Las Migraciones Contemporaneas Iberoamericanas

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LAS MIGRACIONES CONTEMPORÁNEAS CIENCIA POLíTICA Nº 9 ENERO-JUNIO 2010 ISSN 1909-230X/PáGS. 9-34 El estudio de las migraciones en la Ciencia Política Un intento de sistematización PABLO NICOLáS BIDERBOST MOYANO Investigador del Instituto de Estudios de Iberoamérica, Universidad de Salamanca Junior Visiting Scholar en el Nuffield College, Universidad de Oxford [email protected] [The study of migrations in Political Science. An attempt of systematizing] [email protected]

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investigador del instituto de estudios de iberoamérica,

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resumen

La Ciencia Política ha arribado tardíamente al estudio de las migraciones

internacionales. Otras disciplinas, como la Sociología, la Economía y la

Antropología, han marcado la pauta en relación a cómo entender la complejidad

de este proceso que, en tiempos de la globalización, ha adquirido dimensiones

insospechadas. Lentamente, los cientistas políticos han ido incorporando dentro de

sus intereses temáticos las cuestiones migratorias y han contribuido a la creación de

la aún incipiente teoría sobre las migraciones. El objetivo de este artículo es ofrecer

al lector un intento de sistematización de lo que, hasta el momento, han sido los

puntos de encuentro entre la Ciencia Política y los procesos migratorios.

Palabras clave: inmigración, Ciencia Política, cultura política, integración política.

abstract

Political Science has arrived late, in comparison to other disciplines, to the

research about immigration. These other disciplines (Sociology, Economics and

Anthropology) have defined how this phenomenon must be studied in the current

time of globalization. Slowly, political scientists have added, among their traditional

focus, questions related to immigration and have contributed to create the growing

theory about immigration. The aim of this paper is to offer a kind of systematizing

about the meeting points, until this moment, between Political Science and

migration processes.

Key words: immigration, Political Science, political culture, political integration.

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introducciónLa Ciencia Política ha arribado tardíamente al estudio de las

migraciones internacionales. Otras disciplinas, como la Sociología, la Economía y la Antropología, son las que han marcado la pauta en relación a cómo entender la complejidad de este proceso que, en tiempos de la globalización, ha adquirido dimensiones insospechadas (Sassen, 1999; Koopmams, Statham, Giugni y Passy, 2005). Lentamente, los cientistas políticos han ido incorporando dentro de sus intereses temáticos a las cuestiones migratorias y han contribuido a la creación de la aún incipiente teoría sobre las migraciones (Brettell y Hollifield 2008).

Naturalmente, el primer acercamiento disciplinar a las temáticas migratorias tuvo lugar en el marco de los estudios sobre políticas públicas. Interesaba (e interesa) observar cómo los Estados propician, regulan y definen las distintas aristas de estos procesos. La mirada de los estudios politólogicos, inicialmente puesta sólo sobre la actuación de las institucio-nes políticas de las sociedades de acogida, hoy también intenta descifrar cuál es el desempeño de las instituciones políticas en las sociedades emisoras de inmigración. En la actualidad, no cabe duda de que resulta fundamental la investigación de la dimensión política de las migraciones.

Sin embargo, existen abordajes que desde la Ciencia Políticas pueden realizarse sobre el fenómeno migratorio que aún no han sido lo suficien-temente explotados. Uno de ellos es lo vinculado a los estudios sobre la incorporación cívico-política de los inmigrantes en los Estados receptores y lo que ello implica en materia de modificación del concepto de ciudada-nía. Si bien desde el derecho se ha prestado suficiente atención a ambos tópicos, los cientistas políticos no han invertido suficiente profundidad en su reflexión teórica como renovado impulso en las metodologías aplicadas para su conocimiento. Respondiendo a esta necesidad, poco a poco, las investigaciones sobre cultura política ha comenzado a incluir, dentro de las subculturas que resulta conveniente escudriñar, a la conformada por los colectivos inmigrantes (De la Garza y DeSipio, 1996; González y Morales, 2006; Biderbost, 2007).

El objetivo de este artículo es ofrecer al lector un intento de sistema-tización de lo que, hasta el momento, han sido los puntos de encuentro entre la Ciencia Política y los procesos migratorios. A tal fin, el texto se ha estructurado en cuatro acápites. El primero de ellos pretende hacer men-ción, por un lado, de cómo acontece la inclusión de este tópico en el acervo politológico y, por el otro, de las distintas miradas con las que ha sido asumido. En el segundo, luego de un breve recorrido por la historia del concepto de cultura política, se podrá apreciar cómo los estudios en el área han ido paulatinamente sumando a los inmigrantes entre sus objetos de

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indagación. En un tercer apartado, se hará mención de cómo la academia anglosajona ha investigado sobre cultura política. Finalmente, se presenta-rán unas conclusiones en las que se discutirá lo referido en estas páginas y se insistirá en la necesidad de que estudios de esta naturaleza también sean desarrollados en el marco de la Ciencia Política latinoamericana.

el tratamiento del fenómeno migratorio en la ciencia políticaLa Ciencia Política no ha encontrado sino tardíamente un especial

interés en el fenómeno de la migración. Otras disciplinas, como la Economía, la Sociología y la Antropología, contribuyeron previamente a desentrañar las particularidades de los procesos migratorios y, por tal motivo, los diferentes esfuerzos de teorización sobre las migraciones internacionales se han visto influenciados por sus enfoques teóricos y sus métodos de estudio. Incluso en el caso estadounidense y a pesar de su carácter histórico como sociedad receptora de inmigrantes, los cientistas políticos han llegado con retraso a la incorporación de las migraciones entre sus objetos de investigación1. Puede afirmarse que, recién a fines del siglo XX, la inmigración se convierte en un tópico sistemáticamente abordado por la Ciencia Política norteamericana. La única excepción, como podrá apreciarse más adelante, la han constituido ciertos estudios tradicionales sobre cultura política en los que la presencia inmigrante se filtraba en los análisis que se realizaban sobre los rasgos político-culturales de los diferentes grupos étnico-raciales al interior de la sociedad america-na (Sears, 1975; (Brettell y Hollifield, 2008; Hollifield, 2008).

En el caso europeo, la conversión de tradicionales sociedades mono-culturales (o cuasi-monoculturales) en sociedades inmigratorias, como consecuencia del desarrollo económico posterior a la Segunda Guerra Mundial, condujo a un relativamente temprano interés de la Ciencia Política por esos procesos. La ingente llegada de guest workers y refugia-dos a países como Alemania, Bélgica, Francia, Holanda y Suiza despertó el interés de sociólogos políticos comparativistas que, ya en la década de 1970, pretendían estudiar simultáneamente los rasgos fundamentales de

1. James Hollifield (2008) sostiene que factores históricos y teóricos han influido en este rezago. En relación a los primeros, afirma que la caída en los niveles de inmigración en los Estados Unidos entre la década de 1920 (fin de la tercera oleada inmigratoria) y el decenio de 1970 (comienzo de la cuarta oleada inmigratoria) condujo a un relativo desinterés por este fenómeno entre los investigadores. Consecuentemente, la inmigración no figuraba en la agenda oficial del gobierno federal. Como razones teóricas, apunta que, al coincidir este periodo con la Guerra Fría y la inmigración no afectar decisivamente el balance de poder entre las dos potencias mundiales, los intereses politológicos se encontraban dirigidos hacia otros objetos de estudio.

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estos fenómenos en diferentes sociedades de Europa Occidental. Este pronto despertar del interés de los académicos europeos por estos temas se debió también a que la cuestión inmigratoria fue adquiriendo, paulati-namente, mayor envergadura en la agenda pública (Freeman y Jupp, 1992; Hollifield, 2008; Castles y Miller, 2009).

Con el incremento de los flujos migratorios internacionales durante los últimos lustros de la pasada centuria, la Ciencia Política comienza a preocuparse por ofrecer su perspectiva en el análisis de tales transforma-ciones sociales. Los cientistas políticos creyeron que era oportuno conocer cuál era la relación existente entre el fenómeno de las migraciones y la actuación de los Estados. En otras palabras, se evaluó conveniente, por un lado, cómo el poder político podía erigirse en disparador de estos cambios sociológicos (tanto a nivel de expulsión como de atracción de población inmigrante) y, por el otro, cuál era su comportamiento una vez que las corrientes migratorias se institucionalizaban.

Con el tiempo, se delinearon tres diferentes líneas de investigación a través de las cuales la Ciencia Política ha integrado a las migraciones en su foco de estudio. La primera de ellas tiene por objeto conocer cuál ha sido el comportamiento de las autoridades políticas en materia de control migratorio; es decir, su desempeño en el establecimiento de reglas de ingreso y egreso de población inmigrante (Cornelius, Martin y Hollifield, 1994; Brochmann y Hammar, 1999). El segundo tipo de aproximación pretende estudiar cómo, en el plano de las relaciones internacionales, las migraciones están moldeando el tradicional concepto de soberanía y de qué manera están afectando a la seguridad interna de los Estados (Joppke, 1998; Rudolph, 2006; Hollifield 2008).

En una tercera línea de investigación, los cientistas políticos se encuentran preocupados por profundizar en las características políticas de los procesos de incorporación de los inmigrantes en las diferentes dimen-siones de la vida social (laboral, económica, cívica, cultural, religiosa) en los países receptores. Esta línea de investigación parte del supuesto de que la inmigración modifica los patrones sociales y, al generar estos cambios sociales, respuestas políticas, con lo cual también el sistema político se ve afectado. A tales efectos, se ha procedido a estudiar cuál es la conducta de los Estados (facilitadora u obstaculizadora) en la conversión de los inmi-grantes en nuevos ciudadanos (Schuck, 1998; Brettell y Hollifield, 2008).

En otros términos, podría decirse que esta línea de investigación tiene por objeto conocer cuáles son las características de las políticas públicas de gestión de la inmigración y cómo ellas, dados ciertos rasgos entre los miembros de los colectivos poblacionales, afectan la integración de estos en la sociedad de acogida. La política pública de gestión de la inmigración

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es, consecuentemente, la que define el acceso a la ciudadanía; es decir, los derechos y obligaciones que le serán reconocidos a los recién llegados en la sociedad receptora2. Los cientistas políticos que se enrolan en esta corriente de trabajo pretenden averiguar cuáles son los factores histórico-culturales, económico-laborales y legal-institucionales que influyen en la elección, por parte de los Estados, de un determinado estilo de gestión de la inmigración y, en consecuencia, de los márgenes de ciudadanía reser-vados para los inmigrantes. En tal sentido, en estos estudios se asume que los procesos migratorios activan mecanismos sociales que llevan a modifi-car las concepciones vigentes de ciudadanía en las sociedades receptoras (Koslowski, 1998; Morris, 2002; Cornelius y Rosemblum, 2005).

En esta última aproximación se investiga también respecto a cuáles son los comportamientos de las diferentes instituciones y actores políticos en contra y a favor de la llegada de inmigración masiva. Entre los primeros se encuentran los estudios sobre la irrupción en el escenario político de outsiders (líderes políticos no pertenecientes a partidos políticos tradi-cionales y con un discurso de perfil antipolítico), movimientos sociales y partidos políticos de extrema derecha con propuestas programáticas cuyo eje central es el rechazo de la inmigración. Sobre los segundos se investiga respecto a cuál es la naturaleza de las instituciones y actores que suelen coaligarse para la promoción de la recepción de inmigrantes. Generalmen-te estas alianzas suelen asumir rasgos de strange bedfellow por hallarse

2. La naturaleza del concepto de ciudadanía ha ido evolucionado hacia formas cada vez más incluyentes. En los actuales regímenes democrático-representativos, la condición ciudadana de un Estado puntual se encuentra reservada a todos los miembros de su sociedad, varones y mujeres, nativos o naturalizados, que hayan superado el umbral de la mayoría de edad (límite marcado discrecionalmente según la legislación nacional). En efecto, se encuentran privados del conjunto de derechos y obligaciones que la posesión de la misma acarrea los menores de edad, quienes han perdido tal condición a causa de su incursión en figuras delictivas, y los inmigrantes que aún no han procedido, por motivos personales y/o legales, a la adquisición de la nacionalidad mediante el procedimiento de la naturalización de la sociedad de acogida. Fundamentalmente, respecto a la última de estas situaciones, se han levantado insistentes voces que reclaman, según la jerga weberiana, la desacralización de la relación que existe al interior del binomio ciudadanía-nacionalidad para que el primero de sus componentes pueda abarcar y dar respuesta al número incremental de individuos que, como consecuencia de su involucramiento en procesos inmigratorios, no habitan en su territorio de origen y se hallan imposibilitados de ejercer (parcial o totalmente) los derechos políticos en el sitio en el que se encuentran asentados. En tal sentido, se sostiene que las democracias liberales no logran resolver aún el nudo gordiano que el fenómeno inmigratorio representa debido a que, en su imaginario conceptual, la ciudadanía es emparentada con la nacionalidad (no con otros criterios como la residencia extendida en el tiempo o la expresión de la voluntad en esa dirección por parte del sujeto) (Vallespín, 2005; Zapata, 2005; Solé, 2007; Biderbost, 2009).

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conformadas por miembros que representan, por un lado, intereses de libre mercado (derecha política) y, por el otro, posiciones defensoras de la expansión de los derechos individuales (izquierda política)3 (Gibney, 2004; Givens y Luedtke, 2005; Ivarsflaten, 2005).

Respecto a esta tercera línea de investigación, se ha hablado hasta el momento sólo de estudios en los que la unidad de análisis son las instituciones políticas y actores políticos de cierta relevancia. Sin embargo, a ella pertenecen también estudios que centran su unidad de análisis en los individuos de a pie. A su interior, una sublínea de trabajo in crescendo es aquella dedicada a explicar cuáles son las características demográficas de los adherentes a consignas anti-inmigración expuestas por movimientos sociales y partidos políticos, y de quienes votan en comicios en los que el clivage (o línea divisoria política) se ubica en torno a cuestión migratoria (Givens, 2005; Norris, 2005).

También forma parte de estos abordajes en los que se releva al individuo como unidad de análisis otra sublínea, menos profusa, en la que las investigaciones procuran conocer las diferencias en materia de cultura política y comportamiento político entre nativos y extranjeros, y cómo ellas podrían estar ocultando y potenciando eventuales brechas en la distribución de competencias cívicas entre los individuos pertenecientes a diferentes colectivos poblacionales. Estos estudios indagan, directa o indirectamente, sobre los niveles de integración cívico-política de la población inmigrante (y sus descendientes) en la sociedad receptora (De la Garza y DeSipio, 1996; González y Morales, 2006; Migrant Integration Policy Index, 2007; Biderbost 2009).

Esta sublínea de trabajo enfrenta retos teóricos importantes. La Cien-cia Política aún no ha tratado lo suficiente cuestiones vinculadas a cómo la integración cívico-política de los inmigrantes se encuentra afectada y, a su vez, cómo afecta su integración en las otras dimensiones ya comentadas4.

3. La expresión “strange bedfellow” es utilizada para aquellas situaciones en las que dos posiciones ideológicas supuestamente antagónicas encuentran un punto de contacto. A modo de ejemplo puede decirse que, en relación a la inmigración, ciertos empresarios necesitan de su continuidad en el tiempo para el aseguramiento de la sostenibilidad de sus negocios y, simultáneamente, quienes militan en organizaciones no gubernamentales pro-derechos civiles trabajan por multiplicar las libertades que detentan los recién llegados. Frente a situaciones como la descrita, es posible pensar en alianzas entre ambos sectores que, en otros momentos o frente a otros hechos, resultasen anómalas.4. El estudio del camino desandado por la díada bidireccional “integración de los inmi-grantes-actuación (acción/reacción) del Estado” y cómo ello influye en la definición de ciudadanía ha sido convenientemente abordado por el Derecho. La Ciencia Política sólo se ha acercado a este terreno tímidamente (Vallespín, 2005; Miller, 2008).

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Así mismo, como se dijo, los cientistas políticos han hecho mucho énfasis en conocer las características culturales y socio-demográficas de los miem-bros de la sociedad receptora que reaccionan positiva o negativamente frente a la inmigración. Sin embargo, poco se ha indagado respecto a cuáles son los rasgos cívicos de los recién llegados y cuáles son los factores que podrían estar influyendo en ello5 (Hollifield, 2008; Biderbost, 2010). Para una mejor compresión de cómo la Ciencia Política incorpora a la migración en sus análisis, por favor revisar la Gráfica 1.

la incorporación de la población inmigrante en los estudios sobre cultura política

El presente trabajo se enmarca y tiene por objeto contribuir, desde el ejercicio científico que implica la revisión bibliográfica, al avance en la tradición politológica de estudios sobre cultura política6. A pesar de los problemas asociados a la definición de este concepto, existiría relativo acuerdo respecto a dos cuestiones. En primer lugar, se acepta que la misma versa sobre los complejos mecanismos que vinculan a la vida política (en su plano institucional y en su vertiente asociada a la esfera pública) con el universo conceptual y representacional que, sobre ella, tienen los individuos que pertenecen a una comunidad política7. En segundo término, su historia analítica se encuentra asociada a una tradi-ción científico-cognitiva embebida de la teoría angloamericana sobre la ciudadanía y lo que son sus aspiraciones en relación al carácter saludable

5. Cuando estas investigaciones son desarrolladas en sociedades en las que los inmigrantes tienen derechos políticos limitados (porque no han adquirido la nacionalidad del Estado receptor o por la naturaleza restrictiva de las normas electorales), las mismas son útiles para realizar eficaces diagnósticos de los potenciales (probables) nuevos ciudadanos.Para ver cuál ha sido la estrategia metodológica empleada por el autor de este artículo para el estudio de los factores individuales y ambientales que influyen en las competencias cívicas de los inmigrantes, por favor revisar Biderbost (2010).6. Morán y Benedicto (1995) sostienen que los grandes tópicos en ciencias sociales son aquellos ubicados en las zonas fronterizas entre disciplinas científicas. Las problemáticas asociadas a la cultura política, de acuerdo a su criterio, son consecuencia de ello. En otro artículo, Morán (1999) reconoce que, desde diversas disciplinas, existen un retaceo acentuado a reconocer el carácter transfronterizo de este constructo conceptual.7. En tal sentido, los aportes conceptuales atribuibles a la aproximación teórica de la cultura política cumplen con la función de bridging entre los marcos culturales, psicológicos y sociales de la acción, y las realidades peculiares de los diferentes sistemas políticos. La mayor repercusión de su uso se ha dado en áreas referidas a la reflexión sobre la legitimidad de la institucionalidad política, el papel que articula la opinión pública en los contextos políticos contemporáneos y los hallazgos de los fundamentos de la estabilidad de los regímenes políticos, en general, y democráticos, en particular (Morán 1999).

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que reviste el que las sociedades posean una ciudadanía políticamente activa (Verba, Schlozman y Brady, 1995; Morán, 1999; Inglehart y Welzel, 2005).

Desde los aportes primigenios de Almond y Verba (1963 y 1970) en The Civic Culture, en tiempos de la segunda posguerra, enmarcados en la búsqueda funcionalista de la determinación de aquellos factores económicos, sociales y culturales propiciantes del establecimiento y la estabilidad de los sistemas democráticos, y de la construcción de modelos de desarrollo político que marquen la pauta por la cual sociedades tradicionales abandonan patrones históricos de comportamiento para adquirir características propias de sociedades modernas, el refinamiento conceptual alcanzado en esta subárea temática ha permitido la definición

Gráfica 1El tratamiento del fenómeno migratorio por parte de la Ciencia PolíticaFuente: Elaboración propia (2010)

Ciencia Política

La llegada de inmigración masiva a las sociedades desarrolladas

durante las últimas décadas del siglo XX condujo

a la creación delíneas de

investigación polítológicas

EuropaTemprano interés politológico (1970) por las cuestiones migratorias a consecuencia de: ·Llegada de trabajadores invitados·Inclusión de la temática en la agenda pública. Metodología: análisis comparado.

Estados UnidosTardío interés politológico por las cuestiones migratorias como consecuencia de: · Factores históricos (estancamiento de la inmigración)· Factores teóricos (la inmigración no implicaba una amenaza a la seguridad nacional) Excepción: estudios de cultura política (por raza)

Actuación del Estado en materia

de control (ingreso y egreso)

La migración y su in�uencia en los

conceptos de soberanía y seguridad interna

Incorporación de los inmigrantes

Contribución politológica a la discusión

jurídica sobre la relación entre ciudadanía e inmigración

Estudios sobreintegración

cívico-política de los inmigrantes

Factores que in�uyen en la política de gestión

de la inmigración

Comparación de la cultura política y del

comportamiento político entre nativos e inmigrantes

Características de las instituciones, actores políticos

y ciudadanos a favor y en contra de la inmigración

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precisa de las dimensiones que le deben ser reconocidas a la cultura política como fenómeno8.

Un texto que se ha convertido en bibliografía de consulta sobre la temática en círculos académicos iberoamericanos es La cultura política de los españoles. Un ensayo de reinterpretación (1995). En él, María Luz Morán y Jorge Benedicto le otorgan al concepto de cultura política una estructura multidimensional. De acuerdo a su esquema, la cultura política puede ser capturada empíricamente según la información de la que se disponga en cuatro dimensiones: lo vinculado al individuo-ciudadano como actor, la relación entre el ciudadano y lo político, la imagen que aquel tenga del sistema político y la evaluación que haga de los resultados de la acción institucional. Las primeras dos dimensiones hacen referencia a las que se denominan competencias o activos cívicos de los individuos, mientras que las dos segundas suelen ser exploradas a través de sondeos de opinión pública (Beck y Jennings, 1982; Kittilson, 2007; Biderbost 2010).

Con los matices metodológicos del caso, el abordaje tradicional, en perspectiva histórica, de la cultura política suele realizarse a través de las dimensiones referidas. Gracias a su aplicación, los primeros hallazgos empíricos concluyeron que, a contrario sensu a lo predicado por la teoría angloamericana de la ciudadanía, los individuos carecían de sofisticación política. Aparentemente entendían de manera limitada su participación en la vida política de sus sociedades y no existía evidencia suficiente respecto a que, detrás de sus decisiones políticas, hubiese una evaluación racional de candidatos, partidos políticos y propuestas políticas.

A diferencia del trabajo seminal de Almond y Verba, el desarrollo posterior de los estudios de cultura política estuvo excesivamente centrado en la sociedad norteamericana. Los descubrimientos mencio-nados fueron erróneamente extrapolados para hacer análisis sobre otras realidades políticas y trajeron aparejado el surgimiento de voces que,

8. Si bien la obra The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations de Almond y Verba (1963, 1970) es considerada un hito por el especial tratamiento científico que dispensa al concepto de cultura política, la misma es deudora de lo referido sobre la cuestión por parte de un número importante de autores clásicos (Platón, Aristóteles, Maquiavelo, Montesquieu, Rousseau, Tocqueville y Weber), quienes advertían a las sociedades de su época de la existencia de elementos (descriptos con relativa vaguedad) que componían distintos “caracteres de los pueblos”. Este abordaje filosófico de la cultura política ha sido eminentemente cualitativo. En tal sentido, una de las innovaciones más importantes del trabajo de Almond y Verba radica en su intento de cuantificación del concepto de cultura política. Otra de ellas se vincula con la aplicación de la perspectiva comparada para la detección de los rasgos predominantes de la cultura política en cinco países: Alemania, Estados Unidos, Italia, México y Reino Unido (Inglehart, 1988; Almond, 1998; Rulska, 2005).

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en disidencia con lo aceptado hasta el momento, sostenían que para el normal funcionamiento de los regímenes democráticos, la excesiva movilización de los ciudadanos (como consecuencia de su naturaleza informada) era contraproducente (Huntington, 1968; Butler y Stokes, 1969; Dalton y Klingemann 2007) 9.

No tardaron en aparecer voces opositoras al canon científico en la materia. Las críticas a la generación y tratamiento de los datos previstos por el paradigma tradicional de cultura política han pivoteado en torno a cuatro argumentos10. El primero de ellos hacía referencia a su excesivo psicologismo y la dificultad que encierra la construcción de puentes teóricos entre características individuales y atributos reconocidos a un sistema político en concreto. La segunda gran observación se vinculaba al énfasis que le otorgaron aquellos autores a un modelo ideal de democra-cia, lo que, según algunos críticos, minimizaba la posibilidad de cambio cultural y delataba la presencia de una elevada dosis de etnocentrismo socio-cultural y de desconocimiento de la diversidad cultural al interior de las sociedades.

En tercer lugar, se les reclama el haber incorporado acríticamente el análisis sistémico parsoniano. Por último, en el campo de lo estrictamente metodológico, se le endilga el hecho de haber procedido a la construcción del concepto de cultura política sólo a partir del uso de técnicas de tipo cuantitativo sin hacer mención de sus eventuales limitaciones (Morán y Benedicto, 1995; Morán, 1999; García Jurado, 2006). Para la observación de las críticas que le han sido dirigidas al paradigma tradicional de cultura política, ver la Gráfica 2.

9. Sin embargo, estos primeros hallazgos fueron refutados por otros que permitían concluir que, en realidad, sí existen entre los individuos niveles aceptables de sofisticación política. En tal sentido, Kuklinski y Peyton (2007) reconocen que la evidencia empírica es un tanto esquizofrénica y que ello es consecuencia de que los investigadores no parten de las implicaciones derivadas de las conclusiones a las que se ha arribado en investigaciones previas.10. A pesar de que la concepción predominante en los estudios de cultura política es heredera de los trabajos primigenios de Almond y Verba, debe reconocerse que, de manera paralela a este tipo de estudios (con pretensiones de generalización), existe otra escuela de tradición sociológica, menos reconocida y que no conforma el mainstream académico. también dedicada al estudio de la cuestión. En su caso, lo que se busca es la consecución de un conocimiento más hondo respecto al modo en el que se configuran las culturas, los modos de acción social y las distintas dimensiones que conforman el espacio público. Otra corriente intelectual que se ha acercado, en las últimas décadas, al estudio de la cultura política ha sido el rational choice, el que, conjuntamente con aproximaciones hermenéuticas sobre la temática, se han constituido en grandes promotoras de investigación aplicada sobre el tópico (Welch, 1993; Putnam, 1994; Morán, 1999).

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La supuesta homogeneidad cultural de las sociedades descritas en la primera generación de estudios sobre cultura política se ha visto discutida, en los últimos decenios, por la visualización de la existencia de colectivos poblacionales que se diferencian, por motivos diversos, de las mayorías que tradicionalmente han detentado el poder político en los Estados. Por un lado, la implosión de la antigua Unión Soviética, la consecuente desaparición de muchos de los regímenes que asumían rasgos propios del comunismo real, la irrupción de la tercera ola de democratización y los avances acaecidos internacionalmente en materia de reconocimiento de los derechos de los pueblos aborígenes facilitaron la (re) emergencia de reclamos nacionalistas y étnicos que, prontamente, lograron ser canaliza-dos a través de movimientos sociales y partidos políticos.

Por otro lado, la profundización de las corrientes migratorias desde el mundo en vías de desarrollo hacia los países del Primer Mundo ha provocado el abandono del carácter monocultural de muchas sociedades (europeas y asiáticas) y ha acentuado el carácter poliétnico de las socieda-des anglosajonas de tradición inmigratoria11. La incremental aceptación, por parte de la comunidad científica, de ambos tipos de diversidades ha aparejado la puesta en marcha de investigaciones que tienen por objeto detectar cuáles son las particularidades de la cultura política de

11. Las sociedades anglosajones consideradas destino tradicional de la inmigración son Australia, Canadá, Estados Unidos y Nueva Zelanda. En relación a la actualidad de las corrientes migratorias, no debe dejarse de mencionar a aquellas que acontecen al interior del mundo en vías de desarrollo (como origen y destino). Argentina, Chile, Costa Rica, Malasia, Sudáfrica, Tailandia, Uruguay y Venezuela son ejemplos de sociedades que se han diversificado socio-culturalmente como consecuencia de la llegada de inmigrantes (Kymlicka, 1995; Biderbost, 2009; Castles and Miller, 2009).

Gráfica 2Críticas al paradigma tradicional de cultura políticaFuente: Elaboración propia (2009) en base a Morán y Benedicto (1995) y Biderbost (2008)

Las críticas a la generación y tratamiento de los datos previstos por el paradigma tradicional de cultura política han pivoteado

en torno a estos cuatro argumentos.

Excesivo psicologismo

Etnocentrismo socio-cultural y

desconocimiento de la diversidad cultural

Incorporación acrítica del análisis

sistémico «parsoniano»

Uso exclusivo y acrítico de técnicas cuantitativas

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estos colectivos12. Al mismo tiempo, estas modificaciones de escenario generaron nuevas oportunidades para examinar antiguas teorías, ampliar los alcances del conocimiento y desarrollar nuevas propuestas teóricas (Kymlicka, 1995; Arango, 2005; Dalton y Klingemann, 2007).

En el caso concreto del arribo de los inmigrantes a las sociedades receptoras, tal situación constituye una oportunidad propicia para el estudio de las transformaciones que acontecen en materia de cultura política entre los individuos inmigrados. En tal sentido, se posibilita la obtención de información respecto a la activación de procesos de (re) socialización política y lo que ello implica en términos de configuración de nuevas identidades políticas y de alteración en los esquemas axiológico-político que caracteriza a estos sujetos. Sin embargo, este tipo de investigaciones suele enfrentarse a serios obstáculos de tipo metodológico. Uno de ellos, recurrente, se vincula al hecho de que resulta dificultoso trabajar con muestras lo suficientemente amplias como para lograr abarcar los diferentes matices (demográficos y socio-culturales) que particularizan a los escenarios inmigratorios (Cho, 1999; Diez Nicolás, 2005).

La incorporación de los colectivos inmigrantes como unidad de análisis en los estudios de cultura política viene a responder a la preocu-pación, existente tanto en círculos académico como políticos, sobre sus niveles de integración política en las sociedades de acogida. En los últimos lustros, en los países de inmigración masiva se ha generado una discusión en torno al tipo de ciudadanía deseada para los miembros del colectivo inmigrante que, año tras año, deciden radicarse en sus territorios. La afirmación reiterada acerca de la situación de infraciudadanía (por los derechos políticos que le son negados) en la que se encuentran los inmi-grantes en algunas sociedades receptoras ha obligado, entre otros motivos, a reconducir en esta dirección las preguntas de investigación en el área de la cultura política.

Cada vez son más frecuentes los diseños de investigación que, a través de conceptos propios de la cultura política, intentan proporcionar una especie de diagnóstico de los rasgos ciudadanos (potenciales y actuales) que los miembros de los colectivos inmigrantes poseen13. En este corpus

12. A su vez, debe recordarse que, en este progresivo abandono de la consideración de las sociedades como un todo homogéneo, ha acontecido también un avance relevante en la investigación sobre la cultura política propia de grupos sociales que merecen el calificativo de subculturas. Mujeres, jóvenes, trabajadores, empresarios y miembros de la clase política, entre otros, son frecuentes objetos de estudio en el terreno de la cultura política (Morán y Benedicto, 1995; García Albacete, 2008).13. Respecto a la situación de los inmigrantes, se han levantado insistentes voces que reclaman, según la jerga weberiana, la desacralización de la relación que existe al interior

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se recupera la idea que estuvo presente en el génesis de los estudios sobre cultura política: la implicación cívica por parte de los individuos es positi-va de cara a la elevación de lo que en la actualidad recibe la denominación de calidad de la democracia14 (Ortega y Morales, 2006; Molina y Levine, 2007; Pérez y Desrues, 2007). Para la observación de una síntesis del proceso por el cual los estudios sobre cultura política han incorporado a los colectivos inmigrantes, ver la Gráfica 3.

la literatura anglosajona sobre cultura política e inmigración. un breve resumen

La literatura que desde la cultura política ubica a los colectivos inmigrantes como foco de estudio, producida en los claustros académicos anglosajones, ha sido pionera y ha crecido notablemente en los últimos años15. El propósito último que subyace a estos trabajos es generar evidencia científica y activar procesos reflexivos en relación a cuál es (debe ser) la naturaleza del proceso de integración (o incorporación) política de los newcomers en las sociedades de acogida (Hammar, 1989; Rex y Singh, 2003; Jacobs y Tillie, 2004). García (1987) define a la integración política como: “a process whereby a sense of cohesiveness, membership and attachment for residents of the political community (political values, beliefs, citizen roles)”.

del binomio “ciudadanía-nacionalidad” para que el primero de sus componentes pueda abarcar y dar respuesta al número incremental de individuos que, como consecuencia de su involucramiento en procesos inmigratorios, no habitan en su territorio de origen y se hallan imposibilitados de ejercer sus derechos políticos en el sitio en el que se encuentran asentados (Zapata, 2005; Solé, 2007).14. El concepto de calidad de la democracia hace referencia a los procesos mediante los cuales la población selecciona y controla a sus gobernantes. Su uso implica centrar el análisis sobre los procedimientos establecidos para escoger y controlar gobiernos considerando el contexto social en el que funcionan. En el caso de las sociedades de acogida, se entiende que los inmigrantes, como miembros que son de las mismas y como receptores de exumos del sistema político (políticas públicas), deben poseer las herramientas necesarias para participar (directa o indirecta) en los procesos políticos de toma de decisión. En tal sentido, se juzga necesario que ello suceda incluso antes de su naturalización (conversión en ciudadanos nacionales) y con independencia de la posesión (o no) de los derechos de sufragio activo y/o pasivo (Kymlicka, 1995; Bauböck, 2002; Molina y Levine 2007).15. En el pasado (antes de que la Ciencia Política se preocupase expresamente por los proceso migratorios), por ser la sociedad estadounidense muy diversa, estos estudios no hacían referencia explícita al carácter inmigrante de los individuos estudiados, pero sí remitían indirectamente a su origen inmigratorio familiar. En tal sentido, tales estudios solían y suelen tener un interés por averiguar cuáles son los rasgos de cultura política manifestados entre diferentes grupos étnicos y raciales (Jung, 2006).

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En esta empresa de investigación se pretende básicamente explicar, a través de la presencia de factores (individuales o ambientales), la existencia de determinados rasgos cívicos entre los individuos de origen inmigrante. Generalmente, entre quienes trabajan estas temáticas, se mantiene siempre latente la idea de que la resocialización política que apareja toda experiencia migratoria configura perfiles cívicos diversos (Tam Cho, 1999; Kahne y Middaugh, 2006; Jennings, 2007). Tal acervo bibliográfico puede ser agrupado según la tipología que se detalla a continuación. En primer lugar, son recurrentes los textos que tienen por objeto describir cuáles son los valores cívicos y la identidad política de los recién llegados. El interés por este conocimiento radica, en el caso concreto de los Estados Unidos, en el hecho de que, para ciertos sectores conservadores de la sociedad, la inmigración representa un reto a la persistencia de su ethos colectivo16 (García, 1987; De la Garza, Falcon y García, 1996; Shaw, de la Garza y Lee, 2000; Ramakrishnan, S. y Espenshade 2001; Seltzer y McRee 2005).

16. Suele definirse al credo americano como aquel que sintetiza las principales adhesiones ideológicas que han caracterizado al pueblo estadounidense desde los tiempos genésicos del Mayflower: democracia, capitalismo, liberalismo y protestantismo. Según una encuesta llevada a cabo por el Chicago Council of Foreign Relations, dos tercios de los ciudadanos de los Estados Unidos entienden que los inmigrantes y refugiados implican una amenaza crítica a los intereses del país (Bouton y Page, 2002; Huntington, 2004).

Gráfica 3La incorporación de la inmigración en los estudios sobre cultura políticaFuente: Elaboración propia (2010)

Emergencia de nacionalismos

Desaparición de la Unión Soviética

y del comunismo real

Tercera ola de democratización

Reconocimiento de los derechos de los pueblos aborígenes

La cultura política abandona el supuesto de homogeneidad

en las sociedades

Incremento de los �ujos migratorios globales

Los estudios sobre cultura política comienzan a incluir investigaciones sobre:

(Re) socialización política de los inmigrantesIntegración cívico-política de los inmigrantes

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A su vez, entre los investigadores que han aportado a la empresa dedicada a reconocer los rasgos arquetípicos de la cultura política de los inmigrantes en las sociedades anglosajonas, se encuentran aquellos que han indagado sobre las competencias cívicas que presentan los individuos. Estos activos cívicos hacen referencia a atributos cuya posesión, por parte de los sujetos, se considera valiosa para evitar escenarios en los que se advierta la presencia de desigualdad política; es decir, toda aquella situación en la que el terreno de lo político quede en mano de ciertos sectores sociales en detrimento de otros excluidos cívicamente17. En estas investigaciones, se supone que dicha exclusión es factual y puede manifestarse con independencia de las libertades formales que puedan ser reconocidas, a todos los ciudadanos, por un ordenamiento jurídico puntual (Niemi y Chapman, 1998; Yates y Younnis, 1999; Metz y Younnis, 2005; McIntosh, 2006).

Mientras que en el caso de los dos grupos previos de investigaciones, la búsqueda de generación de información sobre la cultura política de los inmigrantes se centra en lo que son elementos anteriores a su actuación política, es abundante la bibliografía sobre las características que asume el comportamiento político explícito de aquellos. Por un lado, se encuentran los trabajos de investigación que pretenden iluminar respecto al perfil asociacionista que asumen los sujetos de origen no nacional en compa-ración al asumido por sus pares autóctonos. En los mismos, se procura identificar aquellas variables que favorecen u obstaculizan la membresía de individuos de origen inmigrante en asociaciones de naturaleza diversa (socio-cultural, religiosa, deportiva, ambiental, entre otras) (DeSipio, 2006; Rivera, Bada y Escala, 2005; Preston, Kobayashi y Man, 2006; Stoll y Wong, 2007).

Por otro lado, se hallan las investigaciones que pretenden reconocer cuáles son las características propias de los miembros de los colectivos inmigrantes en su desempeño como electores. Estos estudios sobre la participación electoral, al igual que se comentaba para las pesquisas sobre el asociacionismo inmigrante, intentan reconocer cuáles son los factores individuales y ambientales que propician o no el rol activo de estos sujetos en los comicios. (Jackson, 2004; De Francesco y Merilla, 2006; Fraga, García, Hero, Jones, Martínez y Segura, 2006; Bilodeau 2009).

17. Entre las competencias cívicas consideradas valiosas de cara a lo que implican para la normal convivencia democrática al interior de una sociedad dada, se encuentran ciertos valores cívicos: la tolerancia es uno de ellos (Norris, 1999; Zovatto, 2002; Peffley y Rohrschneider, 2007). En tal sentido, en ocasiones, habría cierta superposición entre los objetivos de este tipo de investigaciones y el de las referidas en el párrafo precedente.

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Finalmente, se ubica un quinto conjunto de investigaciones cuyo objeto es generar información sobre la percepción y la evaluación que los inmigrantes poseen (y hacen) sobre las instituciones políticas, actores políticos y el proceso político protagonizado por aquellos. En este, dos elementos suelen encontrarse regularmente. Uno de ellos es la intención de averiguar si los inmigrantes advierten discriminación en el trato que les dispensan las autoridades políticas. El otro se vincula a la pretensión, por parte de los investigadores en la materia, de contrastar las percepciones que el sujeto inmigrante posee sobre la institucionalidad política de la sociedad de acogida con aquellas que posee en relación a idénticos resortes institucionales en la sociedad de origen (DeSipio, Pachón, de la Garza y Lee, 2003; Benjívar, 2004; Schildkraut, 2005). Para observar cómo se vinculan las dimensiones que se le suelen atribuir a la cultura política con el abordaje científico que se realiza para su estudio entre los inmigrantes en las sociedades anglosajonas, ver la Gráfica 4.

conclusionesLuego de años de retraso, en comparación a otras disciplinas, final-

mente la Ciencia Política decidió tomar cartas en el asunto de la investiga-ción sobre cuestiones migratorias. Los avances han sido limitados pero se ha creado una especie de inercia disciplinar que lleva a que, cada vez con mayor frecuencia, haya espacios dedicados en congresos, libros y revistas politológicas a la reflexión sobre la dimensión política de las migraciones.

Gráfica 4Las dimensiones de la cultura política y su abordaje en la población inmigranteFuente: Elaboración propia (2009) en base a Morán y Benedicto (1995)

• El individuo como actor político

• La relación entre el individuo y el sistema político

• La imagen que el individuo posee del sistema político

• La evaluación que el individuo realiza de los resultados de las

acciones institucionales

Dimensiones de la cultura política

(Morán y Benedicto, 1995)

Valores cívicos

Competencias cívicas

Participación cívica(asociacionismo)

Participación electoral

Percepción y evaluación de las instituciones políticas

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No todas las áreas han merecido igual nivel de interés. El estudio de las políticas públicas de gestión de la migración ha primado en detrimento del seguimiento de los procesos de integración cívico-política de los inmigrantes en las sociedades de acogida. Lentamente, esta tendencia esta revirtiéndose y la Ciencia Política expresa mayor preocupación por conocer más detalles sobre el proceso de (re) socialización política por el que atraviesan los inmigrantes y lo que ello implica en materia de transformación de su cultura política.

La academia anglosajona, como otras tantas veces, ha sido pionera en este tipo de abordajes y ha sentado las bases de futuros estudios. En el contexto latinoamericano, los intentos de la Ciencia Política de aproximarse al fenómeno han sido una excepción a pesar de que muchas de sus sociedades son expulsoras de población (Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Paraguay, Perú), receptoras de colectivos inmigrantes (Chile, Costa Rica) o poseedoras, simultánea-mente, de ambos rasgos (Argentina, Brasil, México, Uruguay, Venezuela). Entre otras cuestiones, la complejidad que encierran los procesos de adquisición de la nacionalidad (con los efectos cívicos positivos que ello apareja) por parte de los inmigrantes en determinados países latinoame-ricanos (Brasil y México) y la existencia de cierta xenofobia latente (pero altamente preocupante) en las sociedades de algunos de los tradicionales países receptores en la región, especialmente en el Cono Sur y Costa Rica, obligan a que los cientistas sociales renueven su compromiso intelectual con el abordaje de las implicancias políticas de los procesos migratorios.

Probablemente, los cientistas políticos mexicanos, por la envergadura y tradición histórica de su emigración en los Estados Unidos, sean quienes más han profundizado en la cuestión (Durand Ponte, 2000; Calderón y Martínez, 2003). El carácter histórico de la sociedad argentina como receptora de inmigración también ha posibilitado la generación de cierto trabajo sistemático en torno al fenómeno (Novick, 2005; Domenech, 2008; Gavazzo, 2008). A su vez, debe hacerse mención de la atención que, para ciertos círculos politológicos, ha despertado el hecho de que diferentes constituciones latinoamericanas han incorporado el derecho al voto para los emigrantes residentes en el extranjero. Diferentes estudios han intentado descifrar cuál ha sido la respuesta fáctica, frente a tal posibilidad, de los ciudadanos que conforman el distrito de los llamados “ausentes” del territorio nacional (Espinoza, 2004; Parra, 2006; Sánchez, 2008). A pesar de la relevancia de esta producción bibliográfica, estos abordajes son apenas un pequeño botón de muestra de lo mucho que puede contribuir en el futuro la Ciencia Política latinoamericana a la comprensión de los procesos migratorios intra-regionales.

