el regreso a la preparatoria única, con sentido humanista, por considerar que el sistema de bachilleratos en Michoacán era defectuoso, debido a que “deformaba la estructura del estudiante desde muy temprana edad”, ya que al salir de la secundaria debía escoger un bachillerato que “fatalmente” desembocaría en una profesión. Anguiano planteó una formación amplia y general para los estudiantes ya que, según dijo, la función de la universidad iba más allá de la preparación de profesionistas. Esta tesis fue aceptada de manera unánime, pero en vista de las dificultades para su aplicación se acordó realizar un congreso de directores de escuelas preparatorias, en Puebla, para elaborar los planes de estudio necesarios. Asimismo, se indicó que en el caso de que no pudieran ponerse en práctica dichos programas se articularan los ciclos secundario y preparatorio evitando la repetición de materias y agregando otras consideradas indispensables para la formación de los alumnos.

Los rectores participantes en el congreso recibieron del presidente de la república la propuesta de creación de un consejo nacional de educación, integrado con la representación y participación directa de todas las universidades del país. El mandatario señaló que esta medida coordinaría esfuerzos, pero no debería interpretarse como una muestra de intervencionismo por parte del gobierno federal en la organización y

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19 AHUM, CU, S. A., 5 de septiembre de 1941. Victoriano Anguiano, “Informe sobre el Congreso de Rectores”, en ibíd., 1941. A la reunión asistieron los siguientes funcionarios: Enrique Coppel Rivas, rector de la Universidad del Noroeste; Joaquín Ancona Albertos, rector de la Universidad de Yucatán; Adolfo Delgado, rector de la Universidad de Guadalajara; Manuel Cortés Herrera, director de Estudios Superiores de Guanajuato; Enrique C. Livas, presidente del Consejo Superior Universitario de Monterrey; Ignacio Morones Prieto, rector de la Universidad de San Luis Potosí, y Victoriano Anguiano, rector de la Universidad Michoacana.20 Anguiano señaló que la Universidad Michoacana era la institución que mayores salarios ofrecía a sus profesores y empleados. Además, ninguna universidad de provincia otorgaba becas y pensiones para estudiantes pobres como se hacía en Michoacán. Por estas razones, las autoridades de la Universidad Michoacana solicitaron un subsidio de 500 mil pesos para el siguiente año. Ídem.21 AHUM, CU, S. A., 5 de septiembre de 1941. Victoriano Anguiano, “Informe sobre el Congreso de Rectores”, en AHUM, CU, S. A., 1941.

funcionamiento de las instituciones de educación superior, a las cuales les sería respetada su autonomía y demás atribuciones de que gozaban. La propuesta fue aceptada por los rectores de provincia que consideraron apropiada la creación del consejo porque permitiría que las universidades del interior del país participaran en la organización y administración de la educación superior y la investigación científica. No obstante, la propuesta fue objetada por el rector de la Universidad Autónoma de México.22

Sin embargo, las verdaderas discrepancias surgieron en torno a la discusión del tema de la autonomía universitaria. Los rectores de las universidades de Yucatán y Guadalajara propusieron, en una ponencia, la completa subordinación de las instituciones de educación superior al Estado y rechazaron la creación y funcionamiento de instituciones autónomas. El rector de la Universidad Autónoma de México se opuso terminantemente a esta posición y defendió su postura argumentando que nadie con sentido común podía rechazar el establecimiento de centros de cultura. Ante el problema creado, el rector de la Universidad de Yucatán retiró su ponencia, pero el de la Universidad de Guadalajara señaló que no podía hacer lo mismo, y se le unieron el rector de la Universidad del Noroeste y el director de Estudios Superiores de Guanajuato.23

La asamblea discutió el significado de la autonomía desde diferentes puntos de vista: la que era representada por la Universidad Autónoma de México; la autonomía reducida en sus términos legales estrictos, alcanzada por casi todas las universidades; la autonomía entendida como autogobierno, personalidad jurídica, facultad para expedir títulos; la autonomía como capacidad de adoptar una dirección ideológica que se considerara justa, al margen de las materias y programas de estudios de la diferentes cátedras universitarias. En la sesión se comentó que no existía la autonomía en el sentido del rompimiento total con el Estado, en la medida en que ninguna institución había roto los vínculos con éste, ni siquiera la Universidad Autónoma de México. Se señaló que esta institución tenía vínculos con el Estado, del que recibía tres millones de pesos. De acuerdo con algunos rectores, esta situación implicaba un deber moral que obligaba a las instituciones de educación superior a prestar ayuda en la solución de los problemas sociales por medio de los técnicos y profesionistas universitarios. También se insistió en que no podía considerarse parte de la autonomía una postura que representaba un valor político de oposición a la labor del gobierno y “a las tendencias de la Revolución”.

Victoriano Anguiano minimizó el problema al señalar que la propuesta de los rectores de las universidades de Yucatán y Guadalajara había surgido de problemas particulares, debido a que en ambas entidades se habían establecido, con el apoyo de las autoridades de la Universidad Autónoma de México, instituciones de educación superior autónomas, las cuales habían causado el descontento de los planteles oficiales.24 Además, desechó que la autonomía fuera un arma política de oposición, y sostuvo la idea de que “era una cosa rebasada” por la Universidad Michoacana y que en el sentido de “autogobierno, democracia universitaria, libertad interna, personalidad jurídica, etc.” casi todas las instituciones la tenían; por lo tanto, no podía ser una aspiración.25 De acuerdo con Anguiano, la asamblea de rectores no consideró que hubiera motivos para hacer una declaración sobre el problema de la autonomía, pero el rector de la Universidad Autónoma de México la hizo por su cuenta, llamando a la defensa de la libertad de cátedra.26 Posteriormente, los asistentes a la reunión de rectores se entrevistaron con el presidente de la república a quien presentaron un memorandum sobre los problemas de la educación y la problemática económica de las universidades de provincia. El mandatario, después de leer el documento, señaló que consideraba trascendental la reunión de rectores, por ser la primera de su tipo en el país.27

En la prensa aparecieron notas en las que se acusaba a los directores de las instituciones de educación superior de Sinaloa, Jalisco y Guanajuato de haber atacado la autonomía universitaria. Sobre este asunto la asamblea emitió una declaración en la que se negaron las acusaciones y se señaló que, en mayor o menor medida, todas las instituciones de educación superior gozaban de libertades docentes,

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22 Ídem.23 AHUM, CU, S. A., 5 de septiembre de 1941.24 Ídem.25 Victoriano Anguiano, “Informe sobre el Congreso de Rectores”, en AHUM, CU, S. A., 1941.26 El secretario de educación, Luis Sánchez Pontón señaló que la tendencia educativa debería fundarse en la libertad de espíritu, en el libre examen y en la libertad de conciencia. Ibíd., 5 de septiembre de 1941.27 Ídem.

administrativas y técnicas, de autogobierno y de democracia universitaria y, también, que ninguna universidad de la república había podido disolver absolutamente su vínculo económico con el Estado; por lo que existía la obligación moral de cooperar en la resolución de los problemas nacionales, con los elementos científicos, técnicos y culturales que deberían salir de su seno. En la declaración se indicó que no debería entenderse la autonomía “como una postura política de oposición a toda costa y de desentendimiento de los asuntos vitales del país”.28

Además, se expuso que la petición de que la Universidad Autónoma de México no incorporara instituciones de educación superior en los estados donde ya existían universidades, se planteaba únicamente para los casos de Jalisco y de Yucatán, donde esta institución había patrocinado proyectos hostiles hacia los planteles oficiales. En la declaración se hizo énfasis en señalar que no se había pedido que se restringieran las actividades de la Universidad Autónoma de México; por el contrario, los rectores se mostraron partidarios de la creación de nuevas instituciones de educación superior en el país.29

Meses después, hacia finales de 1941, se reunieron en Mérida, Yucatán, los rectores de las universidades de provincia. Como resultado de la asamblea se acordó dirigir al presidente de la república y al secretario de educación un comentario sobre el estado de la enseñanza en el país. La opinión de los rectores era la de que la organización universitaria era defectuosa, puesto que en la ciudad de México se concentraban los mejores recursos humanos y materiales, lo que ocasionaba que los estudiantes de provincia emigraran a la capital. Por esta razón, se demandaron mayores incentivos para el desarrollo de la educación universitaria en el país; en particular, se solicitó apoyo para cinco universidades, que por su tradición, importancia y situación geográfica les parecían merecedoras de un estímulo especial. Estas instituciones fueron las universidades de Michoacán, Jalisco, Yucatán, Nuevo León; las dos últimas por considerárseles “fronteras espirituales de México”; la otra institución que integraría este grupo se encontraba a discusión. En este caso las posibilidades eran la Universidad de Puebla o la creación de una universidad en Oaxaca. La propuesta implicaba no otorgar recursos por separado para cada institución, sino la concesión de una partida global para el desarrollo de la educación universitaria.30

Un año después, el 9 de noviembre de 1942, se inauguró, en Guadalajara, Jalisco, la segunda reunión ordinaria de rectores de instituciones universitarias mexicanas, convocada por el rector de la universidad de esa ciudad, Rodolfo Delgado. A la asamblea asistieron, Victoriano Anguiano, por la Universidad Michoacana; Aureliano Esquivel, por la Universidad de Sonora; Arturo García Formentí, de la Universidad del Noroeste; Raymundo Ruiz, Universidad de Puebla; Ignacio Morones Prieto, de la Universidad de San Luis Potosí; Manuel Cortés, de la Dirección de Estudios Superiores de Guanajuato; Enrique C. Livas, de la Universidad de Nuevo León, y un representante de la SEP. Las universidades Autónoma de México y de Yucatán no enviaron representantes a la conferencia.31

En la reunión, Victoriano Anguiano insistió en la necesidad de que los gobiernos locales aumentaran los presupuestos universitarios y que se gestionaran subsidios federales para sostener las instituciones de educación superior. Además, pidió se establecieran impuestos especiales para el fomento de la educación universitaria; así como la formación de patronatos y comités de ayuda económica para las universidades.32

Las reuniones de rectores y directores de instituciones de educación superior mostraron las diferencias que enfrentaban a los universitarios del país. Por una parte, destacó el dominio de la Universidad Autónoma de México sobre sus similares de provincia, pero al mismo tiempo hubo manifestaciones de que en algunos estados se impulsaba un proyecto diferente de institución universitaria. A la vez, se hizo evidente que la autonomía y las relaciones con el Estado, así como la disponibilidad y asignación de recursos económicos, eran los temas que más preocupaban a los universitarios.

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28 Victoriano Anguiano, “Informe sobre el Congreso de Rectores”, en AHUM, CU, S. A., 1941.29 Ídem.30 AHUM, CU, S. A., 2 de enero de 1942. Son significativas las similitudes que pueden encontrarse entre este proyecto y el que en 1937 se discutió y aprobó en el CNESIC para la creación de centros universitarios en algunas ciudades del país.31 AGN/MAC, c. 430, exp. 433/348. Bremauntz, La educación socialista en México..., pp. 396-397.32 Ibíd., p. 399.

Además, estas reuniones fueron el escenario donde Victoriano Anguiano mostró sus dotes de líder, al colocarse como vocero de las instituciones de educación superior de provincia. Como tal, realizó una labor de conciliación, adoptando una postura de aparente neutralidad. Sin embargo, esta actitud lo distanció de la línea de acción política seguida por las autoridades de la Universidad Michoacana que le precedieron, en especial en temas tan sensibles como la autonomía de las instituciones educativas y sus relaciones con el poder público.

LA BÚSQUEDA DE LA AUTONOMÍA ESTUDIANTIL

La reorganización estudiantil. División y disidencia

La renuncia del rector Natalio Vázquez Pallares fue interpretada por los integrantes de la FEUM como una victoria en la reivindicación de sus intereses. El nombramiento de las nuevas autoridades universitarias fue considerado como un triunfo de la “voluntad unificada de los estudiantes”, aunado a otros logros, como la efectiva intervención del alumnado en el gobierno de la universidad.33 El movimiento de huelga contra la administración de Vázquez Pallares se presentó, al menos en el discurso, como una corriente que buscaba hacer efectiva la reforma socialista en la Universidad Michoacana. Sin embargo, rápidamente se harían evidentes las contradicciones entre estos planteamientos y la realidad universitaria, en el contexto político estatal.

La FEUM era, de acuerdo con la Ley Orgánica de 1939, una de las dos vías por las cuales los estudiantes podían acceder a representación dentro del Consejo Universitario; la otra alternativa eran las sociedades de alumnos de cada escuela o facultad. Esta circunstancia posicionó a la federación como la única forma de organización estudiantil válida que cubría por completo el espacio universitario y la convirtió en una agrupación con un capital político creciente, lo que generó, casi desde su creación, denuncias por la existencia en su interior de grupos que realizaban actividades políticas con fines diferentes a los señalados por los estatutos del organismo.34

Rápidamente, surgieron manifestaciones de insatisfacción por el alcance de los cambios en la administración y organización universitarias generados a partir de la renuncia de Natalio Vázquez Pallares. En enero de 1941, un grupo de estudiantes se dirigió al rector Victoriano Anguiano para exigir la destitución del director de la Facultad de Derecho, Alberto Lozano Vázquez. Los quejosos señalaron haber participado, el año anterior, en el movimiento universitario que había pedido la separación de sus cargos del ex rector y sus colaboradores, entre los que se encontraba Lozano. De acuerdo con los estudiantes, Félix Ireta, pocos días antes de asumir la gubernatura del estado, al haber resuelto la separación de Vázquez Pallares del cargo de rector, había reconocido implícitamente la validez de los argumentos de quienes buscaban esa acción. Ante tal circunstancia, los estudiantes solicitaron la destitución de Lozano Vázquez, y para ocupar su lugar propusieron al rector una terna integrada por los abogados Luis Marín Pérez, Alfredo Gálvez y Jesús Ortega Calderón.35

Por su parte, Luis Eduardo Delabra, secretario general de la FEUM, señaló en febrero de 1941 que después de todo lo discutido no se habían operado cambios importantes en el ámbito de la reforma universitaria. Delabra denunció que la “reacción” estaba realizando una ofensiva contra la educación socialista y “las conquistas de la Revolución”. También señaló que, en días anteriores, los antiguos elementos de la escuela libre se habían acercado al ejecutivo estatal para solicitar autorización para crear escuelas primarias incorporadas, una secundaria y una preparatoria.36

A su vez, la dirigencia del PERU se reorganizó el 27 del mismo mes de febrero. De inmediato, declaró su apoyo al Artículo 3º constitucional e invitó a los trabajadores a la realización de un mitin que debería efectuarse el 2 de abril siguiente, pero que fue, de acuerdo con los estudiantes, impedido por algunos funcionarios públicos. Al mismo tiempo, se proyectó la realización en Morelia de un congreso de estudiantes socialistas, con la participación de alumnos universitarios y de las dependencias de la SEP.37

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33 Luis Eduardo Delabra, “Las tareas de la organización estudiantil”, en Joven Guardia, 13 de septiembre de 1940, p. 12.34 Ídem.35 AHUM, SA, expediente de Natalio Vázquez Pallares, exp. 167.36 Luis Eduardo Delabra, “Exigimos en la Universidad, responsabilidad universitaria”, en Joven Guardia, 20 de febrero de 1941, p. 3.37 “Se reorganizó el P.E.R.U.”, “El PERU y el artículo 3º constitucional” y “Un congreso de estudiantes socialistas”, en Ariete, 15 de abril de 1941, pp. 1-2.

Poco tiempo después, el 8 de abril, se realizó una reunión de las mesas directivas de todas las sociedades de alumnos de las escuelas y facultades universitarias. Como resultado de este primer consejo extraordinario de la FEUM, se acordó destituir al presidente de la federación, Manuel Gutiérrez, así como al secretario de acción obrera y campesina, Fausto Acevedo, al comprobárseles cargos que les imputaron las diferentes delegaciones y el propio comité ejecutivo de la federación; como nuevo presidente fue nombrado Miguel Silva.38

El rápido crecimiento de las diferencias entre las facciones estudiantiles llevó a una escisión dentro del PERU, que incluyó a los dirigentes de la FEUM destituidos e integrantes de algunas sociedades de alumnos. Estas agrupaciones, cuyos miembros fueron acusados de actuar con apoyo de la rectoría y sectores extrauniversitarios, crearon una federación estudiantil paralela.39 Los grupos disidentes intentaron tomar control de la FEUM mediante la realización de un “congreso”, los días 9, 11 y 12 de agosto de 1941, en el que se designó un nuevo comité ejecutivo.40 Posteriormente, el 29 del mismo mes convocaron a un nuevo congreso. En respuesta, las autoridades “legítimas” lanzaron la convocatoria al primer congreso ordinario de la organización, que se realizaría el 6 de septiembre de ese mismo año, y calificaron de “mercenarios y chambistas” a los integrantes del grupo disidente.41

En busca de la unidad. El primer congreso ordinario de la Federación Estudiantil Universitaria de Michoacán, septiembre de 1941

El 3 de septiembre de 1941 fue dada a conocer la convocatoria al primer congreso ordinario de la FEUM. Por medio de este documento, el comité ejecutivo señaló la decisión de crear un organismo representativo del alumnado, democrático e independiente políticamente de intereses extraestudiantiles y extrauniversitarios, al tiempo que denunció los intentos divisionistas de quienes habían intentado apoderarse de la federación el mes anterior. La jefatura de la FEUM respondió a las acusaciones de que la organización era controlada por elementos ajenos a la universidad y sus intereses, y de que sus miembros eran antianguianistas, señalando que su labor estaba dirigida a mantener la independencia política del estudiantado. La dirigencia de la organización también se deslindó de los “enemigos personales” que el rector pudiera tener dentro y fuera de la universidad.42

El primer congreso ordinario de la FEUM, de acuerdo con sus bases, estaría integrado por las delegaciones estudiantiles de cada dependencia universitaria, electas democráticamente en asamblea general por año. Los delegados tendrían carácter efectivo y contarían con voz y voto en los plenos del congreso. Como delegados fraternales quedarían comprendidos los representantes de las mesas directivas de las sociedades generales de alumnos de cada dependencia, de las directivas de las sociedades de alumnos de cada año y de bachillerato, así como los delegados de las organizaciones juveniles no estudiantiles, de las organizaciones obreras, campesinas y de intelectuales, entre otras. Los delegados fraternales sólo tendrían derecho a voz. Como forma de trabajo se estableció que sólo habría comisiones dictaminadoras de ponencias, que estarían integradas por delegados efectivos y fraternales. Los casos no previstos por las bases serían resueltos de acuerdo con los estatutos de la FEUM y con la opinión del pleno del congreso. Por su parte, el temario de la reunión incluyó los siguientes puntos: “informe del Comité Ejecutivo saliente”; “tareas de la

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38 “Se verificó el Primer Consejo Extraordinario de la FEUM”, en El Estudiante, primera quincena de abril de 1941, pp. 1, 8.39 “El Primer Congreso Ordinario de la FEUM”, en Joven Guardia, 1 de noviembre de 1941, pp. 3, 8. “A todos los estudiantes universitarios”, en AHUM, CU, S. A., 1941.40 AGN/MAC, c. 449; exp. 437.3/101. “Nueva FEUM”, en Ariete, 20 de agosto de 1941, p. 1. El nuevo comité ejecutivo de la FEUM fue el siguiente: Leopoldo Arreola Belman, presidente; Filemón Valdespino, J. Trinidad Campos, Ernesto Reyes R., Arnulfo García Olivares, Benjamín Méndez Romero, Salvador Laris, Wilfredo Ortiz, René Mota V., Enrique Cuevas, Manuel Mendoza N. y Concepción Ortiz C.41 AHUM, CU, S. A., 1941. Una vez realizado el primer congreso ordinario de la FEUM, los disidentes acusarían a la dirigencia “legítima” de la FEUM de actuar bajo consigna de algunas células del Partido Comunista que operaban dentro de la universidad. “Arietazos”, en Ariete, 30 de septiembre de 1941, pp. 1, 4.42 AHUM, CU, S. A., 1941.

organización estudiantil universitaria”; “los problemas específicos de los universitarios”; “postura de los estudiantes ante la situación nacional e internacional”, y “elección del nuevo Comité Ejecutivo”.43

Las labores del primer congreso ordinario de la FEUM44 iniciaron el 6 de septiembre en el salón de actos del Colegio de San Nicolás. La sesión se abrió a las doce del día, bajo la presidencia de Miguel Silva, pero minutos después fue suspendida debido a la intervención de un grupo de estudiantes que, por medio de gritos, obstaculizó las deliberaciones de la asamblea. Ante esta situación, y a propuesta de Roberto Reyes, delegado de la Facultad de Derecho, las actividades del congreso se trasladaron a esta dependencia universitaria, donde los trabajos se reanudaron en una de las aulas.45 Al concluir los trabajos quedó constancia en el acta respectiva de que al finalizar la sesión los estudiantes Filemón Valdespino, Raymundo Álvarez y Abraham Correa arrojaron una ampolleta de carbilamina contra los delegados presentes.46

Los delegados al primer congreso ordinario de la FEUM continuaron sesionando la tarde del 6 de septiembre. La reunión inició a las 16:00 horas en una de las aulas de la Facultad de Derecho. Como resultado de los dictámenes realizados a las ponencias presentadas en la sesión matutina, la asamblea aprobó que todo miembro del comité ejecutivo de la FEUM que ocupara un empleo con remuneración económica dentro de la universidad cesara inmediatamente en sus funciones dentro de la organización; que todos los estudiantes deberían luchar por conseguir la reglamentación del Artículo 4º constitucional; que la lucha contra el imperialismo y el fascismo no implicaba “el amortiguamiento de la lucha de clases dentro del país”; y que el comité ejecutivo de la FEUM localizara a los líderes sinarquistas y accionacionalistas para proceder a su expulsión de la universidad.47

Como tercer punto de la orden del día se procedió a la elección del nuevo comité ejecutivo de la FEUM, el cual fue presidido por Guillermo Morales Osorio, de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.48 Una vez tomada la protesta a sus integrantes la asamblea acordó girar comunicaciones al general Lázaro Cárdenas, al gobernador del estado, al presidente del Supremo Tribunal de Justicia en el estado, al rector de la Universidad Michoacana, a la CJM y a la Federación Juvenil Michoacana (FJM); así como a todas las organizaciones juveniles, obreras y campesinas de la entidad, para darles a conocer la constitución del nuevo comité ejecutivo de la FEUM. La asamblea decidió lanzar un manifiesto en el cual se fijaría la posición de la federación ante los problemas que afectaban su funcionamiento y se expondría su plan de trabajo. Posteriormente, se declaró finalizado el primer congreso ordinario de la FEUM.49

A éste asistieron representantes de la totalidad de los años de la Facultad de Medicina; cuatro de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales; los seis años de la Escuela Normal para Maestros; los tres años de la Facultad de Ingeniería; el tercer grado de secundaria, y los segundos años de los bachilleratos de ciencias sociales y físico-matemáticas.50

Uno de los asuntos más importantes planteados en el congreso fue el referente a la forma de unificar a los estudiantes. De acuerdo con su comité ejecutivo, la FEUM, por su carácter de organización de la totalidad del estudiantado universitario, para llevar a cabo su programa de acción, necesitaba del apoyo unánime de sus elementos básicos y la eliminación de las pugnas de grupos dentro de sus filas.51 Por esta razón, se hizo un llamado a la unidad, en especial para las sociedades de alumnos disidentes, las cuales fueron invitadas a

