Pensamiento economico

José Félix Lafaurie RiveraJosé Félix Lafaurie Rivera

PensamientoEconómico

FEDEGANSocial

2006 2007

EL PENSAMIENTO ECONÓMICOY SOCIAL DE FEDEGAN 2006-2007

© 2007 Federación Colombiana de Ganaderos FEDEGAN-FNG

ISBN: 978-958-98018-6-4

Calle 37 No. 14-31 PBX: 578 2020Bogotá D. C., [email protected]

Dirección general: José Félix Lafaurie RiveraInvestigación: Alfonso Santana Díaz, Ricardo Cortés Dueñas, Luis Humberto Caballero Rodríguez, Sandra Castro ContrerasCoordinación Editorial: Luis Humberto Caballero RodríguezCorrección Literaria: Liliana Gaona García

Todos los derechos reservadosProhibida la reproducción total o parcial de esta publicación, por cualquier medio, sin permiso escrito del editor.

Diseño editorial e impresiónSanmartín Obregón & Cía.

Primera ediciónBogotá D. C., diciembre de 2007Impreso en Colombia

C A P í T u L O V

ENTrEvISTAS Y DISCurSOS | 323Necesitamos una respuesta (Revista Semana) | 325Los paras fueron el remedio, pero se convirtieron en un monstruo (Diario El Tiempo, Pregunta Yamid Amat) | 327Arranca el tren de la modernización ganadera (Diario El Tiempo) | 331Nadie tiene autoridad para tirar la primera piedra (Revista Cambio) | 335Ganaderos embisten (Revista Poder) | 338“El ganadero no puede ser identificado automáticamente como rico, terrateniente y paramilitar” (Revista Semana) | 346Intervención en la Asamblea Anual de Asocebú | 350Asamblea Anual de Afiliados Ciledco | 355Cincuenta años de creación del Fondo Ganadero de Córdoba | 363Lanzamiento del Premio Nacional de la Ganadería | 369XXX Congreso Nacional de Ganadero | 373La visión en torno a la formación del economista del 2019 | 388Instalación de la 3.a gira técnica de 2007 | 399Desarmando la guerra y armando la paz | 411 XIX asamblea de Asoganorte | 420Celebración del Día Nacional del Ganadero. Entrega del Premio Nacional de la Ganadería. Lanzamiento de Fundagán | 430 Instalación de la Gira Técnica – Argentina 2007 | 440Homenaje a las Fuerzas Militares de Colombia | 448Inducción para gobernadores y alcaldes, 2008-2011 | 453

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PrÓLOGO

Doctor Carlos Holguín Sardi, Ministro del Interior y de Justicia de Colombia

Nadie puede afirmar que Colombia ha superado sus dificultades pero en el trans-curso de estos últimos seis años durante los cuales José Félix Lafaurie Rivera ha sido actor, testigo o relator, el cambio ha sido abismal. Camina la Nación con paso seguro hacia la profundización democrática en un ambiente de mayor segu-ridad, de mayor libertad y de mayor justicia. Camina la Nación hacia el desarrollo económico en un clima de confianza inversionista sin parangón en el pasado. Ca-mina también hacia mecanismos de inclusión social y sobre todo de superación de la pobreza con un esfuerzo ingente de los sectores productivos contribuyendo más y oportunamente al sostenimiento del Estado y a la generación de empleo y del sector público que apoya de manera focalizada a la población más pobre a tra-vés de programas como Familias en acción, ofrece oportunidades antes precluídas a través de la Banca de Oportunidades y logra metas en cobertura de la educación y de la seguridad social nunca antes alcanzadas.

La pista sobre la cual se han dado esos pasos es indudablemente la políti-ca de seguridad democrática de la cual ha sido un logro importante el proceso de paz cumplido con las autodefensas que pronto llevó a la desmovilización de más de 31.671 miembros de sus estructuras de los cuales cerca de 2.975 están postulados a los procedimientos de la Ley de justicia y paz con lo cual se inició la reducción de la criminalidad, se afianzó un proceso de reinserción, se fomentó la desmovilización de miles de combatientes de las guerrillas y se van generando formas alternativas para el desarrollo de la Colombia rural.

Todos estos logros y las preocupaciones que le son inherentes se han suma-do, con nota de prelación, a las enormes responsabilidades que recaen sobre el Ministerio del Interior y de Justicia, cartera que dirijo desde agosto de 2006 y des-empeño en el cual todos estos temas han concitado recientes e intensas jornadas

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de sana reflexión con el hoy Presidente de Fedegán y autor de esta publicación que me ha hecho el honor de solicitarme unas líneas a manera de prólogo.

Es José Félix Lafaurie Rivera uno de los pocos colombianos de los que pue-do afirmar, con conocimiento de causa, que posee una visión completa sobre la Colombia de hoy. un dominio que ha hecho latente en los escritos que integran esta publicación. Contundente, conciso y claro en sus afirmaciones, no ha dudado en poner el dedo en la yaga de quienes, pudiendo hacer mucho por el país, han optado por el silencio. Cuando no, para señalar la hipocresía o la doble moral que ha cundido entre los detractores del Gobierno o del proceso de justicia transicio-nal que emprendió el país con la Ley 975 de julio 25 de 2005.

Con él comparto la urgencia de revisar el contexto y profundizar en nuestro pasado, para no caer en la infamia de hacer señalamientos a dedo. Con él com-parto sentimientos encontrados de humildad y de impotencia frente a nuestro drama de violencia. Con él comparto el reconocimiento de que la tensión entre Justicia y Paz no tiene solución distinta a la fusión de la justicia en el derecho y la ley para ponerla al servicio de la paz, porque la paz es un bien superior de la sociedad. Así como el derecho a la vida es el derecho fundamental de la persona humana, el derecho a la paz es el derecho fundamental de la sociedad.

Con él comparto que el imperativo de la justicia, no pasa necesariamente por establecer la verdad. Ésta no se puede constituir en un alimento del odio y la venganza, sino en el instrumento idóneo, para alcanzar el perdón y la recon-ciliación que nos merecemos como Nación. Comparto con él la obligación de mantener el territorio nacional bajo la égida de las instituciones legítimamente constituidas y de hacerle concesiones a la rigidez teórica sobre la “justicia perfec-ta”, para alcanzar la paz.

Por supuesto que la preocupación de José Félix en este complejo entrama-do, se ha centrado hoy en los ganaderos del país. Señalados, vilipendiados, estig-matizados hasta el cansancio, por hechos que como él mismo lo ha expresado, honesta y abiertamente, respondieron a un proceso político y social dramático para la sociedad colombiana. “un fenómeno, en donde los productores rurales fueron las víctimas y cuya responsabilidad no es mayor a la del resto de la so-ciedad, que permitió que asesinaran, secuestraran, extorsionaran y desplazaran a miles de ganaderos y habitantes del campo, sin que nadie dijera nada y sin que el Estado les garantizara la seguridad”.

De eso es consciente el Estado colombiano, así como de los llamados de atención de José Félix, sobre la cortina de humo que se ha pretendido correr so-bre la verdadera dimensión de la “colonización armada”, que protagonizaron los

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grupos alzados en armas en el campo colombiano. No en vano, la violencia de la que han sido víctimas los ganaderos colombianos, es la razón principal por la cual la consolidación de la paz, resulta tan decisiva para el sector, como para ningún otro gremio en el país. Anhelan los ganaderos, como creo que anhelamos todos los colombianos de bien, que la política de seguridad democrática y dentro de ella, la Ley de justicia y paz, sean instrumentos para sellar la reconciliación entre los colombianos.

En sus columnas editoriales Lafaurie Rivera, ha instado por un “gran con-senso”, para que el país entienda que la paz empieza por el campo, por las zonas marginadas y, que sin la paz, la sociedad no puede funcionar. Entendemos y com-partimos que la ausencia de paz es el principal obstáculo, para que una sociedad pueda alcanzar sus fines, para que el Estado pueda satisfacer las necesidades de los asociados y garantizar el derecho primario de la persona humana, cual es el derecho a la vida.

