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UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES “ANÁLISIS JURÍDICO DE LA PUBLICIDAD DE LAS GARANTÍAS SOBRE TÍTULOS DE CRÉDITO Y TÍTULOS REPRESENTATIVOS EN LA LEY DE GARANTÍAS MOBILIARIAS” LIDIA IRASEMA FAJARDO ARRIAZA CIUDAD DE GUATEMALA, NOVIEMBRE DEL 2011
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UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES
“ANÁLISIS JURÍDICO DE LA PUBLICIDAD DE LAS GARANTÍAS SOBRE TÍTULOS DE
CRÉDITO Y TÍTULOS REPRESENTATIVOS EN LA LEY DE GARANTÍAS MOBILIARIAS”
LIDIA IRASEMA FAJARDO ARRIAZA
CIUDAD DE GUATEMALA, NOVIEMBRE DEL 2011
UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES
TESIS
De Licenciatura que se presenta
Al Consejo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
De la Universidad Rafael Landívar
Por
LIDIA IRASEMA FAJARDO ARRIAZA
Previo a otorgársele los títulos profesionales de
ABOGADA Y NOTARIA
y del grado académico de
LICENCIADA EN CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES
CIUDAD DE GUATEMALA, NOVIEMBRE DE 2011
TRIBUNALES QUE PRACTICARON EVALUACIÓN COMPRENSIVA
ÁREA PÚBLICA:
Presidente: Lic. José Gudiel Toledo Paz
Secretaria: M.A. Sharon Karina Hernández Rivas
Vocal: M.A. Thelma Inés Peláez Pinelo
ÁREA PRIVADA:
Presidente: M.A. Axel Manuel Romero Gerardi
Secretario: Christian Roberto Villatoro Ramírez
Vocal: Vera Alexandra Castellanos Calderon
DEDICATORIA
A Dios:
Para Ti sea toda gloria y majestad; fortaleza de mi vida, sin tu misericordia
nada podría ser posible.
A mis padres:
Otoniel Fajardo Miranda y Evanidia Arriaza de Fajardo, por su infinito amor,
bondad, sacrificio, apoyo incondicional, siempre serán lo más importante
en mi vida.
A mis hermanos:
Ricardo Otoniel, Otto Javier, Adriancito, para que el triunfo logrado les llene
de orgullo.
Familiares y amigos:
Por que cada día demuestran su cariño sincero.
RESPONSABILIDAD
El autor es el único responsable del
contenido y conclusiones de la tesis.
LISTADO DE ABREVIATURAS
RECAUCA Reglamento del Código Aduanero Uniforme Centroamericano
LGM Ley de Garantías Mobiliarias
COMIECO Consejo de Ministros de Integración Económica
SAT Superintendencia de Administración Tributaria
OEA Organización de Estados Americanos
DR-CAFTA Tratado de Libre Comercio República Dominicana,
Centroamérica y Estados Unidos
MIPYME Micro, pequeña y mediana empresa
RGM Registro de Garantías Mobiliarias
Art. Artículo
RESUMEN EJECUTIVO
En los títulos de crédito se materializan las grandes fortunas personales, se
ejerce el control económico por aquellos grupos que detentan el poder
que brinda el capital. El propietario de mercancías que por una u otra
causa no las tiene consigo, posee sin embargo un documento acreditativo
de que le pertenecen: el título representativo. La garantía mobiliaria se
puede constituir sobre cualquier bien susceptible de valoración pecuniaria,
sean ellos presentes o futuros, corpóreos o incorpóreos, incluyendo
derechos sobre los mismos, así como sobre los bienes derivados o
atribuibles a la venta o permuta de estas garantías, ya sea en una primera
o ulterior generación de tales bienes derivados o atribuibles. Por tanto, los
bienes garantizadores al igual que las garantías sobre los mismos son de
número abierto (numerus apertus) y no se encuentran limitadas a figuras
pre-existentes. El efecto de dicha garantía mobiliaria registrada, incluyendo
su prioridad ante terceros, tales como otros acreedores garantizados y
compradores, inicia a partir de su inscripción; esto, independientemente
del momento de su constitución. La ley de Garantías Mobiliarias carece de
regulación legal sobre los siguientes temas: Los incidentes, las medidas
precautorias, la prescripción de los títulos ejecutivos, la formalización de la
adjudicación o transferencia del dominio de la garantía a favor del
acreedor garantizado, el régimen de apelaciones, la enmienda del
procedimiento, la declinatoria, el conocimiento de oficio de las cuestiones
de jurisdicción y competencia, y los impedimentos, excusas y recusaciones
a jueces, debe entonces desarrollarse la normativa legal orientada a que
abarque todos y cada uno de los aspectos legales correspondientes.
Í N D I C E
INTRODUCCIÓN……………………………………………………………… 1
I. Títulos de crédito
I.1. Antecedentes históricos…………………………………... 5
I.2. Definición…………………………………………………….. 7
I.3. Naturaleza jurídica……………………………………….... 9
I.4. Características……………………………………………… 10
I.5. Requisitos……………………………………………………. 14
I.6. Clasificación de los títulos de crédito…………………. 15
I.7. Sujetos de la relación jurídica…………………………… 24
I.8. Creación de los títulos de crédito……………………… 26
I.9. Circulación de los títulos de crédito…………………… 29
I.10. El protesto de los títulos de crédito…………………….. 31
I.11. El aval………………………………………………………... 34
I.12. La acción cambiaria…………………………………….. 38
I.13. La relación causal en los títulos de crédito………….. 40
I.14. Títulos de crédito que regula la legislación
Guatemalteca…………………………………………….. 44
II. Títulos representativos
II.1. Antecedentes históricos………………………………….. 71
II.2. Definición……………………………………………………. 73
II.3. Características……………………………………………... 77
II.4. Requisitos……………………………………………………. 79
II.5. Clasificación……............................................................. 80
II.6. Diferencia de los títulos representativos
de otros títulos de crédito………………………………... 82
II.7. Ventajas y posibilidades de tráfico de
los títulos de representación…………………………….. 82
II.8. Títulos representativos en Guatemala………………… 84
III. Registro de garantías mobiliarias
III.1. Antecedentes……………………………………………… 97
III.2. Definición…………………………………………………… 101
III.3. Naturaleza jurídica………………………………………... 102
III.4. Características…………………………………………….. 104
III.5. Fines………………………………………………………….. 105
III.6. Misión y visión del Registro de
Garantías Mobiliarias…………………………………….. 106
III.7. Importancia de la Ley y del Registro
de Garantías Mobiliarias (RGM)……………………….. 108
III.8. Justificación de la creación del Registro
de Garantías Mobiliarias………………………………… 112
III.9. Principios registrales……………………………………… 113
III.10. Objeto de inscripción……………………………………. 118
III.11. Análisis del marco legal nacional……………………..
118
IV. Análisis sobre la publicidad de la garantía sobre títulos de
crédito y títulos representativos
IV.1. Forma de publicidad……………………………………. 131
IV.2. Forma de publicidad de la garantía sobre títulos
de crédito y títulos representativos…………………… 134
IV.3. Reglas de prelación y persecución de garantías
Mobiliarias………………………………………………… 139
IV.4. Ejecución de las garantías mobiliarias………………. 145
IV.5. Cláusula compromisoria……………………………….. 157
IV.6. Funciones registrales en garantías mobiliarias…….. 160
IV.7. Análisis comparativo de la publicidad
registral en las garantías mobiliarias y
el Registro de la Propiedad…………………………… 166
V. Presentación, discusión y análisis de resultados
IV.1. Presentación de resultados con base en los
instrumentos utilizados…………………………………... 171
IV.2. Análisis de los resultados………………………………… 172
IV.3. Discusión de resultados………………………………….. 173
CONCLUSIONES……………………………………………………………… 175
RECOMENDACIONES……………………………………………………….. 178
BIBLIOGRAFÍA………………………………………………………………… 187
ANEXO A……………………………………………………………………… 192
ANEXO B……………………………………………………………………….
193
ANEXO C……………………………………………………………………… 195
ANEXO D………………………………………………………………………
196
ANEXO E……………………………………………………………………….
199
ANEXO F……………………………………………………………………….
200
1
INTRODUCCIÓN
Hoy día, dentro del tráfico mercantil se considera al título representativo de
mercaderías como una de las instituciones más interesantes del derecho
mercantil y uno de los procedimientos de mayor importancia adoptados
por el comercio moderno para la circulación de bienes. Las relaciones
comerciales han evolucionado; por lo que la obligación del deudor, no ha
de ser siempre la de pagar una suma determinada de dinero.
Derivado de ello, el título de crédito surge como una forma aplicable en
principio, a todas las obligaciones de contenido patrimonial y de aquí que
la prestación consignada en su texto pueda consistir también en la entrega
de una cosa material fungible o no. La publicidad de las garantías
mobiliarias es funcional, en el sentido que comunica a terceros,
información confiable, relevante y oportuna sobre el deudor y la garantía
en forma poco costosa y accesible.
Surge entonces la inquietud de investigar cómo es que en Guatemala
opera este tipo de relaciones mercantiles, específicamente lo relacionado
con las garantías mobiliarias constituidas sobre títulos de crédito y
títulos de representación, generando la necesidad de analizar la
normativa legal que la regula. Por esa razón, se decidió llevar a cabo
una investigación a fondo, sobre qué son y cómo regula la ley
guatemalteca los títulos de crédito y de representación de
mercaderías; qué es, cómo funciona y cómo opera el Registro de
Garantías Mobiliarias; elaborar una explicación detallada que permita
comprender en qué consiste el principio de publicidad registral de las
garantías mobiliarias constituidas sobre estos títulos; los procedimientos
2
de ejecución; y evaluación de las normas reguladas en la Ley de Garantías
Mobiliarias y en el Reglamento del Registro de Garantías Mobiliarias,
relacionadas a la constitución, publicidad y ejecución de las garantías
mobiliarias constituidas sobre los títulos de crédito y de representación de
mercaderías.
Del análisis del tema, se hace necesario estudiar los siguientes puntos:
Los títulos de crédito son una creación propia del derecho mercantil, que
se refiere a los documentos que llevan incorporado un derecho literal y
autónomo que se puede ejercer por el portador legítimo contra el deudor
a la fecha de su vencimiento.
Los títulos representativos son aquellos que atribuyen a su poseedor el
derecho a la entrega de determinadas mercancías, la posesión de las
mismas y el poder de disponer de ellas mediante la transferencia del título,
la garantía mobiliaria sobre los títulos representativos tiene prioridad sobre
la garantía constituida sobre los bienes directamente, salvo que se hubiere
informado antes al acreedor garantizado de la existencia de la garantía
sobre los bienes, o si esta circunstancia consta en el título mismo.
El Registro de Garantías Mobiliarias es una institución jurídica adscrita al
Ministerio de Economía, cuyo objeto es la inscripción de la constitución,
modificación, prórroga, cancelación y ejecución de las garantías
mobiliarias y consecuentemente su publicidad.
La publicidad de las garantías mobiliarias es una situación que se logra por
medio de la inscripción registral de los bienes muebles dados en garantía o
por la posesión que, sobre los mismos, ejerce el acreedor garantizado o un
3
tercero designado por éste como depositario, lo cual implica un derecho
oponible frente a terceros.
A través del presente trabajo de investigación se lleva a cabo una
evaluación profunda sobre este tema, a fin de determinar que la
publicidad registral otorga al acreedor garantizado, además de la
preferencia para la posesión y ejecución de los bienes dados en garantía,
el derecho de ser pagado con el producto de la venta o la adjudicación
de estos bienes.
Los alcances de este análisis permitieron establecer que tanto la Ley de
Garantías Mobiliarias como el Reglamento del Registro de estas garantías,
carecen de disposiciones legales que regulen temas de gran importancia
para el cumplimiento de la publicidad de los títulos de crédito y de
representación inscritos, así como para su ejecución.
Esta tesis desarrolla uno de los primeros estudios que se realizan acerca de
la ley de Garantías Mobiliarias y del Reglamento que regula el Registro de
Garantías Mobiliarias. Ello, derivado de que el Registro de Garantías
Mobiliarias es de reciente creación. Por ende, el reglamento que regula a
éste y la normativa legal relativa a garantías mobiliarias en Guatemala,
también son de reciente promulgación.
Este trabajo de investigación será de tipo jurídico propositivo, ya que por
medio de éste se propondrán las reformas que se deban realizar a estos
cuerpos legales, a fin de llenar los vacíos legales en la legislación vigente y
garantizar la debida publicidad y certeza jurídica de las operaciones
registrales de las obligaciones crediticias que realicen la Micro, Pequeña y
Mediana empresa con otros agentes económicos a través de los títulos de
crédito y de representación de mercaderías.
4
CAPÍTULO I
I. Títulos de crédito
Los títulos de crédito son una creación propia del derecho mercantil, de
enorme trascendencia en el mundo de los negocios y la vida diaria de las
personas. Constituyen el instrumento eficaz y perfecto de movilización de
la riqueza y de circulación de los créditos y, como tales, encuentran
general aplicación en el campo de las relaciones privadas, asumiendo
cada vez mayor importancia.1
Los títulos de crédito surgen como una herramienta esencial para la
adquisición de toda clase de bienes y servicios que son imprescindibles
para la satisfacción de las necesidades humanas sin necesidad de
intercambiar los mismos por dinero en efectivo. Por medio de los mismos se
facilita la actividad comercial y torna más seguras sus transacciones.
La acertada transacción comercial por medio de estos títulos, puede
permitir la materialización de considerables fortunas personales, incluso,
fortalecer el control económico de aquellos grupos que han logrado
posicionarse dentro del ámbito financiero nacional y extranjero. Abre la
posibilidad de acceder al mercado de capitales para una adecuada
explotación de las actividades mercantiles e industriales en las economías
modernas. También, a través de ellos, se realizan la mayoría de las
operaciones bancarias, de cuya intervención e intermediación en el
crédito depende en gran parte la vida económica de las naciones.
Además, son instrumentos jurídicos esenciales en el transporte de
1 “De los títulos valores o títulos de crédito”, 5 de febrero de
2008http://www.scribd.com/doc/2846920/DE-LOS-TITULOS-VALORES-O-TITULOS-DE-
CREDITO1, pág. 1, año 2010, 10:30.
5
mercaderías que frecuentemente posibilitan las ventas internacionales, y
las operaciones de exportación e importación de cuya seguridad o
equilibrio, depende la prosperidad de las economías nacionales.2
I.1. Antecedentes históricos
Los requerimientos que exigía la evolución de la actividad mercantil fueron
los que exigieron la creación de un nuevo sistema, los títulos de crédito,
que aparecen en la historia justamente cuando los mecanismos
contemplados en el derecho común que se utilizaban para la circulación
resultaron insuficientes para llenar las necesidades de mayor rapidez,
facilidad, certeza y seguridad que exigen las actividades económicas. 3
En la última etapa de la Edad Media, cuando el tráfico comercial se
intensificó a través del mar Mediterráneo, surgen una serie de atracadores
que pirateaban a los comerciantes y a las naves mercantes cuando
regresaban a sus ciudades con el producto de las negociaciones. El
transporte de dinero en efectivo resultaba inseguro por esas circunstancias.
Surgió entonces la necesidad de transportar dinero a través de
documentos que representaran esos valores, sin que se diera el hecho
material de portar la moneda en efectivo. Así, los banqueros empezaron a
utilizar los títulos de crédito que llenaban esas necesidades y los
comerciantes encontraron una forma que les proporcionaba seguridad en
sus transacciones comerciales de plaza a plaza.4
2 Zavala-Leiva, Sergio. “Teoría general de los títulos valores en la legislación mercantil de
Honduras”, http://www.acaderc.org.ar/doctrina/articulos/artzavala-leivadoc, pág. 3, año
2010, 15:19. 3 Ibíd., “De los títulos valores o títulos de crédito”, 5 de febrero de 2008,
http://www.scribd.com/doc/2846920/DE-LOS-TITULOS-VALORES-O-TITULOS-DE-CREDITO1,
pág. 1, año 2010, 10:30. 4 Villegas Lara, René Arturo. “Derecho mercantil guatemalteco”, títulos de crédito. IIt;
Guatemala, Ed. Universitaria, año 2007, pág. 15.
6
De esta época datan también los principios que inspiran los títulos de
crédito, los cuales se unificaron en algunos sistemas jurídicos, como el
sistema latino.5
A finales del siglo pasado, tanto Inglaterra como Estados Unidos de
América, principiaron a legislar sobre la materia, con una clara tendencia
a seguir los patrones legislativos que han servido para crear leyes uniformes
en diversas regiones del mundo.6
En Guatemala, desde las Ordenanzas de Bilbao que regían desde 1793,
pasando por el Código de Comercio de 1877, el cual dio inicio a la
codificación del derecho mercantil en nuestro país con la Revolución
Liberal de 1871, posteriormente el de 1942, hasta el más reciente Decreto
2-70 del año 1970, siempre ha existido legislación sobre títulos de crédito; y
cuando fue oportuno, rigió el Reglamento Uniforme de la Haya de 1912,
que pretendía normar la letra de cambio a nivel internacional y que más
tarde se concretó en la ley uniforme aprobada en la Conferencia de
Ginebra, en 1930.7
Existen diferentes concepciones sobre los títulos de crédito que obedecen
a los diversos sistemas jurídicos que conoce el derecho comparado, por lo
que el derecho mercantil actual no se considera inspirado en una sola
corriente. Ideas italianas o alemanas campean en el contenido del
Código de Comercio guatemalteco, particularmente en materia de títulos
de crédito.8
5 Op. Cit, págs. 15 y 16. 6 Loc. Cit.; pág. 16. 7 Ibíd. 8 Ibíd.
7
I.2. Definición
El tratadista italiano Cesare Vivante, creador de la “Teoría General de los
Títulos de Crédito”, define los títulos de crédito señalando que son
“documentos que llevan incorporado un derecho literal y autónomo que
se puede ejercer por el portador legítimo contra el deudor a la fecha de su
vencimiento”.9
Agrega Vivante que el documento que da cuenta de un crédito, adquiere
el carácter jurídico de título de crédito solamente cuando por su disciplina
sea necesario para transferir o exigir el derecho literal y autónomo que en
él está mencionado.10 Asimismo expresa que “el título es literal, porque su
existencia se regula al tenor del documento; es autónomo, porque el
poseedor de buena fe ejercita un derecho propio, que no puede ser
restringido o destruido en virtud de las relaciones existentes entre los
anteriores poseedores y el deudor; y por último, es el documento necesario
para ejercitar el derecho porque en tanto el título existe, el acreedor debe
exhibirlo para ejercitar cualquier derecho, tanto el principal como el
accesorio, de los que en él se contienen, no pudiendo realizarse ninguna
modificación en los efectos del título sin hacerlos constar en el mismo.11
Por esta definición, se concluye que el citado autor comprende a los títulos
de crédito como documentos que verdaderamente representan una
obligación debe ser cumplida y que puede ser reclamados por aquella
persona que posea el documento que los representa y que lo presente en
la fecha estipulada en el mismo.
9 “De los títulos valores o títulos de crédito”, Op. Cit, pág. 3. 10 Ibíd., “De los títulos valores o títulos de crédito”, pág. 4. 11 Astudillo Ursúa, Pedro. “Los títulos de crédito. Parte general”. Argentina, Ed. Porrúa, S.A.,
año 1983, pág. 10.
8
Agustín Vicente y Gella conceptualiza al título de crédito como “un
documento que presume la existencia de una obligación de carácter
patrimonial, literal y autónoma, la cual es necesaria para que pueda
exigirse por el acreedor o efectuarse válidamente por el deudor, el pago
de la prestación en que consiste aquella.” Además expresa que pueden
otorgársele las siguientes características:
a) Es un documento.
b) La obligación consignada en el mismo es de carácter patrimonial.
c) El documento tiene un efecto presuntivo respecto a la existencia de
dicha obligación literal y autónoma.
d) El documento es necesario para el ejercicio de los derechos y para el
cumplimiento de las prestaciones que de su contexto resultan.12
Con esta definición, el autor establece que estos títulos contienen una
obligación que directamente recae sobre el conjunto de bienes y
derechos del deudor y cuya existencia es necesaria para reclamar el
pago. Este autor a diferencia de Vivante, no considera el factor tiempo
como un elemento esencial del mismo.
Con posterioridad han surgido otras definiciones más completas, que
intentan reflejar en ella todas las principales particularidades de estos
instrumentos. Así, podemos citar, por ejemplo, la siguiente:
“Título de crédito es el documento que da cuenta de un derecho literal
destinado a la circulación e idóneo para conferir de un modo autónomo la
titularidad del derecho al propietario del documento y la
legitimación para el ejercicio del derecho al poseedor regular del
12 Vicente y Gella, Agustín. “Los títulos de crédito en la doctrina y en el derecho positivo”.
México, Ed. Nacional, S.A., Pág. 131.
9
documento”.13 Esta definición agrega a diferencia de las planteadas con
anterioridad, la característica de que estos documentos se encuentran
destinados al tráfico mercantil, es decir a ser utilizadas en las
transacciones de tipo comercial.
La definición legal de los títulos de crédito la otorga el Código de
Comercio en el artículo 385, el cual establece que son: “los documentos
que incorporan un derecho literal y autónomo, cuyo ejercicio y
transferencia es imposible independientemente del título. Los títulos de
crédito tienen la calidad de bienes muebles.”
Por lo enunciado en esta definición, se concluye que toda persona que
pretenda reclamar un derecho contenido en un título de crédito debe
presentar el mismo para reclamarlo ante la persona que corresponda. Si
se desea transferir el derecho a otra persona, necesariamente se debe
transmitir el documento mismo para que ésta lo pueda reclamar.
El Código de Comercio denomina como títulos de crédito a estas cosas
mercantiles por la orientación italiana que influye en nuestra normativa
legal. 14 Guatemala adopta esta orientación, por ser la más conocida
en el ámbito jurídico y comercial, en contraposición a la tendencia
alemana que los denomina “títulos valores”.15
I.3. Naturaleza jurídica
Los de títulos de crédito, tienen la calidad de bienes muebles, su
fundamento y naturaleza jurídica, se encuentra implícita en el artículo 442
13 “De los títulos valores o títulos de crédito”, Op. Cit.; pág. 4. 14 Loc. Cit.; págs.16 y 17. 15 Loc. Cit.; pág. 17.
10
del Código Civil, Decreto Ley 106, y en el artículo 385 del Código de
Comercio, Decreto Número 2-70; pero técnicamente se les denomina
“cosas mercantiles” (Artículo 4 del Código de Comercio), contienen un
negocio jurídico unilateral o una declaración unilateral de voluntad, que
obliga al suscriptor desde el mismo momento en que lo valida con su firma,
apegándose así a la “Teoría de la Creación”, según la cual, el título existe y
obliga desde el momento en que se crea, cualquiera que sea la causa por
la que se suscribe. En esta forma, se le da la máxima seguridad al título y
se garantiza su circulación.16 Adicionalmente, le brinda el respaldo
necesario por si posteriormente se necesitara ejercitar una acción
cambiaria.
I.4. Características
La doctrina enumera como características de los títulos de crédito las
siguientes:
a) Formulismo
El título de crédito es un documento sujeto a una fórmula especial de
redacción y debe contener los elementos generales de todo título y los
especiales de cada uno en particular. La forma es aquí esencial para que
el negocio nazca a la vida jurídica. Y también lo es en el aspecto
procesal, pues el documento es eficaz en la medida que contenga los
requisitos que exige la ley.17 En suma, por esta característica se establece
que un título de crédito no tiene validez legal si su creación se produce sin
que se llenen los requisitos de forma que exige la ley.
16 Villegas Lara, René Arturo. Op. Cit.; pág. 17 17 Loc. Cit.; pág. 17.
11
b) Incorporación
Esta característica también es llamada por otros autores como
“necesariedad”, y consiste en la compenetración del derecho en el
documento de modo que para ejercer el derecho que surge del título, es
necesaria e imprescindible, su tenencia, exhibición o entrega, y en virtud
de ello, ambos aparecen como inseparables, o intrínsecamente unidos. 18
El derecho no es algo accesorio al documento, más bien podemos afirmar
que el derecho está inmerso en el documento; está incorporado y forma
parte de él, de manera que cuando efectuamos la transferencia del
documento, se transfiere también el derecho. Apreciamos entonces que
el derecho se transforma en algo corporal. Si un título se destruye,
desaparece el derecho que en él se había incorporado, eso no quiere
decir que desaparezca la relación causal que generó la creación del
título de crédito, la que se puede hacer valer por otros
procedimientos, pero lo que al derecho incorporado en el título se refiere,
desaparece junto al documento, sin perjuicio del derecho a pretender su
reposición.19
Por lo anteriormente expuesto, se establece el vínculo que existe entre
el derecho a reclamar, el documento y la persona; expresado de otra
forma, si una persona desea ejercitar o reclamar un derecho que
consta en el título de crédito, debe forzosamente tener en su poder el
documento donde este conste, y presentar el mismo para su
reclamación. Satisfechos y complementados estos requerimientos, la
reclamación adquiere carácter de legal.
18 “De los títulos valores o títulos de crédito”, Op. Cit.; pág. 5. 19 Ibíd. Villegas Lara, René Arturo. pág. 17.
12
c) Literalidad:
Los títulos de crédito se caracterizan por ser documentos literales, en el
sentido que su contenido, extensión y modalidades del título de crédito
dependen exclusivamente del tenor literal del título.20
El concepto de literalidad tiene su origen en el derecho romano, donde se
aplicaba a los llamados “contratos literas”, en los cuales la causa eficiente
de la obligación consistía en la literalidad, en su texto escrito.21
En el título de crédito se encuentra incorporado un derecho, pero los
alcances de éste se rigen por lo que el documento diga en su tenor escrito.
En contra de ello no se puede oponer prueba alguna.22
Esta es una regla general. Por ejemplo: Si una persona suscribe una letra de
cambio por diez mil quetzales, y posteriormente se confronta con una
escritura en donde se estipula que la letra no es negociable por esa
cantidad, sino que por la suma de cien mil quetzales, evidentemente
prevalece la cantidad que figura en la letra, y la escritura no adquiere
ninguna relevancia. Lo que no aparezca escrito en el propio título, ni
como derecho ni como obligación, carece de trascendencia jurídica.23
El deudor de la obligación consignada en el documento no puede
oponerse a su cumplimiento, alegando o esgrimiendo razones o
excepciones, aunque reales y existentes, si no se desprenden de lo escrito
en el documento. La literalidad actúa por una parte en favor del acreedor
20“De los títulos valores o títulos de crédito”, Op. Cit.; pág. 5. 21 Loc. Cit. 22 Ibíd. Villegas Lara, René Arturo. pág.18. 23 Ibíd., Villegas Lara, René Arturo. pág. 18.
13
y por otra, en beneficio del deudor, al impedir que el poseedor le exija su
prestación en términos distintos de los que constan escritos en el título.24
En suma, todo derecho que conste en un título de crédito se hará valer en
cuanto lo expuesto por escrito dentro del mismo, ambas partes deben
regirse a lo contenido en el documento.
d) Autonomía
Cuando se establece que el derecho incorporado es literal y autónomo, le
está dando una existencia independiente de cualquier vínculo subjetivo,
precisamente por su incorporación. Un sujeto que se obliga mediante un
título de crédito, o el que lo adquiere, tiene obligaciones o derechos
autónomos, independiente de la persona anterior que se ha enrolado en
la circulación del título.25
El carácter autónomo de un título de crédito se explica porque el nuevo
titular no es sucesor del sujeto que le transfirió el título de crédito, sino que
lo adquirió en forma originaria.26 Es decir, el nuevo adquiriente es el
responsable legítimo de ese documento y del derecho que incorpora el
mismo.
El portador legítimo toma la calidad de titular originario del título de crédito
y de todos los derechos incorporados en éste, de forma tal que ejerce un
24 Ibíd. Zavala-Leiva, Sergio. Teoría general de los títulos valores en la legislación mercantil
de Honduras. http://www.acaderc.org.ar/doctrina/articulos/artzavala-leivadoc/. Pág. 26.
Año 2010. 25 Villegas Lara, René Arturo. Op. Cit. 26 Ibíd. De los títulos valores o títulos de crédito, pág. 6.
14
derecho propio, distinto e independiente de las relaciones jurídicas
existentes entre los anteriores poseedores del título y el deudor.27
El tráfico del título es seguro por cuanto que, frente al tercero de buena fe,
no se pueden interponer excepciones personales que hayan nacido de la
calidad de sujetos anteriores que han intervenido en la circulación del
título de crédito. Cada sujeto tiene un derecho y una obligación
autónoma, de tal manera que cualquiera de los signatarios puede ser
demandado sin observar ningún orden, aún cuando el que pague tenga
derecho a repetir porque el título genera derechos y obligaciones
autónomas. Esto tiene que ver con la acción cambiaria, o derecho que
asiste al tenedor legítimo para cobrar su importe, ya que se puede hacer
valer en contra de cualquier signatario indistintamente.28
I.5. Requisitos
El artículo 386 del Código de Comercio de Guatemala, estipula que los
títulos de crédito deben llenar los requisitos propios de cada título en
particular y los generales siguientes:
a) Nombre del título
b) Fecha y lugar de creación. Si no se menciona el lugar de creación,
se tendrá como tal el del domicilio del creador.
c) Derechos que el título incorpora.
d) Lugar y fecha del cumplimiento o ejercicio de tales derechos. Si no
se menciona el lugar de cumplimiento o ejercicio de los derechos que el
título consigna, se tendrá como tal el del domicilio del creador del título. Si
el creador tuviere varios domicilios, el tenedor podrá elegir entre ellos, igual
27 Loc. Cit. 28 Ibíd. Villegas Lara, René Arturo. pág. 18.
15
derecho de elección tendrá si el título señala varios lugares de
cumplimiento.
e) Firma de quien los crea. En los títulos en serie, podrá estamparse
firmas por cualquier sistema controlado y deberán llevar por lo menos una
firma autógrafa.
La omisión insubsanable de menciones o requisitos esenciales que debe
contener todo título de crédito, no afectan al negocio o acto jurídico que
dio origen a la emisión del documento.
Dentro de los cinco requisitos generales hay dos que la ley subsana en
aquellos casos en que por una omisión se hubieren dejado de consignar.
Esos requisitos son los incisos b) y d).29
En cambio, los señalados en los incisos c) y e) son requisitos esenciales que
la ley no presume y que de faltar, hacen ineficaz o inexistente el título. No
obstante, en este último caso el negocio o acto que le dio origen al título
no se ve afectado, no podrá ser reclamado a través de este medio, pero si
por otros procedimientos legales ajenos al título de crédito.30
I.6. Clasificación de los títulos de crédito
a) Clasificación Legal
Títulos nominativos
El artículo 415 del Código de Comercio define como tales a “los títulos
creados a favor de persona determinada cuyo nombre se consigna; tanto
29
Ibíd. Villegas Lara, René Arturo. pág. 19. 30Loc. Cit.
16
en el propio texto del documento, como en el registro del creador, son
transmisibles mediante endoso e inscripción en el registro. Ningún acto u
operación referente a esta clase de títulos surtirá efectos contra el creador
o contra terceros, si no se inscribe en el título y en el registro”. Estos títulos
llevan un registro del nombre de la persona que es el propietario cuando
están en circulación.
Tres actos conforman el procedimiento de transmisión de un título
nominativo: el endoso, la entrega del documento y el cambio de registro.
Si únicamente se hace el endoso y por diversas causas no se cambia el
registro, para el creador, el propietario del título es la persona que aparece
en su control interno. No cambiar el registro puede traer consecuencias
graves para el adquiriente, dado que cualquier negociación la efectúa el
propietario del título. En cierta forma, el simple endoso no transmite la
titularidad absoluta al que lo adquiere. El título tiene fuerza legitimadora en
razón del nombre específico del titular que consta en el documento y en
los registros del creador o librador. En el contexto del título, debe
distinguirse literalmente las palabras “Título Nominativo”.31
El endoso faculta al endosatario para pedir el registro de la transmisión. El
creador del título podrá exigir que la firma del endosante se legalice por
Notario. (Art. 416 del Código de Comercio)
Salvo justa causa, como tener evidencias de que haya habido transmisión
que adolezca de vicio, el creador del título no podrá negar la inscripción
en su registro de la transmisión del documento. (Artículo 417 del Código de
Comercio)
31 Ibíd. Villegas Lara, René Arturo. pág. 36.
17
En suma, en esta clase de títulos, para que la persona que adquiere el
documento pueda ejercer el derecho contenido en el mismo o transmitirlo,
debe previamente quedar asentado su nombre en los registros, caso
contrario, esta transferencia del título carece de validez legal.
Títulos a la orden
El artículo 418 del Código de Comercio establece que “los títulos creados
a favor de determinada persona se presumirán a la orden y se transmiten
mediante endoso y entrega del título”.
En este tipo de títulos de crédito, la ley no exige que se incluyan las
palabras “A la orden” en el contexto del mismo, para que se presuma que
éste ha sido creado de esta forma a favor de persona determinada. Por
ello, se puede confundir con un título nominativo, el cual se emite también
a favor de determinada persona. Para evitar esta confusión, se debe
tomar en cuenta que en un título nominativo se deberá expresar el número
de registro del título, dato de importancia para saber si es un documento
nominativo y no a la orden.32
El mismo código, en el artículo 419 estipula que “cualquier tenedor de un
título a la orden puede impedir su ulterior endoso mediante cláusula
expresa, que surtirá el efecto de que, a partir de esa fecha, el título sólo
puede transmitirse con los efectos de una cesión ordinaria”.
Los títulos de crédito para que puedan circular deben ser endosados, es
decir, deben ser traspasados a otra persona. Cada creador de un título de
crédito fija su ley de circulación, a menos que la ley se lo permita a otro
32 Ibíd. Villegas Lara, René Arturo. págs. 36 y 37.
18
sujeto o se cuente con la anuencia del creador. En los títulos a la orden
hay facultad legal para que cualquier tenedor pueda limitar la circulación
de los títulos mediante una cláusula que diga “No negociable” o “No
endosable”. Y derivado de ello, ya no circula por endoso sino que se
transmite bajo los efectos de una cesión de derechos ordinarios, como en
el derecho civil. Entonces, la importancia de la cesión radicará en que de
ahí en adelante, los derechos y las obligaciones provenientes del título ya
no son autónomos y por lo mismo, las excepciones del cedente revierten
en el cesionario y así sucesivamente33.
El artículo 420 del Código de Comercio determina que “la transmisión de
un título a la orden por medio diverso del endoso, subroga al adquiriente
en todos los derechos que el título confiera; pero lo sujeta a todas las
excepciones que se habrían podido oponer a los tenedores anteriores”.
Esta situación se produce porque el que recibe la transmisión del título,
pasa a ser el titular de los derechos contenidos en éste, pero también
acepta implícitamente las obligaciones que hubieren adquirido o que se
hubieren compelido a aceptar los titulares anteriores.
En estos casos, el adquiriente no recibe un derecho autónomo y, por ello,
contra su acción cambiaria caben todas las excepciones que pudieron
interponerse contra los anteriores propietarios del título.34
El Código de Comercio en el artículo 421 prescribe que el endoso debe
constar en el título mismo o en hoja adherida a él, y llevará los siguientes
requisitos: Nombre del endosatario, clase de endoso, lugar y fecha y la
firma del endosante o de la persona que firma a su ruego en su nombre.
33 Ibíd. Villegas Lara, René Arturo. pág. 37. 34 Loc. Cit.
19
En el endoso, intervienen dos partes: la que transmite el título, llamada
“endosante”; y quien lo recibe, denominado “endosatario”. 35
En caso de omisión de requisitos, el artículo 422 de este cuerpo legal,
determina que “si faltare el primer requisito (nombre del endosatario),
según el artículo 387, cualquier tenedor legítimo podrá llenarlo antes de
presentarlo para su aceptación o para su cobro; y si se omite la clase de
endoso, se presumirá que el título fue transmitido en propiedad; por
omisión del lugar, se presumirá que el endoso se hizo en el domicilio del
endosante; y la omisión de fecha presume que el endoso se hizo el día en
que el endosante adquirió el título. La falta de firma hará que el endoso se
considere inexistente.”
En suma, si falta alguno de los requisitos establecidos, la ley los puede suplir.
Excepto, si faltare la firma del endosante, no hay endoso.36
Además el Código de Comercio estipula que el endoso debe ser puro y
simple. Toda condición se tendrá por no puesta. El endoso parcial será
nulo. (Art. 423)
Los títulos de crédito deben circular con el máximo de seguridad para el
adquiriente de buena fe. Si las obligaciones se sometieran a condiciones,
ninguna persona aceptaría un título de crédito porque la eficacia de la
obligación estaría sujeta a motivos extracartulares, y por esa razón es que
ni los títulos de crédito ni el endoso, se condicionan. Por otra parte, el
endoso debe ser total, se transmite el título en bloque, porque si existieran
35 Loc. Cit.; pág. 38. 36 Ibíd. Villegas Lara, René Arturo. pág. 38.
20
endosos parciales, habría duplicidad de propietarios e inseguridad del
título.37
En conclusión, el derecho que incorpora los títulos de crédito a la orden,
debe hacerlo valer la persona a cuyo nombre se expide el mismo o a la
persona que el mismo título determine en virtud del endoso.
Adicionalmente, el título se transmitirá completamente y cualquier
condición que se pretenda hacer valer, distinta a la contenida en el
endoso, se tendrá por inválida.