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43 Comité organizador del primer congreso ordinario de la FEUM: Guillermo Morales, Abel Velásquez, Gilberto Rivera, Alfonso Espitia, Isaac Reyes H., Manuel Hernández, J. Jesús Izquierdo, Samuel Caballero y Carlos Contreras. El comité organizador del congreso también incluyó a los miembros del comité nacional ejecutivo de la CJM, Ángel Veraza, Antonio Ocampo R. y Gustavo Solórzano. Ídem.44 El presidium del congreso estuvo integrado por Raúl Arreola Cortés, delegado de la Escuela Normal, como presidente; Jesús Bravo Baquero, delegado de la Federación Juvenil Revolucionaria de Michoacán (FJRM), secretario; como escrutadores fueron designados: Guillermo Morales Osorio, delegado de la Facultad de Derecho, y Jesús Izquierdo, por la Facultad de Medicina.45 “Acta de la sesión matinal del Primer Congreso Ordinario de la FEUM, 6 de septiembre de 1941”, en ídem.46 Ídem. Como instigador del ataque contra los delegados al congreso fue señalado Serapio Nava, secretario del Colegio de San Nicolás. AHUM, CU, S. A., 1941. La dirigencia del PERU impugnó la realización del congreso por considerar que respondía al intento de algunas células del Partido Comunista que operaban dentro de la universidad por apoderarse del comité ejecutivo de la FEUM. Como el principal líder de esta conjura señalaron a Jesús Bravo Baquero. “Arietazos”, en Ariete, 30 de septiembre de 1941, pp. 1, 4.47 AHUM, CU, S. A., 1941.48 Ídem. “Informe”, FEUM, septiembre de 1941, en FDRAC, manifiestos, c. 3, exp. 65.49 AHUM, CU, S. A., 1941.50 “Informe”, FEUM, septiembre de 1941, en FDRAC, manifiestos, c. 3, exp. 65. AHUM, CU, S. A., 1941.51 Ídem.

reintegrarse a la federación. Otros de los acuerdos tomados en el congreso fueron el desarrollo de actividades de solidaridad con la URSS y otros países en lucha contra el nazismo y el fascismo. También se acordó solicitar al gobierno federal la reanudación de relaciones comerciales y diplomáticas con esa nación; así como luchar contra el PAN y contra el sinarquismo, que se decía pretendía infiltrarse en la universidad con la bandera de “mayor acercamiento con la Universidad Autónoma”.52

Por otra parte, para hacer efectiva la reforma universitaria se propuso, entre otros aspectos, la expulsión inmediata de la universidad de los líderes sinarquistas, “accionalistas” y de la ACJM; transformar las carreras de tipo liberal que se impartían en la universidad en otras de utilidad social; establecer una vigilancia estricta sobre las escuelas y secundarias incorporadas para garantizar que sus métodos de enseñanza se apegaran a lo dispuesto en el Artículo 3º constitucional, y despertar el sentido de responsabilidad, trabajo y solidaridad en los profesores y estudiantes.53

En el informe, suscrito por el comité ejecutivo saliente, integrado por Miguel Silva, presidente, y Luis Eduardo Delabra, secretario general, al primer congreso ordinario de la FEUM, se reconoció que el llamado Movimiento de Reforma Universitaria, dentro del cual surgió la organización, estaba ligado a los acontecimientos políticos del momento, como la lucha electoral. En un ejercicio de autocrítica se señaló que la autonomía de la federación se había visto comprometida por un grupo que, desde su interior, había estado actuando en menoscabo de los intereses estudiantiles. En particular, se identificó como parte de este grupo a los miembros del primer comité ejecutivo. Como consecuencia, los puntos de vista irreconciliables habían causado la debilidad –y en ocasiones desaparición– de la dirección de la FEUM. Para solucionar estos problemas se había realizado el primer consejo ordinario de la federación, en junio de 1940, en el que se hicieron algunas remociones en el secretariado del comité ejecutivo y se había elegido a un nuevo presidente. Sin embargo, estas medidas no habían sido suficientes, y a pesar de que se logró mantener la organización a salvo de “fuerzas ajenas a las de los estudiantes”, no había sido posible expulsar a todos los “elementos corrompidos de la política estudiantil, que desde un principio siguieron el camino del oportunismo, de la demagogia”; estos elementos fueron señalados como “chambistas”, debido a que solamente buscaban su “acomodamiento personal”.

De acuerdo con el informe, ese era el estado de la FEUM al realizarse el movimiento que provocó la renuncia de Natalio Vázquez Pallares a la rectoría universitaria. Según el comité ejecutivo, a partir de esos problemas la dirección de la FEUM se caracterizó por su falta de actividad y negligencia. Esta situación fue denunciada porque, según se dijo, daba oportunidad a la acción de los elementos divisionistas que buscaban medrar con la federación y utilizarla para percibir beneficios económicos de la universidad “a costa de traficar con la independencia de la organización”.54

En el informe se señaló que siempre habían existido, dentro del movimiento estudiantil, tres corrientes irreconciliables que pretendían el control de la FEUM. Una de éstas estaba representada por los “elementos morales más corrompidos de la política estudiantil [que buscaban] ganancias, dinero, favores, chambas”. Otra corriente era representada por elementos que, en el fondo, eran defensores de los intereses de sujetos extraños a los estudiantes y a la universidad, los cuales protegían posiciones personales dentro de la institución. La tercera corriente estaba integrada por quienes defendían los intereses y puntos de vista de la organización estudiantil. De acuerdo con el informe, los integrantes de la primera corriente eran quienes habían tratado de formar la “fracasada ‘federación de agosto’ para vender al mejor postor la independencia de la Federación Estudiantil”. Por su parte, los miembros de la segunda fueron acusados de pretender maniobrar para beneficio propio y de sus “patrones”, y de haber tratado de confundir a los universitarios valiéndose, demagógicamente, de la lucha por la unidad de la FEUM, al formar un grupo en el que figuraban un gran número de empleados de la administración universitaria del momento y “maromeros” de administraciones pasadas, identificados con el “galleguismo”, “natalismo” y otros ISMOS.55

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52 “El Primer Congreso Ordinario de la FEUM”, en Joven Guardia, 1 de noviembre de 1941, pp. 3, 8. AHUM, CU, S. A., 1941.53 Ídem.54 Ídem.55 Ídem. “Informe”, FEUM, septiembre de 1941, en FDRAC, manifiestos, c. 3, exp. 65.

Tras la realización del primer congreso ordinario de la FEUM continuaron las divergencias entre los estudiantes organizados. Dos días después de concluida la reunión, se hizo un llamado a las mesas directivas de las sociedades de alumnos de las escuelas y facultades universitarias para participar en la elaboración de una convocatoria a un congreso constituyente de lo que se postuló como la “genuina federación” estudiantil. Al mismo tiempo, otros sectores disidentes, que habían constituido un comité ejecutivo paralelo, pusieron en duda la validez del reciente congreso.56

La dirigencia de la FEUM señaló estar dispuesta a realizar una asamblea estudiantil, con la participación de los representantes de las sociedades de alumnos de todas las dependencias universitarias, electos democráticamente, en la cual se pusieran a consideración para ser ratificados o rectificados los acuerdos del primer congreso ordinario. Al mismo tiempo, el comité ejecutivo de la FEUM pidió a los miembros del consejo universitario que analizaran la situación y decidieran sobre la validez del proceder de la organización y se hiciera un llamado a los grupos disidentes para que se lograra la unificación estudiantil.57

Con el paso del tiempo, se hizo evidente que el primer congreso ordinario de la FEUM había profundizado algunas de las diferencias entre los diversos sectores estudiantiles. Las decisiones y resolutivos del congreso fueron impugnadas por algunos grupos y se criticó la forma de elección de la dirigencia de la federación. En marzo de 1942, se propuso que el sistema electoral dentro de la FEUM fuera el mismo que el del CEN, es decir, una democracia directa, y que las elecciones no fueran por medio del voto de delegados, sino mediante “plebiscitos estudiantiles universitarios”.58

En julio de ese mismo año se convocó a la realización del primer congreso extraordinario de la FEUM, que se realizaría los días 4, 5 y 6 de agosto. De acuerdo con la convocatoria, este congreso, que integraría a miembros de las diferentes facciones estudiantiles, tendría el objetivo de someter a una nueva discusión, para su ratificación o rectificación, los puntos tratados en el primer congreso ordinario. La decisión fue tomada por el comité nacional de la CJM y la dirección de la FEUM, ante las numerosas y constantes manifestaciones de oposición a los acuerdos a los que se llegó en el anterior congreso estudiantil. En la reunión propuesta se discutirían el problema de la unidad del alumnado y la elección del comité ejecutivo de la FEUM.59

Como resultado de estos ajustes, el discurso radical del estudiantado y la pretendida autonomía de la FEUM respecto a las autoridades universitarias fueron atemperados rápidamente. Para inicios de 1943, la cúpula de esta organización se encontraba ligada a dichas autoridades.60 Esta situación sería la causa de nuevos enfrentamientos entre quienes buscaban el control de la universidad.

Más allá de la Federación Estudiantil Universitaria de Michoacán.Los universitarios michoacanos y sus relaciones con la Federación Juvenil Michoacana y la Confederación de Jóvenes Mexicanos

Trascendiendo los márgenes de la Universidad Michoacana, los estudiantes participaban en la FJM, una organización que en febrero de 1941, en su segundo aniversario, se declaró leal al ex presidente Lázaro Cárdenas y al presidente Manuel Ávila Camacho, así como contraria al sinarquismo y al almazanismo. Al mismo tiempo, la dirigencia de la organización denunció que la administración anterior a la del gobernador Félix Ireta había sido un “aparato despótico” que había frenado a las fuerzas progresistas, propiciando el

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56 Comité ejecutivo de la FEUM (disidente), el 8 de septiembre de 1941: Anastasio Zamudio, Serapio Nava S., Raúl Reyes H., Ofelia Cervantes, Salvador Jasso, Salvador Gudiño, Ubaldo Martínez, Trinidad Campos S., Jesús Pedraza, Salvador Rezendis A. “Postulados que sustentan los estudiantes universitarios que luchan por una verdadera representación democrática en la Federación”, 8 de septiembre de 1941, en ibíd., c. 2, exp. 37. “FEUM”, en Ariete, 30 de septiembre de 1941, pp. 1, 4.57 AHUM, CU, S. A., 1941.58 “Vocero Universitario”, en Cultura, marzo de 1942, pp. 2, 7.59 “Congreso de unidad estudiantil”, en Cultura, julio de 1942, p. 7.60 Esta relación se haría evidente al inicio del conflicto universitario de 1943. Una de las primeras medidas adoptadas por los estudiantes que habían pedido la renuncia de las autoridades universitarias fue la destitución de los dirigentes de la FEUM, por considerarlos ligados a éstas.

crecimiento del sinarquismo y la educación confesional.61 A su vez, la FEUM y la FJM estaban integradas a la CJM y, en términos generales, siguieron las pautas de acción política emanadas de esta última agrupación, entre las que destacó, ante los intentos por modificarlo, la defensa del Artículo 3º constitucional.

Con estas directrices, una delegación de la FEUM participó en el congreso estudiantil organizado por la CNE, entre el 16 y el 30 de marzo de 1941, en la ciudad de Puebla. En la reunión tuvo lugar un choque de posturas en torno al Artículo 3º constitucional y la educación socialista. Las organizaciones ligadas a la CNE, que promovieron la crítica al mencionado artículo, se enfrentaron con la posición de las delegaciones ligadas a la CJM, las cuales defendieron el precepto constitucional. Entre éstas destacó la de la FEUM. Además, la delegación michoacana propuso la realización de un congreso nacional de estudiantes en Michoacán, en 1943, para lo cual dijo contar con el apoyo del gobernador del estado, Félix Ireta.62

Por iniciativa de la FEUM se iniciaron los trabajos de organización del anunciado congreso nacional de estudiantes, al que asistirían alumnos “universitarios, técnicos, campesinos, normalistas, de secundarias, de agricultura, de escuelas para hijos de trabajadores, de internados indígenas”, entre otros. El objetivo de la reunión sería la unificación de los 80 mil estudiantes del país en una alianza con dirección única. La organización surgida del congreso tendría entre sus finalidades la defensa del Artículo 3º constitucional e impedir que fuera aprobada la ley del servicio militar obligatorio, para evitar, según se dijo, que los jóvenes mexicanos se convirtieran en “carne de cañón al servicio del imperialismo yanqui”. Para junio de 1941 ya habían sido redactados la convocatoria, temario y bases del congreso, el cual contaría, para su realización, con el apoyo económico del gobierno del estado de Michoacán.63

De visita en Morelia, Ángel Veraza y otros miembros del comité ejecutivo de la CJM expusieron y acordaron algunos puntos pragmáticos que deberían normar la conducta de los integrantes de la organización. Entre esos destacaron los siguientes: los estudiantes michoacanos deberían luchar contra la penetración de la Universidad Autónoma de México en la Universidad Michoacana, y por lo tanto, contra la libertad de cátedra y la autonomía; se opondrían al “nazi-fascismo-falangismo”, al sinarquismo y al PAN; también lucharían por defender las “conquistas de la Revolución Mexicana”. Asimismo, se acordó que, a más tardar en febrero de 1942, se convocaría a un congreso de unidad, en donde se reorganizaría la FEUM, disciplinada en sus principios a la CJM.64

A principios de noviembre de 1941, delegaciones del comité estatal de la FJM y la FEUM participaron como representantes de Michoacán al tercer consejo ordinario de la CJM, realizado en la ciudad de México.65 Posteriormente, los días 20 y 21 de noviembre de 1941, se programó para realizarse en Jiquilpan, Michoacán, el primer congreso ordinario de la FJM, organización que refrendó su posición antifascista, antinazi y defensora de las “conquistas de la Revolución Mexicana”.66

EL OCASO DE UNA INSTITUCIÓN

La Universidad de Primavera “Vasco de Quiroga”, 1941-1942

La Universidad de Primavera “Vasco de Quiroga”, que fue presentada en 1940 como un nuevo modelo de institución educativa, organizada en un sistema de cursos universitarios, con periodicidad anual e itinerante, volvió a realizarse en Morelia al año siguiente. Esta reunión académica estaba programada para realizarse en

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61 Comité Estatal de la FJM en febrero de 1941: Gustavo Gallardo González, presidente; J. Jesús Puente, Adolfo Villanueva, Tomás Rico Cano, Raúl Arreola Cortés, Raúl Pedraza, Jerónimo López de la Rosa, Agapito Ochoa Reyes, Elizabeth García de León, José Estrada, Luis Rodríguez Vega, J. Jesús Segundo, Ildefonso García Rodríguez, José G. Baeza Campos, Antonio Morales y J. Jesús Bravo Baquero. “En su II aniversario la FJM ratifica su programa”, en Joven Guardia, 20 de febrero de 1941, pp. 1, 7.62 AGN/MAC, c. 425, exp. 433/66. “Los universitarios michoacanos defensores del artículo 3º constitucional”, en El Estudiante, primera quincena de abril de 1941, pp. 1, 8.63 “¡Los estudiantes del país quedarán unificados!”, en Joven Guardia, junio de 1941, pp. 1, 15.64 “El Primer Congreso Ordinario de la FEUM”, en Joven Guardia, 1 de noviembre de 1941, pp. 3, 8.65 “Se efectuará el Tercer Congreso de la CJM”, en ibíd., p. 8.66 “La juventud obrera, campesina y estudiantil se moviliza”, en ibíd., pp. 1, 8.

Guadalajara, pero se decidió efectuarla en esa ciudad michoacana como parte de los festejos por su cuatrocientos aniversario.67

La organización de los cursos de la Universidad de Primavera, de 1941, contó con el apoyo del gobierno federal, por medio de los ex rectores Enrique Arreguín Vélez y Jesús Díaz Barriga, en ese momento subsecretario de Educación Pública y director general de Educación Superior e Investigación Científica, respectivamente.68 En abril, Arreguín realizó un viaje a Morelia para, entre otros asuntos, participar personalmente en los preparativos de los cursos de primavera que se realizarían en la Universidad Michoacana.69

Las actividades académicas de la Universidad de Primavera se realizaron entre el 19 de mayo y el 1 de junio. La declaratoria de inauguración de los cursos fue hecha por el presidente de la república, general Manuel Ávila Camacho, y el discurso oficial del acto correspondió a Enrique Arreguín.70 Éste aprovechó la tribuna para ensalzar el proyecto universitario por el que había abogado en los últimos años. En su intervención señaló que la universidad debía cumplir con tres propósitos fundamentales: la formación de profesionistas y técnicos, la realización y fomento de la investigación científica y la difusión de la cultura entre la población. Además, criticó a las instituciones de educación superior del país porque consideró que desatendían las demandas nacionales al formar ingenieros, médicos y abogados con una preparación que no correspondía con las necesidades del país. Arreguín terminó su participación señalando que debería anteponerse el “nosotros” frente al egoísmo del “yo”.71

Los cursos, impartidos por científicos e intelectuales mexicanos y españoles, iniciaron el 19 de mayo con la participación de estudiantes y profesores de diferentes instituciones de educación superior del país. El plan de estudios de la Universidad de Primavera contemplaba conferencias sobre ciencias exactas, historia, sociología, filosofía, pedagogía y arte, complementadas con conciertos del Cuarteto Clásico Nacional, el Coro de Madrigalistas, recitales de poetas michoacanos y del pianista chileno Arnaldo Tapia Caballero, así como una exposición de pintura, grabado y escultura.72

Es importante destacar las intervenciones de Enrique Arreguín y Jesús Díaz Barriga, quienes asumieron la defensa del Artículo 3º constitucional y del carácter socialista de la educación impartida por el Estado. Esta postura tuvo especial relevancia por provenir de quienes en ese momento ostentaban altos cargos dentro de la SEP.73

La Universidad de Primavera “Vasco de Quiroga” fue programada para realizarse en la Universidad Michoacana por tercera ocasión en 1942. El 4 de mayo, el rector Victoriano Anguiano solicitó al presidente de la república su asistencia para la inauguración de los cursos, pero el mandatario declinó la invitación nombrando como su representante al secretario de Educación Pública, Octavio Véjar Vázquez, quien llegó a Morelia el 11 de mayo siguiente.74

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67 Oikión Solano, Michoacán en la vía de la unidad nacional..., pp. 345-346.68 Ibíd., p. 346.69 “El subsecretario de Educación salió para Michoacán”, en El Nacional, 13 de abril de 1941.70 Oikión Solano, Michoacán en la vía de la unidad nacional..., p. 346.71 Arreguín, “Discurso pronunciado en el acto de inauguración de los cursos de 1941…”, pp. 9-10, 15.72 “Han sido todo un éxito los cursos de primavera en la Universidad ‘Vasco de Quiroga’…”, en El Nacional, 28 de mayo de 1941. Los cursos de la Universidad de Primavera en 1941 fueron los siguientes: En ciencias exactas: “La estructura de la galaxia. La metagalaxia”, por Luis Enrique Erro; “La constitución interna de las estrellas”, Carlos Graef Fernández; “Física del planeta Marte. Los cometas”, Francisco J. Escalante; “El atomismo y el continuismo en Física”, Pedro Carrasco; “La edad de la Tierra”, Marieta Blau; “Los colores de la piel”, José Giral Pereira; “Historia y sociología: Historia de Michoacán”, Jesús Romero Flores; “Antecedentes sobre los tarascos precolombinos”, Wigberto Jiménez Moreno; “Origen de los antiguos habitantes de Michoacán”, José Corona Núñez; “Caracteres dominantes en la Conquista”, Miguel Othón de Mendizábal; “Actitud doctrinal de Vasco de Quiroga. Su influencia renacentista”, Silvio Zavala; “La Revolución Mexicana y sus orígenes”, José Mancisidor; “Precursores de la Revolución Mexicana”, Rafael Ramos Pedrueza; “Valor social y político de las utopías”, Manuel Pedroso; “Economía social: Aspectos históricos de economía tarasca”, Alberto Coria C. Filosofía; “La nueva fe del siglo XIX”, José Carner; “Pedagogía: La reforma educativa y la enseñanza técnica y universitaria”, Enrique Arreguín Vélez; “Interpretación del artículo tercero constitucional”, Jesús Díaz Barriga; “La reforma educativa y los objetivos de la segunda enseñanza”, Guillermo Ibarra. “Arte: Pintura, grabado y escultura”, Gabriel Fernández Ledesma; “Capacidad de los mexicanos para el arte teatral”, Seki Sano; “Psicofísica del cine”, Carlos Velo. Oikión Solano, Michoacán en la vía de la unidad nacional..., pp. 348-349.73 Arreguín Vélez, Páginas autobiográficas, p. 91.74 Telegrama de Victoriano Anguiano al presidente de la república, 4 de mayo de 1942, en AGN/MAC, c. 179, exp. 135.2/331. “El C. secretario de Educación Pública inaugura los ‘Cursos de Primavera’”, en El Relator de Michoacán, jueves 14 de mayo de 1942, p. 1.