De ahí la decisión del Gobierno de recuperar el territorio nacional. Por eso hoy no existe un municipio sin presencia del Estado. No solamente en los 1.099 municipios que conforman el país, sino en los corregimientos más importantes, hay presencia activa de la Fuerza Pública.

De contera, logramos desmovilizar y desarmar a 33.000 hombres miembros de un ejército irregular e ilegal y a 12.000 más de grupos guerrilleros y un total de 6.000 excombatientes de estas fuerzas de facto, están siendo procesados por deli-tos de lesa humanidad. Así mismo, más de 100.000 víctimas han sido registradas y pueden hoy rebelar los oprobios a que fueron sometidas.

Haber logrado todo ello en dos años, después de 60 de tragedia, de impu-nidad, de silencio; son cifras, son hechos, son revelaciones, son verdades que nos hacen sentir que vamos por el camino correcto; lleno de obstáculos, precipicios y amenazas, pero que con el acompañamiento de todos los colombianos de bien, podremos superar hasta llegar a las metas de la justicia, la verdad, la reparación, la no repetición y la reconciliación.

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PrÓLOGO

Doctor Sabas Pretelt De la Vega, Embajador de Colombia en Italia

Escribo estas líneas desde Roma en donde ejerzo –por amable designación del Presidente, Álvaro uribe Vélez– el cargo de Embajador ante el Gobierno de Italia y ante los organismos internacionales, establecidos en la “ciudad eterna”. Empezó el otoño y los hermosos árboles que circundan el río Tiber han perdido la mayo-ría de sus hojas. Las corrientes de aire frío me producen nostalgia, el clima por esta época es muy parecido al de Bogotá.

Me viene a la memoria el día en que conocí a José Félix Lafaurie Rivera. Yo era empresario y ejercía la Presidencia de la Junta Directiva de la Federación Na-cional de Comerciantes (Fenalco) y, en esa calidad, representaba al sector privado en el órgano directivo del Instituto de los Seguros Sociales. Viajaba con mucha frecuencia de Cali a la capital para atender mis compromisos empresariales e institucionales. Tenía 32 años vividos con intensidad y me faltaba prudencia para hacer pronunciamientos públicos. Criticaba los malos servicios que se prestaban a los usuarios en el ISS y la lentitud en la implementación de la reformas aprobadas durante el Gobierno anterior, el del presidente Alfonso López Michelsen.

una lluviosa tarde, después de una larga reunión con proveedores y comer-ciantes bogotanos, recibí una llamada del Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Rodrigo Marín Bernal, quien después de un breve saludo me informó que en nombre del presidente, Julio César Turbay Ayala, me ofrecía la Dirección Gene-ral del ISS. Agradecí la designación, pero le respondí diciendo que no aceptaba, porque tenía demasiados compromisos que atender y el sacrificio económico sería muy grande. Viajé a San Andrés a supervisar unas construcciones de nuestra empresa y allá al lado del mar, medité en las palabras del presidente Turbay: “Los miembros del sector privado son buenos para criticar, pero a la hora del servicio público no son generosos”.


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Cambié de opinión, tomé el teléfono y llamé al ministro para informarle que aceptaba. Adelantaría las reformas y luego me retiraría. El trabajo no era fácil, en aquel entonces el Seguro era monopolio estatal y era la empresa más grande del país. Los cambios empezaban por la descentralización y humaniza-ción de los servicios, el aumento de los ingresos, la separación de los riesgos, la eliminación de las numerosas convenciones colectivas para los funcionarios de la seguridad social y la racionalización del gasto y de las plantas de personal. Después de toda clase de amenazas, incluyendo algunas del M-19, de una buena dosis de carácter y de concertación con las centrales obreras, se hicieron los cambios y el Instituto superó su déficit financiero y cambió substancialmente el servicio a los trabajadores colombianos. Lo hicimos en los 12 meses que me había fijado como plazo.

Quince años después la Corte Constitucional, motivada en unas decisiones administrativas de la Dirección del ISS, produjo unas sentencias que obligaron volver a negociar onerosas convenciones colectivas con más de una decena de sindicatos, eso, adicionado a nuestra tradicional politiquería, causó la quiebra eco-nómica del mayor patrimonio social que teníamos los colombianos. ¡Qué terrible frustración!

Adelanté, en aquel entonces, un programa para vincular profesionales inde-pendientes como gerentes de las seccionales del Seguro. En ese escenario decidí llamar a José Félix Lafaurie Rivera. un hecho curioso marcaría su nombramiento y lo que después se convirtió en una amistad duradera. Corría el mes de mayo de 1980 y el presidente Julio César Turbay Ayala nos acompañó a la inauguración de la clínica Ana María, en Valledupar. Por distintas razones el Presidente consideró necesario hacer un cambio en la gerencia de la seccional. Acéfala esa dirección, recibí un sinnúmero de hojas de vida e incluso referencias verbales de personas que podían reunir las condiciones para ocupar la vacante.

El día que cité a José Félix a mi despacho la sorpresa fue mayúscula. Me encontré ante un muchacho muy joven, recién graduado y por esa razón le hice saber que no lo podía nombrar. Con la espontaneidad propia de la edad y con cierto tono irreverente, me dijo con tal seguridad y desparpajo, que él sólo estaba respondiendo a mi llamado y que no se encontraba ni medianamente interesado en hacerse a un puesto. De hecho acababa de tomar la desición de hacer política. “!usted fue quien me llamó!”, puntualizó.

No fueron tanto las palabras, como la actitud y la postura que asumió, las que me hicieron pensar que ese muchacho, tenía el porte para acometer la ta-rea. Recuerdo que le comenté. “La juventud nunca ha sido obstáculo para poder

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ejercer un cargo. ¿usted se sentiría capaz?” Y luego de escuchar un contundente “!Claro!”, ordené su nombramiento.

Seguramente ha sido el gerente más joven en la historia del Instituto. Lo hizo muy bien, a tal punto, que mi sucesor lo ratificó y se lució como adminis-trador público haciendo méritos propios. En su historial de aciertos se cuenta, en aquella época, haber logrado implantar uno de los primeros pilotos para el esta-blecimiento de la “medicina familiar” en Colombia, un modelo cuyas bondades pronto se hicieron evidentes, cuando se empezó a multiplicar la cobertura y una respuesta más personalizada del servicio de salud.

Le tomé aprecio y he seguido de cerca su recorrido como exitoso profesio-nal. En mi condición de Presidente de Fenalco y luego como Ministro del Interior y de Justicia, pude constatar cómo en la Contraloría General de la República desarrolló nuevas tecnologías de control y cómo hizo lo propio como Superin-tendente de Notariado y Registro. Ambas instituciones le deben a él gran parte de su modernización y la gerencia social le aprendió su avanzado concepto sobre la calidad del trabajo que deben tener los organismos del Estado.

En ambas instituciones dejó sentadas las bases para la modernización tec-nológica y de la comunicación en tiempo real de las bases de datos estructurales de sus servicios y productos. Al país le dejó el sistema de información para la vigilancia de la contratación estatal (SICE). Concebido como una estructura au-tomatizada para integrar todos los datos relevantes del proceso de contratación estatal, permitiendo su autorregulación, control institucional y publicidad de las operaciones, el SICE marcó una respuesta definitiva a la necesidad de desplegar herramientas efectivas para combatir la corrupción. Este desarrollo recibió Men-ción de honor en el Premio Colombiano de Informática 2005, de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas (ACIS).

Hoy ejerce como Presidente de Fedegán y es uno de los líderes, motivo de orgullo de nuestro país. Defiende con decisión las posiciones de su sector, pero siempre en su accionar priman los intereses de la Nación. Su labor ha ido desde la estructuración del Plan estratégico de la ganadería, hasta fijar una posición contun-dente de cara a los problemas sociopolíticos y económicos que afronta el país.

El doctor Lafaurie Rivera tiene claro lo urgente que es para el país optimizar su competitividad y así penetrar mejor los mercados externos. No ha escatimado esfuerzos para mejorar las condiciones de acceso real de los ganaderos a la capacita-ción, asesoría técnica y profesional, y a los programas de financiación e infraestruc-tura de primera línea para el faenamiento. El refuerzo a una importante institucio-nalidad ha beneficiado en forma directa a cerca de 2.000 ganaderos del país.