Títulos al Portador
El Código de Comercio los define como títulos que no están emitidos a
favor de personas determinadas, aunque no contengan la cláusula al
portador, y se transmiten por simple tradición”. (Art. 436)
Este título no se crea a favor de una persona individual o jurídica, como
sucede con los nominativos o a la orden. Regularmente se emiten con la
cláusula: “al portador”; pero en el caso de que éste no se consigne en tal
forma, basta con que el sujeto beneficiario no esté designado por su
nombre para que entienda que el título es al portador. Este título se
transmite por la simple tradición o entrega material del documento, sin
necesidad de otro requisito.38
La simple exhibición del título de crédito legitima al portador, según lo
establece el artículo 437 del Código de Comercio. En virtud de ello, al
tenedor material del documento le basta exhibirlo para que se le pague; y
37 Loc. Cit. 38 Ibíd. Villegas Lara, René Arturo, pág. 45.
21
el librado no está facultado para indagar la forma en que lo adquirió. Al
momento de presentarlo para su pago, la obligación debe hacerse
efectiva.39
En resumen, estos títulos son expedidos sin identificar dentro de ellos a la
persona que los adquiere en propiedad, por lo que son de fácil
transferencia y para su pago basta con la presentación del mismo. Una
desventaja de la utilización de este tipo de títulos es que la persona que lo
recibe para su cobro no cuestiona sobre la procedencia del mismo, puesto
que presume que quien lo presenta es el legítimo propietario del
documento; derivado de ello, estos títulos son más inseguros en su
utilización dentro del tráfico mercantil.
Salvo disposición expresa en contrario, no se pueden emitir títulos al
portador cuando la obligación consiste en pagar una suma de dinero en
efectivo. Excepto en el cheque, puesto que la ley sí lo permite, ya que el
cheque no constituye en si el pago propiamente dicho, sino que es tan
solo un medio de pago. El fundamento de esta prohibición se haya en
que si se permitiera el pago de dinero, los títulos circularían como si fueran
dinero y se trasladaría la facultad pública de emitir moneda, a manos de
los particulares, potestad que es propia del Estado.40
Los títulos creados en contravención a esta disposición, según el artículo
439 del mismo cuerpo legal, no producirán efectos como títulos de crédito.
Y como sanción, el infractor deberá restituir el valor del título a su tenedor y
pagar una multa igual al importe de los títulos emitidos irregularmente, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 440 del Código de Comercio.
39 Loc. Cit. 40 Loc. Cit.; pág. 45.
22
b) Clasificación Doctrinaria
La doctrina clasifica los títulos de crédito en:41
Títulos nominados o innominados: También llamados “típicos y atípicos”.
Nominados son los que aparecen tipificados en ley; e innominados, son
los creados por la costumbre.
Singulares y seriales: Singulares, son los que regularmente se van
creando en forma aislada, sin que sea necesario un número
considerable (v.g. un cheque, una letra de cambio); y seriales, son los
que por su naturaleza, se crean masivamente (v.g. las acciones y los
debentures).
Principales y accesorios: Los primeros se valen por sí mismos (v.g. el
debentur); los segundos, siempre están ligados a un principal (v.g. el
cupón).
Abstractos y causales: Abstractos son los que no obstante tener un
origen, no los persigue, se desligan de él frente al tenedor de buena fe.
Esto es importante tanto procesal como sustantivamente, porque los
vicios de la causa no afectan al título frente a terceros (v.g. la letra de
cambio, el pagaré). Los causales son aquellos que siempre estarán
ligados a la causa que les dio origen (v.g. debentures, los vales). Se
caracterizan porque su redacción expresa el negocio subyacente que
motivó su creación.
41 Ibíd. Villegas Lara, René Arturo, pág. 46.
23
Especulativos y de inversión: Los primeros son los que el propietario
puede obtener una ganancia o pérdida con relación al valor que
representan. Los últimos son los que producen una renta (intereses) al
adquiriente del título (v.g. los bonos, certificados fiduciarios).
Públicos y privados: Públicos son los que emite el poder público, como
los bonos de Estado; y privados, son los creados por los particulares.
Esta clasificación admite una subclasificación que distingue entre títulos
de crédito o títulos valores civiles o comerciales, atendiendo a la
relación jurídica que les dio origen. Por lo tanto, si la relación jurídica
que le dio origen es una relación jurídica de carácter civil, estaremos en
presencia de un titulo valor civil, y si la relación jurídica que le dio origen
es de naturaleza mercantil estaremos en presencia de un documento
comercial.42
De pago, de participación y de representación: son títulos de pago,
aquellos cuyo beneficio para el tenedor es el pago de un valor
dinerario (un cheque, una letra de cambio). Los de participación
permiten intervenir en el funcionamiento de un ente colectivo, como las
acciones de sociedades. Y los de representación son los que en el
derecho incorporado, significan la propiedad sobre un bien no
dinerario, como las mercaderías. Por esta circunstancia, se les
denomina títulos representativos de mercaderías.
42 Ibíd. “De los títulos valores o títulos de crédito”, pág. 9.
43 Cervantes Ahumada, Raúl. “Títulos y Operaciones de crédito”. México, Ed. Herrero, S.A.
año 1982, pág. 17.
24
Otra clasificación doctrinaria, agrega la siguiente división atendiendo al
objeto del documento:43
Títulos personales o “corporativos”. Son aquellos cuyo objeto principal
no es un derecho de crédito, sino la facultad de atribuir a su tenedor
una calidad personal de miembro de una corporación. El título típico
de esta clase es la acción de la sociedad anónima, cuya función
principal consiste en atribuir a su titular la calidad de socio o miembro
de la entidad jurídica colectiva. De tal calidad derivan derechos de
diversas clases: políticos y de contenido económico. Pero tales
derechos son accesorios o no inherentes a la calidad personal de socio,
atribuida por el título.
Títulos obligacionales o “propiamente dichos”. Son títulos de crédito
cuyo objeto principal es un derecho de crédito y en consecuencia,
atribuyen a su titular acción para exigir el pago de las obligaciones a
cargo de los suscriptores. El título clásico obligacional es “la letra de
cambio”.
Títulos reales, “de tradición o representativos”. Los que tienen por objeto
principal no un derecho de crédito, sino un derecho real sobre la
mercancía amparada por el título. Por esto se dice que representan a
las mercancías.
I.7. Sujetos de la relación jurídica
El deudor y el acreedor son los elementos personales de la relación jurídica
que surge en virtud de un título de crédito. El deudor se determina por el
43 Cervantes Ahumada, Raúl. “Títulos y operaciones de crédito”. México, Ed. Herrero, S.A,
año 1982, pág. 17.
25
contenido mismo del documento, es quien firma o suscribe la promesa de
prestación. El acreedor puede también constar en el texto literal de aquél,
pero no es necesario44, ni siempre es así. La figura del deudor corresponde
a la persona (natural o jurídica) que se compromete al pago de una
obligación. Mientras que el acreedor lo constituye toda persona, sea ésta
individual o jurídica, a cuyo favor se reconoce el pago una deuda u
obligación.
El deudor es invariable, el acreedor puede cambiar. Los títulos de crédito
son documentos que se extienden para la circulación de la riqueza, están
destinados al tráfico y son cesibles por su misma naturaleza. La forma de
transmisión varía según las diversas clases de títulos.45 Se considera que la
persona del acreedor es invariable porque dentro del tráfico mercantil, el
título de crédito cambia de mano en mano, el acreedor de hoy puede no
ser el de mañana por haberse trasladado el título; como ejemplo de ello se
citan los títulos al portador, en los cuales, quien lo presenta se convierte en
acreedor legítimo ante el deudor para el cobro de la obligación
consignada en el título.
Toda persona apta para obligarse, puede hacerlo mediante la emisión de
un título de crédito. Deudor o acreedor, pueden serlo toda clase de
personas tanto individuales como jurídicas. Un mismo título puede ser
extendido a favor de dos o más personas. También a la prestación
consignada en el mismo, pueden ser varios los responsables.46 De lo
anterior se concluye que todas las personas en pleno uso de sus facultades
físicas, mentales, volitivas y económicas, pueden obligarse mediante un
44 Vicente y Gella, Agustín. Los títulos de crédito en la doctrina y en el derecho positivo.
Op. Cit.; pág. 136. 45 Ibíd. Vicente y Gella, Agustín, pág. 137. 46 Loc. Cit.
26
título de crédito, al cumplimiento de una obligación a favor de una o más
personas. Por ejemplo, una entidad bancaria facilita un préstamo sobre
dividendos de la cosecha a dos o más agricultores asociados, quienes se
vuelven deudores solidariamente mancomunados en derechos y
obligaciones.
I.8. Creación de los títulos de crédito
En cuanto a la creación de los títulos de crédito, el Código de Comercio
estipula que:
El signatario de un título de crédito queda obligado aunque el título haya
entrado en circulación contra su voluntad. Si sobreviene la muerte o la
incapacidad del signatario del título, la obligación subsiste. (Art. 393 del
Código de Comercio). Siguiendo la teoría de la creación, el título existe
desde el momento en que es creado, independientemente de que haya o
no voluntad para que circule. 47 De lo expuesto, se establece que la
obligación que contiene un título de crédito se hereda como obligación a
los sobrevivientes de la persona o personas reconocidas como deudores
dentro del título y se encuentran compelidas a su cumplimiento.
La incapacidad de alguno de los signatarios de un título de crédito, el
hecho de que en éste aparezcan firmas falsas o de personas imaginarias, o
la circunstancia de que, por cualquier motivo, el título no obligue a alguno
de los signatarios, o a las personas que aparezcan como tales, no invalidan
las obligaciones de las demás personas que lo suscriban (Art. 394). Ello se
traduce en que si la obligación de uno de los sujetos es nula, no sucede lo
mismo con los demás, porque son obligaciones independientes y ajenas
47 Villegas Lara, René Arturo. Op. Cit.; pág. 22.
27
entre si. Esto le da seguridad al tráfico de los títulos de crédito frente al
poseedor de buena fe.48 En otras palabras, cada persona que suscriba el
título adquiere el compromiso de cumplir con la obligación de la que es
objeto el título, siendo esta obligación totalmente independiente a la del
suscriptor anterior; por lo que si la primera no es legítima, en nada
perjudica a la posterior.
En caso de alteración del texto del título de crédito, el artículo 395
establece que “los signatarios posteriores a ella se obligan según los
términos del texto original. Cuando no se puede comprobar si una firma
ha sido puesta antes o después de la alteración, se presupone que lo fue
antes”.
Un título de crédito en su aspecto documental, puede ser alterado dolosa
o culposamente, esta alteración puede ser sobre la cantidad, la forma de
vencimiento o cualquier circunstancia que cambie los términos originales
de la obligación o del derecho contenido en el título. Como en la
circulación del documento pueden intervenir muchas personas, es
importante detectar en qué momento se hizo la alteración, para luego
determinar la responsabilidad de cada uno.49
Si alguno de los actos que debe realizar obligatoriamente el tenedor del
título de crédito debe efectuarse dentro de un plazo en que no fuere hábil,
el último día, el término se entenderá prorrogado hasta el primer día hábil
siguiente. Los días inhábiles intermedios se contarán para el cómputo del
plazo. Ni en los términos legales ni en los convencionales se comprenderá
el día que les sirva de punto de partida. (Art. 396 del Código de Comercio),
48 Ibíd., Villegas Lara, René Arturo, pág. 23. 49 Loc. Cit.
28
esto último quiere decir, que el plazo principia a contar un día después de
aquél en que se ha creado el título.50
En los casos en que la persona no sepa o no pueda firmar, podrá suscribir
los títulos de crédito a su ruego otra persona, cuya firma será autenticada
por un notario o por el secretario del municipio del lugar (Art. 397 del
Código de Comercio). Con esta disposición legal se faculta al secretario
municipal para autenticar la firma de quien suscribe por cuenta del
deudor, esto surge como consecuencia de la falta de profesionales
notarios en los municipios y muchos otros lugares del país. Por otra parte,
aunque esta disposición legal no lo regula expresamente, aplicando en
forma supletoria el artículo 56 del Código de Notariado, Decreto número
314, al momento de realizarse la autenticación de la firma, la persona que
emite el título de crédito debe estampar su impresión digital y a la par, la
firma de quien suscribe en su nombre. Este procedimiento da más
seguridad jurídica al documento,51 derivado de la fe pública que posee el
Notario, a través de este acto, se hace constar la circunstancia por la cual
la firma del emisor no fue puesta.
En cuanto a la solidaridad de los signatarios, el artículo 398 regula “Todos
los signatarios de un mismo acto de un título de crédito se obligan
solidariamente. El pago del título por uno de los signatarios solidarios, no
confiere a quien paga, respecto de los demás que firmaron en el mismo
acto, sino los derechos y las acciones que competen al deudor solidario
contra los demás co-obligados; pero deja expeditas las acciones
cambiarias que puedan corresponder contra los obligados”. Un título de
crédito puede ser creado por varias personas, ser aceptado por varios
librados o pueden darse varios avalistas, es decir, que en un acto de los
50 Ibíd., Villegas Lara, René Arturo, pág. 24. 51 Loc. Cit.; pág. 25.
29
que comprende la vida jurídica del título: creación, aceptación, aval,
etcétera, hay dos o más personas que se obligan en el mismo, teniendo
una obligación mancomunada solidaria, de manera que puede exigírseles
a cada uno el cumplimiento total de la obligación que se contiene en el
título, sin perjuicio de su derecho de repetir contra los demás co-obligados.
Además, de esa pretensión de quien paga, en relación a los deudores
solidarios, tiene las acciones cambiarias contra los demás obligados por
diferente acto y las puede hacer valer.52
I.9. Circulación de los títulos de crédito
Para que los títulos de crédito circulen, el Código de Comercio establece
que:
El tenedor de un título de crédito, para ejercer el derecho que en él se
consigna, tiene la obligación de exhibirlo y entregarlo en el momento de
ser pagado. Si sólo fuera pagado parcialmente o en lo accesorio, deberá
hacer mención del pago en el título y dar por separado, el recibo
correspondiente (Art. 389).
En virtud de este artículo legal, es necesario que el título esté en poder de
quien lo va a cobrar y mostrarlo al deudor para que le cumpla la
obligación, debiendo ser entregado al deudor contra el pago del mismo; y
como el documento incorpora el derecho y la obligación, en ese
momento se extingue la relación cartular, o sea la relación jurídica que
deviene del título de crédito. Ahora bien, si el título es pagado
parcialmente o en lo accesorio, entonces se debe anotar en el título, pues
52 Ibíd., Villegas Lara, René Arturo, pág. 25.
30
la omisión puede dar problemas frente a un tenedor de mala fe.53
Adicionalmente a ello, es importante anotar el número de recibo que fue
extendido al recibir el pago en lo parcial o en lo accesorio del título.
La transmisión de un título de crédito comprende el derecho principal que
en él se consigna: las garantías y derechos accesorios. (Art. 390)
Toda reivindicación, gravamen u otra afectación sobre el derecho
consignado en un título de crédito o sobre mercaderías por él
representadas, no surtirán efecto alguno, si no se llevan a cabo sobre el
título mismo (Art. 391). Se debe recordar que en principio, los títulos de
crédito se rigen únicamente en cuanto a su tenor escrito y en base a ello,
se podrán iniciar todas las acciones que correspondan en relación al
derecho que este contempla.
Ya que los títulos de crédito tienen la calidad de bien mueble, son objetos
que tienen realidad concreta dentro del patrimonio de una persona. Así,
frente a una tercera persona que pretende que le pertenece el título de
crédito, el legítimo propietario puede reivindicarlo, es decir, reintegrarlo o
reincorporarlo a su esfera patrimonial mediante el ejercicio de la acción
reivindicatoria, en el ámbito del derecho civil. También se pueden gravar,
en este caso, el título será el bien con el que se garantiza una obligación
diferente a la que el título contiene.54
Salvo disposición legal en contrario, el tenedor de un título de crédito no
puede cambiar la forma de circulación del título sin el consentimiento del
emisor (Art. 392). La persona que crea el título de crédito, determina su ley
de circulación. Y por ello, si el título de crédito es “nominativo”, circula
53 Loc. Cit. pág. 22. 54 Ibíd., Villegas Lara, René Arturo, pág. 22.
31
mediante endoso, entrega del documento y cambio en el registro del
creador; si es “a la orden”, circula mediante endoso y entrega del
documento; y si es “al portador”, circula por simple tradición o entrega del
título. Esta ley de circulación solo cambia con consentimiento expreso del
creador o bien, por disposición legal en contrario que dispense la
exigencia de contar con ese consentimiento.55 En otras palabras, si un
adquiriente posterior del título desea cambiar la ley de circulación que rige
el mismo, debe acudir ante el creador del mismo para solicitarle su
cambio, y se realizará siempre y cuando éste acceda.
I.10. El protesto de los títulos de crédito
El protesto es un acto que tiene por objeto la comprobación fehaciente de
la falta de pago, a su vencimiento, de una letra de cambio, cheque,
pagaré o billete a la orden.56 Es decir, si al momento de presentarse título
de crédito para su pago en el tiempo estipulado en el documento, y éste
no se cumple, entonces el acreedor podrá solicitar a un Notario que
faccione un acta notarial en el cual haga constar la negativa de pago.
El artículo 399 del Código de Comercio determina “la presentación en
tiempo de un título de crédito y la negativa de su aceptación o de su
pago se harán constar por medio del protesto. Salvo disposición legal
expresa, ningún otro acto podrá suplir al protesto. El creador del título
podrá dispensar al tenedor de protestarlo, si inscribe en el mismo la
cláusula: sin protesto, sin gastos, u otra equivalente. Esta cláusula no
dispensará al tenedor de la obligación de presentar el título ni en su caso,
de dar aviso de la falta de pago a los obligados en la vía de regreso; pero
55 Loc. Cit. 56 Ossorio, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Argentina, Ed.
Heliasta S.R.L., año 1981, pág. 623.
32
la prueba de la falta de presentación oportuna estará a cargo de quien la
invoque en contra del tenedor. Si a pesar de esta cláusula el tenedor
levanta el protesto, los gastos serán por su cuenta”.
La ley regula el protesto en forma genérica. Señala que debe contenerse
en acta notarial que hará constar el hecho de la presentación en tiempo
del título de crédito y la negativa de aceptarlo o pagarlo, según el caso. El
protesto es obligadamente un acto notarial, porque se necesita la
intervención de un profesional con fe pública para que tenga validez.57
Los actos que por disposición de la ley suplen al protesto son:
La razón puesta por un Banco sobre el título de crédito, en la que se
haga constar la negativa de aceptación o de pago; y
La razón o sello que pone la Cámara de Compensación, en el caso de
los cheques que se cobran por medio de esa dependencia.58
En estos casos, algunos Tribunales del país, cuando se presenta una
ejecución con base en un cheque no pagado, exigen que se acompañe
el acta de protesto y no le den trámite a la demanda cuando se actúa
sólo con el título debidamente razonado, lo cual es equivocado, porque
esa razón es un acto equivalente, una vez razonado el título, el protesto
como acto notarial es innecesario. El Banco o la Cámara de
Compensación debe expresar literalmente el protesto en el documento,
no en formulario, para que éste tenga validez.59
Todos los títulos de crédito, a excepción de la letra de cambio, cuando no
son aceptados o no son pagados, deben protestarse para que nazca la
57 Villegas Lara, René Arturo, Op. Cit.; pág. 26. 58 Ibíd.; pág. 26. 59 Op. Cit.
33
acción cambiaria o sea el derecho de pretender que se satisfaga
judicialmente el derecho cartular. Si el creador del título desea liberarlo de
la obligación de protestarlo, debe escribir una cláusula que denote esa
intención, en cuyo caso se elimina el protesto. Pero el hecho de que el
título esté libre de protesto no libera a quien lo va a cobrar, es decir, el
tenedor del título, de su obligación de presentar el mismo para que el
deudor de éste lo haga efectivo. Así mismo, está obligado a dar aviso de
la falta de pago a los demás obligados en la vía de regreso, o sea los
deudores no principales, con el objeto de que si alguno quiere pagar se le
da también la oportunidad de tener conocimiento del cobro y de la falta
de pago.60
La obligación de presentar el título para su pago, cuando está libre de
protesto, siempre se va a presumir que se ha cumplido, ya que la carga de
la prueba corre a cargo de quien invoca el incumplimiento de la
obligación. Si se llegara a probar que al obligado no se le dio la
oportunidad de pagar, se producirá la caducidad de la acción
cambiaria.61 Esto quiere decir que la acción cambiaria no se podrá llevar a
cabo si se demuestra que el título de crédito fue presentado antes de
tiempo o en circunstancias que no permitieron al deudor cumplir con la
obligación consignada en el título; por lo que este acto de mala fe anula
toda posibilidad de ejercerla.
Si el tenedor protesta el documento, no obstante estar el título liberado de
ese requisito, los pagos que ocasione el protesto, como los honorarios del
notario, no podrán incluirse en el cobro total de la ejecución porque el
obligado no debe pagar el costo de algo innecesario para que se dé la
60 Loc. Cit. 61 Ibíd., Villegas Lara, René Arturo, pág. 27.
34
relación procesal.62 En estos casos, al encontrarse el título libre de protesto,
se presume la buena fe del deudor de cumplir con la obligación
consignada en el documento; si el acreedor decide protestarlo a pesar de
ello, entonces correrán a su cargo los gastos que se generen para
protestarlo.
I.11. El aval
Manuel Ossorio en el Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales,
define al aval como “escrito en que uno responde de la conducta de
otro,…Su interés jurídico está vinculado al derecho civil y todavía más al
comercial; puesto que supone la firma que se pone al pie de una letra u
otro documento de crédito para responder de su pago en caso de no
efectuarlo la persona principalmente obligada a él.” En otras palabras, se
entiende que el aval es la persona que solidariamente se compromete a
hacer efectivo el pago de una obligación que por cualquier circunstancia,
no puede hacer efectiva el avalado y que ésta debe a un tercero,
beneficiado con el pago del mismo.
El artículo 400 del Código de Comercio establece “mediante el aval, se
podrá garantizar en todo o en parte el pago de los títulos de crédito que
contengan una obligación de pagar dinero. Podrá prestar el aval
cualquiera de los signatarios de un título de crédito o quien no haya
intervenido en él.” En tal virtud, uno de los deudores o un tercero ajeno a la
obligación que contiene el título de crédito, puede llegar a constituirse en
aval de los demás deudores del documento.
62 Loc. Cit.
35
Según Arturo Villegas Lara, el aval viene a ser, en cierto sentido, lo que la
fianza es en las obligaciones civiles: una forma de garantizar el pago de un
título de crédito que contenga obligación de pagar dinero en efectivo o
moneda del curso legal. Pueden ser avalados los pagarés, letras de
cambio, vales, etcétera, y salvo disposición de leyes especiales, no lo
podrían ser los títulos representativos de mercaderías o sea aquellos en que
el tenedor tiene derecho a que se le entregue un objeto que no es
precisamente dinero.63
Los personajes o sujetos del aval reciben los nombres siguientes: avalistas,
quien da la garantía; y avalado, quien la recibe. En todo caso, es el
documento el que se encuentra garantizado y la obligación del avalista es
autónoma con respecto a las obligaciones de todos los demás signatarios,
incluyendo a la del avalado; de manera que si la de éste último resulta
viciada, no incide ese hecho en la obligación del avalista. La calidad del
avalista la puede desempeñar cualquier sujeto ya enrolado dentro de la
circulación del título avalado o persona extraña a él hasta el momento de
ser avalado.64
El aval se puede prestar por la cantidad total del título o por una fracción
de su valor, circunstancia última que debe expresarse en el título para que
no entre en juego la presunción.65
Según el artículo 401 del Código de Comercio, “el aval deberá constar en
el título de crédito mismo o en hoja que a él se adhiera. Se expresará con
la fórmula, “por aval” u otra equivalente, y deberá llevar la firma de quien
lo preste. La sola firma puesta en el título, cuando no se le pueda atribuir
63 Ibíd., Villegas Lara, René Arturo, pág. 27. 64 Loc. Cit. 65 Loc. Cit.
36
otro significado, se tendrá por aval.” Derivado de ello, la persona que
adquiera el título de crédito debe asegurarse de no signar el mismo sin
dejar constancia acerca de la razón por la cual firma; de lo contrario, en
su caso, cualquiera de los demás deudores podrá hacer valer su firma
como aval de su obligación.
Puede redactarse en otro documento cuando no hay espacio para
hacerlo en el mismo, siendo esta hoja no algo accesorio, sino parte del
título avalado y debe quedar adherido a él para que surta efectos
jurídicos.66
El aval se presume en el caso de que aparezca una firma en un título de
crédito y no se sabe en qué calidad hizo la signatura, es decir, a qué
corresponde (librador-librado, etc.). Entonces se presume que esa firma
corresponde a un avalista, y es esta característica la que la diferencia de
la fianza, puesto que la primera se presume; la segunda, no.67
Si no se indica la cantidad en el aval, se entiende que garantiza el importe
total del título de crédito (Art. 402 Código de Comercio). Si por algún
motivo, en el aval no se expresa literalmente la cantidad por la cual se
presta el aval, se considera que el avalista se obligó por la cantidad total
del título. Esta presunción es lógica porque se supone que si el sujeto
quería obligarse por cantidad menor, debió expresarlo en la fórmula. Esto
le da seguridad al título de crédito porque establece un punto de
referencia para clarificar una obligación cuyo monto no se ha
especificado en la fórmula literal del aval.68 Podemos consultar al final del
documento, el anexo que nos señala una situación similar.
66 Ibíd., Villegas Lara, René Arturo, pág. 28 67 Loc. Cit. 68 Loc. Cit.; págs. 28 y 29.
37
El avalista quedará obligado a pagar el título de crédito hasta el monto del
aval, y su obligación será válida aun cuando la del avalado sea nula por
cualquier causa (Art. 403 Código de Comercio). En estos casos, el avalista
adquiere de forma independiente de la del deudor, la obligación de
cancelar el monto de la obligación en el tiempo estipulado dentro del
título de crédito; si por alguna razón la responsabilidad del avalado
desaparece, la del avalista continúa hasta su cumplimiento.
Además de establecerse que la obligación del avalista es pagar el título
de crédito conforme al carácter autónomo con que cada signatario
adquiere su obligación; el avalista puede ser demandado o requerido a
pagar el título de crédito en forma principal; sin ningún orden ni excusión.
Y es tan autónoma su obligación, que ella es válida y surte sus efectos
independientemente de la del avalado.69 Con lo expuesto se comprende
que la obligación que adquiere el aval con su firma en el título es
independiente y por esta acción adquiere una responsabilidad de pago
del título equivalente a la del deudor.
El artículo 404 Código de Comercio determina que el aval se debe indicar
la persona por quien se presta. A falta de indicación, se entenderán
garantizadas las obligaciones del signatario que libera a mayor número de
obligados. Dentro del texto del título de crédito se debe dejar constancia
por escrito acerca de la identidad del avalista, con indicación del deudor
al cual avala y el monto por el cual se obliga, todo ello para evitar futuras
controversias o presunciones falsas acerca de aquello a lo que se
compromete.
69 Ibíd., Villegas Lara, René Arturo, pág. 29.
38
Esta medida favorece al deudor principal porque él resulta avalado
cuando no se expresa con claridad por quién se presta el aval. En
términos generales se puede decir que el librado-aceptante es quien libera
al mayor número de obligados.70
I.12. La acción cambiaria
La acción cambiaria es el medio para hacer valer el derecho a pretender
el pago de un título de crédito. El nombre cambiaria, proviene del título
llamado “letra de cambio”, pero es igualmente aplicable a cualquier título.
Es la acción que en lo mercantil, corresponde al portador de una letra de
cambio, para demandar su cobro del librador o de cualquiera de los
endosantes, a su elección dada la responsabilidad solidaria de los mismos;
o la que pueden ejecutar los endosantes o avalistas para resarcirse de la
letra por ellos pagada y frente al librador o endosantes anteriores.”71
El avalista que pague, adquiere los derechos derivados del título de crédito
contra la persona garantizada y contra los que sean responsables respecto
de esta última por virtud del título (Art. 405 Código de Comercio). Esto
quiere decir, que cuando el avalista de un título de crédito se ve obligado
a pagar, se sustituye en la titularidad para repetir en contra de la persona
avalada y en contra de los que sean responsables en relación a esta
última.72 Es decir, que cuando se exige al avalista el cumplimiento de pago
de la obligación debida por su avalado, tiene derecho de reclamar a éste
y a los demás deudores reconocidos en el título de crédito, el resarcimiento
del pago realizado.
70 Loc. Cit. 71 Ossorio, Manuel. Op. Cit.; pág. 14. 72 Villegas Lara, René Arturo. Op. Cit.; pág. 29.
39
El artículo 406 del mismo cuerpo legal estipula que “El que por cualquier
concepto suscriba un título de crédito en nombre de otro, sin facultades
legales para hacerlo, se obliga personalmente como si hubiera actuado
en nombre propio. La ratificación expresa o tácita de los actos a que se
refiere el párrafo anterior, por quien puede legalmente autorizarlos,
transfiere al representado aparente, desde la fecha del acto que se
ratifica, las obligaciones que de él nazcan. Es tácita la ratificación que
resulte de actos que necesariamente impliquen la aceptación del acto
mismo o de cualquiera de sus consecuencias. La ratificación expresa
puede hacerse en el mismo título de crédito o en documento diverso.”
La representación aparente consiste en que una persona representa a otra
sin necesidad de tener un mandato con las formalidades del derecho civil.
Para que una persona pueda crear un título en representación de otra,
para seguridad del documento y de terceros de buena fe, así como para
que el título obligue al representado, debe ratificarlo tácita o
expresamente por los procedimientos señalados en la ley. Si la ratificación
no se da, el presunto representante deviene en obligado del título como si
lo hubiera creado a su propio cargo.73
En virtud de lo expuesto, se concluye que toda persona que se arrogue
facultades que no posee para firmar un título de crédito en nombre de
otro, trae como consecuencia que éste (el suscriptor) adquiere esas
obligaciones para sí. Igualmente, sucede si el acto de la firma del título por
el representante del deudor no es respaldado con la ratificación del
representado.
73 Ibíd. Villegas Lara, René Arturo, pág. 31.
40
Los derechos y obligaciones derivados de los actos o contratos que hayan
dado lugar a la creación o transmisión del título de crédito, se regirán por
las disposiciones de este Código, cuando no se puedan ejercitar o cumplir
separadamente del título (Art. 407 del Código de Comercio).74
Todo título de crédito en principio tiene una “causa negocial”, un “origen
negocial”, que puede ser un contrato. El acto o contrato como expresión
de un negocio jurídico genera derechos y obligaciones. De ese negocio
jurídico puede provenir un título de crédito, el que a su vez produce
derechos y obligaciones, que pueden sustituir potencialmente las del
negocio jurídico. Asimismo, existen títulos de crédito en los que el acto o
contrato que los origina se introduce en el documento y no puede
separarse de él.75
I.13. La relación causal en los títulos de crédito
El Código de Comercio vigente en relación a la relación causal en los
títulos de crédito, dispone:
El artículo 414 de la ley citada considera como propietario del título de
crédito, a quien lo posea conforme a su forma de circulación. Puesto que
esta clase de títulos pueden emitirse en forma nominativa, a la orden y al
portador, cada una tiene una forma distinta de circulación. Derivado de
ello:
En el título nominativo, se considera propietario a la persona cuyo
nombre aparece en el documento y en el registro que de esta clase de
74 Loc. Cit. 75 Loc. Cit.
41
títulos debe llevar el creador. Si el título es endosado, el nuevo propietario
debe registrar su nombre ante el creador;
En el título a la orden, el propietario es el beneficiario o el último tenedor
a quien le hayan endosado el título;
En los títulos al portador, el propietario es quien lo porta; quien tiene la
posesión material del documento.76
En el artículo 408 se determina que “La emisión o transmisión de un título de
crédito no producirá, salvo pacto expreso, extinción de la relación que dio
lugar a tal emisión o transmisión.
La acción causal podrá ejercitarse restituyendo el título al demandado, y
no procederá sino en el caso de que el actor haya ejecutado los actos
necesarios para que el demandado pueda ejercitar las acciones que
pudieran corresponderle en virtud del título”.
Todo título de crédito, como negocio jurídico que es, tiene una causa que
se constituye por el motivo que originó su creación. En el antiguo código
de comercio, esta relación causal desaparecía si con relación a ella se
creaba un título de crédito. Con el código vigente, se estableció que
salvo pacto en contrario, la creación del título de crédito no extingue la
relación causal o sea, el llamado negocio subyacente; de manera que si el
título se perjudica, se puede cobrar por el documento que contiene esa
relación causal.77 O dicho en otras palabras, aunque el título de crédito se
destruya, la obligación contenida en el mismo subsiste y se puede exigir su
cumplimiento.
El tenedor de un título de crédito tiene también legitimación para la
relación causal, puede optar por ejercitar la acción causal, que en el
76 Ibíd., Villegas Lara, René Arturo, pág. 35. 77 Loc. Cit.; pág. 32.
42
fondo es una renuncia a la acción cambiaria. Sin embargo, para que no
quede la posibilidad de duplicar la pretensión, el sujeto que se decide por
el planteamiento de la acción causal debe restituir el título al demandado
o sea entregárselo, ya que en caso contrario, el derecho incorporado al
título seguiría vigente y podría hacerlo valer independientemente del
reclamo del negocio subyacente. Estas previsiones aseguran la seriedad
de un título y protegen al deudor frente a la posibilidad de un cobro
doble.78 De lo expuesto se concluye que una vez iniciada la acción causal
es prohibido ejecutar la acción cambiaria, puesto que se incurriría en una
duplicación en la obligación del pago, y para evitar esto, la ley exige que
una vez planteada esta acción se deba devolver inmediatamente al
demandado el documento en el que se fundamenta la acción.
Cuando un negocio da lugar a la emisión de títulos de crédito, lo correcto
es que en el documento en que se materializa la relación causal, se haga
ver por el saldo, además de constar en el mismo, se emitirán letras de
cambio, pagarés, etc., para establecer cierto grado de relación que más
tarde puede ser pauta correcta para definir un conflicto jurídico; además,
una conducta de esta naturaleza haría efectiva la buena fe de la
transacción mercantil frente a cualquier pretensor inescrupuloso.79 Dada la
situación actual que se vive en todos los países del mundo, es necesario
resguardar los intereses de las personas que hacen negocios por medio de
los títulos de crédito, para ello es necesario hacer constar en el texto de
estos documentos todas las condiciones y demás información relacionada
a la emisión y circulación de estos títulos.
Si el tenedor de un título de crédito decide recurrir a la acción causal en
lugar de la acción cambiaria para la satisfacción de un derecho, este
78 Ibíd., Villegas Lara, René Arturo, pág. 32. 79 Loc. Cit.; pág. 33.
43
acto puede restar credibilidad en el título de crédito y seguridad en el
régimen jurídico. Al respecto, la norma establece que el actor sólo puede
optar por la relación causal, si antes ha ejecutado los actos necesarios
para que el obligado a pagar el título ejercite las acciones que tiene
permitidas.80
Según el artículo 409 del Código de Comercio, “extinguida la acción
cambiaria contra el acreedor, el tenedor del título que carezca de acción
causal contra éste, y de acción cambiaria o causal contra los demás
signatarios, puede exigir al creador la suma con que se haya enriquecido
en su daño. Esta acción prescribe en un año, contado desde el día en que
se extinguió la acción cambiaria”. En suma, nadie puede enriquecerse a
costa de otro. La ley, para evitar esto, establece una última oportunidad
de cobro por medio de la acción de enriquecimiento indebido. El cobro
de una deuda relacionado con un título de crédito se puede hacer:
Por medio de la acción cambiaria, con el título;
Por la acción causal proveniente del negocio subyacente; y
Por la acción de enriquecimiento indebido, en donde el título de crédito y
otros medios de convicción de la relación causal, son elementos de
prueba para demostrar el enriquecimiento indebido.81
De conformidad con el artículo 410 del Código de Comercio, “Los títulos de
crédito dados en pago se presumen recibidos bajo la condición: salvo buen
cobro, cualquiera que sea el motivo de la entrega”. El pago extingue la
obligación y el título de crédito es medio de pago; la obligación se extingue solo
si el título es definitivamente pagado.82 Por lo expuesto, se determina que
los títulos de crédito son representativos de una promesa de pago de
dinero, la cual se hará efectiva al momento de la entrega del título.
80 Loc. Cit. 81 Ibíd., Villegas Lara, René Arturo, pág. 33. 82 Loc. Cit.; pág. 34.
44
El artículo 411 del Código de Comercio dispone que “Los títulos representativos de
mercaderías atribuyen a su tenedor legítimo el derecho a la entrega de las
mercaderías en ellos especificadas, su posesión y el poder de disponer de las
mismas mediante la transferencia del título.
La reivindicación de las mercaderías representadas por los títulos a que
este artículo refiere, sólo podrá hacerse mediante la reivindicación del
título mismo, conforme a las normas aplicables al efecto”. En estos casos,
el tenedor del título no pretende el pago de dinero en efectivo, sino la
entrega de las mercaderías que el título representa.
El artículo 412 del Código de Comercio, determina que tanto los boletos, como
las fichas, contraseñas, billetes de lotería y otros documentos no destinados a
circular y que sirvan exclusivamente para identificar a quien tiene derecho para
exigir la prestación, no se rigen por las disposiciones reguladas en este
apartado de la ley.83 Por su parte el artículo 413 de la ley enunciada
preceptúa que “los títulos de la deuda pública, los billetes de banco y otros
títulos equivalentes, no se rigen por este Código, sino por sus leyes
especiales”.