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Finalmente, debe decirse que la inclusión de la inmigración como objeto de estudio de la Ciencia Política no ha sido empresa fácil. En una disciplina acostumbrada a lidiar en sus análisis con realidades institucionales, no ha sido sencilla la tarea de incorporar la preocupación por la situación de los ciudadanos de a pie. Ello es todavía más dificultoso cuando se habla de individuos que detentan, como en el caso de los inmigrantes, escasos (cuando no nulos) derechos políticos. A pesar de ello, la disciplina ha estado a la altura de las circunstancias sociales y, por ello, son muchos los desafíos teóricos y metodológicos a los que está convocada en el corto plazo para arrojar mayor luz sobre la naturaleza política de los procesos migratorios. En el caso concreto de la Ciencia Política latinoamericana, el camino por recorrer es aún más largo. Este trabajo ha pretendido, modestamente, inspirar a quienes tienen inquietudes en el área a desandarlo.

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Fecha de Recepción: 26/02/2010Fecha de apRobación: 04/05/2010

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¿cómo surgió la españa latinoamericana y andina en once años de migraciones?bases para un esquema explicativo desde el bienestarDav i D roll · Diego leal-castro

profesor titular del Departamento de ciencia política de la universidad

nacional de colombia. Director del grupo de investigación de partidos

políticos (categoría a en colciencias) de la universidad nacional de

colombia y del proyecto de Migraciones iberoamérica soy yo, asociado a

la universidad nacional de colombia y al instituto de iberoamérica de la

universidad de salamanca.

[email protected]

Di ego leal-castropolitólogo de la universidad nacional de colombia.

Miembro del grupo de investigación de partidos políticos de la

universidad nacional en la línea transformaciones del estado

contemporáneo y Migraciones.

[email protected]

[how the latinamerican and andean spain surged regarding eleven years of migration process?]

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resumen

En este artículo se sientan las bases de un esquema conceptual, sustentado

siempre en evidencias empíricas, que busque dar respuesta al gran flujo migratorio

ocurrido entre los cinco países andinos y España desde 1997 hasta 2007. Para

ello la investigación recolectó y analizó información sobre diversos indicadores

socioeconómicos ordenándolos en base a una explicación que privilegió la teoría

migratoria del push and pull.

Palabras clave: migración, bienestar, región andina, España, expulsión y

atracción.

abstract

This paper designed the foundations of a conceptual scheme, always supported

with empirical evidence, which sought to respond to the great migration occurred

between the five Andean countries and Spain from 1997 to 2007. In order to do

that, this research collected and analyzed information on various socioeconomic

indicators and ordered them as part of an explanation that privileged migration

theory of push and pull.

Key words: migration, well-being, Andean Region, Spain, push and pull.

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introducción1

De 1997 a 2007 se presentó un espectacular incremento de la diás-pora latinoamericana y especialmente andina al país ibérico (González, 2000; Urdiales y Ferrer, 2005). Lo anterior dio origen a una España latinoamericana2 y andina, así como a la pregunta básica del presente artículo: ¿por qué ocurrió dicho incremento en el flujo migratorio desde los países andinos hacia España justo durante esos años? De entrada se descartan, en tanto variables explicativas principales, las centenarias conexiones culturales que evidentemente facilitan la inserción de un hispanoamericano en España3. Ello, pues estas han permanecido relati-vamente constantes durante largo tiempo y, por ende, no es lógico que puedan explicar la dinámica migratoria señalada. Ahora bien, aunque en otros trabajos se han mencionado explicaciones desde diferentes enfoques teóricos, especialmente a partir los propios relatos de migración4; el presente artículo se ocupará de la propuesta más aceptada y recurrida en la literatura, la de la “expulsión y atracción” o push and pull (por su nombre en inglés), pero aportando elementos para su análisis con cifras y no suponiéndo como una obviedad, lo que suele suceder.

Queda claro que la finalidad de este trabajo es construir lineamientos teórico-conceptuales sólidos, con sus correspondientes soportes empíricos, que guíen futuras investigaciones orientadas a explicar el pico migratorio señalado. Como se mencionó, dichos derroteros se basarán fundamental-mente la teoría migratoria push and pull. Empero, el presente esfuerzo

1. Los autores agradecen los comentarios realizados por el evaluador anónimo de la Revista Ciencia Política.2. Este término fue presentado por primera vez en el VI Curso de Historia organizado por la Universidad de la Sabana y el Colegio Reyes Católicos en 2009, en la ponencia de David Roll que lleva ese nombre. También fue expuesta por el autor en el Congreso Internacional de Migraciones: “Nuevas realidades, nuevas perspectivas”, realizado por el programa Iberoamérica Soy Yo en la Universidad Nacional de Colombia durante el año 2008. Con él se quiere significar, y de igual forma con el de España Andina, el espectacular incremento del número de personas provenientes de dichas regiones que viven en el país ibérico. Existe una España Latinoamericana de dos millones y medio de personas, y una España Andina que es la mayor parte de la España Latinoamericana.3. Se calcula que seis de cada diez migrantes se desplazan a otro país si en este se profesa la misma religión principal, y que cuatro de cada diez lo hacen si el país de destino habla su mismo idioma (PNUD, 2009).4. Roll, David. “Porque emigran los latinoamericanos a España. De las explicaciones teóricas a las razones personales que se perciben en los relatos de migración”, en Claves de la migración iberoamericana. Libro en proceso de edición por la Universidad de Salamanca y la Universidad de Córdoba, en el contexto del Proyecto de Migraciones Iberoamérica Soy Yo.

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tendrá un ingrediente adicional: vincular la atracción y expulsión, no solamente con aspectos estrictamente económicos, sino también con elementos de corte socioeconómico cercanos al “bien-estar”. Lo anterior puesto que en la presente pesquisa se cree que un fenómeno migratorio de semejante envergadura necesita de un concepto igualmente rico para poder explicarse y, como se verá más adelante, el término bien-estar puede llegar a cumplir con dicho cometido.

Ahora bien, antes de delinear los derroteros teóricos orientados a resolver la pregunta básica de este escrito, es sumamente importante partir de una base conceptual mínima, así como mostrar datos que evidencien la efectiva existencia del pico migratorio que dio origen a la España latinoamericana y andina en el periodo 1997-2007.

aclaraciones conceptualesSe comenzará por definir el agente básico de este trabajo, el migrante,

como un:Individuo que cambió su lugar habitual de residencia ya sea por

haber cruzado una frontera internacional o por trasladarse dentro de su país de origen a otra región, distrito o municipio. Un emigrante es un migrante visto desde la perspectiva del país de origen, mientras que un inmigrante es un migrante visto desde la perspectiva del país de destino (PNUD, 2009, 15)5.

Lo anterior es de vital importancia puesto que aquí no se harán profundas distinciones entre tipos de migrantes, como si ocurre en cierta literatura especializada6. En realidad, y a manera de ejemplo, los migran-tes por razones económicas pueden no diferenciarse en mucho de aquellos que se desplazan por razones ecológicas, así como los migrantes regulares pueden convertirse en irregulares y viceversa:

Los migrantes pueden entrar a la casa por la puerta delantera (habitantes permanentes), la puerta lateral (visitantes y trabajadores temporales) o la puerta trasera (migrantes en situación irregular). No obstante, cuando ya se encuentran en el país, estos canales a menudo se mezclan, como cuando los visitantes temporales se convierten en inmigrantes o caen en situación irregular, los irregulares consiguen

5. Esta definición puede ser distinta de la entendida en las bases de datos estadísticas que recogen información sobre el hecho migratorio en un país o región. Cuando se de un cambio de esta naturaleza, ello será explicitado.6. Según un informe realizado por el CIDEAL (2007), los migrantes se pueden desplazar y clasificar por razones económicas (nivel de renta bajo), políticas (guerra civil), sociales (discriminación) o ecológicas (catástrofes naturales, etc.).

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autorización para quedarse y las personas con estatus permanente deciden retornar (PNUD, 2009, 29).

Pasando a otros conceptos, sociedad o país de origen referirá el lugar de donde proviene el migrante internacional que se traslada a otro país o sociedad con la intención de establecerse allí indefinida o transitoriamen-te, mientras que sociedad o país de destino denotará a aquellos lugares a los que se desplaza un migrante internacional desde otro país o sociedad con la intención de establecerse allí indefinida o transitoriamente (PNUD, 2009:226).

Una vez definido el agente del proceso migratorio, así como los lugares desde y hacia donde él se dirige, es pertinente aclarar conceptualmente el proceso mismo. Al respecto existe cierto consenso en la literatura sobre las dos fuerzas básicas que están presentes en cualquier fenómeno migratorio y que se pueden describir bajo el esquema de “interacción agencia-estructura”, es decir, como una combinación de las decisiones del agente migratorio y de las dinámicas estructurales (PNUD, 2009:13). Estos elementos refieren dos momentos fundamentales: el primero, originado en la decisión de migrar, rara vez totalmente voluntaria, de un agente concre-to; determinación con la que este busca cambiar las circunstancias en que vive y que terminará influyendo en el país de origen y de destino7. De otro lado, el segundo momento se refiere a las restricciones y permisiones del contexto social (estructura) en el que se adoptan dichas decisiones8.

Aclarados los conceptos de migrante, sociedad/país de origen y destino, así como definido de manera sucinta el propio proceso migratorio, el siguiente paso consiste en contextualizar y explicitar la evidencia que muestra la efectiva ocurrencia del pico migratorio ocurrido de 1997 a 2007 entre los países latinos y andinos, por un lado, y España en el otro.

la gran migración andina y latina hacia españa (1997-2007): contextualización9 y cifras

En números redondos, hoy por hoy existen 740 millones de migrantes

7. Ya desde finales de los años noventa, Naïr (1997), al generar el concepto de codesarrollo, daba especial relevancia al migrante como agente concreto, motor del proceso migratorio, productor microeconómico de desarrollo para la sociedad de origen y de destino.8. Se ha de aclarar que el enfoque de interacción agencia-estructura no es exclusivo, ni originario, del campo de estudio de las migraciones. Un ejemplo de ello lo constituye la teoría del capital social de la sociología y politología de cuyo anglosajón que va de Coleman (1988) a Putnam (1993).9. Dicha contextualización se hará en base a PNUD (2009).

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internos frente a 214 millones de migrantes internacionales. De estos últi-mos sólo 70 millones (37%) se han trasladado desde un país en desarrollo a otro desarrollado, el 60% lo hizo entre países en desarrollo y el 3% entre países desarrollados. Los términos “en desarrollo” y “desarrollado” utilizados provienen del índice de desarrollo humano (IDH) construido en el marco del PNUD bajo los derroteros provenientes del enfoque de las capacidades (Sen, 1992).

De manera precisa, el IDH es un índice compuesto que mide: · Niveles de vida dignos: PIB per cápita (PPA10 en dólares). · Niveles educativos: tasa bruta de matriculación (TBM)

combinada en enseñanza primaria, secundaria y terciaria11 y tasa de alfabetización de adultos12.

· Niveles de expectativa de vida: esperanza de vida al nacer13.

Dicho índice arroja valores entre 0 y 1. Los países desarrollados son aquellos que logran valores de entre 0,900 y 1.

Entendido esto, es claro que las anteriores cifras son sin duda reveladoras, pues pueden cambiar la perspectiva inicial que se suele tener sobre la relación entre la emigración interna e internacional, así como de la emigración en sentido Sur-Norte. Sin embargo:

Que los flujos de los países en desarrollo a los desarrollados corres-pondan sólo a una minoría de los desplazamientos internacionales no significa que las diferencias en los niveles de vida no sean importantes. Muy por el contrario: tres cuartas partes de quienes se trasladan a otro país lo hacen a un país con un IDH superior al de su país de origen; entre quienes provienen de países en desarrollo, la proporción supera

10. PPA significa paridad de poder adquisitivo e implica un tipo de cambio que refleja las diferencias de precios entre países y permite hacer comparaciones internacionales del producto e ingreso reales. En la tasa de PPA en dólares utilizada en el informe del PNUD (2009:226), US$1 en PPA tiene el mismo poder adquisitivo en la economía de cualquier país que US$1 en los Estados Unidos de América.11. “Número de estudiantes matriculados en el nivel de enseñanza primaria, secundaria y terciaria, sin importar la edad, como porcentaje de la población en edad escolar teórica para los tres niveles” (PNUD, 2009:227).12. “El porcentaje de personas de 15 años o mayores capaces de leer y escribir en relación con la población correspondiente (el total o un sexo determinado) de un país, territorio o zona geográfica determinada, en un momento específico del tiempo, usualmente a mitad de año. Para efectos estadísticos, una persona es considerada alfabetizada si puede leer, escribir y comprender” (PNUD, 2009:227).13. “Años que vivirá un recién nacido si los patrones de mortalidad por edades imperantes en el momento de su nacimiento siguieran siendo los mismos a lo largo de toda su vida” (PNUD, 2009:224).

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el 80%. No obstante, no siempre se dirigen a países desarrollados, sino más bien a otros países en desarrollo con niveles de vida más altos y/o más empleo (PNUD, 2009:25).

De igual modo, se calcula que actualmente existen cerca de 50 millones de personas trabajando fuera de su país en situación irregular (PNUD, 2009:2-3, 23). Finalmente, las cifras muestran que las personas pobres son las que menos emigran, tanto así que en un país con desarrollo humano bajo, la tasa media de migración es de 1% frente a un 4% en países con mejores niveles de desarrollo (PNUD, 2009:2).

Una vez expuesto el escenario brevemente descrito en los párrafos anteriores, se ha preparado el terreno para mostrar las cifras puntuales del fenómeno migratorio entre España y la región latinoamericana y andina. Pues bien, las mejores bases de datos estadísticos comparables para todos los países andinos sobre flujo migratorio y cantidad de inmigrantes en España las posee el Instituto Nacional de Estadística Español (INE). Dicha información se concentra, fundamentalmente, en dos encuestas distintas. La primera se denomina Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI) y su última versión disponible recoge datos desde 1987 hasta 2007 (INE, 2007). La segunda tiene el nombre de Estadística de Variaciones Residenciales (EVR) y posee un paquete de datos comparables y anua-lizados entre 1999 y 2008 (INE, 2008). A continuación se explicarán y mostrarán las características de dichas encuestas, así como sus resultados más relevantes a la luz de los objetivos de este escrito.

En primer lugar, la ENI, que es la fuente más usada en la literatura sobre migración hacia España, muestra el número de inmigrantes pre-sentes en territorio Español. Aquí las unidades de análisis son los inmi-grantes, quienes son definidos como las personas mayores de quince años que habitan –al momento de la encuesta– una vivienda en España desde hace un año o más. Ahora bien, además del evidente sesgo por edad, esta encuesta tiene otras dos limitaciones fundamentales: sus datos no son anuales sino que están agregados por periodos así: 1987-1991, 1992-1996, 1997-2001 y 2002-2007. La segunda limitación, relacionada directamente a este trabajo, se refiere a que en la ENI sólo tres de los cinco países andinos (Ecuador, Colombia y Bolivia) tienen datos individualizados. Aun así, la ENI posee un conjunto valiosísimo de datos que puede ayudar, en futuras investigaciones, a responder la pregunta básica de este trabajo.

Dichos datos son resumidos en la Gráfica 1, en la que claramente se observa que existió un pico en la diáspora andina y latina residente en España con excepcional vigor para los años 1997 y 2001.

De otro lado, el segundo paquete de datos estadísticos proveniente del

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Instituto de Estadística Español relacionado con el tema migratorio es la Encuesta de Variaciones Residenciales (EVR). Es importante señalar que esta no ha sido encontrada por los autores como base empírica recurrente en la literatura sobre el tema migratorio y, por ende, reseñarla como base empírica para futuras investigaciones es en sí mismo un aspecto positivo. Ahora, volviendo a las especificidades de la EVR, se tiene que la primera de ellas es la unidad misma de análisis; ello pues en dicha encuesta la base no es el inmigrante sino el flujo migratorio, flujo de extranjeros para el caso de este artículo14. En palabras del Instituto Nacional de Estadística Español:

La estadística de variaciones residenciales se elabora por el INE a partir de la explotación de la información relativa a las altas y bajas en los padrones municipales [registro español donde constan las personas que residen en un municipio] de habitantes motivadas por cambios de residencia. Se obtienen así los flujos migratorios anuales tanto los interiores, entre los diferentes municipios de España, como los exteriores (INE, 2007).

La otra gran característica de la EVR es su periodicidad anual. Esta incluye datos comparables entre 1999 y 2008, los que además están discriminados en países (40 en total) y agregados en continentes. De lo anterior se deriva que, con base en la EVR, se pueden tener datos del flujo inmigratorio hacia España de personas provenientes de todos los países andinos. Las Gráficas 2 y 3 son del flujo inmigratorio entre personas nacidas en la región andina y España, y de los continentes con mayor flujo migratorio hacia España, todo ello entre 1999 y 2008:

14. La EVR no sólo analiza el flujo de extranjeros hacia España sino también de españoles que retornan, así como el flujo migratorio interno entre regiones españolas.

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Gráfica 1Número de inmigrantes latinoamericanos en España 1987-2007 según ENIElaboración propia con base en ENI 2007.

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Las Gráficas 2 y 3 muestran claramente que existió un incremento en el flujo migratorio desde América Latina y los países andinos hacia Espa-ña. De igual modo, si se relacionan los datos que sustentan a las Gráficas 1 (ENI) y 2 (EVR), emerge una correlación fuerte y positiva (0,87) entre la dinámica mostrada por la ENI con base en el número de inmigrantes, y por la EVR según el flujo inmigratorio, ello si se compara el promedio de los flujos migratorios mostrados por la ENI entre 1997-2001 y entre 2001-2007 desde Colombia, Ecuador y Bolivia hacia España con los números de la ENI en términos de cantidad de inmigrantes residentes en España para esos periodos y desde dichos países. Lo anterior permite ratificar el hecho de la existencia de una España latinoamericana y específicamente andina construida solamente en diez años de migraciones, así como también dejar

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Gráfica 3Flujo migratorio desde América Latina y continentes más representativos hacia España según EVR (1999-2008)Elaboración propia con base en EVR 2008.

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señaladas estas fuentes, sus ventajas y desventajas, para investigaciones por venir que se orienten a resolver la pregunta guía de este texto y/o las que de ella se puedan derivar.

Dado que el objeto de este artículo es proponer un esquema básico de orden teórico-conceptual que pueda llegar a explicar el pico migratorio arriba evidenciado, y partiendo tanto de los desarrollos conceptuales como de los soportes empíricos hasta ahora expuestos, es viable entrar a concretar los derroteros que pueden constituir dicho esquema: la teoría push and pull y el concepto de bien-estar.

vinculando la teoría de atracción y expulsión o «push and pull» y el bien-estarComo se explicó y explicitó al inicio de este artículo, son varios los

autores que teorizan e investigan fenómenos migratorios a partir de enfo-ques que pueden caracterizarse como de interacción agencia-estructura. Justamente el esquema push and pull se ubica en esa perspectiva (PNUD, 2009:14). Bajo esta óptica, los flujos migratorios se ven como consecuen-cias de ciertos factores estructurales y de largo plazo que ejercen presio-nes centrífugas o centrípetas sobre las personas, fuerzas que las incentivan y/o desincentivan a tomar la decisión de convertirse en migrantes (Garay, 2008:45). El padre de dicha teoría fue Ernest Ravenstein (1885 y 1889), quien más de cien años atrás dejó implícitos los principios del push and pull:

Los puntos de carácter general que merecen ser resaltados de la síntesis de Ravenstein son, a mi juicio, la detección empírica de una serie de características relativas al proceso migratorio, el predominio otorgado a las motivaciones económicas en las migraciones y el uso, por vez primera, aunque de forma implícita, del marco analítico “atracción-repulsión”, así como la preferencia clara otorgada a la primera de estas fuerzas. Las principales omisiones tienen que ver con los mecanismos detonadores que ponen en marcha el proceso, la existencia de oportunidades u obstáculos intermedios entre push y pull, la regionalidad e historicidad de las migraciones y su carácter selectivo (Arango, 1985).

En razón de lo anterior, aun más cuando la teoría push and pull tiene desde sus inicios una clara vocación por arrimar migración y “motiva-ciones económicas”, se propone explotar dicha condición como posible camino para responder a la existencia de la España latinoamericana y andina. Ahora bien, si de construir derroteros se trata, aquí se cree que es de suma importancia perfilar lo económico en un sentido amplio, y para ello el concepto de bien-estar resulta una herramienta muy útil y

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enriquecedora. No se trata, como lo plantea la teoría neoclásica de la migración, de explicar el pico migratorio en el que se basa este artículo por razones de distribución geográfica desigual de la mano de obra y el capital, así como de un consecuente, claro y anticipado análisis costo-beneficio que el eventual migrante realiza en base a dicha distribución. Se busca llegar más allá, partiendo de razones económicas pero a la vez complejizándolas. Por eso aquí se aboga por el concepto de bien-estar. Pero, ¿qué tiene de especial el bien-estar?

Los economistas han debatido sobre dicho tópico desde hace mucho tiempo, generando en el proceso un conjunto de indicadores para intentar medirlo. Tan es así que Bonilla y González (2003:3) recuerdan que “Desde los días del profesor Pigou (1912, 1920), el PIB per cápita ha sido considerado una medida de bienestar”15. Sin embargo, los mismos Bonilla y González, así como los demás autores participantes en la serie bien-estar y macroeconomía16, hacen una continua y convincente referencia que convoca a diferenciar entre bienestar (welfare) y bien-estar (well-being). El primero de dichos términos designa un bienestar estrecho y utilitarista, y el segundo un bien-estar de carácter general (podría decirse socioeco-nómico con énfasis en los social) en el sentido de estar bien (Bonilla y González, 2003:1). Éste último, por lo antes señalado, recoge un conjunto amplio de condiciones relacionadas con el ser y el estar (to be) bien de la persona. De ello se deriva que no todas las dimensiones del bien-estar sean objetiva y directamente observables, lo que da un carácter multi-factorial al concepto. Lo anterior, a su vez, sujeta el bien-estar al modelo teórico por el que finalmente se le entienda, al instrumento estadístico de recogida de datos asociado y obviamente a que cumpla los cánones metodológicos del análisis factorial; el bien-estar entonces se extrae de la realidad empírica, aunque no es directamente observable en ella17. Ésta es, sin duda, una primera y ardua tarea a cumplir en un enfoque que una

15. Se entiende por producto interno bruto (PIB en español o GDC en inglés): “El valor de mercado [y por ello expresado en dinero] de todos los bienes y servicios finales producidos en una país durante un determinado período de tiempo” (Mankiw, 2002:308).16. El Centro de Investigaciones para el Desarrollo de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá, en asociación con la Contraloría General de la República, publicaron entre 2002 y 2007 una serie de informes sobre la situación macroeconómica colombiana y su incidencia en el bien-estar de los habitantes del país. Dichos informes siempre partieron de la distinción analítica entre bienestar y bien-estar que se retoma en este escrito.17. Para una discusión y práctica absolutamente rica y lúcida sobre cómo y por qué abrir conceptos que son esencialmente multifactoriales, así como para entender un método de validación externa de un instrumento de medida de conceptos de este tipo ver la construcción del Barcas realizada en Sudarsky (2001).

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push and pull y las “razones económicas” del migrante en sentido amplio, esto es, el bien-estar.

Evidentemente lo deseable sería explotar el enfoque de push and pull en la forma más amplia posible, esto es, con base en un concepto de bien-estar con un vasto espacio teórico y empírico que le sustente. Aunque la construcción de un esquema de este tipo está por fuera de los objetivos de este escrito, si es dable aportar evidencia que sugiera la vinculación entre bien-estar y migración vía atracción y expulsión en el caso de la España latinoamericana y andina; ello por medio de un análisis de las condiciones socioeconómicas de los países andinos y de España durante el periodo 1997-2007. Lo anterior porque durante el tiempo en que ocurrió el pico migratorio reseñado en este artículo (1997-2007), y todavía más cuando dicho pico se pronunció (1999-2002), los indicadores socioeconómicos de la región andina empeoraron18.

atisbos de bien-estar: indicadores socioeconómicos andinos y españoles (1997-2007)

La descripción de la situación de la región latinoamericana y andina, en términos de indicadores socioeconómicos, puede empezar con el análisis del PIB per cápita, el cual suele ser entendido como una proxy de calidad de vida. Para ello se muestran las Gráficas 4 y 5. En la 4 se eviden-cia el comportamiento año a año de los cinco países de la región andina en términos de su PIB real per cápita. En la 5 se presenta el mismo indicador para el conjunto de la región andina gracias la suma aritmética de los PIB reales per cápita presentados año a año en dichos países.

De las dos gráficas anteriores pueden señalarse dos puntos fundamen-tales: El primero de ellos proviene de la Gráfica 4, donde se evidencia que, fuera de Venezuela, todos los países andinos ostentaron un PIB real per cápita menor en comparación con el conjunto de la región latinoa-mericana para el periodo analizado. Tanto así que, en promedio para la década de 1997 a 2007, un habitante de la región latinoamericana recibió 1.658,07 dólares más que el segundo país con mejor PIB per cápita en la región andina (Colombia) o, lo que es lo mismo, el habitante promedio de Colombia recibió el 60,4% de lo que percibió el habitante promedio de Latinoamérica. Esta brecha se hace aún más amplia si analizan las mismas cifras para Bolivia, el país andino con menor PIB real per cápita,

18. Con lo anterior no se quiere significar que bien-estar e indicadores socioeconómicos sean lo mismo, o que estos sean una medida directa de aquel. A lo que se apunta es a señalar que pueden ser atisbos empíricos básicos, pero sugerentes, de lo podría llegar a reflejar una completa medición del bien-estar.

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Gráfica 4PIB real per cápita de América Latina y países andinos 1997-2007Elaboración propia con base en CEPAL. El PIB real per cápita se expresa en dólares del año 2000.

Gráfica 5Suma aritmética del PIB real per cápita de los países andinos 1997-2007Elaboración propia con base en CEPAL. El PIB real per cápita se expresa en dólares del año 2000.

pues en ese caso la diferencia asciende a 3.156,6 dólares, de manera que un habitante de dicho país recibió el 24,7% de lo percibido por el latinoa-mericano promedio.

En segundo lugar, en términos de las tendencias del PIB real per cápita durante la década analizada, es claro que ningún país presenció un repunte relevante, ello incluyendo a Venezuela, pues a pesar de una evidente recuperación desde el año 2004, en realidad dicho país se enfrentó a una altísima volatilidad en este indicador, tanto así que sólo hasta 2006 recuperó sus niveles de 1997.

Para ver con más detalle la tendencia de la región se creó la Gráfica 5, que suma los niveles de PIB per cápita de todos los países de la región año a año. En esta, la línea punteada de tendencia presenta una forma de “u” extendida con un ajuste bastante alto (R2=0,926), lo cual implica que luego de los niveles alcanzados en 1997, la región presenció una sustancial caída en cuanto a la sumatoria de los ingresos promedio de sus habitantes se refiere. Lo anterior, con dos valles relevantes ocurridos en los bienios

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1998-1999 (años donde ocurrieron las recesiones colombiana19 y ecuato-riana20, el terremoto del eje cafetero colombiano y la dolarización de la economía del Ecuador) y 2002-2003 (tiempos del “corralito argentino” que por su magnitud afectó a la región andina).

A continuación se presentan otras evidencias que tocan directamente elementos socioeconómicos y que también suelen ser usados como proxy de calidad de vida: los índices de pobreza y de pobreza extrema (indigen-cia) en algunos de los países andinos y en la región latinoamericana. En realidad el vínculo entre estas mediciones y el estar bien es bastante lógico y no es necesario profundizar demasiado en ello, pues aquel que tiene menos de un dólar (indigente) o menos de dos dólares (pobre) diarios para vivir, realmente tiene comprometida su existencia misma.

Si se toman los datos disponibles en la CEPAL (sf)21, el comportamiento de la pobreza y de la indigencia para el periodo analizado puede resu-mirse en dos puntos. En primer lugar, es claro que los niveles de pobreza e indigencia fueron terriblemente altos en la región para el periodo aquí analizado. Estos alcanzaron para 2007, el mejor año para todos los países individualmente considerados, valores que fueron desde 54% de personas pobres sobre la población total en Bolivia hasta 25,8% en Venezuela. De igual modo, la pobreza extrema exhibió niveles que alcanzaron entre 8,5% en Venezuela hasta 31,2% en Bolivia.

En segundo lugar, al hablar de los países andinos en comparación con América Latina en general, se tuvo que la pobreza fue sistemáticamente mayor en los primeros que en el subcontinente, lo anterior con la única excepción de Venezuela luego del año 2005. Ello fue igualmente cierto para el caso de la pobreza extrema, aunque históricamente la brecha entre los países andinos y Latinoamérica no ha sido tan marcada, excepto

19. Para una descripción de la situación económica que rodeó la recesión colombiana desde una perspectiva ortodoxa ver Banco de la República (2006). De igual forma, para una descripción y explicación heterodoxa de dicha recesión ver, Moreno y Junca (2007).20. Ver una descripción de la situación económica que rodeó la recesión ecuatoriana en Espinosa (sf).21. Para Perú, las cifras son del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) de dicho país. Los valores a partir de 2001 no son comparables con los de años anteriores, debido al cambio del marco muestral de la encuesta de hogares. De acuerdo con el INEI, las nuevas cifras presentan una sobreestimación relativa, respecto a la metodología anterior, de 25% en la pobreza y de 10% en la indigencia.La pobreza en América Latina se calcula en base a 19 economías: Argentina, Estado Plurinacional de Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Bolivariana de Venezuela, República Dominicana y Uruguay. Disponible en http://websie.eclac.cl/infest/ajax/cepalstat.asp?carpeta=estadisticas.

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respecto del caso boliviano. Reflejo de ello es que en 2006 y 2007, Colombia y Venezuela ya se encontraban por debajo de la tendencia latinoamericana, que en 2007 llegaba al 12,6% de personas pobres en América Latina. Este tipo comportamientos permiten corroborar lo presentado con base en el PIB real per cápita: tanto los países andinos, como Latinoamérica en general, presenciaron entre 1997 y 2007 tiempos de retrocesos en variables proxy de la calidad de vida de sus habitantes respecto de los niveles iniciales de 1997.

Finalmente, en términos del seguimiento a los indicadores socioeco-nómicos de la población andina y latinoamericana, se presentan otros dos conjuntos de atisbos: por un lado una pequeña mención a la situación del coeficiente de GINI22 y, por el otro, un análisis del desempleo. Respecto de lo primero, este parece un indicador importante de las condiciones estructurales que pueden convertirse en un factor de expulsión, tal como lo muestra un reconocido teórico e investigador del fenómeno migratorio para el caso de la concentración de un medio de producción como la tierra (Massey, 1988). De igual forma, es pertinente presentar información de dicho coeficiente pues este es, sin duda alguna, reflejo de una carac-terística estructural de Latinoamérica en general y de la región andina en particular: la desigualdad. Prueba de ello, y según la información contenida el aparte estadístico del informe sobre desarrollo humano de 2009 (PNUD, 2009:209-212), el promedio de concentración de la riqueza de los países andinos para 2007 (52,8/100) sólo era superado por 12 países (6 de estos también latinoamericanos) en una muestra total de 141 países. En ese mismo informe, el GINI en España para 2007 llegó a 34,7/100, es decir, el 65,7% del nivel promedio en los países andinos en ese año. Así las cosas y si la distribución de la tierra genera migración, América Latina y los países andinos fueron y son lugares altamente proponeos a presionar a sus habitantes a migrar.

Pasando al desempleo, este es medido en la CEPAL según la tasa anual media de desempleo. Ver Gráfica 6.

Sobre el comportamiento del desempleo en la región, se pueden señalar dos puntos fundamentales. El primero es la altísima volatilidad de este indicador en todos los países andinos. Evidencia de ello es que al practicar regresiones polinómicas sobre los datos aparecieron ajustes a la tendencia muy bajos (Perú 0,109; Bolivia 0,386; Ecuador 0,424). En segundo lugar,

22. El coeficiente de GINI mide el grado en que la distribución de los ingresos (o del consumo) entre individuos u hogares de un país se desvía respecto de una distribución en condiciones de perfecta igualdad. Para una explicación teórica a profundidad ver, Alker (1975:57-58).

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Gráfica 6Tasa anual media de desempleo países andinos y región andina 1997-2007 Elaboración propia con base en CEPAL.

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América Latina y el Caribe

respecto del comportamiento año a año del desempleo, se tiene que el año 1999 fue de un aumento general del mismo, siendo justamente el peor momento dentro del periodo de estudio. Otros años con desempeños altos fueron 1998 y 2001, con cuatro de seis tendencias negativas. De otro lado, los años 2006 y 2007 fueron de retroceso del desempleo en todos las unidades analizadas, aunque lo que se observa en 2007 es más una conti-nuidad que un recuperación respecto de los niveles de 2006. La conclusión respecto del desempleo en términos de su impacto en la situación socioeco-nómica de los habitantes de la región andina es clara: en términos generales, los ciudadanos andinos estuvieron sometidos a una gran incertidumbre en lo que a estabilidad laboral se refirió, pues lo que predominó en estos años (1997-2007) fue la volatilidad en dicho campo.

Luego de presentar evidencias respecto del PIB real per cápita, la indigencia, la pobreza, el coeficiente de GINI y la tasa de desempleo para los países andinos y América Latina, se pueden resaltar tres hechos recurrentes durante 1997-2007: el primero de ellos es que efectivamente durante estos años la situación socioeconómica, y por ende la calidad de vida de los latinoamericanos, sufrió importantes retrocesos, sobre todo para los años 1998, 1999 y 2001. El segundo, que en general para el año 2007 se presentaban signos de recuperación en los indicadores analizados respecto del año inicial (1997), así como de los años con desempeños generalmente negativos mencionado. El tercero, que los países andinos presentaron, por regla general, indicadores socioeconómicos con niveles inferiores a los de América Latina. Ahora bien, si este conjunto de eviden-cias se toman como posibles atisbos del bien-estar de los habitantes de la región andina, entonces, la sugerencia a la luz de los objetivos del presente

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artículo no puede ser otra más que la siguiente: los atisbos de bien-estar efectivamente disminuyeron mientras la emigración hacia España creció.

Para finalizar este recorrido por los indicadores socioeconómicos y su relación con la teoría del push and pull desde la perspectiva del bien-estar, es pertinente retomar la sociedad de destino de la historia aquí analizada, es decir, España. Para ello se recurrirá al banco de evidencias del Índice de Desarrollo Humano (IDH) medido por el PNUD desde 1980, entendiendo a dicho índice –al igual que en los indicadores antes tratados– no como una medida directa de bien-estar sino como una proxy de calidad de vida y, por ende, como un señal mediata de bien-estar.

Con el fin de realizar el análisis de las tendencias del IDH presentado en España y los países andinos se construyó el conjunto de Gráficas 7 (7, 7.1, 7.2, 7.3 y 7.4). La primera de ellas, la Gráfica 7, resulta ser la más representativa de todas, pues contiene los datos de las tendencias del IDH desde 1980 a 2007. Las leyendas de dicha gráfica muestran las convenciones de las líneas y de las abscisas en esa y las demás subgráficas 7. Como el índice de desarrollo humano es uno de carácter compuesto, se ha decidido mostrar el comportamiento de cada uno de los indicadores que lo conforman.

Las gráficas arrojan en conjunto dos resultados principales. El primero de ellos es respecto de los indicadores del índice23 que presentan mayores diferencias entre España y los países andinos. El segundo en referencia a los indicadores del IDH, en donde existe más cercanía entre todos los países analizados. Así las cosas, el análisis de las Gráficas 7 a 7.4 se ha dividido en dos puntos.

Desde 1980 hasta 2007, España siempre mantuvo un mejor desem-peño respecto de los países andinos en todos los indicadores analizados (Gráficas 7.1 a 7.4), así como en el índice agregado (Gráfica 7). Sin embargo, en los niveles de los indicadores de PIB per cápita, esperanza de vida al nacer y en el índice de desarrollo humano, dichas diferencias son bastante más marcadas.

Para observar las diferencias relativas entre el PIB per cápita de España en comparación con el de los países andinos se construyeron las Tablas 1 y 2, que muestran cuántas veces más ganó un español en pro-medio durante el periodo 1980-2007 (Tabla 1) y durante el periodo en el que este trabajo hace énfasis (1997-2007), periodo para el cual hay datos entre 2000-2007 (Tabla 2). De igual modo se presenta la Gráfica 8, donde

23. Se debe anotar que, tal como se mencionó al inicio del texto, aunque el IDH es un índice, sus componentes son indicadores (p.ej. PIB per cápita) y, por ende, la expresión “indicador del índice” es correcta para este caso.

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33000

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1990

1995

2000

2005

2006

2007

nive

les

de ID

H

Gráfica 7 Índice de desarrollo humano (IDH) de España y países andinos 1980 -2007*

Gráfica 7.2 Esperanza de vida al nacer (años)*

Gráfica 7.1.PIB per cápita (PPA en US$ 2007)*

* Elaboración propia con base en PNUD (2009).

La TBM de Ecuador para 2006 y 2007 es calculada con

base en regresiones.

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Gráfica 7.3 Tasa de alfabetización de adultos*

Gráfica 7.4 Tasa bruta de matriculación*

50556065707580859095

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niv

eles

de

IDH

* Elaboración propia con base en PNUD (2009).

La TBM de Ecuador para 2006 y 2007 es calculada con

base en regresiones.

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Tabla 1 Diferencias entre los ingresos promedio de los españoles y los habitantes de los países andinos 1980-2007 Elaboración y cálculos propios con base en PNUD (2009). El PIB per cápita se expresa en PPA US$ 2007

Promedio PIB per cápita en España

Promedio PIB per cápita en Bolivia

Promedio PIB per cápita en España

Promedio PIB per cápita en Colombia

Promedio PIB per cápita en España

Promedio PIB per cápita en Ecuador

Promedio esperanza de vida en España

Promedio PIB per cápita en Perú

Promedio PIB per cápita en España

Promedio PIB per cápita en Venezuela

6,65

3,60

3,89

3,97

2,29

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aparece el comportamiento del PIB per cápita de España que muestra su tendencia creciente.

Las tablas son concluyentes. El español medio ganó en promedio entre 6,65 y 2,29 veces más que el habitante medio de la región andina entre 1980 y 2007. De igual forma, esa brecha entre la riqueza relativa de los españoles respecto de los habitantes de la región andina, no se recortó en los últimos años sino que por el contario aumentó, situándose para el periodo 2000-2007 en un rango de 7,50 y 2,72.

De lo anterior se infiere que si un potencial migrante andino hubiese tomado en consideración la probabilidad de aumentar sus ingresos al

Tabla 2Diferencias en los ingresos promedio de los españoles y los habitantes de los países andinos 2000-2007Elaboración y cálculos propios con base en PNUD (2009). . El PIB per cápita se expresa en PPA US$ 2007

Gráfica 8PIB real per cápita español 1990-2007Elaboración propia con base en UNECE.

19000

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1990

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1999

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2001

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Mile

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PIB per cápita España

Tabla 2 Diferencias entre los ingresos promedio de los españoles y los habitantes de los países andinos 1980-2007 Elaboración y cálculos propios con base en PNUD (2009). El PIB per cápita se expresa en PPA US$ 2007

Promedio PIB per cápita en España

Promedio PIB per cápita en Bolivia

Promedio PIB per cápita en España

Promedio PIB per cápita en Colombia

Promedio PIB per cápita en España

Promedio PIB per cápita en Ecuador

Promedio esperanza de vida en España

Promedio PIB per cápita en Perú

Promedio PIB per cápita en España

Promedio PIB per cápita en Venezuela

7,70

3,87

4,34

4,32

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migrar entre 1997 y 2007, la economía española le habría permitido cumplir con ese objetivo.

En términos del indicador de esperanza de vida al nacer, las diferen-cias también son notorias. Ello aunque en este campo sí se asistió a un recorte de la brecha entre España y los andinos (excepto en Venezuela) si se comparan los periodos 1980-2007 y 2000-2007. Las anteriores afirmaciones se sustentan en Tabla 3.

Finalmente al comparar los niveles del IDH entre España y los países andinos, se tiene que entre los años 1980 y 2007 España obtuvo un promedio de 0,915; es decir, un IDH “muy alto” en términos del PNUD24, lo que lo convierte en el único desarrollado para este periodo entre las sociedades analizadas, ya que todos los andinos obtuvieron un nivel “mediano” con valores entre 0,795 para Venezuela y 0,662 en Bolivia.

Aunque la brecha entre España y los países andinos se vio recortada por estos últimos para el periodo 2000-200725, puesto que España obtuvo un promedio 0,931 mientras que los andinos obtuvieron valores de entre 0,825 (Venezuela) y 0791(Bolivia), se debe señalar que para los países que obtuvieron promedios más bajos en el IDH de 1980 a 2007 fue más fácil aumentar sus niveles en el segundo periodo (2000-2007) y viceversa. Lo anterior evidencia que a medida que un país aumenta sus niveles de IDH, los cambios positivos en este índice se vuelven mucho más difíciles de conseguir o, en términos un poco más técnicos, existen “costos” marginalmente crecientes cuando de adquirir mayores niveles de IDH se trata. Aquello juega a favor de suavizar las expectativas de dicho recorte en la brecha en términos del IDH, aunque no impide señalar que efectivamente este acercamiento existió. A continuación, en la Tabla 4, se presentan los datos que corroboran las afirmaciones realizadas en este párrafo.En el análisis comparado entre 1980-2007 y 2000-2007 se excluye el desempeño de Ecuador pues este país no presenta valores del IDH para el 2000 y el 2005.

Una vez desglosada la primera gran tendencia del IDH, es posible pasar al análisis de la segunda gran tendencia en este tema.

Desde 1980 hasta 2007, España siempre mantuvo un mejor desem-peño respecto de los países andinos en todos los indicadores analizados (Gráficas 7.1 a 7.4), así como en el índice agregado (Gráfica 7). Sin embargo, en los dos indicadores del componente de educación del IDH, las

24. Para el PNUD, un país tiene un IDH muy alto si está entre los 0,900 en adelante, de igual forma este valor clasifica al país que lo ostente como desarrollado y al que no como país en desarrollo. Un IDH alto está entre los 0,800 y 0,899, uno mediano entre 0,500 a 0,799 y uno bajo entre 0 a 0,499 (PNUD 2009:15).25. En el análisis comparado entre 1980-2007 y 2000-2007 se excluye el desempeño de Ecuador, pues este país no presenta valores del IDH para 2000 y 2005.

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diferencias no son tan marcadas, sobre todo en el indicador de la tasa de alfabetización de adultos (TAA).