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Mirar al interior de Fedegán es encontrarse con sorpresas gratas y logros como la certificación “libre de aftosa con vacunación” para un altísimo porcentaje del territorio nacional y del hato, así como con un gremio técnico, dedicado a trazar directrices en materia de política agropecuaria y a tomar parte en los grandes debates nacionales que conciernen a los ganaderos, como productores, pero también como colombianos que viven en la mal llamada “periferia”. una condición que, por su puesto, incluye tocar las delicadas fibras del orden público y de la esquiva paz.

En este aspecto debo decir que comparto la mayoría de sus planteamientos sobre el proceso de paz que vive nuestro país y sobre todo su visión del agro colombiano y creo en las alternativas que él formula, con la inteligencia que le caracteriza, para la generación de empleo y de riqueza, fundamentos indiscutibles de la necesaria distribución del ingreso nacional y de la justicia social.

Encuentro oportuna la publicación de este libro para que un mayor nú-mero de ciudadanos conozca el pensamiento creador de Lafaurie Rivera y sus aportes intelectuales al programa de desmovilización de los grupos ilegales al margen de la ley. Más allá del inventario de los excombatientes, ha dicho con una visión premonitoria que, “el desafío para el Gobierno nacional y las re-giones, no es otro que el de desarrollar una estrategia, para mantener en la legalidad a esta población, en extremo vulnerable y disminuir al máximo, la posibilidad de su realistamiento en nuevos grupos o bandas al margen de la ley”. Recuerdo la primera vez que mencionó los alcances de su propuesta de inversiones sustitutivas de impuestos y de los llamados de atención al país sobre la necesidad de reforzar la reinserción económica y social de los más de 40.000 hombres que han dejado sus armas.

Sus escritos nos recuerdan cuánta falta le hace a esta sociedad reconocer que sólo la verdad puede hacer la diferencia en este complejo entramado de mu-tuas recriminaciones y dardos inflamables. Hubo una responsabilidad colectiva y sustraernos de la realidad, sólo inhibe la reconciliación con ese pasado de barba-rie y, por supuesto, con la búsqueda del bien supremo de la paz.

Como él, veo con mucha preocupación el ambiente pugnaz como los co-lombianos pretendemos llegar a la reconciliación nacional. A la Ley de justicia y paz no se le ha reconocido sus enormes resultados en la aproximación a la verdad y el haber impregnado a la sociedad de un arrepentimiento colectivo, por el apoyo que muchos brindaron a los distintos grupos, ya sean guerrilleros o paramilitares. Casi que se ha conseguido la garantía de no repetición de tan funestos hechos.

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No hay político, militar, empresario o sindicalista que no haya tomado con-ciencia del peligro que es para la Nación la existencia de estas organizaciones delincuenciales y de las consecuencias penales de cohonestar con su funciona-miento. Casi nada quedará oculto y el perjuicio que han sufrido los implicados y la sociedad es motivo de reflexión generalizada. A la vez es trascendental acelerar los procesos de reparación y mejorar la eficacia en los servicios a los desmovilizados.

Eso es positivo. Lo doloroso es la mezquindad en el reconocimiento y el de-seo de algunos de venganza que no de justicia y paz. A otros les motiva el enrique-cimiento al amparo una reparación mal entendida. Los veo agazapados detrás de una víctima, para producir resultados financieros que no de reconciliación. Otros pretenden imponer la diferencia ideológica, están dispuesto a perdonar a unos, pero a los que no son de sus afectos, el escarnio y el castigo. ¡Cuánta bajeza!

Por eso, como dice José Félix, “no deja de sorprender el lacerante silencio que han guardado muchos de esos actores que se vieron involucrados en esta guerra”. Algunos sectores que hoy, desde cómodas posiciones, no tienen proble-ma en hacer señalamientos a dedo o mirar por encima del hombro con una doble moral, pretendiendo desconocer un pasado que hoy se ha vuelto más evidente.

Mientras tanto el país progresa. un buen presidente y un equipo de gobier-no logran día tras día mejor calidad de vida para millones de colombianos. Hay que garantizar la continuidad de las políticas de Álvaro uribe Vélez y para ello hay muchas mujeres y hombres con la preparación y el carácter para lograrlo. Entre ellos José Félix Lafaurie Rivera, brillante profesional costeño que me honra con su amistad.

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PrESENTACIÓN

Las reflexiones que componen las páginas de este libro, son sólo un intento de aproximación, al complejo entramado del devenir político, económico y social del país, en los últimos dos años. Son los trazos del rostro de una Nación que difícilmente se puede abstraer de las dinámicas de largo aliento que ha recorrido, para librarse de sus demonios. Esos que nos hablan de la vergonzosa sombra del conflicto armado interno, de las asimetrías entono a las dos Colombias –la rural y la urbana–, de la flama de la desigualdad, del boquete de las finanzas del Gobierno Central y hasta de las fallas estructurales de nuestras políticas agraria o laboral.

Si bien el trabajo de análisis obliga a reconocer atávicas y dolorosas frustra-ciones, también estimula a explorar, sin ambages, las construcciones que se han erigido en pos de los más altos intereses de nuestra patria, y demanda un esfuerzo para ser proactivo, en una coyuntura, particularmente tensa en nuestra historia, de la que difícilmente nos hemos podido abstraer los gremios, los partidos po-líticos, los movimientos ciudadanos, las ONG, los medios de comunicación, la empresa privada, los sindicatos y las iglesias, en conjunción con el Estado.

No obstante este sano y reconfortante clima, en el que muchos quieren ha-cer oír su voz frente a los grandes debates nacionales, no ha sido suficiente para construir los amplios consensos que requiere el país y rodear a las instituciones legítimamente constituidas en este delicado momento, en que hemos tocado el punto neurálgico de “no retorno”, en temas tan delicados como la paz, la justicia transicional y el intercambio humanitario, los cuales constituyen un todo con el imperativo de los objetivos de desarrollo del Milenio pactados con la ONu y la inminencia de seguir la senda del crecimiento sostenido de la economía y la in-serción en los mercados externos. Es ahí donde debemos apuntar.

El ambiente de incertidumbre que en este momento respiramos los colom-bianos en la denodada búsqueda de la verdad y la justicia, en la reparación a las víctimas, la reinserción de los excombatientes de los grupos armados al margen


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de la ley, entre otros, nos debe obligar a responder por qué esta sociedad ha pri-vilegiado los procesos vindicativos y los disensos por encima de la reconciliación. una circunstancia que exige espolear con saña, en las posturas que hemos asu-mido históricamente para enfrentar, como sociedad, los compromisos que infiere la difícil tarea de resolver nuestro pasado y encarar el presente y el futuro, sin vacilaciones y prejuicios.

Estas preocupaciones son las que enlazan, de principio a fin, los escritos de El pensamiento social y económico de Fedegán, y que me han llevado, en no pocas ocasiones, a cuestionar si a fuerza de soportar la dinámica de los errados mode-los de desarrollo económico o de la prolongada guerra fratricida, nos creímos el cuento de que no merecemos un escenario de prosperidad, en donde los habi-tantes de la periferia, tanto como los del centro, tienen derechos. O, peor aún, si las explicaciones culturalistas de nuestra violencia, hicieron carrera y terminamos convencidos de que somos un pueblo de parias y violentos por naturaleza, inca-paces de reconstruir nuestro tejido social y asirnos al bien público de la paz.

En hora buena, nada más alejado del sentir de los ganaderos. Y con ello creo hablar, incluso, por todos los habitantes del campo. Queremos la paz y el desarrollo sostenidos, por encima de cualquier consideración mezquina, porque durante muchos años hemos sufrido los embates de la violencia y el abandono estatal, en los más elevados niveles de crueldad. Porque estamos convencidos de que en el sector rural se encuentra no sólo parte de la solución del conflicto, sino también del progreso económico del país. Ese es el sentimiento que nos impulsa a defender las propuestas de seguridad democrática y todas aquellas que promue-van el crecimiento, la modernización y la equidad social, especialmente, para el sector rural.