I.14. Títulos de crédito que regula la legislación guatemalteca
a) Letra de cambio
La letra de cambio es un documento que contiene una orden por la cual
una persona encarga a otra el pago de una suma de dinero, a favor de
una persona determinada. Involucra en su creación a tres elementos
personales: el librador, que es la persona que da la orden; el girado que es
83 Ibíd., Villegas Lara, René Arturo, pág.34.
45
la persona a quien se imparte y el beneficiario que es la persona que ha
de recibir el pago.84
De conformidad con el artículo 441 del Código de Comercio vigente, es
“el título de crédito que contiene la orden incondicional de pagar una
suma determinada de dinero; el nombre del girado y la forma de
vencimiento”.
Las letras de cambio únicamente se pueden crear “a la orden”; la
obligación que se incorpora al documento deber ser incondicional, para
garantizar la certeza del derecho incorporado; y la obligación sólo puede
traducirse en un valor monetario. La moneda que se use para cumplir la
obligación, es la de curso legal en el lugar de pago.85 En virtud de lo
enunciado, las letras de cambio no pueden ser utilizadas para representar
el intercambio de mercancías, sino únicamente dinero.
Los sujetos principales que aparecen en el tráfico normal de una letra de
cambio y que son necesarios para la creación de ésta, son:
Librador: también llamado “girador o creador” del título. Es la persona
que suscribe el documento, o sea, quien lo crea. Su firma es
fundamental para la existencia del título. (Art. 386 inciso 5º. del Código
de Comercio)
Girado: también denominado “librado”. Es la persona a quien se le
ordena el pago de la letra de cambio, o sea, contra quien se crea la
letra. Su nombre debe aparecer en el contexto del título. (Art. 441 inciso
2º. del Código de Comercio)
84 Rodríguez Olivera, Nuri E. y Carlos E. López Rodríguez. “Clasificación de los títulos valores
en función de su objeto”. http://www.derechocomercial.edu.uy/ClaseTV04.htm. Uruguay,
año 2010, 16:45. 85 Villegas Lara, René Arturo, Op. Cit.; pág. 51.
46
Tomador o beneficiario: Es la persona en cuyo favor se crea la letra; a su
orden existe la obligación cambiaria. El nombre de beneficiario es
elemento esencial en la literalidad del documento porque por tratarse
de un título a la orden, debe expresar quién es el beneficiario.(Art. 418
del Código de Comercio)86
b) El pagaré
Es un título de crédito representativo de dinero en virtud del cual una
persona se confiesa deudora de otra, de una suma de dinero, y se obliga a
pagarla en un plazo determinado.87 Es decir, es el documento a través del
cual una persona promete por escrito que le pagará incondicionalmente
una suma de dinero a otra persona en la fecha fijada dentro del título.
El artículo 490 del Código de Comercio lo regula como un título de crédito
que contiene además de los requisitos del artículo 386: la promesa
incondicional de pagar una suma determinada de dinero y el nombre de
la persona a quien deba hacerse el pago.
En el artículo 493, el Código de Comercio establece que al pagaré, serán
aplicables en lo conducente, las disposiciones relativas a la letra de
cambio.
86 Loc. Cit.; pág. 52. 87 “De los títulos valores o títulos de crédito”, Op. Cit.; pág. 36.
47
c) El cheque
Es un título de crédito de contenido crediticio expedido en un formulario
preimpreso y a cargo de un banco, que solo puede ser pagado a la orden
o al portador.88
Por medio de este título de crédito una persona titular de una cuenta
bancaria monetaria autoriza a otra persona (individual o jurídica), a retirar
una cantidad de dinero determinada en este documento, sin necesidad
de que el titular de la cuenta esté presente al momento de hacer el retiro.
Otros autores, prefieren utilizar la definición de que el cheque es “un título
suscrito sobre un formato bancario preimpreso, contentivo de una orden
incondicional de pagar una cantidad determinada de dinero, dirigida por
el girador contra una entidad bancaria o librada para ser cancelada a su
presentación, con fundamento en un contrato de cuenta corriente
bancaria celebrada entre los dos”.89
Los artículos 386 y 495 del Código de Comercio señalan como requisitos del
cheque:
El nombre del título de que se trate.
La fecha y lugar de creación.
Los derechos que el título incorpora.
El lugar y la fecha de cumplimiento o ejercicio de tales derechos.
La firma de quien lo crea.
Y los propios, como lo son: La orden incondicional de pagar una
determinada suma de dinero y el nombre del banco librado.
88 Marroquín Velandía, Santiago. “Estudio del régimen legal Colombiano, sistema general
de títulos valores en la república de Colombia”.
http://www.bancoldex.com/documentos/266_4capitulo_ii_titulos_valores.pdf. Colombia,
Diciembre 2005, pág. 15, año 2010. 89 Loc. Cit.
48
En todos los casos, el cheque sólo puede ser librado contra un banco, en
formularios impresos suministrados o aprobados por el mismo. El librador
debe tener fondos disponibles en el Banco librado y haber recibido de éste
autorización expresa o tácita para disponer de esos fondos por medio de
cheques. (Artículos 494 y 496 del Código de Comercio).
Implica en su creación tres elementos personales: el librador que es la
persona que da la orden, el banco girado que es a quien se imparte la
orden y el beneficiario o portador que es la persona que ha de recibir el
pago90
El librador debe haber celebrado con el banco girado un previo contrato
de cuenta corriente y, además, debe haber depositado los importes
correspondientes de dinero para que se le asienten en el haber de su
cuenta. El depósito bancario en la cuenta corriente determina el
nacimiento de un crédito del depositante contra el banco, que se
convierte en su deudor.91
El beneficiario de la orden contenida en el cheque o el portador que lo ha
recibido es una persona a quien el librador debe el importe de ese cheque
por una relación extracartular. La entrega del cheque tiene por fin extinguir
el crédito nacido de esa relación previa.92
El cheque, como la letra de cambio, es un instrumento que sirve para
hacer pagos, mediante la intervención de un tercero pagador.93
90 Rodríguez Olivera, Nuri E. y Carlos E. López Rodríguez. Op. Cit. 91 Loc. Cit. 92 Op. Cit. 93 Loc. Cit.
49
d) Obligaciones de las sociedades o debentures
Los debentures, provienen de la palabra inglesa que significa vale o
certificado. Es de uso corriente en el léxico comercial de los países
americanos, aún cuando ninguna necesidad había de adoptarla, ya que
tiene su equivalente castellano en la palabra “obligaciones”. Los
debentures son títulos nominales o al portador, corrientemente
amortizables, con interés fijo, que pueden emitir las sociedades anónimas,
representativos de cantidades recibidas por las mismas en concepto de
préstamo.94 Son los títulos emitidos por las sociedades por acciones que
dividen el monto de su deuda en partes proporcionales que se encuentran
representados por estos documentos.
El código de comercio en el artículo 544, preceptúa que las obligaciones
son “títulos de crédito que incorporan una parte alícuota de un crédito
colectivo constituido a cargo de una sociedad anónima. Serán
consideradas bienes muebles, aun cuando estén garantizadas con
derechos reales sobre inmuebles”. Asimismo, en virtud del artículo 545 de la
misma ley, se plantea que podrán ser nominativas, a la orden o al portador
y tendrán igual valor nominal, que será de cien quetzales o múltiplos de
cien.
Como requisitos para su elaboración, el artículo 548 del Código de
Comercio estipula como obligatorios además de los consignados en el
artículo 386, los siguientes:
La denominación de obligación social o debentures.
El nombre, objeto y domicilio de la sociedad creadora.
94 Ossorio, Manuel, Op. Cit.; pág. 197.
50
El monto del capital autorizado y la parte pagada del mismo, así como
el de su activo y pasivo, según el resultado de la auditoría que deberá
practicarse, precisamente para proceder a la creación de
obligaciones.
El importe de la emisión, con expresión del número y del valor nominal
de las obligaciones.
La indicación de la cantidad efectivamente recibida por la sociedad
creadora, en los casos en que la emisión se coloque bajo la par o
mediante el pago de comisiones.
El tipo de interés.
La forma de amortización de los títulos.
La especificación de las garantías especiales que se constituyan, así
como los datos de su inscripción en el registro correspondiente.
El lugar, la fecha y el número de la escritura de creación, así como el
nombre del notario autorizante y el número y fecha de la inscripción de
la escritura en el Registro Mercantil.
La firma de la persona designada como representante común de los
tenedores.
e) Certificado de depósito y el bono de prenda
El certificado de depósito también es llamado “warrant”, que significa
garantía.95 Constituye un titulo valor representativo de mercadería por
excelencia, acredita la propiedad de las mercaderías o bienes
depositados en el almacén que lo emite, asimismo confiere a su titular
95 Ibíd. Ossorio, Manuel, pág. 792.
51
derechos crediticios, dominiales o patrimoniales y de participación. Es un
título negociable en la bolsa de productos.96
También se puede definir como un titulo valor originado en un contrato de
depósito de Almacenes Generales de Depósito, por el cual una persona
guarda mercaderías o bienes muebles en los almacenes de un
comerciante llamado “administrador general de depósito”. A cambio de
esto, entrega al usuario dos documentos, un documento llamado
“Certificado de Depósito” y otro llamado “Bono de Prenda”. El certificado
de depósito representa e identifica la cantidad, calidad, peso y medida
de la mercadería depositada o de los bienes depositados.97
Por otro lado el bono de prenda lo emite el almacén general de depósito,
deberá siempre expedirse anexo al certificado de depósito. Este bono
acredita “la constitución de un crédito prendario sobre las mercancías o
bienes indicados en el certificado de depósito correspondiente”.98 Este
bono representa el valor del bien depositado, este bono de prenda sirve
para garantizar una operación de préstamo o mutuo en una cantidad
bancaria, operación que recibe el nombre de warrant.99
Los almacenes de depósito tienen por objeto el almacenamiento, guarda
y conservación de bienes o mercancías; entendiéndose por
almacenamiento la función de colocar, estibar o poner los bienes o
mercancías en su bodega; guardar, que consiste en el cuidado que se
96 Villanueva Haro, Benito. “Introducción a los certificados de depósito”.
http://www.injef.com/php/index2.php?option=content&do_pdf=1&id=589. 21 de
septiembre de 2004, pág. 1. año 2010. 97“Certificado de depósito y bono de prenda”.
http://apuntesingenierialegal.blogspot.com/2008/07/certificado-de-deposito-y-bono-
de.html, pág. 2., año 2010. 98 Loc. Cit.; pág. 5. 99 Op. Cit.
52
tiene de los bienes o mercancías almacenadas o encomendadas; y
finalmente la conservación, que implica todas aquellas medidas
encomendadas al buen mantenimiento de lo depositado.100
Las mercancías depositadas en los almacenes de depósito y amparadas
por certificados de depósito y bonos de prenda que estos emiten, son
utilizadas como garantía de financiamiento tanto por la banca nacional
como por la extranjera, mismas que permiten efectuar negociaciones con
mayor rapidez a la vez que el productor cuenta con mayor liquidez para
efectuar sus funciones de mercadeo en la forma más rentable posible.101
Doctrinariamente, los Certificados de Depósito se dividen en:
Simples: cuando se entrega u ordena el depósito de mercadería sea
por el titular de estas o por un tercero (juez, arbitro o acreedor)
Financieros: cuando una entidad financiera o bancaria entrega u
ordena el depósito de mercadería sea en garantía, embargo o
secuestro.
Aduanas: cuando el almacén general de aduanas conserva, retiene,
revisa y reconoce la mercadería mientras se pagan los tributos
aduaneros (derechos arancelarios, antidumping, compensatorios etc.) y
se nacionaliza la mercadería.102
Al respecto, el Código de Comercio en los artículos 585 y 586, determina
que el certificado de depósito tendrá la calidad de título representativo de
las mercaderías por él amparadas; y que el bono de prenda incorporará
un crédito prendario sobre las mercaderías amparadas por el certificado
100 Loc. Cit.; pág. 2. 101 Ibíd. “El certificado de depósito y el bono de prenda”, pág. 2. 102 Villanueva Haro, Benito. Op. Cit.; Pág. 1.
53
de depósito. Asimismo, refiere la regulación de estos temas a la ley
específica, la Ley de Almacenes Generales de Depósito.
El artículo 7 de la Ley de Almacenes Generales de Depósito define a los
certificados de depósito como “títulos representativos de la propiedad de
los productos o mercancías de que se trate y contienen el contrato
celebrado entre los almacenes como depositarios y los respectivos dueños
como depositantes. La propiedad del adquiriente de un certificado de
depósito, queda subordinada a los derechos prendarios del tenedor del
bono o bonos de prenda que se hayan emitido, así como el pago de
todas las sumas que se deben a los almacenes y los demás gastos
comprobados que se hayan causado”.
De conformidad con el artículo 8 de la ley citada, los bonos de prenda
representan el contrato de mutuo celebrado entre el dueño de las
mercancías o productos y el prestamista, con la consiguiente garantía de
los artículos depositados. Dichos bonos confieren, por sí mismos, los
derechos y privilegios de un crédito prendario.
Este tipo de títulos de crédito surgen cuando las empresas productoras
buscan resguardar sus mercancías en los almacenes generales de
depósito. Estas entidades al recibirlas, extienden al dueño el certificado de
depósito, en él se hace constar la descripción de las mercancías
depositadas y a su vez sirve como comprobante de la propiedad sobre las
mismas. Ahora bien, cuando el propietario de las mercancías adquiere un
préstamo con garantía prendaria sobre estos bienes depositados, el
almacén debe extender juntamente con el certificado de depósito, el
bono de prenda. Este bono quedará en poder de la institución que ha
otorgado el crédito y será entregado al propietario de las mercancías
54
depositadas en el almacén general de depósito, una vez cancele el
monto del préstamo.
En cumplimiento del artículo 9 de la referida ley, al emitirse el certificado
de depósito y el bono de prenda deben consignarse en ellos:
El nombre completo y domicilio del depositante;
La identificación precisa de las mercancías o productos de que se trate;
La fecha de vencimiento;
El nombre del almacén emisor y los demás detalles que determine el
reglamento;
Los formularios de esos títulos deben ser autorizados por la
Superintendencia de Bancos.
Para que puedan expedirse certificados de depósito y bonos de prenda,
es preciso que las mercancías o productos se hallen libres de todo
gravamen o embargo judicial que haya sido previamente notificado al
almacén emisor. Cuando tal gravamen o embargo no hubiere sido
notificado antes de la expedición de los títulos, se tendrá como inexistente.
El certificado de depósito y el bono de prenda se deben emitir
nominativamente, a favor del depositante o de un tercero designado por
éste y pueden ser endosados conjunta o separadamente.
Además, según lo estipulado por el artículo 11 de este cuerpo legal, estos
documentos tendrán la calidad de títulos ejecutivos, sin necesidad de
protesto, requerimiento o diligencia alguna, para el solo efecto de que sus
tenedores legales puedan exigir respectivamente la devolución de los
bienes o el pago de las sumas adeudadas.
55
f) Carta de porte o conocimiento de embarque
La carta de porte es el instrumento que documenta el contrato de
transporte. Se extiende por lo menos, por duplicado: una vía se da al
cargador y el transportador se queda con otra. Mediante su transferencia,
se trasmite la disponibilidad de los bienes.103
La carta de porte en manos del cargador es un título representativo de las
mercaderías o de los bienes transportados. Y en virtud de ella:
El tenedor de la carta de porte tiene la disponibilidad material de los
bienes transportados;
El poseedor de ésta es quien tiene derecho a reclamar la entrega de los
bienes transportados;
El cargador puede trasmitir la carta de porte y con ella trasmitir su
derecho a exigir la entrega de los bienes objeto del transporte;
El transportador, mediante la carta de porte, tiene derecho y acción
para cobrar el importe del flete.104
El artículo 588 del Código de Comercio determina que el conocimiento de
embarque servirá para amparar mercaderías transportadas por vía
marítima. Mientras que la carta de porte, servirá para amparar
mercaderías transportadas por vía aérea o terrestre.
Además de cumplir con los requisitos de todo título de crédito, los artículos
589 y 590 de este código, disponen que la carta de porte o conocimiento
de embarque deba contener:
El nombre de carta de porte o conocimiento de embarque.
El nombre y el domicilio del transportador.
103 Rodríguez Olivera, Nuri E. y Carlos E. López Rodríguez. Op. Cit. 104 Loc. Cit.
56
El nombre y el domicilio del cargador.
El nombre y el domicilio de la persona a cuya orden se expide, o la
indicación de ser el título al portador.
El número de orden que corresponda al título.
La descripción pormenorizada de las mercaderías que habrán de
transportarse.
La indicación de los fletes y demás gastos del transporte, de las tarifas
aplicables y la de haber sido pagados los fletes o ser éstos por cobrar.
La mención de los lugares y fechas de salida y de destino.
La indicación del medio de transporte.
Si el transporte fuera por vehículo determinado, los datos necesarios
para su identificación.
Las bases para determinar el monto de las responsabilidades del
transportador, en casos de pérdidas o averías.
Cualesquiera otras condiciones o pactos que acordaren los
contratantes.
La mención de ser recibido para embarque.
La indicación del lugar donde habrán de guardarse las mercaderías
mientras el embarque se realiza.
El plazo fijado para el embarque.
Las cartas de porte y conocimiento de embarque para tráfico
internacional, se regirán por las leyes aduaneras.
En suma, la carta de porte y el conocimiento de embarque son títulos de
crédito que sirven como constancia de las mercaderías que han sido
embarcadas y que son susceptibles de ser reclamadas en el lugar destino
o de embarque.
57
g) La Factura cambiaria
Es un título de contenido crediticio relacionado con la compraventa de
mercancías o el transporte de cosas, que incorporan el derecho a percibir
el valor de las mercaderías o el flete de las transportadas.105
También es el título valor que el vendedor entrega al comprador de
mercadería por las ventas que realiza a plazo. Cuando una factura
cambiaria es aceptada por el comprador, se convierte en un título
ejecutivo, es representativa de cuotas, consigna el número de estas y la
fecha de vencimiento.106
Como sujetos de la factura cambiaria se encuentran:
El librador-beneficiario. Es el vendedor de la mercadería o sea quien
crea la factura.
El librador-aceptante. Es el comprador de la mercadería, y quien por
mandato legal está obligado a aceptar la factura que le libre el
vendedor.107
El Código de Comercio en el artículo 591 conceptualiza a la factura
cambiaria como “el título de crédito que en la compraventa de
mercaderías el vendedor podrá librar y entregar o remitir al comprador y
que incorpora un derecho de crédito sobre la totalidad o la parte insoluta
de la compraventa. El comprador estará obligado a devolver al vendedor,
debidamente aceptada, la factura cambiaria original en las condiciones
que establece la ley. No se podrá librar factura cambiaria que no
105 Marroquín Velandía, Santiago, Op. Cit.; pág. 20. 106 “Factura cambiaria”. http://apuntesingenierialegal.blogspot.com/2008/07/factura-
cambiara.html. Año 2010. 107 Tu derecho.com. “La factura cambiaria”.
http://www.estuderecho.com/documentos/derechomercantil/000000997908d52e0.html,
año 2010.
58
corresponda a una venta efectiva de mercaderías entregadas, real o
simbólicamente”.
En otras palabras, la factura cambiaria es el documento con el cual el
vendedor ampara la venta efectiva de mercaderías realizadas al
comprador, pero no de cualquier mercadería, sino de las que representa
la factura cambiaria y por el valor que en ésta se consigna.
Como excepción a la regla, el artículo 592 de este código estipula:
“Quedan exceptuadas del régimen aquí dispuesto, aquellas
compraventas documentadas con letras de cambio, pagarés u otros títulos
de crédito”.
En cuanto a la formalización, el artículo 593 del referido cuerpo legal
determina que “Una vez que la factura cambiaria fuese aceptada por el
comprador, se considerará, frente a terceros de buena fe, que el contrato
de compraventa ha sido debidamente ejecutado en la forma expuesta en
la misma”.
El Código de Comercio preceptúa en el artículo 594 que además de los
requisitos que debe llevar todo título de crédito, la factura cambiaria
deberá contener:
El número de orden del título librado.
El nombre y domicilio del comprador.
La denominación y características principales de las mercaderías
vendidas.
El precio unitario y el precio total de las mismas.
La omisión de cualquiera de los requisitos de los incisos anteriores, no
afectará la validez del negocio jurídico que dio origen a la factura
cambiaria, pero ésta perderá su calidad de título de crédito.
59
h) La cédula hipotecaria
Es un título de crédito expedido por una institución bancaria, para la
financiación de sus operaciones de préstamo. Tales títulos se entregan al
prestatario en vez de moneda y devengan el interés legalmente
establecido. Son títulos amortizables108, o pagaderos en cuotas y en un
plazo determinado, normalmente establecido por el banco.
Este título de crédito representa todo o una parte alícuota de un crédito
garantizado con un derecho hipotecario. La persona emisora del título
puede ser una persona particular o una institución bancaria.109
La cédula hipotecaria constituye un título representativo de dinero que es
otorgado en calidad de préstamo a una institución bancaria y esta última
afianza el préstamo con una garantía hipotecaria. Por medio de este tipo
de acciones, los bancos pueden financiar sus operaciones de préstamo
con otras personas.
El artículo 605 del Código de Comercio estipula que las cédulas
hipotecarias emitidas de conformidad con la ley, serán títulos de crédito y
aunque son garantizadas con hipoteca, no perderán su calidad de
muebles.
Para emitir cédulas hipotecarias se sigue un procedimiento que agota dos
momentos principales. Otorgar una escritura pública en la que se
constituya la hipoteca sobre uno o varios inmuebles que van a garantizar
108 Ossorio, Manuel, Op. Cit.; pág. 119. 109 Es tu derecho.com. “La cédula hipotecaria”.
http://www.estuderecho.com/documentos/derechomercantil/000000997908d54e8.html.
año 2010.
60
las cédulas que se emitan. Esta escritura debe contener los requisitos
establecidos en el artículo 865 del Código Civil, los cuales son:
El monto del crédito representado por las cédulas y el monto de cada
serie; si se emitieron varias;
El valor y número de cédulas que se emiten y la serie a que pertenecen;
El tipo de interés y el tiempo y lugar del pago;
El Plazo del pago o los pagos sucesivos en caso de hacerse
amortizaciones graduales;
Identificación de la finca o fincas hipotecadas y expresión del monto
del avalúo practicado;
Designación de persona o institución que como agente financiero esté
encargado del servicio de la deuda, pago de intereses, comisiones y
amortizaciones;
El nombre de la persona o institución a cuyo favor se hace la emisión,
en caso de que no fuere al portador y el del propio otorgante si fuere a
su favor;
La especificación de las emisiones anteriores, si las hubiere; y
Si la emisión se dividiere en series, el orden de preferencia para su pago,
si se hubiere establecido.
Otorgada la escritura e inscrita la garantía, se emiten las cédulas cuya
particularidad, en cuanto a su valor nominal, es que deben ser del valor de
cien quetzales o de cualquier múltiplo de cien.110
i) El vale
Es un documento que contiene la promesa de quien lo suscribe de pagar
una suma de dinero. Involucra en su creación a dos elementos personales:
110 Ibíd. Es tu derecho.com. “La cédula hipotecaria”.
61
el creador o librador que es quien se obliga a pagar y el beneficiario que
es la persona que ha de recibir el pago.111
Quien crea un vale a favor de una persona determinada, lo hace porque
está previamente vinculado con esa persona por un negocio jurídico que
se llama relación extracartular o relación extra cambiaria o relación
fundamental.112
El Código de Comercio en el artículo 607 presenta el concepto legal del
vale, definiéndolo como “un título de crédito, por el cual la persona que lo
firma se reconoce deudora de otra, por el valor de bienes entregados o
servicios prestados y se obliga a pagarlos”.
De lo anterior, se puede establecer que se trata de un título tipificado en la
ley, en el que la obligación incorporada es la de pagar una suma
determinada de dinero. En segundo lugar, al expresar que la obligación
tiene su origen en un bien entregado o en un servicio prestado, lo
convierte en un título causal y lo sujeta al negocio subyacente del cual
proviene.113
Se puede decir que el vale se asemeja al pagaré en la medida en que,
quien lo crea, se reconoce deudor de la obligación pecuniaria que el título
contiene. Es pues, una promesa de pago. Pero a diferencia del pagaré,
este título expresa la relación jurídica (negocio subyacente) de la que
proviene. Si el vale proviniera de la compra de una mercadería, el sujeto
111 Rodríguez Olivera, Nuri E. y Carlos E. López Rodríguez. Op. Cit. 112 Ibíd. 113
Es tu derecho.com. “El vale”.
http://www.estuderecho.com/documentos/derechomercantil/000000997908d51de.html,
año 2010.
62
vendedor sería el “tomador o beneficiario”; y el comprador el “librador-
librado” al mismo tiempo.114
j) Bono bancario
El bono bancario es “el título de crédito creado por un banco, que
incorpora los derechos correspondientes a una parte alícuota de un
crédito colectivo, constituido a su cargo, garantizado por el conjunto de
préstamos a cuya financiación se destinan y su garantía anexa, por las
demás inversiones y activos del banco y la responsabilidad subsidiaria que,
en casos especiales, otorgue al Estado, las entidades públicas o las
instituciones financieras oficiales o semioficiales.”115
Este título es emitido por una institución bancaria con el objeto de percibir
los recursos económicos necesarios para financiar sus operaciones por un
lapso no menor de un año. El pago de este crédito se realiza con la
amortización y pago de intereses de los préstamos generados con el
crédito recibido y su cumplimiento se afianza con los activos e inversiones
de la institución.
Los bonos bancarios tienen las siguientes características:
Podrán crearse físicamente o representarse por medio de anotaciones
en cuenta.
Los bonos físicos son emitidos al portador, a la orden, o nominativos.
Los bonos físicos son transferibles mediante la costumbre.
Los bonos físicos constituyen título ejecutivo.
114 Es tu derecho.com. Op. Cit. 115 Fuentes López, Rudy Reyes. “Procedimiento para la creación y emisión de bonos
bancarios”. Tesis. Universidad de San Carlos de Guatemala. Pág. 41.
63
Los bonos creados por medio de anotaciones en cuenta, se crearán
por asiento correspondiente en los libros de contabilidad del banco.
Se emiten según reglamento establecido en la escritura de autorización
de cada serie.
Los bonos solo pueden ser emitidos por un banco.
Los bonos deben ser registrados en la Superintendencia de Bancos y
con autorización de la Junta Monetaria.
Devengan interés desde la fecha de creación hasta el vencimiento.
Los bonos pueden inscribirse en la bolsa de valores.116
Como elementos personales de los bonos bancarios, se encuentran:
Librador-librado, es la institución bancaria, quien emite el título.
Tomador o beneficiario: es la persona que acredita tener el derecho
que el título incorpora.117
De conformidad con la Resolución de la Junta Monetaria número JM-95-
2004, Bonos, publicada en el Diario de Centroamérica el 13 de mayo de
2005, esta entidad previo a aprobar la solicitud de creación y negociación
de los bonos bancarios, requerirá que se encuentre el dictamen de la
Superintendencia de Bancos, indicando que el consejo de administración
del banco aprobó el reglamento para la emisión, negociación de los
Bonos bancarios, cumpliendo con el encaje legal en moneda nacional o
extranjera o ambas a la vez, contando con un nivel adecuado para
atender sus requerimientos de liquidez y solvencia, presentando una
posición patrimonial positiva que le permita un margen de expansión de
operaciones dando un mayor respaldo financiero y seguridad,
manteniendo el nivel de normativa requerida para su funcionamiento, así
como indicar al banco que se regirán por el reglamento aprobado por el
116 Loc. Cit, pág. 42. 117 Loc. Cit.; pág. 43.
64
consejo de administración de la institución, el cual solo podrá ser
modificado con autorización previa de la Superintendencia de Bancos.118
Deberá cumplir con las condiciones siguientes:
Denominación: Los títulos serán denominados bonos bancarios
adjuntando el nombre del banco, expresados en quetzales o dólares.
Determinar el objeto: El reglamento determina las normas y
procedimientos aplicables a los bonos bancarios, expresados en
quetzales o dólares, con el objeto de captar recursos mediante la
emisión de los bonos, que se destinarán a financiar las operaciones
activas autorizadas en el Decreto 19-2002, Ley de Bancos y Grupos
Financieros así como las disposiciones reglamentarias a que deben
sujetarse los bancos, emitidas por la Junta Monetaria.
Establecer un monto de capital: La que va a determinar la cantidad
máxima que el banco determine a consideración de la Junta
Monetaria, el cual utilizará para la creación y negociación de los bonos
bancarios.
Plazo: que comprenderá el tiempo de vida del bono, que oscilará entre
uno y veinticinco (1 y 25) años.
Especificar tasa de interés: Será establecida por el Consejo de
Administración del banco la que podrá ser fija o variable, en todo caso
deberá consignarse en cada título.
Fijar una garantía: Será con los activos del banco, excepto los gravados
por emisiones de obligaciones con garantía específica.
Régimen: Indicar al banco que la creación y negociación de los bonos
cuyas condiciones determinadas por la Junta Monetaria y lo relativo al
reglamento aprobado por el consejo de administración de la entidad
118 Ibíd. Fuentes López, Rudy Reyes, pág. 42.
65
bancaria, el cual solo podrá ser modificado con previa autorización de
la Superintendencia de bancos.
Destino: Servirá para financiar operaciones activas permitidas por la Ley
de Bancos y Grupos financieros.119
Además, los bonos bancarios deberán contener los siguientes datos:
Nombre del banco.
b) Denominación de los bonos.
c) Monto total autorizado.
Número de orden y serie a que correspondan.
Indicación de ser un título nominativo, a la orden o al portador.
Valor nominal en quetzales o dólares.
Monto de la serie.
Monto del capital pagado y reservas del capital del banco, según los
últimos estados financieros disponibles.
Plazo.
Lugar y fecha de la escritura pública de creación.
Fecha de vencimiento.
Formas de amortización y fechas de pago de capital.
Firmas de las personas autorizadas por el Consejo de Administración del
banco para suscribir los bonos.
Garantía.
Lugar y pago de capital e intereses.
Comisión de recompra si fuese el caso.
Número y fecha de la resolución de la Junta Monetaria en la que
apruebe el reglamento y el cupón de los bonos.
Número y fecha del acta de la sesión del Consejo de Administración del
banco, en la cual se autoriza la creación y emisión de los bonos.
119 Ibíd. Fuentes López, Rudy Reyes, pág. 42 y 43
66
En el reverso de los bonos se imprimirán las partes conducentes del
presente reglamento y de la escritura de creación de la serie
respectiva.120
Los bonos bancarios se regirán de conformidad con lo estipulado en el
Decreto 2-70 del Congreso de la República y sus reformas, Código de
Comercio de Guatemala, el cual en el artículo 608 establece: “Los bonos
bancarios son títulos de crédito y se regirán por sus leyes especiales y
supletoriamente por lo establecido en este Código”. Asimismo se regirá por
las disposiciones aplicables a dichos títulos de crédito contenidas en la Ley
de Bancos y Grupos Financieros, Decreto 19-2002; en las disposiciones
reglamentarias a que deban sujetarse los bancos, emitidas por la Junta
Monetaria en aplicación de la ley; en las normas aprobadas por la Junta
Monetaria; en la Ley de Sociedades Financieras; en la Ley de Libre
Negociación de Divisas; en la Ley del Mercado de Valores y Mercancías,
en lo referente al Título VI: De los valores representados por medio de
anotaciones en cuenta, en las disposiciones reglamentarias de dichas
leyes, en el reglamento emitido por el banco y otras que le sean
aplicables.121
k) Certificado fiduciario
La doctrina establece que siendo el certificado fiduciario un título de
crédito, otorga derechos a su titular en cualquiera de las formas
siguientes:122
120 Fuentes López, Rudy Reyes. Op. Cit.; págs. 50 y 51. 121 Ibíd., pág. 51. 122
Es tu derecho.com “Certificado fiduciario”.
http://www.estuderecho.com/documentos/derechomercantil/000000997908d48bc.html,
año 2010.
67
A una parte alícuota de lo que produzcan los bienes fideicometidos. En
este caso, el tenedor del título es un fideicomisario partícipe, con derechos
de acreedor. Al poseer uno de estos certificados, la persona que lo ostenta
tiene derecho a percibir los frutos que produzcan los bienes que han sido
objeto del fideicomiso, tal y como si fuera la persona beneficiada a favor
de la cual se hubiere constituido el mismo.
A una parte alícuota de los derechos de propiedad sobre los bienes
fideicometidos o sobre el precio que se obtenga de su venta. En este caso
el certificado representa un derecho de copropiedad o una acreeduría
sobre parte del precio que se obtuviera al venderlos y a una parte
determinada del bien inmueble fideicometido, en cuyo caso el certificado
representa un derecho de propiedad inmueble.
Estos certificados pueden ser creados a la orden, al portador o ser
nominados, pero si el bien es inmueble, es obligatoria la modalidad
nominativa.123
El Código de Comercio del Artículo 609 al 614 regula lo concerniente a los
certificados fiduciarios, y con respecto a ello estipula:
Sólo pueden emitirse certificados fiduciarios como consecuencia de
fideicomisos establecidos con esa finalidad.
Para la creación de certificados fiduciarios, deberá seguirse el
procedimiento que establece la ley para la emisión de bonos bancarios.
Los certificados fiduciarios tienen carácter de títulos de crédito y atribuirán
a sus titulares alguno o algunos de los siguientes derechos:
A una parte alícuota de los productos de los bienes fideicometidos.
123 Loc. Cit.
68
A una parte alícuota del derecho de propiedad sobre dichos bienes, o
sobre el precio que se obtenga en la venta de los mismos.
Al derecho de propiedad sobre una parte determinada del bien
inmueble fideicometido.
Los certificados fiduciarios deben contener, además de los requisitos
generales establecidos para los títulos de crédito, los siguientes:
La mención de ser: certificado o fiduciario.
Los datos que identifiquen la escritura de constitución del fideicomiso y
la creación de los propios certificados.
La descripción de los bienes fideicometidos.
El avalúo de los bienes, si los certificados tuvieren valor nominal.
Las facultades del fiduciario.
Los derechos de los tenedores con circunstanciada expresión de las
condiciones de su ejercicio.
La firma del fiduciario y la del representante de la autoridad
administrativa que intervenga en la creación de los títulos.
69
CAPÍTULO II
II. Títulos representativos
La prestación consignada en un título de crédito puede también consistir
en la entrega de cosas muebles o mercancías. La obligación del deudor
no ha de ser siempre una suma de dinero determinada y determinable; el
título de crédito es una forma aplicable en principio a todas las
obligaciones de contenido patrimonial, y de aquí que la prestación
consignada en su texto pueda consistir también en la entrega de una
cosa material fungible o no. En tal supuesto, el deudor se libera de su
débito efectuando la expresada entrega el día convenido para ello. 124
El obligado puede haber prometido una o varias cosas que existan en su
patrocinio, o que habrá de procurarse para la fecha marcada como
vencimiento de su débito.125
Los documentos que se extienden contra la entrega de una cosa material,
tal como sucede con el transporte por tierra o por mar, y en el contrato de
depósito, suponen que el porteador, depositario, fletante que reciben las
mercancías para su custodia, o para la custodia o conducción en su caso
de uno a otro lugar, entreguen al dueño o al cargador de tales
mercancías un título justificativo del recibo de aquellas, las cuales sólo
habrán de devolver contra la entrega del título extendido.126
124 Vicente y Gella, Agustín. “Los títulos de crédito en la doctrina y en el derecho positivo”.
Op. Cit.; págs. 162 y 163. 125 Loc. Cit. 126 Loc. Cit.
70
Quien tiene en su poder un título de esta naturaleza, sabe que responde a
la existencia real de un objeto externo que guarda bajo su custodia el
emisor de dicho título, y que éste habrá de devolverlo a su tiempo contra
la entrega del documento que expidió. De aquí la posibilidad de que el
título en cuestión represente las cosas depositadas, y el que el derecho
mercantil haya hecho de los efectos referidos, uno de los procedimientos
de circulación de mercancías.127
El título representativo es una de las instituciones más interesantes del
derecho mercantil y uno de los procedimientos de mayor importancia
adoptados por el comercio moderno para la circulación de bienes. A
simple vista, la transmisión material reiterada de ciertas mercancías sería
imposible, no por su volumen y cantidad, sino porque el vendedor no las
tiene en su poder. En todos los casos, el propietario de tales mercancías
que por una u otra causa no las tiene consigo, posee sin embargo, un
documento acreditativo de que le pertenecen.128
Nada impide entonces que el título así extendido, represente a los mismos
efectos depositados, que quien lo tenga en su poder, se considere que
posee materialmente las cosas a que se refiere, que quien adquiere la
propiedad de dicho documento adquiera ipso iure (en pleno derecho) la
propiedad de las mercancías que representa, que aquél a quien se
entregue en prenda el título en cuestión se considere acreedor
pignoraticio sobre los mismos efectos depositados, y en definitiva, que el
documento extendido por quien tiene bajo su custodia por uno y otro título
las mercancías de que se trata sea la representación de éstas, y el medio
de circulación de las mismas mediante la transmisión del título citado. Se
trata entonces de una verdadera ficción, necesaria para facilitar la
127 Ibíd. Vicente y Gella, Agustín, pág. 164. 128 Loc. Cit.
71
tradición de objetos materiales cuya entrega efectiva sería muchas veces
absolutamente imposible.129
En conclusión, los títulos representativos permiten la libre circulación de
mercancías, riqueza y créditos.