Respecto de las tasas de alfabetización de adultos, tal como se evidencia a primera vista en la Gráfica 7.3, los países andinos han venido recortando en alto grado la brecha con España. Dentro de la tendencia a la mejoría en este indicador son casos para resaltar el de Bolivia y Vene-zuela. Tan vigorosa fue la recuperación boliviana que pasó de ser el país con peor desempeño promedio entre 1980 y 2007, a dejar al Perú en dicha posición en el periodo 2000-2007, siendo que inicialmente este le llevaba 18,7 puntos porcentuales a aquel. Finalmente se tiene que la brecha inicial de 1997 en este indicador que era de 15,5 puntos porcentuales entre Espa-ña y el país andino con peor desempeño en ese año (Bolivia) pasó a ser de 8,3 puntos porcentuales entre España y Perú, peor país en este indicador en 2007. A continuación se presentan la Tabla 5 con los datos promedio de cada país respecto de este indicador y su variación comparada.

Ahora bien, respecto del indicador de tasa bruta de matriculación (TBM) mixta, tal como en el indicador antes analizado, Bolivia fue el país con mayor crecimiento, aunque Venezuela, contrario a lo también señalado anteriormente, aparece como el país con el segundo desempeño promedio más bajo tanto de 1980 a 2007 con 71,6%, como de 2000 a 2007 con 77,22%, superando sólo a Colombia, país que obtuvo niveles de 66,55% y 75,9% respectivamente. En este indicador se presenta un segundo

Promedio esperanza de vida España 1980 a 2007 – promedio esperanza de vida Bolivia 1980 a 2007

17,6Promedio esperanza de vida España 2000 a 2007 – promedio esperanza de vida Bolivia 2000 a 2007

15,6

Promedio esperanza de vida España 1980 a 2007 – promedio esperanza de vida Colombia 1980 a 2007

8,4Promedio esperanza de vida España 2000 a 2007 – promedio esperanza de vida Colombia 2000 a 2007

8,05

Promedio esperanza de vida España 1980 a 2007 – promedio esperanza de vida Ecuador 1980 a 2007

7,5Promedio esperanza de vida España 2000 a 2007 – promedio esperanza de vida Ecuador 2000 a 2007

5,7

Promedio esperanza de vida España 1980 a 2007 – promedio esperanza de vida Perú 1980 a 2007

10,1Promedio esperanza de vida España 2000 a 2007 – promedio esperanza de vida Perú 2000 a 2007

7,9

Promedio esperanza de vida España 1980 a 2007 – promedio esperanza de vida Venezuela 1980 a 2007

6,6Promedio esperanza de vida España 2000 a 2007 – promedio esperanza de vida Venezuela 2000 a 2007

7

Tabla 3Diferencias en los promedios de esperanza de vida al nacer entre España y los países andinos 1980-2007 y 2000-2007 Elaboración y cálculos propios con base en PNUD 2009. La esperanza de vida al

nacer se expresa en número de años.

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Promedio esperanza de vida España 1980 a 2007 – promedio esperanza de vida Bolivia 1980 a 2007

17,6Promedio esperanza de vida España 2000 a 2007 – promedio esperanza de vida Bolivia 2000 a 2007

15,6

Promedio esperanza de vida España 1980 a 2007 – promedio esperanza de vida Colombia 1980 a 2007

8,4Promedio esperanza de vida España 2000 a 2007 – promedio esperanza de vida Colombia 2000 a 2007

8,05

Promedio esperanza de vida España 1980 a 2007 – promedio esperanza de vida Ecuador 1980 a 2007

7,5Promedio esperanza de vida España 2000 a 2007 – promedio esperanza de vida Ecuador 2000 a 2007

5,7

Promedio esperanza de vida España 1980 a 2007 – promedio esperanza de vida Perú 1980 a 2007

10,1Promedio esperanza de vida España 2000 a 2007 – promedio esperanza de vida Perú 2000 a 2007

7,9

Promedio esperanza de vida España 1980 a 2007 – promedio esperanza de vida Venezuela 1980 a 2007

6,6Promedio esperanza de vida España 2000 a 2007 – promedio esperanza de vida Venezuela 2000 a 2007

7

España Bolivia Colombia Ecuador Perú Venezuela

Promedio IDH 1980 a 2007

0,915 0,662 0,754 0,757 0,751 0,795

Promedio IDH 2000 a 2007

0,931 0,719 0,793 - 0,791 0,825

Promedio IDH 1980 a 2007 -

Promedio IDH 2000 a 2007

0,015 0,057 0,039 - 0,040 0,030

Tabla 4Promedio de IDH España y países andinos 1980-2007 y 2000-2007.Elaboración y cálculos propios con base en PNUD 2009. En el análisis comparado entre 1980-2007 y 2000-

2007 se excluye el desempeño de ecuador pues este país no presenta valores del IDH para el 2000 y el 2005.

elemento a reseñar: el hecho de que esta sea la única gráfica en que Bolivia no inició siendo el país con más bajo desempeño, y que además en 2007 terminó siendo también el país con el segundo mejor nivel en la región andina, hecho que tampoco aparece en ninguna de las otras cuatro gráficas relacionadas con el IDH. Finalmente se tiene que la brecha entre España y Colombia (el peor país andino en ambos años en cuanto a la TBM se refiere) pasó de ser de 21,3 puntos porcentuales en 1980 a 10,5 en 2007, lo que indica que, en efecto, la brecha entre los andinos y España se recortó en poco más de la mitad.

Puede verse ahora la Tabla 6 con los datos puntuales sobre el compor-tamiento promedio en TBM.

Todos los elementos analizados en la comparación del bien-estar disfrutado por los habitantes de España y de los países andinos muestran claramente que en el país ibérico se vivió un clima mucho más favorable para el disfrute de una existencia cómoda entre 1997 y 2007. Ello, aunque

Tabla 5Promedio de TAA entre España y países andinos 1980-2007 y 2000-2007 Elaboración y cálculos propios con base en PNUD (2009).

España Bolivia Colombia Ecuador Perú Venezuela

Promedio TAA 1980 -2007

96,1 80,6 87,8 88,6 85,7 90,5

Promedio TAA 2000 -2007

97,5 89,7 91,2 91 88,3 94,6

Promedio TAA 1980 a 2007 - Promedio TAA 2000 a 2007

1,45 9,05 3,38 2,3 2,5 3,7

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los datos del IDH y de los indicadores que le componen no reflejaron en general grandes fluctuaciones negativas en los países analizados, pues estos indicadores son medidos cada cinco años, suavizando así las tenden-cias de corto plazo.

Respecto de la pregunta básica de este trabajo, la evidencia recogida apunta a que efectivamente España fue un lugar que ofreció mejores condiciones socioeconómicas, mejor desarrollo humano y, por ende, probablemente, mejor bien-estar para sus habitantes respecto de lo presenciado en la región andina entre 1997 y 2007 y por ello, esta situa-ción podría implicar un incentivo para migrar hacia allí.

Hay que insistir en señalar que todos estos análisis son hechos con anterioridad a la crisis económica que hoy afecta a España. En este sentido, es posible tanto que el retorno sea mayor al esperado, así como que se mantengan flujos migratorios importantes aunque en proporciones meno-res. Esto último ocurrió, por ejemplo, entre Indonesia y Malasia, donde el flujo migratorio del primero al segundo país se sostuvo en el tiempo a pesar de una recesión en la sociedad de destino (Malasia) y de fluctuaciones en las diferencias salariales entre estos dos países (Hugo, 1993).

conclusionesEn este trabajo se mostró que, dado un conjunto amplio de soportes

empíricos que se han denominado atisbos, la teoría del push and pull, retomando las raíces que le vinculan con motivaciones económicas, pero ampliando a la vez dicho espectro al campo del bien-estar, puede ser un esquema que permita vislumbrar si en realidad la España latinoamericana y andina se construyó, fundamentalmente, sobre la base de una dinámica efectivamente expulsora, y otra efectivamente atrayente vinculada esencialmente al mundo de lo económico. Aunque

Tabla 6Promedio de tasa bruta de matriculación entre España y países andinos 1980-2007 y 2000-2007Elaboración y cálculos propios con base en PNUD 2009. En el análisis comparado entre 1980-2007 y 2000-2007 se excluye el desempeño de ecuador pues este país no presenta valores del IDH para el 2000 y el 2005.

España Bolivia Colombia Ecuador Perú Venezuela

Promedio TBM 1980 -2007

89,25 74,15 66,55 74,41 81,82 71,46

Promedio TBM 2000 -2007

95,3 85,42 75,9 - 87,95 77,22

Promedio TBM 1980 a 2007 - Promedio TAA 2000 a 2007

6,05 11,27 9,35 - 6,13 5,76

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ello parezca relativamente claro y directo, no lo es. Tanto la migración como el bien-estar humano son elementos altamente complejos, y lograr investigaciones que efectivamente les vinculen es justamente la apuesta que este artículo espera incentivar.

De hecho, como se mencionó al inicio del artículo, los autores no descartan el valor heurístico que diferentes teorías y enfoques explicativos, muy especialmente aquel que se refiere al papel de los motivos personales que hay al frente de este trasfondo económico (hechos estudiados por el Proyecto de Migraciones Iberoamérica Soy Yo en trabajos de campo realizados por toda España26), tienen en la explicación de la España latinoa-mericana y andina. Sin embargo, las diferencias económicas y de bien-estar parecen ser el factor clave del asunto y por ello se consideró que merecían una reflexión detallada y no una simple suposición no cotejada, como suele hacerse al abordar fenómenos sociales de migración internacional.

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26. Como resultado de estas entrevistas, ver Roll (2008). Pero además se han dictado conferencias sobre el tema en Salamanca, Madrid, Bogotá, Nueva York, Cartagena, Medellín y Barranquilla, en las que se insiste, a partir de lo descubierto en estos relatos, en que si bien el trasfondo económico es cierto, existen una serie de razones específicas individuales motivadoras del acto mismo de emigrar. Estas van desde cuestiones de tipo familiar, sentimental y sicológico, hasta imaginarios personales y colectivos del lugar del destino, o convicciones no siempre fundamentadas sobre la estabilidad política o económica del país de origen, pasando por la simple oportunidad que brindan las redes sociales o la falta de visas y el abaratamiento de los pasajes aéreos, entre muchas otras.

Tabla 6Promedio de tasa bruta de matriculación entre España y países andinos 1980-2007 y 2000-2007Elaboración y cálculos propios con base en PNUD 2009. En el análisis comparado entre 1980-2007 y 2000-2007 se excluye el desempeño de ecuador pues este país no presenta valores del IDH para el 2000 y el 2005.

España Bolivia Colombia Ecuador Perú Venezuela

Promedio TBM 1980 -2007

89,25 74,15 66,55 74,41 81,82 71,46

Promedio TBM 2000 -2007

95,3 85,42 75,9 - 87,95 77,22

Promedio TBM 1980 a 2007 - Promedio TAA 2000 a 2007

6,05 11,27 9,35 - 6,13 5,76

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el voto de los colombianos en el exterior: elecciones entre disfuncionamientos y rebusqueolga l. gonz ález

Doctora en sociología de la école des hautes études en sciences sociales

de parís. investigadora asociada del cidse, universidad del valle y del

laboratorio urmis, universidad de parís 7, Denis Diderot.

[email protected]

[vote of colombian people in host countries. electoral process: between disfunctions and forage]

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el voto de los colom

bianos en el exterior: elecciones entre disfuncionamientos y rebusque olga l. g

onzálezel voto de los colombianoresumen

Este artículo examina el proceso que dio lugar al establecimiento del voto en

Colombia entre los colombianos radicados en el exterior y presenta un marco

de interpretación de las prácticas observadas. A partir del estudio de las

grandes etapas de la ampliación de los derechos electorales de los colombianos

de la diáspora, con el conocimiento detallado del proceso que dio vida a la

circunscripción especial y mediante el examen de los resultados electorales, se

proponen las nociones de disfuncionamiento y rebusque para dar cuenta de los

fenómenos analizados. Se muestra que existen dinámicas de continuidad entre

las prácticas sociales en el país de origen y las que se dan en el exterior. La

combinación de disfuncionamientos y rebusque mina el sentido de las instituciones

políticas y limita el peso político transnacional de la diáspora.

Palabras clave: migrantes colombianos, elecciones en Colombia, abstención,

rebusque, disfuncionamiento institucional, transnacionalismo político.

abstract

This article examines the process that led to the establishment of the vote of

Colombians living in foreign countries, and provides a framework for interpretation

of observed practices. From the study of the major stages of enlargement of the

electoral rights of the Colombian migrants, with detailed knowledge of the process

that gave birth to the ‘special district’ and by examining the election results, comes

the notions of dysfunction and forage to account for the phenomena analyzed. It

shows the existence of a continuity between the dynamics of social practices in

the country of origin and the practices that take place abroad. The combination of

dysfunctions and forage undermines the sense of political institutions and limits

the political clout of transnational diaspora.

Key words: Colombian migrants, Elections in Colombia, Abstention, Forage,

Political transnacionalism, Dysfunctional institutions

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En la medida en que ejercen una influencia sobre las condiciones de vida en el país de origen, las prácticas de los migrantes tales como la participa-ción en las elecciones, la pertenencia a un partido en el país de origen, las contribuciones a las campañas cívicas o monetarias en el país de origen, entre otras, se consideran “prácticas políticas transnacionales” (Guarnizo, 2003).

En este artículo examinaremos una práctica política en particular, el voto a distancia de una comunidad de migrantes, indagando por su carácter de “transnacional”.

Generalmente, los factores que se consideran determinantes para explicar el grado de movilización de los migrantes hacen recaer el peso del análisis en las características sociales y demográficas de las comunidades de migrantes y los procesos y dinámicas que se producen en los países de destino. Bajo esta premisa, se les da prioridad explicativa a factores como la edad, el género, el nivel educativo y social, el tiempo de vida en el país, y la existencia o no de una etnicidad “reactiva” o “linear” (Portes, 1999).

Aunque reconocemos la pertinencia de este tipo de enfoques, nos parece que dan cuenta tan sólo de manera fragmentada de los fenómenos que se examinan. En este artículo, precisamente, intentamos proponer otro tipo de abordaje para la explicación del tipo de movilización política que se produce en la comunidad que estudiamos, es decir los colombianos del exterior.

Consideramos que para comprender el tipo de movilización política en los países de destino, es necesario conocer, igualmente, los tipos de movilización política y el aprendizaje social que se produjo previamente en los países de origen. Bajo este postulado, las relaciones sociales estable-cidas previamente en el país de origen por los migrantes son un factor que incidirá en su forma de inserción social.

En las líneas que siguen mostraremos que para el caso de las eleccio-nes desde el exterior de los colombianos, son notables las dinámicas de continuidad con las prácticas sociales en el país de origen, pero, paradó-jicamente, estas líneas de continuidad invitan a moderar el optimismo democrático. En primer lugar, recordaremos cuáles han sido las grandes etapas de la ampliación de los derechos electorales de los colombianos que residen en el exterior. Enseguida examinaremos en detalle el proceso que permitió darle vida a la circunscripción especial y propondremos la noción de disfuncionamiento para dar cuenta de los bloqueos y obstáculos que observamos. El estudio de la participación electoral de los colombianos del exterior y las elevadas tasas de abstención invitan a dar una respuesta, desde la sociología del actor: proponemos la noción de rebusque para explicar estos comportamientos.

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la elección del presidente a distancia, una institución como respuesta a la crisis

En Colombia, la posibilidad de participar en las elecciones en la distancia es antigua. La ley que permite a los emigrantes ejercer el de-recho al voto para la elección presidencial desde el exterior fue adoptada en 1961, lo que sitúa a este país dentro de los pioneros en materia de reglas de participación electoral en América Latina. Esta posibilidad fue consecuencia del masivo éxodo de colombianos hacia Venezuela, el cual se produjo desde los años cincuenta (Gómez y Díaz, 1983), cuando miles de personas huían de la violencia partidista que azotaba a los campos colombianos.

La introducción del voto fue una “estrategia para cubrir de legitimidad el sistema electoral” (Serrano, 2004). Contribuía a darle una apariencia de legitimidad a un régimen político desacreditado, que había generado una escalada de violencia y que limitaba el ejercicio de la democracia mediante el pacto que estableció el Frente Nacional.

la ampliación de la representación de los colombianos del exterior: un proceso “desde arriba”

La ampliación de los espacios democráticos, treinta años después, se produjo igualmente en un momento de extrema tensión (proceso de paz con los grupos guerrilleros, terror desencadenado por la guerra de los narcotraficantes contra el Estado, descrédito de los partidos tradicionales). En este contexto convulsionado, la Constitución de 1991 buscó reformar el sistema político y ampliar los espacios democráticos, en particular abriendo los espacios de participación y representación en el Senado y en la Cámara de Representantes. La Carta consagró así la posibilidad de que los colombianos del exterior eligieran a los senadores:

Artículo 171º. El Senado de la República estará integrado por 100 miembros elegidos en una sola circunscripción nacional. […] Los ciudadanos colombianos que se encuentren o residan en el exterior podrán sufragar en las elecciones para Senado de la República.

Yendo incluso más lejos en el sistema de representación, la Constitu-ción, que tuvo como fuente de inspiración los principios multiculturales que reconocían la diversidad de la nación, dispuso que habría “circuns-cripciones especiales” para las minorías culturales y políticas. Además de las nuevas curules para los antiguos miembros de las guerrillas, los indígenas y las poblaciones afrocolombianas, se dispuso la creación de una “circunscripción especial para los colombianos del exterior”:

Artículo 176º. La Cámara de Representantes se elegirá en

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circunscripciones territoriales y en circunscripciones especiales. […] La ley podrá establecer una circunscripción especial para asegurar una participación en la Cámara de los Representantes de los grupos étnicos y de las minorías políticas y de los colombianos residentes en el exterior.

Las circunscripciones especiales de tipo étnico no fueron creadas tras un proceso de reivindicaciones vehiculadas por los movimientos sociales o las asociaciones civiles, sino por medio de las presiones ejercidas por algu-nos representantes de los partidos políticos (Peralta, 2005). De la misma manera, la creación de la circunscripción especial para los colombianos del exterior fue obtenida gracias a las presiones de los partidos. Serrano (2004) retraza las etapas del proceso mediante el cual los militantes de Nueva York lograron reunir 5.000 firmas para proponer esta curul.

Por tanto, la promulgación de los dos artículos que instituyeron el voto de los colombianos del exterior para las elecciones legislativas (artículos 171 y 176) se obtuvo “desde arriba”. No se dio, en este proceso, una apropiación del debate ni se produjo una reflexión por parte de las asocia-ciones de migrantes acerca de las posibilidades y las transformaciones que este voto implicaría para la diáspora.

Por otra parte, la promulgación constitucional de estos artículos no bastaba para hacerlos efectivos; era necesario que estas normas se desarrollaran en términos jurídicos y legales para que los migrantes colombianos pudieran comenzar a ejercer su derecho. En lo que respecta a la elección de senadores, por ejemplo, transcurrieron siete años entre la expedición de la Constitución y el momento en que la Registraduría envió las reglas para el voto en el exterior a los consulados colombianos en el mundo (se produjo por vez primera en 1997). En lo que se refiere a la expedición de las normas para reglamentar la circunscripción especial para los colombianos del exterior, los obstáculos recurrentes revelan una situación de disfuncionamiento estructural.

la circunscripción para los colombianos del exterior: disfuncionamientos estructurales

Dieciséis años después de su creación, el balance de la circunscripción para los colombianos del exterior es desolador: las dos únicas veces en que se han producido elecciones para un diputado por esta circunscripción han sido un fiasco. La primera vez fue elegido un candidato que había obtenido la mayoría de sus votos en Colombia. La segunda vez, la elección fue declarada nula por la Corte Constitucional.

Una mirada al proceso que dio vida a la circunscripción para los

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colombianos del exterior nos permitirá identificar las dificultades. Como se puede apreciar en el cuadro sintético, que retraza las principales etapas de la legislación del artículo 176 (ver Cuadro 1), las dificultades se refieren tanto a confusiones relativas a aspectos de fondo (¿se debía permitir un mecanismo de elección nacional o era preferible limitar el derecho de voto solamente a los migrantes?) como a aspectos relativos al procedimiento y competencia para legislar sobre este tema (y por esta razón, hasta el año 2006, todos los colombianos –residieran o no en el exterior– tenían el derecho de elegir al representante de la diáspora).

Cuadro 1Etapas de la reglamentación y de la aplicación del artículo 176

1999: presentación de un proyecto de ley en el Congreso que establece el marco reglamentario de la elección de los cinco diputados de las circunscripciones especiales a la Cámara de Representantes. Dado que se trata de un proyecto de ley “estatutaria”, debe ser examinada previamente por la Corte Constitucional.

2001: veredicto de exequibilidad de la ley que reglamenta el artículo 176 por parte de la Corte Constitucional. Afirma la Corte que las circunscripciones especiales tienen un carácter “nacional”, es decir que el conjunto de los colombianos podrá votar por los candidatos que se disputen las curules.

2002: elecciones legislativas para la Cámara de Representantes. La tasa de participación de los colombianos del exterior es muy baja.

Julio de 2005: el Congreso vota una modificación del artículo 176 de la Constitución. En adelante, los candidatos de la circunscripción “internacional” serán elegidos únicamente por quienes residen en el exterior.

Diciembre de 2005: el Congreso vota una modificación del artículo 176 de la Constitución. La ley prevé nuevas disposiciones que permitirán asignarles más curules en el Congreso a los colombianos del exterior, habida cuenta de los datos del censo.

2005: publicación del decreto del gobierno que reglamenta el artículo 176.

2006: elecciones legislativas. El tarjetón de la circunscripción “ internacional” se les distribuye al conjunto de los ciudadanos, residentes o no en el exterior. Sin embargo, se contabilizan como válidos únicamente los votos emitidos en el exterior. La tasa de participación es, de nuevo, muy débil.

2006: la Corte Constitucional declara ilegal la elección, ya que los decretos de aplicación de la ley son calificados como inconstitucionales. El alto tribunal le pide al Congreso anular la elección del diputado de la circunscripción especial.

Agosto de 2008: El diputado de la circunscripción internacional mantiene su curul en la Cámara de Representantes.

Creemos que la noción de disfuncionamiento es útil para comprender los bloqueos o las perversiones de la institución de la circunscripción especial para los colombianos del exterior. El término, que se refiere a “las prácticas contrarias a los principios enunciados” (Schiff, 2004), da cuenta de las dificultades que encuentra el sistema político para elaborar leyes, reglas y procedimientos que se apliquen efectivamente. En el caso de la circunscripción especial, el hecho de que el Congreso se haya

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tomado ocho años para legislar sobre ella o que la Corte Constitucional haya interpretado el artículo 176 en contradicción con la intención de los legisladores, constituyen ejemplos de la inadecuación de las prácticas con los principios. Pero los disfuncionamientos se refieren igualmente a otro tipo de dificultades, como son los vaivenes de los procedimientos, la inadecuación de la ley con los principios o las inconsistencias.

De manera más general, los disfuncionamientos son patentes en varios ámbitos del sistema político, electoral y jurídico colombiano (García Villegas, 1994). De ahí que prefiramos esta noción, pertinente para describir situaciones de bloqueo como las que hemos descrito, que la idea más vaga de “debilidad del Estado” (Pécaut, 2003). La noción de “dis-funcionamiento” contiene la idea de que las instituciones, organizaciones y códigos se desvían de su sentido original, en vez de considerarlas como estructuralmente débiles. De hecho, las instituciones colombianas tienen una tradición (la misma que le hace decir a un historiador que “Colombia es una veterana entidad política”); algunas de ellas tienen presupuestos muy confortables (es el caso, por ejemplo, del Ejército y de la Policía), y emplean a un número importante de personas.

El caso de la circunscripción especial muestra, asimismo, que existe una serie de instituciones del Estado con la capacidad y la posibilidad de apropiarse y ejecutar las disposiciones del artículo 176: el Congreso, las Cortes, los consulados… Ahora bien, cuando sobrevienen los disfunciona-mientos, se llega al bloqueo del sistema político, y si estos se producen de manera sistemática o en gran escala, pueden vaciar a las instituciones de su contenido o atentar contra su legitimidad.

elecciones transnacionales sin participaciónLos resultados electorales de la participación política internacional

deben ser examinados en el contexto más amplio de la participación política en Colombia. La débil participación electoral es una característica general de las elecciones en Colombia. Comparado con el resto de los países de América Latina, la tasa de participación es una de las más bajas (y la existencia del voto obligatorio en la mayoría de los países –salvo en Co-lombia– es un factor que incide probablemente en estos guarismos). Como fuere, según la medida tradicional de la abstención (cálculo de los votantes con respecto al número de inscritos en las listas electorales), se observa una participación muy baja para la elección presidencial de 2006: 55%.

Otra medida, la que toma en cuenta a la totalidad de los posibles electores, es decir, la población en edad de votar, da una abstención aún más elevada: 58% (ver Anexo). Por esta razón, consideramos que el sistema electoral tiene un débil apego por parte de los colombianos:

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la mayoría de los ciudadanos no vota (en este sentido, las elecciones del 2006 no fueron excepcionalmente abstencionistas, sino que confirman la tendencia histórica). Quince años después de la promulgación de la nueva Constitución y treinta años después del fin oficial del cerrado régimen bipartidista, la práctica electoral no ha calado entre los colombianos.

En tal entorno, es previsible que el comportamiento electoral de los emigrantes tenga una tendencia abstencionista, cuya medida figura en el Cuadro 2. Como se aprecia, el nivel de abstención para elegir al presiden-te, calculado con respecto al número de migrantes en edad de votar, es de 96% en promedio para los 45 años de vida de la institución, y esta elevada tasa de abstención no presenta una tendencia a la baja.

Cuadro 2Abstención de los emigrantes colombianos durante las elecciones presidenciales (con respecto al número de migrantes en edad de votar)

AñoNúmero de votantes (a)

Estimación del número de migrantes (en miles) (b)

Estimación del número de migrantes en edad de votar (en miles)= 0,95xb (c)

Nivel de la abstención (%)= 100x(1-a/c)

1962 3.227

1966 10.847

1970 16.572 263,8 250,6 93%

1974 25.485 392,1 372,5 93%

1978 20.267 582,7 553,6 96%

1982 56.770 743,8 706,6 92%

1986 26.379 815,4 774,6 97%

1990 16.996 893,9 849,2 98%

1994 (2 vuelta) 20.630 1.067,3 1.014,0 98%

1998 (2 vuelta) 27.994 1.274,4 1.210,7 98%

2002 106.931 1.862,3 1.769,2 94%

2006 121.155 3.331,0 3.164,5 96%

Fuente: Cálculos efectuados por la autora a partir de las siguientes fuentes: Registraduría Nacional

del Estado Civil, Censo Nacional de Población y bases de datos del censo de la CEPAL.

Esta situación se manifiesta de manera palpable cuando se observa el comportamiento electoral con respecto al representante más cercano de la diáspora, aquel que representa los intereses de los migrantes en la Cámara: la participación electoral de los migrantes en la elección de la circunscripción internacional es aún más baja.

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En las dos elecciones que se han realizado, la participación de los migrantes colombianos ha sido insignificante: votó cerca del 1,5% de los adultos de la diáspora (Ver Anexo). En el año 2002 hubo alrededor de 26.000 votantes para un poco menos de 1,8 millones de electores potenciales. En el año 2006, votaron 37.000 personas, para un estimado de 3,1 millones de electores potenciales. Notemos que el desinterés político de los colombianos ha sido anotado por los trabajos realizados en los Estados Unidos, en donde se ha notado que el nivel de participación en la vida política de este grupo es muy inferior al de los grupos dominicano y salvadoreño, y que sólo quienes militan tienen una práctica política constante (Guarnizo, Portes y Haller, 2003).

Pese a la antigüedad de la institución, los migrantes no ejercen el derecho al voto. Pensamos que esta débil participación no se le puede imputar únicamente a los obstáculos técnicos, como puede ser la dificultad para acceder físicamente a los puestos de votación en los consulados. Una abstención tan importante y tan antigua nos parece más bien el traducir de un sentido peculiar con respecto al voto y con respecto la política del país de origen.

el “rebusque” o la respuesta del individuo frente a los disfuncionamientosLa existencia de disfuncionamientos en el caso del voto a distancia

no es un fenómeno aislado; estos son persistentes en el sistema electoral colombiano. Una muestra de ello es el alto número de votos nulos y en duda en las elecciones que se llevan a cabo dentro de las fronteras del país: en las elecciones de 2006, el 15% de los votos fueron nulos o correspondían a tarjetones que no habían sido marcados (sin contar con los votos en blanco, que fueron alrededor del 2% en estas elecciones). Por su parte, el procurador de la República consideraba que más de un millón de votos estaba “en entredicho”:

Por presuntas irregularidades en el conteo que realizaron los jurados de votación, ayer el procurador general, Edgardo Maya Villazón aseguró que por lo menos 1,3 millones de votos se encuentran en entredicho. El pronunciamiento de Maya Villazón se basó en informes que tiene el Ministerio Público, en los cuales se advirtió que durante el proceso de escrutinio se presentó, por parte de los jurados, el fenómeno de doble contabilización de votos.

Los disfuncionamientos no son marginales o esporádicos; son centrales y permanentes y caracterizan el sistema electoral en su conjunto. La pregunta es cómo conciben la política los individuos en un sistema que presenta tal nivel de disfuncionamientos. ¿Cuáles son las consecuencias,

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desde el punto de vista de las prácticas individuales, de estas situaciones sobre las que hemos llamado la atención?

La noción de rebusque (González, 2008b) permite aprehender las estrategias que los individuos despliegan en un contexto determinado. La noción traduce cierta relación a la ley y, de manera más amplia, cierto tipo de relación con las instituciones. En la estrategia del rebusque, el individuo busca obtener resultados o ganancias situándose por fuera de la esfera del derecho y del marco institucional. No lo motiva el respeto de la ley y posee una consciencia débil, o incluso nula, de sus deberes. De la misma forma, tiene poca conciencia de sus derechos y no espera nada de ellos. Siguiendo esta lógica, el individuo no acude a la ley. Considera esta bajo una perspectiva utilitarista y a menudo opta por la utilización de otro tipo de mecanismos.

Tres ejemplos permiten ilustrar las prácticas de rebusque y su alcance. En el caso de la circunscripción especial para los colombianos del exterior, dicha estrategia fue utilizada por el candidato en 2002, que aprovechó las ambigüedades de la ley, haciéndose elegir con votos obtenidos por dentro de las fronteras nacionales. De esta forma, de los 8.772 votos que permitieron la elección del diputado Jairo Martínez, tres cuartas partes fueron obtenidas en el territorio colombiano. En este caso, el individuo actuó dentro de la legalidad, pero empleó la ley desviándola de su espíritu.

Pero más interesante resulta descubrir que el rebusque es una estrategia que el poder no duda en emplear: esto precisamente fue lo que se produjo en el año 2005, cuando el gobierno emitió un decreto abierta-mente ilegal para decretar las reglas electorales (en efecto, acorde con la legislación colombiana, las disposiciones relativas al voto deben tener un control constitucional previo). ¿Por qué el gobierno actuó ilegalmente? La respuesta más probable es que fuera consciente de que la declaración de inexequibilidad de este decreto se produciría después de las elecciones y que por ende sería fácil no tener en cuenta el veredicto de la Corte Constitucional (Urrego Ortiz, 2005).

El tercer ejemplo de rebusque se encuentra en la actitud del Congreso después del veredicto de anulación por parte de la Corte Constitucional: hasta agosto de 2008, el Congreso ha ignorado la sentencia, situándose por fuera de la esfera del derecho. El no cumplimiento de las decisiones de los más altos tribunales no es algo excepcional; incluso, a veces la Corte Cons-titucional emite comunicados de prensa solicitando que sus decisiones sean acatadas. En el caso de la circunscripción especial, el presidente de la Corte Constitucional le pidió expresamente al Congreso respetar la ley:

Preocupado por el hecho de que el Legislativo no cumpla la sentencia que dejó sin piso jurídico la elección del representante a la

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Cámara por las comunidades colombianas en el exterior se declaró el presidente de la Corte Constitucional, Jaime Córdoba Triviño.

El jurista dijo en La W que a la corte le preocupa el hecho de que el Congreso no haya dado cumplimiento a la sentencia que anuló la elección de Manuel José Vives como representante a la Cámara por los colombianos en el extranjero.

En ocasiones, la Corte toma medidas drásticas para que sus decisiones sean acatadas, por ejemplo, persiguiendo en justicia a los altos funciona-rios que desacatan sus dictámenes (un caso reciente se refiere al tema de atención al desplazamiento).

El sistema político se caracteriza, en suma, por la coexistencia de disfuncionamientos (cuando analizamos las acciones desde “arriba”) y de rebusque (en el nivel de las acciones individuales). Existen relaciones de interdependencia entre estos dos niveles de la acción. El rebusque produce disfuncionamientos, pues en última instancia son los individuos quienes moldean las instituciones. A su vez, estos disfuncionamientos generan rebusque, pues las instituciones se perciben únicamente bajo una dimensión instrumental y no como la emanación de un orden social general.

el desinterés electoral, una consecuencia del rebusqueLa no apropiación por parte de los colombianos de la diáspora de

mecanismos avanzados de representación transnacional debe ser relacio-nado con el funcionamiento habitual de un sistema en el que se conjugan los disfuncionamientos y el rebusque.

Una de las consecuencias del rebusque es el hecho de que el individuo no tome en cuenta sus derechos y no busque hacerlos valer. El estudio de las consecuencias del rebusque entre los migrantes de los países andinos en Francia en el campo de los derechos sociales muestra que la defección y el desinterés con respecto a sus derechos sobrevienen de manera usual (González, 2005). En el sistema electoral, la defección se convierte en abstención. En buena medida, esta es el síntoma del desinterés por la cosa pública. Por esta razón, las aproximaciones bajo el enfoque del actor racional nos parecen adecuadas en esta materia para explicar las opciones de los individuos.

Bajo esta perspectiva, lo que está en juego en las elecciones no es suficientemente importante para generar una movilización. Las ganancias que obtendrían los individuos no se ven, y no es la idea de un bien común o la esperanza de que las cosas cambien por esta vía las que impulsan la movilización. Nuestra experiencia en el trabajo de campo (entrevistas

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realizadas durante el trabajo doctoral con colombianos residentes en Francia y en España) muestra que muy pocos colombianos saben que existe una circunscripción especial; entre quienes la conocen, son pocos los que le ven alguna utilidad o los que saben el nombre de alguno de quienes la ha ocupado.

La abstención no es un modo de protesta contra los disfuncionamien-tos del sistema (como puede ser el caso del voto en blanco). La abstención traduce un desinterés hacia las elecciones y, más ampliamente, hacia las instancias de representación democrática e incluso de la cosa pública. Las peripecias de la puesta en marcha de la circunscripción especial para los colombianos de la diáspora no es un tema que discutan los migrantes o sobre el que tomen posiciones. Un hecho como la anulación de la elección del último candidato es totalmente ignorado por los migrantes colombia-nos –incluso por los militantes en el exterior– y por la opinión en general.

Este desinterés se percibe igualmente en la ausencia de debates públi-cos alrededor del tema de la representación internacional. En este sentido, estamos muy lejos de las animadas discusiones acerca de la promulgación del voto de los migrantes que se dio en México (Le Texier, 2003).

conclusiónEl estudio de las prácticas electorales de los migrantes colombianos

que hemos realizado en este artículo muestra que estos movilizan recur-sos sociales que les son propios. Tienen un determinado tipo de relación con las instituciones y despliegan estrategias que habían aprendido y elaborado en su país de origen. Todo esto confirma la idea de que se da una transmisión de las prácticas sociales. En concreto, la estrategia del rebusque, la débil participación electoral, el desinterés con respecto al proceso político y la relación distante con las instituciones políticas por parte de los migrantes colombianos se inscriben en la continuidad de las prácticas nacionales.

En otros aspectos de la vida política se han observado manifestaciones de desinterés entre los migrantes colombianos. En Estados Unidos, por ejemplo, su participación en la vida política es muy restringida (Guarnizo, Sánchez y Roach, 1999). De igual forma, un estudio sobre las acciones que se realizan en el exterior por la defensa de los derechos humanos en Colombia muestra que estas no son el resultado de la movilización de los migrantes colombianos, sino el producto de la acción de organizaciones de base en Colombia o de militantes europeos (González, 2008c).

Paradójicamente, los derechos políticos de los colombianos del exterior hacen parte de los más desarrollados y antiguos en América Latina. Además de votar para elegir a su presidente desde 1961, se estableció la

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facultad de elegir los representantes al Senado y a la Cámara de Repre-sentantes. El optimismo democrático que suscita la existencia de estas instituciones ha de moderarse, sin embargo, habida cuenta del contexto que hemos descrito.

Pero no basta con que la comunidad tenga un peso demográfico importante ni con que se hayan promulgado los derechos políticos para que emerjan nuevas prácticas políticas. En cambio, los elementos propios a la sociedad de origen deben considerarse como un factor de peso para entender estas prácticas.

En este punto, la pregunta consiste en saber bajo qué circunstancias la participación electoral de los migrantes podría volverse auténticamente transnacional; es decir, de qué manera las comunidades de migrantes en el exterior podrían implicarse más activamente en los debates y en las discusiones políticas de su país de origen.

¿Es sensato pensar que los colombianos de la diáspora se apropiarán de las instituciones y mecanismos electorales? ¿Es posible que el peso económico de estos migrantes se traduzca en una mayor visibilidad política? ¿Acaso los colombianos del exterior no están organizados en comunidades? ¿Qué tanto se incrementará o se acortará la distancia entre la estrategia de la reivindicación y la estrategia del rebusque?

Creemos que la tendencia histórica, abstencionista, despolitizada y desconfiada con respecto a las instituciones, no se invertirá en un futuro próximo. En cambio, una hipótesis plausible es que el involucramiento de los migrantes en la vida política de sus países de origen los hará más reivindicativos. La irregularidad, el acceso a los derechos sociales, la marginación, la xenofobia y otros problemas que los aquejan directamente, podrían dar lugar a tomas de conciencia y a movilizaciones, tanto en los países de acogida como en los países de origen. En este caso, se produciría una real apropiación de la política.

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anexosAbstención con respecto a la población en edad de votar en la última elección presidencial en Colombia

AñoNúmero de votantes (en millones)

Población en edad de votar (en millones)

Nivel de la abstención (%)

2006 11.864,4 28.656 58%

Abstención (con respecto al número de migrantes en edad de votar para las elecciones legislativas en la Cámara de Representantes) entre emigrantes colombianos

AñoNúmero de votos (en miles) (a)

Número de migrantes (estimación en miles) (b)

Número de migrantes en edad de votar (estimación en miles)=0,95xb (c)

Nivel de la abstención (%)=100x(1-a/c)

2002 25.900 1.862,3 1.769,2 98,5%

2006 37.176 3.331 3.164,5 98,8%

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Fecha de Recepción: 23/03/2010Fecha de apRobación: 07/05/2010

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angél i ca Durán-Mart ínezMa en estudios latinoamericanos y del caribe, new york university.

candidata a doctorado, departamento de ciencia política, brown

university.

[email protected]

[crossing borders: political transnationalism among Dominican new yorkers]

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resumen

Este artículo analiza la participación simultánea de los migrantes Dominicanos

en elecciones de los Estados Unidos y de la Republica Dominicana en 2004 y

los esfuerzos de campaña de políticos dominicanos y estadounidenses como

manifestaciones de transnacionalismo político. Usando evidencia de las propuestas

de campaña y datos electorales del Distrito Electoral 72 en Nueva York, sostengo

dos hipótesis que contribuyen a entender algunas de las formas de participación

política complejas y no tradicionales que involucran a comunidades migrantes.

Primero, el transnacionalismo político de los dominicanos, definido aquí

como aquellas actividades que electores y políticos llevan a cabo en diferentes

países simultáneamente, está aumentado al interior de la comunidad migrante

Dominicana. Este fenómeno se manifiesta en la participación simultánea de los

migrantes en elecciones de sus países de origen y destino, y también en el notable

esfuerzo de los candidatos por hacer campañas que cruzan fronteras. En segundo

lugar, la lealtad hacia una nación no es una precondición necesaria para que exista

participación electoral simultánea. Tal participación es más bien el resultado de

la expansión de la comunidad dominicana migrante, así como de la creciente

preocupación de los migrantes por sus condiciones de vida. Esta hipótesis tiene

importantes implicaciones en nuestra forma de entender las consecuencias de la

doble nacionalidad y del derecho de los migrantes a votar desde el exterior. El

articulo concluye sugiriendo que el concepto de trasnacionalismo es crucial para

entender las prácticas políticas tan novedosas que están ocurriendo al interior de la

comunidad migrante dominicana. Sin embargo, la idea de lealtad hacia una nación

que es asociada frecuentemente con el concepto de trasnacionalismo no contribuye

a entender las principales motivaciones que tienen los migrantes para participar

electoralmente. Planteo que es crucial entender cómo la marginalidad económica

de los migrantes, más que su lealtad a una nación, se convierte en un factor de

movilización electoral.

Palabras clave: transnacionalismo, migracion, lealtad, participación política,

migrantes dominicanos.

abstract

This paper analyzes the participation of Dominicans in elections in the United

States and the Dominican Republic in 2004 and the campaign efforts of

Dominican and US politicians as a manifestation of political transnationalism.

Using evidence from campaigns and electoral data of the 72nd Assembly District

in New York, I present two hypotheses that advance the understanding of the

complex, non-traditional practices of political participation that involve migrant

communities. First, political transnationalism, defined as the activities of politicians

and citizens that cross borders, is growing among Dominican New Yorkers. It is

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manifested in an increase in electoral participation of citizens in both home and

host countries, and also in the effort of politicians to campaign across borders.

Second, loyalty to nations is not necessarily a precondition for simultaneous

electoral participation. Such participation is rather the by-product of an expanding

Dominican migrant community and of the increasing concern of migrants with

their own living conditions. This hypothesis has important implications for

understanding the consequences of granting dual citizenship and the right to vote

from abroad. I conclude by suggesting that the concept of transnationalism is

crucial to understand the novel political dynamics that occur within the Dominican

migrant community. Yet, the idea of loyalty to nations that is often associated

with transnationalism does not suffice to explain the main motivations behind the

electoral mobilization of migrants. I suggest that it is crucial to understand how the

economic marginality of migrants, rather than their loyalty, becomes a factor of

electoral mobilization.

Key words: transnationalism, migration, loyalty, political participation,

dominican migrants.

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In 2004 dominicans residing outside the Dominican Republic used for the first time the right to vote for the President of their country since dual citizenship was granted in 1997. At the same time that Dominican presidential candidates strongly campaigned amongst members of the Dominican community in New York, Dominicans showed more involve-ment in US electoral politics. This trend was particularly remarkable in New York City and reinforced what in 1996 Graham had identified as an increasing “readiness of Dominicans to acquire political power” derived from institutional changes that took place in the early nineties in New York City aimed at expanding Latino political participation1. The 2004 electoral events showed a trend toward equal and simultaneous participa-tion of Dominicans in New York City in the elections of “host” and “home” countries and thus represent “new forms of political action and citizenship that transcend the territorial and political boundaries of the state” (Itzigsohn, 2000:1127). The purpose of this paper is to analyze what these events can tell us about the idea of transnationalism. The concept of “transnationalism” appears highly appropriate to analyze these events as well as the implications of dual citizenship and the right to vote from abroad used by Dominicans for the first time in 2004. However, along this paper I argue that this concept is appropriate to understand simultane-ous electoral participation when it is defined as a strategy for migrants’ economic advance and is not tied to ideas of loyalty to a nation or seen as part of nation building processes.