La visita del secretario de educación fue desaprobada por algunos universitarios y miembros del gobierno estatal, quienes sugirieron al gobernador no recibir a Véjar Vázquez en protesta por su postura contra la escuela socialista y su actuación al frente de la SEP. A pesar de las presiones políticas, Ireta acompañó a Véjar Vázquez en la inauguración de los cursos de la Universidad de Primavera y le ofreció una cena especial la noche del 11 de mayo. En este encuentro circuló un volante, firmado por el comité ejecutivo de la FEUM, en el que se repudiaba la actuación del titular de educación y se calificó al rector Anguiano de “pronazi”. Los firmantes del documento, que se declararon en contra de la “escuela del amor”, denunciaron que se intentaba implantar en la “Universidad socialista de Michoacán” el sistema de libre cátedra y solicitaron que no se permitiera participar en los cursos de la Universidad de Primavera a Manuel Moreno Sánchez, Alejandro Gómez Arias y demás integrantes del grupo que había sido expulsado de la universidad años atrás.75

En el aspecto académico, la tercera versión de la Universidad de Primavera fue muy modesta, en comparación con las anteriores. En esta ocasión no fueron más de veinte los profesores invitados, con una disminución considerable de participantes extranjeros. Los cursos estuvieron desconectados unos de otros, y cada ponente abordó enunciados generales de la temática a tratar. Además, las muestras de descontento por la presencia de Véjar Vázquez en Morelia afectaron el desarrollo de las disertaciones. Los estudiantes organizados boicotearon las sesiones y no permitieron que algunas se realizaran. El curso de Samuel Ramos, “La filosofía en México”, no pudo ser llevado a término; los que impartirían Manuel Moreno Sánchez y José Gaos debieron ser concluidos antes de tiempo a causa de la presión estudiantil.76

Además, un hecho ocurrido en los primeros días de mayo enrareció el ambiente dentro del cual se iniciaron las actividades de la Universidad de Primavera. El 8 de mayo de 1942 fue encontrado muerto el presidente del CEN, Guilebaldo Garfias Alcántar. De acuerdo con el parte médico, el cadáver presentaba una herida de bala en la cabeza. La muerte del dirigente estudiantil causó inquietud y en los círculos estudiantiles empezó a circular el rumor de que había sido ocasionada por los enemigos del estado de cosas que imperaba entre el estudiantado. Debido al incidente se canceló el baile que anualmente se realizaba en el Colegio de San Nicolás, en honor a Miguel Hidalgo.77

Una nota periodística responsabilizó de la situación de agitación en que se encontraba el estudiantado universitario al rector Victoriano Anguiano, por poner en práctica una política contraria a los intereses de la universidad. El gobernador del estado, Félix Ireta, también fue señalado como responsable por las muestras de debilidad que le impedían actuar con firmeza contra los enemigos de su administración. La situación fue achacada, en parte, a la presencia de antiguos serratistas que, según se dijo, trataban de minar la estructura del gobierno estatal para tomar posiciones dentro del mismo.78

Finalmente, el proyecto de la Universidad de Primavera “Vasco de Quiroga”, que nació dentro de los márgenes de la universidad socialista en Michoacán, terminó ante la imposibilidad de ser adaptado a las nuevas circunstancias políticas e ideológicas del país. Los cambios dentro de la SEP y en la administración de la Universidad Michoacana entraron en contradicción con los intereses y objetivos de los principales promotores e impulsores de la Universidad de Primavera.79

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75 “Universitarios de Michoacán”, 11 de mayo de 1942. APEAV, c. 1. Oikión Solano, Michoacán en la vía de la unidad nacional..., pp. 352-353.76 Los cursos y los profesores que los sustentaron en la Universidad de Primavera de 1942 fueron los siguientes: “La ciencia”, Alfredo Baños; “La filosofía en México”, Samuel Ramos; “La poesía y el teatro”, Xavier Villaurrutia; “La novela”, Ermilo Abreu Gómez; “La pintura en México”, Manuel Toussaint; “La música en México”, Manuel M. Ponce; “La historia”, Arturo Arnáiz y Freg; “La filosofía del derecho”, Eduardo García Máynez; “Curso de dermatología”, Salvador González Herrejón; “Cultura indígena”, Alberto Escalona; “La política”, Manuel Moreno Sánchez; “La universidad”, Alejandro Gómez Arias; “Economía de México”, Jesús Silva Herzog; “La psicología”, Eduardo Nicol; “La filosofía”, José Gaos; “Parasitología”, Manuel Martínez Báez; “Raíces de la cultura”, Salvador Toscano; “Curso de cardiología”, Salvador Aceves; “Conferencia médica”, Isaac Costero. Ibíd., pp. 353-354.77 “Profunda tragedia sobre San Nicolás”, en Municipio Libre, 9 de mayo de 1942, pp. 1, 6. “Fue asesinado el Pdte. del CEN”, en El Dictamen, 10 de mayo de 1942, pp. 1, 4.78 En ese momento se pidió que el gobernador de Michoacán actuara con firmeza y solicitara la renuncia del rector Anguiano y elevara una protesta contra el jefe del Departamento del Distrito Federal por la intromisión en asuntos del estado de algunos funcionarios de esa dependencia, que habían llegado a Morelia a realizar una labor de agitación. Ídem.79 Es necesario tomar en cuenta que las actividades de “primavera” dentro de la Universidad Michoacana fueron establecidas desde mediados de la década de los treinta como una forma de contrarrestar las ceremonias y ritos de “Semana Santa”. Con este objetivo se pusieron en marcha cursos, exámenes y diversas labores académicas y culturales para obligar a los estudiantes a permanecer en las instalaciones universitarias en los días santos. Se instituyeron vacaciones de primavera en fechas que no coincidían con la Semana Santa y se realizaban actividades de extensión universitaria en esos días. Sin embargo, en un medio predominantemente católico, estas medidas tuvieron poco éxito y los estudiantes se tomaban por igual las vacaciones de primavera y la Semana Santa dejando casi vacías las aulas, a pesar de las amenazas de sanciones por parte de las autoridades universitarias.

EL CONFLICTO UNIVERSITARIO DE 1943

El conflicto, los primeros indicios

Tras la realización de la Universidad de Primavera, en su versión de 1942, se propagó el rumor de que las autoridades del gobierno del estado se encontraban descontentas con la manera en que era conducida la Universidad Michoacana. En agosto, ante la información de un distanciamiento entre Victoriano Anguiano y Félix Ireta, el sentir de los consejeros fue el de que no había sido el gobernador quien externara un comentario desfavorable de la universidad o contra Anguiano, sino que se trataba de las opiniones de algunos colaboradores del mandatario que procuraban inducirlo a que interviniera directamente en cuestiones internas de la institución, las cuales eran competencia exclusiva del Consejo Universitario, a la vez que trataban de guiarlo por criterios contrarios a los lineamientos que, en materia de educación, había trazado el presidente de la república. De acuerdo con algunas versiones, los problemas entre el gobernador del estado, Félix Ireta, y el rector de la Universidad Michoacana iniciaron o se acrecentaron a raíz de la visita del secretario de educación pública, Octavio Véjar Vázquez. La opinión del primero y algunos miembros de su gabinete era la de no permitir la entrada de Véjar al Colegio de San Nicolás, por considerarlo contrario a los principios ideológicos que profesaba la Universidad Michoacana. Anguiano habría convencido al gobernador de recibir de manera cordial al secretario de educación, pero Ireta habría considerado una traición del rector el que lo forzara a realizar algo contrario a sus convicciones.80

No obstante, a pesar de los rumores, Anguiano señaló que Félix Ireta había cumplido con las obligaciones que como gobernante tenía con la universidad, tanto en el pago del presupuesto como en el respeto a su autonomía. También declaró que su actuación al frente de la universidad no se había apartado de la línea que tradicionalmente había seguido la institución, por lo que su administración contaba con el apoyo del gobernador y no existía distanciamiento entre este funcionario y él.81

En la sesión de Consejo Universitario del 26 de agosto de 1942, Victoriano Anguiano se refirió a la agitación “promovida por elementos ajenos a la Universidad” que había sembrado confusión y puesto en duda las relaciones entre las autoridades universitarias y el ejecutivo estatal, al grado de afirmar que el rector renunciaría a su cargo a petición del gobernador, quien presuntamente se encontraban descontento con su desempeño. Anguiano rechazó esta información y la atribuyó a personas que actuaban con dolo, es decir, tergiversaban el que las autoridades universitarias hubieran defendido el derecho de la universidad sobre un inmueble que el gobierno estatal le había concedido en usufructo, pero que había sido arrendado por este mismo. Por último, indicó que sus relaciones con el gobernador Félix Ireta eran normales y que éste había cumplido con buena voluntad sus compromisos con la universidad.82

Los consejeros presentes acordaron otorgar un voto de confianza al rector. José Gallegos del Río, director de la Facultad de Medicina, propuso que se comunicara al ejecutivo estatal esta decisión. La propuesta fue aceptada y se nombró una comisión integrada por Adolfo Álvarez, Rafael C. Haro y los estudiantes Ramón Suárez y Ernesto Medina, para que se entrevistara con el gobernador y le diera a conocer el apoyo del Consejo Universitario al rector. Esta decisión también fue comunicada al presidente de la república y al secretario de educación pública.83

Pocos días después, el 31 de agosto, Victoriano Anguiano envió un telegrama al director del diario Excélsior para rectificar las notas periodísticas, que consideró erróneas, en las que se anunció que el gobierno

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80 “La Universidad afirma sus rutas”, en El Relator de Michoacán, 26 de agosto de 1942, p. 1. “Una panorámica del conflicto Ireta-Anguiano”, en Heraldo Michoacano, 3 de septiembre de 1943, pp. 1, 7-8. Posteriormente, Victoriano Anguiano acusó a Natalio Vázquez Pallares, secretario particular de Ireta, de ser el principal instigador del movimiento en su contra. De acuerdo con Anguiano, Vázquez Pallares dirigía un grupo de personas, a las que calificó de “marxistas”, que constituían el sector izquierdista de la administración estatal. Otros miembros de ese grupo eran Alfredo Gálvez, Alberto Cano y Gustavo Gallardo. Anguiano Equihua, Lázaro Cárdenas…, p. 154.81 “La Universidad afirma sus rutas”, en El Relator de Michoacán, 26 de agosto de 1942, p. 1.82 AHUM, CU, S. A., 26 de agosto de 1942.83 Ídem. Telegrama de Gregorio Torres Fraga a Octavio Véjar Vázquez, 31 de agosto de 1942. Telegrama de Gregorio Torres Fraga al presidente de la república, 31 de agosto de 1942. AHUM, CU, S. A., 1942.

estatal había suspendido el subsidio a la Universidad Michoacana, y se atribuyó a Dámaso Cárdenas participar en los conflictos que aquejaban a la institución.84

Si bien las relaciones entre las autoridades universitarias y el ejecutivo estatal parecieron mejorar, Victoriano Anguiano tendría que afrontar los ataques de sus enemigos políticos. El 9 de enero de 1943 acusó a Enrique Arreguín de haber informado a los miembros de Vanguardia Nicolaita que los laboratorios universitarios estaban abandonados y que en la Facultad de Derecho impartían clases elementos provenientes de la desaparecida Escuela Libre de Michoacán. Anguiano desmintió la información y envió a Arreguín datos sobre el funcionamiento de los laboratorios; en relación a la Facultad de Derecho señaló que, con excepción del español López Durá, todos los profesores del establecimiento habían sido formados en la Universidad Michoacana.85 Arreguín respondió que los datos en los que basaba sus acusaciones eran “torcidos y algunos falsos”, al tiempo que negó que en las reuniones de Vanguardia Nicolaita se hubiera abordado como tema la mencionada facultad universitaria e indicó que únicamente se había referido al laboratorio de fisiología. Sobre este particular señaló que lamentaba que este laboratorio adquirido para la Facultad de Medicina no hubiera sido instalado aún, puesto que llevaba cerca de dos años empacado. Arreguín dijo que este comentario se debía a que él había participado activamente en la adquisición de los laboratorios para la universidad.86

Por otra parte, el 10 de enero de 1943, un grupo de estudiantes de la Facultad de Derecho, adscrito a un comité de huelga que presidía Rafael Mendoza M, protestó por el uso que de su nombre hacían alumnos ligados al rector Victoriano Anguiano. Los huelguistas denunciaron la existencia de un núcleo de personas,87 perteneciente a la burocracia estudiantil sostenida por la administración anguianista, que actuaba en contra de los intereses estudiantiles.88

El detonante. El Congreso Nacional de Educación, enero de 1943

Entre los días 11 y 16 de enero de 1943 se realizó, en la Ciudad de México, un congreso nacional de educación organizado por la SEP con el propósito de estudiar, “dentro de un plano eminentemente científico y con exclusión de intereses políticos, los problemas básicos de la enseñanza mexicana”.89 El congreso, presidido por Candor Guajardo y con Anguiano como primer vicepresidente, se reunió con la asistencia de delegados de los diversos grados de la enseñanza, de instituciones educativas particulares, de padres de familia, de las universidades y de las entidades federativas. El objetivo de la reunión fue discutir las características generales de la educación en el país. Al congreso asistieron sesenta y nueve delegados de las universidades de provincia, de los gobiernos de los estados y de las instituciones científicas y literarias del país; cuarenta y tres delegados de diferentes países de centro y sudamérica, y cuarenta y tres delegados asistentes de profesores, intelectuales, inspectores federales de educación y otros elementos interesados en la obra educativa nacional.90

El congreso nacional de educación, lejos de resolver los problemas planteados en su convocatoria, fue motivo de enfrentamientos entre las diferentes posturas políticas e ideológicas presentes en la reunión. Causa de estos problemas fueron los cambios en los objetivos y programa del congreso, que se convirtió en un foro de discusión sobre la necesidad de una reforma del Artículo 3º constitucional; además de las polémicas declaraciones de algunos de los delegados presentes.

En su discurso ante el congreso, el secretario de educación pública, Octavio Véjar Vázquez, caracterizó al mexicano como un ente con “voluntad débil, incapaz de controlar plenamente sus actos”, lo que lo convertía en un ser “pasional, agresivo y luchador”, “ignorante de la autocrítica y sensible a la crítica de otros”. De acuerdo con este funcionario predominaba en la población “el tipo introvertido, sobre todo entre

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84 Telegrama de Victoriano Anguiano al director del periódico Excélsior, 31 de agosto de 1942, en ídem.85 Oficio 22 de Victoriano Anguiano a Enrique Arreguín, 9 de enero de 1943, en APEAV, c. 33, exp. 4, ff. 925-926.86 Misiva de Enrique Arreguín a Victoriano Anguiano, 13 de enero de 1943, en ibíd., ff. 928-929.87 Estas personas eran Manuel Gutiérrez, Raymundo Álvarez, Ezequiel Calderón, Hermenegildo Anguiano, alumnos de la Facultad de Derecho, y otros ajenos a ésta, como Moisés Nares, Miguel Parra, Felipe Chávez, José López y J. Jesús Ixta.88 “Aclaramos”, 10 de enero de 1943, en FDRAC, manifiestos, c. 2, exp. 39.89 “El Congreso Nacional de Educación”, en La Voz de México, 24 de enero de 1943, p. 2.90 Meneses Morales, Tendencias educativas oficiales en México, 1934-1964..., pp. 254-255.

los indígenas y mestizos, muñidor de frecuentes conflictos”. Ese era el panorama que, según Véjar Vázquez, la educación debería depurar y corregir.91 Por su parte, José Vasconcelos señaló que el socialismo establecido en el Artículo 3º constitucional debería ser el socialismo cristiano, preconizado por León XII.92

Estas declaraciones y el curso de las discusiones llevaron a que el congreso nacional de educación fuera considerado una provocación preparada por el secretario de educación pública con el apoyo de la representación de la Universidad Michoacana para promover cambios en el Artículo 3º constitucional.93 La acusación contra los universitarios michoacanos fue originada por la ponencia presentada por Victoriano Anguiano en la que propuso algunos cambios en el mencionado precepto legal.94

De acuerdo con Victoriano Anguiano, el programa del congreso nacional de educación, a pesar de plantear cuestiones muy importantes para el país, no contenía en su convocatoria ningún punto concreto sobre la reforma del Artículo 3º constitucional, lo que, en su opinión, era la esencia del problema. Anguiano declaró estar interesado en la teoría, doctrina y contenido de la educación socialista desde el momento de la reforma constitucional de 1934. Sobre ésta, señaló haber comunicado al presidente Lázaro Cárdenas su impresión de que en los debates legislativos había prevalecido la demagogia, tanto en sus partidarios como en sus detractores. Además, citó la obra de Alberto Bremauntz, La educación socialista en México,95 como la fuente que le había despejado muchas dudas al aportar datos sobre los antecedentes de la reforma y mostrar cómo se había pasado de la escuela racionalista a la socialista.96

Victoriano Anguiano declaró que al participar en el congreso nacional de educación había considerado necesario abordar el problema del Artículo 3º constitucional con el propósito de perfeccionarlo. Pensaba que el lenguaje usado en la redacción del mencionado artículo no correspondía con el contenido expresado en el dictamen de la comisión respectiva, que sirvió de base a su reforma en 1934. De acuerdo con su parecer, estas fueron las razones que lo llevaron a elaborar una ponencia en la que abarcó “todos los aspectos de la educación, desde el jardín de niños hasta la educación post universitaria” y en la que se hizo una clasificación de los estados espirituales del hombre. En este trabajo, realizado con la colaboración del filósofo español y profesor de la Universidad Michoacana, David García Bacca, se expresó que la concepción racional y exacta del universo y de la vida, señalada en el Artículo 3º constitucional, era una concepción matemática, puesto que la exactitud y racionalidad eran atributos de esta disciplina. Los autores de la ponencia consideraban que el estado de la ciencia y la filosofía no permitían una interpretación matemática, ni racional, del Universo y la vida, por lo que en su lugar propusieron hacer referencia a una “concepción científica, moral y estética del Universo y de la vida social”. El rector de la Universidad Michoacana consideró que las ideas explicadas en el dictamen referido no correspondían a la expresión “concepto racional y exacto”. Al discutirse la ponencia, propuso que se dejara establecido que la educación sería socialista e impartiría en la juventud un concepto científico, moral y estético del universo y la vida social. Además, en la ponencia se declaró que el Artículo 3º constitucional sustentaba los principios sociales de fraternidad, justicia social, y afirmación de la democracia, necesarios para una convivencia humana más equitativa.97

Anguiano consideró su ponencia como la más importante de las presentadas al congreso debido a sus alcances, en contraposición al resto de los trabajos que se redujeron a obras parciales, dirigidas a la obtención de mayores recursos o mejoras materiales para los planteles representados por quienes las expusieron. El trabajo de Anguiano y García Bacca se presentó y discutió en la sección universitaria del congreso que tenía por objetivo analizar los valores de la educación preparatoria y profesional. No

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91 Ibíd., p. 249. En la inauguración del congreso nacional de educación, Octavio Véjar Vázquez declaró: “...el mexicano es un tipo étnico que padece fealdad, ya que carece de las proporciones características y los valores representativos de un saludable y armonioso desarrollo de la figura humana. Esta falta de belleza es uno de los factores que engrandan o, por lo menos, acentúan el complejo de inferioridad”. “Opinión”, en Así, 23 de enero de 1943, portada.92 “El Congreso Nacional de Educación”, en La Voz de México, 24 de enero de 1943, p. 2.93 “¡Asonada contra el Art. 3º!”, en ibíd., pp. 1, 7.94 Mientras se realizaban las deliberaciones finales del congreso nacional de educación, el delegado por el estado de Veracruz manifestó su descontento por las conclusiones adoptadas, e informó que en esa entidad se continuaría aplicando el sistema de enseñanza vigente hasta el momento. Esta postura fue secundada por el delegado de Tlaxcala. “Cuidado, Lic. Véjar”, en Así, 23 de enero de 1943, p. 7.95 Bremauntz, La educación socialista..., 1943.96 AHUM, CU, S. A., 18 de enero de 1943.97 “El Lic. Anguiano nos informa sobre su conducta en el Congreso Nal.”, en FEUM, enero de 1943, pp. 1, 8.

obstante, la discusión se dirigió por otra vía e inició con el problema de la reducción del número de universidades. El Departamento de Estudios Universitarios proponía la fundación de cuatro universidades y que se suprimieran las restantes, para que todos los recursos se repartieran entre aquéllas. De las existentes sólo se conservarían la de Michoacán y la de Puebla; la primera, por su tradición; y la segunda, por “motivos políticos”. De acuerdo con Anguiano, la postura de la Universidad Michoacana fue la defensa de las instituciones de provincia por considerar que la nacionalidad era el conjunto de todos los estados; y si en la provincia había creación cultural y tradición de valores éstos repercutirían en una nacionalidad valerosa y responsable.98

Natalio Vázquez Pallares, quien junto con Alfredo Gálvez constituía la delegación michoacana al congreso, rechazó que la expresión “racional y exacto del Universo y de la vida social” fuera una concepción matemática; y para sustentar su opinión se refirió al dictamen de la Cámara de Diputados de 1934 que, sobre las ideas de Luis Enrique Erro, se había elaborado para promover la reforma del Artículo 3º constitucional. Anguiano señaló que el sentido de su ponencia era evitar discusiones que provocaran ataques contra el referido artículo y propuso que, para impedir confusiones y que se pensara que en México se vivía “una época racionalista”, se indicara que “la educación en México [sería] socialista, científica y moral [en su concepción] del universo y de la vida social”, al considerar que lo “científico” se acercaba más a la opinión de los “radicales” que habían promovido la mencionada reforma. Esta propuesta fue rechazada terminantemente por Luis Enrique Erro.99

La actuación de Victoriano Anguiano en el congreso nacional de educación motivó una escalada de manifestaciones en su contra. Profesores y estudiantes expresaron su rechazo a la labor de las autoridades universitarias y pidieron su renuncia. El 18 de enero de 1943, en el acto de apertura de cursos, en el Colegio de San Nicolás, al que asistió como invitado de honor el escritor Rómulo Gallegos, tuvieron lugar algunas muestras de descontento contra el rector.100

El 30 de enero fue dado a conocer un manifiesto en el que varias organizaciones ligadas al PRM expresaron su rechazo a la posición asumida por Anguiano en el congreso nacional de educación. La tesis educativa de Anguiano y García Bacca fue considerada idealista, defensora de las supersticiones religiosas; y su contenido fue calificado como “nacionalismo filosófico confucionista”, propio de un “nacionalismo político y pedagógico de carácter fascista”. En el documento se señaló que la ponencia estaba fundada en la filosofía “racionalista vitalista de los valores”, que entendía el desarrollo de la realidad histórica como regido por un proceso de creación de valores culturales, como la verdad, la bondad y la belleza, para que sirvieran de finalidad filosófica de la educación. A la vez, se denunció que en la Universidad Michoacana grupos de estudiantes sinarquistas habían asaltado en dos ocasiones el local de la FEUM y que se habían organizado grupos juveniles “iturbidistas” (Sociedades de Amigos de Agustín de Iturbide), de ideología contraria a la institución. En términos generales, en el manifiesto se hizo una defensa del Artículo 3º constitucional vigente y se criticó la propuesta de sustituir las palabras “racional y exacto” del texto constitucional por las de “científico, ético y estético”.101

El 1 de febrero de 1943 fue dado a conocer un documento en el que se pedía al ejecutivo estatal su intervención para solucionar los problemas por los cuales atravesaba la Universidad Michoacana. A los miembros del consejo universitario se les conminó a que pidieran la renuncia de Anguiano, y a los diputados se les pidió emitir un decreto que diera término al ejercicio de éste y plazo a los miembros de ese órgano para la designación de la terna de candidatos para la elección de un nuevo dirigente universitario. Al día siguiente, Raúl Arreola Cortés y Serapio Nava Solís, representantes del denominado Comité Coordinador Estudiantil, informaron que el estudiantado se encontraba en lucha para lograr la destitución de Anguiano por su “actitud reaccionaria” en el congreso nacional de educación y su mal manejo de la administración universitaria. A su vez, sus partidarios dieron a conocer su postura y denunciaron la formación de una

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98 AHUM, CU, S. A., 18 de enero de 1943.99 Ídem.100 “El gobernador Félix Ireta debe renunciar”, en El Relator de Michoacán, 16 de febrero de 1943, pp. 1, 5-6.101 “Manifiesto al pueblo de México”, 30 de enero de 1943, en APEAV, c. 1. FDRAC, manifiestos, c. 2, exp. 42.

agrupación cuyo objetivo sería derrocar a las autoridades universitarias; acusaron a sus integrantes de difamación e injurias.102

Victoriano Anguiano defendió la ponencia que había presentado en el mencionado congreso y la probidad del filósofo Juan David García Bacca, y rechazó las imputaciones que se les hacían y que llegaban al grado de calificarlos de nazifascistas. Anguiano indicó que la universidad tenía como fines la libertad y la autocrítica, y declaró: “Jamás engañé a la juventud adoptando posturas demagógicas y falsas de extremista, apóstol o redentor”. A favor de su gestión como rector destacó su esfuerzo por “revivir la auténtica tradición del Colegio de San Nicolás”. Además, señaló que la anterior administración universitaria no había logrado avances en las trámites para que fueran asignados a la universidad los recursos necesarios para la adquisición de materiales de laboratorio, por lo que tuvo que gestionar ante las autoridades federales el apoyo prometido.103

La huelga

El movimiento de protesta contra la administración de Victoriano Aguiano entró en una nueva etapa el 5 de febrero de 1943. La noche de ese día, tras la realización de un baile, estudiantes agrupados en el Comité Coordinador Estudiantil declararon la huelga general contra el rector y sus colaboradores; al tiempo que tomaban el control de los edificios del Colegio de San Nicolás, la Facultad de Derecho, la Escuela Popular de Bellas Artes, la Escuela Normal y las oficinas y rectoría universitarias.104 Como objetivos del movimiento de huelga se plantearon, entre otros: la renuncia de las autoridades universitarias, el respeto a la Ley Orgánica; a los derechos de los estudiantes y profesores; el rechazo a los profesores carentes de la “preparación cultural e integridad” necesarios para desempeñar sus funciones; el cese de las provocaciones que generaban enfrentamientos entre los universitarios; el respeto a la “voluntad democrática de los universitarios” para lograr una verdadera representación de los diferentes sectores dentro del Consejo Universitario; el uso adecuado del presupuesto y el respeto a la tradición ideológica del Colegio de San Nicolás y la Universidad Michoacana.105