II.1. Antecedentes históricos
Guillermo F. Margadant, citado por Pedro Astudillo Ursúa, dice que en la
antigüedad, los contratos reales se perfeccionaban mediante el
consentimiento unido a la entrega de un objeto. Es decir que en Derecho
romano, para adquirir derechos reales no basta el simple acuerdo de
voluntades, sino que es necesario un acto real de efectiva transmisión de
la posesión de la cosa por medio de la tradición. 130
La tradición real fue perdiendo su primitiva significación y aparecieron
casos en los que la entrega material de la cosa se sustituía por actos
jurídicos que permitían o facilitaban la adquisición de los derechos reales,
sin necesidad de una tradición efectiva. Estas formas fueron la “longa
manu” (Se produce la entrega de la posesión con el simple señalamiento a
distancia)131, la “brevi manu” (El que adquiere una cosa la tiene ya en su
poder)132 y la “constitutum possessorioum” (Cuando una persona que
posee en nombre propio pasa a poseer en nombre ajeno)133 ; pero fue en
la Edad Media cuando se creó un amplio sistema de tradición de la
posesión por medio de signos y de palabras y los intérpretes y
129 Ibíd. Vicente y Gella, Agustín, pág. 164. 130 Astudillo Ursúa, Pedro. “Los títulos de crédito. Parte general”. Argentina, Ed. Porrúa, S.A.,
pág. 177. 131 El ergonomista. Derecho romano, posesión.
http://www.elergonomista.com/derechoromano/posesion.htm. año 2010. 132 Loc. Cit. 133 Loc. Cit.
72
comentaristas admiten junto a la tradición real, la “traditio fictia”, que
podía llevarse a cabo con cualquier símbolo, como podían ser la entrega
del título o de las llaves. Por este camino se llegó a la norma de que la
tradición del título (contrato) tiene la misma fuerza que la transmisión de la
cosa. Las tradiciones por “chartam”, son el antecedente inmediato de los
títulos de crédito llamados “de tradición o representativos de derechos
reales”.134
El caso más común y corriente de tradición simbólica en el derecho
mercantil, es la tradición de mercancías en posesión de capitanes de
buques, de porteadores y almacenistas, llevada a efecto por medio de la
entrega de los documentos referentes a esas mercancías. Por este
camino, los llamados conocimientos de embarque, carta de porte,
resguardo de almacén o certificado de depósito, representaron las
mercancías; y la tradición del título, significó la tradición de las mercancías,
cuyos derechos reales incorporan esos títulos. De ahí que desde su origen,
los títulos representativos o de tradición, tengan dos funciones:
Sirven para acreditar la obligación que una persona tiene de entregar a
otra determinados bienes; y
Sustituyen a estos bienes en el tráfico comercial, porque la tradición de
los títulos implica la tradición de los derechos reales, incorporados en los
propios títulos. 135
En todos los casos, estos títulos facultan al tenedor de los mismos a disponer
de forma exclusiva de los bienes, mercancía o riqueza que éstos
representan.
134 Astudillo Ursúa, Pedro. Op. Cit. Pág. 177. 135 Ibíd. Astudillo Ursúa, Pedro, pág. 178.
73
II.2. Definición
Los títulos representativos también son llamados en doctrina “títulos de
tradición o reales”.136
Al respecto, Joaquín Garrigues, expresa que “los títulos de tradición son
aquellos que permiten a su poseedor no sólo reclamar la restitución de la
mercancía a la que se refieren, sino disponer de ella como si se tuviera su
posesión”; y agrega: “La entrega del título, cuando el suscriptor se halla en
posesión de la cosa, produce los mismos efectos que la entrega real de
ésta”. De ahí el nombre de títulos de tradición. “Se trata de una clase
especial de títulos valores en la cual al derecho a la prestación (derecho
de crédito), se suma el derecho a disponer de la cosa como si esa
prestación se hubiese ya realizado”.137 Estos títulos permiten a quien los
tenga en su poder, la facultad de disponer de ellos como si los tuviera
físicamente, lo cual facilita y expedita las relaciones de transacción y
comercio actuales.
La prestación consignada en un título de crédito puede también consistir
en la entrega de cosas muebles o mercancías. La obligación del deudor
no ha de ser siempre una suma de dinero determinada y determinable; el
título de crédito es una forma aplicable en principio a todas las
obligaciones de contenido patrimonial, y de aquí que la prestación
consignada en su texto pueda consistir también en la entrega de una cosa
material fungible o no. En tal supuesto, el deudor se libera de su débito
efectuando la expresada entrega el día convenido para ello. El obligado
puede haber prometido una o varias cosas que existan en su patrimonio, o
136 Cervantes Ahumada, Raúl. “Títulos y operaciones de crédito”, Op. Cit.; pág. 17. 137 Astudillo Ursúa, Pedro. Op. Cit; pág. 183.
74
que habrá de procurarse para la fecha marcada como vencimiento de su
débito.138
Astudillo Ursúa preceptúa que los títulos representativos de mercancías son
la representación más cabal de la incorporación del derecho en el título
de crédito. En efecto, el derecho de propiedad o de algún otro derecho
real a través de un simbolismo jurídico y de disposición de un bien, están
representados en el respectivo título. En otras palabras, la transmisión del
título significa la transmisión del bien que él representa, de los derechos
sobre el bien de que se trate, y las modificaciones jurídicas del título
repercuten en el estatus jurídico de los derechos reales así
representados.139 Derivado de esta circunstancia, es que se extiende el
bono de prenda juntamente con el certificado de depósito en los casos de
créditos otorgados sobre las mercancías depositadas en los almacenes
generales de depósitos, a través del bono de prenda se garantiza
efectivamente que los bienes que constituirán el crédito, se encuentran
libres de todo tipo de gravamen, de esta forma se protege a quien tiene
derecho a reclamar el pago del crédito.
Para Fernando Sánchez Calero, citado por César E. Ramos Padilla, los
títulos de tradición o representativos son: “Aquellos que atribuyen a su
poseedor el derecho a la entrega de unas determinadas mercancías, la
posesión de las mismas y el poder de disponer de ellas mediante la
transferencia del título”140. Para este autor, estos títulos equivalen a la
mercancía misma, y su posesión corresponde a legítimo tenedor o
138 Vicente y Gella, Agustín. Op. Cit.; pág. 162. 139 Ibíd. Astudillo Ursúa, Pedro, pág. 179 y 180. 140 Ramos Padilla, César E. “Teoría general de los títulos valores”.
boletinderecho.upsjb.edu.pe/artículos/Titulos_Valores.doc. Pág. 34.
75
propietario y junto con esta calidad, también le reconoce la plena
disposición de los bienes que representa.
Respecto a los títulos representativos de las mercancías, se debe expresar
que éstos otorgan una posesión mediata o indirecta de ellas, ya que el
poseedor inmediato o directo es otra persona (el porteador o el depositario).
Esta persona posee las mercancías en nombre del poseedor del título, que
representa a la cosa (por esta razón estos títulos se denominan también
representativos). La posesión mediata del tenedor del título tiene como
presupuesto la posesión inmediata de las mercancías por parte del emitente
del título (que está obligado a restituirlas), de tal forma que cuando éste
pierda su posesión, aquél pierde al mismo tiempo la posesión legal o jurídica
de las mercancías.141 En virtud de esta definición, se aprecia que el carácter
representativo de estos títulos deviene por una parte, de la función que
ejerce el porteador o depositario de los bienes, quienes poseen las
mercancías, sin en realidad ser dueños de las mismas, porque el propietario
es otra persona. Y por otra, del papel que desempeñan este tipo de
documentos en las transacciones mercantiles, que es el de representar
mercancías o bienes.
El poseedor del título, al ser poseedor de las mercancías, puede disponer
de ellas mediante la entrega del título (el nombre de título de tradición
realza este aspecto). La función económica que cumplen estos títulos
consiste, especialmente, en la posibilidad de disponer de las mercancías
en el tiempo en que se encuentran viajando en poder del porteador o en
el que están en manos de un depositario. Las mercancías se venden o se
141 Loc. Cit.
76
constituye una prenda sobre ellas a través del documento que las
representa, es decir, del título de tradición.142
Según Vivante, las declaraciones expedidas por el que recibe las
mercancías ajenas para transportarlas o para custodiarlas, son utilizadas
por la industria comercial para negociar las mercancías sin moverlas de su
sitio y sin desviarlas de su viaje; tiene, en la convicción jurídica de los
comerciantes, el valor de títulos representativos de las mercancías en viaje
o depositadas, y por tanto, de títulos capaces de ponerlas a disposición
del adquiriente, del acreedor pignoraticio o del comisionista, como si se
transmitiesen materialmente en el mismo acto en que se entregan dichos
documentos.143
La virtud representativa de éstos descansa en la convicción, de la
aplicación de una sanción, en caso de que el depositario no pueda
devolver las mercancías más que al legítimo poseedor del título y que por
consiguiente, las detenta por cuenta del mismo; y cuanto más firme es la
confianza pública en la guarda fiel y diligente del depositario, tanto más
corresponde a la realidad de las cosas, aquella ecuación que equipara la
posesión del título a la posesión de la mercancía. Si el depositario pudiese
faltar fácil e impunemente a la obligación de guardar y de restituir las
mercancías al poseedor del título, la circulación de éste, como substitutivo
de las mercancías, se detendría inmediatamente. 144
En Guatemala, en cuanto a los títulos de representación se refiere, el
artículo 2 inciso ee) de la Ley de Garantías Mobiliarias, decreto número 51-
2007, preceptúa la siguiente definición: “Es todo documento en el que se
142 Loc. Cit. 143 Astudillo Ursúa, Pedro. Op. Cit.; pág. 178. 144 Loc. Cit.
77
consigne un derecho que permita reclamar la entrega de bienes
corporales en posesión de terceros, almacenes generales de depósito o
transportistas, tales como los certificados de depósito y conocimientos o
guías de embarque”.
Además, el Código de Comercio, en el artículo 411, establece que “los
títulos representativos de mercaderías atribuyen a su tenedor legítimo el
derecho a la entrega de las mercaderías en ellos especificadas, su
posesión y el poder de disponer de las mismas mediante la transferencia
del título. La reivindicación de las mercaderías representadas por los títulos
a que este artículo refiere, sólo podrá hacerse mediante la reivindicación
del título mismo, conforme a las normas aplicables al efecto”. Derivado de
esta definición se remarca nuevamente la imperatividad de poseer y
presentar el título para poder reclamar los bienes que representa.
II.3. Características
Cervantes Ahumada establece como características de los títulos
representativos, las siguientes:
En cuanto a su contenido, dan derecho no a una prestación en dinero,
sino a una cantidad determinada de mercancías que se encuentran
depositadas en poder del expedidor del documento.
El poseedor del título representativo estará en posesión de las mercancías
por medio de un representante, o sea el depositario, el cual a su vez posee
las mercancías nomine alieno, o en nombre de otro.
Por lo que respecta al derecho que incorporan, no atribuyen sólo un
futuro derecho de crédito, sino que en consecuencia y como derivación
78
de la posesión de las mercancías, atribuyen un derecho actual de
disposición sobre las mismas. El titular, tiene la posibilidad de investir a otro
del derecho de posesión cediendo la investidura del derecho de posesión
sobre el título. Es decir, quien posee el título, posee la mercancía
amparada por él y que la razón de poseer la mercancía, es la posesión del
título. 145
Los títulos representativos proporcionan un medio de circulación de las
mercancías; en el sentido de que con la circulación material del título, la
mercancía amparada por él circula directamente, de tal manera que al
enajenar el título, se enajena la mercancía, y al constituirse un gravamen
sobre el título, se constituye asimismo un gravamen sobre la mercancía.
Existe tan íntima vinculación entre mercancías y títulos, que aquellas no
pueden transferirse ni gravarse si no es transmitiendo o gravando el título
mismo.146 En todo caso, el gravamen debe hacerse constar en el título
mismo o en hoja adherida a él.
Donadio, expresa que el título representativo contiene dos tipos de
derechos:
Un derecho de crédito, para exigir la entrega de las mercancías
consignadas en el título; y
Un derecho real sobre estas mercancías.
Este derecho es claro y determinado frente a todos aquellos que tengan
relaciones contractuales no contenidas literalmente en el título; esto es:
todos aquellos que hagan valer pretendidas relaciones extracartulares
existentes entre ellos y el obligado en el título, se encontrarán con el
145 Cervantes Ahumada, Raúl. Op. Cit.; pág. 17 y 18. 146 Ibíd.; pág. 18.
79
derecho real sobre las mercancías, que tiene que radicar en el titular del
título representativo.147
La función representativa, o sea la incorporación del derecho real al
documento, estará supeditada a la existencia de las mercancías en poder
del creador del título. Si las mercancías perecen o se sustraen del poder
del suscriptor del título, desaparecerá la función representativa y el titular
tendrá sólo el derecho de perseguir las mercancías para retornarlas a
poder del creador del título, o el derecho de crédito para cobrar a éste el
valor de los bienes amparados por el título.148 Es decir, el título ampara la
existencia de las mercancías, si por alguna circunstancia desaparecieran,
aún así el poseedor del título puede reclamar un crédito sobre las mismas,
según el valor consignado en el documento.
Los títulos representativos clásicos son, el conocimiento de embarque del
transporte marítimo y el certificado de depósito que expiden los
almacenes generales de depósito.149
II .4. Requisitos
Para que un título que otorgue derecho a una prestación de cosas
muebles pueda tener la consideración de representativo, es preciso que:
Se trate de cosas materiales, las cuales estén ya en poder de quien
haya de entregarlas;
El título esté precisamente suscrito por la persona que tenga la posesión
material de los efectos en cuestión.150
147 Loc. Cit. 148 Loc. Cit. 149 Loc. Cit. 150 Vicente y Gella, Op. Cit.; pág. 164.
80
Con esto se puede distinguir perfectamente cuando los títulos que dan
derecho a prestaciones de cosas tienen el valor de representativos, o
cuando sirven solamente para conferir a su tenedor un derecho de crédito
a la entrega de las cosas en cuestión.151
Que exista ya la posesión material de las mercancías representadas,
puesto que no es en realidad más que un caso de posesión por otro y la
posesión exige el corpus, aunque se establezcan distingos en orden a
quien ejerza el señorío de hecho sobre la cosa.152
A decir de Vivante, “Las declaraciones entregadas por aquel que recibe
las mercancías de otro para transportarlas o custodiarlas, vienen utilizadas
por el comercio para negociar las mercancías mismas sin moverlas del
lugar en que están…; dichos documentos tienen la condición en la
convicción jurídica de los comerciantes de representar a la mercancía que
viaja o se halla en depósito y son aptos por consiguiente para ponerla a
disposición del adquiriente o del acreedor pignoraticio… como si se
entregase materialmente en el mismo acto en que se transfiere el
documento”.153 Los títulos representativos equivalen a la mercancía misma
y garantizan su existencia, el depositario o porteador cumplen su función al
entregar estos documentos al adquiriente de las mercancías.
II.5. Clasificación de los títulos representativos
La doctrina plantea las siguientes clasificaciones de los títulos
representativos:
151 Loc. Cit.; pág. 165. 152 Loc. Cit.; pág. 166. 153 Ibíd. Vicente y Gella, pág. 173.
81
Pallares, expresa que los títulos pueden dividirse en cuanto a los derechos
relativos a las cosas jurídicas en dos categorías: los que producen un simple
derecho de crédito a percibir la cosa y los que engendran un derecho
directo y real sobre la cosa. En el primer caso, estamos frente a un jus ad
rem (derecho de la persona de obtener una cosa como acreedor)154, en el
segundo, frente a un jus in rem (derecho de una persona sobre una cosa
como propietario de ésta).155 En esta última hipótesis, se establece una
relación directa e inmediata sobre la cosa; mientras que en el primero, el
acreedor sólo puede obtenerla exigiendo al deudor el cumplimiento de
una obligación que se resuelve en el pago de daños y perjuicios, en caso
de incumplimiento.
Joaquín Rodríguez y Rodríguez, clasifica los Títulos representativos de
derechos reales en:
Títulos de depósito, como el certificado de depósito;
Títulos de prenda, como el bono de prenda;
Títulos de transporte, como el conocimiento de embarque;
Títulos que confieren la copropiedad de bienes para los efectos de
percibir productos o rendimientos de su inversión o parte del precio de
su venta o realización.
Títulos de garantía real según que incorporen un derecho de prenda
(bono de prenda)y quizá en un futuro, un derecho de hipoteca.
Atendiendo al derecho real que incorporan, se dividen en:
Títulos que confieren el dominio o libre disposición de bienes
(certificados de depósito y conocimiento de embarque).
154 Ossorio, Manuel. Op. Cit.; pág. 410. 155 Loc. Cit.
82
Títulos que confieren alguno de los derechos reales como los
certificados de participación de propiedad o copropiedad que
permiten el uso y habitación; y participación en el rendimiento o en el
producto de la liquidación o venta de bienes,
Títulos que confieren una garantía real sobre bienes muebles o
inmuebles, la prenda e hipoteca.
II.6. Diferencia de los títulos representativos de otros títulos de crédito
Los títulos representativos tienen ciertas notas comunes y otras que los
separan del resto de los títulos de crédito, entre estas están:
La legitimación por la posesión que es consecuencia del nexo entre la
cosa corporal y la incorporal y la literalidad del derecho.
El poseedor del título tiene la posesión de la mercancía. Es una especie
de posesión legal o jurídica, ya que la posesión material corresponde al
depositario, capitán o porteador, los cuales son efectivamente,
poseedores.
No atribuyen al titular sólo un derecho de crédito sobre la devolución o
entrega de la mercancía, sino además, un derecho actual de
disposición sobre esta, la cual se considera en la posesión del tenedor
del título. Se dispone de la mercancía como se dispone de las cosas
que están en efectiva posesión.
El título sustituye a la mercancía en la circulación material de ésta.
II.7. Ventajas y posibilidades de tráfico de los títulos de representación
La esencia de los títulos representativos radica en ser considerados por la
ley como la cosa misma por razón de la cual fueron emitidos. El
83
documento se considera como si fuese de la misma mercancía, y su
transmisión o entrega, produce los mismos efectos que si esta última se
hubiere materialmente entregado. De tal forma que, quien posee uno de
los expresados documentos, se entiende que tiene la plena posesión
material y jurídica de las mercancías a que hace referencia; que el
propietario de los títulos en cuestión se considera también pleno dueño de
los efectos, artículos o mercancías que motivaron la emisión de aquellos.
Las ventajas y posibilidades del tráfico de títulos de representación se
encuentra en el factor de que el comercio ha hecho de estos
documentos, uno de los más corrientes procedimientos para la circulación
de los bienes materiales; éstos continúan en poder de sus guardadores, en
los almacenes generales de depósito o a bordo de la nave que los
conduce, pero el documento que los representa, el papel, el escrito en
que consta su entrega al depositario, flotante o porteador, hace
totalmente las veces de aquellos y es objeto de transacciones lo mismo
que podrían serlo las mercancías o efectos consignados en su texto; quien
adquiere el documento, adquiere las mercancías depositadas como si
éstas le hubieran sido entregadas materialmente, deviene titular de un
derecho real; igualmente aquel a quien se entrega en prenda uno de
estos títulos, se convierte en acreedor pignoraticio sobre las cosas que
motivaron su emisión.
Los títulos representativos permiten llevar a cabo transacciones
comerciales seguras de todos aquellos bienes o mercancías que por su
naturaleza no pueden trasladarse fácilmente de un lugar a otro. Permite
negociar con personas de distintos países de una forma segura.
84
II.8. Títulos representativos en Guatemala
El Reglamento del Código Aduanero Uniforme Centroamericano
(RECAUCA), aprobado por el consejo de ministros de integración
económica, mediante la resolución No. 224-2008 (COMIECO-XLIX), de
fecha 25 de abril de 2008, en el artículo 325 estipula que el conocimiento
de embarque, la guía aérea y la carta de porte constituirán título
representativo de mercancías y le serán aplicables las regulaciones
relativas a los títulos valores vigentes en los estados parte. Su transmisión,
cuando sea total, deberá realizarse mediante endoso. Cuando la
transmisión sea parcial, se realizará mediante cesión de derechos en los
casos y condiciones que establezca la autoridad superior del servicio
aduanero.156
Al respecto de ello, la Intendencia de Aduanas en informe técnico número
I-SAT-DN-UNP-004-2009, de fecha 26 de mayo de 2009, opinó que era
necesario la emisión de una normativa para que los importadores puedan
transmitir parcialmente el título representativo de la mercancía que se
encuentra bajo custodia en un almacén fiscal o en un depósito aduanero,
por haber sido destinada previamente al régimen de depósito aduanero o
depósito de aduanas, o haya sido trasladada a estos desde otro depósito
aduanero, almacén fiscal, zona franca o zona libre y se destine a los
regímenes aduaneros previstos, la cual se deberá realizar mediante
contrato de cesión de derechos bajo la forma de documento privado con
legalización notarial de firmas y así facilitar el proceso del despacho
aduanero de las mercancías.157
156 Diario de Centro América. “Resolución SAT-S-766-2009”. Número 85. pág. 5.Lunes 5 de
Octubre de 2009. 157 Loc. Cit.
85
Es entonces que emite la resolución SAT-S-766-2009, en donde se plantean
las disposiciones administrativas para establecer los casos y condiciones
para la transmisión parcial de los títulos representativos de mercancías,
mediante cesión de derechos, en cumplimiento del artículo 325 del
Reglamento del Código Aduanero Uniforme Centroamericano (RECAUCA).
De conformidad con la resolución, la transmisión parcial de los títulos
representativos de mercancías mediante la cesión de derechos,
procederá cuando la mercancía se encuentre bajo custodia en un
almacén fiscal o en un depósito aduanero por haber sido destinada
previamente al régimen de depósito aduanero o depósito de aduanas, o
haya sido trasladada a éstos desde otro depósito aduanero, almacén
fiscal, zona franca o zona libre y se destine a los regímenes aduaneros
previstos.158
En ningún caso procederá la transmisión parcial del documento de
transporte, si de ella se deriva la separación física de mercancías
contenidas dentro de un mismo bulto.159
Como formalidades se preceptúa que la transmisión parcial de los títulos
representativos de mercancías en los casos descritos anteriormente, se
deberá realizar mediante contrato de cesión de derechos, bajo forma de
documento privado con legalización notarial de firmas, en donde se
incluyan como mínimo los siguientes datos:
Denominación o razón social del cedente y del cesionario, si estos
fueren personas jurídicas.
158
Ibíd. Diario de Centro América. “Resolución SAT-S-766-2009”. Pág. 5. 159
Loc. Cit.
86
Nombres y apellidos completos, edad, estado civil, nacionalidad,
profesión u oficio y domicilio, número de documento de identificación y
quien lo emite, del cedente y del cesionario, si estos fueren personas
individuales, y del representante legal en el caso que los otorgantes
estén constituidos como persona jurídica.
Descripción del documento que acredite la representación legal de los
comparecientes, indicando el lugar, fecha y notario que los autoriza.
Número de identificación del título representativo de mercancías,
especificación si se trata de documento de transporte por la vía
marítima, aérea o terrestre, denominación de la entidad porteadora y
fecha de expedición.
Descripción de la mercancía objeto de la cesión de derechos,
cantidad exacta de la mercancía y con indicación del inciso
arancelario que le corresponde.
Estimación de valor para aduanas de las mercancías que por el
contrato de cesión de derechos, el cedente transmite la propiedad de
las mercancías al cesionario.
Indicación del recinto aduanero en donde se encuentra la mercancía
que será objeto de cesión de derechos.
Lugar y fecha del otorgamiento de la cesión de derechos y firmas de los
que intervienen en el contrato.160
Un ejemplo relacionado, y que son contratos que rigen en la República de
Costar Rica, puede ser consultado en el anexo correspondiente al final de
la presente tesis.
El cedente deberá entregar al depositario aduanero copia del documento
contentivo de la cesión de derechos para que actualice sus registros y
160
Ibíd. Diario de Centro América. “Resolución SAT-S-766-2009”. Pág. 5.
87
realice los cambios correspondientes al nombre del consignatario y a la
cantidad de bultos. El declarante deberá adjuntar el original del contrato
a la declaración de mercancías que ampare el régimen consiguiente.161
La disposición cuarta de este reglamento plantea que queda excluida la
transmisión parcial del título representativo de mercancías cuando:
Las mercancías se encuentren en depósito temporal en aduanas de
ingreso (marítimas, aéreas y terrestres), salvo el caso que la parcialidad
corresponda al contenido completo de una o más de las unidades de
transporte (contenedor) amparadas en el mismo documento.
Cuando el título representativo de mercancías consigne la prohibición
de no negociable.162
Los certificados de depósito
El artículo 7 de la Ley de Almacenes Generales de Depósito estipula que los
certificados de depósito son “títulos representativos de la propiedad de los
productos o mercancías de que se trate y contienen el contrato celebrado
entre los almacenes como depositarios y los respectivos dueños como
depositantes”.
Asimismo plantea que la propiedad del adquiriente de un certificado de
depósito, queda subordinada a los derechos prendarios del tenedor del
bono o bonos de prenda que se hayan emitido, así como el pago de
todas las sumas que se deben a los almacenes y los demás gastos
comprobados que se hayan causado. Estos certificados pueden emitirse
con cláusula de no transferibilidad. Esta cláusula garantiza que el
161
Loc. Cit. 162
Loc. Cit.; pág. 6.
88
porteador o depositario no cederá la totalidad de las mercaderías
depositadas a ninguna otra persona que no sea el comerciante,
propietario de las mercaderías
En relación al certificado, los bonos de prenda que se extiendan
representan el contrato de mutuo celebrado entre el dueño de las
mercancías o productos y el prestamista, con la consiguiente garantía de
los artículos depositados. Estos bonos confieren los derechos y privilegios de
un crédito prendario, (Artículo 8). Al momento de cancelarse la totalidad
del valor del crédito, el acreedor pignoraticio devolverá al comerciante el
título.
El certificado de depósito y el bono de prenda deben contener los
siguientes requisitos de conformidad con el artículo 9 de la Ley de
Almacenes Generales de Depósito:
Indicación del nombre completo y domicilio del depositante.
Identificación precisa de las mercancías o productos de que se trate.
La fecha de vencimiento.
El nombre del almacén emisor.
Los formularios de esos títulos deben ser autorizados por la
Superintendencia de Bancos. Y para que puedan expedirse, es preciso que
las mercancías o productos se hallen libres de todo gravamen o embargo
judicial que haya sido previamente notificado al almacén emisor, caso
contrario, se tendrá por inexistente el título.
Ambos títulos se deben emitir nominativamente, a favor del depositante o
de un tercero designado por este y pueden ser endosados conjunta o
separadamente.
89
Para que el endoso de estos títulos surta efecto a favor de un nuevo
adquiriente, debe previamente registrarse en el Registro de Certificados de
Depósito y el Registro de Bonos de Prenda, artículos 9 y 10 de la Ley de
Almacenes Generales de Depósito. Si no se cumple con el requisito del
registro del endoso del título al nuevo adquiriente del mismo, traerá como
consecuencia que este endoso carezca de valor legal.
El propietario de las mercancías o productos, será el dueño o endosatario
del certificado de depósito que aparezca inscrito en el último lugar en el
registro respectivo; y como titular del respectivo crédito prendario al último
endosatario del bono de prenda que aparezca en el correspondiente
registro. Ambos registros deben llevarse al día, las operaciones han de
registrarse por estricto orden cronológico y su fecha y contenido
constituyen plena prueba, salvo que se demuestre judicialmente su
falsedad.
En el artículo 11 de la ley citada, se estipula que tanto los certificados de
depósito, como los bonos de prenda que hayan sido emitidos de
conformidad con la ley y sus reglamentos, son títulos ejecutivos, sin
necesidad de protesto, requerimiento o diligencia alguna, para el solo
efecto de que sus tenedores legales puedan exigir respectivamente la
devolución de los bienes o el pago de las sumas adeudadas. Es decir, que
estos títulos representativos tienen suficiente valor legal para reclamar la
entrega de las mercancías representadas en los mismos, por lo que no hay
necesidad de acudir ante notario o profesional del derecho para exigir
que se cumpla la entrega de los bienes al tenedor del título.
Para proceder al retiro del depósito, el artículo 12 de la Ley de Almacenes
Generales de Depósito, determina que previamente se deben pagar las
90
obligaciones respaldadas por los respectivos productos o mercancías, a
favor de los almacenes y de los tenedores de bonos de prenda. Se pueden
hacer retiros parciales, cuando se trate de bienes que admiten cómoda
división, siempre que se cubran las obligaciones en forma proporcional y a
satisfacción de los almacenes.
El pago realizado por el dueño del certificado de depósito comprende el
importe que corresponda, para lo cual debe depositar en el almacén de
que se trate, el monto de la liquidación que éste haga, incluyendo los
intereses corridos hasta la fecha de pago. En el título, se dejará constancia
de ello. Ahora, en el caso de que el certificado de depósito no sea
transferible, la entrega total de las especies depositadas puede ser
efectuada a quien, de acuerdo con los registros del almacén, tenga
derecho a recibirlas sin necesidad de presentación del certificado. Esta
persona puede ser el propietario de las mercaderías o bien un tercero
designado por el mismo.
El artículo 13 de la norma legal a que hemos hecho referencia, preceptúa
que se emitirán certificados de depósito y bonos de prenda múltiples,
cuando se trate de bienes designados genéricamente y que admitan
cómoda división, previa solicitud de parte interesada.
Los certificados de depósito pueden emitirse hasta por un año de plazo y
el vencimiento de los bonos de prenda no debe exceder de la fecha de
expiración de aquellos. Ambos títulos son prorrogables, por acuerdo entre
las partes, artículo 14 Ley de Almacenes Generales de Depósito.
El tenedor del bono de prenda cuyo plazo haya vencido deberá
presentarse a cobrar su importe al almacén que lo haya emitido; y si el
deudor no hubiere hecho provisión de fondos, oportuna y suficiente para
91
cubrir todas las obligaciones a que se refiere la ley, el almacén debe
anotarlo así en el título respectivo, para los efectos de que el acreedor
pueda iniciar procedimiento ejecutivo, sin más trámite, artículo 17 de la Ley
en mención.
Los derechos y acciones derivados del certificado de depósito y del bono
de prenda prescriben en el plazo de un año, contando desde el
vencimiento de los documentos. Referencia: artículo 24 de la Ley de
Almacenes Generales de Depósito.
Se sancionará penalmente el uso doloso o cualquier alteración dolosa de
los certificados de depósito o de los bonos de prenda o de sus endosos,
por los delitos de estafa y falsedad; sin perjuicio de que la
Superintendencia de Bancos imponga a los culpables las multas que
determine el reglamento, y que pueden ser entre quinientos y dos mil
quinientos quetzales, según la gravedad de la infracción. (Artículo 29)
Los certificados de depósito y los bonos de prenda emitidos por almacenes
generales de depósito, radicados y legalmente autorizados para operar en
algún otro país de los que forman el Mercado Común Centroamericano,
tienen plena validez dentro del territorio guatemalteco y, en
consecuencia, pueden ser objeto de descuento por los bancos del sistema
o por otras personas, siempre que se llenen los requisitos que establece la
ley en su artículo 31.
La carta de porte o conocimiento de embarque
EL artículo 3 del Reglamento del Código Aduanero Uniforme
Centroamericano (RECAUCA), define al conocimiento de embarque
como: “Título representativo de mercancías, que contiene el contrato
92
celebrado entre el remitente y el transportista para transportarlas al
territorio nacional y designa al consignatario de ellas”. En otras palabras, el
conocimiento de embarque es el documento en el que consta un negocio
celebrado entre el dueño de las mercaderías objeto de transporte y la
persona encargada de transportarlas y llevarlas hasta el lugar de
embarque.
Por otra parte, el artículo 325 de este cuerpo legal estipula con relación a
la transmisión del documento de transporte, que “el conocimiento de
embarque, la guía aérea y la carta de porte constituirán título
representativo de mercancías y le serán aplicables las regulaciones
relativas a los títulos valores… Su transmisión, cuando sea total, deberá
realizarse mediante endoso. Cuando la transmisión sea parcial, se realizará
mediante cesión de derechos en los casos y condiciones que establezca la
autoridad superior del servicio aduanero”.
Por otra parte, los artículos 588 al 590 de nuestro Código de Comercio,
preceptúan lo siguiente:
Los porteadores o fletantes, que exploten rutas de transporte permanente,
bajo concesión, autorización o permiso estatal, podrán expedir a los
cargadores cartas de porte o conocimientos de embarque, que tendrán el
carácter de títulos representativos de las mercaderías objeto de transporte.
El conocimiento de embarque servirá para amparar mercaderías
transportadas por vía marítima. La carta de porte servirá para amparar
mercaderías transportadas por vía aérea o terrestre.
Además de lo dispuesto por el artículo 386 del Código citado, la carta de
porte o conocimiento de embarque deberá contener:
93
El nombre de carta de porte o conocimiento de embarque.
El nombre y el domicilio del transportador.
El nombre y el domicilio del cargador.
El nombre y el domicilio de la persona a cuya orden se expide, o la
indicación de ser el título al portador.
El número de orden que corresponda al título.
La descripción pormenorizada de las mercaderías que habrán de
transportarse.
La indicación de los fletes y demás gastos del transporte, de las tarifas
aplicables y la de haber sido pagados los fletes o ser éstos por cobrar.
La mención de los lugares y fechas de salida y de destino.
La indicación del medio de transporte.
Si el transporte fuera por vehículo determinado, los datos necesarios
para su identificación.
Las bases para determinar el monto de las responsabilidades del
transportador, en casos de pérdidas o averías.
Cualesquiera otras condiciones o pactos que acordaren los contratantes.
Las cartas de porte y conocimiento de embarque para tráfico
internacional, se regirán por las leyes aduaneras.
Si mediare un lapso entre el recibo de las mercaderías y su embarque, el
título deberá contener, además:
La mención de ser recibido para embarque.
La indicación del lugar donde habrán de guardarse las mercaderías
mientras el embarque se realiza.
El plazo fijado para el embarque.
94
Guía aérea
El artículo 3 del Reglamento del Código Aduanero Uniforme
Centroamericano (RECAUCA), define la guía aérea como: “Documento
equivalente al conocimiento de embarque, utilizado en el transporte aéreo
de mercancías, mediante el cual la empresa de aeronavegación
reconoce el hecho del embarque de mercancías y expresa las
condiciones del transporte convenido”. La guía aérea constituye el
documento de gran utilidad para los comerciantes, por medio de esta, el
dueño de mercaderías contrata con una empresa de transporte aéreo, la
traslación de estas de un lugar a otro; en este caso, la guía aérea sirve
como constancia para la empresa de transporte, de que recibió del
comerciante los productos que transportará.
Constituye un título representativo de mercancías, así como lo son el
conocimiento de embarque y la carta de porte. Artículo 325 del Código
Aduanero citado.
Su utilidad se define en la determinación de los documentos que sustentan
la declaración de mercancías. Respecto a ello, el artículo 321 del referido
cuerpo legal determina que la declaración de mercancías deberá
sustentarse, según el régimen aduanero de que se trate, entre otros, en los
documentos siguientes: … b) Documentos de transporte, tales como:
conocimiento de embarque, carta de porte, guía aérea u otro documento
equivalente;…”
Y en los documentos que son obligatorios a presentar para el despacho
de mercancías incluidas en la modalidad rápida o Courier; de ello el
artículo 575 dispone: “Para el despacho de los envíos de la categoría b)
95
del artículo 566, serán obligatorias la factura comercial y la guía aérea
individualizada”
96
CAPÍTULO III
III. Registro de Garantías Mobiliarias
La garantía mobiliaria es un derecho de posesión o de control preferente
sobre bienes muebles. Como tal, no requiere que el deudor garante sea el
propietario del bien mueble garantizador; su derecho a la posesión del
mismo bien, así sea coetáneo con otros derechos posesorios de otros
acreedores o deudores, permitirá la creación de la garantía mobiliaria.163
Por medio de la constitución de esta garantía, el deudor afianza el
cumplimiento de la obligación contraída, mediante la entrega del bien al
acreedor.
La garantía mobiliaria se puede constituir sobre cualquier bien susceptible
de valoración pecuniaria, sean ellos presentes o futuros, corporales o
incorporales, incluyendo derechos sobre los mismos, así como sobre los
bienes derivados o atribuibles a la venta o permuta de estas garantías, ya
sea en una primera o ulterior generación de tales bienes derivados o
atribuibles. Por tanto, los bienes garantizadores al igual que las garantías
sobre los mismos son de número abierto (numerus apertus) y no se
encuentran limitadas a figuras pre-existentes tales como las prendas con o
sin desplazamiento o las hipotecas mobiliarias, o ventas con reserva o
retención de dominio, etc.164
163 “Los 12 Principios del NLCIFT para las Garantías Mobiliarias en las Américas”. http://www.natlaw.com/hndocs/principlesoctober92006.pdf. pág. 1.
Octubre 2006 (año 2010) 11:25 164 Loc. Cit.
