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Ahora que acaba la legislatura, ¿qué balance hace usted de la actuación del Gobierno? ¿Se han cumplido los objetivos que se marcaron al llegar a la Moncloa?

No quiero pecar de falta de humildad, pero no me queda más remedio que responderle que sí, que hemos cumplido nuestros objetivos, que eran los compromisos a que llegamos con los ciudadanos al iniciarse la legisla-tura. En estos casi cuatro años hemos extendido derechos a colectivos que no los disfrutaban; hemos sentado el cuarto pilar del Estado de Bienestar al hacer de la dependencia una responsabilidad de todos; hemos recu-perado el diálogo institucional y reforzado como nunca el diálogo social; hemos renovado infraestructuras; hemos hecho de RTVE una corporación independiente y sostenible desde el punto de vista económico; hemos elevado las pensiones más bajas más de un 20% y multiplicado las becas; hemos llegado al 0,5% del PIB en cooperación al desarrollo... En fin, no quiero alargarme. Hay muchas más cosas que podría destacar de nuestra gestión, pero creo que el mejor resumen que puedo hacerle es que hemos situado a los ciudadanos en el centro de nuestra acción política. Ellos han sido y son el origen y el objetivo de nuestra gestión.

Comencemos con las medidas que ustedes señalan como principio básico de su actuación como son las de política social: ayudas a los dependientes, para que los jóvenes adquieran vivienda, por naci-miento de hijo... ¿son sostenibles? ¿Tiene dinero el Ministro Solbes para financiarlas?

Tenemos unos presupuestos con superávit público y con las cuentas muy bien hechas. Estamos gestionando bien y eso nos permite poner en marcha nuevas prestaciones sociales que, por supuesto, nuestra economía puede afrontar. Somos un gobierno serio y riguroso, que además tiene la voluntad de mantener el superávit en las cuentas del Estado.

Por cierto, ¿un niño sólo «cuesta» 2.�00 euros?Aunque viene a sumarse a otras percepciones económicas, como los cien

euros mensuales, por hijos menores de tres años, evidentemente no y tam-poco es la económica la única perspectiva de este asunto. Así lo entiende el Gobierno, y por eso, además de esta medida, ha habido otras muchas que han ido destinadas a apoyar a las familias. Medidas como la extensión de los permisos de paternidad y maternidad, las acciones para la conciliación de la vida familiar y laboral, el aumento del número y la cuantía de las becas, y tantas otras. Pero por lo que se refiere concretamente a los 2.500 euros, creo sinceramente que ésta es una medida que va a ayudar a las familias a afrontar los primeros gastos que trae el nacimiento de un hijo, que son con-siderables. Desde luego, los ciudadanos la han recibido muy bien.

En el ámbito social también se han aprobado novedades legisla-tivas para acabar con problemas tan graves como la violencia de

género o las víctimas de las carreteras, y el problema parece seguir igual. Aparte de las legislativas que no parecen estar surtiendo de-masiado efecto, ¿qué medidas nos quedan?

A lo largo de estos años hemos puesto en marcha muchísimas medi-das además de las legislativas. Pero me parece que es usted injusto cuan-do dice que estas leyes no surten efecto. Hablamos de fenómenos como la violencia de género o los accidentes de carretera que desde luego no se van solucionar de un día para otro, eso está claro, pero en los que, sin duda, se van notando algunos resultados. Claro que todos quisiéramos que fueran más inmediatos, pero con tesón, podemos ir mejorando. En el caso de los malos tratos contra las mujeres, la ley integral, que como sabe fue la primera que el Gobierno envió al Parlamento y la primera que se aprobó, por unanimidad, en esta legislatura, ha movilizado a todos los poderes públicos y ha puesto en marcha iniciativas muy concretas. Es una ley que, además de incluir medidas de carácter educativo y social a medio y largo plazo, baja a pie de calle y actúa con acciones muy concretas que en este tiempo hemos ido implementando y evaluando. No cabe duda de que es lacerante, es muy doloroso encontrarse con las noticias de las mu-jeres asesinadas o con el balance de víctimas del tráfico, pero la respuesta es no bajar la guardia ni un momento, seguir esforzándonos cada día en combatir estas situaciones. Y poco a poco vamos avanzando.