Victoriano Anguiano informó al presidente de la república y al secretario de educación pública que, la noche del 5 de febrero, un grupo de ex universitarios, estudiantes irregulares de la Facultad de Derecho, “cinco o seis empleados de los juzgados y del Tribunal de Justicia”, “ocho o diez elementos obreros”, algunos campesinos “ligados a las esferas oficiales” y “cuatro o cinco jóvenes fracasados [en] sus estudios” se habían apoderado del edificio del Colegio de San Nicolás y de las oficinas de la rectoría. A la vez, denunció que ese grupo, liderado por Ramón Martínez Ocaranza,106 “que no era estudiante y pertenecía al Partido Comunista”, y Raúl Arreola, estudiante de la Escuela Normal y militante del mismo partido, habían iniciado una campaña de insultos y calumnias en su contra. Además, Anguiano fue enfático en denunciar la participación de los estudiantes normalistas en el movimiento en su contra, acusándolos de actuar con un “sordo rencor” contra el Colegio de San Nicolás.107

Los miembros del Consejo Universitario se entrevistaron con el gobernador del estado para solicitar la devolución de los edificios en poder de los huelguistas; al tiempo que la dirigencia de la FEUM informaba al

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102 “Sr. Gobernador”, 1 de febrero de 1943, en APEAV, c. 1. Telegrama de Raúl Arreola Cortés y Serapio Nava Solís al presidente de la república, 2 de febrero de 1943, en AGN/MAC, c. 654, exp. 534.6/368. “A los universitarios y al pueblo”, 4 de febrero de 1943, en FDRAC, manifiestos, c. 2, exp. 40.103 “El rector hace declaraciones”, en El Relator de Michoacán, 2 de febrero de 1943, pp. 1, 4.104 Telegrama de Serapio Nava Solís al presidente de la república, 5 de febrero de 1943. Telegrama de Raúl Arreola Cortés al presidente de la república, 7 de febrero de 1943. AGN/MAC, c. 654, exp. 534.6/368.105 David Franco Rodríguez, “Informe que rinde el secretario general de esta institución…, del año de 1939 al 31 de agosto de 1943”, pp. 33-34, en AHUM, UMSNH, I, c. 7.106 Es interesante señalar que, a pesar de su participación en el movimiento universitario contra el rector Victoriano Anguiano en 1943, Ramón Martínez Ocaranza escribió en sus páginas autobiográficas que la Universidad Michoacana había experimentado un florecimiento cultural durante el rectorado de aquél. En su autobiografía expresó su admiración por el filósofo español David García Bacca y por Victoriano Anguiano. De acuerdo con Martínez Ocaranza, quien asistía, al igual que Anguiano, como oyente a las clases de García Bacca, el rector destacó como el alumno más puntual y cumplido. Martínez Ocaranza señaló que el movimiento universitario de 1943 había sido la causa de que la Universidad Michoacana perdiera a varios de los mejores profesores que había tenido, como los españoles Adolfo Sánchez Vázquez, Ramón Xirau, Fernando de Buen, López Durá y Ludwig Rien. Martínez Ocaranza, Autobiografía, p. 182.107 AGN/MAC, c. 654, exp. 534.6/368.

presidente de la república que la organización apoyaba a las autoridades universitarias y rechazaba las acciones emprendidas por quienes habían tomado las instalaciones del Colegio de San Nicolás. Los representantes estudiantiles señalaron que el ejecutivo estatal no había atendido a sus demandas para solucionar el conflicto universitario, el cual atribuyeron a resentimientos personales del gobernador hacia el rector. De manera paralela, la sociedad de alumnos de la Escuela Popular de Bellas Artes hizo público su voto de confianza a la administración de Victoriano Anguiano y denunció el “atentado comunista” que decía estaba sufriendo el Colegio de San Nicolás. De manera especial condenaron a Jesús Bravo Baquero –al que llamaron “corruptor de juventudes”–, Ramón Martínez Ocaranza y Raúl Arreola Cortés. Además, se denunció a algunos funcionarios del gobierno estatal, magistrados y miembros de la diputación local como partícipes del movimiento en contra de la administración universitaria.108

El gobernador Félix Ireta rechazó las acusaciones de que miembros de su administración y del Partido Comunista participaban en el movimiento de huelga contra Anguiano; y señaló que el conflicto tenía un carácter eminentemente universitario y había surgido de las denuncias realizadas por alumnos de diferentes planteles en el sentido de que el rector y sus colaboradores habían violado la Ley Orgánica y traicionado los principios ideológicos de la universidad.109 Posteriormente, el 9 de febrero tuvo lugar una reunión entre el gobernador del estado, el secretario general de gobierno y los integrantes del Consejo Universitario. En ésta se discutió la situación universitaria y el mandatario prometió solucionar el problema.110

Ese mismo día, Félix Ireta comunicó al comité de huelga la decisión del ejecutivo estatal de participar en la búsqueda de una solución al conflicto universitario, “para evitar actos perjudiciales para la masa estudiantil y para el principio de autoridad”. El mandatario señaló que desde hacía cierto tiempo se había observado la inconformidad de algunos sectores que habían denunciado irregularidades en el funcionamiento del Consejo Universitario y violaciones a la ley constitutiva de la universidad por parte de sus autoridades. Como vía para solucionar estos problemas, el ejecutivo estatal invitó a los estudiantes huelguistas a que permitieran la normalización de las actividades universitarias, para que dentro del margen de la Ley Orgánica se procediera a la atención de sus demandas.111

La petición del gobernador a los huelguistas de que entregaran los edificios en su poder fue ignorada, lo que derivó en la detención de cuatro líderes estudiantiles. Las autoridades del estado solicitaron la intervención de la fuerza federal para proceder a la desocupación de los inmuebles, pero el comandante militar a cargo consideró pertinente no actuar de manera directa contra los estudiantes y, en su lugar, recurrir al diálogo. Los ocupantes del Colegio de San Nicolás habían acordado con el mando militar su retiro del inmueble, pero antes de que se concretara el desalojo fue invadido por otro grupo de estudiantes. Este contingente, de acuerdo con las autoridades universitarias, estaba formado por alumnos de la Escuela Normal y de la Facultad de Derecho, azuzados por el presidente municipal, el secretario particular del gobernador, Natalio Vázquez Pallares, y algunos magistrados.112

De acuerdo con la Presidencia de la República, la comandancia de la zona militar informó que no eran más de una treintena los estudiantes que mantenían ocupados los edificios universitarios y que el grueso de los huelguistas estaba constituido por “elementos oficiales, obreros y campesinos, llevados por aquéllos”. Asimismo, se acusó a los manifestantes que apoyaban el movimiento de huelga, entre quienes se decía se encontraban un diputado, un magistrado y otros funcionarios, de haber insultado al presidente de la república y al secretario de la defensa nacional. Además, se señaló que el general Lázaro Cárdenas había solicitado a los mandos militares no intervenir y dejar que el gobernador del estado resolviera el conflicto.113

Ese día, 10 de febrero, las autoridades de la universidad acordaron la realización de una marcha para protestar por el incumplimiento en la entrega de los edificios de la institución. Los dirigentes universitarios

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108 Telegrama de Victoriano Anguiano al presidente de la república, 8 de febrero de 1943, en ídem. “Protestamos”, 8 de febrero de 1943, en FDRAC, manifiestos, c. 2, exp. 41. “El gobernador Félix Ireta debe renunciar”, en El Relator de Michoacán, 16 de febrero de 1943, pp. 1, 5-6.109 Telegrama de Félix Ireta al presidente de la república, 8 de febrero de 1943, en AGN/MAC, c. 654, exp. 534.6/368.110 “El gobernador Félix Ireta debe renunciar”, en El Relator de Michoacán, 16 de febrero de 1943, pp. 1, 5-6.111 Telegrama de Félix Ireta al presidente de la república, 9 de febrero de 1943, en AGHMPEM, SG, IS, UMSNH, c. 3, exp. 38, ff. 81-82.112 AGN/MAC, c. 654, exp. 534.6/368.113 Telegrama 4450 de J. Jesús González Gallo al presidente de la república, 11 de febrero de 1943, en ídem.

denunciaron que el ejecutivo estatal había amenazado con que sus elementos realizarían una contramarcha en apoyo a los estudiantes en paro. Por su parte, Roberto Estrada, presidente del comité de huelga, informó que en el Consejo Universitario se había propuesto instigar a los estudiantes para que asaltaran los edificios en poder de los huelguistas.114

También el 10 de febrero, el Supremo Tribunal de Justicia, como representante del Poder Judicial del Estado de Michoacán, por medio de un documento firmado por Jesús Ramírez Mendoza, Alberto Cano Díaz y Gustavo Gallardo González, hizo patente su simpatía por el movimiento de protesta que algunos universitarios habían iniciado contra el rector Victoriano Anguiano, a quien acusaron de pretender imprimir una orientación de derecha en la institución. Con este documento, quienes lo suscribieron, apoyaron la intervención del ejecutivo estatal y el congreso local en la solución del problema universitario.115 A su vez, miembros de la Liga de Comunidades Agrarias, del Sindicato Campesino del Estado, la Confederación de Obreros y Campesinos de México, la FJRM y organizaciones ligadas a la CTM, el PRM y el STERM, expresaron su apoyo al movimiento de huelga universitario. Los representantes de estas organizaciones propusieron y solicitaron al ejecutivo estatal que enviara al Congreso del Estado una ley que resolviera los problemas que afectaban a la Universidad Michoacana.116

La universidad intervenida. El decreto número 27

El 11 de febrero, Félix Ireta, gobernador del estado, informó al presidente de la república que hasta el momento no había participado en forma alguna en el conflicto que había paralizado las actividades de la Universidad Michoacana, en espera de que las autoridades de la misma resolvieran el asunto; pero, ante la imposibilidad de éstas de solucionar sus problemas, el ejecutivo estatal, con el apoyo de la Cámara de Diputados, había decidido intervenir en la institución. Ireta señaló que la autonomía universitaria no podía significar una “declinación de la soberanía del Estado”, ni la renuncia de la autoridad de su gobierno. El mandatario definió la autonomía como sinónimo de concordia, orden y paz; así como muestra del goce de los derechos de profesores, alumnos y autoridades dentro de las normas democráticas establecidas por la ley constitutiva de la universidad; pero, al mismo tiempo, esa autonomía también implicaba una cooperación abierta con los poderes del estado.117

Con base en estas razones, el 11 de febrero de 1943 fue promulgado el decreto número 27, por el cual el ejecutivo estatal removió al rector Victoriano Anguiano y desconoció a los titulares del gobierno universitario. Los mandos estatales argumentaron que, habiéndose roto el principio de autoridad, las funciones de la Universidad Michoacana habían quedado en suspenso, por lo que era necesario poner en ejecución ordenamientos que de manera legal colocaran a la institución en su “vida moral”. El decreto facultó al ejecutivo estatal para que nombrara a un rector provisional, quien a su vez designaría profesores y directores temporales de las facultades y escuelas universitarias, y procedería a la integración legal del Consejo Universitario. Éste, a su vez, discutiría y aprobaría la terna que enviaría al ejecutivo del estado para el nombramiento del rector definitivo. Con el objetivo de garantizar la autonomía universitaria, el rector provisional no podría formar parte de esta terna.118

En acatamiento a esta disposición, la tarde del 11 de febrero tomó posesión como rector interino de la Universidad Michoacana, Adolfo Cano, en una ceremonia realizada en el despacho del gobernador del estado, presidida por este funcionario y por el secretario general de gobierno. Posteriormente, se realizó un mitin frente a la Cámara de Diputados en el que se leyó el decreto número 27.119

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114 Telegrama de Victoriano Anguiano al presidente de la república, 10 de febrero de 1943. Telegrama de Roberto Estrada al presidente de la república, 10 de febrero de 1943. Ídem.115 AGHPEM, SG, IS, UMSNH, c. 3, exp. 38, f. 109.116 Ibíd., ff. 110-111.117 Telegrama de Félix Ireta al presidente de la República, 11 de febrero de 1943, en AGN/MAC, c. 654, exp. 534.6/368.118 “Decreto número 27…”, pp. 1-2.119 Acta de la ceremonia de toma de protesta de Adolfo Cano como rector de la Universidad Michoacana, 11 de febrero de 1943, en AGHPEM, SG, IS, UMSNH, c. 3, exp. 38, f. 78. Telegrama de Victoriano Anguiano y otros universitarios al presidente de la república, 11 de febrero de 1943, en AGN/MAC, c. 654, exp. 534.6/368.

Estos acontecimientos provocaron que Victoriano Anguiano enviara al presidente de la república el siguiente mensaje:

Frente a la Cámara de Diputados acaba de leerse el Decreto que desconoce a las actuales autoridades y da facultades al Ejecutivo para nombrar rector provisional. Esto constituye un incalificable atentado contra la libertad y el decoro de nuestra institución que usted ha respetado en términos que lo honran. Seguramente los universitarios del país no soportarán esta agresión que para vergüenza de nuestro Estado aquí se consume. Como su gran espíritu democrático es la fuerza moral más destacada de la República, le rogamos respetuosamente nos dé su opinión, no a título de intervenir en los asuntos de una Entidad sino porque el patrimonio económico de nuestra Casa de Estudios está formado en su mayor parte por el subsidio federal y porque consideramos que por una [decisión] personal jamás debió el gobernador del Estado atacar una institución que es orgullo de México. Guardaremos la prudencia necesaria pero defenderemos con honor nuestros principios.120

La destitución de las autoridades universitarias fue rechazada por la FEUM, el CEN, sociedades de alumnos y otras agrupaciones estudiantiles que protestaron contra el decreto número 27 por considerar que lesionaba la autonomía universitaria. Los representantes de estas organizaciones señalaron que el 90% del estudiantado había decidido desconocer a las autoridades provisionales designadas por el ejecutivo estatal, por lo que se abstendrían de asistir a clases hasta que se restableciera la normalidad en la universidad. En sentido similar se pronunció un grupo de profesores integrado por Rafael C. Haro, Heliodoro González, Julián Sierra Gómez, Juan Díaz Vázquez e Ignacio Mier Arriaga, quienes comunicaron al presidente de la república su decisión de abstenerse de impartir clases en un régimen que consideraron atentaba contra la autonomía universitaria.121

Las muestras de apoyo al rector Victoriano Anguiano y sus colaboradores se extendieron más allá de la Universidad Michoacana. La Unión Nacional de Padres de Familia, por medio de su presidente, protestó por la destitución de las autoridades de la institución y denunció que los planteles universitarios se encontraban ocupados por elementos comunistas protegidos por el gobierno estatal. La CNE, por medio de su presidente Antonio Hidalgo, se pronunció en similar sentido.122

Una de las mayores muestras de apoyo para las autoridades universitarias destituidas provino de sus similares de otras instituciones del país. Rodulfo Brito Foucher, rector de la Universidad Autónoma de México, informó al presidente de la república que los problemas por los que atravesaba la Universidad Michoacana tenían como objetivo la destitución del rector Victoriano Anguiano para “restituir en dicho centro de estudios a la superficialidad educativa, a la inmoralidad educacional y a la demagogia de otros tiempos”. Brito Foucher señaló que hasta ese momento las autoridades de la institución a su cargo se habían mantenido al margen para no convertir en nacional un problema local, pero la noticia de la destitución del rector Anguiano por parte del ejecutivo estatal motivó un cambio en su postura. El decreto número 27 fue considerado como la supresión de la autonomía universitaria en Michoacán y fue rechazado porque se temía que sentara un precedente para las instituciones de educación superior del país. Brito Foucher comunicó al presidente de la república que los profesores y estudiantes que apoyaban a las autoridades universitarias destituidas proyectaban establecer una universidad privada y autónoma en Michoacán, semejante a la que funcionaba en Guadalajara, la cual se incorporaría a la Universidad Autónoma de México. Para el funcionamiento de esta nueva institución se solicitaría el subsidio federal que hasta el momento recibía la Universidad Michoacana. Brito Foucher pidió al presidente de la república que interviniera en el conflicto universitario de Michoacán en defensa de la “libertad de las universidades”, de la autonomía universitaria y de los intereses de las instituciones de educación superior del país. 123 Por su parte, los rectores de las

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120 “Calma en Morelia”, en El Nacional, 13 de febrero de 1943.121 AGN/MAC, c. 654, exp. 534.6/368.122 Telegrama de Agustín Navarro Flores al presidente de la república, 12 de febrero de 1943, en ídem. “La Universidad de México apoya a la de Morelia”, en El Universal, 13 de febrero de 1943.123 Telegrama de Rodulfo Brito Foucher al presidente de la república, 12 de febrero de 1943, en AGN/MAC, c. 654, exp. 534.6/368. “Calma en Morelia”, en El Nacional, 13 de febrero de 1943.

universidades de Puebla, San Luis Potosí y Sinaloa, así como los responsables de instituciones de educación superior de otros estados del país, solicitaron la intervención gubernamental en el conflicto universitario en Michoacán, en defensa de lo que consideraron “los intereses universitarios”.124

Ante estas protestas, el gobernador Félix Ireta declaró que la información en que se sustentaban las reclamaciones no correspondía a la realidad. Del mismo modo, señaló que su administración se había mostrado respetuosa de la autonomía universitaria, la cual solamente había sido violada, desde el establecimiento de la Universidad Michoacana, por la Ley Orgánica de 1933, expedida durante la gubernatura de Benigno Serrato, en la que Victoriano Anguiano ocupó el cargo de secretario de gobierno. El gobernador justificó su intervención en el conflicto de la Universidad Michoacana acusando a las autoridades destituidas de no haber tenido la capacidad para conducir la institución.125

Mientras tanto, el 12 de febrero tomaron posesión de sus cargos Adolfo Cano, como rector provisional, y Arturo Núñez, como secretario general. El gobernador del estado informó al presidente de la república que las actividades de la Universidad Michoacana se estaban regularizando bajo la conducción de las nuevas autoridades de la institución, y señaló que no se había violado la autonomía universitaria y que los estudiantes partidarios del anterior régimen habían empezado a retornar a clases.126

Sin embargo, las medidas adoptadas por el Ejecutivo estatal para resolver el conflicto universitario no tuvieron el éxito esperado. El 12 de febrero se realizó una manifestación silenciosa en la que las autoridades universitarias depuestas, acompañadas de simpatizantes, protestaron por el decreto número 27. Posteriormente, una comisión integrada por autoridades destituidas, profesores y estudiantes, encabezada por Victoriano Anguiano, partió a la ciudad de México para entrevistarse con el Presidente de la república.127 La decisión de Anguiano de recurrir a la presidencia de la República para defender su posición dio una nueva dimensión al conflicto, cuya solución quedaría, a partir de ese momento, en manos del gobierno federal.

Las gestiones de Victoriano Anguiano ante el presidente de la república tuvieron éxito y consiguieron que el ejecutivo federal mostrara simpatía, con sus acciones, por la causa que defendían las autoridades universitarias destituidas. El 13 de febrero, en una medida sugerida por Anguiano, Manuel Ávila Camacho giró instrucciones para que el secretario de educación pública, “valiéndose de algún recurso y forma no oficial”, suspendiera el subsidio federal a la Universidad Michoacana en tanto se resolvía satisfactoriamente el conflicto en la misma.128

La decisión del presidente de la república y el secretario de educación pública de retirar el subsidio que el gobierno federal concedía a la Universidad Michoacana polarizó aún más el conflicto. A esta medida se sumó la decisión de Victoriano Anguiano de solicitar el amparo de la justicia contra los actos del ejecutivo y la legislatura estatales en su contra.129

Los bandos en disputa

La decisión del ejecutivo estatal de destituir a las autoridades universitarias encabezadas por Victoriano Anguiano fue apoyada por organizaciones como el FESO, la Federación Nacional de Trabajadores Intelectuales, el Comité Ejecutivo del STERM, Comité Ejecutivo Nacional de la CJM y la Liga de Acción Política.130

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124 Telegrama de Raymundo Ruiz Topete al presidente de la república, 11 de febrero de 1943. Telegrama de Ignacio Morones Prieto al presidente de la república, 12 de febrero de 1943. Telegrama de Arturo García Formentí al presidente de la república, 12 de febrero de 1943. AGN/MAC, c. 654, exp. 534.6/368.125 Telegrama de Félix Ireta al presidente de la república, 13 de febrero de 1943, en ídem.126 Telegrama de Félix Ireta al presidente de la república, 12 de febrero de 1943, en ídem.127 “Calma en Morelia”, en El Nacional, 13 de febrero de 1943. La comisión de universitarios que acompañó a Victoriano Anguiano a la ciudad de México incluyó a los directivos destituidos, Felio Mirabent, Luis García Romero y Esteban Figueroa. “La Universidad de México apoya a la de Morelia”, en El Universal, 13 de febrero de 1943.128 El subsidio federal asignado a la Universidad Michoacana para 1943 era de 212 mil pesos. Telegrama cifrado 4450 de Manuel Ávila Camacho a J. Jesús González Gallo, 13 de febrero de 1943. AGN/MAC, c. 654, exp. 534.6/368. Telegrama de Manuel Ávila Camacho a J. Jesús González Gallo, 14 de febrero de 1943, en AGN/MAC, c. 659, exp. 534.9/2.129 “Fue retirado el subsidio”, en El Universal, 27 de febrero de 1943. “A Medio chivo se quedan los rojos”, en Últimas Noticias, 27 de febrero de 1943.130 AGN/MAC, c. 654, exp. 534.6/368. “Calma en Morelia”, en El Nacional, 13 de febrero de 1943. “La educación socialista”, en Fuego, 28 de febrero de 1943.