97
La efectividad de una garantía mobiliaria entre el acreedor garantizado y
el deudor se origina por el contrato entre los mismos por imposición de la
ley o decisión judicial, sin necesidad de formalidades adicionales.165
El registro de la garantía deberá ser lo más económico posible y deberá
realizarse en un registro público fácilmente accesible a terceros sin
distinción de giro comercial o nacionalidad, y, de ser posible, en forma
electrónica. La inscripción deberá contener los datos más esenciales, en
forma estandarizada, a efectos de identificar a las partes, el monto del
préstamo o línea de crédito y los bienes garantizadores, en forma
coherente con las necesidades de información de terceros, actuales o
potenciales.166
El efecto de dicha garantía mobiliaria registrada, incluyendo su prioridad
ante terceros, tales como otros acreedores garantizados y compradores,
da comienzo a partir de su inscripción, independientemente del momento
de su constitución.167
III.1. Antecedentes
Periódicamente, la Organización de Estados Americanos (OEA) organiza la
Conferencia Interamericana Especializada sobre Derecho Privado
Internacional, (que se conoce por las siglas CIDIP en español) para discutir
y promulgar tratados, convenciones o, en este caso, una ley modelo, en
materia de derecho comercial.168
165 Loc. Cit.; pág. 2. 166 Registro de Garantías Mobiliarias. “Boletín informativo RGM de Febrero 2009”,
http://www.rgm.gob.gt/documentos/boletin_febrero_2009.pdf págs. 2 y 3, 9 de Octubre
de 2006 (año 2010) 11:23 167 Loc. Cit.; pág. 2. 168 Registro de Garantías Mobiliarias. “Boletín informativo RGM de Abril 2009”,
http://www.rgm.gob.gt/documentos/boletin_abril_2009.pdf, pág. 5. (año 2010) 11:30
98
Es así como en 1997, los estados miembros de la OEA y la Asamblea
General suministraron sus comentarios y observaciones para la
armonización de la ley de préstamos con garantías mobiliarias.169
Posteriormente, hacia el año 2000, se llevó a cabo una reunión de expertos
en la sede de la OEA en Washington, encabezada por la delegación de
Estados Unidos de América y de México. Ambas delegaciones
presentaron informes documentales de trabajo que contenían la
enumeración de los principios rectores del derecho de garantías
mobiliarias.170
A partir del año 2000, el Banco de Guatemala realizó una serie de
propuestas para consensuar, dentro de los diversos agentes y sectores
económicos, un paquete de leyes que propiciaran la modernización y
eficiencia del proceso de intermediación financiera en el país.171
El Ministerio de Economía, conjuntamente con otros agentes financieros del
país, tales como el Banco de Guatemala, y la Superintendencia Bancos,
iniciaron un proceso de consulta para formular un proyecto de ley que
respondiera a las tendencias mundiales y que permitiera a los pequeños
empresarios ser más competitivos de cara a la apertura comercial que a la
fecha ha experimentado Guatemala.172
Un factor importante que se tomo en cuenta fue la aprobación del DR-
CAFTA, ya que los empresarios (Micro, Pequeños y Medianos) deben entrar
169 Loc. Cit., pág. 5. 170 Registro de Garantías Mobiliarias. “Boletín informativo RGM de Abril 2009”, Op. Cit.; pág.
5. 171 “Ley de garantías mobiliarias”. Ministerio de Economía.
www.natlaw.com/hndocs/2presleygarmobfinal.ppt, pág. 2, año 2010. 172 Loc. Cit.; pág. 3.
99
a competir en igualdad de condiciones con los empresarios de la región y
de otros estados, de tal manera que la facilidad de acceso al crédito a
través de garantías reales es un factor determinante para el sector
MIPYME.173
La Ley de Garantías Mobiliarias a nivel mundial, es una de las prioridades
de las agendas de organizaciones internacionales como la Comisión de las
Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) y la
Organización de Estados Americanos (OEA). 174
Surge entonces en Guatemala, la inquietud por implementar una ley de
garantías mobiliarias, siendo la comisión de economía del Congreso de la
República, quien tomó y desarrolló la idea de someterla al pleno del
Congreso, con ciertos cambios y adaptaciones atendiendo a la
idiosincrasia nacional.175
Posteriormente, el Congreso de la República de Guatemala promulga la
Ley de Garantías Mobiliarias (Decreto número 51-2007 Congreso de la
República de Guatemala). El 16 de Noviembre 2007 se publica en el Diario
Oficial y entra en vigencia el 01 de enero de 2008.176 Esta ley regula la
organización y funcionamiento del registro de garantías mobiliarias.177
173 Loc. Cit.; pág. 4 174 Ibíd. “Ley de garantías mobiliarias”. Ministerio de Economía, pág. 5. 175 Registro de Garantías Mobiliarias. “Boletín informativo RGM de Abril 2009”, Op. Cit.; pág.
6. 176 Registro de Garantías Mobiliarias. “Boletín informativo RGM de Junio 2009”,
http://www.rgm.gob.gt/documentos/boletin_junio_2009.pdf, pág. 4, Junio 2009. (año
2010) 13:21 177 Registro de Garantías Mobiliarias. “Boletín informativo RGM de Febrero 2009”. Op. Cit.;
pág. 2.
100
Permitiendo a través de ella, tener acceso a créditos donde las garantías
pueden ser maquinaria, vehículos, cosechas, entre otras.178
Luego, el 13 de septiembre de 2008 entra en vigencia el Decreto número
46-2008 del Congreso de la República de Guatemala, que instituye
reformas a la Ley del Registro de Garantías Mobiliarias.179 Este decreto
contiene modificaciones relacionadas a la constitución y entrada en
funcionamiento del Registro de Garantías Mobiliarias con fecha no
posterior al dos de enero de 2009, bajo pena de sancionar a los
funcionarios responsables.180
Se emite el reglamento a la Ley de Garantías Mobiliarias mediante el
Acuerdo Gubernativo 386-2008, el 18 de diciembre de 2008, publicado el
30 de diciembre del mismo año en el Diario Oficial. Este reglamento regula
el funcionamiento y operatividad del Registro de Garantías Mobiliarias, las
funciones del registrador y subregistrador (es).181
De esta forma, el día dos de enero de 2009, se inaugura y constituye en
forma legal el Registro de Garantías Mobiliarias. Para su funcionamiento se
instituyó como parte del Ministerio de Economía, bajo la dirección del
Viceministro, Licenciado Erasmo Velásquez, una comisión de
implementación del Registro de Garantías Mobiliarias, la cual se integró por
medio del la Licenciada Skarlette Anthone y del Ingeniero Ervin Cano,
profesionales guatemaltecos que se dedicaron a la misión encomendada
a todo nivel de preparar metodología de trabajo, de sistemas electrónicos
178 Loc. Cit.; pág. 3. 179 Registro de Garantías Mobiliarias. “Boletín informativo RGM de Junio 2009”, Op. Cit.;
pág. 2. 180 Ramírez Gaitán, Daniel Ubaldo y Claudia Lavinia Figueroa Perdomo. “Las garantías
mobiliarias en el derecho de Guatemala”. Guatemala; Zona Gráfica, pág. 165. Año 2010. 181 Loc. Cit.; pág. 166.
101
para las inscripciones registrales, como la debida preparación del personal
que actualmente cuenta el Registro.182
El Registro de Garantías Mobiliarias, inicia funciones como una
dependencia del Ministerio de Economía, a cargo de Juan Orlando García
Rivera, registrador nombrado del Registro de Garantías Mobiliarias. En el
ámbito de sus labores, efectúa funciones específicas de registro de
garantías mobiliarias por medio de inscripciones, con un mínimo de
calificación de orden legal. Empero se trata de promover la celeridad, la
eficiencia de la administración, así como la certeza y seguridad jurídica de
los usuarios del incipiente Registro de Garantías Mobiliarias. Se da también
impulso a desarrollar políticas y procedimientos de registro ágiles para que
los sectores de la micro, pequeña y mediana empresa tengan acceso al
crédito y de esta forma se garanticen las obligaciones crediticias ante
terceros; colaborando así a desarrollar económica y socialmente a
Guatemala.183 Esto, en su conjunto, le brinda a Guatemala la posibilidad
de atraer nuevas inversiones no solo nacionales sino también foráneas.
El 13 de enero de 2009 entró en vigencia el Arancel Temporal del Registro
de Garantías Mobiliarias. Esto, según resolución 001-2009, emitida por el
registrador del Registro de Garantías Mobiliarias.184
Posteriormente, el 10 de febrero de 2010 se emite el Acuerdo Gubernativo
55-2010 del Ministerio de Economía, Arancel del Registro de Garantías
Mobiliarias.
182 Registro de Garantías Mobiliarias. “Boletín informativo RGM de Febrero 2009”, Op. Cit.;
pág. 2, 183 Loc. Cit. 184 Registro de Garantías Mobiliarias. “Boletín informativo RGM de Junio 2009”, Op. Cit.;
pág. 2.
102
III.2. Definición
De conformidad con la doctrina, un registro es una institución creada por
el estado, en donde se inscriben hechos, actos y contratos de los
particulares y resoluciones de las autoridades, destinadas a dar fe para el
aseguramiento de los derechos que de ellos se derivan.185 Sin el requisito
de registro, todos esos hechos, actos y contratos carecen de seguridad
jurídica, certeza y valor legal.
El Registro de Garantías Mobiliarias es una institución jurídica adscrita al
Ministerio de Economía, creado mediante el Decreto número 51-2007 del
Congreso de la República de Guatemala, cuyo objeto es la inscripción de
la constitución, modificación, prórroga, cancelación y ejecución de las
garantías mobiliarias y consecuentemente su publicidad.186
La definición legal del Registro de Garantías Mobiliarias se encuentra en el
Artículo 3 del Acuerdo Gubernativo 386-2008, preceptuado de la siguiente
forma: “Una dependencia del Ministerio de Economía, cuya forma de
operación y funcionamiento es principalmente automatizada o
electrónica. Tiene por objeto la inscripción de la constitución,
modificación, prórroga, extinción y ejecución de garantías mobiliarias y
consecuentemente, la publicidad de las mismas”.
Lo interesante de este tipo de registro, es la operatividad del mismo, el cual
se realiza en forma automatizada y electrónica, lo cual permite un fácil
acceso a los créditos, sin tener que pasar por trámites engorrosos.
Adicionalmente, ubica a Guatemala en una posición propicia para la
185 Ramírez Gaitán, Daniel Ubaldo y Claudia Lavinia Figueroa Perdomo. “Las garantías
mobiliarias en el derecho de Guatemala”. Op. Cit.; pág. 159. 186 Registro de Garantías Mobiliarias. http://www.rgm.gob.gt. 2008 (año 2010).
103
inversión extranjera y le permite competir a nivel internacional en igualdad
de condiciones como lo realizan otros países más desarrollados.
III.3. Naturaleza Jurídica
El Registro de Garantías Mobiliarias en esencia es una institución pública
especializada en la inscripción de garantías mobiliarias, que recaen sobre
bienes muebles. Lo cual se fundamenta en el siguiente análisis:187
a) Es una institución: Porque se refiere a una unidad jurídica resultante de
un conjunto de normas relacionadas con el mismo tema, que son objeto
de estudio especializado, con principios y doctrinas propios, que gozan de
autonomía legal, jurídica y doctrinal y un campo de aplicación
particular.188
El Registro de Garantías Mobiliarias es un registro específico que tiene sus
propios principios, doctrinas, legislación aplicable y ámbito particular de
acción.189
b) Es una dependencia pública: El Registro de Garantías Mobiliarias es un
registro de carácter público creado dentro del ámbito estatal, como una
dependencia del Ministerio de Economía.190 Constituye un ente de
carácter especial con fines públicos, creado para regular las relaciones
crediticias garantizadas sobre bienes muebles, que realizan nacionales y
extranjeros en el país.
187 Ramírez Gaitán, Daniel Ubaldo y Claudia Lavinia Figueroa Perdomo. Op. Cit.; pág. 159. 188 Loc. Cit. 189 Loc. Cit.; pág. 160. 190 Ramírez Gaitán, Daniel Ubaldo y Claudia Lavinia Figueroa Perdomo. “Las garantías
mobiliarias en el derecho de Guatemala”, Op. Cit.; pág. 160.
104
Es un registro que fue creado para producir las siguientes ventajas:191
Con presunción de permanencia: porque fue una decisión razonada,
trabajada y consensuada en el ámbito interno y externo del ente
estatal y del país.
Especialidad en el registro a nivel nacional: porque la materia objeto
de inscripción es únicamente, toda constitución, modificación,
prórroga, extinción y/o ejecución de las garantías mobiliarias.
Debe tener una partida presupuestaria asignada: El ente Estatal debe
asignar al Ministerio de Economía, una partida presupuestaria para
poder funcionar y subsistir como institución; al igual como sucede con el
Registro Mercantil o el de Propiedad Intelectual, que pertenecen a este
ministerio.
Ser objeto de préstamos internacionales o de donaciones: Con el objeto
de su modernización y mantenimiento, pueden recibir equipo
especializado de cómputo, soporte técnico, así como capacitaciones
en el ámbito técnico y jurídico.
Formalización de profesionales especializados: Capacitando
profesionales en el tema de Garantías Mobiliarias, con una posible
carrera administrativa dentro del Estado, en el ámbito registral.
Uniformidad de criterios de calificación y operativos: Porque se trata de
un ente sujeto a una sola regulación funcional, susceptible de unificarse
tanto a nivel nacional como regional.
c) De garantías mobiliarias: El Registro de Garantías Mobiliarias tiene por
objeto la inscripción de toda constitución, modificación, prórroga,
extinción y ejecución de las garantías mobiliarias. Derivado de estas
funciones, el objeto sobre el que recae la actividad del Registro, es lo que
lo distingue de cualquier otro registro público.
191 Loc. Cit.; págs. 160, 161 y 162.
105
d.) Un sistema automatizado de operatividad: El Registro de Garantías
Mobiliarias se crea para tener el mayor número de procedimientos
sistematizados, evitando el procedimiento manual, y trámites prolongados.
III.4. Características
De acuerdo con el artículo 41 de la Ley de Garantías Mobiliarias, Decreto
número 51-2007; Reformadas las literales c) y g) por el Decreto número 46-
2008 del Congreso de la República de Guatemala, el Registro de Garantías
Mobiliarias tiene las siguientes características:
a. Opera por medio de la inscripción de formularios estándar, de acuerdo
con los requisitos establecidos por el reglamento del Registro que
contienen notificaciones en papel o en forma electrónica sobre la
constitución, modificación, prórroga, extinción y ejecución de garantías
mobiliarias, sin tener que inscribir los contratos de financiamiento o el
contrato de garantía mobiliaria. Regula un sistema operativo
electrónico, lo cual permite realizar en el Registro cualquier tipo de
trámite en una forma expedita, evitando colas y aglomeraciones.
b. Se organiza por un sistema de folio electrónico personal; en función de
la persona individual o jurídica que sea el deudor garante. Se ordena
con base en los nombres de los deudores garantes.
c. En el Registro, deben centralizarse e inscribirse las garantías mobiliarias;
a excepción de los vehículos automotores, que deberán inscribirse en el
registro fiscal correspondiente.
106
d. Es un registro automatizado, que permite las inscripciones enumeradas
anteriormente, con mínima calificación registral, limitando en lo posible
cualquier verificación y evaluación sobre la suficiencia de su contenido
por parte de los registradores.
e. Está dotado de las medidas de seguridad indispensables para
comunicaciones electrónicas como:
La autenticación o certificación electrónica de la existencia de las
inscripciones.
Se puede interconectar con registros similares de otros países con los
que se celebren convenios sobre esta materia.
Se interconecta con los registros de la Propiedad, el Registro
Mercantil General de la República, el Registro de la Propiedad
Intelectual y con otros registros en el que se inscriban actos,
contratos o bienes que puedan gravarse por garantía mobiliaria, a
fin de anotar la inscripción de una de estas garantías o sus
modificaciones.
III.5. Fines
Como fin primordial del Registro de Garantías Mobiliarias, se encuentra el
desarrollar la Ley de Garantías Mobiliarias a través de un reglamento
simple, que garantice y proporcione certeza jurídica a las operaciones
registrales de las obligaciones crediticias que realicen la micro, pequeña y
mediana empresa con otros agentes económicos con un sistema
electrónico de alta seguridad.192
192 Registro de Garantías Mobiliarias. Op. Cit.
107
Además de:
a. Facilitar el acceso al crédito al ampliar el máximo posible el tipo de
bienes que pudieran ser una garantía para cualquier acreedor.193
b. Simplificar procedimientos de constitución de garantías.194No existen
trámites complicados ni protocolarios, solo la presentación del
formulario en forma física o electrónica.
c. Asegurar la eficacia de las garantías mobiliarias en su publicidad y
prelación.195
d. Celeridad en los procesos de ejecución de la garantía.196
e. Velar porque a través de la Ley se cree un marco jurídico que
coadyuve a que, dentro de un marco de certeza legal, las personas
puedan dar en garantía una serie de bienes muebles; además propone
la creación del Registro Electrónico de Garantías Mobiliarias.197
f. Y fundamentalmente, permitir que las personas que no son propietarias
de bienes inmuebles o, que si lo son y el único bien inmueble es su casa
de habitación, puedan acceder a crédito a través de garantías
certeras distintas a la hipoteca.198 Adicionalmente, este registro también
permite obtener créditos sobre los inventarios y cultivos, lo cual amplía los
rubros sobres los cuales se pueden obtener este beneficio y permite a los
pequeños productores desarrollar su empresa.
III.6. Misión y visión del Registro de Garantías Mobiliarias
193 Registro de Garantías Mobiliarias. “Boletín informativo RGM de Abril 2009”. Op. Cit.; pág.
3. 194 Loc. Cit. 195 Loc. Cit. 196 Ibíd. Registro de Garantías Mobiliarias. “Boletín informativo RGM de Abril 2009”, pág. 3. 197 Loc. Cit.; pág. 5. 198 Loc. Cit.; pág. 6.
108
Misión: Promover acciones, estrategias, políticas y procedimientos de
registro ágiles y seguros para que la micro, pequeña y mediana
empresa tenga acceso al crédito que les permita desarrollarse
integralmente, brindando certeza jurídica, ampliando la gama de
garantías mobiliarias y garantizando las obligaciones crediticias entre las
partes y frente a terceros.199
El Registro de Garantías Mobiliarias, siendo un registro de cargas o
gravámenes, al contemplar en su misión la certeza jurídica, se refiere a
otorgarla en cuanto a las garantías mobiliarias que constituye un
deudor garante.200
En suma, el Registro de Garantías Mobiliarias pretende que los
empresarios del país que anteriormente no podían acceder a un
crédito que no fuera hipotecario, ahora tengan la oportunidad de
obtenerlo, gravando sus bienes muebles, como las cosechas o
inventarios.
Visión: Ser una institución de registro de garantías mobiliarias, altamente
confiable, seguro, ágil y eficiente en el otorgamiento de la certeza
jurídica a través de un sistema y funcionamiento automatizado a nivel
nacional, que nos permita por medio de un registro electrónico, apoyar
en los procesos económicos y organizativos a la micro, pequeña y
mediana empresa, fomentando su desarrollo, en el que obtener un
préstamo por medio de una garantía prendaria no se vea limitado.201
Derivado de ello, se comprende que el Registro de Garantías Mobiliarias
es muy moderno y se proyecta hacia al futuro. Facilita que nuevos
199 Registro de Garantías Mobiliarias. Op. Cit. 200 Ramírez Gaitán, Daniel Ubaldo y Claudia Lavinia Figueroa Perdomo. Op.Cit.; pág. 170. 201 Ibíd. Registro de Garantías Mobiliarias.
109
rubros sobre los cuales anteriormente no se podía acceder a un crédito,
ahora se puede obtener uno prendario; y se puede constituir sobre las
cosechas, inventarios, equipo, maquinaria, vehículos, ganado, etc.
Daniel Ramírez Gaitán y Lavinia Figueroa Perdomo, en su libro “Las
garantías mobiliarias en el derecho de Guatemala”, definen como
registro electrónico: “Aquel por el cual se genera, envía, comunica,
procesa, recibe, almacena o se visualizan datos o información, por
medio de tecnologías eléctricas, digitales, magnéticas, ópticas,
electromagnéticas, fotónicas, vía facsímil y cualquier otra tecnología
semejante.202
III.7. Importancia de la Ley y del Registro de Garantías Mobiliarias (RGM)
Tradicionalmente, en la gran mayoría de los países de América Latina y del
Caribe ha sido muy difícil acceder a un crédito, y para los pocos
afortunados que lleguen a obtenerlo, la tasa de interés normalmente
comienza al 15% de interés anual, y en muchos casos puede llegar al 20%,
30% y hasta 40% de interés anual. Esta gran discrepancia afecta a todos los
actores económicos del país, pero más significativamente a los
comerciantes de tamaño pequeño y mediano.203
El Registro de Garantías Mobiliarias pretende eliminar la incertidumbre del
sistema de garantías mobiliarias sobre bienes muebles y, de tal manera, dar
acceso a los beneficios de un sistema basado en los conceptos jurídicos
que llevarán a un desarrollo económico significativo en Guatemala. Este
202 Ramírez Gaitán, Daniel Ubaldo y Claudia Lavinia Figueroa Perdomo. “Las garantías
mobiliarias en el derecho de Guatemala”. Guatemala; Zona Gráfica; pág. 171. 203 Registro de Garantías Mobiliarias. “Boletín informativo RGM de Febrero 2009”, Op. Cit.;
pág. 6.
110
objetivo lo alcanzará al otorgar seguridad y certeza jurídica entre las partes
y frente a terceros desde el momento en que se inscriben los contratos de
garantía mobiliaria que previamente han celebrado el deudor garante y el
acreedor garantizado.204
Dentro de los beneficios que se obtienen con el Registro, se encuentran:205
a) Apoyo al fomento del desarrollo económico para la micro, pequeña y
mediana empresa.
b) Obtener mayor acceso al crédito mediante el uso de garantías
mobiliarias de diversa índole.
c) Permite otorgar garantías sobre bienes muebles derivados, por
ejemplo, una planta procesadora de aceite de palma, obtiene como
producto principal aceite vegetal para consumo humano, pero también
se generan combustibles amigables con el medio ambiente.
d) Otorgar certeza jurídica entre las partes.
e) Establece reglas de prelación y persecución de la garantía mobiliaria.
f) Publicidad de la garantía mobiliaria frente a terceros.
g) Permitir que el deudor siga usando sus bienes en garantía.206
h) Poder poner en garantía ante el acreedor cuentas por cobrar,
inventarios, maquinaria, marcas, derechos sobre contratos y títulos de
crédito.207
i) El acreedor y deudor pueden acordar una manera en que, en caso
de incumplimiento, los bienes dados en garantía puedan ser recuperados
204 Ibíd. Registro de Garantías Mobiliarias. “Boletín informativo RGM de Febrero 2009”, pág.
6. 205 Registro de Garantías Mobiliarias. Op. Cit. 206 Registro de Garantías Mobiliarias. “Boletín informativo RGM de Abril 2009”, Op. Cit, pág.
4. 207 Loc. Cit.
111
de manera rápida por quien dio el préstamo; esto contribuye a generar
confianza.208
La ley de Garantías Mobiliarias tiene como objetivo principal el aprovechar
el valor económico de los bienes muebles como garantía de un préstamo
para crear una nueva fuente de capital en Guatemala, que hoy en día es
casi desaprovechada, ya que por desconocimiento de la misma, muchos
pequeños y medianos empresarios aún no recurren a los créditos que
pueden obtener. La ley, abarca varios conceptos y principios jurídicos que
tienen dos objetivos:
a. Dar una gran flexibilidad a las partes en una transacción, y
b. Dar mayor certeza jurídica.209
En conclusión, el Registro de Garantías Mobiliarias persigue el efecto de
crear una nueva fuente de capital, garantizada con bienes muebles, que
hoy en día se utiliza de manera ineficaz. El efecto económico para nuestro
país es sumamente importante, especialmente considerando la
competencia cada vez más globalizada.210 Posibilitando el acceso al
crédito de tipo prendario, los pequeños y medianos empresarios
guatemaltecos pueden acrecentar sus negocios utilizando como garantía
los productos que estos tienen o que producen, y esto a su vez les permite
abrirse camino dentro del comercio internacional. Es a través de este tipo
de acciones, como el Estado guatemalteco busca cumplir con los fines de
orientar la economía nacional en base a la justicia social, puesto que no se
discrimina al pequeño y mediano empresario para la obtención de un
crédito.
208 Loc. Cit. 209 Registro de Garantías Mobiliarias. “Boletín informativo RGM de Febrero 2009”, Op. Cit.;
pág. 6. 210 Ibíd. Registro de Garantías Mobiliarias. “Boletín informativo RGM de Febrero 2009”, pág.
6.
112
La mayor operación efectuada desde la creación del Registro de
Garantías Mobiliarias (RGM)
El Diario Prensa Libre en Internet211, publicó en la red la noticia de la mayor
operación efectuada por el Registro de Garantías Mercantiles, en el cual
se inscribió una garantía por US$75 millones, el equivalente a 600 millones
de quetzales.
La inscripción fue efectuada el cinco de julio de 2010, entre la corporación
Société Générale, Sucursal Nueva York, que le proporcionó un crédito por
US$75 millones a Sucden Americas Corporation. Como garantía mobiliaria
de pago se registró un inventario de azúcar compuesto por 20 mil
toneladas métricas, que incluye además compras a futuro por Sucden,
puestas en Guatemala.
El expediente detalla que la localización del producto estará en las
instalaciones de ingenios aglutinados bajo la Asociación de Azucareros de
Guatemala (Asazgua), o bien en las instalaciones de Expogranel.
Mario Yarzebski, encargado de negociaciones comerciales
internacionales, de Asazgua, explicó en la entrevista que Sucden es una
de las cinco principales firmas que compran edulcorante a Guatemala.
Además, indicó que este tipo de operaciones son muy comunes en el
mercado internacional, entre las corporaciones financieras y los
compradores; sin embargo, la garantía se registró en Guatemala.
Respecto a esto, el Registrador del Registro de Garantías Mobiliarias,
Orlando García, informó que por honorarios de arancel el registro recibió
211 Gamarro, Urías. “Inscriben garantía por US$75 millones “. Prensa
Libre.com.http://www.prensalibre.com/economia/Inscriben-garantia-US75-
millones_0_307169292.html. Guatemala, 29 de julio de 2010. (noviembre de 2010) 15:56.
113
903 mil quetzales; y expuso que esta es una operación que genera
confianza e inversión en las empresas en Guatemala.
Este ejemplo, ilustra que el Registro de Garantías Mobiliarias beneficia a
Guatemala en el sentido de que otros inversionistas o empresas extranjeras
pueden inyectar nuevo capital a las empresas nacionales, mediante el
crédito y posibilita a las empresas medianas y pequeñas el crecimiento de
éstas, sin necesidad de gravar sus bienes inmuebles, sino afianzando el
pago del crédito con las ventas futuras o con las ganancias que se
puedan percibir de sus transacciones mercantiles.
III.8. Justificación de la creación del Registro de Garantías Mobiliarias
Actualmente por la influencia de la globalización, es común observar que
el acceso al crédito comercial se restringe cada vez más a solo aquellos
deudores que pueden proveer las fuentes más líquidas y seguras de pago,
favoreciendo solo a aquellas personas que son propietarias de bienes
inmuebles o que garantizan su obligación constituyendo una fianza
(garantía personal); y en respuesta a las necesidades de la micro,
pequeña y mediana empresa, de ser cada vez más competitivos se crea
el Registro de Garantías Mobiliarias. A través de ella, se propicia un
crecimiento económico del país, permitiendo a todos los sectores
empresariales tener acceso a crédito dejando como garantía lo más
inmediato con que ellos cuentan: sus bienes muebles. 212
Los tratados de libre comercio son una razón más para que surja la
necesidad de ser cada día más productivo, ya que éstos eliminan los
aranceles que protegen a los comerciantes nacionales, obligándolos a
212 Registro de Garantías Mobiliarias. “Boletín informativo RGM Febrero 2009”, Op. Cit.; pág.
7.
114
competir con extranjeros.213 El tratado más importante es el que le permite
a Guatemala acceder al mercado de América del Norte, el DR-CAFTA por
sus siglas en inglés. Además se han consolidado tratados similares con
varios países de América del Sur, como Chile y Colombia. Cabe mencionar
también México, Panamá y Taiwán.
Anteriormente, el Código Civil contemplaba la inscripción de la prenda en
el Registro General de la Propiedad pero limitaba los bienes muebles que
podían constituirse en garantía, a la prenda común, la agraria, ganadera,
industrial, comercial y otros bienes muebles identificables pero existen un
sinfín de bienes muebles no identificables que actualmente pueden
garantizar una obligación de pago que son inscribibles ante este
Registro.214 Dentro de estos se mencionan por ejemplo las cuentas por
cobrar, los bienes en importación, los derechos de propiedad intelectual,
entre otros.
La finalidad de la inscripción consiste en dar publicidad a la garantía
mobiliaria, y por consiguiente certeza jurídica. El hecho de inscribir la
garantía mobiliaria abre las puertas al crédito ya que quien lo otorga está
amparado legalmente y con más facilidad se puede tener acceso al
mismo. Se beneficia tanto el deudor garante como el acreedor
garantizado.215
III .9. Principios registrales
El Registro de Garantías Mobiliarias se rige por los siguientes principios:216
213 Ibíd. Registro de Garantías Mobiliarias. “Boletín informativo RGM Febrero 2009”, Op. Cit.;
pág. 7. 214 Ibíd., pág. 7. 215 Loc. Cit. 216 Loc. Cit.
115
a) Es público: Tienen acceso todas las personas. En tal virtud, toda
persona puede examinar personalmente los libros y folios, así también
solicitar y obtener constancias y certificados de lo asentado o anotado.217
El principio de publicidad es necesario para garantizar la transparencia de
las actuaciones.
b) Salvaguarda los derechos inscritos: Cuenta con las medidas de
seguridad necesarias para el efecto.
Para que un asiento o anotación produzca sus efectos, debe constar en el
folio real o en el libro correspondiente; de esta manera el acto inscrito surte
efectos frente a terceros. Este es un medio de perfeccionamiento sin el
cual no se da la transmisión de la propiedad.218
c) Otorga certeza jurídica a las partes. La certeza y seguridad jurídica
sobre la titularidad de los bienes y su transmisión se determinará a través de
la legitimación de la actividad registral. En virtud de ello, mientras no se
pruebe la inexactitud de lo inscrito frente a lo real, prevalece lo que se
encuentra asentado. Lo inscrito es eficaz y crea una presunción juris tantum
de que el titular aparente es el real; pero si se trata de actos en los cuales
se afecte el interés de un ajeno, la presunción se vuelve juris et de jure, en
protección a los adquirentes de buena fe, presumiendo que un derecho
inscrito existe y pertenece al titular registral.219
d) Tiene funciones de calificación mínimas: El principio de calificación es
también denominado en doctrina como “de legalidad”, consiste en que
todo documento, al ingresar al registro, dentro de su procedimiento de
217 Revista digital de derecho. ”Principios registrales”.
http://www.revistanotarios.com/files/Principios%20Registrales.pdf, pág. 5. (año 2010) 19:36 218 Ibíd. Revista digital de derecho. ”Principios registrales”, pág. 21. 219 Loc. Cit.; págs. 6 y 7.
116
inscripción, debe ser examinado por el registrador en cuanto a sus
elementos de existencia y validez, es decir, si satisface todos los requisitos
legales que para su eficacia exija el ordenamiento jurídico. A esta
actividad se le llama "calificadora" y puede ser concurrente con la notarial
y la judicial.220
En cuanto al Registro de Garantías Mobiliarias, tiene como principio, la
función de calificación mínima que se refiere a que no se califica el
documento que origina la garantía, este se solicita con el único objeto de
verificar que el formulario sea llenado en base a información real; a
diferencia de otros países latinoamericanos, en los que el formulario de
inscripción debe ir certificado por un Notario, pero en el caso de
Guatemala, no es necesario. En cuanto a este aspecto, cabe señalar que
al momento de realizarse la inscripción en el Registro de Garantías
Mobiliarias, se da aviso a los demás registros que se encuentran
relacionados con el bien objeto de la garantía prendaria.
e) Se organiza por un sistema de folio personal: Esto en atención al
deudor garante. El sistema electrónico se rige en relación al nombre de la
persona que adquiere el crédito prendario, no en relación al bien con que
se afianza el cumplimiento del pago de la misma.
f) Podrá interconectarse con registros similares de otros países. Este
principio es necesario para poder lograr una mejor certeza y seguridad
jurídica de todas las operaciones de crédito que puedan llevar a cabo por
los pequeños y medianos empresarios dentro sus negocios en el ámbito
internacional.
220 Loc. Cit.; pág. 10.
117
g) Interconexión con otros Registros nacionales que estén relacionados,
como el Registro Mercantil, el Registro General de la Propiedad y el
Registro de Propiedad Intelectual. A estas instituciones se les da aviso de
cualquier inscripción que se realice en el Registro de Garantías Mobiliarias y
que afecte a los bienes inscritos en ellos, esto para el cumplimiento de los
fines de dotar de certeza y seguridad jurídica a este tipo de operaciones
crediticias.
h) Publicidad: Por el simple hecho de su inscripción esta surte sus efectos.
Por otro lado, la doctrina plantea que el principio de publicidad puede
examinarse desde los puntos de vista material y formal:221
La publicidad material que está concebida como los derechos que
otorga la inscripción, y éstos son: la presunción de su existencia o
apariencia jurídica, y la oponibilidad frente a otro no inscrito; y
La publicidad formal que consiste en la posibilidad de obtener del
registro público de la propiedad las constancias y certificaciones de los
asientos y anotaciones, así como de consultar personalmente los libros
de registro.
En conclusión, solamente con el cumplimiento del principio de publicidad
registral es que se logra dar a ambas partes involucradas en el
otorgamiento del crédito prendario, una seguridad y certeza jurídica. Por
una parte, para el acreedor, puesto que determina los bienes que
garantizan el crédito y su monto, lo cual ante el incumplimiento de pago
permite la fácil y pronta recuperación de los bienes, así mismo esclarece
las condiciones pactadas para el otorgamiento de la garantía prendaria,
con ello se previene cualquier fraude que se quisiera realizar; y por otra
parte, al deudor en cuanto a que determina la cantidad de bienes
221 Ibíd. Revista digital de derecho. ”Principios registrales”, pág. 4.
118
afianzados y que cubren el valor del crédito; ello, para evitar que
posteriormente se realicen cobros excesivos por parte del acreedor.
i) Derecho de prelación: Se determina por el momento de su publicidad.
Primero en tiempo, primero en derecho.
Uno de los pilares de la seguridad proporcionada por un registro público, es
la relación o prioridad que tiene un documento y el derecho o contrato
contenido en él inscrito o anotado preventivamente. La fecha de
presentación va a determinar la preferencia y rango del documento que
ha ingresado al registro. Si ciertamente es válido el axioma extendido casi
en todo el mundo que prior tempore, potior jure, éste, según nuestro tema
puede interpretarse y transformarse en "el que es primero en registro es
primero en derecho".222
Analizado este asunto desde otro punto de vista, es obvio pero
fundamental que existe la impenetrabilidad registral, o sea, que dos
derechos no pueden, al mismo tiempo, ocupar un mismo lugar y
preferencia.223
Pueden coexistir derechos iguales, pero con preferencia distinta, o como lo
llama la doctrina, con rango diferente. Cuando coexisten derechos iguales
presentados para su inscripción, entra en acción el principio de
prelación.224 Finalmente, este principio determina que aunque existan dos
derechos que pueden ser legal e igualmente reclamables, tiene
preeminencia el primero que fue inscrito. Si por alguna circunstancia este
222 Ibíd. Revista digital de derecho.”Principios registrales”, pág. 10. 223 Loc. Cit. 224 Loc. Cit.
119
cobro no pudiera hacerse efectivo, el segundo en derecho podrá
reclamar el pago del mismo.
El Registro de Garantías Mobiliarias es una herramienta que pretende
facilitar el desarrollo haciendo cada vez más productivas a la micro,
pequeña y mediana empresa y por consiguiente a nuestra sociedad en
general.225 A través del derecho de prelación, se establece que ante el
doble gravamen del mismo bien objeto del crédito prendario, el primero
inscrito tiene preeminencia sobre el anterior.
III.10. Objeto de inscripción
El Registro de Garantías Mobiliarias tiene como objeto de inscripción
fundamentalmente, las cargas o gravámenes que se imponen sobre
bienes muebles, para asegurar el cumplimiento de una obligación.226
El Código Civil, que era la ley que previamente regulaba las garantías
mobiliarias, determina que los bienes sobre los cuales se podía constituir
esta garantía eran únicamente: agraria, industrial o ganadera. Con la
creación del registro de garantías mobiliarias, se incluyen otros bienes que
son susceptibles de crédito prendario como los títulos de crédito y de
representación, acciones de sociedades, rentas, frutos de los bienes
muebles gravados, entre otros.
III.11. Análisis del marco legal nacional
225 Registro de Garantías Mobiliarias. “Boletín informativo RGM Febrero 2009”, Op. Cit.; pág.
7. 226 Ramírez Gaitán, Daniel Ubaldo y Claudia Lavinia Figueroa Perdomo. Op. Cit., pág. 174.
120
El Registro de Garantías Mobiliarias, se constituye en cumplimiento de las
disposiciones legales establecidas internacionalmente. La Ley Modelo
Interamericana sobre Garantías Mobiliarias, en el artículo 1 determina que
“…El Estado que adopte esta Ley Modelo deberá crear un sistema de
Registro único y uniforme aplicable a toda figura de garantías mobiliarias
para dar efecto a esta Ley”.