Aunque no nos vendemos mentiras y sabemos que el conflicto y la máquina de guerra de los desmovilizados paramilitares, generaron dinámicas intrínsecas de violencia que hoy perduran con nuevos y mortíferos esquemas, tenemos “empeña-da nuestra palabra” en el propósito irrenunciable de la paz, en el duro camino que hemos transitado hacia el posconflicto –en el que más de 40.000 hombres dejaron las armas y se recuperaron territorios vedados para la civilidad– en la reconstruc-ción de la memoria colectiva, en la cohesión del tejido social en las zonas que por años han sido el campo de enfrentamiento de los alzados en armas y en una política sólida para la modernización y desarrollo del sector pecuario bovino.

Por este camino, hemos aceptado públicamente nuestra responsabilidad co-lectiva de cara al conflicto armado interno, como ningún otro sector productivo del país lo ha hecho. En nuestra condición de víctimas, pagamos con creces el

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hecho de haber crecido en el campo y bajo la ignominia del terror y la coacción hacia los sectores productivos y del violento control territorial, social y político de los actores armados. Lo hemos dicho desde estas columnas y en las más diversas tribunas, sin hipocresías, instando, por el contrario, a un gran acuerdo nacional sobre la responsabilidad colectiva con ese pasado de barbarie. Aunque por ello hayan llovido sobre nuestro sector los más ominosos calificativos.

Y, por supuesto, no ha faltado el estímulo para resaltar los pasos que hemos dado en el empeño por modernizar la ganadería del país. Aunque el camino por recorrer aún es largo, de cara a las ambiciosas metas de nuestro Plan Estratégico, hoy miramos el futuro desde una óptica favorable al cambio. Somos conscientes de que le debemos asestar un salto cuantitativo y cualitativo a la competitividad del sector, desde el eslabón primario de la cadena hasta la mesa del consumidor, si queremos insertarnos exitosamente en un mundo cada vez más globalizado e interdependiente.

Pero a la par con la presentación sucinta de los temas y las inquietudes que nos aquejan como colombianos y como ganaderos, El pensamiento económico y social de Fedegán es un esfuerzo por fortalecer la unidad de criterios entre los agentes que intervienen en la cadena productiva pecuaria-bovina. un afán por debatir abiertamente nuestras debilidades y asimetrías, que van desde la misma desarticulación de la cadena, hasta las fuertes distorsiones que registra el mercado y las deficiencias en la aplicación de nuestras políticas de sanidad e inocuidad. Por supuesto, más con el ánimo de corregirlas, que de hacer señalamientos a dedo.

No menos importante ha resultado el empeño por acercar a los hacedores de las políticas públicas y a los sectores urbanos del país a la mal llamada “perife-ria”. A esa Colombia bella por su naturaleza, frágil por su economía, herida por la violencia y marginada por la urbanización. Nada diferente a un intento por llamar la atención de la Colombia indolente y desinformada, ajena a las lágrimas de la ruralidad, a nuestros muertos, a nuestros enormes vacíos de institucionalidad y de bienes públicos y a nuestra pobreza.

No podría terminar estas líneas sin expresar mi sincero agradecimiento a Colprensa y sus diarios asociados, a revistas del sector y a los periódicos La Re-pública, El Nuevo Siglo, El universal, La Opinión, La Tarde, Diario del Sur, Hoy, Diario del Magdalena, El Informador, El Meridiano de Sucre, El Meridiano de Córdoba, Diario del Huila, El Liberal y El Pilón que, en un acto de especial defe-rencia con este servidor, han publicado generosamente mis columnas. Así mismo, manifestar mi reconocimiento a la interminable lista de colaboradores y amigos personales, que han hecho posible esta publicación, con su oportuna orientación


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y apoyo investigativo para la construcción de estos escritos, o que con su crítica sana y constructiva, me acompañaron en la tarea de formular salidas a nuestros problemas colectivos, en un legítimo y honrado esfuerzo de hacer de nuestro país un mejor lugar.

José Félix Lafaurie riveraPresidente Ejecutivo de Fedegán

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C A P í T u L O I

JuSTICIA Y PAz

El nuestro ha sido calificado como el conflicto armado más largo del mundo, si consideramos que se inició en 1946, cuando se desató La Violencia partidista. Por su puesto, otros podrán decir que la conjetura no es acertada y que el punto de inflexión está cifrado en la aparición de las “guerrillas de primera generación” (FARC, ELN y EPL), entre 1964 y 1967. Entonces, les diría que aún así, ostenta-mos el vergonzoso estigma de estar ubicados entre los tres primeros del mundo. Superados, únicamente, por la guerra entre Israel y Palestina y la disputa entre India y Pakistán por la región musulmana de Cachemira.

En cualquiera de los casos, la referencia al antecedente histórico, nos habla de más de seis o cuatro décadas, ustedes elijan, de una lucha fratricida, cuyas dimen-siones aún nos resultan indescifrables. Pese a ello, nunca durante todo este tiempo, habíamos intentado acercarnos a una conceptualización real sobre la reconciliación y la búsqueda del bien preciado de la paz, para reconocer desde una perspectiva de-mocrática, que si bien el conflicto y el disenso son inevitables y necesarios, también pueden seguir el camino de la búsqueda civilizada de las soluciones.

Lo cierto es que hoy ese pasado se ha hecho omnipresente, con las funes-tas versiones libres de los ex jefes paramilitares y ha regresado para desgarrar el manto de olvido, la amnesia, la indiferencia y el silencio de miles, que ignoraron a voluntad, lo que estaba ocurriendo en la mal llamada periferia. Entonces, los hechos de barbarie eran transformados en abstracciones numéricas, en retazos desarticulados y relatos ajenos, particulares e individuales. Porque fuimos incapa-ces de sentir y actuar como colectivo. Nos acostumbramos a observar la tragedia “del otro” desde la barrera, con una alta dosis de hipocresía y doble moral, sin untarnos del miedo y del terror que sembraban los grupos armados ilegales, en bastas zonas del territorio nacional.

Son precisamente estas preocupaciones, las que articulan las columnas edi-toriales que integran este capítulo. El análisis ha incluido temas como el acuer-


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do humanitario, el despeje de Florida y Pradera, la política de desmovilización, desarme y reinserción, los intríngulis de la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas, la intervención de la comunidad internacional en nuestros azarosos procesos de paz, el debate sobre el delito político, el avance de la Ley de justicia y paz, la urgencia de construir consensos en torno a la búsqueda de la paz y la reconstrucción de nuestra memoria colectiva.

Son asuntos que nos acosan con un fuerte sentimiento de inestabilidad e incertidumbre, frente al presente y al futuro, porque la reconciliación y la paz siguen siendo temas de incipiente debate y comprensión en nuestro medio, pese al prolongado conflicto armado interno. Los contornos difusos del consenso para la salida negociada y la reconciliación, hoy parecen quedarnos grandes, como nos quedaron grandes en el pasado.

urge convencer a esta sociedad de una conciencia civilista, reafirmar el re-conocimiento y la aplicación de los derechos humanos y renunciar firmemente a las creencias culturalistas, según las cuales somos una Nación de parias y de violentos por naturaleza. urge dar prioridad a los procesos de reinserción y rein-corporación de los excombatientes de los grupos armados, como premisa básica para generar un espacio político y social para la reconstrucción del tejido social. urge visibilizar a todas las víctimas del conflicto armado, las de ayer y las de hoy, las que desaparecieron y las que aún soportan el deplorable impacto del secuestro o la tortura.

urge que las soluciones engloben a todos, porque no podemos quedar-nos anclados en un intercambio que discrimine, sin razón, entre colombianos de primera y otros, de segunda, y que el secuestro continúe siendo un perverso instrumento del conflicto. Aceptar un solo secuestro más como moneda de inter-cambio, es renunciar a la construcción de nuevas formas de respeto y del reco-nocimiento de los mínimos en materia de derechos humanos. Es sencillamente renunciar a construir civilidad.

urge, sobre todo, reconocer que somos hijos y hermanos de una misma patria y que nos debe unir el propósito irrenunciable de la paz. A eso le hemos puesto el corazón los ganaderos del país.