La reciente ley para la mejora de la defensa de consumidores y usuarios contempla medidas positivas —prohibición de redon-deos y de cobros por horas completas— que son «neutralizadas» con subidas de precios —como sucede con los aparcamientos y las compañías de telefonía—. ¿No hay una tendencia al «exce-so legislativo»? ¿No sería más eficaz primar la labor de policía administrativa de la Administración, dotando de más y mejores medios a los órganos de inspección y control?

Es que también hemos reforzado estos órganos. Me habla usted de un ámbito, el del consumo y la defensa de los derechos de los usuarios, en el que el Gobierno ha trabajado a fondo introduciendo nuevas garantías para los ciudadanos. No creo que se pueda hablar de exceso legislativo cuando con ello estamos evitando situaciones de abuso y además introduciendo transparencia y claridad en los dere-chos que asisten a los usuarios. El control está, y lo estamos viendo precisamente en alguno de los sectores que usted ha mencionado.

María Teresa Fernández de la Vega

Vicepresidenta Primera, Ministra de la Presidencia

y Portavoz del Gobierno

El mejor resumen que puedo hacerle es que hemos situado a los ciudadanos en el centro de

nuestra acción política.

CON OCASióN DE ESTE NúMERO ESPECiAL CONTA-MOS CON UNA PROTAGONiSTA DE ExCEPCióN, LA ViCEPRESiDENTA PRiMERA DEL GOBiERNO MARíA TERESA FERNáNDEz DE LA VEGA, CON LA qUE REPA-SAMOS, EN LA SiGUiENTE ENTREViSTA, ALGUNOS DE LOS ASPECTOS MáS RELEVANTES DE LA ACTUALiDAD POLíTiCO-LEGiSLATiVA DE NUESTRO PAíS Y A LA qUE AGRADECEMOS MUY SiNCERAMENTE LA AMABiLi-DAD CON LA qUE HA ATENDiDO A LAS PREGUNTAS DE LEx NOVA LA REViSTA.

Pablo Sanjuán García

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En cuanto a la política internacional, en especial la europea que es la que más nos afecta, ¿qué signifi ca el reciente Tratado de Lisboa? ¿Nos precipitamos con el frustrado «Tratado por el que se establece una Constitución para Europa» o España le «debía» a Europa esa apuesta?

El Tratado de Lisboa signifi ca mucho para todos los ciudadanos europeos. Con él se cierra una etapa de incertidumbre y se abre el camino para seguir construyendo una Europa más unida, más justa y más solidaria. Desde el Tratado de Roma, Europa se ha ido constru-yendo, con pasos lentos pero fi rmes. Claro que este Gobierno apostó por la Constitución Europea, como lo hicieron la mayoría de países de la Unión y creo que eso es algo de lo que todos podemos estar or-gullosos. Lo importante es que ahora tenemos un tratado que, estoy segura, va a permitir avanzar en una Europa más cohesionada, capaz de ofrecer mayor bienestar a sus ciudadanos y con más infl uencia internacional, lo cual es a todas luces muy necesario.

Una cuestión especialmente delicada es la de la vertebración territorial de nuestro país. Centrándonos en lo que percibe un ciudadano cualquiera, dejando políticas tan importantes para los ciudadanos como la sanidad o la aplicación efectiva de la reciente ley de dependencia a las comunidades autónomas ¿no se puede aumentar la sensación de desigualdad entre ellas y «confi rmar» la percepción de que dependiendo del territorio en que se resida se tienen distintos derechos?