I elaborate two hypotheses in the paper. First, political activities that take place across borders, such as simultaneous electoral participation of Dominican migrants in both host and home countries, and the cross border campaign activities of politicians, are increasing. These activities are accurately described as political transnationalism because they imply “multi stranded social relations” and activities that “cross national borders” (Basch et al., 1994). Second, simultaneous electoral participation, a crucial practice of political transnationalism described in this paper, does not necessarily lead to, or entail, loyalty or commitment to a nation, as some notions of transnationalism would imply. Hence every Dominican vote in US elections or in the Dominican presidential election is not a sign of commitment to a nation. The right of Dominicans to vote from abroad, the growing number of Dominican migrants, and other institutional and social changes that have contributed to reduce the barriers that migrants

1. For example in 2002 a reform granted residents (and not only citizens) the right to vote in local elections for school boards in New York City and in 2004 another bill proposed to extend such right to municipal elections.

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often face when they want to participate, partially have contributed to increases in simultaneous participation. Yet, the factor that can create more incentives for migrants to engage in simultaneous electoral partici-pation is mainly their concern with their own living conditions.

To elaborate these hypotheses the paper has three sections. The first discusses the concepts of transnationalism and dual citizenship and their relation with the idea of loyalty. The second analyzes political transnationalism by describing political practices of both Dominican and US politicians in the 2004 elections. It also describes patterns of electoral participation in the 72nd Assembly District in New York City (NYC). This district has the largest concentration of Dominicans and thus, it can be used as a rough proxy of Dominican participation in NYC2. This section also discusses the implications for our understanding of dual citizenship. The third, analyzes the messages of electoral campaigns and their focus on community needs rather than on nationalist appeals as evidence that loyalty is not necessary for migrants to participate politically. I conclude by emphasizing that transnationalism is the concept that best describes simultaneous electoral participation even though loyalty to a nation is not inherent to political transnationalism.

political transnationalism, dual citizenship and loyalty Transnationalism is usually defined as a new type of social relation

that involves dual interactions and exchanges that cross borders, and in these broad terms, it includes many different economic, political, and social practices. In order to narrow the scope of the term and to dif-ferentiate transnationalism from other activities which may have existed for decades or even centuries, Portes, Guarnizo and Landolt (1999) defined trasnationalism as events that link groups in advanced countries with their respective hometowns, and require regular and sustained contacts over time across borders. The problem with this definition is that it limits the scope of trasnationalism to practices that affect migrants’ home countries only. In this paper, I assess political trasnationalism, following Baubock (2003), as political practices that transcend borders but affect not only countries of origin but also countries of destination. Thus political trasnationalism is characterized by “overlapping memberships, rights and practices that reflect a simultaneous belonging of migrants to two different political communities” (Baubock, 2003:705). I here focus

2. The 72nd Assembly District has 78% of Hispanic population, the highest percentage of Hispanic population within New York State Assembly Districts and is recognized as the biggest Dominican migrant community in New York.

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on the activities of party officials, government functionaries, community leaders and regular citizens, whose main goal is the achievement of political power or the exercise of citizenship rights. Before illustrating why Dominicans’ political practices can be accurately captured with this definition, it is necessary to discuss some of the controversies that sur-round the term.

Transnationalism and LoyaltyThe concept of transnationalism has been in constant redefinition.

As the term was used as an all-encompassing concept, authors started to limit its scope using it to explain specific practices and not all migrants’ behavior (Portes et al., 1999). However, the discussion of transnationalism is still plagued by innumerable debates regarding the scope, relevance and scale of transnational practices (Dunn, 2010; Waldinger, 2008). Other debates refer to the definition of the nation state, the impact of transna-tional activities, the relation of transmigration with other transnational activities (such as commerce), the role of identities, and the relation with assimilation theories. For the purpose of this paper I only discuss how transnational theory deals with the concept of loyalty to nations.

The idea of transnationalism has a conflictive relation with the con-cept of nation state. On one hand, it questions the concept of nation-state as a geographical entity, but on the other hand, it remains tied to the idea of the nation as an imagined community. In other words, trasnationalism emphasizes that the idea of nation-state no longer captures the complexity of migrant behavior, but at the same time, it attributes high centrality to commitments and loyalties to nation states3. Some scholars of transnation-alism implicitly consider that migrants are motivated more by the well being of their country than by their own well being. Thus, loyalty appears as the psychological element that explains why migrants decide to engage in transnational practices while being away from home.

There are two main notions of loyalty in the literature on transna-tionalism. The first emphasizes that in transnational practices, host and home countries have equal value for migrants. Therefore, migrants can be engaged at the same time in the processes of nation building in more than one nation state (Basch et al., 1992). Even authors that try to avoid giving

3. A contentious debate in discussions about transnationalism is in fact whether the state remains central or not in the current world. My analysis here does not delve into this debate about whether the state is relevant or not (and I will argue that the state is relevant even though practices that transcend, but do not eliminate the state, proliferate) but rather focuses on the puzzling and persistent reference to loyalties to nation in the discussion of migrant transnational practices.

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a positive connotation to transnational behavior (Guarnizo and Smith, 1998), usually treat national identities as crucial to sustain transnational ties. The second notion privileges the impact of transnational activities in one nation state, usually the migrants’ home country, to which the “love” remains unaltered despite migration (Glick-Schiller and Fouron, 2001). Transnationalism is thus seen as the mechanism that redefines the politi-cal and social boundaries of one nation and diversifies traditional ways of constructing it (Itzigsohn et al., 1999; Itzigsohn, 2000). Thus, regardless of whether trasnationalism is seen as affecting mainly the sending coun-try, or both sending and receiving countries (the definition I use in this paper), it usually embeds some notion of loyalty.

Dominicans are commonly seen as the paradigmatic example of transnationalism due to their strong ties and permanent relations with the Dominican Republic, but reflecting the above mentioned controversies, this assessment is sometimes controversial or subject to different inter-pretations and uses of the concept. Some authors consider Dominicans as one of the Latino communities most likely to engage in US politics and society, and see the idea of transnationalism as capturing the interest of Dominican migrants in US politics. Pamela Graham (1996) argues that the concept of transnationalism explains political practices that are relatively new among Dominican migrants. She argues that although Dominicans engaged in political activity in the Dominican Republic before the 1960s, there was not a simultaneous interest in local politics in New York and Santo Domingo as the one seen today. Other authors consider Dominicans to be too focused in home politics, and use the notion of transnationalism to capture the stronger interest and commitment of Dominicans to their home country (Itzigsohn, 2000). Finally, other scholars criticize the labeling of Dominicans as the paradigmatic case of transnationalism. For them, the concept overemphasizes the newness of transnationalism, disregards the economic conditions that allow Dominicans in New York to maintain “binational” relations (Torres-Saillant, 2000) and reinforces some prejudices and racialized identities (Howard, 2003). Back and forth movements, these scholars argue, do not correspond to the lives of all immigrants and are limited to wealthy individuals, and thus the use of the “trasnationalism” concept fails to capture the efforts of Dominicans in New York to achieve a sense of belonging to a locality.

One problem common to all the positions in this debate is that they tend to assume that loyalty is inherent to transnationalism. I argue that transnational political behavior does not necessarily imply loyalty to a nation and it can be more accurately seen as an alternative way for mi-grants to achieve economic advancement and success (Portes et al., 1999).

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This definition of transnationalism is less restrictive and less normatively charged and thus facilitates the understanding of migrants’ motivations to engage in transnational political practices as well as the impact of these activities, and focuses more on the contingent character of transnational political practices (Smith and Bakker, 2007)

Dual citizenship and loyaltyThis discussion about loyalty is not only relevant conceptually, but also

practically, as ideas about loyalty are embedded in contentious debates about dual citizenship of Dominicans (and other Latino communities) in the US. Both opponents and supporters of dual citizenship consider that while granting citizenship, which is essential for simultaneous electoral participation, governments should consider how “loyal” citizens are to their nations. For opponents, migrants are not able to have dual loyalties. For supporters, migrants are able to commit in the receiving country as they commit in their home country.

In the United States, opponents of dual citizenship consider crucial to determine which individuals deserve or are entitled to practice citizenship. They consider a danger for the US to grant citizenship rights to individuals who do not share the language, culture or loyalty to the country. For them, “Citizenship is something you have to earn, and work for” (Michael Long, chairman of the NY State conservative party). Scholars such as Samuel Huntington (1996), but especially politicians and media, warn that Latino immigrants threaten the US nation as they main-tain ties to their homelands. As Michael Jones Correa (1998) notes, this belief increases opposition to the political engagement of immigrants and to the granting of dual citizenship. Reflecting this opposition, a New York Times editorial in 2004 stated that the right to vote is the most important privilege tied to US citizenship and therefore it should be granted to those who are really committed to the country:

[…] recently a few politicians, union officials and community groups in New York City have begun pushing to give noncitizens the right to cast their ballots in local elections […] this page believes that it is in the nation’s best interest to encourage people who live here permanently to become citizens and throw in their lot with the interest of the United States. Extending the most important benefits of citizen-ship to those who still hold their first allegiance to another country seems counterproductive (NYT, april 19 2004) [italics are mine].

Opponents of dual citizenship state that Latinos are politically isolated, show very low levels of participation in US politics, and maintain

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stronger links with their home country (Baubock, 2003). Dominican immigrants are particularly blamed for being “obsessed” with Dominican politics forgetting US local politics. Diana Reyna, a NYC councilwoman of Dominican origin, complained that although “Dominicans seem more likely to participate in the 2004 US presidential election [they are] obsessed with island politics to the exclusion of local and US politics” (Frontline, 2004).

By contrast, advocates of dual citizenship emphasize that in a transnational relation there can be strong commitments with both home and host countries. Thus loyalty is not exclusive: it is possible to maintain compromises to make better the homeland and at the same time have political interest in the host society (Glick Schiller & Fouron, 2001:11). In fact, immigrants can develop a higher sense of commitment to US politics than with home countries despite their low levels of electoral participation (De la Garza, 2004). From this point of view, De La Garza contradicts the idea that Dominicans are less likely to vote and states that naturalized Dominicans in New York are in fact more likely to vote than other Latino groups (2004:107).

For advocates, the right to vote in the US should be granted to all legal residents and not just to citizens, because residents pay taxes, send their children to school, and thus they are as committed to life in the host country as citizens born in the US. Dual citizenship is thus not seen as a threat to the host nation or a source of segmented loyalties as it “does not result in migrant’s political disengagement from their country of residence” (Escobar, 2004:45) and “ethnic attachments do not lead to alienation from the larger community” (De La Garza, 2004:111). Cristina Escobar argues that even if immigrants use citizenship instrumentally to retain privileges restricted to US citizens (i.e. travel legally back and forth) they can still have substantial interest in political participation. Michael Jones Correa argues that even when dual citizenship has been granted as an answer to community struggles from below (as in the Dominican case) and privileges a commitment with the home country, it serves different goals to citizens, home states and host states, and encourages incorporation. Therefore, it can strengthen both the practices of American citizenship and answer to migrants’ commitment to their home country (Jones Correa, 2001).

As I show in the next section, the political practices of Dominican migrants defy the idea that loyalty is embedded in transnationalism, and thus show that both positive and negative expectations about dual citizen-ship are overstated. The granting of dual citizenship neither undermined a slow but sustained trend of increased participation of Dominicans in US

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elections nor it did translate automatically into an increased participation of Dominicans in the elections of their home country. Thus, the fear of a stronger commitment of migrants to their home country in detriment of politics in the host country was disproved. Nevertheless, dual citizenship did not strengthen the “commitment” to American and Dominican na-tions that supporters expected either. It rather increased the opportunities for transnational political practices but based more on electoral incentives for politicians and on the economic concerns of migrants, than a loyalty to nations.

Electoral participation can indeed rely on, or generate, loyalties with processes of nation building in one or more nation states. However, loyalties are neither a necessary condition nor an automatic outcome of transnational electoral participation. As advocates of dual citizenship argue, participation in the home nation does not undermine loyalties or commitments to the host nation. However it does not automatically create loyalties either. Each notion of loyalty and its consequent stance on dual citizenship has an element of truth, but none is generalized.

political transnationalism in the dominican communityThe evidence of migrants’ commitment with the politics of the

Dominican Republic, and thus the evidence of transnational political practices, dates back at least to the 1960s and existed even before the right to vote from abroad was granted. For the 2000 Dominican Presiden-tial Elections it was stated

[…] that those who stayed in New York could not vote did not seem to matter: they passionately argued politics on street corners, tuned in to Spanish-language broadcasts and phoned relatives on the island […] Dominican political parties have become highly adept at stirring nationalist sentiment among the rapidly growing community (NYT, May 17 2000).

Until 2004 Dominicans in New York were usually involved in politics of the Dominican Republic mainly as a source of funding for parties. According to Mónica Santana, director of the Center for Latino Workers, “Until now, Dominicans have been orphans. We did not have a govern-ment that defended our basic rights in this country. We were pretty much the politicians’ piggy bank during campaign seasons” (Fernandez, 2004). Yet, in 2004, for the first time they were seen as a source of votes and made substantial demands to candidates. The candidate who won the election in the Dominican Republic (DR) in 2004, Leonel Fernandez, got an overwhelming support from Dominican New Yorkers (73.6%) a

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percentage higher than what he got nationwide in the DR (57.1%).4 Such success was predictable given Fernandez’s background. Fernandez, who had been President in the period 1996-2000, grew up in New York. Thus, he had a close appeal to the migrant community. His agenda and empathy with Dominican immigrants proved that the successful incorporation of Dominicans in electoral politics as voters depends on the ability of politicians to give them a sense of protection as Dominicans in New York. Fernandez was considered an “informed and articulated spokesman for Dominicans with respect to city, state and federal authorities in the US” and such perception fostered his popularity.

The effective right of Dominicans to vote from abroad strengthened the transnational activity of Dominican politicians while obliging them to look not only for support, but also for votes in the Dominican migrant community. The change however, did not translate immediately into an overwhelming participation of Dominicans in their home country or in a complete disengagement of Dominicans from US politics. It did open the door for a new set of practices that entail regular and sustained interactions across borders which can only be explained using the notion of transnationalism.

The first election in which Dominicans abroad were allowed to vote for President in the Dominican Republic was characterized by surpris-ingly low levels of voter registration. The Dominican Electoral Board calculated a potential of 166.000 voters in New York, but only 24.343 of those did register to vote. Therefore, only 10% of those able to vote actually exercised their right. This could had been a result of either apathy or lack of information as this was the first election in which Dominicans were allowed to vote for Dominican President. As shown in Table 1, for the 2008 election (which led to the reelection of Leonel Fernandez) the number of registered voters almost doubled (55.989), although still remained low compared to the number of potential voters.

Despite the low level of registration, turnout among Dominican New Yorkers was higher in the elections for the Dominican President (68%) than in the elections for US President (50%). Opponents of dual citizenship would argue that these differences in turnout reflect that migrants become more attached to their home countries, disengaging from domestic politics in the US. However, as seen in Table 2, turnout in the US Presidential election in the 72nd Assembly District in NY was not far from the state or national turnout in the US (51 and 59 respectively).

4. Fernandez´s support among Dominican New Yorkers was again notable when he got reelected in 2008, although such percentage was far lower than in 2004.

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These numbers suggest that the pattern of participation of Dominicans in NY fits with the pattern of turnout that characterizes US elections, and then it is difficult to infer that the right to vote in the Dominican Republic hindered participation in the US. Furthermore, it is important to note that the data also suggest that Dominicans in New York did not change sig-nificantly their electoral behavior in Presidential elections between 2000 and 2004 (See Table 2). Although turnout in the 72nd District decreased between 2000 and 2004, there was a reduction in the gap of participation that usually existed between this District and the New York State area as a whole. Furthermore, between 2000 and 2004 the number of registered

Table 1Results for Presidential elections of the Dominican Republic.

Voter registration

Turnout % TurnoutWinner’s votes

%

New York 2004 24,343 16,608 68.2 12,061 73.6

New York 2008 55,989 30,145 53.8 17,625 58.9

Total nationwide (DR) 2004

5,020,703 3,656,850 72.8 2,063,871 57.1

Total nationwide (DR) 2008

5,764,387 4,086,541 71.3 2,299,134 53.3

Source: Dominican Electoral Board and press records, my calculation

Table 2Electoral Results for US Presidential Elections in the 72nd Assembly District

Voter registration

TurnoutTurnout %

% Increase voter registration

% Increase turnout

2000 72 District 55,452 28,618 51.60

2004 72 District 63,460 32,226 50.78 14.4 12.6

2008 72 District 69,050 36,467 52.8 8.8 13.1

2000NY State Total

11,262,186 6,960,215 61.8

2004NY State Total

11,733,051 6,902,735 58.8 4.2 -0.8

2008NY State Total

12,031,312 7,772,019 64.6 2.5 9.8

Source: NYC and NY State Board of Elections, my calculation.

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voters in the 72nd District increased by 14% and the number of actual voters increased by 12% whereas at State level those percentages were smaller. By 2008 the tendency remained on the rise with both turnout and registration increasing in the District.

These observations about the 72nd Assembly District must be taken just as an indication of trends, and it is important to note that many non-Dominicans could have voted in each of the elections and thus, the changes seen may have occurred among these voters. Likewise, voters registered for the Dominican elections may not even be US citizens or do not participate in Dominican politics. In order to disentangle with certainty the electoral behavior of Dominican migrants it would be necessary to analyze survey data or to conduct interviews. Yet, with these caveats in mind, it is possible to suggest that dual citizenship did not hinder participation in the US as critics expected. On the contrary, the granting of dual citizenship rights may have encouraged participation in US politics by 1) facilitating the naturalization of migrants in the US, and thus their possibilities to engage in US elections, and 2) providing more skills, networks and resources to those involved in home country politics, which could have been applied to politics in the US.

The levels of naturalization of Dominican migrants in the US have increased since dual citizenship was granted. By 2000, only 33% of Dominican immigrants had naturalized (Boswell and Castro, 2002) but in 2004 that percentage increased to 57% (Taveras 2004). As a consequence, combined with US born Dominicans (second generation), in 2004 61.3% of the Dominican population were US citizens, 38.5% were of voting age and about 78% of young Dominicans (under 18) were US citizens. Since the fear of losing rights in the home country while naturalizing in the US is identified as one of the main factors hindering the ability of migrants to engage in the politics of the receiving country (Jones-Correa, 2001) then it is possible to infer that dual citizenship has encouraged participation by making naturalization more likely. Thus dual citizenship may actually facilitate, rather than hinder, the engagement of Dominican voters in the US.

Along with the electoral behavior of Dominican migrants, indications of political transnationalism appear in the practices of US politicians. In 1998, Michael Jones Correa stated that the apathy of US political parties was a huge hindrance for Latino participation. Yet, in recent years, US political parties have increased their efforts to promote the registration of Dominican voters for US elections. In 2004, the Republican Party decided to open its second office in New York and to locate it in the Dominican Area of Upper Manhattan. New York has traditionally been a Democrat

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state with only one Republican voter registration office in Albany. Therefore the decision of Republicans to open a new office reflects their increasing interest in mobilizing Dominican votes. US politicians increased their efforts to ally with well known Dominican leaders to get voters registered. The prominent businessman and community activist Fernando Mateo was crucial in the effort to get Dominicans registered as Republicans and not as Democrats as they commonly did. Mateo stated that Dominicans “come here with the mentality that they are supposed to be Democrat […] There’s a huge movement for Dominicans to realize that deep in their hearts they are Republicans, but they are led to believe they are Democrats”, Personalities as Mateo have been effective in gaining votes and funds for US candidates: Mateo claimed that in 2004 he helped raise $1 million for Republicans from Hispanic voters (Gerson, 2004). Mateo also spoke in the 2004 Republican National Convention defending then President George Bush.

As the role of Dominican politicians (and Dominican Americans prominently) has proved crucial in mobilizing voters, both Democrats and Republicans are more likely to support Dominican politicians in New York. American political parties increasingly support Dominican candidates because in this way they can foster the popularity of US parties among Dominicans. The relations of former New York’s Governor George Pataki (1995-2006) with Dominican politicians reflect the need of candidates to build electoral support in places different from the ones in which they actually govern. Even though they do not govern in the Dominican Republic, they need to appear popular there in order to remain popular with Dominicans in New York. In October 3, 2002, Pataki hosted a meeting with Hipolito Mejia, then Dominican Republic’s president. They discussed trade and how to make easier for Dominican immigrants to apply for residence. Governor Pataki also established strong links with Fernando Mateo and participated in Dominican tradi-tions like Dominican Day Parade in Manhattan (NYT, Aug 13, 2002). Similarly, while seeking reelection in 2002, New York’s Mayor Michael Bloomberg, made several attempts to gain immigrant votes. In his effort he visited different countries, including the Dominican Republic. In another similar instance in February 2005, Gifford Miller, who ran as candidate for mayor in New York, made a trip to the Dominican Republic with the support of the Dominican council member Miguel Martinez. These events illustrate the importance of Dominican votes for US local politicians and show how as the migrant community grows it becomes a source of votes crucial for politicians’ success.

At the same time that New York politicians furthered their links to the

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Dominican Republic in order to engage a fast growing community as a source of votes and as an unavoidable target of policies, Dominican politi-cians continued acquiring centrality while participating in mainstream US politics in a way that they did not do before. In 1991, a Dominican was elected for the first time to the City Council of New York. By 2004, New York had two Dominican Assemblymen and two Dominican council members, and by 2009 five Dominicans won posts as council members in NYC. The alliance in 2002 of two prominent Dominican politicians that used to be harsh electoral competitors –Guillermo Linares and Adriano Espaillat– in order to get a seat in the American Senate was another indication of the increasing importance of Dominican politicians in NYC elections.

The increased incidence of Dominican candidates in US politics has been pulled to a large extend by second generation Dominicans (those born in the US but with Dominican parents). Many successful politicians (like Diana Reyna) are Dominican Americans and others like Guillermo Linares or Adriano Espaillat are not Second Generation but migrated young and went into the New York School System (Graham, 1996). Dominican Americans are prone to be more politically active connecting both countries because they have some particular skills such as a growing demographic incidence, language skills, and citizenship status. Adult Dominican Americans have been crucial in materializing a link between the Dominican community and American politics while fostering the interest of Dominicans in US elections and creating bridges between migrants and politicians. As they are a group mainly composed of young people, we can expect their role to be more important in the near future as they become adult citizens with the right to vote.

It is likely that for many second or third generation immigrants loyalty and transnationalism are not significant issues, and they can be heavily involved in elections in the receiving country and not so much in the sending country. Yet, their political activism can make more visible the political power of Dominicans, thus increasing the interests of US parties in reaching out to Dominican migrants (and even to Dominicans in the Dominican Republic), as well as the interest of the Dominican Govern-ment to reach out to successful Dominican Americans. Furthermore, the relations between first and second generation immigrants expand the networks that link countries of origin and destination (Itzigsohn, 2000:1142). An indication of the importance of Dominican politicians in the US for the politics of the Dominican Republic can be seen in the state-ment made by the Government of the Dominican Republic congratulating the success of Dominican politicians in the US 2009 elections. According

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to the Government, these electoral accomplishments will have a positive impact on the lives of Dominican migrants. (Dominican Today, November 6, 2009)

The evidence presented in this section suggests that political transna-tionalism, understood as practices that affect sending as well as receiving countries, is the most appropriate term to describe the diverse practices that link regularly Dominicans migrants with the politics of their home and host countries, and that oblige politicians to recur to non traditional ways of recruiting voters and candidates. It also shows that although positive, the move towards simultaneous electoral participation is slow. However, slow change is not necessarily related to the concentration of Dominicans in local politics as opponents of dual citizenship argue. Dual citizenship has not translated automatically into overwhelming participa-tion in any of the countries but it has increased the rates of naturalization of Dominicans and the opportunities for simultaneous electoral participa-tion as those who promoted dual citizenship expected (Graham, 1996; Jones Correa, 2000). The question that remains then is whether loyalty motivates Dominican migrants to increase their simultaneous electoral participation in their host and home countries.

transnationalism without loyaltyMy argument that loyalty to a nation is not necessary for political

transnationalism to emerge is related to some existing critiques to definitions of transnationalism based on the idea of loyalty. Some authors have argued that transmigrant and transnational activities do not neces-sarily entail commitments with single and homogeneous identities (as loyalty to a nation). On the contrary, transnational activities generate contradictions, heterogeneous and changing identities (Rouse, 1989) an also complex connections between national, regional, and local identities (Smith and Bakker, 2005). Furthermore, political transnationalism can be seen more accurately from an instrumental perspective, not as a reflection of loyalty, but as an alternative way for migrants to achieve economic advancement. Portes, Guarnizo and Landolt (1999) argue that traditionally the migration literature saw assimilation in the receiv-ing society as the highest point in a migrant’s struggle for economic achievement. Yet, they argue, migrants have much more varied ways to achieve economic success, and transnational activities that link groups in advanced countries with their respective hometowns, constitute one of those alternatives.

The fast growth of the Dominican community in the US has become an important topic of academic research and a growing political concern.

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Between 1990 and 2000 the Dominican population in New York in-creased by 49% from 520.121 to 1.041.910 (Hernandez and Rivera, 2003). This increase places Dominicans as one of the fastest growing immigrant blocs in the city. At the same time, according to the Dominican Studies Institute, the per capita income of Dominicans is below that of Latinos in general. I argue that the combination of growing numbers of migrants and declining living conditions has contributed to a slow change in the barri-ers for participation and a consequent growth of simultaneous electoral participation. Thus, economic necessity, rather than loyalty is a strong incentive for the simultaneous participation of Dominican migrants. Ideally one would test this argument using survey data about the reasons that lead citizens to participate simultaneously in elections in the DR and in the US. Here, I use some evidence derived from a content analysis of campaign messages5. Thus, I do not aim to provide an exhaustive analysis of the determinants of migrant participation, since this is by itself a dif-ferent and large area of research in American Politics. I just suggest that Dominican migrants may be more compelled to vote simultaneously when politicians refer to their own well being, at least discursively, and that a focus on ideas of loyalty can mask this simple but important reality.

As illustrated in the previous section, the increasing size of the migrant community, and the reduction of some costs of participation for Dominican migrants has resulted in an increased number of transnational political practices. Recent transformations have contributed to reduce the barriers that studies of Latino political participation in the US usually identify as factors hindering electoral participation. Dual citizenship reduced the costs that Dominican migrants face in their country of origin, while the increasing interest of political parties in gaining Dominican votes (De La Garza, 2004; Jones Correa, 1998) has reduced the costs of access they face in the US6. While each of these factors contributes to understand why migrants participate more, they do not necessarily explain why citizens participate simultaneously. Some traditional ideas of

5. Obviously this is a huge methodological problem of “ecological inference” it is of drawing conclusions about individual preferences from information that pertains to another level of analysis. Further work must deal with this methodological issue.6. In 1996, Graham argued that political parties in NY did not show special interests in mobilizing new legal immigrant groups. Jones Correa stated that the atrophy of patronage systems and the little interest of political parties in bringing new players into the system (enrolling voters for example) showed such lack of interest. Institutional reforms aimed at increasing participation, growing appeals to Dominican migrants, and increasing registration efforts have expanded the space for immigrant communities to engage in electoral politics

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trasnationalism would suggest that Dominicans participate simultaneously because they want to strengthen and advance their commitments to a nation. Yet there is no evidence in the campaigns showing that politicians effectively convey ideas about nationalism in order to get voters. The increasing size of the Dominican community in New York and its declin-ing economic conditions are rather the elements that foster simultaneous electoral participation. Growing size has made transnational campaigns an unavoidable necessity for both New Yorker and Dominican politicians attempting to increase their electoral strength7. The content of campaigns suggests that Dominicans participate simultaneously because thus they find more alternatives to improve their worsening living conditions This does not mean that citizens cannot participate politically out of their love to both nations, or at least to one of them, but it rather suggests that such love is not a necessary condition for a migrant to participate. In this sense, one can define electoral participation in the US not as a side effect of the commitment with home, but as a manifestation of the concern with the well being of the narrower migrant community.

Unlike other transnational practices, simultaneous electoral participation seems to be related more with communitarian well being concerns, than with loyalties to the nation, and in fact, the most successful politicians within Dominicans are those who better campaign about migrants’ living conditions. Transnationalism deals with the existence of two separated spheres (host/home, sending/receiving country) that are juxtaposed but can still be differentiated. The interesting thing that arises while analyzing how Dominicans were involved in 2004 electoral events is that two processes of campaigning in different countries were juxtaposed and merged on the basis of the same issues, those that affect Dominican migrants’ lives.

In the 2004 Dominican election, Leonel Fernandez, targeted the migrant community using different campaign messages than those he used in the DR. He based his campaign agenda on the economic recu-peration of the country since by the time of that election the Dominican Republic was under a harsh monetary and financial crisis, huge inflation, and electric sector deficit. Fernandez’s promises about reducing inflation were attractive for immigrants because lower inflation would translate into

7. It is important to note that it has been argued that the increasing number of Dominican migrants and more importantly their role as a source of hard currency through remittances was a huge incentive for politicians in the Dominican Republic to promote dual citizenship (Itzigsohn 2000). Here I argue that once the benefit of dual citizenship is effective in elections, migrants also become an attractive source of votes.

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an improved real value for remittances. He appealed directly to migrants offering expatriates “closer economic and political ties to their homeland”, and promising “to establish formal relationships with the authorities of their adopted country and to promote technological and educational exchanges between the two nations” (Fernandez, 2004). He also promised a strong mandate for the consular authorities to be more vigilant on the rights of Dominican citizens in NY. Finally, he questioned the forcible repatriation from the US of Dominican former prisoners, which was (and is still) seen as a cause of the growing crime rates in the DR.

Fernandez also benefited from his successful efforts to appear linked to both the US and the Dominican Republican, notwithstanding his “trasnational” background. For example, in May 2004 Fernandez joined efforts with New York City’s Mayor Bloomberg and New York State’s Governor Pataki to raise money for the victims of torrential rains in the DR. Dominicans expected Fernandez to work together with Bloomberg and Pataki in the promotion of programs that benefit Dominican immi-grants directly. Some of the expectations included increasing the number of Hispanic teachers, adult educational programs or scholarships for Dominicans (Viva New York, 2004).

For the 2004 Presidential race in US, I did not find direct appeals of Presidential candidates to Dominican migrants. Therefore, the evidence to analyze the involvement of Dominicans in the 2004 US Presidential election is limited both qualitatively and quantitatively. Qualitatively because the US Presidential Campaign is too broad to appeal to dif-ferentiated ethnic segments and therefore it has to be located within the appeal to Latinos in general. Quantitatively, electoral statistics do not differentiate turnout according to ethnic or cultural groups. Surveys about electoral preferences and political attitudes as well as in depth interviews are necessary to improve the knowledge about the perceptions of Dominicans and how they involve in US and Dominican politics at the same time.

Voting patterns in 72nd District suggest that Dominicans answered positively to George Bush’s apparent better grasp of immigrant issues (and also to the registration efforts described in the former section). The vote for Republican candidates went from 7% in 2000 to 10% in the 2004 elections. Although the support among Dominicans for Democrats was still a high 85%, between 2000 and 2004 it increased just by 18% whereas the support for Republicans increased by 60%. It seems that in the Bush – Kerry race in 2004 some appeals and electoral strategies weakened the already mentioned Democrat preference of Dominican New Yorkers and Latinos in general, increasing republican votes:

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In the days before the presidential election, some opinion surveys said Democrats would get as much as 65 percent of the Hispanic vote. But on the morning after the voting, some exit polls held that Democrat nominee John F. Kerry had received about 56 percent of Hispanics’ votes and that President Bush had gotten 44 percent (Fears, 2004).

George Bush talked about a plan for restoring the legality of im-migrants through guest worker programs and amnesties. Kerry promised to sign two measures that had wide bipartisan support in Congress and therefore were not so crucial for migrants. Those measures were a legalization program for farm workers, and the permission for children of undocumented immigrants to obtain legal U.S. residency and attend col-lege at in- state tuition rates. Yet the Washington Post described President Bush’s better appeal to immigrants as follows

Bush’s appeal to Hispanics is clear: As a former governor of Texas, the president has a better grasp than his opponent of immigrant issues. Bush’s brother Jeb, governor of Florida, speaks Spanish like a native Cuban and appealed directly to Latino voters on the president’s behalf (Fears, 2004).

Both Bush and Kerry coincided while proposing to crack down the hiring of undocumented immigrants and other measures that were very restrictive about immigrant issues. This reflects that unlike New York, at the national level conservative pressures are still very strong despite the electoral weight of Hispanic votes. However both media and politicians are increasingly interested in highlighting the immigrants involvement in US politics as reflected in a case described in The New York Sun

Aurora Martinez, a Dominican immigrant who speaks little Eng-lish, planted herself on Inwood’s Dyckman Street yesterday afternoon and handed out photocopies of a grainy picture of the president as an eager National Guard officer, while shouting to passersby, “Mañana Bush.” Before the confused pedestrians could respond, she would say in Spanish, “Tomorrow we are going to celebrate, ” and explain the photo would be perfect to place on the wall when President Bush wins today’s election (Gerson, 2004).

A sign of the likely success of Republican messages among Domini-cans appears while comparing voter enrollment rates by political party from 2000 to 2004 in 72nd District. The District has been traditionally Democrat and it is still Democrat. Before the Presidential elections in 2004 the Board of Elections reported 44108 registered Democrats

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vs 3801 registered Republicans, and despite the opening of the new office, by November 2004 there were 3417 new registered Democrats whereas there were only 465 new registered Republicans. Yet, the rate of registration for Republicans had increased by 6.9 percent between 2000 and 2004. Another interesting trend is that the percentages of registered Republicans and Democrats decreased while the registration with other parties as the Independent and Working Families Party doubled or tripled as shown in Table 3. The new (although still very small) appeal of those non traditional parties was as a sign of a increasing interest of Dominicans in US politics, but specially of their concern in fighting for their well being moving away from traditional parties. The Working Families Party (whose votes were added to John Kerry’s in 2004) increased its popularity among New York Latinos addressing issues such as the eradication of lead poison-ing, the rejection of the harsh Rockefeller Drug Laws, and the increment of the minimum wage from $5.15 to $ .10 an hour. Notably, one of the three Latinos who belonged to the 13 member Executive Committee of the Party was the Dominican Wilfredo Larancuent. By 2008, the trend towards increased registration of Dominicans in independent parties persisted.

Dual citizenship in the DR was an answer to a bottom up struggle of Dominicans that had leverage in the Dominican Republic but not in the US and wanted to ensure that power (Jones-Correa, 2001). Thus, loyalty to home nation and economic power were crucial motors behind the decision to grant Dominican migrants dual citizenship. But clearly these are not the same factors that determine the effective use of dual citizenship. The

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Republican 4,016 9.03 4,381 6.90 9.08 4,251 6.1 -2.9

Democrat 41,680 93.76 47,974 75.59 15.10 52.835 76.5 10.1

Liberal 393 0.88 302 0.47 -23.15

Conservative 200 0.44 181 0.28 -9.5 180 0.26 -0.5

Independent 529 1.19 1,037 1.63 96.03 1.138 1.64 9.7

Working families

35 0.07 105 0.16 200 146 0.21 39.0

Total 44,452 63,460 69,050

Source: NYC Board of Elections, my own calculations

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preceding review of campaign proposals suggests that Dominican and American politicians were able to increase their appeal to Dominican immigrants as they addressed issues related with their living conditions. An appeal to immigrants’ loyalty with the broader nation (being host or home) was less notable. Of course migrants may be interested in issues be-yond their own well being (in fact the interest of Dominicans in economic stability as a key point of Fernandez’s agenda is a proof of this broader connection with home country), but their vote seems primarily linked to their own living conditions as migrants.

Parallel electoral participation of Dominicans has been fostered by the quantitative importance of immigrant Dominican community that con-verts them in a source of votes in both sides. At the same time, Domini-cans’ concern with their own well being promotes their involvement in both countries. De La Garza (2004) coincides with this idea stating that it is reasonable to expect Latinos to be more interested in immigrant issues and special programs for Latinos than on broader issues either in the US or in the DR. One can thus expect that once immigrants advance socially and economically, their motivations for participating may change. In the case of Dominicans in New York, as long as their economic conditions remain difficult, it is likely to expect that they will continue mobilizing mainly around the well being of their own migrant community.

conclusionIn recent years the concept of trasnationalism has become increasingly

popular due to its ability to capture the novel character of many of the political, economic, and social practices that link migrants simultaneously to their host and home countries. In this paper I emphasized that the concept does capture effectively the political practices of Dominican migrants in New York as well as they way in which politicians in the United States and the Dominican Republic relate to them. The 2004 electoral events in the Dominican Republic and United States represented a still slow, but positive change toward simultaneous electoral participa-tion of Dominican New Yorkers, facilitated by the introduction of dual citizenship rights. Dual citizenship, contrary to what was expected among its opponents, has not undermined the commitment s of Dominicans to their host nation nor has it been translated into overwhelming participa-tion in Dominican elections. On the contrary, dual citizenship can foster participation in the US by promoting migrants´ naturalization.

The analysis of transnationalism here presented confirms the scholarly claim that there are different types of transnational practices and that each type needs to be analyzed separately in order to be properly

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Democrat 41,680 93.76 47,974 75.59 15.10 52.835 76.5 10.1

Liberal 393 0.88 302 0.47 -23.15

Conservative 200 0.44 181 0.28 -9.5 180 0.26 -0.5

Independent 529 1.19 1,037 1.63 96.03 1.138 1.64 9.7

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35 0.07 105 0.16 200 146 0.21 39.0

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understood. This paper supports this claim by showing that political transnationalism, manifested in simultaneous electoral participation, does not imply the loyalty or commitment to the building of nation states that may exist in other transnational practices (such as charitable donations of migrants to their home countries). Citizens may participate simultane-ously in electoral processes in their host and home countries motivated by their own concern as a Dominican migrant community. This concern with living conditions is different from the commitment with a national origin or with the general situation of either host or home country. Dual citizens vote in both host and home countries in order to improve their living con-ditions rather than to reinforce their centrality in the home country. This argument coincides with arguments suggesting that the key for political transnationalism is political learning rather than loyalty. In other words, it is plausible that the skills and networks citizens use in the elections of one country can be effectively applied to the electoral processes of the other. This alternative argument highlights that we need to pay more attention to the Dominican migrant community in itself, more than as part of the home nation. The argument that immigrants’ well being is at the core of their simultaneous electoral participation does not deny that nationalism may motivate many transnational behaviors, but shows that it may not be at the core of migrants´ electoral participation.

The ideas stated here are preliminary and require further research but suggest an interesting line of inquiry. It is how migrants’ economic marginality can become a factor of simultaneous electoral mobilization. Some transnational scholars have already argued that economic marginal-ity creates a necessity to maintain flows with home, that it reinforces participation in the politics of the country of origin and not the country of settlement (Graham, 1996). What I emphasize here is that marginality may create a necessity to solve problems that fosters transnationalism but it does not imply necessarily the “home country” image and may appeal with equal force to the host country. This statement questions the idea that Latino participation is lower in concentrated migrant communities because in these communities levels of education and income are lower and hinder electoral interest. On the contrary, concentrated communities may start to foster simultaneous involvement given their precarious living conditions.

Ideally, further studies of simultaneous participation should compare different migrant communities systematically and consider at least three areas not addressed here: first, how the political participation of migrants is permeated by the same phenomena that affect participation in general (distrust in politics, clientelism, and abstention). Second, more detailed

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analysis should address other aspects that affect Latinos´ participation such as class, gender, race, interest in politics, church attendance, organi-zational and school involvement (De La Garza, 2004; Waldinger, 2008); and also age, education and partisanship. As I suggested here however, it is important to note that to explain why migrants vote is not the same that trying to explain why they vote simultaneously. Third, in order to confirm that economic hardship is a crucial driver of simultaneous electoral participation, it is necessary to confirm that those individuals more concerned and likely to vote in the Dominican Republic are in fact the same who vote in the United States, thus more survey and in depth interviewing is essential.

The issue of simultaneous electoral participation is crucial to understand modern politics, especially because over the past years more countries have conceded dual citizenship rights to their citizens and as of today more than fifty countries allow dual citizenship (Brondsted Sejer-sen, 2008). Thus, traditional questions such as who has the right to vote, what motivates citizens to participate, or how politicians appeal to voters, have acquired new meaning given the introduction of dual citizenship rights and the ever expanding size of migrant communities. Clearly, many migrant political practices transcend –although do not necessarily negate– the boundaries of nation states. This will certainly continue affecting our notions of democracy, participation and representation, as well as our assessment of the realities of migration.

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profesora adscrita al departamento de ciencia política de la universidad

nacional de colombia. Doctora en ciencia política del instituto de

estudios políticos de parís (sciences po)

[email protected]

[email protected]

[the andean integration crisis through the biodiversity negotiation process of Fta with the united states of america]

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resumen

Los cambios recientes en la geopolítica andina, debido en gran parte a la emergencia de nuevos gobiernos progresistas de Ecuador, Bolivia y Venezuela como resultado de la resistencia social de los pueblos andinos frente al proyecto del ALCA (Acuerdo de Libre Comercio de las Américas) y los tratados de Libre Comercio que Estados Unidos quiso imponer en la región, plantean la necesidad de pensar el desarrollo de una nueva agenda de integración. El proceso de negociación de libre comercio entre Colombia y Perú con los Estados Unidos y más recientemente con la Unión Europea, revela, sin embargo, no sólo la crisis de los procesos de integración entre los gobiernos pertenecientes a la Comunidad Andina de Naciones, sino también el creciente aislamiento de estos dos países, de las nuevas dinámicas regionales emergentes en América Latina.En este ensayo, planteamos como el proceso de negociación de los tratados de Libre Comercio con Estados Unidos y la Unión Europea en materia de biodiversidad, propiedad intelectual y conocimiento tradicional revelan, no sólo la crisis de los procesos de integración en lo que refiere a los desarrollos legislativos y normativos existentes en la Comunidad Andina de Naciones (CAN), sino también la situación de derechos colectivos de las comunidades indígenas y locales en la región. Palabras claves: procesos de negociación del TLC andino, biodiversidad, propiedad intelectual, conocimiento tradicional, crisis del proceso de integración andino.

abstract

Recent changes in the Andean geopolitics, ar§e related to the emergence of new progressive governments in Ecuador, Bolivia and Venezuela, as a result of social resistance movements against the FTAA (Free Trade Area of the Americas) and the Regional Free Trade Agreements that United States wanted to impose in the region. These changes can help Andean countries in developing a new integration agenda not subordinated to the interests of the US. The process of negotiating free trade agreements between Colombia and Peru with the United States and more recently with the European Union, reveals, however, not only the crisis of the Andean Community of Nations, but also the increasing isolation of these two countries, in the new regional dynamics emerging in Latin America. In this paper, we focus on the negotiation process of the Andean FTAs with the United States and the European Union on biodiversity, intellectual property rights and traditional knowledge issues, that reveals not only the crisis of the Andean integration, as regards to legislative and regulatory developments in the Community of Andean Nations (CAN), but also affects the status of collective rights of indigenous and local communities in the region.