El 24 de febrero de 1943, un grupo de intelectuales entre los que se encontraban Camilo Arriaga, Luis Chávez Orozco, Víctor Manuel Villaseñor, José Mancisidor, Ermilo Abreu Gómez, Efraín Huerta, José Zapata Vela, dieron a conocer un documento en el cual expresaron que el conflicto en la Universidad Michoacana no era una simple discrepancia entre el gobernador del estado y el ex rector de la institución, sino muestra de una situación creada artificialmente.131 Ese mismo día, Narciso Bassols, a nombre de la Liga de Acción Política, pidió al presidente de la república que rectificara su decisión de retirar el subsidio federal que recibía la Universidad Michoacana para destinarlo a otros fines. Además, denunció que los diarios Excélsior y El Universal publicaban información dolosa sobre el tema y respondían a los intereses de la “reacción”.132

El presidente de la república respondió a Narciso Bassols, que habían sido “puntos de vista no ideológicos sino de carácter moral” los que determinaron que se suspendiera el pago del subsidio federal a la Universidad Michoacana, y que esperaba que se corrigieran las anomalías en la institución para restituirle el apoyo económico. Bassols consideró como muy grave esta afirmación y solicitó al presidente de la república diera a conocer las “inmoralidades” que lo habían obligado a suspender el pago del subsidio señalado. Además, lo conminó a presentar a la opinión pública los hechos en los que el ejecutivo federal se había basado para tomar tal decisión y, de esta manera, refutar la percepción de que el gobierno de la república había respondido a los “deseos de los elementos reaccionarios” al presionar a las autoridades de Michoacán para que rectificaran la decisión que habían tomado en “ejercicio de su soberanía y de acuerdo con los intereses y necesidades de la Universidad”.133

El 26 de febrero de 1943, un grupo de universitarios de diversas tendencias políticas, integrado por Manuel Hurtado Juárez, Jesús Ortega Calderón, Alberto Lozano Vázquez, Joaquín Antúnez, Arturo Núñez, Alfredo Gálvez Bravo, Jesús Bravo Baquero, José Márquez B., Miguel Ríos Gómez, Natalio Vázquez Pallares, Luis Marín Pérez, José Ayala Mendoza, Francisco Sanz Casanova, Serafín Contreras M., María Díaz, Genaro Hernández, Salvador Próspero, Adolfo Sánchez Vázquez, José Peinado, Tomás Rico Cano, Luis Sepúlveda, Salvador Gallardo, J. Jesús Álvarez, Lauro Pallares, Genoveva A. de Arteaga, Luis G. Navarrete y Leopoldo Arreola B. se dirigió al presidente de la república para solicitar fuera restituido el pago del subsidio federal concedido a la Universidad Michoacana.134 Días después, miembros de la Federación de Profesores Universitarios hicieron una petición similar.135

El 27 de febrero, en la ciudad de México, fue dado a conocer un documento por medio del cual un grupo de egresados del Colegio de San Nicolás, entre los que se encontraban Cayetano Andrade, Jesús Romero Flores, José Zavala Alcaraz, José Corona Núñez, Pablo G. Macías, Alberto Coria, Alberto Bremauntz, el senador Antonio Mayés Navarro y los ex rectores Jesús Díaz Barriga y Enrique Arreguín, hizo público su apoyo a las medidas adoptadas por las autoridades del estado de Michoacán para tratar de solucionar el problema universitario. En el escrito se hizo una exposición de los principios legales que sustentaban el carácter socialista de la Universidad Michoacana; se criticó que se pretendiera confundir la autonomía universitaria con soberanía y se reafirmó el carácter de institución de Estado que tenía esta casa de estudios.136

Hacia finales de febrero, del lado de los universitarios huelguistas se habían colocado el Comité Coordinador Estudiantil, el ejecutivo estatal y los miembros de la legislatura local que le habían concedido a éste facultades para remover a las autoridades universitarias y designar un rector provisional. Los huelguistas también fueron apoyados por organizaciones estudiantiles, obreras, campesinas y de trabajadores de diverso tipo. En contraparte, en el bando de las autoridades universitarias destituidas se encontraban la FEUM, el CEN, la Sociedad de Alumnos de la Facultad de Medicina; el secretario de educación pública, Octavio Véjar

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131 Los firmantes consideraron ilegítimo el intento revisionista llevado a cabo en el Congreso Nacional de Educación. “A la Nación mexicana”, en El Nacional, 24 de febrero de 1943.132 Telegrama de Narciso Bassols al presidente de la república, 24 de febrero de 1943, en AGN/MAC, c. 654, exp. 534.6/368.133 Carta de Narciso Bassols al presidente de la república, 10 de marzo de 1943, en ídem.134 Telegrama de Manuel Hurtado Juárez y otros al presidente de la república, 26 de febrero de 1943, en ídem.135 Entre los profesores se encontraban Porfirio García de León, Antonio Arriaga, Serafín Contreras, Tomás Rico Cano, Rafael C. Haro, Alberto Lozano, Adolfo Sánchez Vázquez, Jesús Bravo Baquero, Natalio Vázquez Pallares, José Márquez B., Alfredo Gálvez y Luis Marín Pérez. Telegrama de Sadot Ocampo y otros al presidente de la república, 4 de marzo de 1943, en ídem.136 “En defensa de la Universidad Michoacana”, en El Nacional, 27 de febrero de 1943. “La Universidad de Morelia es defendida”, en Excélsior, 27 de febrero de 1943.

Vázquez; autoridades judiciales; el rector de la Universidad Autónoma de México, Rodulfo Brito Foucher, así como sus similares de las universidades de Puebla, San Luis Potosí y Sinaloa, y los encargados de la educación superior en Nuevo León y Zacatecas.137 Además, publicaciones periódicas de amplia circulación, como La Nación, El Sinarquista, Excélsior, El Universal, Últimas Noticias, La Prensa y Novedades, entre otras, se colocaron del lado del anguianismo.138

La universidad sigue su marcha

A pesar del retiro del subsidio federal, la Universidad Michoacana continuó con sus actividades en aparente normalidad. La noche del 9 de marzo quedó constituido el nuevo Consejo Universitario, que tuvo como primera labor la integración de la terna que sería enviada al ejecutivo estatal para la designación del rector definitivo. Con este acto concluyó, prácticamente, el rectorado provisional de Adolfo Cano.139

Como rector de la Universidad Michoacana fue nombrado Jesús Romero Flores, quien fue elegido de una terna en la que se incluyó a Miguel Arroyo de la Parra y Salvador Franco López. Romero Flores rindió protesta de su cargo, el 11 de marzo, en el despacho del gobernador del estado, un mes después de la destitución de las anteriores autoridades universitarias.140

Una de las labores del nuevo rector fue la de negociar con las autoridades federales una solución satisfactoria al conflicto universitario. Con este objetivo, una semana después de su nombramiento, el 18 de marzo, Jesús Romero Flores se reunió con el presidente de la república. Pocos días después, se repitió la reunión, pero esta vez con la presencia del secretario de educación pública y un comité de padres de familia de Morelia.141

En su presentación ante el Consejo Universitario, el 2 de abril de 1943, Jesús Romero Flores señaló su intención de que se concediera “amnistía absoluta y completa” a los partidarios del anguianismo, al tiempo que establecía que el “lineamiento ideológico de la Universidad” estaría basado en la constitución política del país. Además, informó que a pesar de haber recibido el nombramiento de rector hacía aproximadamente un mes, no había querido asumir el cargo inmediatamente porque prefirió ir a la ciudad de México para intentar suavizar las relaciones de la universidad con otras entidades políticas y educativas del país. Este viaje fue necesario, según el rector, debido a que algunas personas habían mal informado al presidente de la república y al secretario de educación sobre lo acontecido en la Universidad Michoacana. Por tal razón, fue necesario hablar con el mandatario para conocer su opinión sobre el asunto. De acuerdo con el nuevo rector, su entrevista con Ávila Camacho, a la que fue citado el secretario de educación pública, fue cordial y después de informarle sobre la situación de la universidad, el presidente señaló que era necesario respetar “el estado de cosas que [la propia] institución se [había] dado”.142

En la misma sesión, el nuevo rector pidió a los directores de escuelas y facultades y a los jefes de departamento que presentaran a la rectoría un informe sobre el estado en que se encontraban las dependencias a su cargo, en el que incluyeran iniciativas y planes de trabajo para buscar la normalización de las actividades universitarias. El ingeniero Porfirio García de León, en nombre de los miembros del Consejo Universitario, dio la bienvenida al nuevo rector y expresó su disposición de conducirse de acuerdo con la “Ley Constitucional” y la “Ley Orgánica”.143

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137 “En pro de los estudiantes universitarios y el gobierno del estado” y “En pro del rector y de la autonomía universitaria”, en AGN/MAC, c. 654, exp. 534.6/368.138 David Franco Rodríguez, “Informe que rinde el secretario general de esta institución…, del año de 1939 al 31 de agosto de 1943”, p. 36, en AHUM, UMSNH, I, c. 7.139 “Quedó instalado el consejo supremo de nuestra Universidad Michoacana”, en Municipio Libre, 13 de marzo de 1943, pp. 1, 4.140 Ídem. “Nuevo rector universitario”, en ibíd., pp. 1, 8.141 “Audiencias especiales para hoy, jueves 18 de marzo de 1943”. “Memorandum”, 22 de marzo de 1943. AGN/MAC, c. 76, exp. 111.1/302. La Sociedad Nacional de Padres de Familia y el Comité de Padres de Familia formado en Morelia en apoyo al anguianismo tuvieron una participación activa en el desarrollo del conflicto universitario durante 1943.142 AHUM, CU, S. A., 2 de abril de 1943.143 Ídem.

El 21 de abril, Jesús Romero Flores informó que la crisis universitaria de febrero anterior había tenido como resultado que la partida destinada a la Universidad Michoacana fuera reincorporada al presupuesto de egresos de la SEP. En consecuencia, la Universidad Michoacana había quedado sin el subsidio que recibía por intermedio de la mencionada dependencia. El rector comentó que la intención de su administración era la de normalizar las relaciones con las autoridades federales y revertir la mala impresión que propagó la prensa sobre la universidad, para que, con base en esto, se pudiera trabajar paulatinamente en la reasignación del subsidio.144

Tras entrevistarse con los directores de escuelas, facultades y departamentos universitarios, la rectoría dedujo que se necesitaban 179 mil 202 pesos 72 centavos, además del apoyo económico que brindaba el gobierno estatal, para el normal funcionamiento de la universidad. Ante esta situación, el rector se entrevistó con el gobernador Félix Ireta, quien le manifestó que era necesaria una petición formal de apoyo financiero para que la cámara ampliara el presupuesto universitario. Siguiendo esta directriz, las autoridades de la casa de estudios acordaron solicitar a los legisladores mayores recursos económicos.145 En atención a esta demanda y ante el retiro del subsidio federal que recibiría la Universidad Michoacana en 1943, el gobierno estatal asumió totalmente el sostenimiento de la institución y aportó los fondos necesarios para mantener el monto del presupuesto que le había sido asignado originalmente.146

La reorganización del estudiantado

Los cambios en la administración universitaria también alcanzaron a las organizaciones estudiantiles y de profesores. En los primeros días de marzo se realizó un “congreso” de la FEUM, que tuvo como objetivo buscar la unidad estudiantil en torno a la nueva orientación que se buscaba dar a la universidad.147 Además, fueron renovados los comités ejecutivos de esta organización, el CEN y la Federación de Profesores Universitarios. Con estos cambios, la dirigencia estudiantil, ligada al anterior régimen, fue cediendo su lugar a sectores cercanos a la nueva administración universitaria. Como muestra de esta situación, la ceremonia de toma de posesión de los nuevos integrantes del comité ejecutivo de la FEUM, efectuada el 8 de marzo, contó con la presencia del gobernador del estado, Félix Ireta; de Alberto Lozano, representante de la Federación de Profesores Universitarios; Adolfo Cano, rector interino de la universidad, y del diputado Ramón Magaña, en representación de la legislatura local.148

Ese mismo día, miembros de la FEUM tomaron por la fuerza el control de la Casa del Estudiante Nicolaita, que era habitada por alumnos de la escuela secundaria, dependiente de la SEP. Las autoridades universitarias dieron facultades a la federación para la reorganización de la residencia estudiantil y la reasignación de pensiones a integrantes de la agrupación. Algunas semanas después, el 28 de abril, una delegación de la FEUM viajó a la ciudad de Guadalajara, donde el día siguiente se entrevistó con el gobernador del estado de Jalisco y con la dirigencia del FESO, quienes les expresaron su apoyo al movimiento de huelga que habían llevado a cabo contra el rector Victoriano Anguiano.149

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144 Ibíd., 21 de abril de 1943.145 Ídem.146 El presupuesto asignado a la Universidad Michoacana en 1943 fue de 423 mil 203 pesos 39 centavos, de los cuales 316 mil 643 pesos 43 centavos correspondieron al subsidio otorgado por el gobierno del estado. De acuerdo con David Franco Rodríguez, para agosto de 1943 la universidad contaba con un patrimonio económico de 319 mil 202 pesos 75 centavos, lo que permitió la realización de las actividades universitarias en un ambiente de aparente normalidad. David Franco Rodríguez, “Informe que rinde el secretario general de esta institución…, del año de 1939 al 31 de agosto de 1943”, pp. 42-44, en AHUM, UMSNH, I, c. 7. Víctor Fernando Nieto, “Informe de los datos estadísticos de la Universidad Michoacana…, correspondiente a los años de 1940 a 1944…”, 30 de junio de 1944, en AGHPEM, SG, IS, UMSNH, c. 3, exp. 55, ff. 1-14.147 Telegrama de Ernesto Reyes, Ernesto Prado y Palemón Ayala al presidente de la república, 5 de marzo de 1943, en AGN/MAC, c. 654, exp. 534.6/368.148 “Toma de posesión de la FEUM”, en FEUM, marzo de 1943, p. 3. El nuevo comité ejecutivo de la FEUM quedó presidido por Ernesto Reyes Rodríguez; por su parte, Daniel Mendoza A. fue designado presidente del CEN. “Dos organismos renovan [sic] los universitarios” en FEUM, marzo de 1943, p. 5. En la Federación de Profesores fue designado Rafael C. Haro como secretario general. “Se constituyó la Federación de Maestros Universitarios”, en Municipio Libre, 13 de marzo de 1943, pp. 2, 4.149 “La Federación Estudiantil Universitaria rinde su informe” y “Dos organismos juveniles estrechan sus relaciones FEUM y FESO”, en FEUM, mayo de 1943, pp. 1, 10, 12.

La universidad al amparo de la justicia

La decisión de Victoriano Anguiano, en su carácter de representante legal de la universidad, de solicitar el amparo de la justicia contra actos del congreso y del ejecutivo del estado de Michoacán, dejó la solución del conflicto universitario fuera del control de éstos.

El amparo, promovido por Anguiano el 11 de marzo de 1943, involucró los siguientes aspectos: el decreto número 27 del 11 de febrero de 1943, expedido por el Congreso del Estado y promulgado por el ejecutivo estatal en la misma fecha, que desconocía y destituía a las autoridades titulares de la Universidad Michoacana; el desconocimiento y destitución de Victoriano Anguiano como rector, representante legal de la universidad y presidente del Consejo Universitario; la pérdida del subsidio que el presidente de la república, por intermedio del secretario de educación pública, había otorgado a la Universidad Michoacana; la suspensión de los sueldos que devengaban todos los miembros que integraban el Consejo Universitario, a causa del contenido del mencionado decreto; la “destrucción” de la Universidad Michoacana, al desconocerse el gobierno y la administración técnica y administrativa que, en los términos de la Ley Orgánica de la institución, correspondían al rector: Consejo Universitario y directores de escuelas, facultades, departamentos y demás dependencias.150

Victoriano Anguiano recurrió al juicio de amparo porque consideró que el decreto número 27 violaba, por su propia promulgación y fuerza legislativas, derechos fundamentales de la Universidad Michoacana y de los integrantes del Consejo Universitario. Anguiano denunció la violación, en su perjuicio como rector, en el de la Universidad Michoacana y de los miembros del Consejo Universitario, de los artículos 13, 14, y 16 de la constitución política del país.151

Una vez admitida la demanda, las autoridades responsables rindieron los informes de ley, confesando la existencia de los actos reclamados. En la audiencia de derecho, el juez de distrito sobreseyó lo concerniente a la reclamación consistente en la parte del subsidio que el presidente de la república, por conducto de la SEP, había otorgado a la Universidad Michoacana. En relación con los demás actos reclamados, el mismo juez concedió la protección federal a las autoridades universitarias.

El decreto número 27 fue rechazado por las autoridades judiciales por considerarlo una ley privativa que violaba el principio de igualdad garantizado por el Artículo 13 constitucional (que prohibía la aplicación de leyes privativas), al carecer de una aplicación general y abstracta y circunscribirse, por una sola vez, a las personas que desempeñaban puestos en el gobierno universitario. También se consideró que el decreto en cuestión, al facultar al ejecutivo del estado para nombrar un rector provisional con autoridad para designar profesores, directores provisionales de las escuelas y facultades universitarias, y para integrar el Consejo Universitario, violaba la Ley Orgánica de la Universidad Michoacana. Por estas razones, el mencionado decreto fue declarado anticonstitucional y carente de cualquier fuerza legal, señalándose que había creado una situación de hecho, pero no de derecho.152

Los abogados Gustavo Ávalos Guzmán y Gregorio Torres Fraga recibieron, el 2 de abril, la notificación del fallo dictado por el juez de distrito, Ezequiel Parra, que declaró anticonstitucional el decreto número 27, en el amparo solicitado por Victoriano Anguiano en su carácter de representante legal de la Universidad Michoacana. Al tiempo que esto ocurría, en esa casa de estudios era formalmente presentado como nuevo rector Jesús Romero Flores.153

Este fallo provocó la inconformidad del secretario de la diputación permanente del Congreso del Estado, del gobernador Félix Ireta y de Jesús Romero Flores, este último como tercer perjudicado, cuyos recursos de revisión fueron admitidos el 7 de mayo.154 Sin embargo, por ejecutoria del 25 de junio, en el pleno ordinario de la sala administrativa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fue desechada la

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150 “Amparo en revisión. Núm. 3455/943”, en AGHPEM, SG, IS, UMSNH, c. 3, exp. 38, ff. 23-34.151 Ídem.152 Ídem.153 “La justicia salva a la Universidad de Michoacán”, en El Relator de Michoacán, sábado 3 de abril de 1943, p. 1.154 Oficio 3455-43 del Departamento de Actuarios para el gobernador del estado de Michoacán, 7 de mayo de 1943, en AGHPEM, SG, IS, UMSNH, c. 3, exp. 38, f. 89.

revisión que hizo valer el secretario de la diputación permanente del Congreso del Estado.155 La revisión en cuanto a las otras dos recurrentes fue aceptada, pero finalmente el agente del ministerio público federal que intervenía en el asunto formuló un pedimento para que se confirmara la parte de la sentencia sujeta a escrutinio. Con lo anterior se resolvió que la justicia federal amparaba y protegía a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, a Victoriano Anguiano, en su carácter de rector de la institución y presidente del Consejo Universitario, y al propio consejo, contra los actos reclamados del congreso y del gobernador del estado de Michoacán.156

La decisión fue confirmada el 18 de agosto de 1943. Ese día, en sesión celebrada en la sala administrativa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fue concedido el amparo a la Universidad Michoacana, al rector Victoriano Anguiano y al consejo universitario, contra el decreto número 27, del 11 de febrero de 1943. La audiencia fue presenciada por Victoriano Anguiano, Gustavo Ávalos Guzmán, Gregorio Torres Fraga, Esteban Figueroa, Abel Cerna y algunos estudiantes universitarios. En la audiencia fueron desechadas las revisiones pendientes y se reafirmó el fallo del juez de distrito de Michoacán, Ezequiel Parra, quien concedió el amparo a la Universidad Michoacana.157

El éxodo estudiantil

La suspensión del pago del subsidio federal que recibía la institución estuvo acompañada de la decisión del presidente de la República de que esos fondos fueran utilizados para sostener los estudios de alumnos michoacanos en otras universidades del país. De esta manera, 250 estudiantes de preparatoria y diversas escuelas y facultades se dirigieron, en los primeros días de marzo, a cursar sus estudios en las universidades de México, Puebla y San Luis Potosí, en un movimiento conocido como el “éxodo”,158 que benefició únicamente a estudiantes proclives a las autoridades universitarias depuestas.

La Facultad de Medicina fue una de las dependencias más afectadas por el conflicto universitario, debido a que la mayoría de sus profesores y alumnos se declararon partidarios de las autoridades destituidas. Algunos profesores, y cerca de la mitad de los estudiantes de la carrera de médico cirujano, se mantuvieron fieles a Victoriano Anguiano. Estos alumnos, con otros de preparatoria, fueron el grueso de quienes tomaron parte en el éxodo.159

Las nuevas autoridades universitarias trataron de que los estudiantes que por alguna circunstancia habían abandonado las aulas volvieran a clases. A éstos se les dio un plazo de dos meses, que venció el 31 de mayo, para que se reintegraran a las actividades académicas, pero pasada esta fecha se presentaron sólo algunas solicitudes de inscripción. El rector, Jesús Romero Flores, señaló que la universidad, por medio de su Departamento de Estudios, no tenía facultades para inscribirlos, si no era acordado antes por el Consejo Universitario. Posteriormente, se decidió que todos los estudiantes que desearan inscribirse hicieran una solicitud ante la rectoría y ésta, a su vez, la turnaría a la respectiva escuela o facultad. Las autoridades discutieron el asunto debido a la indicación del presidente de la república de que no se pusieran dificultades a los estudiantes que, por alguna causa, incluidos los del éxodo, quisieran reintegrarse a la universidad. Esta petición puso en un dilema a las autoridades universitarias que trataban de restablecer la normalidad en las actividades docentes y que consideraban que no era posible tener indefinidamente las puertas abiertas para que los estudiantes se inscribieran en el momento que lo desearan.160

El “éxodo” profundizó las diferencias entre los estudiantes universitarios y mostró el grado de polarización de los bandos opuestos. En agosto, ante la inminente reinstalación de las autoridades

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155 “Amparo en revisión. Núm. 3455/943”, en ibíd., ff. 23-34.156 Ídem. David Franco Rodríguez, “Informe que rinde el secretario general de esta institución…, del año de 1939 al 31 de agosto de 1943”, pp. 37-38, en AHUM, UMSNH, I, c. 7.157 “Nuevo fracaso del Iretismo”, en El Relator de Michoacán, 26 de agosto de 1943, pp. 1, 6.158 “El C. Presid. de la Rep. no recibió a Ireta”, en El Relator de Michoacán, 9 de marzo de 1943, pp. 1, 6.159 A pesar de esta situación, las autoridades universitarias reportaron que la inscripción total en las carreras de médico cirujano y partero, farmacéutico, químico farmacéutico, enfermería y obstetricia, ascendió a 139 alumnos en 1943. David Franco Rodríguez, “Informe que rinde el secretario general de esta institución…, del año de 1939 al 31 de agosto de 1943”, pp. 48-49, en AHUM, UMSNH, I, c. 7.160 AHUM, CU, S. A., 12 de junio de 1943.

universitarias que encabezaba Victoriano Anguiano, regresaron a Morelia los estudiantes “exodistas”. El arribo de éstos ocasionó la reacción de los alumnos que se habían mantenido en la universidad, quienes acusaron a aquéllos de preparar un ataque en su contra y de ser dirigidos por Miguel Estrada Iturbide y Alejandro Ruiz, desde las oficinas del PAN.161

El Comité de Defensa Nicolaita

Frente al curso que había tomado el proceso judicial promovido por Victoriano Anguiano contra los poderes ejecutivo y legislativo de Michoacán, y la inminente reinstalación de las autoridades depuestas, los universitarios empezaron a discutir las medidas a tomar para afrontar la situación. Con esta finalidad, el 11 de agosto se realizó una asamblea presidida por David Franco Rodríguez, secretario general de la universidad; Adalberto Caballero, regente del Colegio de San Nicolás, y Ernesto Reyes Rodríguez, presidente de la FEUM. A la reunión asistieron los miembros del comité ejecutivo de esta última organización y representantes del FESO y otras instituciones educativas del país y del estado.162 Los miembros del Consejo Universitario eludieron discutir el asunto, en vista de que existía un Comité de Defensa Nicolaita que había tomado control de la universidad.163

En ese estado de cosas, Jesús Romero Flores presentó su renuncia al cargo de rector el 14 de agosto de 1943, la cual fue aceptada por el gobernador del estado. Ese mismo día fueron entregadas tanto las oficinas de la rectoría como los fondos existentes en la tesorería de la universidad, al secretario general de la institución, David Franco Rodríguez.164

Los universitarios opositores a Victoriano Anguiano se reorganizaron bajo la dirección de David Franco Rodríguez en el Comité de Defensa Nicolaita, que fue renovado a mediados de agosto.165 Los miembros de este comité se pronunciaron en contra del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que declaró anticonstitucional el decreto número 27 del congreso local, señalando que los ministros habían desvirtuado el contenido de la demanda hacia puntos que no habían sido planteados en la misma. Además, se acusó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de ser un “centro de provocación política” que afectaba los intereses de los trabajadores, al romper los precedentes legales establecidos hasta 1940. Los integrantes del comité desconocieron a las autoridades universitarias afines a Anguiano y dijeron estar dispuestos a proseguir con su lucha en defensa de la educación socialista, recurriendo, de ser necesario, a la huelga general. Asimismo, expresaron su preocupación porque una vez restablecidos en sus cargos los funcionarios depuestos fueran desarticuladas la FEUM y la Federación de Profesores Universitarios, y se desconocieran los derechos adquiridos por los alumnos que habían asistido a clases y sustentado exámenes.166

Ante esta situación, el ejecutivo estatal intervino para tratar de conciliar a las partes. El 24 de agosto, el Comité de Defensa Nicolaita, a petición del gobernador Félix Ireta, designó a David Franco Rodríguez, Jesús Bravo Baquero y Serafín Contreras para que asistieran a “unos cambios de impresiones” con la facción contraria. Las conversaciones se iniciaron ese mismo día en el Palacio de Gobierno, con la presencia de

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161 Comunicación de Valentín Reyes Ayala a Enrique Arreguín, 11 de agosto de 1943, en APEAV, c. 33, exp. 4, f. 906. “El éxodo ha concluido” en Defensa Nicolaita, 25 de agosto de 1943, p. 2.162 “Los estudiantes no tolerarán un atropello al Colegio de Sn. Nicolás”, en FEUM, 14 de agosto de 1943, pp. 1-2.163 AHUM, CU, S. A., 12 de agosto de 1943. El Comité de Defensa Nicolaita, también conocido como Comité Coordinador de Defensa Nicolaita, Comité de Orientación y Defensa Nicolaita, Comité de Defensa Universitaria, surgió en febrero de 1943, con el objetivo de defender y llevar a la práctica la “educación popular”, sustentada en el Artículo 3º constitucional.164 [Entrega de la renuncia de Jesús Romero Flores al cargo de rector de la Universidad Michoacana a la Secretaría General de la Universidad Michoacana] 14 de agosto de 1943, en AHUM, UMSNH, R, Listas de rectores y secretarios de la Universidad Michoacana, c. 18.165 David Franco Rodríguez, presidente. Comisión de organización y orientación: Carlos Reyes, Jesús Bravo Baquero, Guillermo Morales, Ernesto Reyes, Ernesto Prado, Francisco Rodríguez y Francisco Patiño. Comisión de prensa y propaganda: Porfirio García de León, Tomás Rico Cano, Francisco Ornelas, Palemón Ayala, Ramón Martínez Ocaranza y Raúl Arreola. Además, se nombraron comisiones de orden y vigilancia en cada una de las escuelas y facultades universitarias, integradas por los presidentes de consejo de escuela y mesa directiva de cada uno de los años de estudio. “Comité de Defensa”, en Defensa Nicolaita, 21 de agosto de 1943. APEAV, c. 1.166 “Fallo de la Suprema Corte de Justicia”, en Defensa Nicolaita, 21 de agosto de 1943, pp. 1, 4. “A los universitarios de Michoacán”, 21 de agosto de 1943, en APEAV, c. 40. En ese momento, como los principales líderes del movimiento universitario contra la administración de Victoriano Anguiano eran señalados David Franco Rodríguez y Adalberto Caballero. Por parte de los estudiantes, se identificaba a Ramón Martínez Ocaranza como líder de los comités de vigilancia que por las noches resguardaban las instalaciones universitarias. “Notas en picada”, en El Relator de Michoacán, 26 de agosto de 1943, pp. 2, 4.