El Registro de Garantías Mobiliarias en Guatemala, se rige con base al
reglamento de la institución, el Acuerdo Gubernativo número 386-2008 y en
la Ley de Garantías Mobiliarias, en el Título IV, de los Artículos 40 al 53.
El Registro es público y automatizado, dotado de mecanismos de
seguridad indispensables, que garanticen y salvaguarden los derechos
inscritos y la información que en él conste. Tiene funciones de calificación
mínima para no retardar la inscripción. (Artículo 40 de la Ley de Garantías
Mobiliarias y Artículo 4 del Acuerdo Gubernativo 386-2008, Reglamento del
Registro de Garantías Mobiliarias)
El Ministerio de Economía determinará los montos de los aranceles a
cobrar. (Artículo 40 de la Ley de Garantías Mobiliarias)
La inscripción de una garantía mobiliaria en el Registro, puede ser
solicitado por el acreedor garantizado, el deudor garante, cualquier
persona autorizada por ellos, por medio de mandato o carta poder, o el
notario que autorizó el contrato de garantía, quien solo requerirá una carta
poder donde las partes le autorizan para realizar la inscripción. (Artículo 42
de la Ley de Garantías Mobiliarias. Primer párrafo reformado por el Artículo
7 del Decreto 46-2008 del Congreso de la República de Guatemala)
121
Para la inscripción de la prórroga, cancelación, modificación o ejecución,
sólo podrá ser solicitada por el acreedor garantizado o por la persona que
él autorice, pero deberá contar con la anuencia y aceptación de las
partes. (Artículo 42 de la Ley de Garantías Mobiliarias)
El acreedor garantizado podrá autorizar a un tercero para que gestione la
inscripción, por medio de un mandato, carta poder con firma legalizada o
en el documento o en forma electrónica inscrito en el Registro. (Artículo 42
de la Ley de Garantías Mobiliarias)
Si alguna cancelación o modificación se lleva a cabo en forma errónea o
de forma fraudulenta, el acreedor garantizado podrá volver a inscribir este
formulario errónea o fraudulentamente cancelado o modificado. (Artículo
42 de la Ley de Garantías Mobiliarias)
III.12. Contenido del formulario de inscripción
El artículo 43 de la Ley de Garantías Mobiliarias establece que el formulario
deberá contener:
a) Del deudor garante:
Datos de identificación personal y número de documento que lo
identifique.
Datos de identificación personal, número de documento que lo
identifica y relación del mandato o carta poder del tercero que
gestiona con autorización del deudor garante, en su caso.
Datos de identificación personal, número de documento que lo
identifica y relación de la personería del representante legal del
deudor, en su caso.
b) Del acreedor garantizado:
122
Datos de identificación personal y número de documento que lo
identifique.
Datos de identificación personal, número de documento que lo
identifica y relación del mandato o carta poder del tercero que
gestiona con autorización del acreedor garante, en su caso.
Datos de identificación personal, número de documento que lo
identifica y relación de la personería del representante legal del
acreedor, en su caso.
Nombre y datos para identificar al deudor, de cualquier otra persona
individual o jurídica.
Motivo de la inscripción: constitución, modificación, prórroga,
extinción o ejecución de la garantía mobiliaria.
Descripción de los bienes muebles en garantía y si es genérica o
específica.
Condiciones generales del contrato de garantía mobiliaria.
Fecha de la solicitud de inscripción.
Firmas.
Si existe más de un deudor otorgando una garantía sobre los mismos bienes
muebles, éstos deberán identificarse separadamente en el formulario.
(Artículo 43 de la Ley de Garantías Mobiliarias)
III.13. Plazo
La inscripción en el registro tendrá vigencia por un plazo de cinco años,
renovable por períodos de tres años, conservando la fecha de prelación
original. (Artículo 44 de la Ley de Garantías Mobiliarias)
123
III.14. Publicidad
Para que a una garantía mobiliaria prioritaria se le de publicidad y sea
oponible frente a acreedores garantizados con derechos previamente
inscritos sobre bienes del mismo tipo, el acreedor garantizado antes de que
el deudor garante tome posesión de los bienes, deberá:
a) Especificar en el formulario el carácter prioritario de la garantía
mobiliaria; y
b) Notificar con anterioridad a su registro o durante ese momento a los
acreedores garantizados con inscripciones previas sobre la misma
categoría de bienes, cuáles son los bienes que el nuevo acreedor
garantizado gravará mediante la garantía mobiliaria. (Artículo 45)
c) Para la inscripción y búsqueda de información, el registro autorizará el
acceso remoto y por vía electrónica tanto a usuarios nacionales como
extranjeros. (Artículo 46 de la Ley de Garantías Mobiliarias)
d) Las personas tienen acceso al registro y pueden solicitar copia de las
inscripciones; las certificaciones de lo que en él consta o la liberación
de gravámenes que se realizará a su costa. (Artículo 47 de la Ley de
Garantías Mobiliarias)
III.15. Bienes constitutivos de la garantía mobiliaria
En caso de que la garantía mobiliaria se constituya sobre bienes inscritos en
otros registros, simultáneamente al inscribirse electrónicamente en el
Registro de Garantías Mobiliarias, deberá hacerse la anotación
correspondiente en los demás registros, a través de notificación
electrónica, dada la interconexión que existe entre los registros. (Artículo 49
de la Ley de Garantías Mobiliarias)
124
La garantía mobiliaria que se constituya sobre cosechas, bienes muebles
que pasan a ser parte de un inmueble por incorporación, así como toda
modificación, cancelación o ejecución de los mismos, deben asentarse
electrónicamente en el Registro General de la Propiedad. (Artículo 50 de la
Ley de Garantías Mobiliarias) Con la inscripción de este gravamen en el
Registro de la Propiedad, se previene la realización de actos fraudulentos
en contra del acreedor garantizado.
III.16. Personal
El Registro de Garantías Mobiliarias funcionará con el siguiente personal:
a) El Registrador
El Registro estará a cargo de un Registrador; será nombrado y removido
únicamente por el Presidente de la República, de la terna propuesta por el
Ministro de Economía. (Artículo 51 de la Ley de Garantías Mobiliarias), es la
autoridad superior del Registro. (Artículo 5 del Acuerdo Gubernativo 386-
2008, Reglamento del Registro de Garantías Mobiliarias).
Dentro de los requisitos para ser Registrador están:
Ser abogado y notario
Colegiado activo
Guatemalteco
Tener por lo menos 10 años de ejercicio profesional
Ser de reconocida honorabilidad
No haber sido condenado por delitos que impliquen falta de probidad.
No desempeñar un empleo o cargo público ni las profesiones de
abogado y notario. (Artículo 51 de la Ley de Garantías Mobiliarias)
125
b) Subregistradores
El Ministro de Economía nombrará mediante acuerdo ministerial al o los
subregistradores que sean necesarios, siempre que reúnan las mismas
calidades descritas para ser Registrador. (Artículo 52 de la Ley de Garantías
Mobiliarias)
El Registrador y el o los subregistradores podrán ser removidos de sus cargos
por las siguientes causas:
Haber sido condenado en sentencia firme en juicio penal por cualquier
delito. Si se dicta auto de prisión, queda inhabilitado temporalmente para
el ejercicio de sus funciones, atribuciones y facultades; y será sustituido por
el subregistrador designado.
Haber sido declarado en estado de interdicción o quiebra.
Padecer incapacidad física, calificada médicamente, que lo
imposibilite para ejercer el cargo por más de tres meses.
Cometer actos fraudulentos, ilegales o contrarios a las funciones o
intereses del Registro.
Actuar o proceder negligentemente en el desempeño de sus funciones.
Postularse como candidato para un cargo de elección popular.
(Artículo 53 de la Ley de Garantías Mobiliarias)
c) Demás personal
El Registro funcionará con el personal necesario para su funcionamiento,
contratado o nombrado por el Ministro de Economía a propuesta del
Registrador. (Artículo 19 del Acuerdo Gubernativo 386-2008, Reglamento
del Registro de Garantías Mobiliarias).
126
Por favor, refiérase al anexo de, estructura organizacional del Registro de
Garantías Mobiliarias al final del documento.
III.17. Tipos de requerimientos
De conformidad con el Artículo 20 del Acuerdo Gubernativo 386-2008,
Reglamento del Registro de Garantías Mobiliarias; al sistema del Registro de
Garantías Mobiliarias se pueden realizar los siguientes tipos de
requerimientos:
a) Inscripción de constitución de garantía mobiliaria
En el Registro de Garantías Mobiliarias deben inscribirse las garantías
mobiliarias que se constituyen sin posesión del bien en manos del acreedor,
es decir, cuando el bien dado en garantía continúa en posesión del
deudor. Las garantías mobiliarias sobre créditos, obligaciones no dinerarias
e inventarios, deben inscribirse para lograr la publicidad.227
Las garantías mobiliarias constituidas sobre títulos representativos no
negociables emitidos en papel, aunque la publicidad se perfecciona al
designarse el beneficiario en el propio documento, se estipula en ley, que
la garantía puede inscribirse en el Registro de Garantías Mobiliarias,
constituyendo éste un caso de no obligatoriedad de inscripción, pero de
enunciación en cuanto a su permisibilidad.228
En el caso de los títulos representativos no negociables, emitidos
electrónicamente, necesitan de la inscripción para el perfeccionamiento
227 Ramírez Gaitán, Daniel Ubaldo y Claudia Lavinia Figueroa Perdomo. Op. Cit.; pág. 175. 228 Ibíd. Pág 175.
127
de la publicidad de datos como el nombre y número del acreedor como
tenedor legítimo del título representativo.229
En cuanto a la inscripción de la garantía mobiliaria prioritaria, en la
adquisición de bienes, debe identificarse los bienes adquiridos o por
adquirir y hacer constar que se cumplió con notificar a los acreedores
garantizados conforme a la ley.230
b) Inscripción de modificación de garantía mobiliaria
Se deberá inscribir en el Registro todo cambio que se produzca en los
contratos de garantía, relativos a los requisitos de constitución del contrato
o de los que afecten la publicidad frente a terceros.231
Según el Reglamento del Registro de Garantías Mobiliarias, la modificación
la puede solicitar el acreedor garantizado o la persona que él autorice.232
c) Inscripción de prórroga de garantía mobiliaria
La prórroga de la Garantía Mobiliaria es una modificación en el plazo a
que se sujeta la obligación garantizada.
Al respecto, Daniel Ramírez y Lavinia Figueroa, establecen que la ley no
determina quién es la persona facultada a solicitar su inscripción; pero, ya
que constituye un tipo de modificación, se presume que sigue los mismos
lineamientos legales que se establecen para la modificación. Por ende, la
229 Loc. Cit. 230 Loc. Cit. 231 Loc. Cit.; pág. 176. 232 Loc. Cit.
128
persona autorizada para solicitar la prórroga es el acreedor garantizado o
la persona que él autorice.233
d) Inscripción de extinción de garantía mobiliaria
Ni la ley de Garantías Mobiliarias ni el Reglamento del Registro de éstas,
regulan si la extinción de la garantía mobiliaria implica causales como el
pago, la ejecución, el transcurso del tiempo, etc.; así como tampoco
estipulan quién es la persona legitimada para solicitar la inscripción de la
extinción de la garantía. Desde el punto de vista de los jurisconsultos
Daniel Ramírez y Lavinia Figueroa, en su libro “Las garantías mobiliarias en el
derecho de Guatemala”, la extinción de las garantías mobiliarias
comprende diferentes circunstancias que variarán atendiendo a cada
caso que se trate; por ejemplo, si se trata del pago de la obligación, la
cancelación será solicitada por el acreedor garantizado, por el solo hecho
de llenado del formulario; si es el deudor garante, por el actuar del
Registro. Al pedir el título constitutivo de la obligación para inscribir, se
podrá en este caso solicitar la carta de pago otorgada por el acreedor.234
e) Inscripción de ejecución de garantía mobiliaria
Ante el incumplimiento de la obligación adyacente, se inscribirá la
ejecución en el Registro de Garantías Mobiliarias mediante formulario en el
cual se ha de indicar como mínimo:
Nombre del acreedor garantizado que inicia la ejecución;
Descripción del incumplimiento;
Descripción del derecho que motiva la ejecución;
Designación de los bienes dados en garantía,
233
Ramírez Gaitán, Daniel Ubaldo y Claudia Lavinia Figueroa Perdomo. Op. Cit.; pág. 176 y 177. 234
Loc. Cit.; pág. 177.
129
Forma como se llevará a cabo la ejecución, incluyendo la
determinación y procedimiento en caso de ser voluntario;
f) Búsqueda de información en el Sistema de Registro de Garantías
Mobiliarias - Enmienda de errores
En los casos de enmienda de errores en las inscripciones que contenga el
Registro de Garantías Mobiliarias, el Reglamento del Registro establece en
el Artículo 29, que la solicitud de enmienda de una inscripción errónea, la
puede realizar la persona que solicitó la inscripción y con base a los
documentos en que se justifiquen los errores. Si el requerimiento lo presenta
una persona diferente de la que hizo la primera solicitud o un tercero
interesado, se deberá notificar a las partes, previamente a realizar la
enmienda.
g) Requerimientos del contrato de garantía
El Artículo 12 del Acuerdo Gubernativo 386-2008, Reglamento del Registro
de Garantías Mobiliarias, establece como requerimientos del contrato de
garantía, los siguientes:
Lugar y fecha de celebración;
Nombre, domicilio, documento de identificación y datos que permitan
la plena identificación del deudor garante y del acreedor garantizado;
Monto máximo garantizado por la garantía mobiliaria;
Descripción de los bienes muebles en garantía y de los muebles
derivados;
Plazo o condición a que se sujeta la obligación garantizada;
Mención expresa de que los bienes muebles descritos servirán de
garantía a la obligación garantizada;
130
Descripción genérica o específica de las obligaciones garantizadas;
Términos y condiciones en caso que el bien en garantía se deteriore o
disminuya de forma que no cubra el valor del crédito;
Derechos y obligaciones que pacten el deudor garante o su cesionario,
que sean diferentes a los estipulados en ley;
Procedimiento de ejecución voluntaria, si es pactada por las partes;
Inclusión de la cláusula compromisoria, si es pactada por las partes;
Firma de las partes o la impresión dactilar, en su caso.
Se recomienda consultar el anexo de procedimiento de inscripción de
garantías mobiliarias en el registro, y formulario de solicitud de constitución
de garantía mobiliaria, en el presente trabajo de investigación.
h) Arancel
El arancel es el valor económico que el Registro de Garantías Mobiliarias
cobra en relación a los servicios que presta a las personas que requieren
de los mismos. Es a través de este tipo de pagos, que la institución obtiene
los recursos económicos necesarios para financiar sus gastos de
funcionamiento.
El arancel en vigencia se encuentra regulado en el Acuerdo Gubernativo
51-2009, emanada del Ministerio de Economía, de fecha 23 de febrero
2010.
El Artículo 2 del Acuerdo Gubernativo 55-2010, Arancel del Registro de
Garantías Mobiliarias, determina el monto de los honorarios para la
inscripción de constitución, modificación, prórroga, extinción y ejecución
de garantías mobiliarias, de las consultas, copias o certificaciones que
expida y demás servicios que preste el Registro. (Artículo 48 de la Ley de
Garantías Mobiliarias) De estos cobros, el Registro de Garantías Mobiliarias
131
deberá dar aviso a los registros correspondientes al final de cada mes.
(Artículo 49 de la Ley de Garantías Mobiliarias)
Como caso especial, el Arancel del Registro estipula que tanto el Estado
como las Municipalidades no se encuentran obligados al pago de los
honorarios establecidos en el mismo. (Artículo 7 del Acuerdo Gubernativo
55-2010, Arancel del Registro de Garantías Mobiliarias) Solamente estas
entidades se encuentran exentas del pago por la prestación de los diversos
servicios del Registro.
Los recursos provenientes de la aplicación de los aranceles establecidos en
el acuerdo, constituyen ingresos propios del Registro de Garantías
Mobiliarias. (Artículo 8 del Acuerdo Gubernativo 55-2010, Arancel del
Registro de Garantías Mobiliarias)
Este trabajo de investigación, le recomienda referirse al Cuadro
Comparativo de Arancel, al final del documento artículos 4 al 13 del
Acuerdo Gubernativo 55-2010.235
235
Ramírez Gaitán, Daniel Ubaldo y Claudia Lavinia Figueroa Perdomo. Op. Cit.; pág. 197 y 198.
132
CAPÍTULO IV
IV. Análisis sobre la publicidad de la garantía sobre títulos de crédito y
títulos representativos
IV.1. Forma de publicidad
La materialización de la garantía mobiliaria no es suficiente para la
producción de sus efectos legales, si esto se mantuviera de esa manera
sería ineficaz. El principio de divulgación busca la exteriorización,
propaganda y conocimiento de los actos jurídicos concernientes para que
produzcan sus consecuencias de derecho y sean oponibles frente a la
colectividad. Álvaro Delgado Scheelje, profesor de derecho registral de la
Pontificia Universidad Católica del Perú, citado por Juan Pablo Chupina
Cardona, define el principio de publicidad jurídica registral como “la
exteriorización sostenida e ininterrumpida de determinadas situaciones
jurídicas que organiza e instrumenta el Estado a través de un órgano
operativo, para producir congnosibilidad general respecto de terceros,
con el fin de tutelar los derechos y la seguridad en el tráfico de los
mismos”.236
La Ley de Garantías Mobiliarias, en el artículo 3 inciso c) define la
publicidad como: “Situación que se logra por medio de la inscripción
registral de los bienes muebles dados en garantía o por la posesión que,
sobre los mismos, ejerce el acreedor garantizado o un tercero designado
por éste como depositario, que implica un derecho oponible frente a
terceros”.
236 Chupina Cardona, Juan Pablo. “Garantías Mobiliarias, una solución diferente y
novedosa para garantizar el cumplimiento de obligaciones en Guatemala”. Tesis,
Universidad de San Carlos de Guatemala, año 2009, pág. 73.
133
La ley citada en el Artículo 15 preceptúa que “los derechos conferidos por
la garantía mobiliaria serán oponibles frente a terceros sólo cuando se ha
cumplido con el requisito de publicidad.
Se le dará publicidad a una garantía mobiliaria, cualquiera que fuera la
naturaleza de los bienes que afecta: por medio de su inscripción registral o
por la entrega de los bienes muebles en garantía al acreedor garantizado
o a un tercero designado por éste, quien tendrá la posesión o control de
los mismos, de conformidad con la ley”.
Esta disposición legal regula dos clases de publicidad:
a) Publicidad registral
Esta publicidad surge con la inscripción de la garantía mobiliaria en el
Registro de Garantías Mobiliarias, mediante formulario especial expedido
por el Registro, en donde se hace constar información concerniente al
deudor garante, el acreedor garantizado, los bienes muebles dados en
garantía y las condiciones generales del contrato.237
b) Publicidad posesoria
La publicidad posesoria surge y surte sus efectos legales con la entrega
que el deudor garante (propietario, titular o legítimo poseedor de los
bienes dados en garantía), hace al acreedor garantizado, o a un tercero
como depositario, lo cual de conformidad con la ley, implica un derecho
oponible a un tercero.238
237 Ramírez Gaitán, Daniel Ubaldo y Claudia Lavinia Figueroa Perdomo. Op. Cit.; pág. 98. 238 Loc. Cit.
134
La publicidad posesoria se da únicamente si la naturaleza de los bienes lo
permite, o si la entrega es realizada de la manera contemplada en ley.239
Como ejemplos de este tipo de publicidad se encuentran:240
La garantía mobiliaria sobre títulos de crédito y títulos representativos de
mercaderías negociables emitidos en papel, a los cuales se les dará
publicidad por medio de su endoso en garantía y entrega en posesión
al acreedor garantizado.
Créditos documentarios y para bienes en posesión de un tercero
depositario.
c) Publicidad por notificación
Los licenciados Daniel Ramírez y Lavinia Figueroa en su libro “Las garantías
mobiliarias en el derecho de Guatemala”, plantean la existencia de esta
tercera clasificación doctrinaria, que se materializa dentro del artículo 31
inciso a) numeral 2 de la Ley de Garantías Mobiliarias, reformado por el
artículo 5 del Decreto número 46-2008 del Congreso de la República de
Guatemala, que preceptúa: “Si los bienes representados por un título
representativo se encuentran en posesión de un tercero depositario o de
un almacén general de depósito, deberá notificarse al depositario o al
almacén general de depósito de la constitución de la garantía”.
En cuanto al principio de publicidad, se puede establecer que la ley
establece que cualquier persona tiene acceso al Registro y puede solicitar
239 Ibíd. Ramírez Gaitán, Daniel Ubaldo y Claudia Lavinia Figueroa Perdomo, pág. 98. 240 Loc. Cit.; pág. 191.
135
copia de las inscripciones, así como de la emisión de certificaciones de lo
que en el mismo conste, pero a su costa.241
Este extremo posibilita que todas las personas, sean individuales o jurídicas,
interesadas en otorgar un financiamiento determinado o de adquirir bienes
muebles susceptibles de ser gravados en garantía del cumplimiento de
una obligación, puedan establecer si el deudor, propietario o poseedor
legítimo de los mismos, los tiene gravados a favor de un tercero o si alguna
obligación contraída con anterioridad con garantía de dichos bienes, ya
ha sido liberada o extinguida.242 Significa esto, que con la publicidad
registral se protege al acreedor garantizado para que no sea defraudado
por el deudor que pretenda afianzar el crédito prendario con un bien que
se encuentre gravado anteriormente.
IV.2. Forma de publicidad de la garantía sobre títulos de crédito y títulos
representativos
El artículo 3, inciso a) de la Ley de Garantías Mobiliarias, reconoce como
bienes corporales a los títulos de crédito y títulos representativos de
mercaderías. Los bienes corporales son todas las cosas que se pueden
percibir en la realidad y por los sentidos, son concretos, tienen una forma
física y son susceptibles de ser trasladadas de un lugar a otro.
El artículo 5 de la ley de Garantías Mobiliarias estipula que la publicidad
registral otorga al acreedor garantizado, además de la preferencia para la
posesión y ejecución de los bienes dados en garantía, el derecho de ser
pagado con el producto de la venta o la adjudicación de los bienes
muebles dados en garantía. Por otra parte, el artículo 15 de la referida ley
241 Ibíd. Ramírez Gaitán, Daniel Ubaldo y Claudia Lavinia Figueroa Perdomo, pág. 191. 242 Loc. Cit.; pág. 100.
136
establece que se da publicidad a una garantía mobiliaria, por la entrega
de los bienes muebles en garantía al acreedor garantizado o a un tercero
designado por estos, esta publicidad surtirá los mismos efectos que la
publicidad registral. En especial, el efecto erga omnes, (aplicable a todos)
es decir, toda inscripción realizada en un registro es oponible frente a
terceros.
La publicidad de la garantía sobre títulos de crédito y títulos
representativos, se encuentra regulada en el título III, Capítulo IV, de los
artículos 31 al 33 de la Ley de Garantías Mobiliarias; y la reforma al artículo
31 según el Decreto 46-2008, Reformas a la ley de Garantías Mobiliarias.
De conformidad con el artículo 31 de la Ley de Garantías Mobiliarias,
reformado por el artículo 5 del Decreto 46-2008, la publicidad de las
garantías mobiliarias sobre títulos de crédito y títulos representativos de
mercaderías se determinará con base en los siguientes criterios:
Para las garantías sobre títulos de crédito y títulos representativos de
mercaderías negociables emitidos en papel”:
La publicidad de una garantía mobiliaria constituida sobre un título de
crédito o un título representativo de mercaderías emitidos en papel, se
realizará por medio de su endoso en garantía, y entrega al acreedor
garantizado, siendo éste la persona o personas en cuyo favor el deudor
garante o por la ley, se constituye una garantía mobiliaria, con o sin
posesión, ya sea en beneficio propio o de un tercero, (Artículo 31, b).
En cuanto al endoso en garantía, el artículo 428 del Código de
Comercio estipula que éste se otorgará con las cláusulas: en garantía,
en prenda, u otra equivalente. Constituirá un derecho prendario sobre
137
el título y conferirá al endosatario, además de sus derechos de
acreedor prendario, las facultades que confiere el endoso en
procuración. El gravamen prendario de títulos no requiere inscripción
en el Registro de la Propiedad.
Con la vigencia de la ley de Garantías Mobiliarias, esta clase de endoso
en las garantías mobiliarias en los títulos de crédito, confiere al
endosatario las facultades que confiere el endoso en procuración, es
decir, las facultades de un mandatario con representación para cobrar
el título judicial o extrajudicialmente y para endosarlo en procuración.243
En cambio, al deudor garante, es decir, a la persona quien puede ser el
deudor principal o un tercero, que constituye una garantía mobiliaria
conforme la ley, a favor del acreedor garantizado, para garantizar el
cumplimiento de la obligación del deudor principal, se le entregará un
resguardo. (Artículo 31, inciso a, numeral 1).
En caso de que un tercero depositario o que un almacén general de
depósito tenga en su poder los bienes representados por un título
representativo, deberá notificársele al depositario o al almacén general de
depósito sobre la garantía que se constituye. Este aviso es indispensable,
por si no se cumple con el pago del crédito, y deba en su caso, hacerse
efectiva la entrega de los bienes depositados en los almacenes al
acreedor pignoraticio.
La garantía mobiliaria sobre títulos representativos puede coexistir con
un gravamen directo sobre los bienes muebles representados por estos
títulos. Sin embargo, la garantía mobiliaria que recae sobre los primeros,
243 Ibíd. Ramírez Gaitán, Daniel Ubaldo y Claudia Lavinia Figueroa Perdomo. pág. 113.
138
tendrá prioridad sobre la constituida sobre los segundos, excepto que se
haya informado antes al acreedor garantizado, acerca de la existencia de
la garantía sobre los bienes, o que esta circunstancia se haga constar en el
título. En todo caso, dentro del título representativo se debe dejar
constancia si los bienes que representan al mismo se encuentran gravados
o no y si el acreedor pignoraticio acepta que la garantía de pago se
constituya sobre éstos bienes.
La publicidad de las garantías sobre títulos de crédito o títulos
representativos de mercaderías emitidos en papel, convertibles en
documentos electrónicos y que puedan convertirse de nuevo en
documentos en papel, así como para las garantías mobiliarias sobre
títulos de crédito o títulos representativos emitidos en forma electrónica,
se realizará conforme a las reglas o procedimientos que determinen los
reglamentos o según las guías que dicte el Registro de Garantías
Mobiliarias.
El artículo 32 de la Ley de Garantías Mobiliarias establece que la
publicidad de las garantías mobiliarias sobre títulos representativos no
negociables, emitidos en papel o en forma electrónica, se determinará de
la siguiente forma:
La publicidad de la garantía mobiliaria sobre títulos representativos no
negociables emitidos en papel, se perfecciona con la designación en el
título, realizada a solicitud del remitente o depositante, por el
transportista o almacén general de depósito, del acreedor garantizado
como tenedor legítimo de esta calidad.
La publicidad de la garantía mobiliaria de los títulos representativos no
negociables emitidos electrónicamente, se perfeccionará cuando:
139
(Artículo 32 de la Ley de Garantías Mobiliarias) el emisor del título inscriba el
nombre y número de identificación del remitente o depositante; el
transportista o el almacén general de depósito, nombre al acreedor
garantizado como tenedor legítimo del título representativo y le asigne un
número de identificación, cuando así lo solicite el remitente o depositante
de los bienes. En el Registro se inscribirá el nombre y número del acreedor
garantizado como tenedor legítimo del título representativo, a
requerimiento del remitente o depositante, en su carácter de deudor
garante, y el transportista o depositario.
Cuando la publicidad de las garantías mobiliarias sobre títulos
representativos se ha perfeccionado por la posesión de éstos por el
acreedor garantizado, éste entregará posteriormente el título al deudor
garante, para que pueda realizar cualquier auto-liquidación del préstamo,
retiro, almacenamiento, fabricación, manufactura, envío o venta de la
mercancía amparada por el título. Empero, el acreedor garantizado
deberá registrar la nueva garantía mobiliaria antes de que el título sea
entregado al deudor garante, para no perder su prelación, es decir, la
prioridad de ser el primero en derecho, por ser el primero en el registro.
(Artículo 33, Ley de Garantías Mobiliarias)
Con la promulgación de la Ley de Garantías Mobiliarias se abre la
posibilidad legal en Guatemala, de constituir garantía mobiliaria sobre el
título representativo de los bienes, independientemente de la garantía que
se pueda constituir sobre éstos, lo que anteriormente era imposible, ya que
el artículo 391 del Código de Comercio de Guatemala establece: “ La
reivindicación, gravamen o cualquier otra afectación sobre el derecho
consignado en el título de crédito o sobre las mercaderías por él
140
representadas, no surtirán efecto alguno, si no se llevan a cabo sobre el
título mismo”.244
IV.3. Reglas de prelación y persecución de garantías mobiliarias
Con respecto a la prelación, Manuel Ossorio lo define como “primacía en
el tiempo; preferencia para uso o ejercicio”.245
La prelación se refiere a la prioridad o distinción con que un acto jurídico
ingresa primeramente al registro respectivo y de esta forma sea atendido
con preferencia frente a otro.246
El titular de derecho de prelación ostenta una facultad privilegiada, que
permite la exclusión a todas aquellas personas que no tengan más que un
derecho de crédito o un derecho real posterior o de menor categoría. Con
respecto a la potestad de persecución, el titular del derecho real adquiere
el imperativo de seguir y buscar el bien de quien se lo ha despojado e
iniciar las acciones legales respectivas.247 Es decir, el gravamen que pesa
sobre los bienes con garantía inmobiliaria tiene preeminencia sobre
cualquier otro gravamen que lo afecte, derivado de ello, el acreedor
garantizado puede ejercitar los procedimientos legales necesarios para
lograr la restitución de los bienes.
La prelación y derecho de persecución de las garantías mobiliarias se
encuentran regulados en el Título VI de la Ley de Garantías Mobiliarias.
El artículo 54 de dicha ley establece como principio, que la prelación de
una garantía mobiliaria se determina por el momento de su publicidad, de
244 Ramírez Gaitán, Daniel Ubaldo y Claudia Lavinia Figueroa Perdomo. Op. Cit.; pág. 114. 245 Ossorio, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Pág. 600. 246 Chupina Cardona, Juan Pablo. Op. Cit.; pág. 86. 247 Loc. Cit.
141
manera que si existen varios gravámenes mobiliarios sobre los mismos
bienes, y ambos gravámenes o garantías mobiliarias están publicitados,
prevalecerá, el que fue publicitado primero en tiempo.248
Esta garantía confiere al acreedor garantizado, el derecho de perseguir los
bienes dados en garantía y sus derivados, para ejercitar los derechos que
contienen.
El mismo artículo estipula que las garantías mobiliarias que no hayan sido
publicitadas de conformidad con la ley, es decir, aquellas que se
constituyeron por las partes, pero por alguna razón, no fueron publicitadas
por medio de inscripción en el Registro de Garantías Mobiliarias, o por
medio de posesión de los bienes por el acreedor garantizado por un
tercero designado por éste, se determinará según el orden cronológico de
su constitución, es decir por la fecha de formalización del contrato de
garantía mobiliaria entre las partes, por lo que en caso de que existan dos
o más garantías mobiliarias no publicitadas y constituidas en distintas
fechas, tendrá prelación la de fecha más antigua.249
Asimismo, una garantía mobiliaria publicitada prevalece sobre cualquier
otra no publicitada, independientemente se haya formalizado antes o
después de la fecha de la que fue debidamente publicitada.250
De lo anterior se concluye que el derecho de prelación en primer lugar se
determina por la fecha en que sean inscritos en el registro de garantías
mobiliarias; en su defecto, se determinará por la fecha de su constitución;
o bien, si existieren garantías inscritas y no inscritas, las primeras tienen
preeminencia sobre las últimas.
248 Ramírez Gaitán, Daniel Ubaldo y Claudia Lavinia Figueroa Perdomo. Op. Cit.; pág. 145. 249 Ibíd.; pág. 145 y 146. 250 Loc. Cit.; pág. 146.
142
Además, la ley regula que la prelación y la prioridad de la garantía
mobiliaria debidamente publicitada, son superiores a la orden de embargo
o remate de los bienes dados en garantía que carezcan de publicidad
registral o cuya fecha de registro sea posterior a la de la garantía
mobiliaria. En suma, se regula que toda garantía registrada siempre tiene
preeminencia sobre otra no inscrita en el registro, así como de aquella que
fuere inscrita tiempo después.
El artículo 6 de la Ley de Garantías Mobiliarias, determina que se gozará
del derecho real preferente de posesión, ejecución y cobro en el caso de
gravámenes establecidos por las leyes de orden fiscal, laboral, judicial o
administrativo, que afectarán a terceros, únicamente en el caso de su
registro, conforme a lo establecido en la ley.251 En virtud de esta disposición
legal, se determina que una garantía constituida por mandato legal,
judicial o administrativa tiene preeminencia sobre otra de índole particular
cuando ésta se ha inscrito formalmente en el registro de garantías
mobiliarias.
Esta disposición legal se complementa con las reglas de prelación
enunciadas y a su vez, se asocian al caso de las mercancías o productos
terminados que no hayan pagado derechos de importación. Al respecto,
el artículo 3, inciso h) de la ley de Almacenes Generales de Depósito
establece que los bienes almacenados quedan pignorados de pleno
derecho a favor del Estado y con preferencia absoluta sobre cualquier
otro gravamen, por el monto de las sumas adeudadas al fisco, y a su
debido tiempo, si no se cubrieron los derechos de importación, los
almacenes quedan obligados a vender directamente, sin más trámite, los
bienes pignorados para con su producto cubrir en primer término, las
251 Ibíd. Ramírez Gaitán, Daniel Ubaldo y Claudia Lavinia Figueroa Perdomo, pág. 146.
143
acreedurías a favor del estado y los gastos de almacenaje.252 En definitiva,
cuando se defrauda al fisco en el pago de los impuestos de importación
los almacenes generales tienen la obligación de cancelar el valor de los
mismos con el producto de la venta de los bienes depositados en el
almacén.
Cuando un bien dado en garantía mobiliaria prioritaria, es decir, la
garantía otorgada a favor de un acreedor, incluyendo proveedores, que
financia la adquisición por parte del deudor, de bienes muebles corporales
presentes o futuros, sobre los cuales se constituye la garantía mobiliaria, es
enajenado o transmitido, se traspasa igualmente la deuda, sus
modalidades y consecuencias sin necesidad de pacto expreso entre los
interesados. Empero, el comprador o adquiriente de buena fe, que
adquiere los bienes en el curso normal de los negocios, recibirá los bienes
muebles libres de todo gravamen. (Artículo 55 Ley de Garantías Mobiliarias)
De lo anterior se concluye que todo bien sobre el cual pese una garantía
mobiliaria al ser enajenado por otra persona, ésta adquiere también la
deuda aún sin su consentimiento; sin embargo, si ésta lo hubiera adquirido
sin saber la condición en la que se encuentra el bien y sin tener la intención
de defraudar al acreedor garantizado, por mandato legal, se libera el bien
de todo gravamen.
La constitución y publicación conforme a la ley de una garantía mobiliaria
prioritaria para la adquisición de bienes específicos, tendrá prelación sobre
cualquier garantía anterior que afecte bienes muebles futuros del mismo
tipo, aún cuando a esta garantía se le haya dado publicidad con
posterioridad a la publicidad de la garantía anterior. Esta garantía, se
extenderá únicamente sobre los bienes muebles específicos adquiridos y el
252 Loc. Cit.; pág. 147.
144
numerario específicamente atribuible a la venta de éstos, siempre y
cuando el acreedor garantizado cumpla con los requisitos de inscripción
de la garantía mobiliaria prioritaria, esto está estipulado en el artículo 56 de
la Ley de Garantías Mobiliarias.
La misma norma legal, contempla en el Artículo 57 que la prelación de la
garantía mobiliaria se determina de la siguiente forma:
a) Cuando la garantía mobiliaria es sobre los títulos representativos:
A excepción del derecho de retención o los gravámenes inscritos
legalmente, con antelación a la constitución de la garantía mobiliaria
sobre el título representativo; la garantía mobiliaria posesoria sobre estos
títulos, que conste en papel o electrónicamente, tendrá prelación a
cualquier gravamen sobre los bienes representados por el título, esto
significa que se le concede orden de preferencia, pero se da por
descontado que se retendrán los gravámenes que se hubieran
establecido anteriormente.
La prelación de las garantías mobiliarias que se constituyen sobre títulos
representativos negociables emitidos en papel, convertibles en
documentos electrónicos y de nuevo en papel; sobre títulos
representativos negociables emitidos electrónicamente, se determina
conforme a las reglas o procedimientos que determinen los reglamentos
o según las guías que dicte el Registro de Garantías Mobiliarias, en
cuanto a su publicidad.
La prelación de las garantías mobiliarias sobre títulos representativos no
negociables emitidos en papel o electrónicamente, se rige por lo
dispuesto en el Artículo 32 de la ley en cuanto a su publicación.
145
b) Se presume libre de gravamen, el título de crédito emitido en papel,
con o sin endoso, que se encuentre en poder del tenedor o endosatario,
siempre que lo hubiera adquirido en el curso normal de los negocios. Si
existiese algún gravamen, se debe hacer constar en el título.
c) Al inscribirse en el registro una garantía mobiliaria sobre créditos debidos
al deudor garante, en ese momento se determina su prelación.