En mi opinión, España es un país muy cohesionado y sinceramente no creo que exista esa percepción entre los ciudadanos. Lo cierto es que el Estado de las Autonomías se ha consolidado plenamente. ¿Cómo lo ha hecho? Acercando a los ciudadanos la gestión de sus asuntos, sien-do solidario, colaborando; lo ha hecho funcionando. Un Estado como el español debe ser un Estado cooperativo en el que todas las administra-ciones públicas, cada una en el marco de sus competencias, tienen que colaborar para solucionar los problemas y prestar los mejores servicios a los ciudadanos. El Gobierno no puede gestionar con recelo hacia las comunidades autónomas. Eso no sería ni leal ni efi caz. Francamente, es que no tendría sentido. Nosotros somos un gobierno respetuoso de las instituciones y de sus competencias, un gobierno que confía en el diálogo y la colaboración permanente con los gobiernos autonómicos. Porque además eso es lo que prevé y lo que manda nuestra Constitución. Y porque, además, repito, está funcionando.

En las últimas elecciones generales la suma de CiU y PNV era del 4,�7 % de los votos y signifi caba 1� escaños mientras que iU con el 4,9� % sólo obtuvo � diputados. ¿Sigue siendo adecuado el siste-ma electoral que salió de la Transición? ¿La ley D’Hont no da una importancia poco proporcional a los partidos nacionalistas?

La Ley Orgánica del Régimen Electoral General es, como bien sabe, una norma de extraordinaria importancia, que fue aprobada por con-senso de todos los grupos políticos en 1985. Quiero decir con ello que prácticamente toda nuestra democracia se ha regido en sus procesos electorales por esta ley. Hay, evidentemente, un debate en torno a ella, y no sólo en lo referente a la ley D’Hont, sino también en otros aspectos, como el de las listas cerradas. En todo caso, la reforma de este sistema debería ser fruto de un amplio debate público y de un consenso muy claro entre todos los partidos. No es tarea sencilla.

Para terminar con lo relativo a las comunidades autónomas, ¿ha-brá en un futuro próximo una reforma del Senado que lo convier-ta en una verdadera Cámara de representación territorial en la que sí deba primar esa representación nacionalista a la que nos acabamos de referir?

Como usted sabe para reformar el Senado es necesario modifi car la Constitución. Y como usted recordará también, nuestra propuesta era modifi car el texto constitucional en cuatro aspectos concretos, entre los que se encontraba la transformación del Senado en una autentica Cáma-ra de representación territorial. Lógicamente, para emprender una refor-ma constitucional es necesario contar con el apoyo del principal partido de la oposición, que se ha opuesto a ello y consecuentemente la reforma no ha sido posible.

En las materias más importantes siempre se habla, a la hora de legislar, de consenso. Mariano Rajoy ha anunciado que suprimiría la asignatura «Educación para la ciudadanía»; ustedes frenaron una modifi cación educativa del Gobierno Aznar… ¿Es sufi ciente el requisito de «la mitad más uno» de la Ley Orgánica que exigen esas materias para hablar de consenso? ¿O sería necesario que en la regulación de materias tan sensibles e importantes como la edu-cación se introduzcan cambios –quizás mayoría de 3/� como en otros ámbitos– para evitar que un cambio de gobierno implique un cambio educativo?

La Constitución establece la mayoría absoluta como requisito para que puedan aprobarse o modifi carse en el Parlamento las leyes orgá-nicas, es decir, las que desarrollan sus preceptos, y no creo que haya que

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modifi car nada en este aspecto. Otra cosa es que, efectivamente, sea muy deseable procurar el máximo consenso a la hora de regular asuntos que conciernen y son básicos para toda la sociedad. Es fundamental escuchar a todo el mundo, intentar integrar todas las posiciones y puntos de vista. Es fundamental el diálogo, la voluntad de alcanzar acuerdos, y mi Gobierno lo ha practicado sin descanso, tanto con los sectores y agentes sociales afectados por cada iniciativa como con los grupos políticos. En el caso de la educación, concretamente, hemos contado con el acuerdo de toda la comunidad educativa, incluso de la enseñanza concertada y los enseñantes religiosos. No era el caso, por cierto, de las leyes promovidas por el anterior gobierno. Es más, era el caso contrario.