Gregorio Torres Fraga, José Gallegos del Río y Juan Díaz Vázquez, en representación de las autoridades universitarias amparadas.167

Tras la reunión, los miembros del Comité de Defensa Nicolaita moderaron su postura, y el 30 de agosto David Franco Rodríguez informó al presidente de la república que la organización respetaba la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero sus miembros no estaban dispuestos a que la universidad fuera conducida por Victoriano Anguiano y sus colaboradores. Por esta razón, pidieron fuera nombrado un nuevo rector que cumpliera con los requisitos que exigía la Ley Orgánica y se convocara a elecciones para la formación de un nuevo Consejo Universitario.168

El fallo de la Corte

Inmediatamente después de conocerse el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo Universitario, con la presencia del rector Victoriano Anguiano, se reunió para decidir las medidas que se tomarían para restablecer las actividades universitarias. En la reunión se acordó que los directores de escuelas y facultades citaran a los profesores para la reanudación de las clases con los estudiantes que se presentaran; que las clases serían impartidas, de acuerdo al número de alumnos, en las instalaciones de la Escuela Secundaria y despachos particulares, en tanto eran entregados los inmuebles universitarios; que el curso escolar correspondiente a 1943 se prolongaría hasta el último día de enero de 1944, y comunicar a la SEP, las universidades del país y del continente americano, el restablecimiento de las actividades de la Universidad Michoacana y la nulidad de títulos, certificados y documentos expedidos por las autoridades universitarias ilegítimas.169 También se informó que el Consejo Universitario no había solicitado ninguna entrevista con elementos del gobierno estatal ni del Comité de Defensa Nicolaita, a quienes se desconoció totalmente.170

Por su parte, los integrantes del comité decidieron, el 7 de septiembre, no permitir el ungimiento del rectorado de Victoriano Anguiano. Por tal razón, resolvieron no reconocer al Consejo Universitario anguianista, sino sólo para remitir al Ejecutivo estatal la terna para la elección del nuevo rector; la que debería estar integrada por elementos que no hubieran participado en los acontecimientos de febrero anterior. Se acordó demandar que los miembros de la terna llenaran debidamente los requisitos que exigía la Ley Orgánica, de preparación, ideología y servicios prestados a la institución como profesores; así como que el rector electo convocaría a elecciones para constituir debidamente el Consejo Universitario. De no aceptar estas demandas la “legalidad anguianista”, los universitarios se declararon dispuestos a iniciar un movimiento de huelga general a efecto de expulsar a los “usurpadores” de la universidad.171

El gobernador Félix Ireta informó al presidente de la república que a las 11:00 horas del 8 de septiembre de 1943 había sido notificado de la ejecutoría pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo interpuesto por las autoridades universitarias contra actos del gobernador y otras autoridades estatales. El mandatario indicó que, en acatamiento del fallo, había firmado un acuerdo para dar cumplimiento al mandato judicial, en el que se estableció la inmediata entrega de los bienes inmuebles, archivo y mobiliario a las autoridades universitarias; así como el pago del subsidio y otras prestaciones señaladas en el fallo. Ese mismo día, el secretario de gobierno, Luis Marín Pérez, por instrucciones del gobernador del estado, pidió al inspector general de policía que comisionara a los elementos

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167 “Los Nicolaitas se mantienen firmes”, en Defensa Nicolaita, 25 de agosto de 1943, pp. 1-2.168 Telegrama de David Franco Rodríguez al presidente de la república, 30 de agosto de 1943, en AGN/MAC, c. 654, exp. 534.6/368.169 Éste era el caso de los títulos de doctor honoris causa concedidos a Vicente Lombardo Toledano y Pablo Neruda. La distinción a Lombardo Toledano fue otorgada el 8 de mayo de 1943, en reconocimiento a su trayectoria política y a su labor cultural. AHUM, CU, S. A., 7 de mayo de 1943. El poeta chileno Pablo Neruda fue distinguido por las autoridades universitarias con el doctorado honoris causa el 17 de agosto del mismo año, por sus méritos literarios y su lucha contra el fascismo. Gutiérrez, “Doctorado Honoris Causa otorgado a Pablo Neruda”, pp. 113-134. Los posteriores acontecimientos en la Universidad Michoacana y la solución negociada del conflicto que afectó sus actividades en 1943 posibilitaron que los títulos honorarios concedidos a Lombardo Toledano y Neruda no fueran invalidados.170 “Se reconstruye la Universidad”, en El Relator de Michoacán, 2 de septiembre de 1943, pp. 1, 6.171 “¡Todos a sus trincheras!”, en Defensa Nicolaita, 8 de septiembre de 1943, pp. 1-2.

que considerara necesarios para la vigilancia de los edificios pertenecientes a la universidad, para evitar cualquier alteración del orden entre los estudiantes.172

El ejecutivo estatal procedió, el 8 de septiembre, a entregar a las autoridades universitarias las instalaciones de las facultades de Medicina e Ingeniería, pero debido a enfrentamientos entre grupos de estudiantes ocurridos durante el proceso, Gregorio Torres Fraga, secretario general de la universidad, en funciones de rector, decidió continuar con la recepción de los edificios el día siguiente. En uno de esos choques, ocurrido frente a la Casa del Estudiante Nicolaita, fue herida con arma de fuego Amparo Melgarejo, esposa del médico Antonio Aragón. Como responsable de la agresión fue identificado y detenido, por las autoridades policíacas, Pedro Aguirre Ramos, alumno “exodista”. Esta detención fue impugnada por Anguiano y Torres Fraga, quienes denunciaron que la señora Melgarejo había sido herida cuando un grupo de estudiantes, a quienes se atribuyó relación con el gobierno estatal, atacó con piedras y disparos de armas de fuego a los alumnos de medicina, con el objetivo de desalojarlos del plantel donde estudiaban. Para las autoridades universitarias era imposible establecer quién había sido responsable de la agresión puesto que las averiguaciones sobre el hecho les parecían parciales. Por su parte, Aragón informó al presidente de la república que su esposa había sido herida accidentalmente, sin que se pudiera establecer al culpable.173

Los enfrentamientos del 8 de septiembre interrumpieron el cumplimiento del fallo de la corte y reactivaron el conflicto universitario. El 10 de septiembre, Luis Marín Pérez, secretario de gobierno, se dirigió a Gregorio Torres Fraga, secretario de la universidad, para extenderle un citatorio para que asistiera a sus oficinas, para proceder a la entrega de los edificios y dependencias universitarias. Marín Pérez informó al gobernador del estado que el juzgado de distrito había solicitado la inmediata ejecución del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero que las autoridades universitarias se negaban a recibir los inmuebles argumentando falta de garantías.174

El mismo día, Gregorio Torres Fraga, Julián Sierra y otros universitarios solicitaron al presidente de la república su intervención para que el fallo de la corte fuera cumplido. Los universitarios denunciaron que el gobernador del estado se negaba a acatar la sentencia y no había devuelto los edificios, laboratorios y archivos de la universidad a sus autoridades. Se acusó al ejecutivo estatal de no haber pagado el subsidio a la institución y de mantener compromisos con los “sediciosos”.175

En atención al citatorio del día anterior, el 11 de septiembre, Gregorio Torres Fraga, en representación de la Universidad Michoacana, se presentó ante el secretario de gobierno, pero se negó a recibir los edificios del Colegio de San Nicolás y la Casa del Estudiante, así como los bienes que contenían. Torres Fraga indicó que se reservaba el derecho de tomar posesión de los inmuebles en otra ocasión, en que lo solicitaría formalmente al representante del Poder Ejecutivo, porque así convenía a sus intereses.176

De acuerdo con Victoriano Anguiano, el gobernador del estado había manifestado a una comisión del Consejo Universitario que estaba dispuesto a cumplir el fallo de la corte, pero que tenía compromisos morales con el grupo que había provocado el conflicto y que se mantenía en actitud de rebeldía. Anguiano denunció la agresividad del “grupo del Gobierno”, que era dirigido por Jesús Bravo Baquero y Lauro Pallares, jueces primero y segundo de lo penal del Distrito de Morelia, y por David Franco Rodríguez, juez de primera instancia de Maravatío con licencia, que le había sido concedida para ocupar el cargo de secretario general de la universidad. Además, acusó a este grupo de pretender invadir la Escuela Secundaria, en la que dijo se habían refugiado 500 estudiantes de ese grado escolar y los profesores que los apoyaban;

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172 Telegrama de Félix Ireta al presidente de la república, 8 de septiembre de 1943, en AGN/MAC, c. 654, exp. 534.6/368. Oficio 8935 de Luis Marín Pérez al juez de distrito del estado, 10 de septiembre de 1943, en AGHPEM, SG, IS, UMSNH, c. 3, exp. 38, f. 35. Oficio 8820 de Luis Marín Pérez al inspector general de policía, 8 de septiembre de 1943, en ibíd., f. 98.173 Victoriano Anguiano, “Memorandum para el señor presidente, sobre el conflicto de la Universidad Michoacana”, en AGN/MAC, c. 654, exp. 534.6/368. “El anguianismo derrama sangre inocente”, 9 de septiembre de 1943. “Que se cumpla el fallo de la corte”, 11 de septiembre de 1943. APEAV, c. 1.174 Oficio 8914 de Luis Marín Pérez a Gregorio Torres Fraga, 10 de septiembre de 1943. Telegrama de Luis Marín Pérez al general Félix Ireta, 10 de septiembre de 1943. AGHPEM, SG, IS, UMSNH, c. 3, exp. 38, ff. 6, 8.175 Telegrama de Gregorio Torres Fraga y otros al presidente de la república, 10 de septiembre de 1943, en AGN/MAC, c. 654, exp. 534.6/368.176 Acta de la comparecencia de Gregorio Torres Fraga ante el secretario de Gobierno del Estado de Michoacán, 11 de septiembre de 1943, en AGHPEM, SG, IS, UMSNH, c. 3, exp. 38, f. 18.

asimismo, solicitó que el gobierno del estado y la comandancia de la XXI Zona Militar dieran garantías para el cumplimiento del fallo de la corte.177

Ante la actitud de las autoridades universitarias, los miembros del Comité de Defensa Nicolaita exigieron públicamente que se cumpliera el fallo de la corte, a pesar de que afectaba sus intereses, y pidieron al juez de distrito, Ezequiel Parra, que abandonara su actitud de “anguianista, rabioso e insolente”.178 Sin embargo, la entrega de los edificios universitarios fue imposible debido a que algunos se encontraban en posesión de grupos de estudiantes. El 11 de septiembre, el regente del Colegio de San Nicolás, Adalberto Caballero, informó a Gregorio Torres Fraga que se encontraba imposibilitado para entregar el inmueble debido a que estaba ocupado por algunos alumnos. En ese caso, se realizó una entrega virtual, a reserva de hacerlo materialmente cuando las circunstancias lo permitieran. Dos días después, las autoridades universitarias declinaron una vez más tomar posesión de los edificios del Colegio de San Nicolás y la Casa del Estudiante, argumentando falta de garantías y que lo harían en cuanto lo consideraran conveniente.179

El 14 de septiembre, el secretario general de gobierno, Luis Marín Pérez, informó al juez de distrito en el estado que, en debido acatamiento de la resolución pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el gobernador del estado había girado instrucciones para que las cosas fueran devueltas a la condición en que se encontraban antes de las violaciones constitucionales señaladas por la justicia. Para este fin, se ordenó la entrega de los bienes muebles e inmuebles de la universidad a sus autoridades, así como el cumplimiento de los demás puntos señalados en el fallo. Según informó el secretario de gobierno, hasta ese momento se había hecho entrega de los edificios de las facultades de Ingeniería, Medicina y Jurisprudencia, la Escuela Popular de Bellas Artes, los Laboratorios Centrales, el Museo Michoacano, la Escuela Normal y la Biblioteca Pública, quedando pendientes los del Colegio de San Nicolás y la Casa del Estudiante, que las autoridades universitarias se negaban a recibir. También se informó que se había hecho entrega al representante legal de la universidad de los recursos correspondientes a la primera quincena del mes de septiembre de 1943, pertenecientes al subsidio que el estado de Michoacán otorgaba a la institución.180

El conflicto universitario tomó un nuevo impulso el 15 de septiembre cuando, al rendir su informe anual, el gobernador Félix Ireta declaró que la Universidad Michoacana era una institución de Estado, por lo que el gobierno estaba facultado para participar en su organización y orientación. Además, el mandatario expresó su intención de dotar a la Universidad Michoacana de una nueva ley orgánica. Estas declaraciones causaron la irritación de los partidarios del anguianismo, quienes por diversos medios mostraron su desacuerdo.181 La situación se agravó aún más días después, por la decisión de los miembros del Comité de Defensa Nicolaita de retomar el control de los edificios universitarios. El 18 de septiembre, tres “comandos” partieron del Colegio de San Nicolás hacia diferentes puntos de la universidad y a las 14:00 horas, tras breves enfrentamientos, ocuparon los inmuebles de la Facultad de Ingeniería, la Escuela Secundaria y la Facultad de Medicina.182

Sobre los acontecimientos del 18 de septiembre, en El Relator de Michoacán, considerado el órgano de prensa del anguianismo, apareció la siguiente información:

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177 Anguiano dirigió al presidente de la república la siguiente petición de ayuda: “Si no nos ayuda usted [...] señor Presidente, no sé lo que ocurra con los verdaderos estudiantes y maestros universitarios que están a merced de las maniobras, de los intereses y del poder del Gobierno local”. Victoriano Anguiano, “Memorandum para el señor presidente”, en AGN, c. 654, exp. 534.6/368.178 “Que se cumpla el fallo de la Corte”, 11 de septiembre de 1943. APEAV, c. 1. “Universitarios Michoacanos”, 20 de septiembre de 1943, en AHUM, UMSNH, EP, Escuela de Verano, c. 117.179 Acta de la comparecencia de Gregorio Torres Fraga ante el secretario de Gobierno del Estado de Michoacán, 14 de septiembre de 1943, en AGHPEM, SG, IS, UMSNH, c. 3, exp. 38, f. 7. Oficio 8517 de Luis Marín Pérez al juez de distrito en el estado de Michoacán, 14 de septiembre de 1943, en ibíd., ff. 36-37.180 Ídem.181 “Ireta reta a la Federación” e “Ireta reincidirá”, en El Relator de Michoacán, 17 de septiembre de 1943, pp. 1-2. Recurso de queja en contra del ejecutivo del estado promovido por Victoriano Anguiano, 20 de septiembre de 1943, en AGHPEM, SG, IS, UMSNH, c. 3, exp. 38, ff. 10-12.182 El primer comando salió del Colegio de San Nicolás hacia la Facultad de Ingeniería bajo las órdenes de Margarito Magdaleno, quien registró su agrupación con el nombre de “Stalingrado”. El Comando “David Franco”, bajo el mando de Guillermo Paredes, se dirigió a la Escuela Secundaria. El Comando “Libertad” fue conducido por Serapio Nava a la Facultad de Medicina. “Daremos nuestra sangre si es preciso”, en Defensa Nicolaita, 21 de septiembre de 1943.

Turbas ululantes, compuestas por normalistas, estudiantes del FESO, procedentes del vecino Estado de Jalisco, comandados por el hermano de Natalio Vázquez Pallares, elementos de las centrales obreras y campesinas locales, conserjes de varias dependencias oficiales, exaltados pseudoestudiantes de Leyes, con antecedentes criminales como J. Trinidad Campos, J. Jesús Gutiérrez, Lázaro García Toribio, Ladislao Lara y otros sujetos de la hez estudiantil, todos ellos armados de pistolas, instrumentos punzo-cortantes, piedras y palos y dirigidos y comandados personalmente por sus dignos capitanes, don Natalio Vázquez Pallares y el Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, Alberto Cano, asaltaron en pleno día y custodiados y cuidados por la policía local, todos los edificios de la Universidad Michoacana con excepción de los Laboratorios Centrales.183

Los sucesos del 18 de septiembre llevaron a Gregorio Torres Fraga a denunciar ante el presidente de la república que el ejecutivo estatal se negaba a cumplir satisfactoriamente la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en amparo de la universidad y sus autoridades. Por su parte, Ernesto Medina y Rafael Pineda, presidente y secretario general de la FEUM, respectivamente, restituidos en sus cargos por las autoridades universitarias,184 denunciaron que estudiantes ligados al Comité de Defensa Nicolaita habían destruidos los archivos de la Escuela Secundaria, y saqueado la biblioteca y el museo zoológico de la misma dependencia.185

Por su parte, la dirigencia del Comité de Defensa Nicolaita defendió su postura señalando que las autoridades de la universidad estaban dificultando el cumplimiento del fallo de la corte para entorpecer las actividades de la institución y crear problemas al gobierno del estado. Además, se acusó al Consejo Universitario de haber segregado a la Escuela Normal de la universidad, como represalia por la participación de los estudiantes de esta dependencia en el movimiento contra Victoriano Anguiano.186 Por estas razones, los integrantes del comité dijeron estar dispuestos a mantener el control de los edificios universitarios hasta que fuera nombrado un nuevo rector que cumpliera los requisitos que exigía la Ley Orgánica universitaria.187

La Federación de Profesores de la Universidad Michoacana se pronunció de manera similar, al considerar que el decreto número 27 había resuelto un conflicto real derivado de violaciones a la Ley Orgánica, ocasionadas por el mal funcionamiento del Consejo Universitario, a cuyos miembros acusó de ser los responsables de la falta de solución a los problemas dentro de la universidad. Ante esta situación, la dirigencia de la organización pidió la inmediata renovación del consejo, mediante la designación legal de sus miembros y la formación de la terna para la elección de rector definitivo. Los profesores consideraron que el problema podría haberse solucionado con la designación de un rector que no hubiera pertenecido a ninguno de los bandos en disputa, y señalaron que tras el fallo de la corte había iniciado una serie de actividades represivas, como la segregación de la Escuela Normal, la exigencia de revalidación de matrículas y el desconocimiento de pensiones, aprobadas con anterioridad por el mismo Consejo Universitario.188

El 20 de septiembre, Gregorio Torres Fraga, en calidad de rector interino, presentó ante el juez de distrito una queja contra las autoridades estatales por tratar de eludir el cumplimiento del fallo de la corte, por insistir en la repetición del acto reclamado y por desobedecer el auto dictado por el juez de distrito el 10 de septiembre, en el que se requirió a la autoridad responsable para que volviera las cosas al estado “normal” en que se encontraban antes de las violaciones denunciadas. Torres Fraga reveló que al notificarse la ejecutoria

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183 “Ireta en difícil situación”, en El Relator de Michoacán, 21 de septiembre de 1943, pp. 1-2.184 Estos dirigentes estudiantiles habían sido desplazados, en marzo de 1943, dentro de la FEUM, por quienes apoyaban a las nuevas autoridades universitarias nombradas por el Poder Ejecutivo estatal.185 AGN/MAC, c. 654, exp. 534.6/368.186 La separación de la Escuela Normal para integrarla a la SEP fue una medida tomada por el Consejo Universitario para eliminar un “foco peligroso” dentro de la universidad. El argumento de las autoridades universitarias “anguianistas” para segregar a la Escuela Normal fue que esta dependencia se había “convertido en centro permanente de perturbación y violencia”. Sin embargo, llama la atención la escasez de muestras de inconformidad ante la decisión de las autoridades universitarias, las cuales pueden explicarse con base en las múltiples solicitudes de federalización de la enseñanza normal en Michoacán que se habían realizado desde la década anterior. El 23 de diciembre de 1943 se firmó el acuerdo de federalización de la Escuela Normal entre el gobernador, Félix Ireta, y el titular de la SEP, Octavio Véjar Vázquez; no obstante, la mencionada separación se regularizó hasta 1947. Véase: Vizcaíno López, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Panorama jurídico..., pp. 84-87. Meneses Morales, Tendencias educativas oficiales en México, 1934-1964, pp. 209-210. Salceda Olivares, Las casas del estudiante en Michoacán…, p. 120.187 Telegrama de David Franco Rodríguez y Tomás Rico Cano, 19 de septiembre de 1943, en AGN/MAC, c. 654, exp. 534.6/368. “Universitarios Michoacanos”, 20 de septiembre de 1943, en APEAV, c. 1.188 “Manifiesto”, 21 de septiembre de 1943, en ídem.