J u S T I C I A Y P A Z

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Nos falta consenso*

Resulta cuestionable y preocupante que nuestra sociedad no haya podido pasar del disenso a la construcción de consenso en un tema fundamental como es la paz. ¿Dónde está la sociedad civil, que debería habilitar un debate serio y sin prevenciones de cara

al interés general? Por lo pronto, parece incapaz de entender lo que está pasando ahora, como tampoco lo hizo en el pasado, cuando el país pudo haber incorporado a la vida

política y social a los grupos subversivos.

Las razones de Estado del presidente uribe para liberar a Granda y excarcelar a los 194 guerrilleros de las FARC, además de sorpresivas, han causado un com-prensible escepticismo. Sin embargo, si algo nos dice la sana lógica, es que no se trata de una salida ingenua ni improvisada, de un gobernante probado, cuyo ma-yor activo es su política de seguridad. Son hechos que deben llamar a la mesura y a un prudente compás de espera. Pero claro, es una solicitud espinosa para una sociedad que no siempre acompaña al Gobierno en sus propósitos, quizá por su tradición de no construir consensos, pero que se cree con derecho de sojuzgar cuando las cosas no salen bien.

Hay hechos tozudos que hablan de la consistencia y la coherencia del dis-curso y la acción del Gobierno, avalada con una postura contundente y explícita al final de la administración Pastrana. Entonces, fue uno de los pocos colombia-nos, que mostró su desacuerdo con habilitar, más allá de lo aconsejable, la zona del Caguán, cuando las denuncias por abusos de las FARC y el desgaste de las negociaciones, hacían prever el desenlace.

Por eso resulta apenas comprensible que ahora, cuando el Gobierno toma decisiones tan complejas, la opinión no encuentre razones diferentes a las esgri-midas y suponga que se trata de cortinas de humo con propósitos no explícitos. El país debe inferir que detrás hay una política que busca avanzar en la aplicación de la Ley de justicia y paz y crear escenarios para que otros actores armados en-cuentren caminos de entendimiento con la sociedad. Porque ha sido el interés por la paz y no la guerra, el que ha primado en la voluntad política del Gobierno.

Por su puesto, la crítica y el disenso son expresiones de una democracia. Pero que esta sociedad no haya podido pasar del disenso, a la construcción


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de consensos, en un tema fundamental como la paz, resulta cuestionable y preocupante.

Esta sociedad se me antoja a un zombi, que desanda sus pasos y no aprende del pasado. Ausente, sorda para acompañar procesos inaplazables. Incapaz de en-tender lo que está pasando ahora, como tampoco lo hizo en el pasado cuando el país pudo haber incorporado a la vida política y social a los grupos subversivos.

Desde las negociaciones de la administración Betancur se evidenció esa intransigencia. Entonces, los movimientos insurgentes alcanzaron a establecer las bases para una acción política desde lo público, pero prevalecieron intereses opuestos. Los gremios, las Fuerzas Militares, el Congreso y hasta los partidos, fueron incapaces de articularse. A la postre pagamos el error. El holocausto del Palacio de Justicia, las matanzas de Tacueyó y la guerra sucia, que entre otras, dejó más de 3.000 víctimas de la unión Patriótica, pesaron y pesan en la conciencia colectiva. Hoy son fantasmas que nos sacuden por un pasado que no hemos sido capaces de superar.

Ha pasado mucha agua bajo el puente y más preguntas quedan sin res-puestas: ¿Por qué no existe una expresión política clara desde la sociedad civil en temas tan sensibles como la paz? ¿Cuál es el grado de compromiso que los partidos políticos son capaces de asumir y respaldar? ¿Dónde está la sociedad civil, que debería habilitar un debate serio y sin prevenciones de cara al interés general? Si bien algunas instancias han visto en éste, como en otros procesos de paz, una salida al conflicto, otras se han mostrado furiosamente contrarias y no han escatimado en ponerle palos a la rueda. ¿Cuáles son sus intenciones? ¿Cuáles sus propuestas? ¿Cuánto tiempo nos tomará actuar como agentes racionales en busca del bien público de la paz?

* Publicado el 8 de junio de 2007


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Ahora, a construir consensos*

Si el repudio y solidaridad de los colombianos en las marchas contra el asesinato de los once diputados del Valle, abren las puertas de la protesta civilista. Los símbolos y significados que afloraron, nos dicen que no somos una sociedad de parias, incapaces

de interactuar en la vida pública. Es el momento para conformar, progresivamente, los escenarios que habiliten los grandes consensos sociales en el tema de la paz.

El “nunca más” que pronunciamos al unísono los colombianos, en las jornadas cí-vicas del pasado jueves desde Bogotá, Medellín, Cali, Sincelejo, Montería, Yopal, Washington o Madrid fue el clamor nacional por la búsqueda del bien público de la paz y en contra del infame flagelo de la violencia. Nos unimos como una Na-ción, en un extraordinario abrazo fraterno, para manifestar pacíficamente, nuestro repudio por el crimen de los once diputados y la infamia del secuestro. Fue una expresión colectiva rotunda desde la sociedad civil, como pocas veces la había-mos visto, con un efecto político, psicológico y moral formidable.

Como pocas veces también, la participación en la movilización se legiti-mó así misma, por el sentimiento y los elementos de identificación política e ideológica que unieron a los miles de ciudadanos, que, como verdaderos ríos humanos, se agolparon en las calles y plazas del país. Símbolos y significados de nuestra realidad, de nuestra identidad como Nación emergieron como referentes que pasarán a la historia, en una incuestionable muestra del despertar del poder de la naturaleza social de la protesta civilista, no violenta. En otras palabras, de la recuperación de la “calle” para la oposición democrática.

Son esos símbolos, esos significados los que debemos capitalizar. Esos que nos dicen que no somos una sociedad de parias que se somete a la violencia, incapaces de interactuar en la vida pública. En un solo día abonamos el terreno, que otros se han encargado de desvirtuar en más de 40 años de guerra, para reconocer desde una perspectiva democrática, que si bien el conflicto y el di-senso son inevitables, también pueden seguir el camino de la búsqueda civil de las soluciones.

Y en este punto, el llamado es para la dirigencia que tiene responsabilidades políticas en Colombia. Su misión, de cara a este impresionante movimiento colec-


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tivo, no sólo pasa por identificar los hechos que justifican convocar a la sociedad civil, para que exprese su solidaridad y su rechazo, sino además para conformar, progresivamente, los escenarios que habiliten los grandes consensos sociales, la consulta y la concertación.

En la búsqueda de esos consensos, el país requiere hacer visible a la sociedad civil que se resiste a la barbarie y persigue la reestructuración del tejido social y la dignidad de nuestro pueblo. Es un imperativo que los partidos políticos, los gremios, los movimientos ciudadanos, las ONG, los medios de comunicación, la empresa privada, los sindicatos y las iglesias, en conjunción con el Estado, marquen las “líneas rojas”. Los grandes paradigmas que reivindican las libertades fundamentales y los derechos humanos, como estandartes inviolables para los transgresores de ese orden social, que abrigamos todos los colombianos en las pasadas marchas.

Con una connotación adicional. La concertación que habilite el Estado y la participación ciudadana en la misma, deben apuntar a un objetivo mayor, cuyo éxito o fracaso, harán posible la distensión del conflicto armado o su demoledora prolongación. Así como fuimos capaces de acercarnos al dolor de cientos de familias, que padecen el cautiverio de sus seres queridos y de los miles que han caído en las fosas comunes de la violencia, debemos reconocer la inminencia de poner fin al conflicto en forma definitiva. Y en esa salida no puede ser inferior el compromiso y la responsabilidad del Estado y de la sociedad civil, de la que mu-chos nos preciamos de hacer parte, pero que luce dormida, apenas presta cuando la sacuden, pero aún indiferente. Que sea esta la oportunidad para empezar a construir los consensos que nos hacen falta.