Aunque era uno de los «proyectos estrella» del Presidente ¿Era absolutamente necesaria la Ley de «memoria histórica»? ¿No bastaba con exigir un estricto y escrupuloso cumplimiento de las disposiciones internacionales sobre derechos humanos y crí-menes contra la humanidad?

Claro que era una ley necesaria. Lo era porque había situaciones que no habían quedado sufi cientemente reparadas. Y es verdad que tanto la transición como la democracia han hecho una gran labor de rehabilitación y de reconocimiento de derechos, pero aún existían pensiones, como las de orfandad, que podían mejorarse; aún había hijos y nietos de españoles que no podían serlo porque sus padres tuvieron que renunciar a su nacio-nalidad; aún faltaba ofrecer un criterio general en torno a los símbolos de la confrontación y la dictadura; aún había que ayudar a los que quieren dar sepultura digna a sus familiares; aún quedaba por reparar el derecho a la memoria individual y la dignidad personal de muchos españoles que fueron juzgados injustamente por sus ideas, por sus creencias, por todo aquello que la democracia ampara. Esta ley pretende reparar, reconocer derechos, rendir homenaje a las víctimas, a todas las víctimas de la guerra

civil y la dictadura. Es una ley que no va contra nadie y que cualquier demó-crata podría suscribir en todas y cada una de sus líneas.

Para terminar, abordemos dos cuestiones especialmente cercanas a usted. Una es –atendiendo a su currículo– la justicia: La actual polé-mica en torno a los magistrados del Constitucional y las habituales referencias a «jueces del PP» y «jueces del PSOE« (con eufemismos como «mayoría conservadora» mediante), ¿no hace necesaria una profunda reforma del Poder judicial?

Como sabe, la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial corresponde al Congreso y al Senado, que constituyen la repre-sentación del pueblo español. Y, además, para proceder a esta elección se necesita una mayoría de tres quintos, lo que obliga a los grupos parlamen-tarios a llegar a acuerdos amplios. Por supuesto —y le digo lo mismo de an-tes— podemos plantearnos una revisión del sistema si existe consenso para ello, pero a mí me parece que éste es bastante democrático. Lo que no es tan democrático es hacer un uso partidista de las instituciones o, como es el caso, impedir que se produzca el mecanismo que la Constitución esta-blece de la renovación del órgano de gobierno de los jueces. Por tanto, creo que no debemos confundir un sistema correcto con una utilización in-correcta. En todo caso, lo que sí quiero decirle independientemente de esta cuestión, es que el Gobierno ha puesto un enorme empeño en la mejora de la administración de Justicia, en su modernización, en dotarla de más y mejores medios, en apoyar la ofi cina judicial. En defi nitiva, hemos aposta-do claramente por la Justicia, más allá de polémicas de índole política.

La otra, de la que usted siempre ha hecho gala, es el feminismo. Ya hay un buen número de alcaldesas en grandes ciudades e incluso una Presidenta de Comunidad Autónoma ¿Es impensa-ble en España que una mujer tenga posibilidades de alcanzar la presidencia del Gobierno? Para un respeto completo a esa pa-ridad que tuvo en cuenta el Presidente al nombrar a los Minis-tros, ¿debería su partido presentar una candidata a las próximas elecciones generales?

Por supuesto que es pensable que España tenga una presidenta del Gobierno, pero mi partido, que va a presentar, no una sino mu-chas mujeres candidatas en sus listas y en muy buenos puestos, tiene un magnífi co líder que es hombre y que se llama José Luis Rodríguez Zapatero. El Presidente Zapatero es un gran activo político, no sólo para los socialistas, sino para todos los españoles y para todas las españolas. No creo que pueda dudarse de su compromiso con las mujeres, después de lo que él ha hecho por la igualdad de género.

Permítame, para terminar, que envíe un saludo muy cordial a to-dos los lectores de «Lex Nova - La Revista» y que les desee un año nuevo lleno de alegrías y de buenas noticias. Un abrazo fuerte para todos.

Un Estado como el españoldebe ser un Estado cooperativo en el que todas las administra-ciones públicas, cada una en el marco de sus competencias,

tienen que colaborar para solucionar los problemas.