Keywords: negotiation process of the Andean FTAs, biodiversity, intellectual property rights, traditional knowledge, crisis of the Andean integration process.

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introducciónLos cambios recientes en la geopolítica andina, derivados en gran

parte de los procesos de resistencia social al Tratado de Libre Comercio que Estados Unidos intento implantar en el conjunto de los países andinos después del fracaso del ALCA, han generado nuevos espacios para pensar una nueva política de integración alternativa en la región. En el contexto de un escenario de ruptura con los procesos prevalecientes de integración andina, como la CAN, los nuevos gobiernos de Ecuador, Venezuela y Bolivia comienzan a plantear una oportuna reflexión sobre los contenidos de los procesos históricos de integración y sus posibilidades a futuro, lo que significa un reto enorme para los pueblos andinos. Sin embargo, dos de los gobiernos más conservadores de la región, Colombia y Perú, vacilan entre un verdadero acercamiento a sus vecinos y su distanciamiento provocado por la escalada bélica que Estados Unidos busca extender especialmente desde Colombia hacia sus vecinos para contener las diná-micas de interacción de sus pueblos, hoy articulados, a pesar de ellos, a los movimientos sociales de la región andina y, en general, a la emergente movilización latinoamericana.

La historia de los proyectos “integracionistas” en la región andina así como los demás procesos de integración del continente MERCOSUR, CAN o el mismo CARICOM, no han sido externos al sistema articulado de liberalización de la economía mundial (Gambina, 2005). Si bien han avanzado en términos de intentar acercar a los países vecinos en torno a la construcción de una agenda común y una institucionalidad bien buro-crática y más bien poco democrática (Umaña, 2006), en la práctica, han sido pensados como instrumentos de ordenamiento geopolítico del modelo capitalista dominante en la región. El reciente modelo de regionalismo “abierto” (CEPAL) al cual están sujetos, no ha propiciado una articulación de una agenda común que exprese las características propias de las sociedades y sus preocupaciones sociales. Más bien, este expresa la idea de articular una interdependencia impulsada por las señales del mercado re-sultantes de la liberalización comercial, donde las políticas de integración sean compatibles con una estrategia de articulación exportadora a partir de la apertura de los mercados nacionales hacia el exterior (Gudynas, 2005). Una fase que transitaría por la vía de la apertura de los mercados, la reducción de aranceles para la inversión extranjera y el crecimiento económico de los países vía el crecimiento de las exportaciones.

Con las negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos con los países andinos, entre el 2004 y el 2006, se busca entonces lograr una mediación para acelerar la inserción de sus economías al mercado global conformando la estructura social y económica de los

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países dependientes al mercado global. Mercado controlado por el capital en su mayoría estadounidense y en el que participan también grupos y empresas más concentradas de origen local.

Vale la pena señalar que son los Estados Unidos quienes direccionan y definen la agenda a negociar. Son sus representantes comerciales quienes objetan o aceptan la participación de las diferentes delegaciones en las mesas de negociación. Son ellos quienes emplazan a los gobiernos locales a controlar la información relativa a los avances en los procesos de negociación, so pena de incurrir en una contravención a ser sancionada por la justicia internacional. La invitación a los socios en el proceso de “integración” en el marco del TLC andino, se extiende sólo a los gobiernos de los países de la CAN, en ese momento socios estratégicos (2002) de los Estados Unidos: Colombia, Perú y Ecuador. Bolivia no es invitada y Venezuela decide abstenerse planteando gran-des objeciones al modelo integracionista tutelado por el gobierno de Estados Unidos y sus empresas. La delegación de Ecuador finalmente se retira de la mesa en abril de 2005, cuando el gobierno de Lucio Gutiérrez es depuesto ante el descontento popular, (AGM, 2005) de manera tal que el gran acuerdo integracionista con Estados Unidos termina reduciéndose a los conocidos acuerdos bilaterales entre los gobiernos de Perú y Colombia.

El rol aislacionista del gobierno de Colombia, respecto de sus vecinos, no es nuevo y poco debe sorprendernos. Recordemos el apoyo de Colombia a los Estados Unidos en la guerra de Corea del Norte en los años cincuenta. Más tarde se constituyó en el único país latinoamericano en apoyar la ocupación inglesa de las Malvinas argentinas, por lo que recibió con justicia el nombre del “Caín de America”. Mas recientemente fue también uno de los pocos países en el mundo que apoyo la invasión a Irak y al deslegitimado gobierno del presidente Bush. También se han caracterizado por su diligencia en la implementación de grandes proyectos de intervención planteados para la región por los Estados Unidos como el Plan Colombia, la Iniciativa Regional Andina (IRA) y la Iniciativa de Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA). Repeti-das veces Condoleezza Rice y el mismo presidente Bush han reiterado el rol de Colombia como el mejor aliado estratégico de los Estados Unidos en America Latina. Con el estupor de sus gobiernos vecinos, Colombia acaba también de apoyar la directiva de retorno de los inmigrantes de Europa. “Despiadado con los débiles y genuflexo con los poderosos” (De la Torre, 2008), sin embargo ningún gobierno de la región había sido tan doblegado y humillado por el mismo gobierno de los Estados Unidos que el actual gobierno del presidente Uribe.

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Según el New York Times, en su editorial del 8 de octubre de 2007, a pesar de todos los esfuerzos que el presidente colombiano ha hecho para congraciarse con el gobierno estadounidense,

Sólo el tratado de Libre Comercio con Colombia debe ser pos-tergado. El presidente Uribe y su gobierno no han hecho lo suficiente para llevar a la justicia a los jefes paramilitares [apoyados, financiados y asesorados por los Estados Unidos1], responsables de violaciones de derechos humanos. Colombia esta ansiosa por el Tratado y ha hecho algún progreso en derechos humanos. Pero tiene mucho mas por hacer y demorar la ratificación puede usarse como un instrumento de presión para hacer cambiar el comportamiento del presidente Uribe. Mientras tanto, el Congreso debe moverse rápido con el TLC con Perú para mostrarle a Colombia que le esta faltando por hacer (New York Times, 2007)2.

Aunque es cierto que la discusión del TLC con Colombia ha llegado a situarse en el marco de la coyuntura política norteamericana, entre republicanos y demócratas (ambos defensores a ultranza del libre comercio y la injerencia militar en asuntos internos latinoamericanos con divergencias respecto a los mecanismos para implementarlos), Colombia se ha constituido en uno de los ejes del debate norteamericano en su relación con America Latina (Toro Pérez, 2008).

El Tratado de Libre Comercio con los países andinos, tras el fracaso del ALCA, supuso una importancia enorme para el gobierno de los Estados Unidos en todos los planos, económico, geopolítico y militar. Colombia y la región andina en particular han sido considerada fundamental para el acceso a materias primas y manufacturas de baja tecnología, una de las grandes características de la división del trabajo en America Latina. El desarrollo de la agricultura y la industria de Estados Unidos está condicio-nada por la adquisición de este material en los países periféricos ricos en recursos naturales y minerales.

Esta carrera por las materias primas (agua, petróleo, gas y otros recursos) se nos presenta hoy con toda su virulencia en America Latina, especialmente en los países andino-amazónicos donde se encuentran dos de los ejes de desarrollo estratégicos para los Estados Unidos: el eje amazonas y el eje andino considerados fundamentales para el proceso de integración de la infraestructura regional suramericana y que constituyen

1. El anexo en paréntesis, no hace parte de la cita y es responsabilidad de la autora del presente artículo.2. Título original “Democrats talks sens to Democrats”, traducción de la autora.

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dos de las áreas estratégicas fundamentales para las extracciones masivas de recursos genéticos y recursos minero-energéticos a los Estados Unidos (Barreda, 2004:5-36).

El eje amazonas, que comprende los centros urbanos de Brasil, Colombia, Perú y Ecuador, contiene grandes reservas de recursos natura-les no renovables como petróleo, oro, uranio, y hierro.

Sus aguas representan del 15 al 20% de toda la reserva de agua dulce del planeta. […] Asimismo sus ríos contienen una gran riqueza biológica en especies de peces única en el mundo. El río Amazonas contiene 2.000 especies de peces, 10 veces más que las contenidas en todos los ríos europeos y la verdadera riqueza amazónica, que ahora se empieza a reconocer, es la “Amazonía en pie”, la biodiversidad […]. Su flora y fauna constituyen por sí solas más de la mitad de la biota mundial (Barreda, 2004:34).

El eje andino corresponde a los centros urbanos de Venezuela, Colom-bia, Ecuador, Perú y Bolivia, cuyas riquezas “hidrocarburos (gas natural y petróleo), la minería (carbón, oro plata mármol, granito y platino, entre otros) y la biodiversidad (alberga el 25% de la diversidad biológica mundial) representan importantes opciones para los inversionistas de la industria farmacéutica y alimentaria (Barreda, 2004:33).

Es justamente debido a la importancia estratégica de la biodiversidad (representada en una enorme variedad genética, de especies animales y vegetales) para la industria biotecnológica en los Estados Unidos, que el TLC con los países andinos la considera por primera vez dentro de una agenda de negociación comercial bilateral, asociada a las disposiciones sobre propiedad intelectual. Propuesta esta hecha por la delegación colombiana y generosamente aceptada por los Estados Unidos. El TLC se constituye entonces en un instrumento jurídico indispensable para garantizar el libre acceso a estos recursos, la protección a los inversionistas norteamericanos en la explotación tecnológica de recursos, conocimientos tradicionales y tecnologías propias, así como en la comercialización y venta de sus bienes derivados de su desarrollo tecnológico en nuestros países. Empresas como Pfizer, quien controla el 54,4% del mercado mundial de los productos farmacéuticos con ventas hasta de 42.281 millones de dólares en 2002 (ETC, 2005)3; Wal Mart, el principal comercializador de flores colombianas en los Estados Unidos; y Caterpillar, representante de los sectores de maquinaria pesada, se han constituido en unos de los

3. Grupo ETC (2005) y La Jornada de México (2003), citadas por Porto Goncalves (2006:106-107).

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actores que han adelantado con más fuerza el lobby ante el Congreso de Estados Unidos en pro de la ratificación del TLC con Colombia.

Cada día que pasa sin una votación, nuestra relación con uno de nuestros aliados más cercanos de América Latina se vuelve tensa y obliga a los trabajadores, agricultores, consumidores y negocios, a renunciar a beneficios económicos considerables. Ya es hora de que el Congreso estadounidense programe una votación sobre el acuerdo (Portafolio, 2008)4

En particular Pfizer, el fabricante número uno en productos farma-céuticos en el mundo, gastó solamente en actividades de cabildeo ante el gobierno de los Estados Unidos más de 2,8 millones de dólares, buscando la extensión de la protección de patentes. Protección que busca ir más allá de lo consignado por la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la Convención de la Biodiversidad (CDB) en lo que refiere a la normatividad de propiedad intelectual sobre recursos genéticos y conocimiento tradicio-nal indígena.

De allí que el proceso de negociación del Tratado de Libre Comercio con los países Andinos significa un “avance” en tanto consigna, a dife-rencia de los TLC firmados hasta el momento, la posibilidad de extender los periodos de patentes en materia de biodiversidad y, por otra parte, la posibilidad de apropiarse de lo que hasta ahora había sido prohibido en los diversos tratados de propiedad intelectual sobre organismos vivos: las plantas y los animales.

En efecto, desde los inicios de 2002, la posición del gobierno nor-teamericano había sido clara e inamovible cuando todavía se pensaba en un TLC entre Ecuador, Colombia y Perú.

Estados Unidos, busca el patentamiento de plantas y animales, procedimientos diagnósticos, terapéuticos y quirúrgicos para tratamiento de humanos y animales, de los llamados segundos usos, la protección de los datos de prueba y el alargamiento del periodo de las patentes y no acepta la protección que los países andinos buscan (El Tiempo, 2004).

Cabe anotar al respecto que la participación de los Estados Unidos a nivel mundial en bienes vendidos por derecho propiedad intelectual pasó de 1987 en 27%, a un 50% en 1999 y se espera para 2008 que alcance al 80%. De quince empresas farmacéuticas existentes en 1999,8 están situadas en Estados Unidos, 3 en Inglaterra, 3 en Suiza y 2 pertenecen

4. Declaración de Craig Herkert, el director para America Latina de Wal Mart.

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a consorcios franco alemanes. Se calcula que cinco de la empresas de biodiversidad que invierten en la identificación de genes y sus propiedades solicitan de inmediato patentes, de manera tal que pueden llegar a poseer mas del 50% de todas las patentes sobre biotecnologías agrícolas (Suárez, 2005:204).

Ante esta situación de desigualdad respecto a las posibilidades de desarrollo tecnológico por parte de nuestros países y la capacidad de concentrar capitales y garantizar la apropiación de plusvalía generada, además por la apropiación del conocimiento tradicional asociado a los recursos biológicos por parte de Estados Unidos, ¿cómo podemos justi-ficar que con el TLC andino estaríamos ante un proceso interaccionista que podría generar enormes beneficios a los países andinos en materia de utilización de recursos derivados de la biodiversidad, transferencia de tecnologías y protección de conocimientos tradicionales como lo señalan los gobiernos de Colombia y Perú? Planteamos, por el contrario, que es precisamente a partir de las negociaciones en materia de propiedad intelectual, biodiversidad y conocimiento tradicional, entre otros temas claves en el marco del TLC andino, que se hace evidente el choque entre dos modelos de integración regional y social frente al manejo y control de uno de los patrimonios estratégicos de America Latina: la biodiversidad

En este artículo planteamos cómo los procesos de negociación del Tratado de Libre comercio con los países andinos (en lo que corresponde al capítulo de propiedad intelectual y biodiversidad) manifiestan no sólo la crisis de los procesos de integración tutelados por los Estados Unidos como el TLC, sino también el avance de un proceso de movilización social regional sin antecedentes, que reclama la construcción de una nueva iniciativa de integración alternativa coherente con los procesos sociales y políticos que se llevan a cabo en los países andinos y en general en América Latina.

Ello significa, por una parte, superar la “elitización, burocratización y tecnocratización” de los análisis académicos de integración y comenzar, por otra, a abordar desde una perspectiva crítica e histórica el rol de cada uno de los países andinos en estos procesos y sus posibilidades de integración contra-hegemónica.

el análisis de la integración andina: visiones y aproximaciones a los procesos de creación de la unidad latinoamericana

Recientemente, se ha promovido en Colombia y los países andinos una serie de encuentros sobre el futuro de la integración andina, cuyos primeros resultados arrojan una serie de nuevas preguntas para la cuestión de la integración. En la literatura dominante sobre el tema

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en la región andina, el nuevo regionalismo, funcional a la estrategia de inserción en la economía global hacia la liberalización de los mercados, implica un desafío para la comunidad andina de naciones, la cual debería encaminarse hacia el fortalecimiento de un gran mercado común que le permitiera insertarse con ciertas ventajas con base a estudios sobre la balanza exportación-importación (Moncayo, 2004). Para otros, el esquema de la integración andina radica en su déficit democrático, en tanto refleja más bien la integración de los intereses de unas burocracias nacionales y regionales que una articulación de agendas coherentes con los problemas de los pueblos de la región (Cárdenas, 2004:21). En consecuencia, mien-tras el modelo liberalizador languidece y con él una de sus expresiones la comunidad andina de naciones, un nuevo tipo de regionalización se estaría abriendo paso, impulsado por los diversos gobiernos de Ecuador, Venezuela, Bolivia, Argentina, Uruguay y Brasil, quienes comienzan a constituir un frente común, no ausente de grandes contradicciones, contra las políticas de regionalización impuestas por los Estados Unidos en materia de comercio, seguridad y defensa en el área andina.

Dos posiciones frente a la integración andinaLa visión estadounidense de América y su rol en el mundo capitalista,

bajo la concepción del “destino manifiesto” por la cual los Estados Unidos se atribuían su misión histórica de expansión continental, contrasta claramente con la planteada por Bolívar al final de las luchas indepen-dentistas. Él inspiraría en 1822 la formación de una liga de naciones entre Colombia, Perú y Centroamérica para promover la cooperación y el desarrollo político y económico de las nuevas naciones independizadas. Una respuesta defensiva frente a la Santa Alianza Europea y a Estados Unidos significaba en ese entonces un proyecto solidario hacia la construc-ción conjunta de una unidad latinoamericana. Sin embargo, los objetivos de Bolívar, visionarios y ambiciosos, difícilmente fueron aceptados por la competencia abierta entre los Estados por asegurar su rol de subordina-ción frente a la potencia capitalista emergente en el ámbito hemisférico. Ello, sin embargo, no ha impedido ciertos momentos de convergencia en torno a reflexiones sobre el problema de la deuda externa y la dependencia económica de organismos internacionales, así como la necesidad del desarrollo de un comercio subregional en términos más equitativos, como en la defensa de los derechos y reivindicaciones sociales de los pueblos. Resultado de estos encuentros de reflexión surge la iniciativa de la comu-nidad andina, cuyo desenlace en el marco de las contradicciones propias del sistema capitalista ha llevado a la actual crisis del proyecto integrador.

El tratado constitutivo de la comunidad andina tiene ya más de 35

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años, en cuya vigencia han ocurrido diversas etapas de auge y crisis en relación con las políticas de cada uno de sus miembros, como con el contexto internacional (Wagner, 2004:1).

De la integración comercial al ajuste estructuralLa primera corresponde al momento de su inicio en 1969, desde la

suscripción del acuerdo de integración subregional andino, más conocido como Acuerdo de Cartagena, hasta finales de los años ochenta, en torno a la promoción de un comercio subregional en búsqueda de una política industrial común.

La segunda etapa corresponde al momento en el cual los países, en virtud de la crisis de la deuda, se ven abocados a aplicar las políticas de ajuste estructural, disminuyendo las posibilidades de crear al menos un comercio intracomunitario. Cada país se relaciona directamente y de manera prioritaria con Washington. Es el momento de la conformación del grupo de países andinos que llevaría al Pacto Andino.

Pero al mismo tiempo es en esta misma época donde se crean, a la luz de los modelos europeos, el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, la Comisión Andina, la Secretaría General, el Tribunal Andino de Justicia, el Parlamento Andino de nuestra actual Comunidad Andina CAN (1979). En 1984 se crea la Universidad Andina, fundada por el parlamento andino, y se constituye en la institución durativa del sistema.

Regionalismo abierto, apertura y crisisA partir de los años noventas, con la idea de “regionalismo abierto”, se

inicia una nueva etapa de apertura comercial, a tono con los procesos de liberalización económica y planteando una plataforma para la inserción de los países miembros en el mundo, al amparo de ciertas condiciones imperantes en el mundo de las Américas, como la agenda del ALCA, lo cual privilegia los intercambios existentes con las grandes potencias por sobre las alianzas productivas de los países miembros. Es en este momen-to donde se definen las decisiones 391 (Acceso a los Recursos Genéticos) y 486 (Régimen Común sobre Propiedad Industrial).

Planteamientos como “la reinvención del territorio” asumen que empresas y nuevos gobiernos regionales se pueden adaptar a las nuevas conveniencias del mercado, en tanto puedan desempeñar más compe-titivamente las funciones de los Estados nación y debilitando el poder del Estado, en una nueva apreciación del territorio y la soberanía (Policy Paper, 2004).

Es justo en este momento de adaptación de nuevas recetas neoli-berales al diseño intergubernamental de la CAN que esta se quiebra, y

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surgen diferencias profundas entre los Estados respecto del significado del regionalismo abierto propuesto por las hegemonías existentes.

A partir de 2004, con el Pacto de Quito se intentan nuevas dimensio-nes de la cooperación en una nueva la fase de la regionalización andina, en donde emergen nuevas agendas distintas al problema del comercio y las aduanas. Se plantea la necesidad de pensar en un modelo de desarrollo propio, centrado en las potencialidades de los pueblos andinos e incluyen-do el fortalecimiento de la cohesión social y la equidad en las relaciones internacionales (Wagner, 2004:26).

Pero sobre todo se consolida los lineamientos de una política de seguridad externa común que intente la reducción de los gastos militares y desarrolle una concepción democrática y no ofensiva, al estilo de la propuesta por la UE; profundizándose el trabajo en temas estratégicos como la energía, las comunicaciones, el medio ambiente y la biodiversidad. También se propone incorporar la dimensión social, haciendo énfasis en el sector de las pequeñas empresas de desarrollo rural y fortalecer el desarrollo agrícola. Seguridad y agricultura, dos temas centrales de las políticas europeas, son propuestas también en la nueva agenda para pensar el futuro de la Comunidad Andina.

Sin embargo aunque la CAN con el Pacto de Quito avanza en una agenda multidimensional, la convergencia política en torno a la conforma-ción de un bloque autónomo incompatible con los acuerdos comerciales propuestos por los Estados Unidos, como el TLC, no constituye una de las características de estos últimos dos anos. El “eje monroista” (Ramírez y Vieira, 2006) conformado por Colombia, Perú, Bolivia y Ecuador hasta 2005, se divide cuando emergen los nuevos gobiernos de Correa y Evo Morales, planteando concepciones claramente adversas al proyecto de hegemonía regional norteamericano. Perú tambalea y Colombia continúa solitaria, siguiendo las cada vez más cuestionadas políticas de integración comercial bilaterales con los Estados Unidos. Las tensiones entre la CAN y el renovado MERCOSUR se profundizan amenazando con la desintegración del proyecto común.

el asunto de la biodiversidad en la can y el tlc andino. el régimen común andino sobre acceso a los recursos genéticos

Los países industrializados, especialmente Estados Unidos, han concedido, de manera progresiva, una gran importancia estratégica a la seguridad en la provisión de los recursos naturales. El documento Santa Fe IV (Lucier, 2004), que orienta la política norteamericana en la región, señala claramente que uno de los elementos geoestratégicos fundamen-tales para responder a las prioridades nacionales de Estados Unidos

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radica en los recursos naturales de América Latina y el Caribe, los cuales constituyen un eje central de la actividad productiva regional.

La región dispone de un 40% de la biodiversidad del planeta y de un 25% de los bosques mundiales. Conteniendo el 28% de los recursos hídricos mundiales, el 38% de sus tierras está destinado a fines agrícolas (Ruiz Caro, 2005:28). Sólo la región andina concentra el 25% del total de la biodiversidad mundial con el 16,8% de aves, 10,5% de anfibios y 10,3% de mamíferos del total mundial (Geo Andino, 2003:72). “Esta mega diversidad” sólo es posible gracias a la confluencia de factores geográficos y climáticos que favorecen la existencia de gran variedad de ecosistemas naturales marinos, de bosques húmedos tropicales, bosques andinos, páramos y sabanas caribeñas, humedales y manglares (Van der Hammen, 2003:23). Colombia representa el segundo país, después de Brasil, en variedad de especies, seguido por Ecuador y Bolivia (Mc Neely et al., 1993).

La biodiversidad constituye, como lo habíamos señalado, uno de los componentes más estratégicos del patrimonio natural de la región. Patrimonio que comprende el conjunto de organismos vivos de cualquier fuente, presentes en los ecosistemas terrestres marinos y otros ecosistemas acuáticos. Se incluye la diversidad dentro de una especie (recursos genéti-cos), entre especies y entre diversos ecosistemas con un valor económico potencial.

Siendo América Latina una de las regiones más ricas en biodiversidad, los beneficios que recibe de parte de quienes la procesan y la desarrollan a través de las nuevas tecnologías son mínimos. Se estima que un 25% de las prescripciones de medicamentos provienen de fuentes naturales y cerca de un 75% depende de medicinas tradicionales. Su relevancia eco-nómica radica en el valor de estos componentes para nuevas aplicaciones industriales. El valor de las exportaciones andinas de plantas utilizadas en perfumerías y medicinas creció a una tasa promedio anual de 1,6% durante el periodo 1992-2001 (GeoAndino, 2003:73).

Al mismo tiempo, el creciente poder oligopólico sobre la producción de alimentos y medicinas, gracias a los sistemas de patentamiento y a los regimenes de propiedad intelectual, convierte a unos pocos conglomerados en dueños de los organismos vivos por más de veinte años. Lo que está en juego en el marco del TLC andino en materia de biodiversidad es justamente la propiedad intelectual, no sólo de plantas y animales por parte de las industrias farmacéutica y alimentarias, lo que no esta contemplado ni siquiera en las normas de la OMC o el Convenio de Biodiversidad, sino también del conocimiento tradicional de las comunidades indígenas en la región, asociado a la utilización de estos recursos. Si bien la normatividad

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de la CAN a través de la Decisión 391 sobre Acceso a Recurso Genéticos había abierto la puerta al patentamiento de microorganismos, y como lo veremos había rechazado el derecho de veto de las comunidades tradicio-nales frente a las iniciativas de acceso por parte de empresas trasnacionales de la industria farmacéutica y alimentaria. Lo que busca el TLC es reducir aún más el espectro de la protección sobre los recursos genéticos.

Esta es la novedad de la propuesta del TLC andino con respecto a otros acuerdos bilaterales adelantados por los Estados Unidos. El posible patentamiento de plantas y animales, contemplado en el compromiso de los países firmantes del tratado de hacer los “mejores esfuerzos” (Ministe-rio de Comercio de Perú: 2006) para la obtención de dichas patentes, no contemplado, por normatividad alguna en materia de comercio o ambiente en el mundo, llámese OMC, CDB, CAN u OMPI (ADPIC, 1994)5. ¿Cuál sería entonces la razón jurídica para tal rechazo en las máximas instancias co-merciales globales de negociación en materia de biodiversidad y propiedad intelectual? El razonamiento responde a la consideración de equiparar los organismos vivos, en este caso específico las plantas y los animales, a una invención industrial. Por lo tanto, desde la legislación comercial vigente mundial, estos no podrían pertenecer a ningún “inventor”, empresa o centro de investigación.

Sin embargo, la legislación norteamericana sí lo permite y ello lo refuerza la misión comercial del comité de medios y arbitrios de la Cáma-ra de Representantes de Estados Unidos en su visita a Colombia, Perú y Ecuador en 2005. En dicha visita, la misión recuerda que el Tratado de Libre Comercio con los países andinos “deberá tener un capítulo fuerte de propiedad intelectual”, ya que los tres países “poseen una gran parte de especies en el mundo (biodiversidad)” y por tanto no son deseables “las protecciones que estos han adelantado a través de la CAN” ya que ello afectaría “el sistema de propiedad intelectual de Estados Unidos”. Y reitera, que el apoyo “sólo se dará a aquellas naciones que estén listas y hayan hecho las concesiones necesarias”.

Ya en diciembre de 2005, un país se declara listo para hacer las concesiones necesarias: Perú se adelanta a sus colegas andinos firmando un tratado en condiciones todavía más desventajosas que el CAFTA, creando un escenario más difícil para los dos únicos países del área andina (Colombia y Ecuador) que continuaban aún con la pretensión de firmar.

5. En lo que atañe a la relación entre acceso a los recursos genéticos y la protección del conocimiento tradicional: en su Artículo 27.3, los ADPIC exigen a los países miembros de la OMC que otorguen patentes sobre materia viva con excepción de plantas y animales (pendiente una protección sui generis sobre conocimientos colectivos, etc.).

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Ecuador decide finalmente retirarse del proceso y Colombia firma sobre la base del texto de Perú. El Congreso colombiano, sin ningún debate, lo ratifica al año siguiente, antes de conocer las modificaciones que el Congreso de Estados Unidos le hace posteriormente al texto en materia laboral y ambiental a principios de 2006.

De tal manera que de cinco países que componen la desfalleciente Comunidad Andina de Naciones, sólo dos continúan el vasallaje impuesto por Estados Unidos: Perú y Colombia. Ecuador, Bolivia y Venezuela dignamente se retiran y el último informa el 22 de abril de 2006 su salida de la CAN y la decisión de denunciar el Acuerdo de Cartagena que la conforma.

La CAN ante el dilema de la apropiación de la diversidad biológica andinaSi bien es cierto que la CAN (Comunidad Andina de Naciones) se

debilita con la firma del TLC con Estados Unidos por parte de Perú y Co-lombia, entre otras muchas razones, es prudente reconocer que la marcha por la apropiación y comercialización de la diversidad biológica y cultural en los países tropicales había iniciado su curso con las puesta en vigor del Convenio de Biodiversidad firmado en Río y su complementariedad con las Decisiones Andinas 391 y 486 sobre acceso a recursos genéticos y propiedad industrial. El TLC con Colombia y Perú revela sólo una fase de profundización de este proceso de apropiación y saqueo de recursos naturales, lo que significa el debilitamiento de sus posiciones negociadoras y su aislamiento respecto del resto de países de la región.

En efecto, las decisiones andinas respondían coherentemente a lo presupuestado en los Acuerdos Ambientales y Comerciales como la Convención de Biodiversidad y la Organización Mundial del Comercio respecto a la creación de medidas, actividades y directrices relativas a facilitar el acceso a los recursos genéticos, defender los derechos de propiedad intelectual de las empresas, definir las responsabilidades de los “usuarios” y “proveedores”, buscar el apoyo de los gobiernos y organismos de integración regional, así como consolidar la puesta en marcha de programas de creación de “capacidades” legislativas, administrativas y de política para garantizar este acceso (CDB, 2001).

Si bien la Construcción del Régimen Común Andino sobre acceso a los recursos genéticos en 1997 emerge en el discurso político de ese entonces como un baluarte frente a la avanzada de la empresas biotecnoló-gicas y farmacéuticas, en realidad constituye una de las reglamentaciones comerciales pioneras en las garantías de la defensa de los derechos de propiedad intelectual de estas a través de los denominados contratos de acceso (CAN, 1996).

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Es indudable que la Decisión Andina 391 comparte algunos de los preámbulos del CDB (Convención de la Biodiversidad) en el cual se reconoce que los “países miembros son soberanos en el uso y aprovecha-miento de sus recursos, principio que ha sido ratificado por el Convenio sobre Diversidad Biológica suscrito en Río” (CDB, 1994:5). Y por lo tanto deben, según esta decisión:

Sentar las bases para el reconocimiento y valoración de los recur-sos genéticos […]. Promover la conservación de la diversidad biológica y el uso sostenible de sus recursos […]. Promover y desarrollar la consolidación y desarrollo de las capacidades científicas […]. Proteger el conocimiento tradicional indígena.

Y pensar en:Prever condiciones para una justa y equitativa distribución de

beneficios” derivados del patentamiento y comercialización de estos recursos (CAN, 1996).

Sin embargo en el desarrollo jurídico de sus contenidos a lo largo de las diversas Conferencias de las Partes (COP) entre 1994 y 2008, y los desarrollos normativos de la decisión andina en cada país, surgen grandes ambigüedades respecto de sus verdaderos alcances e impactos.

Se excluye el patentamiento de plantas y animales, pero permite el de microorganismos

Efectivamente el régimen comunitario parece rechazar la naturaleza de la invención asociada a los seres vivos y sus partes, tal como se encuentran en la naturaleza, así como los procesos biológicos naturales o el material biológico existente. Prohíbe expresamente patentar “las plantas y los animales y los procedimientos esencialmente biológicos que no sean procedimientos biológicos o microbiológicos” (CAN, 2000).

Ello significa, al mismo tiempo, que acepta las patentes de los microorganismos: “serán patentables hasta tanto se adopten medidas distintas resultantes del examen previsto en el apartado b) del artículo 27, numeral 3 del ADPIC (Acuerdo de la OMC sobre derechos de propiedad intelectual)” (CAN, 2000) 6. Lo que significa la posibilidad efectiva del patentamiento de los organismos vivos que simplemente se extendería a plantas y animales con el TLC.

6. Segunda disposición transitoria, Decisión 486 de 2000.

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Exclusión de comunidades indígenas en el proceso de legislación que atañe a la protección, privatización y comercialización de su conocimiento tradicional

La decisión andina en materia de recursos genéticos excluye a las comunidades indígenas de los procesos de decisión respecto del proceso de comercialización de su conocimiento tradicional sobre propiedades medicinales y alimenticias, y practicas de conservación de la biodiversi-dad.

Si bien se realizó durante 1996 una convocatoria de “participación” para construir un borrador de decisión regional andina, que considerara la protección de los derechos de los pueblos y comunidades tradicionales sobre sus conocimientos colectivos el respeto por la soberanía y los dere-chos del “país de origen”, ejercicio favorito de los burócratas de la ecología de los países andinos para enredar a las comunidades indígenas, conseguir recursos para sus consultorías y ejercer un control de acceso a estos recursos, el resultado de la legislación final desconoció los argumentos que se plantearon en torno a:

· La división entre componentes tangibles (recursos biológicos) e intangibles (conocimiento tradicional) de la biodiversidad para su regulación.

· La naturaleza del conocimiento tradicional como colectivo.

· La posición mayoritaria indígena respecto a la negativa de privatizar dicho conocimiento (Pombo, 1998:76).

De hecho, la propuesta de derecho al veto por parte de entidades contratantes respecto del ejercicio entre acceso y protección intelectual, defendida por las comunidades, fue ampliamente rechazada. Igualmente lo fue la propuesta de impedir el otorgamiento de patentes o cualquier otro tipo de propiedad intelectual sobre el patrimonio colectivo de una innovación. La decisión plantea, más bien, la posibilidad de “establecer contratos conexos en los que podía haber conocimiento tradicional asociado”. En la práctica, esta determinación condujo a la separación del conocimiento “tangible” del “intangible”, así como el rol de usuarios y proveedores lo que terminó profundizando la contradicción entre control o facilitación del acceso como objetivo central de la decisión andina.

Acceso a los recursos genéticos, sí…; transferencia de tecnologías, no

Otra de las contradicciones presentes en la legislación común andina sobre acceso a los recursos genéticos tiene relación con problema de la

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transferencia de tecnología. Dado que la investigación científica es una de las prioridades de cada Estado, el establecimiento de la normatividad general no considera el impacto que pueda tener en cada país las restric-ciones sobre el derecho a la generación de conocimiento de los recursos de cada país y el uso de técnicas de investigación. La norma que define el término de acceso a los recursos genéticos no promueve, bajo criterios de transparencia y equidad, el desarrollo tecnológico de los pueblos.

Se quiere dar el acceso… pero se desconocen los mecanismos para lograrloLos funcionarios más proclives a la entrega de la biodiversidad, los

ministros del Medio Ambiente colombiano y directores de institutos de investigación de recursos biológicos como el Von Humboldt han sostenido desde Río en 1992, todos sin excepción, que “se quiere dar acceso” a las empresas biotecnológicas y farmacéuticas. Pero la presión de parte de los movimientos sociales (indígenas, ONG, campesinos, académicos) ha impedido el desarrollo de sus mecanismos para su mercantilización. Si bien para algunos (consulta radicada nº 977 del 8 de agosto de 1997 del Consejo de Estado sobre el régimen jurídico de propiedad colombiano) “los recursos genéticos son bienes de dominio público. Por lo tanto, no pueden ser objeto de negocios jurídicos que impliquen la transferencia de dominio, por tanto inalienables”, para otros (Casas, 1999), esta respuesta se trata de un mero concepto y por tanto no implica obligatorio cumpli-miento. La posición es “subsanar esos problemas para poder implementar la Decisión 391” y establecer mecanismos de acceso a los recursos genéti-cos que traigan beneficios económicos para el país. Así de simple.

El acuerdo respecto a biodiversidad y conocimientos tradicionales celebrado entre Estados Unidos, Perú y Colombia va más allá si cabe de lo negociado en el TLC con Chile y el CAFTA. En efecto, lo novedoso consiste en la posibilidad de patentar plantas y animales. Para ello se incluye un nuevo parágrafo en el cual las partes reconocen “la promoción de la calidad del examen de las patentes para asegurar que se satisfagan las condiciones de patentabilidad” (Gómez Lee, 2006; CAN, 2006), confirmando así que en cada nuevo acuerdo se cede cada vez más, consti-tuyéndose cada nuevo TLC en la base del siguiente.

Ello significa que tanto la materia viva –llámese microorganismos, genes, hasta organismos biológicos como plantas y animales, incluyendo tejidos humanos– podría, si se ratifica el TLC bajo estas condiciones por parte de los respectivos Congresos, ser objeto de patente si se establece que no se conocía su existencia, si son aislados de su ambiente natural y si se determina su utilidad industrial. Estados Unidos, que protegía bajo el

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sistema de patentes sólo los primeros así como los recursos sintetizados o derivados de los recursos genéticos, va extendiendo nuevas posibilidades de patentes. La Comunidad Andina de Naciones (CAN) y el Convenio sobre la Diversidad Biológica, que regulaban el acceso y apropiación sobre los microorganismos y abrían la posibilidad de negociar los recursos genéticos y el conocimiento tradicional a través del consentimiento de los países “soberanos” mediante un contrato de acceso, tendrían que ampliar sus decisiones en materia de propiedad intelectual para plantas, animales y nuevos procedimientos.

Ello significa, también, que las comunidades tradicionales que han usado los componentes activos de las plantas durante años serán excluidas del derecho de utilizarlas sin pagar regalías a las empresas que detentarían las patentes sobre sus principios activos y sobre sus posibles segundos usos. De igual manera sucedería con las semillas. El intercambio de semillas y su reutilización sería prohibido para los agricultores debido a las cláusulas de propiedad intelectual que impiden reutilizar las semillas y desarrollar nuevas variedades.

Por otra parte, las cláusulas de solución de controversias en tribunales internacionales permitirían a empresas farmacéuticas y biotecnológicas interponer demandas millonarias si consideran que no obtuvieron los privilegios esperados. En otras palabras, los Estados se convierten en garantes de las empresas multinacionales.

¿el fin de la integración andina? encuentros y desencuentros entre decisiones de los países andinos durante la negociación del tlc (2002-2006)

Uno de los temas que llevaron a la división de los países andinos fue el tema de propiedad intelectual. Después de casi dos años de negociación, el desarrollo de esta mesa llevó a momentos de tensión, tanto al interior de los gobiernos como en sus relaciones con los Estados Unidos.

Las negociaciones del TLC fueron el escenario de múltiples conce-siones que se iban extendiendo con el tiempo. El documento base de negociación en enero de 2004 fue expandiéndose y convirtiéndose en objeto de múltiples adiciones a las que ya existían en los anteriores trata-dos. En un primer momento Ecuador, Perú y Colombia trabajaron unidos y propusieron incluir el artículo sobre biodiversidad en el TLC, asumiendo que con ello lograrían proteger la endeble legislación andina. “Los países andinos buscan establecer salvaguardias de acceso a los recursos genéticos y asegurar respeto al régimen andino existente y cooperación en esa materia” (Ministerio de Comercio, 2005).

Frente a la movilización que empezó a gestarse contra la inclusión de estos capítulos por parte de movimientos sociales en Colombia y Ecuador,

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los negociadores convocan varios encuentros con la sociedad civil para intentar explicar su rol de defensores de la soberanía andina. La impo-sibilidad de encontrar argumentos válidos para defender lo indefendible conlleva a un fortalecimiento del movimiento anti TLC en ambos países. Sectores campesinos, indígenas, de la salud, de la cultura y sindicatos de trabajadores de las pocas empresas no privatizadas, como las de telecomu-nicaciones, salen a la calle llenando las plazas públicas tanto en las pe-queñas como en las grandes ciudades. Esta movilización sin antecedentes en Colombia logra por primera vez llevar al partido de izquierda, el Polo Democrático Alternativo, al segundo renglón más votado en la historia colombiana en las elecciones presidenciales del 2006. En Ecuador se logra efectivamente llevar al poder un nuevo gobernante progresista.

Frente al retiro definitivo del Ecuador y la firma del TLC entre Perú y Estados Unidos, Colombia inicia una campaña infructuosa de lobby ante el Congreso norteamericano, en su mayoría demócrata, mientras los TLC precedentes se convierten en objeto de debate en el marco de la campaña presidencial en los Estados Unidos. Nuevos temas de campaña como los derechos laborales afectados por los anteriores TLC y los problemas de cambio climático empiezan a afectar las áreas temáticas de los TLC.

Lo prometido y lo firmado, lo que Estados Unidos efectivamente negocio y lo que Colombia creyó que negoció y perdió

Los capítulos relativos a la propiedad intelectual y biodiversidad durante 2005 se habían convertido en unos de los más debatidos al interior de la negociación y en la plaza pública. Se suceden los desacuer-dos entre países respecto al lugar donde debe estar ubicado el artículo sobre las patentes de plantas y animales. Mientras los países andinos defienden su pertinencia en el articulado sobre Derechos de Propiedad Intelectual, “para que quede muy claro allí el respeto a las normas andi-nas”, los norteamericanos defienden su ubicación en el ambiguo e inocuo (aparentemente) capítulo sobre medio ambiente, para evitar las lecturas transversales del tratado. Los andinos, al principio, intentan acogerse a la declaración de DOHA para defender la salud pública (no extendiendo periodo a patentes ni datos de prueba) y poner condiciones a los derechos de patentes por parte de la industria farmacéutica. Estados Unidos no lo acepta, como tampoco “la promoción de innovación tecnológica y bene-ficio recíproco de los productores y de los usuarios de los conocimientos tecnológicos y culturales” (Ministerio de Comercio, 2005). La mayoría de los artículos sobre biodiversidad incluidos por los andinos aparecen cuestionados por los negociadores de los Estados Unidos. Y es claro que persiste en la defensa del acceso y protección de nuevas variedades de

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plantas acorde con el tratado de cooperación en materia de patentes (PCT, 2000).

Todas las propuestas andinas aparecen en corchetes y posteriormente serán eliminadas en los textos del 2006:

La protección de los DPI debe contribuir a la promoción de la innovación tecnológica, la transparencia y la difusión de la tecnología y el progreso cultural en beneficio de productores y usuarios de conocimiento, favoreciendo el bienestar social […].

[…] las partes podrán adoptar medidas para proteger la salud pu-blica, y la nutrición de la población o para promover el interés público en los sectores de vital importancia para su desarrollo socioeconómico y tecnológico.

[…] los Andinos reconocen los tratados multilaterales y el ADPIC en el marco de la OMC (Ministerio de Comercio, 2005).

Estados Unidos propone ir más allá de la legislación de los ADPIC, que no permiten patentamientos de plantas y animales (lo que será denominado como los “ADPIC plus”), omitiendo las reclamaciones de los países andinos, condicionando lo referente a la transferencia de tecnología e imponiendo nuevas obligaciones con respecto a cualquier materia existente a la fecha de entrada de vigencia del tratado.

Los andinos, ante los procesos de movilización social y cuestionamien-tos al interior de los países, intentan nuevas proposiciones que quedaran al principio en corchetes y luego serán eliminadas progresivamente del texto final:

Lograr el reconocimiento y la contribución de pueblos, indígenas y afroamericanos y locales al desarrollo y conservación de los recursos bióticos y genéticos […].

Soberanía sobre sus recursos biológicos y genéticos, y determinar las condiciones de acceso de acuerdo a normas multilaterales […].