* Publicado el 10 de julio de 2007


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reconocer la verdad hace la diferencia*

No deja de sorprender el lacerante silencio que han guardado muchos actores que, desde la economía formal, se vieron involucrados en el conflicto armado. Sectores que hoy no tienen problema en hacer señalamientos, pretendiendo desconocer un pasado que hoy se ha vuelto menos espurio o más evidente. Cuánta falta le hace a esta sociedad, empezar a reconocer que sólo la verdad puede hacer la diferencia en este complejo entramado de

mutuas recriminaciones y dardos inflamables.

En un exaltado debate, convocado hace siete años por la Comisión Segunda del Senado, el ministro de Defensa de la época, Luis Fernando Ramírez, calificó la discusión sobre el paramilitarismo como “hipócrita”. En sus términos, la opinión se había circunscrito a juzgar a las Fuerzas Armadas, sin denunciar a civiles y em-presarios que respaldaban esa práctica. Si bien, el pronunciamiento del funciona-rio, no consideró el régimen de coerción y barbarie que mediaba en la “geografía de la guerra”, sus palabras tuvieron el mérito de encarar, por primera vez, el tema de la “vinculación” de los civiles en el conflicto armado.

El país se negó entonces a poner la cara y ese debate que, en su momento, pudo haber generado una catarsis saludable, hoy desgarra la conciencia nacional. Seguramente por la incapacidad de la sociedad de verse en el espejo de su propia realidad. Empero, el país no puede negar que primero las guerrillas y luego las autodefensas, alteraron las relaciones de poder, cambiaron el orden social y con-figuraron un nuevo Estado, en sus zonas de control.

No sólo desafiaron el monopolio de las armas al Estado, sino que impu-sieron sus leyes para administrar justicia, regular la economía y alterar las ad-ministraciones locales. En esas regiones, la participación democrática quedó en entredicho y la dinámica del capitalismo se afectó. Bajar la cabeza y callar eran el salvoconducto para proteger la vida y adaptarse a las nuevas condiciones, en donde la extorsión, el secuestro, el boleteo y las vacunas se convirtieron en el pan de cada día.

Nadie decía nada, pero una inmensa mayoría tuvo que pagar o huir. Fue el periodo del denominado “ausentismo”, cuando muchos empresarios administra-ban sus negocios desde la ciudad y unos pocos desde el exterior.


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No en vano la geofagia de las guerrillas y, después, de las autodefensas, encaja con el mapa de las riquezas del país. Inmensas regiones agroindustriales o de economía petrolera, aurífera, esmeraldífera o minera fueron invadidas. Pero igual ocurrió en extensas zonas de narcocultivos, en donde floreció la compra de tierras por parte del crimen organizado, y a la par una economía campesina de supervivencia, que hoy denominamos, peyorativamente, “raspachines”.

Así, de lado de la economía formal, los ganaderos no fueron las únicas víc-timas que se tuvieron que someter a las normas de forzoso cumplimiento de las armas. De acuerdo con las versiones libres de los jefes de las autodefensas, firmas como Postobón o Bavaria, estuvieron en la lista de los extorsionados, pero tam-bién empresas del sector transportador, taxistas, petroleras, vendedores de pes-cado o bananeras –sólo Chiquita Brand admitió haber pagado uS$1,7 millones durante siete años–.

Por eso no deja de sorprender el lacerante silencio que han guardado mu-chos de esos actores que, desde la economía formal, se vieron involucrados en esta guerra. Sectores que hoy no tienen problema en hacer señalamientos a dedo o mirar por encima del hombro con una doble moral, pretendiendo desconocer un pasado que hoy se ha vuelto menos espurio o más evidente.

Cuánta falta le hace a esta sociedad, empezar a reconocer que sólo la verdad puede hacer la diferencia en este complejo entramado de mutuas recriminaciones y dardos inflamables. Hubo una responsabilidad colectiva y sustraernos de la realidad, sólo inhibe la reconciliación con ese pasado de barbarie. La preocupa-ción es que hoy la búsqueda de la verdad sólo parece avanzar en pos de mayores rencillas y más fracturas. ¡Qué lejos estamos de encontrar salidas válidas al enfren-tamiento y cuánta hipocresía más podemos exhibir sin sonrojarnos! La verdad se debe convertir en instrumento de reconciliación y no en máquina de venganza que instigue para desencadenar nuevas violencias.



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¿qué dice la sociedad colombiana?*

La tragedia que vive la familia Vives Lacouture, tras el asesinato de Mauricio Ernesto, a manos del ELN, es la misma de miles de colombianos que soportan el inenarrable

drama de la violencia y de un dolor enquistado en la propia médula espinal de nuestra Nación. Son hechos que claman por el despertar de una sociedad, que parece no

inmutarse con el sufrimiento ajeno.

El sino trágico que ha enlutado a la familia Vives Lacouture encarna el horror y la desazón de miles de colombianos que han tenido que soportar la degradación de la confrontación bélica, que por largas décadas ha dejado una nueva categoría de ciudadanos en el país: las víctimas. Han sido los rostros y las voces desencajadas por la amargura, la lucha en solitario y la ignominia de sus muertos insepultos o de vidas laceradas por la tortura o el cautiverio, las que han estado latentes en nuestra historia reciente, pero que a la vez han sido vilipendiadas por una socie-dad que pese a conocer su drama, prefiere dar la espalda y mantenerlas en su condición de “invisibles”.

Fue ese el rostro que apenas ayer vimos en Santa Marta, en las expresiones de abatimiento del senador Vives Lacouture. Momentos duros que hacen fla-quear el alma y el ánimo de quien tiene que mirar otra vez a los suyos, en especial, a la hija de su hermano, Mauricio Ernesto –asesinado por el Ejército de Libera-ción Nacional– para reconocer que la indolencia de la guerra ha sido superior a la lucha por la paz.

En el doloroso transe del reconocimiento del cuerpo de Mauricio, la familia tiene la sospecha de que no fue dado de baja en el cruce de disparos, entre hom-bres del Ejército y guerrilleros del ELN, ocurrido el pasado 22 de mayo, cerca de la población de Palomino, departamento de La Guajira, sino que fue asesinado previamente y que, como consecuencia de la acción ofensiva del Ejército contra la guerrilla y no de una acción de rescate militar, se vio trenzado en un desenlace fatal, luego de 19 meses de cautiverio.

Es difícil digerir una situación de esta naturaleza y mirar con los ojos de hoy, lo que ha sido el largo y cruento proceso de esta familia. Tanto de los Vives como de los Lacouture, más de 100 personas han sido víctimas de las guerrillas.


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Sólo del entorno íntimo del senador Vives Lacouture, se cuenta el asesinato de dos hermanos, el secuestro de un tío, más cuatro primos-hermanos, entre ellos un primo doble, cuya condición de sordomudo le hacía más vulnerable y de quien la familia no volvió a recibir noticias. Me pregunto, como quizá se pregunta Rosita Lacouture de Dangónd, ¿cuál ha sido el cálculo que ha guiado el accionar de la violencia contra los suyos, más aún cuando el secuestro no ha actuado como un delito político para ejercer presión, ni como un vulgar botín de guerra?

Por demás, al sin sabor del asesinato de su hijo mayor, José, a manos de las FARC –después de dos intentos sucesivos de secuestro– y del reconocimiento del cadáver de Mauricio Ernesto, se suma, irónicamente, el cargo que afronta el pro-pio senador Lucho Vives Lacouture, por concierto para delinquir. Señalamiento que le atribuye la Corte Suprema, por supuestos vínculos con el paramilitarismo, que en la sabiduría de esta instancia, habría repercutido en la votación atípica que obtuvo su pasada campaña.

Es un hecho, que el Senador tendrá que responder y demostrar lo que para muchos de los habitantes de la costa es una verdad de a puño. Que su votación no fue el resultado de acuerdos oscuros bajo la mesa que, eventualmente, se ha-brían realizado con fuerzas al margen de la ley, sino de la entrega de su familla a la región. De una tradición fundada en más de 60 ó 70 años de servicio público, primero de su abuelo, D. Pepe Vives, hombre visionario y pionero de la industria bananera, senador por muchos años y fundador del periódico El Informador, y después de Edgardo Vives –recientemente fallecido– quien durante toda su vida se dedicó al servicio público.