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la autoridad responsable, ésta aparentó conformidad para entregar los bienes de la universidad, cubrir las cantidades que ilegalmente se habían entregado a las autoridades de hecho y respetar las garantías necesarias para que las autoridades universitarias ejercieran las atribuciones que la ley les concedía, pero los hechos pusieron de manifiesto su complacencia con quienes, mediante el uso de la fuerza, impedían la normalización de las actividades universitarias. El dirigente universitario señaló que no era verdad, como lo afirmaba el secretario general de gobierno, que se hubiera cumplido en todas sus partes el fallo de la corte, debido a que no se había hecho cesión real y permanente de los edificios de la universidad; además, informó que al momento en que se realizaba la entrega del edificio de la Escuela Popular de Bellas Artes, “individuos extraños” se habían apoderado del inmueble, por lo que se abstuvo de recibir el Colegio de San Nicolás y la Casa del Estudiante, por considerar que el gobierno del estado no podía dar garantías para el cabal cumplimiento del mandato judicial.189

Ante tales hechos, Gregorio Torres Fraga exigió que el gobierno del estado tomara medidas enérgicas para dar las seguridades necesarias para el restablecimiento de las actividades universitarias, y pidió le fuera expedida una copia certificada del informe que el ejecutivo estatal había leído el 15 de septiembre anterior.190 Además, solicitó que se requiriera al ejecutivo estatal un informe en el que se diera respuesta a una serie de cuestionamientos sobre la invasión de los edificios universitarios por personas extrañas a la universidad y el pago del subsidio correspondiente al periodo corrido entre febrero de 1943 y la fecha de notificación del fallo. Además, se solicitaba información sobre la actuación del gobierno del estado en el conflicto universitario y sobre las críticas al régimen universitario legal, que se atribuían al representante del Poder Ejecutivo estatal, así como sobre sus supuestas pretensiones de reformar la legislación universitaria.191

El juez de distrito en el estado se dirigió al gobernador Félix Ireta para informarle que en plazo de tres días debería entregar a las autoridades judiciales un informe sobre el contenido de los escritos de queja y su ampliación, formulados por Gregorio Torres Fraga, relacionados con el juicio de amparo promovido por Victoriano Anguiano.192

El 24 de septiembre, el secretario general de Gobierno, Luis Marín Pérez, envió al juez de Distrito en el estado el informe que se le había solicitado con motivo de las quejas de Gregorio Torres Fraga, rector interino de la universidad, contra actos del gobierno estatal. En su respuesta, Marín Pérez refutó las acusaciones del rector provisional de la Universidad Michoacana y señaló que las autoridades estatales habían cumplido con la entrega de las instalaciones de la institución. En el caso de los estudiantes que se habían apoderado de algunos edificios, después de su entrega a las autoridades universitarias, informó que la no intervención de la policía se debió a que se trató de evitar el derramamiento de sangre. Las autoridades estatales se deslindaron de cualquier participación o intervención en los acontecimientos, y los achacaron al descontento estudiantil por algunos acuerdos tomados por el Consejo Universitario, como la segregación de la Escuela Normal y la renuencia a recibir las instalaciones del Colegio de San Nicolás. Ante esta situación, Marín Pérez comunicó que se había ordenado a la inspección general de policía que procediera al desalojo parcial de los planteles universitarios, a fin de que permanecieran en ellos únicamente los alumnos propios de cada establecimiento, si así lo deseaban.193

En relación con el problema económico, el secretario general de gobierno informó que se había ordenado entregar a los quejosos la parte del subsidio correspondiente a la primera quincena del mes de septiembre de 1943, y que si no se había puesto a disposición de las autoridades amparadas lo correspondiente al periodo febrero-agosto era debido a que se requería una liquidación en el pago de los sueldos, toda vez que la mayoría de los profesores lo había recibido durante ese periodo. Ante esta situación, según Marín Pérez, se pidió a las autoridades universitarias un informe pormenorizado que sirviera de base para determinar el monto total de la suma que debería ser entregada, pero hasta el momento no había sido

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189 Recurso de queja en contra del ejecutivo del estado, promovido por Victoriano Anguiano, 20 de septiembre de 1943, en AGHPEM, SG, IS, UMSNH, c. 3, exp. 38, ff. 10-12.190 Oficio s/n de Gregorio Torres Fraga al secretario general de Gobierno del Estado de Michoacán, 20 de septiembre de 1943, en ibíd., f. 13.191 Recurso de queja en contra del ejecutivo del estado, promovido por Victoriano Anguiano, 20 de septiembre de 1943, en ibíd., ff. 10-12.192 Oficio 7589 de Ezequiel Parra al gobernador de Michoacán, 21 de septiembre de 1943, en ibíd., f. 9.193 Oficio 9208 de Luis Marín Pérez al juez de distrito en el Estado de Michoacán, 24 de febrero de 1943, en ibíd., ff. 38-42.

realizado por los representantes de la institución. A la solicitud de la copia del informe rendido por el ejecutivo estatal ante la cámara local, se señaló que estaba a disposición de los demandantes, quienes conocían su contenido, puesto que lo mencionaban en su queja. El secretario general de gobierno negó que el contenido del informe fuera la causa del conflicto estudiantil.194

Mientras tanto, el 20 de septiembre, Gregorio Torres Fraga, a nombre de una comisión del Consejo Universitario, solicitó una entrevista con el presidente de la república para informarle sobre la situación universitaria en Michoacán.195 Ese mismo día, los miembros del Consejo Universitario protestaron por las ideas que sobre la Universidad Michoacana expuso el gobernador del estado en su informe del 15 del mismo mes. Los universitarios consideraron las declaraciones de Ireta como un atentado contra la universidad y su autonomía, y le pidieron que comprendiera que las “ideologías políticas” eran ajenas a una “verdadera concepción universitaria”.196

De manera paralela, un grupo denominado comité de lucha universitaria acusó al gobernador Félix Ireta de apoyar económicamente a los elementos que se oponían al cumplimiento del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de continuar reconociendo a las autoridades universitarias ilegítimas, a las cuales se les habían seguido pagando sus sueldos, a pesar de que en virtud del fallo habían dejado de ocupar sus puestos. También se imputó al mandatario ser el principal responsable del nuevo asalto a los edificios universitarios.197 Estas acusaciones estuvieron acompañadas de nuevos brotes de violencia. El 22 de septiembre, integrantes del Comité de Defensa Nicolaita intentaron desalojar a los estudiantes anguianistas del único edificio que controlaban, el de los Laboratorios Centrales. En el enfrentamiento hubo disparos de arma de fuego, resultando herido uno de los atacantes.198 Para controlar la situación, el 23 de septiembre, por instrucciones del gobernador del estado, se solicitó al inspector general de policía que librara las órdenes necesarias para que fueran desalojados los elementos extraños a los universitarios que se encontraban en las facultades de Medicina e Ingeniería y en las escuelas Secundaria y Popular de Bellas Artes.199

Una decisión salomónica: José Rubén Romero, rector

Ante las dificultades que enfrentó el Consejo Universitario para hacer cumplir el fallo de la corte, se decidió el envío de una comisión integrada por Gregorio Torres Fraga, Luis García Romero, Esteban Figueroa y dos estudiantes, para que se entrevistara con el presidente de la república y lo pusiera al tanto de la situación. De manera paralela, una delegación del Comité de Defensa Nicolaita se trasladó a la ciudad de México para negociar una solución al conflicto.200

Como resultado de las conversaciones con estas comitivas, el presidente de la república, aceptando la propuesta del Comité de Defensa Nicolaita, de común acuerdo con el gobernador del estado, sugirió el nombramiento de un rector ajeno al conflicto. Esta designación recayó en la persona del escritor y diplomático José Rubén Romero, quien ocuparía la rectoría en calidad de interinato, con la indicación de convocar a elecciones para la conformación de un nuevo Consejo Universitario.201

José Rubén Romero fue designado rector interino de la Universidad Michoacana el 27 de septiembre de 1943, pero asumió el cargo el 1 de octubre. Ese día, en sesión de Consejo Universitario, presidida por Gregorio Torres Fraga, informó a la asamblea que había sido designado rector por mediación del presidente

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194 Ídem.195 Telegrama de Gregorio Torres Fraga al presidente de la república, 20 de septiembre de 1943, en AGN/MAC, c. 654, exp. 534.6/368.196 Consejo Universitario el 20 de septiembre de 1943: Gregorio Torres Fraga, José Márquez B., Luis García Romero, Gustavo Ávalos Guzmán, José Gallegos del Río, Adolfo Alvarado, Felio Mirabent, Juan Díaz Vázquez, Ramón Suárez, Ernesto Medina, Ignacio Gómez, Ignacio Mier Arriaga, Julián Luviano, Abel Cerna Martínez, Julián Sierra Gómez, Esteban Figueroa, Librado Trujillo, Rafael Pineda, Juan Mireles. “Al pueblo de Michoacán”, 20 de septiembre de 1943, en FDRAC, manifiestos, c. 4, exp. 106.197 “A la opinión pública”, 20 de septiembre de 1943, en ibíd., exp. 107.198 AGN/MAC, c. 654, exp. 534.6/368.199 Oficio 9138 de Luis Marín Pérez al inspector general de policía, 23 de septiembre de 1943, en AGHPEM, SG, IS, UMSNH, c. 3, exp. 38, f. 100.200 “El C. presidente resuelve el conflicto universitario”, en El Relator de Michoacán, 28 de septiembre de 1943, pp. 1, 8. “Triunfamos”, en Defensa Nicolaita, 29 de septiembre de 1943, p. 1.201 “El C. presidente resuelve el conflicto universitario”, en El Relator de Michoacán, 28 de septiembre de 1943, pp. 1, 8. “Rubén Romero, nuevo jefe de la Universidad”, en Defensa Nicolaita, 29 de septiembre de 1943, p. 1.

de la república y que asumía esa responsabilidad renunciando a todo emolumento. Rubén Romero convocó a los universitarios para que el lunes siguiente fueran reanudadas las labores universitarias y finalmente rindió protesta como nuevo rector.202

La intervención estatal en la Universidad Michoacanay su justificación legal, proyectos

Tras la promulgación del decreto número 27, y ante el cariz que estaba adquiriendo el conflicto en la Universidad Michoacana, el gobierno estatal buscó dar sustento legal a las medidas que había tomado al intervenir en la institución y destituir a sus autoridades. Con este objetivo, se propusieron cambios a la Ley Orgánica para permitir una mayor participación del ejecutivo estatal en el gobierno de la universidad.

El 13 de abril de 1943, Enrique Arreguín envió al gobernador Félix Ireta el proyecto de una nueva ley orgánica para la Universidad Michoacana, que había sido formulado por el propio Arreguín con la colaboración de Jesús Díaz Barriga y Alberto Bremauntz. En el proyecto se mantuvo la redacción original de muchos de los artículos de la ley vigente, por considerarse válidos; algunos otros fueron modificados en su forma y para algunos pocos se propuso una reformulación completa. Entre los cambios más significativos estuvieron la inclusión de un nuevo artículo relativo a la definición de las funciones que debería cumplir cada una de las dependencias universitarias y algunas modificaciones en el capítulo referente a las relaciones entre la universidad y el gobierno en sus niveles estatal y federal. Además del proyecto de ley orgánica, Arreguín, Díaz Barriga y Bremauntz mostraron al gobernador una propuesta para modificar únicamente los artículos de la Ley Orgánica vigente que se consideraban indispensables para resolver el conflicto universitario.203

El capítulo quinto de este proyecto de ley orgánica, “Relaciones de la Universidad Michoacana con el Gobierno federal y con el Gobierno del estado”, señalaba que la Universidad gozaría de plena independencia en su gobierno; el nombramiento de su personal directivo, administrativo y docente, excepto en la designación del rector; su administración económica, y en su funcionamiento técnico. Además, se establecía que la universidad tendría la obligación de comprobar ante el gobierno, en sus niveles estatal y federal, la aplicación de las cantidades que recibiera de estas entidades para su funcionamiento. La administración universitaria estaría obligada a rendir un informe anual de actividades a las autoridades federales, por conducto de la SEP y del gobierno del estado. Éstos, a su vez, como colaboradores en el sostenimiento de la universidad, podrían proponer al Consejo Universitario el establecimiento de nuevas escuelas, institutos de investigación y departamentos de difusión cultural; así como las reformas o modificaciones que estimaran pertinentes en el orden técnico, y tendrían derecho a obtener todo tipo de información sobre el funcionamiento de la institución.204

De manera paralela, la necesidad de una reforma de la Ley Orgánica, o la promulgación de una nueva, fue discutida en el Consejo Universitario el 26 de abril. El rector expuso lo que consideró deficiencias, omisiones y errores de la Ley Orgánica y propuso mejorar, entre otros rubros, la reglamentación de las funciones de la autoridad universitaria.205

Las deficiencias que de acuerdo con Romero Flores tenía la Ley Orgánica universitaria eran que el rector poseía una gran suma de facultades, de atribuciones que lo hacían casi un funcionario omnímodo. Por esta razón, propuso instituir una distribución más democrática de las responsabilidades y atribuciones. Además, consideró necesario establecer claramente las obligaciones de este funcionario, para que se le pudiera enjuiciar y remover por el incumplimiento de sus funciones. También solicitó que se ampliaran los requisitos

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202 Telegrama de Gregorio Torres Fraga al presidente de la república, 27 de septiembre de 1943, en AGN/MAC, c. 654, exp. 534.6/368. AHUM, CU, S. A., 1 de octubre de 1943. José Rubén Romero se mantuvo al frente de la Universidad Michoacana hasta marzo de 1944. Una vez cumplido el objetivo de formar un nuevo Consejo Universitario y normalizar las actividades universitarias renunció para ceder su lugar a Víctor Fernando Nieto, quien se mantuvo en el cargo hasta el año siguiente. Durante su breve rectorado, Rubén Romero recibió críticas por sus constantes ausencias en la dirección universitaria. Arreola Cortés, Historia de la Universidad Michoacana, pp. 132-138.203 Nota de Enrique Arreguín a Félix Ireta, 13 de abril de 1943, en APEAV, c. 1.204 “Proyecto de Ley Orgánica de la Universidad Michoacana”, abril de 1943, en ídem.205 AHUM, CU, S. A., 26 de abril de 1943.

para ser rector, exigiéndose edad y madurez suficientes para desempeñar el cargo, así como experiencia docente y profesional.

Haciendo una síntesis de sus planteamientos, el rector opinó que la Ley Orgánica adolecía de deficiencias que deberían corregirse para contribuir a un mejor desempeño de las actividades de la universidad y evitar los problemas que se habían sucedido en los últimos diez años. Asimismo, expresó que ante el estado de “ansiedad universitaria en la República, muy especialmente del sector conservador del país y del sector revolucionario”, era necesario que los universitarios michoacanos dieran los primeros pasos para solventar esas carencias. Por estas razones, Romero Flores propuso que se nombrara una comisión para el estudio de un anteproyecto de ley orgánica, a la cual pudieran acercarse los universitarios para expresar sus opiniones.

Ante la solicitud del rector, la asamblea nombró una comisión encargada de la redacción de una nueva ley orgánica, integrada por tres miembros con derecho a voto: un representante de las autoridades universitarias, uno del profesorado y uno de los alumnos; los empleados tendrían un representante, sólo con derecho a voz. La comisión quedó integrada por David Franco Rodríguez, por las autoridades; Jesús Bravo Baquero, por los profesores; Guillermo Morales, por los estudiantes, y Rafael Juárez, por los empleados. Finalmente, se acordó que se daría un plazo de diez días para que los profesores y alumnos de los diferentes planteles universitarios se dirigieran a la comisión para exponer sus comentarios y sugerencias sobre la nueva ley orgánica. Por su parte, a los miembros de aquélla se les dio un plazo de 20 días para redactar un anteproyecto de ley para someterlo a la consideración del Consejo Universitario.206

Con base en estas propuestas, las autoridades estatales promovieron otro proyecto de ley orgánica de la Universidad Michoacana. Este documento mantenía el espíritu de la ley precedente y del proyecto de Arreguín, Díaz Barriga y Bremauntz, pero buscaba introducir algunos cambios en la elección y ejercicio del gobierno universitario; el rector sería nombrado y removido libremente por el ejecutivo estatal; duraría en sus funciones dos años y podría ser designado nuevamente a petición del Consejo Universitario y por decisión del ejecutivo estatal. Como requisitos indispensables para ser rector se proponían: ser mexicano por nacimiento; ser mayor de treinta años; tener título o grado superior al de bachiller, expedido por la Universidad Michoacana o por el gobierno del estado de Michoacán; tener antecedentes científicos y reconocida ideología socialista; ser o haber sido catedrático dealgún plantel de la Universidad Michoacana por un periodo no menor de dos años. A su vez, el rector tendría entre sus atribuciones y obligaciones las de promover todo lo relativo al mejoramiento técnico, cultural, docente y disciplinario de la universidad; vigilar el cumplimiento del plan de acción universitaria y cuidar que fuera realizada la difusión y orientación cultural en el sentido ideológico establecido por la ley; nombrar y remover libremente al secretario general de la universidad, y rendir al finalizar cada año escolar, al ejecutivo del estado y al consejo universitario, un informe de las actividades desarrolladas en la universidad, así como presentar el programa de trabajo para el año siguiente. De acuerdo con las reformas y adiciones propuestas a la ley orgánica, el rector incurriría en responsabilidades, entre otras causas, cuando violara o atacara la ideología sustentada por la universidad y se opusiera o contraviniera las disposiciones de la Constitución General de la República, la particular del estado o sus reglamentos en materia educativa.207

El factor electoral

Las elecciones para renovar el Poder Ejecutivo en Michoacán fueron el escenario político en el que se desarrolló el conflicto universitario de 1943. Desde el estallido de la huelga estudiantil de febrero, las autoridades de la Universidad Michoacana denunciaron que los problemas en la institución eran alentados por personas y grupos interesados en influir en la sucesión gubernamental.

En una entrevista concedida al periódico capitalino El Universal Gráfico, Victoriano Anguiano acusó a Gabino Vázquez, antiguo jefe del Departamento Agrario, de haber instigado el conflicto en la Universidad Michoacana, como parte de su plan para suceder a Félix Ireta en el gobierno estatal. Anguiano acusó a Vázquez de poseer la residencia más lujosa de Morelia y pertenecer a una familia de la “aristocracia

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206 Ídem.207 “Ley Orgánica de la Universidad Michoacana”, 1943. AGHPEM, SG, IS, UMSNH, c. 3, exp. 39, ff. 9-38 y exp. 41, ff. 1-33.

michoacana”, por lo que le parecía irónico que pretendiera crear una universidad socialista. Además, en aquel momento, febrero de 1943, circuló el rumor de que el Departamento del Distrito Federal había movilizado varios camiones con contingentes comunistas para intervenir en el conflicto universitario en Michoacán. Carlos Madrazo, director general de acción social del Distrito Federal desmintió la información y negó cualquier participación en el conflicto universitario de Morelia, así como pertenecer al Partido Comunista.208

Los señalamientos de que Gabino Vázquez estaba detrás del movimiento universitario contra la administración de Victoriano Anguiano tuvieron fundamento en la labor proselitista que el primero realizaba como precandidato a la gubernatura del estado ya que era considerado el aspirante de los universitarios, por quienes participaban en el movimiento contra Anguiano.209

Además, el 3 de junio, Victoriano Anguiano denunció ante el presidente de la república que José Gallegos, Fernando Nieto, Heliodoro González, Rafael Morelos y Felio Mirabent habían sido cesados arbitrariamente de los Servicios Coordinados de Asistencia Pública por haberse negado a impartir clases en la “Universidad ilegal”.210 Semanas después, el 1 de julio, la FEUM dirigió un manifiesto a la “opinión pública del país” en el que se dio respuesta a una carta de Victoriano Anguiano al gobernador Félix Ireta. En esa misiva, Anguiano acusó al mandatario michoacano de haberlo destituido del puesto de rector por problemas ajenos a la universidad; y, anunció que en el momento en que se cumpliera el fallo de la corte que lo protegía contra los actos del gobierno estatal renunciaría a su cargo. En el manifiesto, la dirigencia de la FEUM señaló que el conflicto universitario en Michoacán era alentado por la derecha para sembrar confusión e influir en los procesos electorales próximos.211

Hacia finales de agosto corrían rumores de que se trataba de inducir a los miembros del Consejo Universitario para que, en una terna para la elección de rector, incluyeran a Miguel Arroyo de la Parra, señalado como comunista, y a Alberto Bremauntz. También se insistía que el causante del conflicto universitario era Gabino Vázquez, en su intento por sostener sus aspiraciones políticas.212

El 20 de julio de 1943, Félix C. Ramírez dirigió una carta abierta a Lázaro Cárdenas,213 en ese momento secretario de la Defensa Nacional. En el documento se hizo una crítica del “cardenista” que controlaba el panorama político en Michoacán y se denunció su injerencia en las elecciones para la renovación del ejecutivo estatal. La aparición de esta carta complicó el conflicto universitario debido a los rumores de que Victoriano Anguiano había participado en su redacción. En tal contexto, éste se entrevistó con el ex presidente de la república para expresarle que no había participado en la elaboración del documento, aunque compartía algunas de las ideas que contenía.214

Un par de meses después, el 20 de septiembre, fue dado a conocer un manifiesto del Comité de Defensa Nicolaita en el cual se denunció el supuesto interés de los anguianistas en que el conflicto universitario se extendiera de manera indefinida. Los miembros del comité pidieron que fuera cumplido el fallo de la corte y denunciaron que el conflicto universitario tenía por objetivo debilitar al gobernador Félix Ireta e influir en la elección de su sucesor. Como parte de estas imputaciones, se relacionó a los anguianistas con el ex presidente Plutarco Elías Calles, el partido Acción Nacional y la Unión Nacional Sinarquista.215 Estos señalamientos fueron acompañados por la acusación de que Victoriano Anguiano y Octavio Véjar Vázquez pretendían intervenir en la elección para renovar el ejecutivo estatal en apoyo de José María Mendoza Pardo.216

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208 “Graves cargos del rector Anguiano contra el licenciado Gabino Vázquez”, en El Universal Gráfico, 13 de febrero de 1943, p. 3.209 “Un gobierno para todos y cumplimiento de la ley” y “Universidad Michoacana”, en El Universitario, 28 de agosto de 1943, pp. 2, 5, 8.210 Telegrama de Victoriano Anguiano al presidente de la república, 3 de junio de 1943, en AGN/MAC, c. 654, exp. 534.6/368.211 “A la opinión pública del país”, 1 de julio de 1943, en APEAV, c. 1.212 Otro rumor, en los círculos universitarios, era que el Consejo Universitario presentaría al gobernador del estado una terna para la elección de rector integrada por Esteban Figueroa, Gregorio Torres Fraga y José Márquez B. A este último era a quien se le concedían mayores posibilidades para acceder a la rectoría. “El fallo de la Suprema Corte”, en Heraldo Michoacano, 3 de septiembre de 1943, pp. 1-2.213 Félix C. Ramírez, “Carta abierta al general Lázaro Cárdenas”, 20 de julio de 1943, en APEAV, c. 1.214 Anguiano Equihua, Lázaro Cárdenas…, pp. 158-161.215 “Las derechas de México quieren apoderarse de Michoacán”, 20 de septiembre de 1943. APEAV, c. 1.216 Anguiano Equihua, Lázaro Cárdenas…, pp. 165-166.

La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de amparar a las autoridades universitarias, encabezadas por Anguiano, contra los actos en su contra promovidos por los poderes ejecutivo y legislativo de Michoacán, fue considerada como parte de un plan de la derecha que desde la ciudad de México quería influir en la política estatal, con el objetivo de colocar a un candidato proclive a sus intereses en las próximas elecciones para gobernador. La negativa de Anguiano y sus colaboradores de tomar posesión de las instalaciones universitarias fue interpretada como una maniobra para extender el conflicto y generar un pretexto para la sustitución de Félix Ireta por un gobernador interino que asegurara la imposición de un candidato de la derecha. Según se dijo, fue ésta la razón por la cual el Comité de Defensa Nicolaita exigió que fuera cumplido el fallo de la corte.217

Comentario al margen

Victoriano Anguiano proclamó como algunos de los mayores logros de su administración la regularización de las actividades académicas de la universidad y el aumento de más de 50% al sueldo de los profesores universitarios, que fue acompañado de la exigencia de una mayor dedicación a su labor docente. Además, anunció como algo relevante el haber hecho efectivo un acuerdo, que databa de la administración anterior, que establecía el otorgamiento a la universidad de un subsidio especial para la adquisición del instrumental y materiales necesarios para los nuevos laboratorios de física, química y biología.