Si en un crédito documentario, al acreedor garantizado le ceden los
derechos respecto al pago debido, el primero en ser notificado de la
aceptación de pago por el banco emisor o confirmante, tiene prelación
sobre otra garantía constituida sobre estos fondos. Empero, este acreedor
tiene prelación inferior a la del beneficiario de una transferencia del
crédito documentario y del tenedor legítimo de una letra de cambio
aceptada por el banco o confirmante del pago.
d) Tiene prelación la garantía mobiliaria sobre accesorios fijos a adherirse o
incorporarse a un inmueble que se haya publicitado legalmente, a otra
garantía sobre el inmueble, siempre que se haya inscrito previamente en el
Registro de Garantías Mobiliarias y en el Registro General de la Propiedad
antes de su incorporación.
e) Tiene prelación sobre otras garantías mobiliarias, la garantía cuya
publicidad ante terceros se constituya por el traspaso del control de la
cuenta bancaria del deudor garante al acreedor garantizado.
Adicionalmente a las reglas de prelación definidas, la ley de Garantías
Mobiliarias establece que también gozarán del derecho preferente
inherente a una garantía mobiliaria, los acreedores que ejercen
146
legítimamente el derecho de retención. 253 Este derecho se entiende
como una garantía que el acreedor hace uso de ella, ante el
incumplimiento de la obligación por parte del deudor, por virtud de la
cual puede retener en su poder los bienes de éste con el único objeto de
compelerlo al cumplimiento de la obligación debida al acreedor.
Referente a ello, el artículo 6 de la ley, establece que no es necesario el
registro para que el ejercicio legítimo del derecho de retención surta su
efecto, y regula los siguientes casos:
a) La sociedad que retiene el capital y utilidades del socio excluido;
b) La retención de equipaje, por el hotelero;
c) La retención por el mandatario, de las cosas objeto del mandato, en los
casos señalados en ley;
d) La retención por el depositario, de las cosas depositadas;
e) La retención de una obra mueble, por el constructor;
f) La retención por el comodatario, sobre la cosa dada en comodato.
IV.4. Ejecución de las garantías mobiliarias
Al concluir el vínculo jurídico existente entre el deudor garante y el
acreedor garantizado se produce una extinción de esa relación
obligacional, ya sea en forma normal; o sea, por el cumplimiento o el
pago. También puede darse el supuesto de acatamiento en forma
anormal; es decir, por compensación, novación, remisión, confusión,
prescripción extintiva o transacción.254
253 Ramírez Gaitán, Daniel Ubaldo y Claudia Lavinia Figueroa Perdomo, Op. Cit.; pág. 150. 254 Chupina Cardona, Juan Pablo. Op. Cit.; pág. 87.
147
La realización coercitiva de la obligación, en términos generales, consiste
entonces en el cumplimiento indefectible de la obligación a manera de
constreñir al sujeto comprometido a que responda para hacer infalible,
forzosa y certera su prestación.255 Dicho en otras palabras, a través del
procedimiento de ejecución, el deudor cumple forzosamente con la
obligación debida, por la orden que emite el órgano jurisdiccional. Este
procedimiento lo promueve el acreedor cuando el deudor se niega
voluntariamente a cumplir con la obligación pactada.
En el título VII, artículos del 58 al 69 de la Ley de Garantías Mobiliarias, se
regula la ejecución de la garantía mobiliaria.
Paso 1. Ejecución voluntaria o judicial de la garantía mobiliaria
Al respecto, la ley estipula que ante el incumplimiento del deudor garante
de una obligación garantizada con una garantía mobiliaria, el acreedor
garantizado puede iniciar el proceso de ejecución de la garantía.
Pudiendo en este caso, promover:
1) La Ejecución Voluntaria. La ley lo define como “mecanismo de
ejecución extrajudicial que las partes podrán pactar en el contrato de
garantía, durante la vigencia de éste, durante el proceso de ejecución o
en cualquier momento de conformidad con la ley”. En estos casos, la
ejecución se lleva a cabo según los lineamientos pactados de común
acuerdo entre las partes, y se rigen conforme a ellos para la solución del
conflicto; siempre y cuando estos procedimientos no sean contrarios a la
ley o se establezcan manifiestamente a favor de solo una de las partes.
255 Ibíd.; pág. 87.
148
El Artículo 58 de la ley estipula que el acreedor garantizado puede iniciar el
proceso de ejecución voluntaria, la cual se ha pactado entre acreedor y
deudor, y ahorra tiempo a la diligencia judicial, en la forma que se pacta,
caso contrario, se debe seguir el proceso establecido en la ley.
Este proceso es entonces, pactado por el deudor garante y el acreedor
garantizado en el contrato de garantía, con el objeto de que la ejecución
se realice en forma privada, debe ceñirse a la legalidad y nunca contrariar
los preceptos constitucionales relativos a las partes o a terceros.256
Ya que la garantía mobiliaria puede constituirse dentro del mismo contrato
en que se constituye la obligación subyacente, o en contrato separado
conteniendo únicamente de la constitución de la garantía mobiliaria,
puede asimismo, pactarse contractualmente que en caso de
incumplimiento de la obligación contraída por el deudor garante, la
garantía será ejecutada en forma voluntaria, estableciendo a su vez, el
procedimiento voluntario que se seguirá, y otros asuntos como: el régimen
de notificaciones, requerimiento de pago, defensas,257 la entrega y
desapoderamiento del bien, la forma y condiciones de la venta o subasta
de los bienes pignorados entre otros, en cumplimiento y observancia de
las garantías constitucionales del debido proceso.258
Este pacto contractual puede hacerse en diferentes momentos:
Al momento de constituir la obligación crediticia, posteriormente a la
constitución de esta obligación, durante su vigencia.
256 Loc. Cit.; pág. 89. 257 Ramírez Gaitán, Daniel Ubaldo y Claudia Lavinia Figueroa Perdomo, Op. Cit.; pág. 204 y
205. 258 Chupina Cardona, Juan Pablo. Op. Cit.; pág. 89.
149
Iniciado el procedimiento de ejecución, si con anterioridad las partes no
lo hubieren pactado o se hubiera omitido un punto importante.259
Al respecto, en la tramitación de este procedimiento, el Artículo 59 de la
Ley de Garantías Mobiliarias, faculta al notario a realizar el requerimiento
de pago y la notificación, pero esto, a opción del acreedor garantizado.
2) La Ejecución Judicial. El proceso ejecutivo judicial, es el conjunto de
garantías de carácter procesal, a través de la cual se demandan
expeditamente ante los órganos jurisdiccionales el cumplimiento de
obligaciones que no han sido efectivamente realizadas. Esta pretensión se
realiza en virtud de una sentencia condenatoria u otros actos o
documentos privilegiados en la ley; y se inicia ante un juez de ejecución
del ramo civil.260 La ejecución judicial a diferencia de la ejecución
extrajudicial o voluntaria, se rige conforme a las disposiciones establecidas
en la ley procesal civil. En este tipo de procesos, nada tiene que intervenir
la voluntad de las partes, es el juez contralor quien dirige el proceso y lo
resuelve conforme a la ley.
Paso 2. Inscripción
El acreedor garantizado inscribe la ejecución, sea voluntaria o judicial, en
el Registro de Garantías Mobiliarias. Si no se inscribe el formulario de
ejecución, no se rechaza el escrito, en este caso, el juez otorga el plazo de
48 horas para que lo presente. (Artículo 58 Ley de Garantías Mobiliarias).
259 Ramírez Gaitán, Daniel Ubaldo y Claudia Lavinia Figueroa Perdomo, Op. Cit.; pág. 205. 260 Chupina Cardona, Juan Pablo. Op. Cit.; pág. 89.
150
Paso 3. Notificación
A través de la notificación, se hace del conocimiento de las partes en el
proceso de ejecución, acerca de todas las resoluciones que emite el
órgano jurisdiccional.
El Registro de Garantías Mobiliarias hace pública la ejecución. El acreedor
garantizado notifica la misma a las siguientes personas:
1. Deudor garante;
2. Deudor principal;
3. Persona que posea los bienes en garantía o al depositario;
4. Acreedores que aparezcan en la inscripción registral;
5. Registros correspondientes donde se hubiere anotado la garantía
mobiliaria (notificación electrónica). Esta última notificación es necesaria
para dar certeza jurídica a las transacciones, porque la omisión de la
notificación al registro respectivo, da lugar a que en el Registro de
Garantías Mobiliarias pudiera aparecer registrada una ejecución sobre los
bienes que constituyen la garantía mobiliaria, en tanto en el registro donde
se encuentran inscritos los bienes, solo aparecerá inscrita la garantía
mobiliaria sobre los mismos, pero no su ejecución.261
El acreedor garantizado tiene el deber de hacer estas notificaciones
previamente a plantear la ejecución en forma voluntaria o judicial, como
una prevención a todos los sujetos que pudieren estar interesados en el
destino de los bienes dados en garantía.262
261 Ramírez Gaitán, Daniel Ubaldo y Claudia Lavinia Figueroa Perdomo. Op. Cit.; pág. 209. 262 Ibíd.; pág. 208.
151
Paso 4. Requisitos de inscripción de la ejecución
Al inscribir la ejecución de las garantías mobiliarias, se debe consignar:
a) Nombre del acreedor garantizado que inicia la ejecución;
b) Descripción del hecho del incumplimiento;
c) Descripción de los derechos en los que se basa el proceso de
ejecución;
d) Designación de los bienes dados en garantía, objeto de la ejecución;
e) Forma como se llevará a cabo la ejecución de la garantía;
f) Si la ejecución fuera voluntaria, descripción del procedimiento
acordado.
En cuanto a los requisitos, la Ley Interamericana de Garantías Mobiliarias
en el Artículo 53, numeral III, estipula además, que se debe presentar una
declaración del monto requerido para satisfacer la obligación garantizada
y cubrir los gastos de ejecución razonablemente cuantificados. La
importancia de ello radica en que desde un principio, el acreedor
garantizado revela además del importe de la obligación incumplida por el
deudor garante, el monto de los gastos que reclamará éste; esto permite a
otros acreedores interesados en realizar el pago al acreedor garantizado y
subrogarse en sus derechos, lo cual posibilita saber con certeza la
cantidad que se requiere para el efecto.
En cambio, en la legislación guatemalteca, el monto de los gastos y costas
del proceso se conocen hasta después de haber practicado el remate, al
momento de elaborarse la liquidación respectiva.263
263 Ibíd. Ramírez Gaitán, Daniel Ubaldo y Claudia Lavinia Figueroa Perdomo, pág. 211.
152
Paso 5. Presentación de la demanda a juez competente
En la ejecución judicial, el acreedor garantizado presentará al juez de
primera instancia civil la demanda de ejecución de la garantía mobiliaria
con el título ejecutivo en el que se fundamenta el derecho.
El artículo 8 de la Ley de Garantías Mobiliarias, determina que en lo no
dispuesto por esta ley, se estará a lo dispuesto por la legislación mercantil,
civil y a los usos y costumbres, siempre que no contradigan los principios de
la ley. En virtud de ello, se aplicará supletoriamente, el artículo 61 del
Código Procesal Civil y Mercantil, en cuanto a los requisitos que debe
llenar todo primer escrito que se presenta ante los tribunales de justicia.264
En el memorial de demanda, según lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley
de Garantías Mobiliarias, el acreedor garantizado podrá designar un
perito para realizar la tasación o valuación de los bienes que serán objeto
de venta privada, remate en pública subasta o de la adjudicación en
pago de los bienes objeto de la garantía mobiliaria.265
Paso 6. Notificación y Requerimiento de pago
El juez competente dentro de las 24 horas siguientes de presentada la
demanda, notifica y requiere al deudor garante el pago de la cantidad
reclamada. Si el acreedor garantizado lo solicita, la notificación puede
hacerse en forma notarial. En la ejecución voluntaria, se designa por las
partes un notario interviniente; en cambio, en la ejecución judicial,
264 Op. Cit.; pág. 216. 265 Loc. Cit.; pág. 218 y 219.
153
únicamente, cuando lo solicite el ejecutante (acreedor garantizado) ante
el juez competente, quien resolverá la solicitud respectiva.266
Si no se puede notificar al deudor garante, la notificación y requerimiento
se realizará a través de un edicto publicado en el Diario Oficial y en otro
medio de comunicación, el día hábil siguiente de su publicación.
Paso 7. Emplazamiento e interposición de excepciones
El deudor garante tendrá el plazo de tres días hábiles, contado a partir del
día de la notificación o de requerido el pago, para:
1. Oponerse a la ejecución;
2. Interponer la excepción de pago total o de prescripción, en su caso.
El artículo 61 de la ley, establece que cualquier otra excepción, defensa o
recurso que el deudor principal o tercero con interés legítimo, pretenda
hacer valer o interponer contra la ejecución iniciada, debe plantearse por
la vía de acción, recurso o apelación judicial, de forma independiente a la
ejecución, y en la forma prevista en la ley; sin tener efectos suspensivos y
sin impedir el ejercicio de los derechos de ejecución del acreedor
garantizado respecto a los bienes en garantía.
Paso 8. Orden de desapoderamiento
En caso de falta de oposición fundada en las excepciones enunciadas, el
acreedor garantizado procederá conforme la ley, al desapoderamiento
del bien; o podrá darse por terminado anticipadamente el proceso y
proceder al remate.
266 Ibíd. Ramírez Gaitán, Daniel Ubaldo y Claudia Lavinia Figueroa Perdomo, pág. 220.
154
La garantía mobiliaria sin posesión sobre bienes corporales, transcurrido el
plazo fijado, el acreedor garantizado pedirá al juez que libre
inmediatamente orden de desapoderamiento, que ejecutará de
inmediato, pudiendo auxiliarse de la fuerza pública.
Los bienes objeto de garantía mobiliaria se entregarán al acreedor
garantizado o a un tercero que designe la orden judicial. Esta entrega, no
surte efectos de transferencia de dominio, sino únicamente permite al
acreedor garantizado tener posesión física de los bienes corporales dados
en garantía, y ejercer un control verdadero y directo sobre ellos.267 Al
efectuarse el desapoderamiento de los bienes del deudor, el acreedor se
asegura que los mismos no serán transmitidos o cedidos a otra persona; en
estos casos el acreedor o una tercera persona es la designada para la
custodia de los bienes consignados, el acreedor será propietario de éstos
solo al finalizar el proceso de ejecución al dictarse la sentencia respectiva.
Si el deudor principal o un tercero con interés legítimo en los bienes en
garantía, quiere hacer valer o interponer alguna excepción, defensa o
recurso en contra de la ejecución, se planteará por la vía de acción,
recurso o apelación judicial de forma independiente a la ejecución; sin
que esta acción tenga efectos suspensivos.
Paso 9. Término anticipado del proceso
La ejecución terminará en cualquier momento, antes de que el acreedor
garantizado disponga de los bienes en garantía, en los casos que se
detallan, siempre que el deudor garante u otro interesado ejecuten las
siguientes acciones:
267 Ibíd. Ramírez Gaitán, Daniel Ubaldo y Claudia Lavinia Figueroa Perdomo, pág. 224.
155
a) Paga al acreedor garantizado, el monto total adeudado, gastos
incurridos por el proceso de ejecución y costas judiciales. Si el pago lo
realiza un tercero, éste se subroga en los derechos, acciones y garantías
de la obligación.
b) Si la obligación es pagadera en cuotas y el contrato de préstamo o de
garantía no contiene cláusula de vencimiento anticipado de las cuotas
debidas en caso de incumplimiento, el deudor garante terminará los
procedimientos de ejecución, restableciendo el cumplimiento del contrato
de garantía, pagando las cantidades adeudadas al acreedor
garantizado, más los gastos incurridos en el proceso de ejecución.
Paso 10. Remate de los bienes
Cuando el deudor garante o un tercero, no pagan totalmente la
obligación o no demuestran el pago, se procederá al remate de los bienes
siguiendo este procedimiento:
1. Si los bienes muebles en garantía se cotizan en el mercado o plaza
donde la ejecución se lleva a cabo, se venderán directamente por el
acreedor garantizado a un precio acorde con su valor en estos lugares.
Esta disposición se aplica especialmente para el caso de garantías
mobiliarias constituidas sobre títulos de crédito o valores.268
2. Si son créditos, el acreedor garantizado podrá cobrarlos o ejecutarlos
en contra de los deudores del crédito.
3. Si son créditos documentarios o sus derechos de pago, títulos valores,
acciones y bonos, el acreedor garantizado ejercerá todos los derechos del
deudor garante relacionados a los bienes inherentes a su posesión, como
la reivindicación, cobro, voto, percepción de dividendos, entre otros.
268 Ibíd. Ramírez Gaitán, Daniel Ubaldo y Claudia Lavinia Figueroa Perdomo, pág. 230.
156
Si las partes lo acuerdan, se pueden vender los bienes muebles en garantía
en forma privada, a su precio de tasación o valuación. La valuación se
llevará a cabo por un perito nombrado por el juez; sin embargo, en el
memorial de interposición de la ejecución de garantía mobiliaria, el
acreedor garantizado podrá designar un perito para estos fines, si el
acreedor no lo designa, el juez lo nombrará y le concederá un plazo que
no exceda de tres días, para que realice la tasación.
Una vez tasados los bienes, el juez ordenará la venta en subasta pública.
Ante la falta de postor, los bienes se adjudicarán en pago al acreedor
garantizado. El precio base de los bienes a rematar, se podrá pactar en el
contrato de garantía mobiliaria.
Paso 11. Liquidación de la obligación garantizada
La liquidación de la obligación garantizada se realizará, con base a las
siguientes reglas:
a) Practicado el remate o venta privada, se hará la liquidación de la
obligación garantizada y se regularán las costas judiciales. El juez, en caso
de subasta o venta pública, librará orden a cargo del subastador
conforme a los términos del remate.
b) El deudor garante deberá cubrir los gastos de la venta privada o
adjudicación en pago.
c) Si existen algunas otras obligaciones garantizadas con garantías
mobiliarias con prestación inferior, estas serán pagadas una vez satisfecha
la obligación garantizada.
d) Si existiere remanente, se entregará al deudor garante. Si del producto
de la venta de los bienes en pública subasta, después de haber
157
cancelado el monto total de la obligación reclamada más costas
judiciales, quedare algún saldo a favor del deudor, éste se le retribuirá.
e) Si el saldo fuese insoluto, el acreedor garantizado podrá demandar al
deudor principal, el pago de ese saldo más las costas judiciales. Es decir,
que si el monto recaudado en la subasta, no logra cubrir el total de lo
adeudado al acreedor, éste podrá reclamar al deudor el pago de la
diferencia que falta para cubrir la deuda además de cancelar el valor de
los gastos originados del juicio y de la venta de los bienes en subasta
pública.
Paso 12. Derecho del deudor garante
El derecho del deudor garante de reclamar los daños y perjuicios por
abuso en el ejercicio de los derechos por parte del acreedor garantizado,
quedará a salvo para ejercitarse esta acción.
Paso 13. Subrogación
El acreedor garantizado subsiguiente se subroga en los derechos del
acreedor garantizado precedente, pagando el monto de la obligación
garantizada del primer acreedor.
Paso 14. Suspensión de venta
El derecho del deudor garante, como vendedor en el curso normal de sus
negocios, queda suspendido desde que es notificado del procedimiento
de ejecución iniciado en su contra. La suspensión continuará hasta que la
ejecución termine. De esta manera, el deudor garante no podrá disponer
libremente de los bienes que conforman la garantía; por lo que el
158
acreedor garantizado obtiene cierta protección sobre los bienes que
conforman la garantía constituida a su favor.
Paso 15. Subsistencia de la garantía mobiliaria
Quien compre un bien mueble en garantía de una venta pública o
privada con motivo de una ejecución, recibirá la propiedad sujeta a
garantías mobiliarias inscritas con anterioridad a la ejecución.
El anexo que se presenta al final de este documento “Esquema del Juicio
Ejecutivo de Garantías Mobiliarias”, le proveerá información más detallada.
IV.5. Cláusula compromisoria
La cláusula compromisoria es aquella en que las partes interesadas
convienen en que las diferencias que pueden surgir entre ellas,
generalmente como consecuencia de la interpretación o del
cumplimiento de un contrato, serán dirimidas en juicio de árbitros o de
amigables componedores y no ante la jurisdicción ordinaria.269 A través de
este procedimiento, las partes acuerdan voluntariamente que el conflicto
surgido entre ellas será conocido, tramitado y resuelto ante una tercera
persona, la cual debe ser imparcial. De esta manera, el conflicto en
cuestión no será tramitado ante las instancias de un juzgado sino ante
árbitros.
La ley de Garantías Mobiliarias en el título VIII, artículo 70, regula el arbitraje
en relación a esta materia. Esta disposición legal enuncia que las partes
pueden incorporar a los contratos de garantía mobiliaria una cláusula
compromisoria, en la que las partes convengan que en caso de
269 Ossorio, Manuel. “Diccionario de ciencias jurídicas, políticas y sociales”, pág. 126.
159
presentarse alguna controversia que emane de la interpretación,
cumplimiento u otra situación que surja derivada del contrato de garantía
mobiliaria, se resolverá a través del arbitraje.
La inclusión de esta cláusula compromisoria dentro de los contratos de
garantía mobiliaria, permite dotar de cierta modernidad a las
negociaciones que se realizan actualmente, permitiendo a su vez
solucionar de forma expedita cualquier controversia que pudiera surgir
entre las partes por virtud del contrato de garantía mobiliaria.
Según la Ley de Arbitraje de Guatemala, decreto número 67-95 del
Congreso de la República, en caso de que las partes acuerden someter a
arbitraje nacional o internacional, todas o ciertas controversias que hayan
surgido o puedan surgir entre ellas, respecto de su relación jurídica, será
aplicable esta ley, cuando el lugar del arbitraje se encuentre en el territorio
nacional.270
De conformidad con la ley, el acuerdo de arbitraje deberá constar por
escrito y podrá adoptar la fórmula de un compromiso o de una cláusula
compromisoria.
El acuerdo de arbitraje podrá constar ya sea en una cláusula incluida en
un contrato o en un acuerdo independiente. Si el acuerdo es incorporado
a contratos mediante formularios o pólizas, estos contratos deben
incorporar en caracteres destacados, claros y precisos, la advertencia
“Este contrato, incluye un acuerdo de arbitraje”.271
Mediante este procedimiento, deberá tratarse a las partes
equitativamente y darse a cada una de ellas la oportunidad de hacer
270 Ramírez Gaitán, Daniel Ubaldo y Claudia Lavinia Figueroa Perdomo, Op. Cit.; pág. 248. 271 Ibíd.; pág. 249.
160
valer sus derechos conforme a los principios esenciales de audiencia,
contradicción e igualdad entre las partes; podrán determinar libremente el
lugar del arbitraje, el idioma o idiomas que hayan de utilizarse en las
actuaciones arbitrales internacionales; en todos los casos, el tribunal
arbitral decidirá de conformidad con las estipulaciones del contrato,
tomando en consideración los usos mercantiles aplicables.272
Las actuaciones arbitrales terminan con el laudo definitivo o por una orden
del tribunal arbitral, cuando:273
a) El demandante retire su demanda, a menos que el demandado se
oponga a ello y el tribunal arbitral reconozca un legítimo interés de su
parte en obtener una solución definitiva del litigio;
b) Las partes acuerden dar por terminadas definitivamente las
actuaciones; y
c) El tribunal arbitral compruebe que la prosecución de las actuaciones
resultaría necesaria o imposible, y que dicha terminación redunde en
beneficio de las partes.
El laudo arbitral queda sujeto a corrección de cualquier error de cálculo,
de copia o tipográfico u otro de naturaleza similar; a solicitud de las partes,
de interpretación sobre un punto o una parte concreta de éste. Salvo
acuerdo en contrario de las partes, dentro del mes siguiente a la recepción
del laudo, cualquiera de las partes, con notificación de la otra parte,
puede pedir al tribunal arbitral que dicte un laudo adicional sobre las
reclamaciones formuladas en las actuaciones arbitrales, pero omitidas en
el laudo; si el tribunal lo considera conveniente, emitirá el laudo adicional
en el plazo de dos meses.274
272 Ibíd. Ramírez Gaitán, Daniel Ubaldo y Claudia Lavinia Figueroa Perdomo, pág. 249. 273 Loc. Cit. 274 Ibíd.; pág. 250.
161
Las actuaciones se darán por terminadas, cuando durante la tramitación
de las actuaciones arbitrales, las partes llegan a una transacción que
resuelva el litigio.275
Una vez dictado el laudo arbitral, solo procede en contra de este, el
recurrir ante una sala de la Corte de Apelaciones mediante un recurso de
revisión, que se tramitará conforme lo dispuesto en la Ley de Arbitraje;
empero, el auto correspondiente, no será susceptible de ser impugnado
por ningún recurso o remedio procesal. La resolución del recurso de
revisión confirmará, revocará o modificará el laudo arbitral y en caso de
revocación o modificación, se resolverá lo correspondiente.276
En conclusión, el procedimiento arbitral es la forma más expedita para la
resolución de controversias surgidas entre las partes por errores de
interpretación del contrato de garantías mobiliarias, porque significa
celeridad procesal. Para ello, las partes mediante cláusula expresa dentro
del contrato, deciden designar este procedimiento como el medio para
resolver sus problemas y prometen acatar la resolución que se dicte este
proceso, es decir el laudo arbitral.
IV.6. Funciones registrales en garantías mobiliarias
La garantía mobiliaria es el derecho real constituido por el deudor garante
a favor del acreedor garantizado, para asegurar el cumplimiento de una o
varias obligaciones, presentes o futuras del deudor principal o de un
tercero; pudiendo recaer sobre bienes muebles corporales, incorporales o
275 Loc. Cit. 276 Ibid.
162
derivados, bienes inmuebles por incorporación o destino, o sobre derechos
que recaen sobre éstos. (Artículo 3 y 4 de la Ley de Garantías Mobiliarias)
Al momento de inscribir las garantías mobiliarias en el Registro de Garantías
Mobiliarias, simultáneamente a ello, se debe cumplir con la obligación de
remitir aviso vía electrónica al registro de derechos que corresponda; esto
en cumplimiento del artículo 49 de la Ley de Garantías Mobiliarias, el cual
preceptúa: “si se constituye una garantía mobiliaria sobre bienes inscritos
en otros registros, simultáneamente al momento de su inscripción
electrónica en el Registro de Garantías Mobiliarias, deberá hacerse la
anotación respectiva en dichos registros, por medio de notificación
electrónica, a través de la interconexión que debe existir entre los
registros”.
“Si tal anotación genera un cobro por parte del Registro al que se envía la
anotación, el mismo será cobrado por el Registro de Garantías Mobiliarias
conforme al arancel del registro respectivo, dentro de los costos de
inscripción. Lo mismo aplica para cualquier modificación o inscripción
posterior que se haga respecto de dichos bienes”.
El artículo 15 de la ley estipula que los derechos conferidos por la garantía
mobiliaria serán oponibles frente a terceros sólo cuando se ha cumplido
con el requisito de publicidad. Se le dará publicidad a una garantía
mobiliaria, cualquiera que fuera la naturaleza de los bienes que afecta; por
medio de su inscripción registral…”
El mandato legal que obliga al Registro de Garantías Mobiliarias a expedir
el aviso electrónico, tiene por objeto, publicitar el hecho y el derecho
eventual que nace para el acreedor garantizado sobre los bienes dados
en garantía, en caso de incumplimiento del deudor principal. Asimismo, del
163
cumplimiento de esta obligación, nace una serie de derechos conexos
respecto de estos bienes, como la constitución de una garantía prioritaria
o una subsiguiente garantía con otro o el mismo acreedor.277
En el caso de los bienes muebles que aún no han sido inscritos en los
registros de dominio correspondientes, el Registro de Garantías Mobiliarias
no tiene obligación de notificar, porque la ley no lo obliga y no existe
ningún dato registral de dominio que lo permita.278 Este es un vacío legal
que debe ser subsanado por la legislación guatemalteca a fin de
resguardar los derechos de los acreedores garantizados y de los terceros
adquirientes de buena fe; se debe normar la prohibición al Registro de
Garantías Mobiliarias de inscribir garantías si no tienen su inscripción en los
registros de dominio, este debería ser un requisito sine qua non. Puesto que
sin ello, no se puede brindar certeza y seguridad jurídica a este tipo de
negocios porque no se sabe en realidad la situación jurídica de los bienes
que se inscriben como garantía mobiliaria.
La consecuencia de la publicidad a los actos inscritos se manifiesta
cuando la circunstancia de conocer la situación de los bienes era
sumamente difícil debido a la secretividad de las cargas y gravámenes
que los afectaban, fue así como la función de los registros públicos cobró
mayor relevancia, llegando a constituir un medio de seguridad del tráfico
jurídico.279
Para que se otorgue la publicidad de las garantías mobiliarias constituidas,
es imprescindible su inscripción en el Registro de Garantías Mobiliarias.
277 Ibid. Ramírez Gaitán, Daniel Ubaldo y Claudia Lavinia Figueroa Perdomo, pág. 183. 278 Loc. Cit. 279 López Silvestre, Alfonso. “Necesidad de una oficina de registro de bienes culturales
adscrita al Registro General de la Propiedad”. Tesis. Universidad de San Carlos de
Guatemala. Pág. 32. Año 2008.
164
Igualmente importante es la inscripción de éstas en los demás registros en
los cuales se encontraran registrados los bienes objeto de la garantía. Esta
inscripción deberá realizarse ante la creación, modificación, prórroga,
cancelación o ejecución de la garantía mobiliaria que recae sobre los
bienes afectos.
A través de la publicidad, se alcanzan los fines primordiales de los registros,
dotar de seguridad jurídica y protección, a los titulares de los derechos
sobre garantías mobiliarias. Cada país con base a su tradición jurídica,
idiosincrasia y costumbres, crea su propio sistema registral.280 En
Guatemala, el sistema utilizado es el de folio personal automatizado, lo
cual implica que las partidas atienden a quién es el deudor garante y en
base a ello, es que se efectúan las búsquedas de información. A diferencia
del sistema del Registro General de la Propiedad, cuyo sistema registral es
el de folio real, es decir, se efectúan los asientos atendiendo a los bienes y
no a las personas.281
El sistema del Registro de Garantías Mobiliarias, se ha determinado en el
Reglamento del Registro, creado por el Acuerdo Gubernativo 386-2008, y
se encuentra regulado en los artículos 20 al 27.
A través de este sistema, se realiza toda inscripción de constitución,
modificación, prórroga, extinción, ejecución y búsqueda de información
de forma informatizada sobre las garantías mobiliarias inscritas en el
Registro de Garantías Mobiliarias.
Todo formulario de inscripción debe contener como mínimo:
280 Ibíd. López Silvestre, Alfonso, pág. 32. 281 Ramírez Gaitán, Daniel Ubaldo y Claudia Lavinia Figueroa Perdomo. Op. Cit.; pág. 179.
165
El nombre completo de la persona individual y el número del
documento oficial de identidad o la razón o denominación social de la
persona jurídica, ya sea en calidad de deudor garante o de acreedor
garantizado.
El número de identificación de deudor garante y de acreedor
garantizado.
La dirección exacta del deudor garante y del acreedor garantizado.
Números de teléfono, fax y correos electrónicos.
Si el deudor garante es persona jurídica: nombre de la persona que
actúa en ejercicio de la personería del deudor garante y en qué
calidad.
Identificación del bien dado en garantía.
Si el bien se encuentra inscrito en otro registro, identificación de su
inscripción en ese registro.
Datos generales del contrato de garantía.
Firmas.
El Artículo 24 del reglamento establece que en caso de que las garantías
mobiliarias sean sobre bienes inscritos en otros registros, al momento de
hacer la inscripción, el registro enviará por medio de correo electrónico la
notificación al Registro que corresponda, a efecto que dicho registro haga
la anotación respectiva en su sistema.
También estipula que para acceder a este sistema, no es necesario
presentar el formulario en forma física, porque este tipo de formularios
tienen como único objeto el de proporcionar la información necesaria al
usuario que lleve a cabo una inscripción o una búsqueda en el registro.
166
Además regula que en el caso de las firmas, si se trata de formulario en
papel, se informará en la casilla que corresponda, que el formulario se
encuentra firmado. Mientras que si es electrónico, bastará con informar en
la casilla que corresponde, la veracidad de la información registrada e
identificar a la persona que requiere la inscripción. Al final de toda
inscripción, se leerá que la inscripción se hace con la autorización de las
personas que aparecen en el documento como acreedor garantizado y
deudor garante y cuya firma es puesta en el formulario o que en forma
electrónica autoriza la inscripción. (Artículo 26)
En cuanto a los criterios de búsqueda en el Sistema de Registro de
Garantías Mobiliarias, establece que la misma se hará con base en el
número de identificación del deudor garante, con el número de serie del
bien dado en garantía u otro que se especifique. (Artículo 27)
La importancia de la comunicación entre los registros en donde se
encuentran inscritos los bienes sobre los que se constituyen las garantías
mobiliarias, radica en que los registros coordinan entre sí los costos, los
contenidos de los avisos y de las anotaciones que en ellos se realizan.282
Para el cumplimiento del objetivo de los registros públicos de dotar de
certeza y seguridad jurídica a este tipo de actos, los distintos registros
deben coordinar y conocer el sistema registral que tiene cada registro,
incluyendo la forma de llevar los datos registrales del dominio de los bienes,
los contenidos de los asientos de anotación, nombre del deudor principal,
deudor garante, acreedor garantizado, plazo, condiciones, etc. 283
282 Ramírez Gaitán, Daniel Ubaldo y Claudia Lavinia Figueroa Perdomo. Op. Cit.; pág. 186. 283 Loc. Cit.; pág. 187.
167
IV.7. Análisis comparativo de la publicidad registral en las garantías
mobiliarias y el Registro de la Propiedad
La publicidad registral es de carácter público, como acceso y consulta de
los registros oficiales.284 La publicidad en los registros públicos, incide en la
existencia legal de los hechos y actos jurídicos en mayor o menor grado,
atendiendo al sistema registral que se trate.
En cuanto al Registro General de la Propiedad, la publicidad tiene un
papel importante, el cual corresponde a dar seguridad jurídica al tráfico
inmobiliario y garantía a los derechos reales inscritos, evitando gravámenes
o limitaciones que no reflejan la realidad y que tienden a afectar a
terceros y lo que por último proporciona un inobjetable medio de prueba
erga omnes sobre la situación legal de los bienes, oponible a terceros.285
Lo que está inscrito en el Registro General de la Propiedad se entiende que
es de conocimiento público, ya que a su vez toda persona puede tener
acceso libre a todos los documentos, libros y actuaciones que aparezcan
en el mismo. Este sistema en la actualidad, es más práctico debido a la
implementación de los sistemas electrónicos, los cuales hacen el acceso a
la información más práctico y en menor tiempo. Debido a lo accesible que
pretende ser el registro, nadie puede aducir ignorancia de los asientos en
los libros de la institución y desde el momento en que se inscriben el
registro, puede este llegar a tener efectos contra terceros. Al respecto, el
Artículo 1,148 del Código Civil preceptúa que únicamente perjudicará a
tercero lo que aparezca inscrito o anotado en el registro.286
284 Ossorio, Manuel. Op. Cit.; pág. 628. 285 “La propiedad” http://html.rincondelvago.com/propiedad.html, Pág. 5, año 2010.
10:02. 286 Loc. Cit.; pág. 5.
168
La publicidad posibilita en el caso del registro de la propiedad, revelar la
situación jurídica actual de los bienes inscritos en él; además de otorgar a
toda persona que lo solicite, acceso a los asientos del registro, así como la
posibilidad de obtener certificaciones o constancias sobre esta
información. Esto, en cumplimiento del artículo 30 de la Constitución de
Política de la República de Guatemala, por virtud del cual se establece
que todos los actos de la administración son públicos.
Los interesados tienen derecho a obtener, en cualquier tiempo,
información, reproducciones y certificaciones que soliciten; así como la
exhibición de los expedientes que deseen consultar, excepto que se traten
de asuntos militares o diplomáticos de seguridad nacional, o de datos
suministrados por particulares bajo garantía de confidencia. Además de
los artículos 1,124 y 1,180 del Código Civil, que regulan que tanto los
documentos, libros y actuaciones del Registro de la Propiedad son
públicos, así como la obligación de los registradores de expedir las
certificaciones que les pidan relativas a los bienes inscritos en el Registro.
También el artículo 1 de la Ley de Libre Acceso a la Información, relativa a
garantizar a toda persona el derecho a solicitar y tener acceso a la
información pública en posesión de las autoridades y sujetos obligados por
la ley. La finalidad última del Registro General de la Propiedad es la
seguridad y garantía al tráfico jurídico, el cual se logra a través de la
inscripción, anotación y cancelación de los actos y contratos relativos al
dominio y demás derechos reales sobre bienes muebles e inmuebles
identificables, con excepción de las garantías mobiliarias que se
constituyan de acuerdo con la Ley de Garantías Mobiliarias. En suma, la
169
publicidad del acto, no constituye un fin sino un medio de lograr la
seguridad jurídica.287
Las inscripciones que se realizan en el Registro General de la Propiedad,
producen los siguientes efectos:288
a) Oponibilidad frente a terceros desde la fecha de la entrega al registro
del documento respectivo.
b) La inscripción no convalida los actos o contratos nulos según las leyes.
c) Una vez inscrito el derecho, las acciones rescisorias o resolutorias no
perjudican al tercero que haya inscrito su derecho, excepto:
Cuando expresamente se hayan estipulado por las partes y consten en
el registro;
Cuando se ejercite una acción revocatoria de enajenación en fraude
de acreedores y el tercero haya sido cómplice en el mismo; y
Cuando tratándose de una acción revocatoria de las mencionadas en
el inciso anterior, el tercero haya adquirido el derecho a título gratuito.
d) Solo perjudica a terceros lo que aparezca inscrito o anotado en el
Registro.
e) La inscripción produce efectos declarativos y no constitutivos, ya que el
derecho nace extra registralmente de acuerdo con el ordenamiento
jurídico guatemalteco.
e) Determina la preferencia del derecho, ya que la fecha y hora de
presentación del documento al Registro de la Propiedad, establece
concretamente a quien corresponde la prioridad o preferencia de la
inscripción. Es así como la presentación constituye el punto de partida en
la sede registral de la aplicación de la regla primero en tiempo es el
primero en derecho.
f) Constituye prueba material del estado que conserva el inmueble.