Acceso a recursos genéticos condicionado al consentimiento informado previo de las comunidades indígenas […].

Compensación por dicho acceso y una distribución justa y equita-

tiva distribución de los recursos biológicos y genéticos y los productos derivados de los conocimientos tradicionales (bastardillas de la autora, Ministerio de Comercio, 2005).

De esta manera, infructuosamente los negociadores buscan legitimarse ante la opinión pública intentando explicar sus “buenas intenciones” a

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sabiendas de las posiciones y condiciones de los Estados Unidos en textos que no serán del dominio público, como los que referimos en este aparta-do. Buscando contener la presión de los movimientos sociales, plantean en los medios su defensa de la Decisión Andina 391 como el último bastión a defender antes de la entrega total. Sin embargo, Estados Unidos rechaza estas mínimas protecciones existentes por considerarlo incoherente con su régimen de propiedad intelectual y proponen nuevos articulados: “Cada parte otorgará patentes para las siguientes intervenciones: plantas, animales […] las patentes estarán disponibles para cualquier uso o método nuevo de utilización o producto conocido” (Ministerio de Comercio, 2005).

Los países andinos intentan en vano defender sus proposiciones relativas a la posibilidad de excluir los derechos de una patente. En este momento la retórica asociada a la defensa de la biodiversidad por parte de los mismos negociadores –que en el caso colombiano participan desde Río 92 hasta las negociaciones del TLC (en su mayoría consultores privados asociados al Instituto Alexander Von Humboldt), y representantes guber-namentales– trata de confundir los vanos intentos de negociación con sus ambiguos discursos de soberanía, procurando acallar las protestas y la movilización social creciente sobre el TLC en Ecuador, Colombia y Perú.

Después de un año de retórica, finalmente, estalla la crisis del equipo negociador colombiano en la decimosegunda ronda en 2005, cuando Estados Unidos insiste en su propuesta inicial de patentar no sólo seres vivos, sino también la protección de los llamados datos de prueba y el alargamiento del período de las patentes.

Después de 16 meses de permanentes tensiones y roces con los miembros del equipo provenientes del Ministerio de Comercio, los tres re-presentantes de la cartera de Protección Social consideran que el acuerdo que busca la delegación estadounidense es “altamente inconveniente para Colombia” (El Tiempo, 2005).

Sin embargo, el presidente Uribe decide firmar desatendiendo las crí-ticas. Buscando su posible reelección para 2006 y cambiando su estrategia prometiendo compensaciones a los sectores que serán más desfavorecidos, empieza a hablar de los “ganadores” y “perdedores” del TLC.

El reto en diciembre de 2005 parecía descansar ahora en convencer a los países andinos que quedaban para que firmaran “rapidito” y sin condi-ciones; Uribe, sin embargo, fuertemente cuestionado en Colombia y, ante el debilitamiento de la ayuda de Estados Unidos para su ya cuestionada política de Seguridad Democrática, decide esperar al siguiente año para asegurar el apoyo de los sectores económicos nacionales “perdedores” a través de compensaciones y alianzas políticas. Sorpresivamente Perú, aislado completamente del agitado mapa geopolítico, decide firmar solo

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Comienza la fase de claudicación: Perú firma solo y Colombia en peores condiciones para defender posiciones

El texto de la negociación en 2006 aprobado por Perú expresa la claudicación total. El cuestionado artículo de biodiversidad es incorporado en el capítulo 18 sobre medio ambiente, en donde se repite la retórica de buenas intenciones de preservar la biodiversidad, respetar el conocimiento tradicional y reconocer la importancia de la participación y la consulta pública en la celebración de contratos de acceso a los recursos genéticos, pero sin obstáculos para la inversión de las grandes CTN.

Ello se ve ratificado por un acuerdo especial respecto de biodiversidad y conocimiento tradicional, donde las partes deben asegurar las condicio-nes de patentabilidad y “encontrar medios para compartir información que pueda tener relevancia en la patentabilidad de las invenciones basadas en conocimiento tradicional y recursos genéticos”. Y además “harán todo lo posible” (realizarán todos los esfuerzos razonables) para lograr el patentamiento de plantas y animales.

Finalmente, en febrero de 2006, Colombia decide firmar el tratado “en el logro del desarrollo sostenible” (todo es posible en el marco del discurso ambiguo del desarrollo sostenible), partiendo del texto de Perú; todos los corchetes objetados por Colombia desaparecen y en su lugar aparecen frases como:

Nada en este capítulo se entenderá como que impide a una parte excluir de la patentabilidad invenciones de acuerdo con el ADPIC. Entonces una parte que no otorgue protección mediante patentes a plantas a la fecha de entrada en vigor de este acuerdo, “realizará todos los esfuerzo razonables para otorgar dicha protección” (Ministerio de Comercio, 2006)7. Cualquier parte que otorgue protección mediante patentes a plantas o animales en o después de la fecha de entrada en vigor de este acuerdo deberá mantener dicha protección (Ministerio de Comercio, 2006).

Adiós a la legislación andina en materia de acceso

Cada parte puede prever excepciones limitadas a los derechos exclusivos conferidos por una patente, a condición que tales excep-

7. Artículo 16.9, capítulo de DPI, versión preliminar del TLC con Colombia, de febrero de 2006, que será luego ratificada por el Congreso colombiano. Esta versión será ajustada nuevamente durante el primer semestre de 2007 por el Congreso norteamericano (a la fecha aún sin ratificar por este).

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ciones no conflijan de manera irrazonable con la explotación normal de la patente y que no perjudiquen de manera irrazonable los interés legítimos del titular de la patente (Ministerio de Comercio, 2006).

Y como si fuera poco, más garantías, plazos de protección y asuntos relativos a procedimientos civiles y judiciales

Cada parte dispondrá los medios para y, a solicitud del titular de la patente deberá compensar con retrasos irrazonables en la expedición de la patente […] así como prever una restauración y una compensa-ción al titular de la patente por cualquier reducción del proceso de aprobación de la comercialización […]. Que la parte perdedora le pague a la parte ganadora los costos procesales y los honorarios razonables de los abogados (Ministerio de Comercio, 2006).

La transformación de la CAN como instrumento de comercio global: el chantaje a Bolivia, el veto a Venezuela, la presión a Ecuador

Podríamos señalar que con el debilitamiento de la CAN, Colombia y Perú, signatarios de los TLC, se convierten en los paraísos para los inversionistas norteamericanos. Son tan grandes las garantías que el TLC le ofrece a sus empresas, que los funcionarios negociadores de esos países se comienzan a retirar de sus cargos, como Regina Vargo, para asesorar a las empresas en sus demandas a los pequeños países. La consejera del presidente Uribe para la gestión de acuerdos internacionales, exministra del medio ambiente, ingresa a la planta laboral de la empresa farmacéutica de origen norteamericano Laboratorios Wyeth (El Espectador, 2007) 8. Ello implica, sobre todo, la profundización de la fractura de las relaciones políticas y comerciales de los países y una transformación profunda de la relación de fuerzas sociales.

El contexto geopolítico de los países andinos durante la negociación del TLC se modifica durante este periodo. Si bien la política colombiana en la región andina, bajo las órdenes de Estados Unidos, había sido orientada en torno a “Manejar al presidente Chávez”, “Asegurar el Plan Colombia” y “Firmar el TLC” (El Tiempo, 2005), su rol del guardián encargado por los Estados Unidos de la seguridad regional de la región se modifica radicalmente cuando el congreso republicano es vencido ante la avalancha demócrata en 2006.

8. Entrevista a Sandra Suárez ante su renuncia como consejera para la Gestión de Acuer-dos Internacionales y su incorporación a los laboratorios Wyeth.

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En una política creciente de desintegración de los vecinos, los gobiernos de Colombia y Perú se convierten en rivales por la obtención de dadivas de los Estados Unidos y el resto de los países andinos, Venezuela, Ecuador y Bolivia, sus vecinos mas próximos, empiezan a convertirse, desde la opinión de la prensa conservadora colombiana y estadounidense, en la amenaza para la seguridad de la región.

En ese sentido no sorprende que en una de las reuniones de la CAN (abril de 2006), Colombia lidera con el gobierno de Palacios de Ecuador y de Toledo de Perú el veto a Bolivia (argumentando un atraso de cuotas), para evitar que objetara la modificación de la formativa en materia de propiedad intelectual, y a Venezuela, quien insistía en la posibilidad de aplazar la reunión. El resultado de esta “cumbre andina” fue la propuesta de reforma de las normas andinas de parte de Colombia y Perú para acondicionarlas al texto del TLC. Este procedimiento revelo la grave crisis de la CAN (Recalca, 2007 y 2008).

La obstinación de Toledo de firmar el TLC con Washington sin la más mínima legitimidad social es apenas comparable con la del presidente Uribe. Posición que va a ser defendida por su sucesor, el presidente Alan García. Palacios en Ecuador se ve confrontado por Estados Unidos, que lo presiona a acatar las exigencias norteamericanas y la movilización popular que le insta a adoptar medidas contrarias al TLC como la revisión de la legislación petrolera. Finalmente, en enero de 2007, Correa, su antiguo ministro de economía crítico del TLC y quien había renunciado a partici-par en las negociaciones, es elegido presidente.

Los conflictos entre países hermanos no dejan de prosperar. El presidente boliviano Evo Morales se pronuncia respecto al incumplimien-to del gobierno colombiano de la Decisión 598 de la CAN, en la cual se solicita una información permanente con los países miembros y considerar las sensibilidades de sus socios andinos cuando se suscriban tratados con terceros países. Desde Colombia, la visión oficial sobre la crisis de la CAN se explica por la posición del presidente Chávez “culpable” de haberse integrado a MERCOSUR y no al TLC andino, ahora considerado como la alternativa para la integración regional entre Colombia y Estados Unidos.

La estrategia para convertir la CAN en un mero organismo asesor (una vez modificada su normativa en materia de propiedad intelectual y acceso) para la promoción de los TLC, es defendida por el gobierno Uribe, olvidando la disposición constitucional de dar prioridad en las relaciones internacionales a la integración andina y latinoamericana.

Finalmente, en esta crisis también queda claro que, a pesar de la orientación de los gobernantes, los países andinos han sido comple-tamente interdependientes en varios aspectos: Colombia sería el país

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más afectado con un rompimiento comercial con Bolivia, Venezuela y Ecuador. En las relaciones comerciales con los países andinos, Colombia ha sido un neto ganador, especialmente en bienes industriales y agrí-colas, convirtiéndose estos en el principal destino de sus exportaciones con un importante contenido de valor agregado y progreso técnico con importaciones complementarias con sus producciones industriales y agrícolas (Umaña, 2006). Por otra parte, a pesar de serias diferencias políticas e ideológicas, avanza la Unión de Naciones Suramericana UNASUR y se firma el primer acuerdo energético para el desarrollo de una estrategia común que permite la diversificación de las fuentes de energía alternativas. Desde el punto de vista social, el proceso de aprendizaje conjunto de problemáticas compartidas ha permitido un estrechamiento de los lazos de los pueblos a pesar de los conflictos entre los gobernantes. Sin embargo, la ingerencia norteamericana en Colombia y desde allí sus intentos por expandir su fuerza militar y comercial, hace que permanentemente estemos sujetos a rupturas con los gobiernos vecinos. Frente a la crisis de la CAN y el TLC andino, se requiere en Colombia pensar y fortalecer un proyecto de integración alternativa a imagen de sus pueblos.

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Fecha de Recepción: 10/05/2009

Fecha de apRobación: 05/04/2010

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crítica y redefinición de la categoría de progresohacia una “forma-vida-orgánica”DaMi án pachón soto

abogado de la universidad nacional de colombia.

candidato a magíster en filosofía latinoamericana,

universidad santo tomás.

[email protected]

[critics and redefinition of ‘progress’ category. towards an organic-life-form]

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resumen

En este ensayo rastreo, en primer lugar, los orígenes de la idea de progreso en

la cultura occidental cristiana, su desarrollo a partir del siglo XVII y su crisis en

la modernidad tardía. En segundo lugar, muestro que la idea de progreso que

invadió las ciencias humanas en la modernidad legitimó una mirada colonial

sobre el hoy llamado Tercer Mundo. En este sentido, el progreso llegó a ser un

dogma constitutivo de lo que Enrique Dussel llama “el mito de la modernidad”.

La Ilustración europea es prueba fehaciente de ello. En tercer lugar, intentaré una

redefinición de la categoría de progreso a través de lo que llamo una “forma-vida-

orgánica”, más precisamente, mostraré los contenidos que debe tener esta categoría

en el mundo globalizado, complejo y multicultural.

Palabras claves: progreso, modernidad, decolonial, transmodernidad,

interculturalidad, vida.

abstract

In this essay, at first I search the origins of the idea of progress on the Christian-

western culture, its development whence the XVII century and its crisis in the

late modern age. At second, I show that the idea of progress that invaded the

human sciences in the modern age legitimized a colonial sight about the already

called “third world”. In this sense, the progress got to be a constitutive dogma of

what Enrique Dussel calls “the myth of modernity”. The European illustration is

a factible proof of it. Finally, I will try a redefinition of the category of progress

through out what I called “organic-life-form”, more precisely, I will show the

contents that this category must have into the globalize, complex and multicultural

world.

Key words: progress, modernity, decolonial, transmodernity, interculturality, life.

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La estupidez, la picardía crecen: esto lo trae consigo el progreso.

Nietzsche (1958, p. 25)

presentaciónEn una conferencia de 1962 titulada “Progreso”, Theodor Adorno

sostuvo: “La imagen de la humanidad en su progreso recuerda a un gigante que, tras sueño inmemorial, lentamente se pusiese en movimiento, luego echase a correr y arrasara cuanto le saliese al paso” (2003:34-35).

Esta metáfora, en efecto, refleja bien el dictamen sobre el progreso al cual ha llegado la humanidad a comienzos del siglo XXI, en especial, después de haber visto los resultados prácticos que en la historia ha tenido el género humano alumbrado en su marcha por tal idea. El progreso hace siglos es parte constitutiva de la modernidad y esta aparece hoy, todavía, a pesar de la crítica posmoderna, como el único modelo de civilización posible. Por eso es necesario hoy hacer una revisión de esa idea, de su carácter mitológico y mostrar qué debe entenderse por progreso en estos nuevos tiempos, en los cuales el hombre parece iniciar su descenso a la tierra de la cual surgió, un descenso que significa su sepultura definitiva.

En este ensayo rastreo, en primer lugar, los orígenes de la idea de progreso en la cultura occidental cristiana, su desarrollo a partir del siglo XVII y su crisis en la modernidad tardía. En segundo lugar, muestro que la idea de progreso que invadió las ciencias humanas en la modernidad legitimó una mirada colonial sobre el hoy llamado Tercer Mundo. En este sentido, el progreso llegó a ser un dogma constitutivo de lo que Enrique Dussel llama “el mito de la modernidad”. La Ilustración europea es prueba fehaciente de ello. En tercer lugar, intentaré una redefinición de la categoría de progreso a través de lo que llamo una “forma-vida-orgánica”, más precisamente, mostraré los contenidos que debe tener esta categoría en el mundo globalizado, complejo, multicultural… y abocado a la posible destrucción, al posible regreso a un cosmos totalmente silente.

la idea de progreso en la cultura occidental-cristianaEn su bello libro El hombre y lo divino, la filosofa española María

Zambrano sostuvo: “En Platón, la filosofía queda en utopía” (2007:99). Esta verdad bien sabida en la historia de la filosofía se desprende del dua-lismo platónico entre el mundo sensible y el mundo de las ideas o formas. Este dualismo es el que aparece en la teoría política que Platón expone en la República. El rey filósofo, el gobierno de los sabios, la ciudad ideal que Platón crea como utopía, se va a convertir en san Agustín en el dualismo ciudad terrena y ciudad de Dios. Así como entre el mundo sensible y el

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mundo de las ideas el hombre debe recorrer un camino, según la metáfora de la línea que Platón expone en el libro VI de la República (484a-511e), en san Agustín se abre una distancia entre la tierra y el cielo, entre dos ciudades en que se encuentra el hombre. El espacio entre ambas es el mundo histórico, en que el hombre debe hacerse para redimirse. Con todo, esa distancia entre la realidad y el deseo –el mundo anhelado y soñado– es propiamente lo que se llama utopía. Así como en Platón la salida de la caverna –de las sombras– a la luz es un ascenso, un paso hacia la idea suprema, la idea del bien, el paso de una ciudad a la otra significará la “salvación”. El alcanzar el lado superior del dualismo es lo que se llama progreso. Ahí nacen también las “filosofías de la historia”. Toda filosofía de la historia nace, dicen Cioran y Albert Camus, de una representación cristiana, de una copia del paraíso que se pierde y del que se quiere. Pero este deseo no es tan fácil de materializar. Por eso Adorno ha dicho que:

Lo grandioso de la doctrina agustiniana reside en haber sido la primera. Contiene todos los abismos de la idea de progreso […]. Su estructura expresa crudamente el carácter antinómico del progreso (2003:31).

¿A qué se refiere Adorno cuando habla del “carácter antinómico del progreso”? Desde luego al papel del plan divino, al telos de la historia, la redención, y a la tensión entre redención e historia que apunta a la supera-ción del mundo histórico. Es decir, en Agustín la salvación se materializa por fuera de la historia, en un mundo que no es este. Ahí aparece la contradicción.

En la Agonía de Europa de María Zambrano podemos encontrar una mayor aclaración. Ella ha dicho: “San Agustín ha sido el padre de Europa, el protagonista de la vida europea” (2000:66), pues:

La ciudad de Dios […] es la ciudad eterna que se opone a la ciudad de los hombres, es la ciudad donde mora la verdad, pero el corazón europeo se ha enamorado de ella y quiere realizarla. La quiere edificar aquí, abajo, en el tiempo. Y el imposible de toda la historia es haber querido la ciudad de Dios; eso ha hecho su historia tan sangrienta y sembrada de catástrofes, tan inquieta. Es la ciudad de Dios paradigma de toda la cultura europea […]. Y ha estado, más que en parte alguna, en el interior de las utopías políticas y de las más extremas que se han llamado revoluciones. La revolución como idea, como anhelo que abarca a todas las clases de revoluciones que la mente ha construido, es hija de ese afán de resucitar el mundo en la ciudad de Dios (2000:83).

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Aquí encontramos, a mi parecer, la clave para entender la idea de progreso en la “tradición Occidental-cristiana”. Ese dualismo antiguo y el acercamiento a la categoría superior, más valorada, contiene la idea de utopía, pero también, junto a ella, aparece la idea de revolución que no es otra cosa que apurar la llegada –por medio de la acción– a la realidad deseada. Pero, ¿de dónde surge la calamidad, la catástrofe? Surge, precisamente, para el mundo humano en que el hombre no puede realizar el paraíso en la tierra. Aquí se encuentra el carácter problemático de la idea de progreso, de la idea de la historia misma: una constante lucha por salvar al hombre en un lugar donde es insalvable, pues en la ciudad terrena el hombre es, a lo sumo, perfectible, pero no de forma absoluta1. Ese proceso siempre será inalcanzable y cada vez que el hombre crea estar cerca de él, lo reemplazará por un nuevo ideal de perfección. Es un proceso infinito. Ahora, y en el mismo sentido, en el dualismo antiguo mencionado –en el de Agustín– encontramos la idea de progreso como salvación, como redención; encontramos su vínculo con la historia y con la inquietud, es decir, con el movimiento. Estas ideas pasaran a la moder-nidad, pero secularizadas.

En la Edad Media, una edad de sueño eterno, de aparente calma y quietud, una “forma-vida” donde el hombre tiene impreso el orden del mundo en el pecho, donde su interioridad está llena con lo hecho por Dios, la idea de progreso parece no tener mayor materialización en el tiempo mundano. Parece ser así debido a la modorra del espíritu acomodado en un orden preestablecido. Esto en contraposición a la idea de progreso que está relacionada con el movimiento, la avidez, la acción, la proyección del hombre por medio de ideales. Con todo, tras el inicio de la destrucción de la “forma-vida” medieval y el nacimiento de la “forma-vida” burguesa, hecho que se posibilita con la invasión a Tierra Santa en el año 1071, y con las cruzadas iniciadas en el año 1099, el panorama cambiará totalmente. Pues lo que se inicia con las cruzadas desembocará en una locura frente al mundo, un deseo irrefrenable de hacer, un “hacer maniático”, como si el hombre tuviera afán de algo, como si quisiera agotar todo y realizar el fin de los tiempos en el presente. Sólo esa nueva actitud frente al mundo posibilitó el comercio en el Mediterráneo; sólo

1. Es curioso que el pensamiento conservador y el pensamiento revolucionario tengan un mismo origen tal como lo puso de presente Cioran. Los conservadores anhelan el paraíso y saben que no lo pueden conseguir en el mundo, por eso avalan el pasado glorioso, por eso son condescendientes con el status quo; mientras los revolucionarios y los utopistas, ansiosos, quieren establecer el paraíso en el futuro. Ambos desean, pues, lo mismo (Cio-ran, 1991:36 y 60).

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así se fundaron las ciudades mediterráneas; sólo eso hizo posible esa edad bisagra entre el quietismo medieval y la “locura del hacer” moderno: el Renacimiento. Este no hubiera sido posible sin la filosofía griega cultivada en el mundo oriental, tan frecuentemente ocultado por la construcción filosófica e historiográfica europea. Santo Tomás de Aquino mismo no hubiera alumbrado la escolástica sin esa tradición antiguo-oriental.

Ahora, desde el siglo XI se construye la mentalidad burguesa o más precisamente lo que llamaré la “forma-vida-frenesí”. Una mentalidad profana, naturalística, una mentalidad que poco a poco va matando a Dios y liberando al individuo. Una liberación que lo desgarrará del mundo y, como dice Lucien Golmann, de la comunidad; proceso posibilitado por el racionalismo (1998:31). El dinero y la razón, el mercado y una nueva mentalidad construirán la nueva “forma-vida”, destruyendo la contextura que envolvía el viejo mundo medieval. Sólo esto hace posible el nacimien-to de las ciudades, las universidades, el comercio con Oriente, el renacer del arte y del mundo grecolatino, la política como técnica en Maquiavelo, la banca, pero, especialmente, fue esa nueva “forma-vida aventurera” la que posibilitó los descubrimientos de los siglos XV y XVI, sin los cuales la modernidad europea como la conocemos no hubiera sido posible. Dentro de estos descubrimientos, el de América es sumamente relevante, pues como ha dicho Enrique Dussel, la modernidad nació realmente en 1492 con el nuevo “sistema-mundo”, una modernidad que tiene un origen Atlántico (2007:186 y ss). A este tema volveremos al tratar la visión decolonial del progreso.

el progreso en la visión tradicional de la modernidadEl progreso es en sí mismo desmesurado e insaciable:

entre más se alcanza, más se exige y se anhela.

Karlt Löwit (1964:266)

Los descubrimientos de nuevas tierras, los avances técnicos en la navegación, la cartografía, así como los avances en astronomía, etc., que se produjeron durante el Renacimiento, cristalizan en el siglo XVII en la mentalidad de Galileo Galilei, René Descartes y Francis Bacon. Todo este proceso fue posible por lo que se ha llamado con Max Weber “el desen-cantamiento del mundo”, o “desmagicalización de las imágenes tradicio-nales”, esto es, son producto de la profanización y la racionalización de la nueva realidad. Pero esa mundanización de la vida sólo fue posible con un encumbramiento del hombre, la conciencia de su papel protagónico en el mundo, en la historia. Esa mundanización de la vida significó el paso de la trascendencia a la inmanencia. Ahora, es el hombre el nuevo Dios

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que sustituye con su “obrar maniático” al viejo Dios medieval. El hombre animado por la naciente mentalidad frenética del capital se lanzará a la conquista del mundo, de su entorno y de la naturaleza que lo vivifica. En el caso de los protestantes esta profanización de la vida no significó problema alguno. Ellos conciliaron a Dios con la nueva mentalidad intramundana burguesa. Dice Max Weber (2004:928) en su fundamental Economía y sociedad: “Y como el éxito en el trabajo constituye el síntoma más seguro de que es del agrado de Dios, la ganancia capitalista es uno de los más importantes indicios de que la bendición divina ha caído sobre la empresa comercial”.

Esas transformaciones que se venían gestando en los siglos prece-dentes adquieren formulación filosófica y teórica en los ya mencionados Descartes, Bacon y Galileo. Newton será el pináculo de este proceso. Francis Bacon dirá en su Novum Organum (1620), libro en que la disputa con Aristóteles es clara, que: “La ciencia del hombre es la medida de su potencia, porque ignorar la causa es no poder producir el efecto. No se triunfa de la naturaleza sino obedeciéndola” (1984:33). Bacon no sólo relacionó el poder con el saber, sino que quiso hacer posible la materiali-zación de todas las potencias humanas. Al poner la experimentación como base del conocimiento sentaba, junto con la matematización del mundo pregonada por Galileo Galilei, las bases de la ciencia moderna, una ciencia donde la teleología de Aristóteles ha desaparecido, donde la naturaleza, el hombre y el mundo son una máquina que hay que desentrañar, hurgar hasta lo más ínfimo, para sacarle sus secretos y utilizarlos para dominar la realidad. En Bacon encontramos el deseo de domar casi como una patología… una obsesión.

El discurso del método, al cual tal vez con injusticia se le ha hecho acreedor de las desgracias de la modernidad, es sólo la formalización de la mentalidad práctica que la “forma-vida-frenesí”, una vida con ambiciones desmedidas, ha impuesto sobre el mundo. Descartes habló de un método, donde importan las “ideas claras y distintas”, cuyo modelo de conocimiento es la matemática. Con él, la máquina (la res extensa) debe ser matematizada. Aquí están sentadas las bases del único conocimiento verdadero, universal, absoluto, de todos los tiempos y, al parecer, con la pretensión de eternidad. Es el nacimiento de la ciencia natural moderna, que alumbrará un siglo después a la técnica. Con la unión de ciencia, técnica, capitalismo y Estado moderno, el hombre inició la fagocitosis del mundo o, más precisamente, con esa conjunción se da inicio al “suicidio del hombre”.

El nacimiento de la “ciencia natural moderna” y los avances de la época, como el descubrimiento de la circulación de la sangre –que tanto

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influyó en la visión política del célebre Thomas Hobbes– rebosaron de optimismo al nuevo hombre mundano. En todos esos cambios renacieron los viejos principios del progreso esbozados en el dualismo agustiniano. El hombre sintió que había salido de la oscuridad y que se había lanzado con la antorcha de la razón y la conciencia a la conquista del cosmos y de la polis, esto es, de la naturaleza y la historia. Eso lo vio como un ascenso a una forma superior de humanidad. Ese salto era el progreso; un proceso relacionado con la idea de perfectibilidad humana, de avance, de movimiento y, ante todo, una idea alimentada por la creciente conquista de la naturaleza que parecía confirmar el optimismo frenético del hombre despegado del viejo Dios opresor y de la mentalidad feudal quietista.

Desde entonces la idea de progreso invadió todas las regiones de la vida humana. Surgió la pretensión de dominar la naturaleza y la historia, o lo que el filósofo Stephan Toulmin denominó “el proyecto cosmópolis” (Castro-Gómez, 2007:23-25). En efecto, en el clásico libro La filosofía de la Ilustración dice Ernst Cassirer:

Desde un principio la filosofía del siglo XVIII trata el problema de la naturaleza y el histórico como una unidad que no permite su fragmentación arbitraria ni su disgregación en partes. Ensaya hacer frente a los dos con los mismos recursos intelectuales: aplica el mismo modo de plantear el problema y la misma metódica universal de la razón a la naturaleza y a la historia (2002:224).

Es decir, en este siglo ya se ha recogido el principio empirista de utilizar el mismo método en las ciencias de la naturaleza y en las poste-riormente llamadas “ciencias del espíritu”. Este fue un claro antecedente del positivismo reinante hasta hoy para el cual sólo es ciencia lo medible, cuantificable. Es el nacimiento de la “dictadura del número y de los hechos”.

Una vez convertida la ciencia natural en el único modelo de conoci-miento, la categoría de progreso invadió todas las ciencias: la economía, la historia, la filosofía, etc. La “oda filosófica a la idea de progreso” se daría en el siglo XVIII. Aquí encontramos textos tan significativos como: Idea de una historia universal en sentido cosmopolita de Inmanuel Kant, que junto con otros de sus textos, por ejemplo, el célebre Respuesta a la pregunta ¿qué es la Ilustración?, de 1784, están atravesados por la idea de progreso; asimismo Esbozo de un panorama del progreso del espíritu humano de Condorcet y Cuadro filosófico de los progresos sucesivos del espíritu humano de Turgot, entre otros.

El eco del progreso llegaría a Hegel, Comte y Marx. En Hegel el espíritu es la razón expuesta en el tiempo, es el progreso mismo de la

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libertad, es la providencia, la historia. Su punto de partida se dio en Oriente y culminó en Alemania después de haber pasado por el mundo antiguo. En Hegel, pues, el movimiento de la omnipotente razón, la “razón pulpo”, es progresivo en sí mismo. En Marx, en muchos aspectos su heredero, el progreso se refiere a las condiciones materiales de existencia, pero él termina acogiendo la antigua versión al ensalzar la ciencia y el desarrollo de las fuerzas productivas.

En general, la Ilustración es la oda a la razón moderna, a la ciencia, a la naciente técnica, a la idea de progreso. Sólo Rousseau no fue tan inge-nuo. La idea de progreso se extendió por todo el siglo XIX y en todos los campos. La idea recibió un gran espaldarazo cuando en 1859 se publicó el influyente libro El origen de las especies de Charles Darwin. Sin quererlo, Darwin alimentó uno de los grandes dogmas de la modernidad. Esa idea de progreso se extendió poco a poco por todo el orbe y, gracias al liberalis-mo y al positivismo, llegó a América más o menos desde la segunda mitad del siglo XIX. El postulado de este positivismo progresista puede ser: el mundo no necesita metafísica, sólo ciencias, números, bienestar material e industria. Tenía razón Ernst Jünger cuando se refirió al progreso como: “la más grande iglesia popular del siglo XIX” (1988:198).

Ya en pleno siglo XX, tras la Primera Guerra Mundial y los ataques que Nietzsche había atinado a toda filosofía de la historia, lo que de suyo incluía la destrucción de la idea de progreso, la intelectualidad europea empezó a criticar tal categoría. Como ha dicho Karl Löwit, el progreso se convirtió en una especie de calamidad, en una fatalidad y eso se debe a que: “el físico ocupa ahora el puesto del teólogo, gracias a los tremendos éxitos del progreso científico: el progreso planeado ha tomado la función de la providencia” (1964:274).

La nueva religión empezó a ser cuestionada en el alba del siglo pasado, cuando las filosofías de la vida, entre otros movimientos intelectuales, denunciaron el ahuecamiento del espíritu (Georg Simmel) que la “forma-vida frenética-burguesa” imponía con su industrialismo, materialismo, pragmatismo, economicismo y cientifismo. Con todo, la crítica a este principio de la modernidad continuó tras la Segunda Guerra Mundial y en la llamada posmodernidad, donde se lo relacionó –siguiendo a Lyotard– con un “metarrelato”. En la segunda mitad del siglo XX, tras el fracaso de las promesas de la modernidad –bienestar, libertad, igualdad, fraternidad, etc.– gran parte de la intelectualidad enfiló sus baterías contra esa ideología optimista. Ya se era más consciente –tras Hiroshima y Nagasaki– que el progreso tiene dos caras: en unos casos se avanza y en otros se retro-progresa. El progreso no fue visto como algo absoluto, sino como índices de mejoramiento en algunos aspectos de la vida social.

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Para terminar esta parte, quiero aludir a un texto insoslayable cuando de hablar del progreso se trata. Me refiero a la tesis IX de sus Tesis de filosofía de la historia de Walter Benjamin, quien días antes de suicidarse en 1940 en los Pirineos, por presión de la Gestapo, alcanzó a dejar unas notas que luego Hannah Arendt entregó a Theodor Adorno. Es un texto donde el progreso mismo es visto como catástrofe histórica, donde la historia es la fatalidad en aumento. Aquí el huracán es el progreso y las ruinas son sus víctimas, unas víctimas que tal vez, como dijera Marcuse en Eros y civilización, ya no pueden ser redimidas ni siquiera por el “advenimiento último de la libertad”.

De una manera metafórica, pero muy profunda, y utilizando un cuadro de Klee como pretexto, Benjamin nos dejó este bello párrafo:

Hay un cuadro de Klee que se llama Angelus Novus. En él se representa un ángel que parece como si estuviese a punto de alejarse de algo que le tiene pasmado. Sus ojos están desmesuradamente abiertos, la boca abierta y extendidas las alas. Y este debería ser el aspecto del ángel de la historia. Ha vuelto el rostro hacia el pasado. Donde a nosotros se nos manifiesta una cadena de datos, él ve una catástrofe única que amontona incansablemente ruinas sobre ruinas, arrojándolas a sus pies. Bien quisiera él detenerse, despertar a los muertos y recomponer lo despedazado. Pero desde el paraíso sopla un huracán que se ha enredado en sus alas y que es tan fuerte que el ángel ya no puede cerrarlas. Este huracán le empuja irremisiblemente hacia el futuro, al cual da la espalda, mientras que los montones de ruinas crecen ante él hasta el cielo. Ese huracán es lo que nosotros llamamos progreso (Benjamin, 1973:183).

lectura decolonial de la categoría de progresoDesde la actual red modernidad/colonialidad, también conocida como

“teorías decoloniales”, cuyo semblante general y teórico ya expuse en otra parte (Pachón, 2008a:8-35), y siguiendo en parte las contribuciones del sociólogo norteamericano Inmanuel Wallerstein y del filósofo argentino-mexicano Enrique Dussel, es posible plantear una severa crítica a la categoría de progreso. Así mostraré que el progreso es una categoría relacionada con la mirada colonial sobre la periferia de Europa, más preci-samente, que la categoría de progreso tiene una dimensión colonial y por lo mismo violenta. Veamos, entonces, cómo desde el pensamiento actual, postcolonial y latinoamericano, es posible tal crítica, para así derribar la versión mítica de la categoría de progreso que enarboló como bandera Europa desde el siglo XVII.

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La tesis principal que ha sostenido Enrique Dussel en múltiples de sus textos es que la modernidad no nació en el siglo XVII ni en el XVIII como sostiene la tradición eurocéntrica. La modernidad no es la línea continua Grecia-Roma-Edad Media-Renacimiento-Reforma-Siglo XVII-ciencia natural moderna-Ilustración. Esa es una construcción ideológica de los románticos alemanes del siglo XVIII que pusieron a Grecia en el comienzo de su cultura, entre ellos, Hörderlin y Goethe. El pináculo de esa visión se encuentra en el eurocentrismo de Hegel, en su famoso libro Lecciones sobre filosofía de la historia universal. Esa lectura es eurocéntrica al igual que la división de la historia en Edad Antigua, Media y Moderna. En esta lectura de la historia universal, América y África quedan por fuera. De tal manera que esa historia no es universal sino más bien, es la propia provin-cianidad de Europa elevada a una falsa universalidad (Dussel, 1994).

En 1492 Europa era, para Dussel, una provincia de lo que él llama el sistema interregional III, que abarcaba desde la China, pasando por la India, hasta Oriente y gran parte de África. En ese sistema interregional había una gran actividad comercial. Por eso, tras la toma de Constantino-pla en 1453, 42 años antes del descubrimiento, Europa quería reestablecer el comercio con esa gran zona ubicada a su oriente. Al no poder realizar ese contacto por las vías tradicionales, se aventuran por el Occidente. En esa aventura América aparece en el horizonte. Ahí cambiará todo.

En el siglo XV Europa es, pues, una provincia frente al mundo oriental y frente al imperio árabe que sólo fue derrotado en Lepanto en 1571. Pero con el descubrimiento de América se formo lo que Dussel llamó el “imperio-mundo” en manos de Portugal y España. Sólo después el impe-rio-mundo se constituyó en lo que Wallerstein llamó “sistema-mundo”. Ese “sistema-mundo” indica que por primera vez el mundo está conectado de Oriente a Occidente y de Norte a Sur. A partir de ahí, y gracias al oro de América y a algunos avances en la navegación, Europa saca una ventaja comparativa y logra imponerse sobre chinos y árabes. Antes de 1492, Europa nunca fue centro.

La modernidad no es, pues, un producto intraeuropeo, exclusivo de Europa, sino que se constituye en contacto con todo el mundo. En esta época, por ejemplo, ya se ha alimentado técnica y filosóficamente del mundo árabe y de sus filósofos (Averroes, Maimónides, etc.), aspecto usualmente ocultado por la historiografía europea. Lo mismo sucede con América, la cual aparece alimentando el capitalismo europeo centrado en Inglaterra, tal como lo expuso el mismo Marx. Pero no es posible dejarse convencer por esa mirada unilateral, pues la modernidad tiene su lado oscuro, su otra cara. El lado oscuro de la modernidad es, como ha sostenido Walter Mignolo, “la colonialidad”. No hay modernidad

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posible sin colonialismo. El colonialismo no es posterior a la modernidad, pues esta ni siquiera existe para la época en forma definida, sino que colonialismo y modernidad son “dos caras de la misma moneda”. Ambos se constituyen a la vez o co-constituyen. Sin el colonialismo, Europa nunca hubiera podido centrar el monopolio hegemónico del capitalismo, el cual fue fundamental para el proceso de nacimiento del Estado y las ciencias humanas en Europa, tal como lo vio Michel Foucault, quien, sin embargo, no se percató de la dimensión colonial del nacimiento de esas ciencias.

Esto le permite decir a Dussel y a las teorías decoloniales que existen dos modernidades. La primera nace con el descubrimiento y se extiende a lo largo del siglo XVI. En esa modernidad Europa construye su subjetividad en contraluz del hoy Tercer Mundo, de la periferia, a la vez que se apropia de su riqueza y explota mano de obra gratis y barata, junto con materias primas. En el siglo XVI, Europa aprende de la experiencia colonial portuguesa-española, conocimientos que les serán útiles a futuros países coloniales como Holanda, Francia e Inglaterra, que sustituirán a la península Ibérica ya a partir del siglo XVII.

Toda la experiencia técnica del siglo XVI le servirá a Europa. Es esa mentalidad la que se formaliza en el siglo XVII con filósofos como Descartes. A partir del siglo XVII se va formando la segunda modernidad, usualmente conocida como la Ilustración. De tal manera que es esta segunda modernidad la que Europa normalmente reconoce. Así oculta la experiencia colonial del siglo XVI y el papel de América y otros pueblos en la constitución misma de esa modernidad. Con este ocultamiento, Europa invisibiliza la experiencia del colonialismo. Así, para ellos, el colonialismo europeo sobre el resto del mundo en el siglo XVI –también en el siglo XVII– no tiene nada que ver con la modernidad, lo cual es, desde luego, una mirada recortada y amañada.

Ahora, es a partir de 1492 y en especial durante el siglo XVI, cuando se forma lo que Dussel llama el mito eurocéntrico de la modernidad. Este consiste en lo siguiente:

El mito podría describirse así: a) la civilización moderna se autocomprende como más desarrollada, superior (lo que significa sostener sin conciencia una posición ideológicamente eurocéntrica). b) La superioridad obliga a desarrollar a lo más primitivos, rudos, bárbaros como exigencia moral. c) El camino de dicho proceso educativo de desarrollo debe ser el seguido por Europa (es, de hecho, un desarrollo unilineal y a la europea, lo que determina, nueva-mente, sin conciencia alguna, la “falacia desarrollista”). d) Como el bárbaro se opone al proceso civilizador, la praxis moderna debe

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ejercer en último caso la violencia si fuera necesario, para destruir los obstáculos de tal modernización (la guerra justa colonial). e) Esta dominación produce víctimas (de muy variadas maneras), sacrificio que es interpretado como un acto inevitable, y con el sentido casi ritual del sacrificio; el héroe civilizador inviste a sus mismas víctimas del carácter de ser holocaustos de un sacrificio salvador (del colonizado, esclavo africano, de la mujer, de la destrucción ecológica de la tierra, etc.). f) Para el moderno, el bárbaro tiene una culpa (el oponerse al proceso civilizador) que permite a la modernidad presentarse no sólo como inocente sino como emancipadora de esa culpa de sus propias víctimas. g) Por último, y por el carácter civilizatorio de la modernidad, se interpretan como inevitables los sufrimientos y sacrificios (los costos) de la modernización de los otros pueblos atrasados (inmaduros), de las otras razas esclavizables, del otro sexo por débil (1994:175-176).

Lo que Dussel llama “falacia desarrollista” es en realidad la categoría de progreso. En este caso, una vez Europa se autoproclama superior, todos los pueblos del orbe deben seguir sus pasos: en lo económico, político, filosófico, etc. El asunto que queda por mirar es, ¿cómo se interpreta la categoría de progreso en esta época? La respuesta es más simple de lo que parece.

Con los cronistas se difunde una determinada visión de los indígenas de las periferias en Europa. En un comienzo, esta vida parece paradisíaca al europeo. Se llega a resaltar la pobreza y desnudez de los indios, pero poco a poco se va imponiendo una visión del indígena como un ser hereje, desmoralizado, bárbaro y primitivo; cuyas instituciones sociales, políticas y económicas aparecen de suyo como inferiores frente a las españolas y portuguesas y, posteriormente, frente a toda Europa. Sus conocimientos, cosmovisiones, imaginarios y epistemologías aparecen, gracias al concepto de raza que se impone en esta época, como premodernos, precapitalistas, etc. Es lo que Aníbal Quijano, sociólogo peruano llama “Colonialidad del poder”, el cual consiste, entre otras cosas, en una occidentalización del imaginario americano (Quijano, 2005:201 y ss). En esa occidentalización Europa es el canon, el modelo.

Ahora, la subalternización del otro en todos sus aspectos implica tam-bién la inferioridad epistémica. Esto quiere decir que todo conocimiento de la no-Europa es pre-ciencia, pensamiento mítico, pre-racional. En este sentido, Europa impuso la letra sobre la tradición oral y ejerció una “violen-cia epistémica” (el término es de Gayatri Spivak) sobre el colonizado.

En este sentido hubo un “racismo epistémico”. En el “sistema-mundo-

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moderno-colonial”, Europa construyó al otro desde las ciencias. Cito aquí, in extenso, lo que he escrito en otra parte:

El mejor ejemplo del poder colonizador del saber y de la justificación misma de ese colonialismo lo encontramos en la noción de progreso. La categoría de progreso es una creación –si bien puede rastrearse desde la antigüedad, como ya se dijo– de las ciencias modernas, en especial, durante la segunda Modernidad. Ésta noción se expandirá en la Ilustración e influirá en hombres como Condorcet, Turgot, Kant, Hegel, Augusto Comte y Marx, para no mencionar más. Pero, ¿cómo nace el concepto en estos siglos? ¿Cómo se va generalizando? De nuevo aquí el colonialismo opera en la base de esta creación epistemológica.