La aplicación de estos acuerdos significaría un motivo de orgullo para la administración de Victoriano Anguiano, pero a la vez sería una constante fuente de disputas debido a las críticas de quienes consideraban que el mérito debería ser atribuido a las anteriores autoridades universitarias por haber sido las responsables de gestionar los recursos ante la Presidencia de la República. Anguiano fue acusado de atribuirse el crédito por obras que eran consideradas una herencia del rectorado de Natalio Vázquez Pallares y del apoyo concedido por el presidente Lázaro Cárdenas a la Universidad Michoacana.218

En términos generales, las quejas y críticas a la gestión de Victoriano Anguiano al frente de la Universidad Michoacana fueron similares a las que recibieron administraciones anteriores. Se denunció que algunos profesores no asistían a sus cátedras, sino tres o cuatro veces a lo largo del curso. Se acusó a las autoridades universitarias de despilfarrar el presupuesto en “gajes y canonjías” entre profesores y estudiantes con el objetivo de cooptarlos en beneficio de los intereses de la rectoría. En cuanto al Consejo Universitario, se señaló que había quedado conformado por personas adictas al rector y se había violado la Ley Orgánica al permitir que personas que contaban con empleos remunerados dentro de la universidad actuaran como representantes del alumnado. También se denunció el incumplimiento de la renovación anual de las representaciones estudiantil y del profesorado ante ese órgano colegiado.

Fue en el aspecto ideológico que Victoriano Anguiano y su gestión al frente de la universidad recibieron las mayores críticas por parte de quienes se asumían como socialistas. Sus intenciones revisionistas en materia educativa y su desacuerdo con la gestión de sus antecesores fueron considerados como muestras de deslealtad a la tradición doctrinaria de la institución. Además, la administración universitaria fue acusada de promover la acción de sectores políticos contrarios a “las tendencias de la Revolución Mexicana”, al permitir la organización de grupos sinarquistas y partidarios de Acción Nacional con la participación de elementos extraños a la universidad.219

El cambiante escenario político, en el que el discurso de la unidad nacional220 buscaba atemperar el radicalismo de los años previos y los enfrentamientos que había generado, permitió que Anguiano propusiera

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217 “Las derechas de México quieren apoderarse de Michoacán”, 20 de septiembre de 1943. APEAV, c. 1.218 “Una panorámica del conflicto Ireta-Anguiano”, en Heraldo Michoacano, 3 de septiembre de 1943, pp. 1, 7-8. David Franco Rodríguez, “Informe que rinde el secretario general de esta institución…, del año de 1939 al 31 de agosto de 1943”, pp. 28-30, en AHUM, UMSNH, I, c. 7.219 Ídem.220 La unidad nacional se consideró una doctrina de comprensión, simpatía humana y solidaridad social, para contribuir a que en el país, desgarrado por las luchas civiles y los enfrentamientos ideológicos, se coligaran la ciudadanía y los partidos políticos para superar los conflictos heredados del pasado y lograr así un clima de armonía que permitiera el desarrollo nacional. Bravo Ahuja Ruiz y Michel, “Alianza de clases y dominación: México, 1930-1946”, pp. 45-46. Oikión Solano, Michoacán en la vía de la unidad nacional..., pp. 108-110. Consúltese también: Unidad nacional..., 1945.

y tratara de llevar a la práctica un modelo de institución universitaria diferente al que se había ensayado en los años previos en Michoacán. Sin embargo, en esos momentos se encontraban aún vigentes, con un sustento legal, los planteamientos ideológicos que habían guiado el ideal de la universidad socialista. En ese contexto, en 1943, una vez más, se enfrentaron dos concepciones opuestas de universidad y del papel que debería cumplir el Estado en la organización y orientación de la enseñanza.

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CONCLUSIONES

LÍMITES Y ALCANCES DE LA AUTONOMÍAUNIVERSITARIA EN MICHOACÁN

El discurso autonomista en la Universidad Michoacana ha sido ambiguo y ha estado en relación directa con las fluctuaciones en la interacción entre la institución y el poder público. Los cambios en las relaciones entre la universidad y los gobiernos estatal y federal han sido factores determinantes para establecer el grado de independencia entre la primera y el Estado.

La autonomía fue un elemento presente en la constitución de la Universidad Michoacana, desde su establecimiento en 1917. Sin embargo, esa atribución fue restringida por las facultades que se concedieron a los representantes del gobierno estatal para participar en la designación de las autoridades universitarias y supervisar el uso de los recursos asignados a la institución. Con algunas variaciones, en las diferentes Leyes Orgánicas quedó consignado que la autonomía estaría limitada a la “técnica y organización científica” universitarias. Esta situación cambió con la ley orgánica de marzo 1939, por la que la Universidad Michoacana adquirió el carácter, expreso, de institución de Estado. En este ordenamiento desapareció la autonomía como elemento constitutivo de la universidad, pero se establecieron mecanismos para garantizar una mayor participación de estudiantes, profesores y empleados en el gobierno universitario.

En la Ley Orgánica de febrero de 1933 se estableció que la Universidad Michoacana gozaría de autonomía, pero con una serie de limitaciones impuestas por la propia legislación universitaria y las constituciones políticas del país y del estado. Algunas de esas restricciones eran las atribuciones concedidas al gobierno estatal en la conducción de la institución. El rector sería nombrado por el titular del Poder Ejecutivo, que además podría solicitar, en cualquier momento, informes sobre el estado económico de la universidad y enviar un delegado para comprobar los gastos de la misma. El ejecutivo podría interponer veto a las decisiones del Consejo Universitario referentes a la creación o incorporación de nuevos institutos universitarios y la clausura de los existentes; a las erogaciones que afectaran el patrimonio de la casa de estudios, y a los reglamentos que, a su juicio, violaran o modificaran la Ley Orgánica. En contraparte, en la Ley Orgánica de marzo de 1939, aun cuando se establecía que la Universidad tendría el carácter de institución de Estado, se permitió la participación del Consejo Universitario en la designación y remoción del rector.1

La Ley Orgánica del 13 de marzo de 1939 fue promovida como un esfuerzo por implantar un sistema democrático dentro de la Universidad Michoacana. La ley vigente (del 14 de febrero de 1933) fue cuestionada porque se consideró que respondía a exigencias políticas y sostenía un régimen que fue calificado de centralismo disimulado; además de no permitir la participación plena de los diferentes sectores universitarios en la conducción de la institución.

Los impulsores de la Ley Orgánica de 1939 señalaron que parecería contradictorio que se propusiera someter a la Universidad Michoacana a un régimen que orientaría sus actividades dentro de los lineamientos impuestos por el Estado y que, al mismo tiempo, se pretendiera alcanzar la autonomía2 de su gobierno interno. Como explicación, se afirmó que tal contradicción era aparente porque esta autonomía garantizaría un mayor rendimiento en las labores académicas, mientras que la adopción del criterio del Estado terminaría

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1 El rector sería nombrado por el ejecutivo estatal entre los integrantes de una terna propuesta por el Consejo Universitario y podría ser removido a solicitud del mismo órgano, cuando la solicitud fuera acordada por mayoría de dos tercios de los votos computables en el Consejo.2 Los promotores de la Ley Orgánica de marzo de 1939 hicieron referencia a la “autonomía” para explicar sus demandas de democratización de la estructura y funciones de gobierno de la Universidad Michoacana. Por autonomía entendían la libertad que deberían tener los universitarios para participar en la organización y conducción de su institución; sin que esto representara la desvinculación con el Estado mexicano y sus órganos de gobierno.

con la anarquía en materia educativa e involucraría a la universidad en la transformación social promovida por el gobierno de la república.

Los límites y alcances de la autonomía universitaria en Michoacán se hicieron evidentes en el conflicto de 1943. La nueva orientación de las actividades de la Universidad Michoacana, bajo el rectorado de Victoriano Anguiano, invirtió los términos en los que se habían establecido las relaciones entre la institución y el gobierno estatal en los años previos.

La decisión de las autoridades de Michoacán de destituir al rector Victoriano Anguiano y a los miembros del Consejo Universitario provocó la reacción de éstos, quienes con el apoyo de sus similares de otras instituciones del país apelaron a la autonomía como argumento para rechazar la intervención en la Universidad Michoacana del gobernador Félix Ireta y sus colaboradores. Al mismo tiempo, los universitarios socialistas defendieron la posición del ejecutivo estatal reivindicando el compromiso que tenía la Universidad Michoacana de conducir sus actividades de acuerdo con los postulados de la educación socialista, que las autoridades de la entidad decían defender.

La Ley Orgánica de marzo de 1939, a pesar de constituir a la Universidad Michoacana como una institución de Estado, restringió las facultades del Poder Ejecutivo en su conducción al permitir la participación del Consejo Universitario en la designación y remoción del rector. En 1943, el gobierno estatal buscó retomar el control de la casa de estudios promoviendo modificaciones legislativas que le devolvieran la facultad de nombrar libremente a las autoridades universitarias, pero esta pretensión fue frenada por las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declararon ilegales los actos de los poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado en contra de la Universidad Michoacana. Resulta paradójico que quienes, por medio de la Ley Orgánica de marzo de 1939, impulsaron la democratización de la Universidad Michoacana y la participación de sus miembros en la elección del rector, apoyaran en 1943 la pretensión del ejecutivo estatal de atribuirse la libre designación y remoción del máximo dirigente universitario.

Al margen de lo que establecía la legislación universitaria, el cauce y la solución legal del conflicto de 1943 en la Universidad Michoacana estuvieron condicionados por consideraciones de carácter político e ideológico. Los cambios en la política educativa oficial y la posibilidad, cada vez más evidente, de una nueva reforma al Artículo 3º constitucional fueron parte del contexto dentro del cual se puso a discusión la continuidad del proyecto universitario que se había impulsado en Michoacán durante las décadas anteriores.

Dentro de la Universidad Michoacana, en 1943, se enfrentaron los partidarios de dos posturas diferentes ante el problema de la autonomía universitaria. Por una parte, las autoridades de la universidad y sus aliados defendieron la libertad de la institución y sus miembros para solucionar sus problemas y orientar sus actividades en la forma que consideraran conveniente. En el bando opuesto se colocaron quienes reivindicaron la decisión de mantenerla dentro de las pautas propuestas por el movimiento reformista desarrollado en su interior durante la década precedente. En el aspecto ideológico, esta pugna involucró a los partidarios y a los detractores de la escuela socialista y la intervención del Estado en la organización y orientación de la educación superior.

El límite de la autonomía

En México, la autonomía de las universidades públicas encontró un obstáculo insalvable en los recursos económicos asignados por el Estado para el sostenimiento de estas instituciones. El ideal de la universidad autónoma tuvo uno de sus elementos más importantes en la capacidad de ésta para desarrollar sus actividades y cumplir con sus funciones con recursos propios, sin tener que depender de decisiones externas. Los conflictos entre la Universidad Autónoma de México y el gobierno de la república, que tuvieron lugar en 1935, fueron motivados, en gran medida, por el fracaso de las autoridades de la primera para mantener el funcionamiento de la institución sin el aporte económico estatal.

Por su parte, en el proyecto que dio origen a la Universidad Michoacana estaba prevista la posibilidad, promovida por algunas disposiciones, de que la institución llegara a subsistir con fondos propios en un futuro cercano. Sin embargo, esta aspiración fue cancelada rápidamente y el subsidio asignado por el gobierno estatal se mantuvo como un elemento indispensable para el sostenimiento de la universidad; esta dependencia económica aumentó a partir de 1935 con la participación de las autoridades

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federales en la asignación de ese subsidio. Los recursos, si bien garantizaron la supervivencia y el crecimiento de la institución, también aumentaron sus relaciones de subordinación al gobierno mexicano y sus políticas educativas.

Autonomía y reforma

La postura antiautonomista de los socialistas michoacanos no significó una renuncia total a las demandas de democratización de las instituciones educativas, que caracterizaron a los movimientos de reforma universitaria en algunos países de América Latina en las primeras décadas del siglo XX.3 A lo largo de los años veinte y treinta se propuso la reorganización de la estructura y funciones de la Universidad Michoacana, dentro del espíritu reformista presente en el continente. La Ley Orgánica de la Universidad Michoacana de marzo de 1939, aun cuando no incluyó una mención explícita a la autonomía, expresó algunos de los planteamientos de la reforma universitaria presentes en otros países latinoamericanos. En particular, este ordenamiento respondió a los reclamos de democratización que buscaban la participación directa de todos los universitarios, principalmente los estudiantes, en la organización y gobierno de las instituciones educativas.

En términos generales, los elementos básicos del programa de reforma universitaria –vinculado a una propuesta de reforma educativa integral– configurado en los inicios de los años treinta en Michoacán, pueden resumirse de la siguiente manera: la crítica y rechazo del laicismo por considerarse ambiguo e inadecuado para expresar el espíritu de la revolución mexicana; la prohibición para fundar, dirigir, enseñar, ejercer control o intervenir de cualquier manera en establecimientos universitarios, a toda institución religiosa y ministros de culto; el rechazo a la libertad de enseñanza; la educación tendría una orientación única, que sería el resultado del estudio que el Estado, como representante de la sociedad, hiciera de la realidad nacional; la crítica al liberalismo, principalmente en su individualismo; el rechazo a las profesiones liberales por considerarse inadecuadas a la realidad social del momento; la creación de una conciencia de clase, producida y reafirmada por el conocimiento generado por la ciencia y la filosofía; la creación de una nueva ética que subordinara el bien personal al bien colectivo; la orientación colectivista (o socialista) y nacionalista de la educación; el “método activo” como base pedagógica; y la observación, la experimentación y la aplicación práctica de los conocimientos obtenidos tendrían un papel esencial en el proceso educativo.

A estos planteamientos se fueron agregando, a lo largo de los años treinta, principalmente por parte del estudiantado, propuestas para modificar la estructura interna de la Universidad Michoacana. En este sentido, el movimiento estudiantil se dirigió al fortalecimiento de su representación en los órganos de gobierno de la institución. El alumnado exigió una mayor participación en la toma de decisiones en todos los rubros de la actividad universitaria. Por su parte, las autoridades de la casa de estudios, representadas por el Consejo Universitario, pugnaron por una mayor participación en la designación del rector y en la administración del presupuesto y bienes de la universidad, en detrimento del control que ejercía el ejecutivo estatal sobre éstos.

Además, el movimiento de reforma universitaria socialista en Michoacán promovió un proyecto de transformación integral de la sociedad dentro del cual la universidad ocuparía un papel preponderante como instancia formadora de un nuevo tipo de profesionistas con los conocimientos necesarios para proyectar y dirigir el cambio social.

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3 Como postulados fundamentales de la reforma universitaria, a partir de la experiencia en varios países de América Latina en la segunda y tercera décadas del siglo XX, pueden señalarse los siguientes: a) autonomía de la universidad, entendida como institución de los profesores, alumnos y egresados; b) participación de los estudiantes en el gobierno de las universidades; democratización de la universidad; derecho de voto de los estudiantes en la elección de las autoridades universitarias; participación de los estudiantes en la organización académica de las universidades; c) renovación pedagógica y científica; revisión de los métodos y del contenido de los estudios; implementación de nuevos métodos de trabajo; d) reforma del sistema docente mediante la implantación de la docencia y la asistencia libres; e) extensión universitaria como medio de vinculación efectiva de la universidad con el medio social; y universidad popular, popularización de la enseñanza y socialización de la cultura. Sobre el tema puede consultarse: Mariátegui, La reforma universitaria, pp. 134-163. Los capítulos “Proyección latinoamericana de la reforma universitaria” y “Los postulados específicos de la reforma universitaria”, en Hurtado, Estudiantes: reforma y revolución..., pp. 82-109, 110-121.

La universidad política

La educación superior y la idea que se tiene sobre las instituciones que la imparten están dominadas por un paradigma que califica a las universidades como establecimientos de carácter técnico que deben ser, en esencia, ajenos a la política. Este planteamiento está presente en el discurso con el que administradores de la enseñanza y autoridades gubernamentales han tratado de normar las funciones de la universidad y ha sido compartido por numerosos estudiosos de la educación superior. En el ámbito universitario, dicha idea está presente en las discusiones generadas por el problema de la autonomía y constituye uno de los fundamentos ideológicos de lo que se entiende como la tradición universitaria en México. Esta situación ha llevado a que el estudio de las universidades mexicanas esté influenciado por un discurso, que se pretende académico, que oculta y condena los procesos políticos y los conflictos derivados de éstos por considerarlos indeseables y estructuralmente ajenos a los fines de las universidades.4 La Universidad Michoacana no ha sido ajena a esta línea de pensamiento y durante el periodo estudiado fueron constantes las descalificaciones de las actividades y ligas políticas de los universitarios por considerarse ajenas al espíritu que debería guiar sus acciones.

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, el estudio de la reforma universitaria socialista en Michoacán ha tenido entre sus motivaciones reivindicar el papel de la universidad como un campo de intercambio y confrontación de ideas, que la colocan como una institución con funciones que trascienden el ámbito académico y la convierten en un espacio de disputas políticas.

Durante los años treinta y el inicio de los cuarenta, la Universidad Michoacana se consolidó como un espacio de movilidad política. Las organizaciones universitarias y sus principales líderes adquirieron preeminencia en el medio gubernativo. Las agrupaciones estudiantiles cumplieron un papel importante en la formación de la burocracia universitaria; pero, al mismo tiempo, sirvieron como base para la preparación y promoción de cuadros políticos de proyección estatal y nacional. Durante la presidencia de Lázaro Cárdenas un gran número de egresados de la Universidad Michoacana se trasladó a la ciudad de México, donde ocuparon cargos y desempeñaron diversas funciones dentro de la administración federal. En el ámbito estatal, el control que sobre la educación superior tenía la Universidad Michoacana garantizaba que la mayoría de los puestos y empleos que requerían preparación profesional fuera ocupada por sus egresados.

Además, debe considerarse que la filiación ideológica y las posiciones partidistas de los socialistas michoacanos se expresaron, abiertamente, en su programa de reforma universitaria y en las acciones que emprendieron para llevarlo a la práctica. Por esta razón resulta difícil hacer referencia al proyecto de Universidad socialista sin tomar en cuenta sus implicaciones políticas.

Es importante destacar que los universitarios socialistas integraron la estructura del partido oficial y en Michoacán formaron parte de organizaciones ligadas al proyecto político cardenista, como la CRMDT. En términos generales podría decirse que los socialistas michoacanos formaron parte de la “izquierda oficial”, lo que garantizaba, en cierta medida, su acceso al poder. Éste es, en parte, uno de los factores que explica la postura antiautonomista de los universitarios socialistas, claramente entendible si se considera que el movimiento de reforma universitaria socialista en Michoacán fue un proyecto impulsado desde el Estado, y como tal deben ser evaluados sus objetivos y alcances.

Por otra parte, no pueden pasarse por alto el sectarismo y la intolerancia expresados en las acciones y discursos de los bandos enfrentados en torno a la instauración del proyecto de universidad socialista. El nivel de radicalización ideológica derivó en posturas irreductibles y limitó las posibilidades de negociación y consenso políticos. En este entorno, los discursos unificadores –el de la “unidad revolucionaria” de los universitarios socialistas, y el de la “unidad nacional” promovido por la administración presidencial de Manuel Ávila Camacho­– más que buscar la confluencia de diferentes formas de pensar y posiciones partidistas, devinieron en prácticas excluyentes que buscaron eliminar la discrepancia de ideas.

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4 Ordorika, La disputa por el campus..., pp. 17-18.

Fortalezas y debilidades de la universidad socialista

En la primera mitad de la década de los treinta, la Universidad Michoacana se consolidó como la institución que ostentaba el dominio casi absoluto sobre la educación superior en esa entidad. De manera directa o indirecta, esta institución consiguió controlar la organización, administración y orientación de la educación secundaria, técnica, normal y profesional en el estado. Con el concurso de las autoridades estatales y federales, la universidad logró imponer sus criterios a la enseñanza impartida por las instituciones de educación superior existentes en Michoacán; este dominio también llevó a la ilegalidad o desaparición de los centros de enseñanza que rechazaron la tutela universitaria.

No obstante, el dominio de la Universidad Michoacana y los alcances de la reforma socialista impulsada en su interior fueron limitados por la imposibilidad de sus promotores y partidarios de contener los ataques de sus críticos. Las acciones de depuración ideológica realizadas dentro de la Universidad Michoacana durante los años veinte y treinta, manifestadas en las constantes “purgas” de alumnos y profesores, podrían considerarse como una muestra de la fortaleza del grupo que controlaba el gobierno universitario. Sin embargo, un análisis más detallado del fenómeno permite ver signos de debilidad en las filas del socialismo universitario. Las persecuciones contra vasconcelistas, comunistas, católicos, protestantes, autonomistas, e incluso contra los “indiferentes” o neutrales, hacen evidentes los constantes intentos de los socialistas por consolidar su posición y hacer frente a un entorno social hostil hacia sus ideas y acciones.

La vigencia de la universidad socialista en Michoacán estuvo ligada a la permanencia del proyecto de Estado nacional impulsado durante la administración presidencial de Lázaro Cárdenas. En ese contexto, los universitarios michoacanos se involucraron en la puesta en práctica del programa educativo impulsado por el gobierno de la república, lo que colocó a su casa de estudios como un elemento estratégico en los intentos por someter a las instituciones universitarias al control del Estado. El cambio en la orientación ideológica de la política educativa oficial impulsado a partir de 1941, y la posterior reforma del Artículo 3º constitucional en 1945, dejaron sin sustento la pretensión de sostener el proyecto de universidad socialista en Michoacán, a pesar de la defensa que de éste hicieron las autoridades estatales.

Además, debe tomarse en cuenta que la pretensión de instaurar una universidad socialista encontró poco apoyo dentro de la comunidad universitaria del país. Esta circunstancia se debió, en gran medida, a la imposibilidad de las autoridades federales de someter a la Universidad Autónoma de México a los lineamientos del programa educativo que promovían.

Los conflictos de 1935 entre el gobierno de la república y la Universidad Autónoma de México, así como el proceso de establecimiento y las actividades del CNESIC ponen en evidencia la fortaleza de la posición de los universitarios frente al Estado. En la práctica, la Universidad Autónoma de México fungió como un ministerio de educación paralelo y mantuvo un amplio margen de independencia en su organización y funcionamiento. Además, sirvió de soporte y guía para los universitarios que en diversos lugares del país se opusieron a la política educativa oficial, y constituyó un espacio de acción de posiciones ideológicas y políticas críticas de ésta.

En términos generales, el presente estudio ha puesto de manifiesto una importante coyuntura en la confrontación de dos proyectos educativos disímiles, que aún hoy en día tiene consecuencias en la planeación y administración de la política educativa en el país. El papel del poder público en la organización y administración de las instituciones universitarias, así como la asignación de recursos para el funcionamiento de éstas, forman parte de la agenda de los administradores de la educación superior pública en México y continúan siendo temas centrales en el debate educativo nacional.

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FUENTES CONSULTADAS

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de Miguel Ángel Gutiérrez López

Diciembre de 2011(edición impresa)

Enero de 2014(edición electrónica)

Coordinación:Patricia Delgado González

Corrección:Alejandro Vargas Vázquez

Diagramación:Rosa María Manzo Mora

Portada:Guadalupe Lemus Alfaro

El Colegio de Michoacán