287 Ibíd. “La propiedad”, pág. 7. 288 Loc. Cit.; pág. 10 y 11.
170
g) Otorga presunción de legitimación, puesto que se presume que el
derecho registrado existe, que corresponde con la realidad jurídica y que
pertenece al titular inscrito.
En cuanto al Registro de Garantías Mobiliarias, la doctrina establece que la
publicidad registral regula dos aspectos fundamentales:
a) El formal: Que conlleva la forma de transmitir el conocimiento de los
asientos registrales a quienes lo soliciten. Al respecto, en el artículo 46 de la
Ley de Garantías Mobiliarias manifiesta una deficiencia en la regulación de
esta materia, puesto que no estipula específicamente quienes son las
personas que tienen derecho al acceso de la información del registro, y
tampoco determina la forma cómo se legitima el interés para solicitar la
información y la forma de acreditarlo.289
Por otra parte, el reglamento de la ley únicamente enuncia que la
información que proporcione el registro, será en base a solicitudes de
búsqueda o de certificaciones, a costa de quien lo solicite. 290
b) El material: Produce una ficción jurídica ante la imposibilidad que todos
los asientos registrales sean conocidos por todos, teniéndose por cierto
todo lo que el Registro inscribe en virtud del principio de fe pública
registral.291
En cuanto al Registro de Garantías Mobiliarias, la publicidad como
principio registral y como efecto de las inscripciones, tiene los siguientes
objetivos preestablecidos:
289 Ramírez Gaitán, Daniel Ubaldo y Claudia Lavinia Figueroa Perdomo. Op. Cit.; pág. 191. 290 Loc. Cit.; pág. 192. 291 Ibíd.; pág. 191.
171
Ser instrumento de protección de terceros adquirientes;
Ser instrumento de afección de lo inscrito a terceros adquirientes;
Ser instrumento de congnoscibilidad legal de los asientos registrales;
Ser instrumento de información del contenido del Registro;
Ser instrumento de valor constitutivo de la existencia del derecho o acto
registrable.292
En el caso del Registro de Garantías Mobiliarias, el objetivo fundamental de
la publicitar la inscripción de garantías mobiliarias, es el de producir efectos
frente a terceros, evitando así, el ocultamiento de vicios ocultos.293
En suma, la publicidad registral del Registro General de la Propiedad tiene
por finalidad, determinar la verdadera situación jurídica y de dominio de
los bienes inscritos. Un ejemplo lo constituyen las inscripciones o
anotaciones que se dan únicamente sobre bienes inmuebles. En cambio,
la publicidad registral del Registro de Garantías Mobiliarias tiene por fin,
que la garantía pueda ser oponible frente a terceros, que tengan
conocimiento de la inscripción realizada para que en dado caso, puedan
reclamar algún derecho o bien, para amparar el derecho prioritario de
otro.
292 Ramírez Gaitán, Daniel Ubaldo y Claudia Lavinia Figueroa Perdomo. Op. Cit.; pág. 190
y 191. 293 Loc. Cit.; pág. 191.
172
CAPÍTULO V
Presentación, análisis y discusión de resultados
IV.1. Presentación de Resultados con base en los Instrumentos Utilizados
La presente investigación es de tipo jurídico propositiva, ya que se
pretende analizar la normativa legal vigente que regula las obligaciones
amparadas en garantías mobiliarias sobre títulos de crédito y de
representación de mercancías, con el fin de proponer la inclusión de
normas o bien, la modificación, ampliación o reforma necesaria de estos
cuerpos legales de reciente creación, para que con ello se garantice la
efectiva publicidad y ejecución de las garantías mobiliarias de este tipo.
Los instrumentos analizados en este trabajo, para poder obtener el
resultado esperado fueron las siguientes leyes:
Constitución Política de la República de Guatemala. Asamblea
Nacional Constituyente. 1985.
Código de Comercio, Decreto 2-70 del Congreso de la República de
Guatemala.
Código Civil, Decreto Ley 106.
Ley de Almacenes Generales de Depósito, Decreto Número 1746 del
Congreso de la República de Guatemala.
Reglamento del Código Aduanero Uniforme Centroamericano
(RECAUCA). Resolución número 224-2008 (COMIECO –XLIX).
Código Penal, Decreto Número 17-73 del Congreso de la República de
Guatemala.
Código de Notariado, Decreto Número 314 del Congreso de la
República de Guatemala.
173
Ley de Garantías Mobiliarias, decreto número 51-2007 del Congreso de
la República de Guatemala.
Reformas Al Decreto Número 51-2007 Del Congreso de La República,
Ley De Garantías Mobiliarias, Decreto Número 46-2008.
Reglamento del Registro de Garantías Mobiliarias. Acuerdo Gubernativo
386-2008 del Ministerio de Economía.
Arancel del Registro de Garantías Mobiliarias. Acuerdo Gubernativo 55-
2010 del Ministerio de Economía.
Ley de Libre Acceso a la Información. Decreto Número 57-2008 del
Congreso De La República De Guatemala.
Ley Modelo Interamericana de Garantías Mobiliarias.
IV.2. Análisis de los Resultados
Al haber realizado la presente investigación, se pudo analizar varios
instrumentos que fueron de gran ayuda para obtener el resultado, siendo
éstos: La Ley de Garantías Mobiliarias, normativa que no preceptúa
claramente aspectos, en los que por determinadas circunstancias se
aplicarán las leyes supletorias, ni tampoco regula la aplicación supletoria
de la Ley del Organismo Judicial. En relación a esto, también se llega a la
conclusión de que la ley carece de regulación legal sobre los siguientes
temas: los incidentes, medidas precautorias, prescripción de los títulos
ejecutivos, la formalización de la adjudicación o transferencia del dominio
de la garantía a favor del acreedor garantizado, régimen de apelaciones,
la enmienda del procedimiento, la declinatoria, conocimiento de oficio de
las cuestiones de jurisdicción y competencia, impedimentos, excusas y
recusaciones a jueces.
174
Por su parte, el Reglamento del Registro de Garantías Mobiliarias no
preceptúa nada en relación a: la legitimación de las personas facultadas
para solicitar información del Registro, y regulación del procedimiento
para requerir la información; determinación de la validez legal de las
consultas electrónicas; designación de la forma en que se lleva a cabo el
sistema de folio personal automatizado, debiendo realizarse con base al
número de identificación tributaria del deudor garante, para un mejor
control.
Es así que al haber analizado el problema desde los siguientes puntos de
vistas: a) la población guatemalteca, que comienza a conocer la
utilización de los títulos de crédito y de representación de mercancías,
como medios para constituir garantías mobiliarias; y derivado de ello,
comienza a hacer uso de los servicios del Registro de Garantías Mobiliarias;
b) del Estado, que debe promover reformas, modificaciones o adiciones a
la ley de Garantías Mobiliarias y al Reglamento del Registro de Garantías
Mobiliarias; c) del Registro de Garantías Mobiliarias, que no puede cumplir
a cabalidad con los principios de publicidad y de certeza y seguridad
jurídica de las obligaciones mercantiles amparadas en garantías
mobiliarias constituidas sobre títulos de crédito y de representación, por no
contar con la normativa legal idónea para regular su correcto
funcionamiento.
IV.3. Discusión de Resultados
A través del estudio de los distintos puntos que conllevaron el análisis de la
publicidad de las garantías mobiliarias constituidas sobre títulos de crédito
y de representación de mercaderías, y del estudio de los diferentes
instrumentos de investigación utilizados, se puede contestar la pregunta
175
que se planteó al iniciar el trabajo de investigación, que era: ¿Cuál es la
forma de publicidad que regula Guatemala, acerca de las garantías
mobiliarias que se constituyen sobre títulos de crédito y títulos de
representación de mercaderías? La respuesta obtenida, podemos
enunciarla así: La legislación guatemalteca establece que la publicidad
de una garantía mobiliaria, surgirá por la entrega de los bienes muebles en
garantía al acreedor garantizado o a un tercero designado por éstos; y
que esta publicidad surtirá los mismos efectos que la publicidad registral,
por lo que el acreedor garantizado, además de poseer la preferencia para
la posesión y ejecución de los bienes dados en garantía, tiene el derecho
de ser pagado con el producto de la venta o la adjudicación de los bienes
muebles dados en garantía.
Existen hechos evidentes a considerarse si se desea efectuar un análisis
profundo en aspectos de publicidad sobre las garantías mobiliarias.
Gracias a los datos macroeconómicos de los economistas, sabemos que
Guatemala es la economía más grande de la región centroamericana, y
a pesar de la multiplicidad y complejidad de sus problemas nacionales, en
aspectos de inseguridad e infiltración de estructuras criminales organizadas
que han causado serio daño a la imagen de nuestro país ante la
comunidad internacional, la estabilidad económica de la nación a nivel
macro, se ha mantenido estable. Por supuesto, estos problemas sociales,
han provocado algún tipo de falta de competitividad del empresariado
nacional, una baja sensible en lo referente a falta de captación de
capitales extranjeros que inviertan en nuestra nación, y también hay una
sensible baja de calidad en la fuerza laboral.
Aunque el tema de estudio, no fue la política macroeconómica
responsable, es precisamente esta singularidad nuestra, la que se ha
176
constituido como la mejor respuesta a la crisis. Pero tenemos que tener
bien claro que si los déficits fiscales, las indisciplinas financieras, la lentitud
de las autoridades monetarias fueron y han sido dañinas en el pasado
reciente, pues lógicamente no pueden ser parte de las soluciones en el
presente. Antes bien, es imperativo la responsabilidad y moderación de
esta política macroeconómica. Aspecto vital es el manejo adecuado del
presupuesto de ingresos y egresos del Estado para no fomentar la
costumbre irracional de pretender hacer gobierno con presupuestos
desfinanciados, los cuales significan deuda interna y para todos los
guatemaltecos.
Las pequeñas y medianas empresas se han perfilado como una fuente
importante en la generación de producto social y empleo, no obstante
que en un alto porcentaje, se inician con ahorros personales y familiares,
los campos económicos abarcados son variados. Algunos micro
empresarios han surgido con el uso racional e inteligente de las remesas
familiares, pero sabemos que esta condicionante depende en realidad de
la política que sobre temas migratorios nos aplica los Estados Unidos de
América. Ha surgido un auge aunque no constante en el sector de
maquila textil, producción artesanal de productos variados. Incluso en la
actividad turística ofreciendo una gran cantidad de bienes y servicios.
Otras áreas de presencia importante son el comercio y la agroindustria, las
Pymes guatemaltecas productoras de bienes exportables, tales como
frutas, productos maderables, café y otros cultivos no tradicionales, han
comenzado a poner un importante énfasis en la venta a mercados
externos. Aquí es donde cabe resaltar un dato impresionante, ya que el
cálculo moderado que ofreció el presidente de la Federación de la
Pequeña y Mediana Empresa, estima que en Guatemala operan más de
177
un millón de pequeñas y medianas empresas, las cuales aportan un
porcentaje de 40% al producto interno bruto. O sea que el dato es
halagador, para lograr un crecimiento de la actividad económica, lo cual
implica generación de nuevos empleos, estimular el consumo interno y el
aumento de ingreso de tributos como el impuesto al valor agregado y el
impuesto sobre la renta. Entonces, es obvio, es evidente que este
crecimiento se puede lograr por medio del otorgamiento de créditos con
garantías mobiliarias. Estas empresas pequeñas y medianas necesitan
apoyo para mejorar su competitividad, especialmente la disponibilidad de
mano de obra calificada y el financiamiento a mediano y largo plazo pero
a costos competitivos.
De igual importancia es que nuestros pequeños empresarios, tengan
acceso a insumos a un precio y calidad para competir con justicia en los
mercados internacionales, que puedan eficientar sus procesos de
producción, sus sistemas de control de calidad, y además que su
producción responda a las tendencias y exigencias de los mercados. El
guatemalteco, es persona trabajadora por excelencia, con mucha
iniciativa, pero no pueden haber buenas expectativas si lo que encuentra
en su país son bajos niveles de capacitación y escasas habilidades para
hacer las actividades administrativas y operativas, y la falta de créditos por
no llenar requisitos es lo que los ha mantenido a la zaga, manteniendo a
perpetuidad el círculo de la pobreza.
El factor humano, es el que debemos de respaldar. Por eso, podemos
afirmar contundentemente, que antes de la creación de la Ley de
Garantías Mobiliarias, si bien es cierto que existía un marco jurídico
apropiado, para formalizar créditos con garantía prendaria, no se contaba
con un mecanismo para el registro de dichas garantías, hasta que se dio la
178
creación del Registro de Garantías Mobiliarias. La disponibilidad de créditos
y su publicidad es hoy una realidad que se consolida con el paso del
tiempo. Los empresarios que requieran un crédito, tan solo deben llenar los
requisitos contenidos en el reglamento de asistencia financiera que ha
establecido la ley, o mejor dicho que ha venido a fortalecer la reciente ley
de Garantías Mobiliarias. Retomamos la pregunta que dio inicio a nuestra
investigación, ¿Cuál es esta forma de publicidad acerca de las garantías
mobiliarias que se constituyen sobre títulos de créditos y de representación
de mercaderías? La publicidad ya vimos que es la situación que implica
que la garantía mobiliaria es oponible a terceros; se logra por medio de la
inscripción registral de la garantía mobiliaria, o por la posesión o control
que sobre los bienes dados en garantía ejerce el acreedor garantizado o
un tercero designado por este.
Se le dará publicidad a una garantía mobiliaria, cualquiera que fuere la
naturaleza de los bienes que afecta, por medio de su inscripción registral o
por la entrega de los bienes muebles en garantía al acreedor garantizado
o a un tercero designado por este. Aunque la ley no lo estipula
claramente, hay publicidad que se da únicamente si la naturaleza de los
bienes lo permite, o si la entrega es realizada de la manera contemplada
en la ley, como sea, hay oportunidades de obtener capital, si se obtiene
capital, se invierte en medios de producción, si se invierte en medios de
producción se generan nuevas empresas, si se generan empresas se abren
nuevas plazas de trabajo, y si hay fuentes de trabajo se mejoran los
ingresos de los guatemaltecos, se reduce la pobreza, y contribuimos a que
nuestro país supere los índices tan bajos que se nos asigna cuando
organismos internacionales ofrecen estadísticas sobre índices de desarrollo
humano. Al final, uno de los objetivos del milenio, en el cual se han
comprometido todas las naciones tanto las desarrolladas como las pobres
179
es la reducción de la pobreza. Que sirva este trabajo de investigación
para que de alguna manera, los que tengan oportunidad de revisarlo
comprendan que esta lucha por salir del atraso y del subdesarrollo, debe
ser un esfuerzo de nación.
180
CONCLUSIONES
I. El título representativo es uno de los procedimientos de mayor
importancia adoptados por el comercio moderno para la
circulación de bienes, esto es prácticamente una actividad
globalizada.
II. El Registro de Garantías Mobiliarias proporciona certeza jurídica a las
operaciones registrales de las obligaciones crediticias que realizan
los miembros de la micro, pequeña y mediana empresa con otros
agentes económicos a través de un sistema electrónico de alta
seguridad.
III. La ley de Garantías Mobiliarias posibilita que en Guatemala se
puedan constituir legalmente garantías mobiliarias sobre títulos
representativos de bienes, de manera que pueden coexistir con un
gravamen directo que recaiga sobre los bienes muebles
representados por los títulos.
IV. La publicidad de las garantías mobiliarias se logra por medio de la
inscripción registral de los bienes muebles dados en garantía o por la
posesión que, sobre los mismos, ejerce el acreedor garantizado o un
tercero designado por éste como depositario, que implica un
derecho oponible frente a terceros.
V. La publicidad registral otorga al acreedor garantizado, además de
la preferencia para la posesión y ejecución de los bienes dados en
garantía, el derecho de ser pagado con el producto de la venta de
éstos o su adjudicación.
181
VI. La ley de Garantías Mobiliarias carece de regulación legal clara y
precisa en cuanto a la forma de publicidad de la garantía
mobiliaria constituida sobre títulos de crédito y representativos de
mercadería que se emiten en forma electrónica.
VII. La ley de Garantías Mobiliarias no estipula específicamente quienes
son las personas que tienen acceso a la información del Registro, ni
determina la forma cómo se legitima el interés para solicitar la
información, ni el procedimiento para requerirla. Como
complemento necesario para solventar esta falencia, se ha recurrido
a la Ley de Acceso a la Información Pública, sin embargo el acceso
irrestricto de cualquier persona a datos comerciales de los usuarios,
puede suponer algún grado de riesgo, si los interesados persiguen
fines aviesos. Para hacer un uso correcto de este tipo de
información, debe contarse con la legitimación dentro del proceso
del cual se solicita la misma para no vulnerar la confidencialidad y
datos sensibles del Registro.
VIII. La ley de Garantías Mobiliarias no preceptúa claramente en qué
circunstancias se aplicarán las leyes supletorias. Igualmente, no se
regula la aplicación supletoria de la ley del Organismo Judicial, por
lo que se quebranta el artículo 23 del referido cuerpo legal, el cual
establece que “las deficiencias de otras leyes se suplirán por lo
preceptuado en ésta”. Esto es necesario, en tanto que aunque
ambas son leyes ordinarias, la ausencia de algunas normativas
implica recurrir al derecho positivo vigente. Aunque es necesario
establecerlo tácitamente dentro de la Ley de Garantías Mobiliarias
para que no se evidencien vacíos legales.
182
IX. La ley de Garantías Mobiliarias carece de regulación legal sobre los
siguientes temas: Los incidentes, medidas precautorias, prescripción
de los títulos ejecutivos, la formalización de la adjudicación o
transferencia del dominio de la garantía a favor del acreedor
garantizado, régimen de apelaciones, la enmienda del
procedimiento, la declinatoria, conocimiento de oficio de las
cuestiones de jurisdicción y competencia, impedimentos, excusas y
recusaciones a jueces, por lo que es imperativo en estos casos
referirnos al Capítulo II de la Ley del Organismo Judicial.
X. El artículo 59 de la ley de Garantías Mobiliarias vulnera el derecho de
defensa consignado en el artículo 12 de la Constitución Política de la
República de Guatemala, en tanto establece que al no poderse
notificar al deudor garante acerca del proceso de ejecución de
garantías mobiliarias promovido en su contra, debe hacerse
mediante edicto, que además de ser publicado en el Diario Oficial,
debe publicarse en algún otro medio de comunicación. En cuanto,
a que este último término da lugar a confusión por el significado del
mismo, pues se puede presumir que deberá publicarse esta
información en la radio, televisión, internet u otro medio similar; y por
otra parte, porque contraviene la disposición legal que regula el
artículo 66 del Código Procesal Civil y Mercantil, que estipula que
toda resolución se debe notificar a las partes en la forma legal y sin
ello no quedan obligadas ni se les puede afectar en sus derechos;
adicionalmente, se establece que las notificaciones personales no se
pueden renunciar.
183
XI. La ley de Garantías Mobiliarias no regula otros casos en que se
pueda dar la terminación del contrato, como el desistimiento total y
la transacción. Esta situación conlleva la necesidad de acudir en
última instancia al derecho común, en el cual encontramos
reguladas dichas figuras legales, caso concreto es lo amplio de
nuestro Código Civil, Decreto Ley 106, el cual reglamenta lo
correspondiente en lo que se refiere a derechos reales de garantía:
la prenda y la hipoteca. Esta parte de la normativa, no quedó
derogada al entrar en vigencia la Ley de Garantías Mobiliarias, antes
bien, en cierta forma se complementan.
184
RECOMENDACIONES
I. Para que el Registro de Garantías Mobiliarias cumpla con su objetivo
de brindar certeza jurídica de los bienes inscritos en él como
garantía, se debe normar dentro de la Ley de Garantías Mobiliarias
la obligatoriedad de comunicación recíproca entre los distintos
registros donde se encuentren anotados los bienes objeto de las
garantías mobiliarias y el Registro de Garantías Mobiliarias; a fin de
que se dé aviso a este último, sobre cualquier modificación,
cancelación o ejecución de los bienes inscritos en los demás registros
públicos.
II. Debe modificarse el artículo 59 de la ley de Garantías Mobiliarias, a
fin de cambiar el requisito de publicación del edicto en otro medio
de comunicación, por la obligatoriedad de publicarse a través de
otro periódico de mayor circulación en el país.
III. En la Ley de Garantías Mobiliarias debe desarrollarse la normativa
legal orientada a regular la forma de publicidad de la garantía
mobiliaria constituida sobre títulos de crédito y representativos de
mercadería que se emiten en forma electrónica.
IV. Se debe incluir dentro de los requisitos del formulario para la
inscripción de la ejecución de garantías mobiliarias, el requisito que
regula el numeral III del artículo 53 de la Ley Modelo Interamericana
de Garantías Mobiliarias, relacionado a la obligación de presentar
una declaración del monto requerido para satisfacer la obligación
185
garantizada y cubrir los gastos de ejecución razonablemente
cuantificados; para que desde el principio de las acciones, se tenga
conocimiento del monto total de los gastos que reclamará el
acreedor garantizado en el procedimiento de ejecución.
V. Debe promoverse reformas a la Ley de Garantías Mobiliarias, a fin de
llenar los vacíos legales existentes en la legislación vigente y
promover la regulación de los siguientes puntos:
1. La aplicación supletoria de la Ley del Organismo Judicial; y
enumeración de los casos concretos en los que se aplicará
supletoriamente tanto ésta ley como el Código Procesal Civil y
Mercantil;
2. Incluir el desistimiento total y la transacción como casos por
los que se puede dar por terminado el contrato de garantías;
3. En el procedimiento de ejecución, la capacidad del juez de
dictar en la primera resolución, medidas precautorias sobre los
bienes que constituyen la garantía mobiliaria objeto de la
ejecución;
VI. Debe reformarse el Reglamento del Registro de Garantías Mobiliarias
para desarrollar los siguientes temas:
1. Determinación de las personas legitimadas para solicitar
información consignada en el Registro, y regulación de la
forma de legitimación de este derecho, además del
procedimiento a seguir para el requerimiento de información;
2. Validez legal de las consultas electrónicas;
3. Que el sistema de folio personal automatizado se desarrolle
con base al número de identificación tributaria del deudor
186
garante, lo cual agrega un grado más de seguridad al
acreedor, y a la vez facilita o mejora la verificación del deudor
garante en cuanto a sus obligaciones tributarias.
187
BIBLIOGRAFÍA
I. Textos
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Ed. Porrúa, S.A., 1983.
2. Cervantes Ahumada, Raúl. Títulos y operaciones de crédito, México,
Ed. Herrero, S.A.,1982.
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diferente y novedosa para garantizar el cumplimiento de
obligaciones en Guatemala. Tesis, Universidad de San Carlos de
Guatemala, 2009.
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emisión de bonos bancarios. Tesis, Universidad de San Carlos de
Guatemala, 2006.
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Nacional Constituyente. 1985.
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Guatemala. 1971.
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Congreso de la República de Guatemala. 1968.
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(RECAUCA). Resolución número 224-2008 (COMIECO –XLIX), 25 de
Abril 2008.
6. Código Penal, Decreto Número 17-73 del Congreso de la República
de Guatemala, 1973.
7. Código de Notariado, Decreto Número 314 del Congreso de la
República de Guatemala, 1957.
8. Ley de Garantías Mobiliarias, decreto número 51-2007 del Congreso
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Gubernativo 386-2008 del Ministerio de Economía, 2008.
11. Arancel del Registro de Garantías Mobiliarias. Acuerdo Gubernativo
55-2010 del Ministerio de Economía, 2010.
189
12. Ley de Libre Acceso a la Información. Decreto Número 57-2008 del
Congreso De La República de Guatemala, 2009.
13. Ley Modelo Interamericana de Garantías Mobiliarias.
IV. Electrónicas
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http://www.estuderecho.com/documentos/derechomercantil/00000
0997908d48bc.html. Noviembre 2010.
2. Es tu derecho.com. El vale.
http://www.estuderecho.com/documentos/derechomercantil/00000
0997908d51de.html. Noviembre 2010.
3. Es tu derecho.com. La cédula hipotecaria.
http://www.estuderecho.com/documentos/derechomercantil/00000
0997908d54e8.html. Noviembre 2010.
4. Es tu derecho.com. La factura cambiaria.
http://www.estuderecho.com/documentos/derechomercantil/00000
0997908d52e0.html. Noviembre 2010.
5. Estudio del régimen legal Colombiano, sistema general de títulos
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http://www.bancoldex.com/documentos/266_4capitulo_ii_titulos_val
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9. Los 12 Principios del NLCIFT para las Garantías Mobiliarias en las
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Noviembre 2010.
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2009.
http://www.rgm.gob.gt/documentos/boletin_abril_2009.pdf.
Noviembre 2010.
14. Registro de Garantías Mobiliarias. Boletín informativo RGM de Febrero
2009, http://www.rgm.gob.gt/documentos/boletin_febrero_2009.pdf
Noviembre 2010.
15. Registro de Garantías Mobiliarias. Boletín informativo RGM de Junio
2009, http://www.rgm.gob.gt/documentos/boletin_junio_2009.pdf,
Noviembre 2010.
16. Registro de Garantías Mobiliarias. http://www.rgm.gob.gt. 2008.
Noviembre 2010.
191
17. Revista digital de derecho. Principios registrales.
http://www.revistanotarios.com/files/Principios%20Registrales.pdf.
Noviembre 2010.
18. Rodríguez Olivera, Nuri E. y Carlos E. López Rodríguez. Clasificación
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http://www.derechocomercial.edu.uy/ClaseTV04.htm.
Noviembre 2010.
19. Villanueva Haro, Benito. Introducción a los certificados de depósito.
21 de septiembre de 2004
http://www.injef.com/php/index2.php?option=content&do_pdf=1&i
d=589. Noviembre 2010.
20. Zavala-Leiva, Sergio. Teoría general de los títulos valores en la
legislación mercantil de Honduras. Honduras.
http://www.acaderc.org.ar/doctrina/articulos/artzavala-leivadoc.
Noviembre 2010.
V. Otras referencias
VI. Publicaciones
1. Diario de Centro América. Resolución SAT-S-766-2009. Número 85.
Lunes 5 de Octubre de 2009.
192
ANEXO A CUADRO DE COTEJO: REGISTROS EN GUATEMALA
REGISTROS
GENERAL DE LA
PROPIEDAD
NACIONAL DE LAS
PERSONAS
FISCAL DE
VEHÍCULOS
GARANTÍAS
MOBILIARIAS
PROPIEDAD
INTELECTUAL
DEL MERCADO DE
VALORES Y
MERCANCÍAS
MERCANTIL
OBJETO
Artículo 1124. … tiene
por objeto la inscripción,
anotación y
cancelación de los
actos y
contratos relativos al
dominio y demás
derechos reales
Artículo 2. Objetivos. El
RENAP es la entidad
encargada de organizar y
mantener el
registro único de
identificación de las
personas naturales
ARTÍCULO 22.- …
con el objeto de
llevar registro de
todo vehículo que
circule, surque o
navegue en el
territorio nacional
Artículo 40. El
Registro de
Garantías
Mobiliarias.
Registra, protege,
estimula y fomenta las
creaciones del
intelecto
ARTICULO 8.-
…objeto es el
control de la
juridicidad y registro
Contratos referentes
a Valores y
Mercancías
Registrar,
Certificar,
dar
Seguridad
Jurídica a
todos los
actos
mercantiles
que
realicen
personas
individuales
o jurídicas.
BASE LEGAL DECRETO LEY 106 DECRETO NÚMERO 90-2005
DECRETO NÚMERO
70-94
DECRETO 51-
2007
DECRETO NÚMERO 33-
98
DECRETO NUMERO
34-96
DECRETO 2-
70
PRINCIPIOS
Publicidad;
Legitimación; Rogación;
Consentimiento;
Prelación
o Prioridad;
Calificación;
Inscripción;
Especialización, y
Tracto sucesivo.
Publicidad; Legitimación;
Rogación; Consentimiento;
Prelación
o Prioridad; Calificación;
Inscripción;
Especialización, y Tracto
sucesivo.
Publicidad;
Legitimación;
Rogación;
Consentimiento;
Prelación
o Prioridad;
Calificación;
Inscripción;
Especialización, y
Tracto sucesivo.
Publicidad;
Legitimación;
Rogación;
Consentimient
o; Prelación
o Prioridad;
Calificación;
Inscripción;
Especialización
, y Tracto
sucesivo.
Publicidad;
Legitimación;
Rogación;
Consentimiento;
Prelación
o Prioridad;
Calificación;
Inscripción;
Especialización, y
Tracto sucesivo.
Publicidad;
Legitimación;
Rogación;
Consentimiento;
Prelación
o Prioridad;
Calificación;
Inscripción;
Especialización, y
Tracto sucesivo.
Publicidad;
Legitimació
n;
Rogación;
Consentimi
ento;
Prelación
o Prioridad;
Calificació
n;
Inscripción;
Especializa
ción, y
Tracto
sucesivo.
DIFERENCIAS
Inscripción de bienes
inmuebles
Registro exclusivo de las
personas y de los cambios
en su estado civil
Registro de
vehículos para
control del pago del
impuesto
correspondiente
Solo Garantías
sobre títulos
que
constituyan el
cumplimiento
de una
obligación
Registra creaciones
del intelecto humano
Registra Valores,
mercancía,
contratos y
calificación de
riesgo.
Registro y
control de
la
actividad
mercantil
SIMILITUDES
Inscripción garantías
que gravan bienes
inmuebles
Registro
Público,
ocasionalment
e se
incorporan
bienes
inmueble por
títulos que
contengan el
cumplimiento
de una
obligación.
Existen títulos en los
cuales se
constituyen
garantías que
deben ser inscritas y
controladas
193
ANEXO B EJEMPLO
CONTRATO DE CESIÓN DE DERECHOS DE DISPOSICIÓN DE MERCANCÍAS294 (Costa Rica)
Entre nosotros ______________________________________________, con cédula (nombre de la persona física o jurídica)
número ________________________, representada por_______________________ _________________________________________________________________________
(en caso de personas jurídicas, indicar nombre y cédula de identidad del representante legal) __________________________, ______________________________________________, (estado civil de persona física o representante) vecino de _______________________________________________________________
(domicilio de la persona física o representante legal) en calidad de ____________________________________________, en lo sucesivo
(facultades de apoderado únicamente en caso de personas jurídicas) denominado CEDENTE y _____________________________________, con cédula
(nombre de la persona física o jurídica) número ____________________, representada por __________________________ (identidad o jurídica) _______________________________________, _________________________________, (en caso de personas jurídicas, indicar (estado civil de persona fisica o Nombre y cédula de identidad del representante) representante legal) vecino de _______________________________________________________________
(domicilio de la persona física o representante legal) en calidad de ______________________________________________, en adelante
(facultades de apoderado únicamente en caso de personas jurídicas)
CESIONARIO, hacemos constar que hemos convenido celebrar el presente CONTRATO DE CESIÓN, que se regirá por las siguientes cláusulas: Primera: El cedente cede al cesionario los derechos de disposición ante las autoridades aduaneras lo siguiente: __________________________________ _______________________________________________________________________________ amparados al B/L _________________________________________________________________.
(especificar si se trata de marítimo, terrestre o aéreo)
Segunda: En virtud de la presente cesión, el cesionario acepta. Éste se convierte en el consignatario de las mercaderías especificadas en la cláusula anterior y como tal las podrá destinar a cualquiera de los regímenes estipulados en el artículo 110 de la Ley General de Aduanas, cumpliendo con las formalidades legales establecidas en el Régimen Jurídico Aduanero. Tercera: En razón del presente contrato, el CESIONARIO, se convierte en el sujeto pasivo de la obligación tributaria aduanera de las mercancías señaladas en la cláusula primera y como tal queda compelido a cumplir ante las autoridades aduaneras con dicha obligación, sin perjuicio de que la misma se extinga por la aplicación de los beneficios fiscales o exenciones a que tenga derecho el CESIONARIO. Cuarta: Para garantizar el derecho de nacionalización de las mercancías, el CESIONARIO en su calidad de importador se compromete a cumplir con las obligaciones tributario
294
Inmoveb, Contrato de Cesión", http://www.inmoweb.com/centro/contratos.asp?area=contratos&seccion=AL&fich=ccav, Costa Rica año 2011.
194
- aduaneras relacionadas con la determinación del valor en aduana, en especial la declaración bajo fe de juramento en la factura comercial en los términos del artículo 248 de la Ley General de Aduanas así como también con la autodeterminación del Valor Aduanero en términos de los artículos 263 y 264 de la citada ley y demás normativa sobre valor aduanero. Quinta: El CESIONARIO deberá indicar en la factura comercial suministrada por el CEDENTE su nombre y domicilio, o bien este último señalará quién será el nuevo destinatario de las mercancías objeto de la presente cesión de derechos de disposición. Sexta: El CEDENTE garantiza al CESIONARIO la existencia y legitimidad del derecho y disposición de las mercancías y de que ha cumplido con todos los requisitos legales para su ingreso al territorio aduanero nacional, asumiendo la responsabilidad por cualquier daño o perjuicio que tenga como origen en incumplimiento de dichos requisitos. En igual sentido el CEDENTE se compromete a notificar a las autoridades aduaneras el presente CONTRATO DE CESIÓN. Es todo. En fe de lo anterior firmamos a las _________ horas del día _________ de _________ del año 2005.
_________________________ _________________________ S. A. S. A.
Las firmas que anteceden mi firma son auténticas:
195
ANEXO C Estructura Organizacional del Registro de Garantías Mobiliarias
196
ANEXO D Procedimiento de inscripción de garantías mobiliaria en el Registro295
295
Ramírez Gaitán, Daniel Ubaldo, Figueroa Perdomo, Claudia Lavinia "Las Garantías mobiliarias en el derecho
de Guatemala" Ed. Zona Gráfica, Guatemala, año 2007.
197
ANEXO E
Formulario de solicitud de constitución de garantía mobiliaria296
296
Ramírez Gaitán, Daniel Ubaldo, Figueroa Perdomo, Claudia Lavinia "Las Garantías mobiliarias en el derecho
de Guatemala" Ed. Zona Gráfica, Guatemala, año 2007.
198
199
ANEXO F CUADRO – ARANCEL
(Artículos 4 al 13 del Acuerdo Gubernativo 55-2010)
Número de Artículo
Servicio Monto a pagar en el Registro de
Garantías Mobiliarias
Art. 4 Asuntos de valor determinado Q.150.00 mínimo en valores debajo de Q.9,000.00 y Q.1.50 por cada millar adicional a Q.9,000.00
Art. 4 Promesas de garantía para garantizar saldos insolutos
Q.250.00
Art. 5 Asuntos de valor indeterminado
Q.160.00 por documento
Art. 6 Anotaciones
Q.160.00 por cada anotación
Art. 7 Anotaciones preventivas o su prórroga
Q.100.00 por cualquiera
Art. 8 Razonamientos de documentos Q.75.00 por inscripción y no se previó cobrar por indicar el lugar que ocupa
Art. 9 Rechazo o suspensión o previos
Q.25.00 por documento
Art. 10 Informes
Q.50.00 por informe
Art. 11 Certificaciones Q.40.00 hasta por 10 hojas y Q.5.00 por cada hoja adicional
Art. 12 Consulta electrónica Q.10.00 más Q.2.00 por hoja adicional, por cada garantía
Art. 13 Consulta de persona extranjera 1 dólar estadounidense si quien consulta es un extranjero
200
ANEXO G ESQUEMA DE PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE GARANTÍA MOBILIARIA297
297 Ministerio de Economía, “Ley de garantías mobiliarias”, www.natlaw.com/hndocs/2presleygarmobfinal.ppt. Noviembre 2010.
Procedencia: Incumplimiento de la obligación consignada en una garantía mobiliaria. Se escoge la ejecución por la vía voluntaria o judicial. (Artículo 58 de Ley de Garantías Mobiliarias)
Requisitos de inscripción de la
ejecución (Artículo 58 LGM)
Ejecución voluntaria: Descripción del procedimiento acordado.
Notificación El Registro hace pública la ejecución. El acreedor garantizado notifica la ejecución a las personas del (Artículo 58 LGM).
Inscripción de la ejecución El acreedor garantizado inscribe la ejecución en el Registro de Garantías Mobiliarias.
Si no se inscribe el formulario de ejecución, el juez otorga el plazo de 48 horas para que lo presente. (Artículo 58 de Ley de Garantías Mobiliarias)
Tanto el acreedor garantizado como el deudor garante, podrán en el contrato de garantía o en otro momento, inclusive en el procedimiento de ejecución judicial, convenir que la ejecución se lleve a cabo en forma privada, con los términos y condiciones acordados libremente por las partes. (Artículo 65 LGM)