En las teorías contractualistas del siglo XVII, lo que se conoce como “estado de naturaleza” es, en realidad, el mundo salvaje, primiti-vo, arcaico premoderno, incivilizado, etc., de la periferia. Esa imagen llega Europa, como ya se dijo, a través de los cronistas españoles. La civilidad o el Estado representan, pues, un estadio superior de la humanidad, una superación de la barbarie. En esas nociones contrac-tualistas aparecerán ya nociones económicas. Por ejemplo, en Locke la propiedad es un derecho natural que se posee aún en el “estado de naturaleza”; en Rousseau, el “buen salvaje” no tiene la carga peyorativa que transmitieron ciertos cronistas, pero la imagen corresponde a ese estado primitivo indígena.

La categoría de progreso fue difícil de fundamentar en Europa. Fue necesario suponer que todos los hombres tienen una idéntica naturaleza humana, unas mismas necesidades y que su vida se puede representar en un continuo ascenso y lucha por superarlas. La escasez, por ejemplo, sólo era superada cuando la economía de subsistencia diera paso a la economía de mercado. Fundamentar el progreso requirió suponer también que el hombre asciende en el tiempo (ya que espacialmente no se podía sostener tal afirmación) desde una condición inferior a una superior. El progreso es visto como una línea temporal de constante perfeccionamiento del hombre. Es así como la periferia aparece como parte de un pasado que antecede a la Europa moderna. El europeo vio en el aborigen, no sólo de América sino en el africano o asiático, su propia vida primitiva y salvaje […].

Según Santiago Castro Gómez, en su texto ya citado, la etnografía, la geografía, la antropología, la paleontología, la arqueología, la historia, etc., al estudiar el pasado de las civilizaciones, sus productos culturales e instituciones, permitieron elaborar comparaciones con respecto al mundo Europeo y en ese sentido justificaron el colonialismo. Lo

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curioso es que el canon, el molde, la medida, el patrón, de comparación es el del “centro” de la Historia Mundial, esto es, Europa (Pachón, 2007:51-53).

Esta extensa cita muestra bien la dimensión colonial de la categoría de progreso, pues progresar significaba para Europa ser como ellos. Como se mostró, las ciencias ayudaron a formar ese imaginario colonial. Pero me interesa mostrar también, que gracias a esa visión donde el otro es cons-truido como bárbaro o salvaje, Europa toma conciencia de sí misma y esa conciencia es clara en la segunda modernidad: la Ilustración. Ha sido el clásico libro de Antonello Gerbi el que ha mostrado la famosa “Disputa del Nuevo Mundo”, en la cual Europa construye a América discursivamente. Fueron William Robertson, Buffon, De Paw, Voltaire, Kant, entre otros, y como eco de ellos, Hegel, en el siglo XIX, quienes afirmaron la superiori-dad de Europa en contraste con América y otros pueblos. Sobre América se dijo que había salido tiempo después de las aguas, de ahí su humedad y sus grandes insectos nocivos; se dijo también que todo aquí se degeneraba y que no existían grandes fieras como en el Viejo Mundo. Debido a eso América era inferior. También se ventiló en Europa que las los indígenas eran poco viriles, que no cumplían con sus deberes de pareja y que las indias eran feas; los indígenas y los negros aparecieron como perezosos, borrachines, incapaces de pensamiento abstracto e incluso Kant llegó a sostener que aquí los pájaros no cantaban tan bien como los pájaros de Europa. Hasta Voltaire, que era más cosmopolita que Kant, sostuvo que los cerdos de América tenían el ombligo en el espinazo (Gerbi, 1993). Ha dicho Antonello Gerbi (1993:196):

La Europa de las luces, en su decisivo adquirir conciencia de sí misma como civilización nueva y característica, con una misión universal y no ya exclusiva y simplemente cristiana, se daba cuenta de la necesidad de enmarcar en sus esquemas ese mundo transoceánico al que ella misma había sacado de las tinieblas […]. En el fondo de la polémica […] se advierte por eso una exigencia de síntesis, una necesidad de dar razón de todas las partes del mundo, de un lado y otro de Europa, para poder hacer pensable e inteligible el mundo entero y para encontrar en él una Europa más rica y más plena.

Aquí queda claro el papel de la idea de progreso y del mito eurocén-trico de la modernidad, pues Europa se pone en el centro del mundo, subvalora a los demás pueblos y se toma la “misión salvadora” de toda otra cultura, pero además, reafirma su propia subjetividad frente al otro, frente

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al no-moderno, al cual hay que civilizar y sacar de su “minoría de edad” como decía Kant.

Por todas estas razones, la Ilustración es el pináculo de la autocon-ciencia de Europa, la cumbre desde la cual se alumbra el resto del orbe, el centro donde se encuentra el único modo válido de civilización, la única forma válida, universal y demostrable de conocimiento…la filosofía suprema.

Es necesario recalcar un último aspecto. La modernidad y el progreso, que le es inherente, tienen como parte de su naturaleza a la violencia. El progreso ha creado sus propias víctimas a lo largo y a lo ancho del globo. Por ejemplo, durante el siglo XIX, con su llegada a América vía pensamiento positivista y liberal, esa violencia sacrificial de la modernidad produjo sus víctimas. En Argentina, la implantación de la mentalidad positiva –la religión del progreso y de la ciencia– produjo el asesinato de miles de indígenas en el sur del país. El progreso lo reque-ría. Lo mismo sucedió en México y las mismas intenciones motivaban a Miguel Antonio Caro. Había que civilizar por la fuerza a los aborígenes. Era necesario que ellos progresaran y si no querían, se los podía obligar e, incluso, asesinar. El progreso tiene, pues, su lado oscuro; el lado oscuro que creó una conciencia racional, transparente, portadora de un conocimiento universal enunciado desde Europa –“el punto cero” del que habla Santiago Castro-Gómez– pero que se invisibilizó y que exige víctimas y sacrificios.

Para terminar esta parte, debemos decir que la categoría de progreso en el campo de la economía se presentó, a partir de 1944, bajo el dualismo “desarrollado-subdesarrollado”. Esto equivale a decir, siguiendo la lógica moderna: premoderno-moderno, civilizado-incivilizado, precapitalista-capitalista, etc., con lo cual se reproducen las viejas categorías binarias excluyentes y subalternizadoras con que Europa rotuló el mundo. Y como en la vieja concepción, este dualismo conllevó a que al lado de la categoría de “subdesarrollado” apareciera la milagrosa necesidad de que los países noroccidentales se tomaran la carismática labor de elevarlos al capitalismo primermundista, esto es, de desarrollarlos. El resultado: préstamos, explotación, deuda externa y una población que ofrece mano de obra barata –con el mito de la inversión extranjera–; una población donde además hay que corregir el analfabetismo, la desnutrición, la falta de infraestructura, la violencia. De ahí que la crítica de Arturo Escobar en su libro La invención del Tercer Mundo es totalmente vigente.

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redefinición de la categoría de progreso: hacia una “forma-vida-orgánica”¿Quién es, en realidad, el hombre? Es el ser que inventó las cámaras de gas, pero

también es el ser que entró en ellas con paso firme y musitando una oración.

Viktor Frankl (2004:110).

Es una entrevista a Emil Michel Cioran le preguntaron que si él negaba el progreso. Cioran respondió:

Niego el progreso. Voy a contarle una anécdota que es más que una anécdota. Aquí, no lejos de mi casa, se escribió el mejor libro sobre el progreso. Durante el terror, aquí se escondió Condorcet y escribió su libro Esbozo de un panorama del progreso del espíritu humano, la teoría del progreso, la primera teoría clara y militante de la idea de progreso; era en 1794. Sabía que lo buscaban, abandonó su casa de huéspedes y se refugió en un arrabal de París. Unas personas lo reconocieron en una taberna, lo denunciaron… y se suicidó. Y ese libro es la biblia del optimismo (2005:127-128).

Esta cita muestra que la idea de progreso “nació” junto a la calamidad, pero realmente no se trata aquí de negar el progreso como hace Cioran, sino de mirar su naturaleza y a partir de ahí proponer una redefinición o, más bien, dada las circunstancias actuales, explicitar qué deberíamos entender por progreso hoy o qué puede ser considerado progreso en las actuales condiciones globales. A eso dedicaré esta tercera parte.

Hay algo que constituye la idea de progreso que está más allá del optimismo inicial y de su fe en la perfectibilidad humana: es “la avidez”. Esa avidez es deseo de algo, de sobrepasar obstáculos y dejarlos atrás; pero también lo es de seguir pasando los nuevos obstáculos que el porve-nir depara. En esa carrera, que tiende al infinito, el espíritu se cansa. Entonces la avidez, queriendo realizar su cometido de una vez por todas, se desespera. Es aquí cuando acelera la marcha, cuando se apodera de él un frenesí que quiere actualizarlo todo de forma inmediata. Es cuando el progreso, gracias a su impaciencia, se convierte en un dogma. Es el afán de progreso, su locura alimentada de forma frenética la que le hace perder de vista el fin último, es cuando la impaciencia quiere acelerar el fin, saltándose la reflexión y el paso por los medios. Así el progreso lleva a una ceguera, pierde el horizonte y sigue en su marcha delirante arrollando, como el gigante recién despierto del que habla Adorno, todo lo que encuentre a su paso. En este sentido, como lo advirtió también Benjamin, el progreso se convierte en una calamidad, en una fatalidad.

En este sentido, el progreso debe ser despojado de su delirio, de

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su avidez. El progreso debe ser mirado con un parámetro aristotélico: la prudencia. Prudencia en los fines que se plantea y prudencia en los medios que elige. La prudencia siempre va acompañada de la reflexión, de la mesura. Implica ver pros y contras, requiere un examen de los medios y los fines. En ese caso, la prudencia que limita el progreso en la actualidad debe ser las posibilidades reales con que cuenta la especie humana de hoy. El progreso, en este sentido, debe ser cauto y detenerse a reflexionar sobre múltiples aspectos, pues si sólo enfatiza en uno, por ejemplo en una mayor explotación de la naturaleza –cosa impensable hoy–, puede estar matando al titular mismo del progreso: a la humanidad. Esta cautela es válida en muchos aspectos. De lo que se trata es, en primer lugar, de reflexionar sobre la “naturaleza” del progreso, su esencia, limitarlo con la prudencia y postular, en este mismo sentido, un progreso integral que mire la totalidad, que no pierda la visión de conjunto. Es la lucha contra la mirada unilateral actual del progreso.

En segundo lugar es necesario derrumbar el “mito de la modernidad” y la “falacia desarrollista” o noción de progreso que la constituye. Este es uno de los puntos clave para una redefinición de la teoría del progreso hoy. El derrumbe del mencionado mito implica la caída del eurocentrismo autoproclamado de Europa y con él, la superioridad intrínseca de cualquier cultura. Ninguna cultura es superior a otra, sólo son distintas y tienen distintos modos y “lógicas” de moverse en el mundo, de administrar sus relaciones sociales y su relación con la naturaleza. De aquí se deriva también que ninguna cultura debe abrogarse el derecho ni la misión salvífera de “hacer progresar” por la fuerza a otra. Progresar, en este sentido, implica no producir víctimas ni victimarios, sino respeto mutuo entre las tradiciones culturales del mundo. El derrumbe del mito de la modernidad trae consigo una exigencia: el de la cancelación del autocolonialismo intelectual de las periferias de Europa, Norteamérica, China y algunos otros países desarrollados. Sólo cuando esa cancelación se dé, se llega a la autoconciencia, a la valoración de lo que se “es” y de lo que “se tiene” para enfrentar el porvenir.

Esta nueva definición no es, como puede verse, sólo negativa, se requieren motores para avanzar sobre el tiempo que viene. De las premi-sas del segundo punto se desprende que en un mundo nuevo se requiere el diálogo intercultural, no sólo cultural, sino filosófico, tal como han propuesto Raúl Fornet-Betancur y Enrique Dussel. El diálogo intercultu-ral enriquece la visión misma del mundo; nos abre a la alteridad y nos saca del monolítico “sí mismo”. El diálogo intercultural es un enriquecimiento mutuo que amplía el horizonte de comprensión de la realidad humana. Eso lleva a que las culturas aprendan de sí en sus modelos económicos,

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sociales y políticos, y en la relación con la naturaleza. En especial, un diálogo intercultural serviría para corregir el frenesí que constituye la “forma-vida burguesa europea”, y corregiría los desmanes y los delirios de poder del capitalismo reinante.

En tercer lugar, el diálogo intercultural debe ayudar a construir lo que Enrique Dussel ha llamado transmodernidad, esto es una nueva civilización donde la modernidad y lo otro de la modernidad se con-constituyan, dialoguen y aprendan entre sí; donde la cultura de cada pueblo tenga derecho a realizar su proyecto sin ser sojuzgados y sometidos por un modelo único de civilización. El concepto denota, precisamente, alternativas múltiples de vida y de formas de ser, pensar y conocer, distintas a la modernidad europea, pero eso sí, en diálogo con ella. La trans-modernidad es “un proyecto mundial de liberación donde la alteri-dad, que era co-esencial de la modernidad, se realice igualmente”. En este sentido, la modernidad y la alteridad se realizarían por mutua “fecundidad creadora”. La trans-modernidad, dice Dussel:

[…] es co-realización de solidaridad, que hemos llamado analéctica, del centro/periferia, mujer/varón, diversas razas, diversas etnias, diversas clases, humanidad/Tierra, cultura occidental/culturas del mundo periférico ex-colonial, etcétera; no por pura negación, sino por incorporación desde la Alteridad. De manera que no se trata de un proyecto pre-moderno, como afirmación folclórica del pasado; ni un proyecto antimoderno de grupos conservadores, de derecha, de grupos nazis o fascistas o populistas; ni un proyecto posmoderno como negación de la Modernidad como crítica de toda razón, para caer en un irracionalismo nihilista.

Es decir, la transmodernidad es un proyecto de liberación “político, económico, ecológico, erótico, pedagógico, religioso, etcétera” (Dussel, 1994).

En cuarto lugar, progresar en el siglo XXI implica una democratización absoluta de la educación. El saber debe ser un bien para la humanidad, sólo así podemos avanzar sobre el conocimiento actual, pero también, sólo así evitamos el uso del saber como un poder, tal como sucede hoy con los transgénicos y las patentes. El viejo lema de Bacon debe ser transformado. El saber debe ser un poder, no para dominar al otro, sino para liberarlo, para potenciar sus posibilidades.

La educación es fundamental para la quinta reformulación del progreso: el control demográfico. Cualquiera que haya leído a Darwin o a su inspirador Malthus, sabe que los recursos son limitados; sabe que el crecimiento exponencial de las especies termina produciendo una lucha

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por la supervivencia. En este sentido, sabemos que los recursos de la tierra son limitados y el remedio no es superproducir, sino controlar el número de habitantes del planeta. De lo contrario, como ha dicho Ernesto Sábato en su biográfico libro Antes del fin, estaremos asistiendo a un “desierto superpoblado”. El control de la demografía es una opción ineludible, pero requiere educación, leyes que sean obedecidas y sobre todo planificación familiar. Sólo el control demográfico evitará las guerras en el futuro, la lucha por el agua, la comida… la anarquía absoluta.

En sexto lugar, el hombre debe crear lo que llamo una “forma-vida orgánica”. En el libro inmediatamente citado escribió Sábato (2004:109): “Escindido el pensamiento mágico y el pensamiento lógico, el hombre quedó exiliado de su unidad primigenia; se quebró para siempre la armo-nía entre el hombre consigo mismo y el cosmos”

En este sentido, la “forma-vida-orgánica” se refiere a la necesidad de que el hombre se reconcilie con la naturaleza, con el cosmos y con sus congéneres. En el primer caso, debe entenderse, como ha sostenido Darío Botero Uribe en su libro Vitalismo cósmico, que la naturaleza es un circuito de vida; que la vida come vida y proviene de la vida. En este sentido la vida es una. La vida es una universalidad que se manifiesta en biotipos. El hombre, el perro, la planta son sólo manifestaciones de la vida, biotipos o como los llamo “modos-vida”. Si el hombre toma conciencia que pertenece a esa universalidad, no atenta contra ella, pues matar la vida, que es una, es aniquilar la propia posibilidad de existencia; es, en últimas, un suicidio (Botero, 2007:61 y ss).

Ahora, si la “forma-vida” es la configuración que en determinada época histórica ha tomado la existencia, en lo político, económico, cultural, filosófico, etc. –que no el espíritu hegeliano–, lo que se quiere resaltar hoy es la necesidad de recuperar una “visión orgánica” del mundo; esto es, recuperar los lazos de fraternidad con la naturaleza y la sociedad. A eso se refiera el concepto de “forma-vida-orgánica”. Para recuperar la visión de totalidad, de nexo entre cada cosa presente en el cosmos, entre cada uno de nosotros y el resto de humanidad, no se necesita volver a los valores medievales ni al viejo Dios, sino simplemente sabernos parte de algo más grande que nos sobrepasa y de lo que depende la existencia propia y la ajena. La “forma-vida-orgánica” es un reencuentro con el todo, es la solidaridad humana, es la valoración del otro, su proyecto existencial; es el reconocimiento de su diferencia, el diálogo con la alteridad próxima y la solidaridad con la lejana. La “forma-vida-orgánica” sólo requiere, para materializarse, que el hombre tome conciencia de su prepotencia ante el cosmos, que siempre denunció Nietzsche, y que, por el contrario, asuma que sólo es un engranaje de algo más grande: de las múltiples

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galaxias, planetas, naturaleza y comunidad. Sólo así se recuperarán los lazos orgánicos que el racionalismo, el materialismo y el individualismo resquebrajaron en la “forma-vida-moderna”.

En séptimo lugar, progresar en las actuales condiciones globales es modificar las estructuras económicas desiguales; es eliminar la pobreza mundial y desterrar la escasez. Actualmente existe mucha concentración de riqueza. Es necesario buscar una mayor igualdad económica que satisfaga las necesidades espirituales y materiales del hombre. Esto sólo es posible si el hombre elimina la escasez, que es el motor de la necesidad y la mayor barrera para la “libertad positiva”. Ahora, la eliminación de la escasez implica un esfuerzo conjunto de la humanidad y, a la vez, y tal vez lo más difícil, requiere de la eliminación de la avidez capitalista moderna, de esa voracidad tenaz por acumular. La acumulación es el alma del capitalismo, es una gangrena que corroe el equilibrio de la riqueza, de tal forma que luchar contra esa lógica implacable del capital es cuestionar las simientes mismas de un modelo para el cual “todo ha sido reducido a número a cifra, a cantidad”. Sin embargo, y tal como van las cosas, parece que sólo una “situación límite” hará estremecer el cerebrillo humano para que el hombre se entere de que las cosas son así.

En octavo lugar, dado el avance actual de la tecnología, la capacidad que tiene el sistema productivo de proveer alimentos para todos y la consecuente eliminación de la escasez, progresar en los próximos siglos –si es que podemos hablar de “próximos”– es disponer de un tiempo libre, de un ocio creativo donde el humano pueda dedicar horas a su formación integral, a la expresión de todas sus facultades. Esta es una vieja utopía de Marx y del marxismo heterodoxo. Es un tiempo para el humano, su vida, su familia, su regocijo, sus potencialidades artísticas, creativas y productivas. Este tiempo libre no es una “libertad organizada” por los esquemas y por los moldes homogenizadores de las “industrias culturales”, tal como lo denunciaron Adorno y Herbert Marcuse, sino un tiempo “para sí”, donde el trabajo es sólo una actividad más, necesaria en mínimo grado y donde lo importante es el humanismo en sentido amplio, un humanismo integral que dé cuenta de todos los aspectos del hombre. La disposición de este tiempo libre implica pues sacar provecho de la automatización y reducir las horas de trabajo, tal como postuló hace 40 años Marcuse (Pachón, 2008b:133-163).

En noveno lugar, progresar debe significar someter todos los avances científicos a la reflexión de la bioética, en especial, aquellos relacionados con la genética, la ingeniería genética, los transgénicos, la biotecnología, etc. Es posible que la misma ciencia tienda a cambiar infinitamente la especie humana, tal como se prevé con las investigaciones que día a día de adelantan en el mundo. En este caso, los beneficios que la ciencia

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pueda brindar al ser humano, no pueden utilizarse para crear una nueva élite social. No será admisible éticamente que se creen personas más inteligentes que otras, menos propensas a las enfermedades, al estrés, al cansancio. Esos beneficios deben ser para la humanidad en general. Pensar lo contrario es sustituir la sociedad de clases del capitalismo por una división social basada en la genética. La bioética es, en este sentido, una disciplina que no sólo se encargue de estos aspectos sino en aquellos donde estén involucrados los recursos que sostienen la vida, por ejemplo, el asunto de la propiedad intelectual, los transgénicos y las patentes sobre esos recursos. No es posible, por ejemplo, desde el punto de vista de la bioética, que existan monopolios de medicinas que pongan en peligro la salud de algunos pueblos. Es necesario humanizar la economía en todos los aspectos y considerarla al servicio de la vida. De esta forma, la economía misma estaría sometida a la bioética.

Todos estos puntos no implican frenar la humanidad ni su avance. Nada va a suceder. Sólo existirá una humanidad más plena, que pueda frenar su autodestrucción. Es necesario, pues, construir una “forma-vida-orgánica” donde todos los aspectos de la realidad social actual estén unidos. Así nada queda por fuera: el cosmos, la sociedad, la economía, la política, la filosofía. La “forma-vida-orgánica” recoge esta redefinición de la categoría de progreso e incorpora todos estos postulados. Progresar es, y para terminar, configurar actualmente una “forma-vida-orgánica” que sea la expresión de un progreso mesurado, prudente, integral; donde el mito de la modernidad haya sido extirpado; donde se realice la trans-modernidad y se dé un diálogo intercultural. Es una sociedad educada donde se ha controlado el crecimiento demográfico, se ha redistribuido la riqueza, se ha eliminado la escasez y donde se goza de un ocio creativo; es, así mismo, una “forma-vida” donde los avances científicos serán sometidos a la bioética. Así las cosas, el progreso que se avizora permea tal vez todos los aspectos de la civilización actual: es una utopía donde el hombre ha recuperado lo humano que hay en él.

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la potencia plebeya. acción colectiva e identidades indígenas, obreras y populares en boliviaálvaro garc í a l inera

Buenos Aires, CLACSO, Prometeo Libros, 2008

La idea de que la necesaria redistribución de los bienes socioeconó-micos no puede ser disociada del reconocimiento público de las “identida-des” simbólicas de las personas y grupos, viene difundiéndose, desde hace algunos años, entre las múltiples teorías y prácticas que, en diversas partes del mundo, están inventando un nuevo proyecto político de izquierda. En América Latina, esta idea se relaciona con la aparición de nuevos movi-mientos que son a la vez sociales, políticos y culturales, y cuya expresión más desarrollada hoy en día es sin duda el movimiento indígena: desde las cuatro últimas décadas, se observa una “emergencia indígena”1, en la cual se inscribe en particular el movimiento de Chiapas en México (1994) y, de manera más reciente, la movilización social que, en Bolivia, ha encontrado desde 2002 una expresión política en los éxitos electorales del Movimiento al Socialismo (MAS) y en la primera victoria de su candidato, Evo Morales Ayma, por cerca del 54% de los votos, en las elecciones presidenciales de diciembre de 20052.

Una reciente compilación de textos de Álvaro García Linera, actual vicepresidente de Bolivia, propone un itinerario que permite seguir los pasos de una experiencia particularmente rica de esta reinvención teórica y práctica de los proyectos de emancipación. Intitulada La potencia plebeya. Acción colectiva e identidades indígenas, obreras y populares en Bolivia, la obra comprende trece textos publicados entre 1989 y 2008: los dos más antiguos fueron escritos antes del encarcelamiento en abril de 1992 de García Linera, quien fue acusado en aquella época de participar en las actividades de una organización armada de la izquierda indígena, el EGTK (Ejército Guerrillero Túpac Katari); el resto de los textos corres-ponde al periodo posterior a su liberación en julio de 1997, luego de cinco años de prisión, en el transcurso de los cuales estudió sociología. Los tres primeros artículos de la compilación tratan de Marx: García Linera dedica especial atención a los escritos de Marx sobre la comuna rural llamada “primitiva” y los modos de producción asiático y “semi-asiático”.

1. José Bengoa, La emergencia indígena en América Latina, Santiago, Fondo de Cultura Económica, 2007.2. Cuatro años después, Morales, quien ha sido el primer presidente indio elegido en la historia de Bolivia y América Latina, ha sido reelegido el 6 de diciembre de 2009, para un segundo mandato de cuatro años, por más del 62% de los votos.

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Los diez textos siguientes proponen una serie de análisis sobre la historia social y política de Bolivia en las dos últimas décadas, con referencias a un contexto histórico más amplio (la revolución “modernizadora” de 1952, la colonización española y postcolonial). A través de este conjunto de textos, reunidos por Pablo Stefanoni, el lector puede seguir los diferentes momentos de un proceso crítico que incluye cuestionamientos y despla-zamientos conceptuales y prácticos, y que se organiza alrededor de un mismo hilo conductor teórico y político: la articulación entre el “marxismo crítico” y el “indianismo”.

el etnocentrismo de la izquierda tradicionalLa posibilidad de tal articulación comienza por la crítica de los pre-

juicios etnocéntricos que invaden los discursos y prácticas de la izquierda “antigua” y, más precisamente, de los partidos políticos que se reclaman de la tradición marxista. Retomando de manera acrítica la ideología evolu-cionista de la modernidad capitalista, liberal e imperialista, que pretende utilizar el modelo del evolucionismo biológico para sostener la idea de un desarrollo único y lineal de las sociedades, que tendría como punto de partida el estadio llamado “primitivo” o “bárbaro” de la “evolución “ y como punto de llegada el estadio “moderno” y “civilizado” representado por Europa, tales discursos y prácticas de la izquierda tradicional europea y latinoamericana consideran la diversidad cultural como un obstáculo para el “desarrollo” económico y social. En América Latina, esta ideología que ha sustentado lo esencial de las políticas indigenistas adelantadas tanto por gobiernos de orientación política muy diversa (a partir de 1940) como por los partidos de izquierda, tiene como perspectiva la desaparición pura y simple de la diversidad cultural, por medio de la asimilación de las culturas indígenas, afroamericanas u otras al modelo postcolonial de “nación” y de “república”. En los términos de Lévi-Strauss, quien no es citado por el autor, el proyecto del evolucionismo social es una “tentativa para suprimir la diversidad de las culturas, fingiendo al mismo tiempo que se la reconoce plenamente”3. García Linera intenta evitarle a Marx estas críticas: según él, la interpretación propiamente marxiana de la historia no es ni lineal ni evolucionista. Refiriéndose a los Grundrisse, a las notas sobre Kovalesky y a otros escritos fragmentarios de Marx, sin citar no obstante ningún texto preciso, y aludiendo al interés que Marx manifestaba por la tradicional comuna agraria rusa, atribuye a este último la idea según la cual la construcción de una economía socialista

3. Claude Lévi-Strauss, Race et Histoire. Race et Culture, París, Albin Michel, Éditions UNESCO, 2001, p. 48.

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podría en determinadas sociedades apoyarse sobre estructuras comunales existentes: el capitalismo no ha producido aun la homogeneización total de las sociedades y las formas comunales no capitalistas conservan aun una “posibilidad de continuidad, en condiciones nuevas” (p. 26).

La crítica de García Linera se dirige por consiguiente menos a Marx que al “marxismo” simplificado de una izquierda que tiende a reducir las diversas dimensiones del conflicto social al antagonismo económico, y que se muestra incapaz de entender la especificidad de las problemáticas relacionadas con la identidad simbólica de los grupos y personas. El autor habla de un “bloqueo cognitivo” (p. 377) que separa al discurso de la realidad social, ; es decir, de una realidad mucho más compleja que aquella que se pretende reducir a un principio explicativo único y absoluto. En el nivel de la práctica, este monismo explicativo es solidario del monismo del demos; esto es, de la afirmación del pueblo en tanto que unidad política absoluta y por ende abstracta (el “pueblo” de Rousseau, la “nación” de Sieyès). García Linera anota justamente que[…] todo demos es también un etnos, ya que al fin y al cabo el ejercicio de la

“ciudadanía universal” supone una lengua de educación pública […], una historia, unos héroes, unas festividades y conmemoraciones adecuadas a la narrativa histórica de una cultura particular (p. 247).

Podríamos ilustrar esta afirmación del autor evocando como ejemplo la relación que establece en 1794 el diputado Grégoire entre el principio de la república una e indivisible y el principio de la lengua “nacional” única: “en una república una e indivisible, el uso único e invariable de la lengua de la libertad”, es decir, del francés, ha de ser impuesto lo más pronto posible, por medio de la liquidación (anéantissement) de todas las otras lenguas (las llamadas jergas o patois)4. Hoy en día, observa García Linera, la idea democrática exige que el demos no sea más asimilado a la “nación política”, a fin de evitar “el etnocentrismo que atribuye valores univer-sales […] a los valores […] de una cultura dominante resultante de la colonización y la guerra”. En esta perspectiva, propone entender el demos como comunidad política, producida horizontalmente como “articulación multicultural o multinacional” de una sociedad culturalmente plural.

4. Abbé Grégoire, Rapport sur la nécessité et les moyens d’anéantir les patois et d’universaliser l’usage de la langue française (1794), en M. de Certeau, D. Julia y J. Revel, Une politique de la langue. La Révolution française et les patois: l’enquête de Grégoire, París, Gallimard, 1975, p. 302. La obra reproduce igualmente el informe del diputado Barère, quien afirma por su parte que “la lengua de un pueblo libre debe ser una, y la misma para todos” (p. 297).

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comunalismo y comunismoEl marxismo crítico, no etnocéntrico, está abierto a otras racionali-

dades sociales y económicas que no son solamente pre-capitalistas sino también, y ante todo, anti-capitalistas. En ciertas sociedades del planeta, siglos de colonización y arrasamiento capitalista de las relaciones de producción no-capitalistas no han conseguido eliminar totalmente formas comunales de producción y apropiación colectiva de la producción. A semejanza de la comuna rural rusa cuyo potencial anti-capitalista pudo ser apercibido por Marx, la comuna andina (Ayllu) puede ser el “punto de partida de una renovación general de la sociedad” (p. 93) dado que, a pesar de las transformaciones que ha podido sufrir por el hecho de la introducción moderna del individualismo posesivo y de la propiedad privada, conserva un potencial de socialización que puede ser articulado al potencial de socialización implícito en el desarrollo moderno de las fuerzas productivas, y que encarnan las diversas tradiciones del movi-miento obrero en las sociedades capitalistas hegemónicas. En América Latina y otros países del mundo, escribe García Linera en 1999, la lucha contra la dominación del capital debe necesariamente integrar la lucha por la universalización de la “racionalidad social comunal”, promovida por los actores sociales que reivindican la salvaguardia y reconstrucción de la “forma comunal”.

Respecto a este punto, la perspectiva de García Linera coincide con la de José Carlos Mariátegui –una de las figuras mayores del pensamiento social latinoamericano del siglo XX–, quien ya en 1928 sostenía que la transformación socialista en el Perú habría de efectuarse no en contra de la cultura india de los Andes sino con ella, buscando apoyo en ciertos elementos de la tradición del Ayllu –en particular, la propiedad comunal de la tierra y las prácticas de ayuda mutua y solidaridad–. Rechazando la identificación de la modernidad con el individualismo liberal, Mariátegui se refiere a la modernidad socialista como única configuración cultural occidental capaz a la vez de articularse con el “espíritu socialista” de la cultura andina y de responder a la doble exigencia de justicia socioeco-nómica y de desarrollo de la producción agrícola, para los indígenas y el conjunto de la sociedad peruana5. Para Mariátegui, quien es citado por el autor una vez, positivamente, la convergencia entre el “socialismo” andino supérstite y el socialismo moderno supone una cierta transformación de

5. José Carlos Mariátegui, Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana, Obras Completas, t. 2, Lima, Imprenta Amauta, 1977, p. 52, 75sq, 81sq, 88. Sobre este tema, ver: Alfredo Gomez-Muller, “Justicia cultural y justicia social: Mariategui y el ‘problema indígena’”, en Logos, No. 14, Bogotá, 2009, p. 93-105.

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estas dos formas históricas de justicia distributiva y, a través de ella, una transformación de la idea general del socialismo. Siguiendo la perspectiva abierta por la fecundación recíproca de la tradición andina del Ayllu y del socialismo obrero, la idea socialista no se reduce a una forma de justicia redistributiva. El socialismo ha de asociar la justicia redistributiva con un determinado modelo de relaciones sociales, basadas en la cooperación, la solidaridad y la gratuidad, según la referencia histórica del Ayllu. A falta de tal modelo de relaciones y de las modalidades de organización social y política que suponen, la idea socialista correría el riesgo de verse reducida a una técnica de redistribución y planificación vertical de la economía. El modelo de relaciones de cooperación proveniente del Ayllu constituye un valor social y ético que el socialismo moderno ha de poder integrar.

En esta perspectiva, las dos exigencias de reconocimiento de las iden-tidades culturales y de justicia socioeconómica redistributiva –tematizadas como “dilema” por Nancy Fraser6– no se presentan aquí como “paradig-mas” opuestos, sino como elementos de una misma problemática. Lo “in-dígena” –anota García Linera en 1998– se entiende como “comunidad”, y la comunidad es básicamente una forma cultural que incluye de entrada una forma de redistribución social de los bienes y ventajas fundada en la categoría de necesidad y en la exigencia de equidad. Algunos años des-pués, en un texto de 2004 dedicado al tema de las autonomías indígenas y del Estado multinacional, al autor introduce la categoría de “civilización” para designar aquellas formas culturales que abarcan lógicas productivas y distributivas específicas. Remitiendo al concepto de civilización de Norbert Elias, caracteriza así la forma comunal como una “estructura civilizatoria” específica, al igual que el capitalismo que representaría otra estructura de civilización. La introducción de esta nueva categoría tiene visiblemente por función el distinguir las reivindicaciones “culturales” de las reivindicaciones “civilizatorias”: las identidades culturales –que García Linera parece asimilar aquí a las identidades linguísticas– pueden según él atravesar lógicas productivas muy variadas (capitalista, comunal, etc.), mientras que las identidades civilizatorias encarnan lógicas societales diferenciadas, que implican sistemas de apropiación y por ende relaciones de producción diferentes. A pesar de ciertas ambigüedades conceptuales, relacionadas en parte con el hecho de que el significado central del

6. Nancy Fraser, Qu’est-ce que la justice sociale? Reconnaissance et redistribution, París, La Découverte, 2005. Ver igualmente: Nancy Fraser, “Justicia global y renovación de la tradición de la teoría crítica” (diálogo con Alfredo Gómez-Muller y Gabriel Rockhill), en Alfredo Gómez-Muller y Gabriel Rockhill (eds.), La teoría crítica en Norteamérica. Política, ética y actualidad, Medellín, Editorial La Carreta, 2008, p. 87-104.

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concepto de civilización en Norbert Elias corresponde en lo esencial al concepto antropológico general de cultura, esta perspectiva tiene el interés de ofrecer una pista para una crítica del multiculturalismo liberal (Kymlicka, Taylor...) y para pensar un multiculturalismo de izquierda:[…] el desmontamiento de las relaciones de dominación étnico-cultural […] no

necesariamente es un hecho anticapitalista ni mucho menos socialista […]. Por su parte, el desmontamiento de las relaciones de dominación civilizatoria en cambio sí afecta a la propia expansión del régimen capitalista, y si bien puede cruzarse con el tema de la dominación cultural, tiene su propia dinámica interna propia (p. 257).

un multiculturalismo de izquierdaEl multiculturalismo liberal, del cual el autor reconoce los “aportes”,

no puede sin embargo ser considerado como el modelo único de justicia cultural. En un país como Bolivia, reducir la cuestión de la dominación étnico-cultural a un asunto de derechos lingüísticos y culturales que no afectan para nada la hegemonía absoluta e incondicional de la estructura civilizatoria capitalista, equivale a reproducir la hegemonía del modo y de las relaciones de producción capitalistas sobre todo otro tipo de estructura civilizatoria y, en particular, sobre la estructura de civilización comunal agraria. A este respecto, el multiculturalismo liberal es fundamentalmente intolerante: se niega a reconocer otras estructuras civilizatorias que conciben de manera diferente no sólo la producción y las relaciones de producción, sino también las relaciones entre la persona, la sociedad y lo político. Tal es el caso, en Bolivia, del “multiculturalismo” que fue instaurado bajo el régimen neoliberal de Sánchez Losada (1993-1997), y auspiciado por el vicepresidente aymara Víctor Hugo Cárdenas. Según García Linera, se trata de una política que limita la diversidad cultural a sus aspectos más folclóricos, descartando de hecho su dimensión socioeco-nómica. A distancia de este supuesto multiculturalismo, el autor sostiene que el reconocimiento efectivo de la diversidad cultural-civilizatoria en Bolivia implica el reconocimiento de las formas socioeconómicas de tipo comunal, las cuales son solidarias de una concepción no individualista del sujeto y de lo político –basada en particular en instituciones públicas de tipo asociativo, fundadas en la práctica de la asamblea, de la democracia deliberativa, etc.–.

El proyecto político que García Linera enuncia en 2004, un año antes de la primera victoria de Evo Morales en las elecciones presidenciales, se presenta por lo tanto como la superación del Estado “monocultural” postcolonial, por medio de la edificación de un Estado a la vez “multi-

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nacional” (o “multiculturalista”) y “multicivilizatorio”. Remitiendo a la experiencia internacional y latinoamericana de los derechos culturales, y en especial al debate mexicano en torno de la autonomía (el movimiento de Chiapas, los textos de Díaz-Polanco7), propone la creación de un sistema de “autonomías regionales por comunidad lingüística y cultural con distintos grados de autogobierno político” (p. 249): para la comunidad aymara (25% de la población del país), la más organizada políticamente, un gobierno autónomo “nacional” con competencia total en políticas educativas, económicas, agrarias, medio ambiente, comunicación, obras públicas, derecho civil, vivienda, impuestos y policía; para otros grupos demográficamente menos importantes, o menos organizados políticamen-te, formas distintitas de autonomía, desde el nivel local hasta el regional, así como la posibilidad de crear federaciones con el fin de hacer valer más eficazmente sus derechos. Según las cifras que proporciona el autor, Bolivia contaría cincuenta comunidades “histórico-culturales”, mientras que el 62% de la población se reconoce como india; sobre una población total de ocho millones de habitantes, el quechua sería hablado por tres millones y medio de personas, y el aymara por dos millones y medio.

promover la economía social: la tarea de la nueva izquierdaGarcía Linera contempla de este modo la posibilidad de una

coexistencia articulada de diversas lógicas “societales” o “civilizatorias”, de la lógica capitalista a la lógica comunal. En un contexto histórico en donde las formas comunales y “tradicionales” de producción representan el sector más importante de la economía, del punto de vista social y demográfico, y en donde tales formas, juzgadas “arcaicas”, han sido invariablemente consideradas por los modernistas liberales y marxistas como un obstáculo para el “progreso”, la idea de tal coexistencia adquiere de hecho el significado de una protección y de una promoción pública de las formas comunales de organización del trabajo. El programa de García Linera busca por lo demás aportar un apoyo financiero a esta economía social, así como innovaciones tecnológicas que sean compatibles con la lógica civilizatoria de la “forma comunidad” (ayllu, sindicato, cooperativa, etc.). Posee, a este respecto, una dimensión socializante, que parece no obstante bastante alejada del comunismo autogestionario que auspiciaban los primeros textos de García Linera. En 2006, en un artículo que no figu-ra en la compilación, el autor define este programa como un capitalismo andino-amazónico: un sistema que debería conjugar de manera armónica

7. Héctor Díaz-Polanco, Autonomía regional. La autodeterminación de los pueblos indios, México, Siglo XXI, 1991; La rebelión zapatista y la autonomía, México, Siglo XXI, 1997.

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los seis espacios principales de la economía boliviana: el Estado, lo privado nacional, lo privado extranjero, la microempresa, la economía campesina y la economía india comunitaria. En lo esencial, se trataría de transferir los excedentes de la economía industrial moderna hacia la economía comu-nal, a fin de promover formas de auto-organización social y económica así como el desarrollo de un comercio “propiamente andino y amazónico”. En su contenido general, este “capitalismo andino-amazónico” no parece pues muy alejado del “socialismo del siglo XXI” auspiciado por Venezuela: en ambos casos, se trata no de abolir la economía de mercado, sino de someterla al principio del interés general o, más precisamente, a una concepción más redistributiva y equitativa del interés general, inspirada en la tradición socialista. A distancia del radicalismo de sus primeros textos, el autor reconoce ahora la función pública y reguladora del Estado, que ha de ser no obstante reconstruido, de abajo hacia arriba, en tanto que “comunidad política” (p. 246). El último texto de la compilación, fechado en el 2008, destaca el rol económico del Estado boliviano que, a partir de la nacionalización de los hidrocarburos, reorienta los recursos públicos hacia los productores medianos y pequeños, apuntando hacia una expansión del mercado interno y una diversificación de la economía que, en Bolivia como en otras partes de América Latina, ha sido por mucho tiempo organizada según la estructura colonial y postcolonial de la monoproducción orientada hacia la exportación.

En el contexto histórico de Bolivia y en el de la economía mundial contemporánea, tal programa resulta bastante heterodoxo. Su potencial subversivo ha sido captado por la derecha boliviana, que en 2008 llevó al país al borde de la guerra civil, así como por los Estados Unidos y la Unión Europea, que critican las restricciones al “libre comercio” establecidas por el gobierno de Evo Morales. A los discursos “radicales” sobre la abolición inmediata del capitalismo, Linera responde que tal supresión no depende de principios abstractos, como tampoco de la simple voluntad de un líder o de un partido político, sino de la lógica histórica y, más precisamente, de las relaciones de fuerza reales. En vez de discursos abstractos y de meras declaraciones de principio, se requiere –dice– un análisis político y teórico riguroso y sistemático de la realidad social, en vista a descifrar los posibles que la evolución de las relaciones de fuerza puede abrir a un momento dado. Frente a los discursos y prácticas vanguardistas y voluntaristas de la izquierda latinoamericana de los años sesenta y setenta, y también frente al anti-estatismo radical de los propios textos de García Linera de los años ochenta y noventa, el proyecto multiculturalista y multicivilizatorio del autor revela una cierta capacidad de captar la revolución en la reforma, más allá de la vieja oposición (abstracta) entre “reforma” y “revolución”. La

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importancia de los temas del multiculturalismo y de lo multicivilizatorio en García Linera y, más generalmente, en la teoría y la práctica de toda una parte de la izquierda latinoamericana contemporánea, revela una cierta toma de conciencia del hecho de que el capitalismo no es sólo una lógica de apropiación privada del trabajo social, sino también una lógica de destrucción de la cultura en general, esto es, de la capacidad de las personas y sociedades para producir lo simbólico: sentidos y valores que permitan imaginar posibles más allá de las finalidades de la ganancia, del rendimiento, de la acumulación y del poder.

a lfr edo gómez-muller Universidad François-Rabelais de Tours

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colombia: escenarios posibles de guerra o pazalejo vargas, carlos MeDina, lui s hernánDez, Dirk kruji t, Markus

s chultz e-kraFt, Mauri c i o garc í a Duran, lui s eDuarDo c el i s,

caMi lo cruz, anDrés Fel i pe ortega

Bogotá, Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Nacional de Colombia, 2010

El grupo de investigación en Seguridad y Defensa (GSD), adscrito a Unijus, invitó a entendidos en el asunto del conflicto en Colombia a responder las siguientes preguntas: · ¿Tiene sentido o no, justificación o no, y futuro, la guerra interna en la

Colombia de comienzos del siglo XXI? · ¿Cuáles son las salidas posibles (no las deseables) que parece tener la

guerra interna? · ¿Qué significa en la Colombia de inicios del siglo XXI la salida

negociada al conflicto interno armado? ¿Se puede seguir pensando y predicando agendas como las del Caguan?