¿Qué dice la sociedad colombiana? Es la pregunta que nos hacemos muchos en esta coyuntura. Si somos concientes de que no se trata de un drama particular, sino del drama de miles de familias que soportan la tragedia inenarrable de tanta barbarie junta y del silencio ininterrumpido, de un dolor enquistado en la propia médula espinal de la sociedad. ¿Dónde están los hechos palpables que nos dicen que esta sociedad vive y respira, no sólo para repudiar los hechos de barbarie, sino para buscar las salidas, los grandes consensos que nos lleven a una reconciliación de fondo? ¿Dónde están las palabras, pero sobre todo los hechos de paz, que nos digan que esta sociedad no duerme insensible? ¿Dónde están las manos y las voces dispuestas a enfrentar nuestra memoria de dolor y violencia? y ¿dónde la actitud propositiva para resolver ese pasado, acompañar a las instituciones y dar un paso al frente, para poner fin a hechos que laceran el alma?



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No todo vale*

Son muchos los hombres públicos y formadores de opinión que juegan al relativismo moral. El Estado y la sociedad abandonaron el campo y permitieron, con su actitud

de omisión y su silencio cómplice, que fuera desbordado por la violencia de todas las pelambres. Son los mismos ausentes que hoy toman distancia, para juzgar a los

agricultores y ganaderos de terratenientes, de explotadores y de paramilitares.

El mundo va y viene en medio de un cómodo relativismo moral. El cardenal Ratzinger –Benedicto XVI– lo ha proscrito para los católicos frente a temas tan sensibles y humanos como el control de la natalidad y el aborto, pero esa inmensa feligresía, literalmente, “no le ha parado bolas” al mensaje papal y continúa siendo católica a su manera, pues en el otro extremo del relativismo moral está el dog-matismo inaplicable.

¿En dónde está la verdad? Las cosas no son blancas o negras necesaria-mente, pero tampoco se pueden ubicar en un gris acomodaticio y baboso, que se pliega a las conveniencias de cada quien.

Colombia no es la excepción. Esta sociedad recibió con folclor el sur-gimiento del narcotráfico. Los marimberos fueron personajes de telenovela y sus recursos fueron buenos cuando irrigaron “convenientemente” la eco-nomía, pero malos cuando contribuyeron a disparar los precios. El Banco Central tenía “ventanilla siniestra” y el Estado incorporó al narcotráfico en sus cuentas nacionales. Desde entonces, sus capos se infiltraron en la economía y en la política.

En este país de acomodados, alguien puede arremeter en la mañana contra el perverso influjo del contrabando en la generación de empleo, y en la tarde irse de compras a uno de tantos emporios de mercancía de contrabando. Fue ese relativismo moral el que no les impidió a los políticos dejarse influenciar por el narcotráfico, desde antes del proceso 8.000 hasta nuestros días. Y con ese abrigo de doble faz, hoy se compran votos y se hace todo tipo de triquiñuelas, infligiendo un daño enorme al sufragio como máxima expresión de la democracia; y mañana se toma asiento en el Congreso para construir y defender esa misma democracia vulnerada en la fuente.


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Son muchos los hombres públicos y formadores de opinión que juegan al relativismo. El Estado y la sociedad abandonaron el campo y permitieron, con su actitud omisiva y su silencio cómplice, que fuera desbordado por la violencia de todas las pelambres. Son los mismos ausentes que, hoy toman distancia para juzgar a agricultores y ganaderos de terratenientes, de explotadores y de parami-litares.

Nadie pretende justificar la violencia y los excesos de unos y otros. Es claro que el remedio de la autodefensa fue peor que la enfermedad de la guerrilla, pero es evidente que semejante catástrofe surgió en un campo abandonado por todos. Entonces, no es momento de lavarse las propias manos y ensuciar las de otros. De ese relativismo moral que estigmatiza sin reparos, se pasa a la violencia verbal y al señalamiento fácil e irresponsable. Se pasa al “todo vale”.

Todo vale para figurar, todo vale para obtener poder y todo vale para con-trovertir las posiciones contrarias. El “todo vale” es el reino de la intolerancia eri-gido sobre las cenizas del respeto a la diferencia. Por ese camino fueron asesina-dos, hace 20 años, miles de simpatizantes de la uP, algunos, simplemente, porque eran sociólogos de la universidad Nacional y entonces debían ser guerrilleros; otros porque eran apenas simpatizantes o hermanos o primos de tales.

Hoy se pretende hacer lo mismo con los ganaderos. Es lo que están hacien-do algunos formadores de opinión al encasillar como auxiliadores del paramilita-rismo a los cerca de 500.000 ganaderos, la mayoría de ellos pequeños producto-res. No tenemos tanta vitrina como la uP y nadie habla del genocidio ganadero a manos de la guerrilla; nadie habla de los miles de secuestrados, ni del impuesto miserable de la extorsión, cuyo pago era condición de supervivencia.

Curiosamente, nadie, en ese entonces, nos tildó de guerrilleros –relativismo puro– y nadie tampoco alzó su voz para defendernos. Pero hoy, quienes pagaron inicialmente con algún entusiasmo y luego se vieron sometidos a la extorsión no menos asfixiante de los paramilitares, ahí sí, todos ellos son paramilitares y, ahí sí, quienes nunca levantaron la mano en nuestra defensa, hoy no bajan el dedo acusador para achacarnos todos los males de la patria. No es más que sibilino relativismo en la teoría, e implacable “todo vale” en la práctica.

Los ganaderos no aceptamos tales imputaciones. Rechazamos la estigmati-zación irresponsable que pone una lápida en nuestras espaldas.

* Publicado en el diario El Tiempo el 27 de marzo de 2007


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Colombia digna:¿De dónde venimos?*

Los colombianos logramos reconstruir confianza y empezamos a creer en nosotros mismos. Empezamos a debatir nuestras falencias con el ánimo de superarlas. Nos empezamos a asomar a otras latitudes, para decirle al mundo que Colombia tiene

problemas, pero también soluciones. Por todo eso los ganaderos continuamos respaldando la política de seguridad democrática y la Ley de justicia y paz como instrumento

eficaz de desmovilización y sometimiento de los paramilitares; así como la acción de las Fuerzas Armadas y la Policía para garantizar la tranquilidad ciudadana.

Cuando amaina la intensidad de la guerra y los ríos de sangre se empiezan a secar; o cuando surge nuevamente la prosperidad generalizada, y unos ciudadanos que vivían presos en las ciudades, recobran su libertad y vuelven a los campos; o cuan-do el secuestro indiscriminado y la violencia contra el ser humano no distinguió credo, raza, ni posesión de riqueza; o cuando el asesinato y tráfico de vidas hu-manas, se detuvo; o cuando el desarraigo de miles de campesinos de sus terruños, se controla; o cuando la destrucción de inversiones que todos los colombianos habíamos hecho en miles de puentes, se reduce notablemente; o cuando la des-trucción de riqueza, se logra detener; o cuando la economía ilegal empieza a ser metida en cintura; ... cuando se observa todo eso, es porque se está cambiando el rumbo de nuestra sociedad.

¿Cuál sería el escenario sino se hubiese hecho tal giro? ¿Cómo sería la vida de los colombianos hoy? ¿Cómo serían nuestros campos y nuestras ciudades? ¿Cómo sería nuestra economía? ¿Cómo sería nuestra estructura social? ¿Hubiése-mos tenido menos asesinatos y secuestros?

No tengo la menor duda: no estaríamos mejor en ese escenario de vio-lencia. Se podría pensar que no se ha hecho lo suficiente, o que se habrían podido escoger otros modelos para obtener resultados mejores. Lo que en su momento fueron propuestas, son hoy realidades. Los colombianos seña-lamos, en dos oportunidades, que la mejor opción era construir un Estado comunitario, en donde la acción del Gobierno estuviese orientada a brindar seguridad democrática, impulsar el crecimiento sostenible y la generación de


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empleo, construir equidad social e incrementar la transparencia y eficiencia del Estado.