· ¿Cómo lograr que el gobierno y la guerrilla, que por ahora no quieren negociar, se sienten y avancen hacia una salida viable y realista?

Las repuestas dadas por sus diez autores se condensan en el libro, objeto de esta reseña. Sus reflexiones se soportan en diversos elementos teóricos y experiencias históricas nacionales e internacionales, en particular las centroamericanas, como de su propia práctica de vida militante y política.

Deben destacarse tres aspectos en los cuales la mayoría de los autores se identifican, en la razón dada a las causas, características y posibles escenarios del conflicto y su resolución, y un cuarto aspecto sobre su diferencia en la conceptualización del mismo.

Son esos tres aspectos:1. No se avizora en el corto plazo un escenario de resolución del

conflicto.2. El proceso tiene en lo regional nacional e internacional un ingre-

diente sine quanon para su proceso de resolución3. Los elementos de la agenda de negociación debe inscribirse en una

estrategia de resolución integral del conflicto, en la que deben participar los diversos actores.

1. no se avizora en el corto plazo un escenario de resolución del conflictoEs un consenso generalizado de los autores la necesidad histórica y

política de poner fin al conflicto, como su deseo para que se lleve a feliz término lo más pronto posible. Pero igualmente no le apuestan a una solución rápida ni viable por la vía armada o solo militar, así en la coyun-

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tura por efecto de la política de seguridad democrática, se manifieste un repunte en la acción del poder militar del Estado.

Consideran que la resolución transita por un proceso de salida política negociada en donde es clave tener en cuenta las experiencias propias y ajenas, en particular las latinoamericanas.

Destacan un escenario de confrontación y salida política de largo aliento del conflicto, pues “no hay triunfo ni derrota que se avizore”, señala Celis. El mismo se encuentra en un cómodo impasse afirma Hernández, y las diversas fuentes de información, según el S. J. Mauricio García apuntan “a estar lejos de su final” como lo supone el gobierno, pues,

[…] no obstante el fortalecimiento de las FF. AA. el énfasis en una estrategia meramente militar no garantiza acabar con los grupos insurgentes. Menos cuando los abundantes recursos del narcotráfico siguen alimentando la guerra […]. Un conflicto que continúa con una cobertura nacional, sin haber un cambio de escenario estratégico en el mismo. Que se encuentra en “un callejón sin salida”.

Consideran el carácter complejo, diverso, perverso y/o degradado, estructural e histórico que lo componen, con presencia de los más diversos factores y actores. Dice Medina que “la violencia y la guerra atraviesan la historia colombiana”, a su vez “una superposición de guerras”. Una “vio-lencia con motivaciones políticas” de carácter “recurrente” en la historia del país señala Vargas; al igual que “el sin sentido que el mismo representa para la mayoría de los colombianos”, cómo lo afirma Celis.

Una violencia, según Galán, cada vez más urbana, irregular, de bandas y redes que se alquilan al mejor postor, y que “no responden a la acostum-brada lógica de conformación de ejércitos rurales” un próspero negocio de patrimonio único de las multinacionales y una maniobra de los principales poderes del mundo para conservar sus privilegios”; una “guerra que no tiene sentido, ni justificación ni futuro”. En medio de un país que convive con una violencia centenaria, cíclica y permanente en donde se intercalan transitorios escenarios de distensión, que luego dan origen a nuevas confrontaciones, cada vez más degradas. Con un Estado que sigue siendo esencialmente el mismo, y un conflicto que hoy se extiende más allá de las fronteras mientras todos andan a la espera de un buen final. En fin, señala Galán, “una situación en la que si bien la guerrilla tiene perdida la guerra frente al estado en el sentido estratégico de la toma del poder, sin una negociación pronta, hace que los factores de violencia se profundicen y reciclen en una nueva dinámica del conflicto”. En un país gatopardista, como acota Hernández, en donde todo cambia para que todo siga igual, en donde todo es grave, pero nada sucede, y en ese marco, por lo menos

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en el horizonte de unos cinco años no existe viabilidad realista alguna de resolución del conflicto.

Una situación ligada a unos actores como la insurgencia, venida a menos en sus razones ideológicas y políticas por su relación con el narcotráfico, y que se encuentran en lucha por territorios; como a los para-militares en proceso de renacimiento, y a las bandas urbanas que alientan la seguridad urbana; y a unos factores, como la corrupción, la desigualdad, la exclusión, el conflicto agrario y las diferencias regionales, improntas históricas del conflicto.

Así, al decir de Vargas, los actores guerrilleros “están dispuestos a dialogar, pero no a negociar” que implica que no tengan viabilidad por ahora las posibilidades de la salida negociada, aunado al hecho que el mismo gobierno no manifiesta claramente esta disposición y se la juega a la derrota militar de la insurgencia. La salida, entonces, se mueve en una aparente contradicción, entre la evidencia de que el fin de la guerra pasa por un escenario de negociación, al tiempo que el desinterés de sus principales actores en negociar.

En ese orden Dirk Krujit considera, que Colombia parece predestina-da de servir como teatro de campañas casi eternas de guerras internas, de insurgentes y contrainsurgentes, de contrabandista y guerrilleros, para-militares y milicias privadas. Un país en donde no hay monopolio de la violencia y en donde paradójicamente hay estabilidad en la inestabilidad: “país que sigue funcionando en un panorama de conflictos y campañas de guerra de baja intensidad”, y concluye afirmando, que a pesar de que los observadores extranjeros se asombran sobre la actitud triunfante de las fuerzas armadas colombianas, no es muy probable que se termine el conflicto colombiano por una victoria militar. Krujit considera que tal vez una mayor insistencia de los países aliados “puede ayudar para ablandar los corazones y las mentes de quienes pretenden una victoria contundente postergada desde hace unos cincuenta años”. Krujit considera que:

[…] continuar la guerra de parte de la guerrilla colombiana no encuentra justificación, pues ni luchan contra una dictadura, ni contra el imperialismo que aplaste a Colombia, y remotamente se ve qué tipo de sociedad ideal hay que tener en mente en caso que la guerrilla salga ganando.

2. el proceso tiene en lo regional nacional e internacional un ingrediente “sine quanon” para su proceso de resoluciónEn el carácter regional del proceso y su resolución, los autores identifi-

can dos definiciones o dimensiones, una internacional y otra nacional.

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Alejo Vargas destaca el carácter regional internacional a nivel andino, basado en el “proceso creciente de regionalización” del conflicto que preocupa e involucra a los países vecinos y aliados, potenciando un conflicto de mayores dimensiones que abarca intereses económicos, geoestratégicos e ideológicos, que rememoran o reeditan la guerra fría. En ese sentido afirma, que la política del actual gobierno es percibida por los países vecinos como la prolongación en la región de la política norteame-ricana de la llamada “guerra preventiva”, y que los conflictos fronterizos se van a seguir presentando, pues “la experiencia internacional señala que cuando existen confrontaciones internas armadas, los actores armados no estatales toman las fronteras como áreas estratégicas de retaguardia”. La negociación entonces es vista como una necesidad regional no solo colombiana, siendo previsible el escenario de una tendencia creciente internacional, más allá de los deseos de los actores nacionales. En cuanto a la agenda de negociación señala Vargas que debe estar acompañada con procesos de desarrollo regional integrales, que permita la integración de las fuerzas guerrilleras.

Medina, considera que el conflicto se ha transnacionalizado configurando un nuevo escenario en “el eje Cuba-Venezuela-Ecuador-Bolivia-Nicaragua-Honduras y en menor proporción el Salvador”. Donde “los aliados incondicionales de los Estados Unidos, que cada vez son menos, están dispuestos a jugarse al lado de los intereses norteamericanos en la región”. Otros autores como Galán y Celis destacan tanto el carácter regional interno como externo del conflicto. Un proceso de negociación destaca Galán, debe abordar una geopolítica para la paz y la distensión regional. Un proceso de diálogo con la guerrilla en donde no puede estar ausente el tema sobre el narcotráfico, ligada a una solución no solo interna sino regional.

Mauricio García sostiene queNo es posible avanzar hacia una paz durable y sostenible sin contar

con los paramilitares y los poderes locales y regionales que están detrás de ellos […]. Cuya estrategia permita que terceras partes, tanto naciona-les como internacionales, puedan jugar un papel de apoyo técnico. […] y reconozca la importancia de la movilización a favor de la paz”.

3. los elementos de la agenda de negociación deben inscribirse en una estrategia de resolución integral del conflicto, en la que deben participar los diversos actoresVargas considera que el proceso de paz no es sinónimo a fase de

negociación pues esta es solo una parte de él, de carácter final y pública.

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La entrada al proceso conlleva el intercambio humanitario, con cese al fuego y a las hostilidades.

Por su parte Galán considera que el proceso debe estar acompañado y precedido de un cese total de hostilidades, con un tiempo definido, y con la discreción debida.

Vargas señala que tres temas deben ser objeto de las conversaciones: 1) Unos beneficios jurídicos amplios. 2) Una reforma política que haga trasparente las reglas del juego. 3) El problema del narcotráfico con base en una amplia discusión nacional. Hernández igualmente considera que: 1) Un acuerdo humanitario. 2) La cuestión agraria, que comprende la agricultura ilícita. 3) Los derechos humanos son los puntos básicos para iniciar el proceso de diálogo.

Krujit afirma que Colombia no solo es el país de los prolongados conflictos, sino también el país de los experimentos en desarme y desmo-vilización en base a negociaciones y pactos, cuyo conocimiento son claves para develar salidas a la actual encrucijada.

Medina considera que se debe tener en cuenta una definición clara de lo que se debe entender conjuntamente por solución política negociada, o no militar del conflicto, el cual debe estar precedido de un ejercicio social de reconocimientos de lógicas, e imaginarios de paz de cada actor.

Al igual que García Medina propone la construcción de una “política pública de paz”, que tenga en cuenta:

Que la resolución no es un asunto de derrotar la oposición ni de hacer la revolución en la mesa de negociación.

La ampliación de los espacios de la democracia que favorezcan las condiciones y procesos que fortalezca la oposición.

El fortalecimiento del Estado, y una salida al narcotráfico, al igual que un tratamiento concertado a los denominados problemas estructurales.

El diseño de un nuevo ordenamiento territorial del país, que se centre en el mejoramiento de las condiciones de vida, en una reforma agraria que democratice la propiedad rural, y recupere la soberanía alimentaria, atendiendo una agenda social básica. Comparte con Vargas la necesidad de construir planes de desarrollo regional de naturaleza democrática, que atiendan la reparación y atención integral a las víctima. Igualmente el diseño de una pedagogía de la paz, junto a la construcción de comunicacio-nes y de medios proclives a procesos que construyan una cultura de paz.

García añade que debe abrir las puertas “a la configuración de un nuevo consenso social”.

Galán propone tener en cuenta una “oferta posible de solución”, que considere la realización de una nueva constituyente, el diseño de una agenda regional como solución nacional, y tener en cuenta la Corte Penal

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Internacional con la cual el estado negocie los términos de una ley para la transición definitiva de la guerra a la paz. Se debe habilitar una metodolo-gía que tenga en cuenta el análisis científico para evitar improvisaciones, no esperar que los actores armados tengan solos la iniciativa desde adentro sino motivarlos desde afuera.

En medio de la confrontación se debe habilitar el diálogo para concre-tar una interlocución construida sobre realidades comunes. La aprobación y desarrollo de una ley transitoria para el cese de las violencias que luego desemboque en una ley definitiva de la guerra a la paz. Al igual que Celis, Galán propone cambiar la dirección del Estado hacia un estado social de derecho.

Celis considera que al ser capaces las guerrillas de reconocer que su estrategia de tomarse el poder por la vía armada ya no es viable, unido al hecho mismo del escepticismo y descrédito que acusan ante la opinión pública, deben asumir la iniciativa de construir un acuerdo político, Para su efecto deben partir por los temas de distensión del conflicto y el respeto al DIH y los derechos humanos; apostando a un cese al fuego con verificación internacional.

Señala García que la agenda de paz, debe:[…] tener claridad sobre lo que se pone en juego en la negociación,

es decir, hasta donde se está dispuesto a ir para hace posible la convivencia en paz […]. Teniendo en cuenta que el principal problema del país no es encontrar solución política al conflicto armado sino construir la democracia. Tramitando, sin el recurso de la violencia, los inevitables conflictos que implica construir una Colombia mas justa.

La misma debe contar con una estrategia de negociación que contra-rreste a quienes quieran sabotear el proceso.

Añade que la construcción de la paz tiene un correlato con la dinámica y fases del conflicto, que implica el desarrollo de una estrategia integral de paz compleja, como también lo propone Schultze-Kraft, quien considera que se requiere de una Estrategia de Resolución Integral del Conflicto Armado (ERICA) como paso previo de una nueva negociación.

Enfatiza García que en esa estrategia se debe tener en cuenta, la construcción de una cultura de paz, la consolidación y profundización de las formas de contención civil de los conflictos violentos, el aprender de las experiencias vividas, sean exitosas o fallidas, para evitar los errores come-tidos, al igual que su monitoreo. Debe contemplar la justicia transicional y “el ahondamiento en la manera de generar procesos de reconstrucción y desarrollo que resuelvan las exclusiones vinculadas al conflicto”.

Para Schultze-Kraft ERICA se debe fundamentar en tres pilares: 1) Un

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componente de seguridad militar y ciudadano que respete y proteja los derechos fundamentales, y se base en el DIH. 2) Un componente político, entendido como no militar y diferente al de seguridad, enmarcado en un proceso amplio e incluyente de construcción democrática. 3) Un componente institucional /estructural, que potencie la expansión de la presencia del estado civil y responda por los actos y responsabilidades que le atañen, en todo el país. “Una estrategia que debe pasar por un esfuerzo compartido y concertado entre el gobierno, el Estado y la sociedad, de construcción democrática de poder y de orden”.

Agenda y estrategia que al decir de Cruz y Ortega deben incluir el tema de las Fuerzas Armadas y las agendas de seguridad y defensa. Pues la negociación requiere de la participación de los uniformados, para que “el diálogo de los políticos incluya también la paz de los guerreros”. Donde la reforma a las fuerzas armadas tenga en cuenta: 1) La desmilitarización de la política social, como son las estrategias cívico-militares. 2) La redefinición de roles de los cuerpos de policía y las fuerzas armadas, como la creación de otros cuerpos de seguridad que se adapten a las nuevas condiciones. 3) La revitalización del control civil, con la entrada en el juego político de antiguos contendientes. Esto, en el marco de un nuevo pacto social del posconflicto que “sea democrático y participativo que incorporando a los antiguos combatientes genere nuevas expectativas de lo que es la nación”.

Con base en la construcción de una agenda acotada, señala Celis, “que tenga respaldo ciudadano y que sienta las bases para una convivencia duradera”. En donde participe la sociedad civil, señala Galán. Una agenda que se olvide de la agenda del Caguan por ser totalmente inviable, afirman Vargas y Celis.

El proceso debe ser entendido como un proceso “vivo” que se va construyendo, modificando y enriqueciendo con las dinámicas de la discusión politica y participación creciente del Estado, sus instituciones, el sector privado, los actores armados, la sociedad civil (Medina) y el acompañamiento internacional solidario y respetuoso, una diplomacia hacia de la paz.

Finalmente, quiero destacar la diferencia entre los diferentes autores para caracterizar el conflicto colombiano, que sigue siendo no solo una necesidad de consenso teórico sino un requerimiento político para definir con mejores luces su resolución.

Vargas considera que “se trata de una confrontación próxima a la guerra civil […] un conflicto interno armado, en los términos definidos por los protocolos adicionales a los convenios de ginebra, que encaja de manera adecuada”, destaca que no se puede desconocer a quienes suplan-tan el término guerra por conflicto.

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Medina considera que “la guerra que se desarrolla actualmente en Colombia es compleja y difícil de definir”, “enrarecida” por las nuevas reali-dades económicas y del mercado. Aunque se inclina por considerar que, “el conflicto colombiano es que sigue siendo una guerra civil irregular”.

Mauricio García –que al igual que Schultze-Kraft, se refiere al conflicto armado– relata que el conflicto generó en 2006 un número de víctimas por debajo de la línea de los 1.000 muertos por año, un pará-metro internacional utilizado para considerar que un país vive en guerra o conflicto armado. También menciona García el concepto de “guerra contra la sociedad” acuñado por Daniel Pecaut, para hacer referencia a las infracciones contra el DIH, cometidas por los distintos actores armados en contra de la población civil.

Hernández le apuesta a definir el conflicto como un ejercicio pernicio-so de vieja data mantenido en un cómodo impasse por parte de sus actores armados, dispuestos así a mantener un conflicto sinfín, alimentado por el tratamiento dado por los medios de comunicación.

r edacción ci e nci a p o l í t ica

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la crítica de nietzsche a la democraciaDi ego pareDes

Bogotá, Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de Colombia, 2009

El libro de Diego Paredes es un nuevo aire para el pensamiento sobre la política. Como su título lo indica, su objeto primordial de reflexión es la crítica del Friedrich Nietzsche a la democracia. Es en verdad una idea muy sugerente porque nuestro medio académico no suele involucrar a Nietzsche con temas políticos directamente y porque casi nadie se atreve a criticar a la democracia.

Alguna corriente del “nietzscheanismo” podría objetar de antemano que el intento es fallido desde que la obra del pensador alemán no se ocupa de ese tipo de temas, filosóficamente secundarios, sino del pro-blema fundamental de la ontología. Casi se podría alegar que buscar en Nietzsche claves de teoría política crítica trivializa su decidida inspiración antiesencialista.

La ontología de Nietzsche tiene como punto fuerte su sospecha con respecto al rol metafísico que el pensamiento occidental ha otorgado a la razón. El lugar de la existencia humana no es la conciencia sino el cuerpo, y éste no está habitado únicamente por la razón sino fundamentalmente por los instintos. Más aún, la razón es un cierto tipo de instinto entre muchos otros, que ciertamente ha sabido colonizar y dominar nuestra conducta, siempre al precio de la autorepresión y la censura.

En su obra temprana, particularmente en sus análisis sobre la tragedia griega, proscrita, valga decirlo, en los círculos de la academia filológica alemana de la época, Nietzsche descubrió un síntoma del pensamiento trágico y del grueso de la estética griega dominante. Según él, la tragedia era el escenario de la confrontación entre lo dionisiaco y lo apolíneo, entre el placer y el orden. Siempre con mucho dolor, la tragedia reestablecía el orden; su utopía era claramente nacer del dolor la armonía.

En su obra media, sobre todo en La ciencia jovial, Nietzsche toma partido por una forma particular de concebir la realidad, con implicacio-nes epistemológicas y ontológicas muy profundas. La idea ya mencionada de que nuestro cuerpo está habitado por los instintos, encontrados en abierta batalla, se complementa con la noción de perspectiva, según la cual la forma de nuestro ser en el mundo, la manera de comprenderlo, interpretarlo y actuar en él es siempre la fijación de una cierta perspectiva que resulta del éxito o fracaso de unos y otros instintos. En otras palabras, la fijación de perspectivas se produce sobre la base de dominio ejercido por unos instintos sobre otros.

En su obra póstuma, Nietzsche elabora con cierta recurrencia y con

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notable desorden reflexiones sueltas sobre la política y la democracia. Para la mayoría de los lectores y lectoras estos pasajes son casi indescifrable-mente obscuros por su aparente desconexión con el resto de la obra. Para Diego Paredes, en cambio, las reflexiones políticas de Nietzsche no son únicamente comprensibles en el marco grueso de la ontología nietzschea-na, sino que constituyen un punto de llegada necesario de sus reflexiones y en ese sentido dan sentido a la obra en su conjunto.

El trabajo de Paredes tiene varios méritos relevantes. En primer lugar, logra conjugar la reflexión de la ontología con la reflexión política, sin desconocer el espesor de la primera ni la practicidad de la segunda. Logra comprender la política mejor de lo que pueden hacerlo los abordajes técnicos y de filosofía política en sentido estricto y consigue dar sentido en la vida real al pensamiento ontológico, cuyo objeto no es otro, si es verdadera ontología, que la misma vida real y concreta.

Más aún, Paredes toma el riesgo de poner en cuestión el lugar común de la política contemporánea. La democracia es hoy en día un referente autocomprendido de legitimación de cualquier estado y por supuesto de toda teoría política. Sin lugar a dudas, hablar hoy contra la democracia es casi un “pecado”, una herejía contra los principios sacrosantos del liberalismo.

No es el primero en hacerlo, desde luego, aunque sí es pionero en ese tipo de aventuras en nuestro medio. Y no lo hace partiendo de sus propias preferencias políticas, no lo hace contrastando un paradigma político con otro, sino abordando las bases más esenciales del pensamiento democráti-co en su expresión liberal.

Dicho pensamiento parte de varios supuestos: individuo, control e igualdad. La conjugación de esos tres factores da como resultado la necesi-dad inesquivable de la democracia. Somos individuos, entidades unitarias, indivisibles y únicas que salimos al encuentro de otras individualidades y establecemos con ellas lazos sociales más o menos amigables, cuyo rasgo común es la necesidad que tienen de ser controladas. Aunque no es un principio exclusivamente democrático, la necesidad de control da lugar al surgimiento de un Estado que promete resguardar nuestra vida y tratarnos como iguales.

El pensamiento nietzscheano, interpretado según Paredes, mina esos tres presupuestos. No somos los individuos que el liberalismo soñó, sino un campo de batalla entre instintos. No somos por tanto sujetos meneste-rosos de control sino la expresión de un cierto instinto represivo que nos lleva a dominarnos. Y no somos iguales, sino víctimas de una sociedad mediocre que desconoce los grandes talentos. No necesitamos por tanto la democracia como algo esencial a nuestra forma de ser, sino que la hemos

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inventado, y ha sido un resultado en muchos aspectos indeseable y nocivo para el crecimiento de la cultura. Además, la democracia se instala como una interpretación que se desconoce como tal interpretación, con lo cual se vuelve única y absoluta y en ese sentido deja de potenciar la vida. La democracia liberal obedece a un cierto tipo de vida egoísta, cobarde y facilista.

La ontología nietzscheana y su crítica a la democracia es un dispositivo demoledor. Pero también ofrece pistas para pensar la libertad y la comu-nidad que queremos. Paredes vuelve a poner sobre el tapete, partiendo de dicha base, la pregunta sobre la libertad más allá de la democracia y del individuo-átomo. Por la misma vía, invita a reflexionar, en algunos puntos con Nietzsche y en otros en su contra, sobre el tipo de vínculo que podemos establecer para hacernos más libres y mejores, al tiempo que abre la puerta para pensar una política sin fundamento.

El libro de Paredes entra de esta manera en la discusión de la filosofía política contemporánea, con una reflexión de alcances globales, con orígenes situados en nuestra cultura, y con la feliz consecuencia de aportar para el pensamiento colombiano una pieza que vale la pena leer.

diego hernández Abogado de la Universidad Nacional de Colombia

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laclau. aproximaciones críticas a su obracri tchley s iMon y Marchart ol i ver (c oMp i laDores)

Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2008.

Debemos la traducción de este libro, publicado originalmente en inglés en 2004, al creciente interés que ha (re)cobrado la obra de Ernesto Laclau en algunos países hispanohablantes, especialmente en su natal Ar-gentina. Dieciocho autores provenientes de destintas disciplinas –filosofía, literatura, psicoanálisis, sociología, ciencia política, crítica feminista– abor-dan variadas temáticas nodales en el pensamiento de este teórico político. El libro viene a llenar un vacío en la literatura sobre Laclau, tanto por su poca abundancia, más notable en castellano, como por las características mismas de la lectura que se plantea. En efecto, lo primero que salta a la vista es que se trata de una lectura crítica que se podría denominar “interna”. A diferencia de varios de sus críticos, que desechan en parte o en su totalidad los postulados de Laclau desde posiciones o tradiciones externas, sin tomarse el trabajo de hacer la hermenéutica de sus textos, los autores de este libro se sumergen en los intersticios de su pensamiento para deconstruirlo y reconstruirlo desde dentro.

El libro está compuesto por dieciséis capítulos distribuidos en cuatro partes. Mientras las tres primeras contienen las lecturas críticas de Laclau, la última es un ensayo de su autoría, “Atisbando el futuro”, que busca dar respuesta a los problemas planteados. En ese sentido, el libro también constituye un diálogo. Al final se incluyen dos apéndices: el primero es un intercambio entre Laclau y Judith Butler sobre “Los usos de la igualdad” y el segundo es un apéndice bibliográfico exhaustivo. El intrincado terreno en el que se desenvuelve cada una de las intervenciones hace que una tentativa de reconstruirlas a cabalidad en este reducido espacio esté condenada al fracaso. Máxime cuando el espesor conceptual de los escritos algunas veces es superior al de los del propio Laclau. En lugar de eso, optamos por, en primer lugar, hacer una descripción formal de las temáticas y los problemas que se pueden encontrar en cada una de las partes del texto, para luego intentar reconstruir su hilo conductor alrededor del problema de la universalidad.

En la primera parte, “Filosofía, universalidad, singularidad diferen-cia”, los autores se concentran en el estudio de los fundamentos filosóficos del pensamiento de Laclau en relación con su particular formulación del problema universalidad/particularidad. Aquí puede encontrarse una lectura de lo filosófico en la obra de Laclau, en diálogo con la metafísica y la fenomenología, que lleva a uno de los autores a postular un replantea-miento de las relaciones entre filosofía y política.

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Los artículos contenidos en la segunda parte, “Democracia, política, ética, normatividad”, estudian las implicaciones y fundamentos éticos y normativos alrededor de la teoría de la democracia de Laclau. Algunos autores cuestionan el “decisionismo” o “voluntarismo” en su teoría de la hegemonía llamando la atención sobre la necesidad de insertar un hori-zonte normativo. En esta parte también puede encontrarse un interesante diálogo entre la teoría de la democracia radical de Laclau y la teoría de la democracia deliberativa de origen habermasiano.

La tercera parte, “Hegemonía, discurso, retórica, antagonismo”, sin abandonar la cuestión del universalismo, está centrada en la teoría de la hegemonía tal como fue planteada inicialmente por Laclau y Mouffe y como ha sido reformulada en sus textos recientes. Aquí puede encontrarse un diálogo entre el pensamiento de Laclau con el psicoanálisis y la forma como lo ha insertado en su obra, la retórica, la teoría de sistemas de Niklas Luhmann y la ciencia política angloestadounidense, entre otros.

Hasta cierto punto, el hilo conductor de estas lecturas es la problemá-tica del universalismo en la obra de Laclau. Entender este problema pasa necesariamente por reconstruir a muy grandes rasgos otros aspectos de su pensamiento. Para Laclau, el terreno en que se inscriben los fenómenos sociales como fenómenos con significado es el terreno del discurso. El discurso no se reduce al habla o a la escritura y no hace distinción entre prácticas discursivas y prácticas extradiscursivas, se entiende mejor con el concepto wittgensteiniano de “juego de lenguaje” que vincula el lenguaje y las acciones en las que está inmerso. El discurso es el conjunto de relaciones simbólicas construidas socialmente y el terreno de posibilidad/imposibilidad donde estas relaciones ocurren.

En este terreno la política tiene lugar como un intento de delimitación de totalidades discursivas mediante articulaciones de significantes (algunas veces denominados elementos y otras demandas) y relaciones de equivalencia y diferencia entre ellos. La práctica articulatoria permite que los significantes, en un primer momento diferentes, se agrupen entre sí como elementos equivalentes borrando parcialmente su diferencia. Lo que hace posible esa equivalencia entre elementos distintos es la definición de relaciones de antagonismo que permiten establecer los límites de lo que puede ser articulado en una cadena de equivalencia. El antagonismo es el límite de una cadena de significantes diferentes que los convierte en equivalentes dado que, pese a su diferencia, todos se oponen a un “otro” (el “exterior constitutivo”).

Empero, el antagonismo también designa la imposibilidad de la constitución de la cadena equivalencial como un todo en la medida en que, al tiempo que permite constituir su identidad, también es lo “otro”

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que impide la constitución plena, el cierre total sobre sí misma, de esa identidad. Ello no sólo se produce en relación con la cadena equivalencial sino en cada uno de los significantes en ella articulados pues, pese a la relación de equivalencia, cada uno conserva en parte su particularidad, su identidad sólo es parcialmente cerrada. En otras palabras, el antagonismo es la condición de posibilidad/imposibilidad de “sutura” de una identidad. De esa forma, las identidades aparecen siempre como incompletas, abiertas, y negociables. Esto es lo que se ha designado como la “imposi-bilidad del cierre de lo social” o la “imposibilidad de la sociedad”. Así, lo social está por definición dislocado, la totalidad sólo existe como un objeto imposible, como un horizonte de los intentos de constituirlo como tal, y sólo está presente como ausencia. En la concepción de Laclau la totalidad se representa como un “significante vacío”. En rigor, este significante vacío no representa la totalidad sino su imposibilidad, es un significante sin significado.

Laclau también ha identificado el significante vacío con lo universal. Así, lo universal sería un lugar vacío y por tanto sin ningún fundamento a priori. Sin embargo, el intento por articular una totalidad, por llenar ese espacio vacío, es lo que se enmarca en el problema de la hegemonía. Si bien una cadena equivalencial no puede constituirse como totalidad, la hegemonía designa la práctica política mediante la cual uno de sus significantes, una particularidad, logra constituirse en un universal. Más precisamente, designa la forma como un particularismo intenta encarnar el lugar vacío de la universalidad. Lo universal es la representación del todo por una particularidad. En la cadena de equivalencias, compuesta de significantes o demandas, una de ellas, sin despojarse por completo de su particularidad, asume la función de representar esa cadena como un todo. Eso es lo que se denomina hegemonía. Una particularidad llena parcialmente el espacio vacío de la universalidad cuando se constituye en hegemónica. Por ello, este universal permanece “contaminado” de lo particular y, por tanto, es un “universal relativo”.

A muy grandes rasgos esta es la reformulación que hace Laclau de la relación entre particularismo y universalismo. En general, los autores concuerdan en que Laclau recupera la problemática de la universalidad distinguiéndose de esa forma de las tendencias “posmodernas” y multicul-turalistas en boga que reivindican el particularismo como algo “bueno” en sí mismo, haciendo de la universalidad un sinónimo de “eurocentrismo”. Consciente de la importancia del universalismo para la problemática de la democracia, Laclau no resuelve la tensión entre ambos términos hacia alguno de los dos extremos. Por el contrario, afirma la necesidad de una versión del universalismo rechazando tanto el “particularismo extremo”

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como el “universalismo totalizante”. La solución de Laclau se propone reorientar las luchas particulares hacia un universalismo libre de fun-damentos totalizantes. Para Laclau lo universal es una categoría política ligada a su concepto de hegemonía y el universalismo es un horizonte necesario para la sociedad democrática. Así pues, esta versión del universalismo no trasciende todos los particularismos como fundamento de lo social sino que se vacía de cualquier contenido para convertirse en “el nombre de la ausencia de fundamento” (presente justamente como ausencia). Lo universal no desaparece sino asume el papel de un horizonte inalcanzable, dado que nunca será llenado del todo por un particularismo concreto.

En varios de los textos de la primera parte del libro existe una interpretación de esta reformulación de la relación entre universalismo y particularismo en términos formales, siguiendo una interpretación temprana de Butler. La concepción de lo universal como lugar vacío se asimila a una forma abstracta o a una norma fundamental que funciona como contenedor de lo particular o en virtud de lo cual lo particular debe ser juzgado. Así, esta lectura supone que hay un tránsito de lo particular hacia lo universal bien sea mediante un proceso de abstracción o por un proceso de inducción. Se podría decir que esta es una suerte de asimila-ción de la propuesta de Laclau al formalismo kantiano. Empero, Laclau rechaza las lecturas formalistas de su idea de universalidad para afirmar su concepción de vacío como presencia de una ausencia. El universalismo, en este sentido, no es un fundamento a priori sino un objeto imposible que se construye a partir de cadenas de equivalencia hegemonizadas por un punto nodal, que al representar la totalidad de la cadena se instaura como un universal, es decir, copando parcialmente el lugar vacío de la universalidad.

Para Laclau lo universal no es resultado de un proceso de abstracción hacia un contenedor formal sino resultado de una práctica articulatoria. No resulta de una abstracción de lo particular a lo universal sino de la imposibilidad de representar la totalidad. Lo universal es un lugar vacío, lo que ocupa ese vacío es el resultado de una articulación histórica contingente. Lo universal es una construcción social en la que un grupo se constituye como representante del todo. En ese sentido, no es un a priori ahistórico sino el resultado contingente de una práctica social. Así, lo universal no tiene un contenido independiente de lo particular, es el resultado de una articulación entre particularismos.

Ello plantea una serie de problemas en relación con las dimensiones ética y normativa de las teorías de la democracia y de la hegemonía que son planteados por algunos autores en la segunda y tercera partes. En

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relación con la hegemonía, si se vacían por completo los fundamentos y lo universal se concibe como el producto de una articulación contingente, se privilegia en última instancia el momento de la decisión de la relación articulatoria. Sin embargo, ello no permite ver claramente cómo podría distinguirse una hegemonía democrática de otro tipo de hegemonía. En ese sentido, pese a que la teoría se orienta a fundamentar la democracia radical, podría presentar un “déficit normativo” que la reduciría a un tipo de voluntarismo. Si este fuera el caso, si el momento de la decisión, de la articulación, es definitivo en el pensamiento de Laclau, ello podría implicar además un retorno del racionalismo por la puerta trasera de su argumentación, dado que supondría un sujeto autónomo, un “yo auto consciente”, con capacidad para decidir. Por otra parte, en relación con la democracia, si no hay una particularidad predestinada a llenar el espacio vacío de lo universal sino que, por el contrario, ese destino es contingente y depende de la práctica articulatoria y, por tanto, de las relaciones de poder previas, ¿en qué radica lo democrático de esa concepción de lo universal?

En la argumentación de Laclau no hay peligro de que se presente un retorno al racionalismo aludiendo a la concepción de un sujeto que decide autónomamente, porque en su perspectiva el sujeto no es previo a la decisión ni a la articulación sino uno de sus resultados. Por la otra parte, lo democrático no depende de encontrar la particularidad adecuada para llenar el espacio vacío de lo universal sino de que exista permanentemente la posibilidad de cuestionar lo que se ha constituido de esa forma. En otras palabras, la democracia radical es la institucionalización de la incertidumbre, consiste en que el lugar del poder nunca esté para siempre “saturado”. Sin embargo, esta respuesta atiende más al problema de la institucionalización de la democracia pero no resuelve la pregunta ¿una vez se ha renunciado a los fundamentos, cómo es posible distinguir una práctica articulatoria democrática de otra? Así mismo, la emancipación deja de concebirse como la reconciliación o la redención mesiánica para concentrarse en las posibilidades que se abren una vez que se ha reconoci-do la imposibilidad del cierre de lo social. La “política de la emancipación” –como la denomina una de las autoras– apunta a una dislocación continua, a destotalizar lo social, pero ¿qué es lo que permite distinguirla de una política particular entre muchas?

Estos son sólo algunos de los problemas que se plantean a lo largo del texto y son sólo algunas de las respuestas que aporta Laclau en su ensayo. En suma, el libro tiene la virtud de exponer con rigor los principales argumentos de Laclau y propiciar debates y diálogos tanto con las disciplinas, tradiciones y autores que soportan su pensamiento, como con

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tradiciones muy diversas, e incluso, adversas. En ese sentido, contribuye a situar su obra en la cartografía de la teoría política contemporánea y, particularmente, en el pensamiento de izquierda (los editores presentan el libro como un “polílogo” acerca de la izquierda), desmarcándolo clara-mente de ciertas versiones del postmodernismo en las que, muchas veces a ciegas, lo ubican sus detractores. Por todo ello, constituye una herramienta fundamental para entender las tensiones y problemas que allí se plantean.

edwin cruz rodríguez Politólogo de la Universidad Nacional de Colombia

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instrucciones para los autores

La revista Ciencia Política es una publicación semestral del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Colombia que tiene la finalidad de difundir y proyectar, a través de artículos de excelente calidad académica y científica en el campo de la ciencia política, el pensamiento y el conocimiento desarrollado por las diversas comunidades académicas.

La estructura de la revista gira en torno a secciones básicas: Tema Central, Investigación y Recensiones (Reseñas). Los artículos deben caracterizarse por la pertinencia temática en el campo de la Ciencia Política (aportes académicos o investigativos, reflexiones con sólidas bases bibliográficas o revisiones teóricas coherentes) y manejo adecuado del lenguaje (claridad expositiva y coherencia conceptual). Su contenido debe ser original, inédito y no debe ponerse a consideración de otro comité editorial o evaluador pertene-ciente a publicación distinta a Ciencia Política. Debe consistir en reseñas o traducciones de textos académicos, los cuales deben incluir la autorización para su publicación. Para tales efectos se remitirá a los autores y autoras de los textos Cartas de originalidad que deberán ser firmadas certificando las anteriores exigencias, así como licencias de propiedad intelectual que garantizaran la protección y promoción de los derechos de autor.

Se espera que los trabajos reúnan una serie de criterios, entre ellos que atiendan las condi-ciones establecidas en el Servicio de Indexación de Revistas Científicas y Tecnológicas Colombianas de Colciencias, que propone una tipología de artículos, de los cuales los tres primeros obtienen más reconocimiento académico y científico. Dicha tipología se presenta a continuación:

1) Artículo de investigación científica y tecnológica. Documento que presenta, de manera detalla-da, los resultados originales de proyectos de investigación. La estructura generalmente utilizada contiene cuatro apartes importantes: introducción, metodología, resultados y conclusiones.

2) Artículo de reflexión. Documento que presenta resultados de investigación desde una perspectiva analítica, interpretativa o crítica del autor sobre un tema específico, recurriendo a fuentes originales.

3) Artículo de revisión. Documento resultado de una investigación donde se analizan, sistematizan e integran los resultados de investigaciones publicadas o no publicadas, sobre un campo en ciencia o tecnología, con el fin de dar cuenta de los avances y las tendencias de desarrollo. Se caracteriza por presentar una cuidadosa revisión bibliográfica de por lo menos 50 referencias.

4) Artículo corto. Documento breve que presenta resultados originales preliminares o parciales de una investigación científica o tecnológica, que por lo general requieren de una pronta difusión.

5) Reporte de caso. Documento que presenta los resultados de un estudio sobre una situación particular con el fin de dar a conocer las experiencias técnicas y metodológicas consideradas en un caso específico. Incluye una revisión sistemática comentada de la literatura sobre casos análogos.

6) Revisión de tema. Documento resultado de la revisión crítica de la literatura sobre un tema en particular.

Criterios técnicos1) La extensión máxima de los artículos debe estar entre 60.000 y 70.000 caracteres

(incluidos espacios), y se deben cumplir las siguientes normas técnicas: •  Título del artículo en español y en inglés •  Nombre del autor •  Perfil del autor (formación académica, cargo o campo de desempeño y filiación    

institucional) •  Resumen (500 palabras máximo) •  Palabras clave (de 5 a 8) en español e inglés •  Abstract (resumen traducido al inglés) •  Unificar el tipo y el tamaño de la letra de los subtítulos•  Bibliografía completa referenciada al final del artículo

2) Las reseñas deben tener una extensión máxima de 17.000 caracteres (incluidos espacios).

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3) La bibliografía deben seguir las siguientes pautas: •  Libro en general:

Moreno, Luis. La federalización de España. Poder Político y territorio, Madrid, Siglo XXI, 1997.

•  Conjunto de páginas de un libro:Borja, Jordi y Manuel Castells. Local y global. La gestión de las ciudades en la era

de la información, Madrid, Taurus, 1997, pp. 25-31.•  Artículo publicado en una revista:

Alcántara, Cynthia Hewitt. “Usos y abusos del concepto de gobernabilidad”, en Revista Internacional de Ciencias Sociales, nº 155, Unesco, Bogotá, 2000, p. xx o pp. xx. (según sea el caso).

•  Artículo (tipo columna de opinión) publicado en periódicos:Rodríguez Giavarini, Adalberto. “Hacia la integración latinoamericana”, en La

Nación, Buenos Aires, agosto 30 de 2000, p. 17.•  Artículo (tipo noticia) publicado en periódicos:

Vanguardia Liberal, “El Congreso buscará un acuerdo para el despeje”, Bucaramanga, junio 21 de 2002, p. 3A.

•  Cita página de Internet:Semsey, Viktoria. Transición política en Hungría, 1989-1990, en: http://www.

ucm.es/BUCM/revistas/ghi/0214400x/articulos/CHCO9393110157A.PDF. Fecha de consulta: febrero 16 de 2007.

Palné, Ilona. “Dilemas de la regionalización en Hungría”. Revista Universidad de Guadalajara, nº 31, 2004, en: http://www.cge.udg.mx/revistaudg/rug31/dossier3.html. Fecha de consulta: febrero 17 de 2007.

4) Las notas de pie de página deben seguir las siguientes pautas: •  La cita, al final y entre paréntesis, debe incluir apellidos de los autores, año de 

publicación y páginas citadas:(Moreno, 1997, 25)

•  Cita inmediata:(ídem, 55-56)

Remisión de los artículosLos documentos deben ser enviados a los siguientes correos electrónicos: [email protected]@gmail.com

Proceso de evaluaciónEl proceso de arbitraje de los artículos está compuesto por tres fases:1. Una vez recibido el artículo, una primera revisión verifica que se cumplan rigurosamente los

criterios técnicos (que el artículo cuente con resumen, título y palabras clave en inglés y español, número máximo de caracteres, etc) .

2. Si las pautas técnicas son acatadas, el escrito es presentado ante el Comité Editorial de la Revista. Este órgano emite una primera valoración del texto. Si es considerado no publicable, es archivado; si por el contrario el artículo es valorado como publicable, es remitido a dos evaluadores académicos externos bajo la modalidad doble ciego. Estos emiten su concepto basándose en el análisis de la originalidad y los aportes del artículo, la pertinencia del tema, la coherencia lógico-expositiva, la existencia de un marco teórico, la bibliografía utilizada y la calidad del contenido.

3. El concepto de los evaluadores es informado al autor(es) o autora(s) del artículo. Si el escrito es considerado publicable, se inicia el procedimiento editorial. En los casos en los que corresponda, los(as) autores(as) deberán hacer los ajustes pertinentes a sus textos, de acuerdo a los comentarios de los evaluadores.