En ese proceso, las comunidades internacionales nos ayudaron muchísimo. Éramos un mal vecino, al que había que restringirle hasta el saludo. Pero se logró reconstruir confianza. Y lo más importante, los colombianos empezamos a creer en nosotros mismos, en el Gobierno; empezamos a debatir nuestras falencias con el ánimo de superarlas; empezamos a asomarnos a otras latitudes con la frente en alto, para decirle al mundo que Colombia tiene problemas, pero también tiene soluciones.

Empezamos a recuperar esos valores de vida que se refundieron en años de constante confrontación por diversas razones, a entender cuáles habían sido esas falencias, a entender que sin principios de civilidad no era posible construir una sociedad más equitativa, y que sin institucionalidad no habría respeto a la ley, ni podríamos adentrarnos en grandes proyectos. Entendimos que sí podíamos construir un país a largo plazo y dejarle a nuestros hijos dónde vivir en mejores condiciones. Entendimos que podíamos sentarnos a comerciar con los grandes y que si no nos adentramos en la globalización, no tendríamos opciones mejores para los colombianos.

Entendimos que somos superiores a nuestros problemas, y por ello nos sen-timos orgullosos de nuestra patria. En estos pocos años hemos alcanzado un puesto en el mundo y, sobre todo, hemos recuperado nuestra dignidad. No se nos puede olvidar de dónde venimos y tampoco podemos trastocar nuestro norte.

Por todo eso los ganaderos continuamos respaldando la política de seguri-dad democrática y la Ley de justicia y paz como instrumento eficaz de desmo-vilización y sometimiento de los paramilitares; así como la acción de las Fuerzas Armadas y la Policía para garantizar la tranquilidad ciudadana. También apo-yamos la aprobación del TLC por parte de los Congresos de Colombia y Esta-dos unidos. Los ganaderos seguiremos construyendo, por encima de odios, esa Colombia pujante, incluyente socialmente y participativa en la que nos hemos comprometido.

* Publicado el 27 de abril de 2007


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Seguir cultivando*

Desde hace años no asistíamos a un clima de opinión tan positivo y a un ambiente tan favorable para los negocios, como el que respiramos en la actualidad. No obstante,

la opinión pública es veleidosa y así como ha respaldado la política de seguridad democrática, puede darle la espalda, en la medida en que los “señores de la guerra”

logren afectar el clima de tranquilidad. De ahí que resulte imperativo un consenso para mantener la entereza ante circunstancias mezquinas, que sólo buscan echar por la borda

los esfuerzos, de sudor y lágrimas, de cientos de nuestros compatriotas.

La sostenibilidad de la política de seguridad democrática depende no sólo de la eficacia de la Fuerza Pública sino, al mismo tiempo, de la conciencia que tome la sociedad entorno a un tema tan importante como la tranquilidad pública. Es evidente. En sólo dos años y medio este gobierno logró revertir, con creces, las cifras de la escalada de violencia. Desde hace años no asistíamos a un clima de opinión tan positivo y a un ambiente tan favorable para los negocios, como el que respiramos en la actualidad. Pero es hora de reconocer que urge un consenso en la sociedad civil, para rodear al Estado y a las instituciones legítimamente consti-tuidas. Necesitamos repicar y andar en la procesión.

Los europeos no discuten sobre la seguridad interna de sus naciones, ni los americanos, ni los países que por una u otra circunstancia han vivido guerras externas. Tampoco lo hacen hoy aquellos que durante mucho tiempo han sufrido confrontaciones, que han desgarrado el alma nacional. Y no lo hacen, porque luego de recoger las cenizas, la sociedad civil decidió marchar al unísono de la paz. En Colombia, no obstante, la prolongación del conflicto y de las guerras que acompañaron a la democracia en el siglo XIX, no hemos podido construir un consenso para hacer sostenible, en el tiempo, la política de seguridad democráti-ca, que ha demostrado ser la única alternativa para alcanzar la paz.

Y suena irónico que una sociedad que ha podido sentir el retorno de la economía a la senda del crecimiento y comprobar la construcción gigantesca de riqueza, gracias a la mejora de la seguridad, aún permanezca anestesiada. un es-tado que le impide ver a los partidos políticos, a la clase dirigente, a los sindicatos, a los gremios de la producción, a la comunidad empresarial y a la financiera, que


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la seguridad es un bien público inalienable y un presupuesto incontestable para mantener la democracia, el bienestar común y la estabilidad macroeconómica.

Las cifras lo dicen todo. De 2002 a 2004, el número de secuestros se redujo en 52% al pasar de 2.986 personas a 1.441 y el número de víctimas en masacres también diminuyó de 680 a 259 colombianos en el mismo periodo, un 62% me-nos. Otro tanto ha ocurrido con los ataques contra la infraestructura. Así, por ejemplo, la voladura de torres de comunicación y de energía se contrajo en 35% y 34%, respectivamente. Podríamos decir que es el saldo positivo del primero de los lados de la ecuación, el relacionado con la eficacia de la Fuerza Pública.

Del segundo lado, se ubican quienes se han visto beneficiados con los re-sultados, pero parecen estar en la actitud de “dejar hacer, dejar pasar”. Lo suyo son las ganancias. Así, durante 2004 la bolsa de valores registró utilidades por $21 billones y en los dos primeros meses de este año $9 billones. A su turno, las ganancias del sector financiero fueron de $2,9 billones el año pasado, mientras que los réditos de las 98 compañías más grandes del país llegaron a $3,3 billones de pesos en 2004 −44% más que en 2003−.

Hay que tener claro que vendrán épocas muy difíciles. La capacidad de disrupción del orden por parte de la guerrilla es enorme. Sucesos recientes como los de Iscuandé, Apartadó y Puerto Inírida socavan la calma y ponen en peligro la confianza de la opinión pública en las instituciones y en las victorias de las fuerzas armadas y de policía. La opinión pública es veleidosa y así como ha res-paldado la política de seguridad democrática, puede de un momento a otro darle la espalda, en la medida en que los señores de la guerra logren afectar el clima de tranquilidad.

De ahí que resulte imperativo un consenso para mantener la entereza ante circunstancias mezquinas, que sólo buscan echar por la borda los esfuerzos, de sudor y lágrimas, de cientos de nuestros compatriotas. La Colombia de hoy no es la misma de hace tres años. Hemos avanzado en las tareas de seguridad democrá-tica y no podemos dar ni un paso atrás. Hasta ahora la cosecha de seguridad ha sido buena y hay que seguir cultivando. En manos de la sociedad civil está la res-ponsabilidad de continuar la senda o dejar que la maleza arrase las conquistas.

* Publicado en enero de 2006


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No se nos puede olvidar*

Existe preocupación entre los ganaderos frente a lo que vendrá después de la desmovilización. Pero estamos convencidos de que sólo en la medida en que el campo deje de ser el escenario para el conflicto y se convierta en un espacio de construcción

de riqueza y de bienestar colectivo, Colombia será un país donde la civilidad se impondrá. Debemos, por tanto, apuntalar la desmovilización con un mayor

compromiso y sin mezquindades. Cuidarla y rodearla nos permitirá crecer en esa dimensión social que se nos está proponiendo.

Hace año y medio, el 15 de julio de 2003, se firmó en Santa Fe de Ralito el primer acuerdo entre las Autodefensas unidas de Colombia y el Gobierno nacional. Y contrario a lo que se cree en algunos sectores de la opinión nacional e internacional, el proceso de paz avanza a pasos ciertos. En ese escaso tiempo ha logrado la incor-poración a la vida civil de cerca de 3.700 militantes de este grupo.

Estamos en el inicio y difícilmente se podrían obtener mejores resultados. La cifra de reinsertados es importante, pero ésta es una etapa crucial del proceso que nos exige estar vigilantes y propositivos. Si fracasamos, ello se convertirá en otra frustración, cuando el país había dado el paso de aceptar que las autodefensas también constituyen otro generador de violencia, para las que el Estado podía encontrar una solución política de desmovilización. Basta con retroceder un par de años en el tiempo para darnos cuenta de lo que hemos ganado.

Tampoco se nos puede olvidar nuestra propia tragedia rural: prisioneros en las grandes urbes, el campo abandonado, y las masacres y la destrucción de pequeños poblados. Eran parte de los hechos cotidianos, la noticia del día, que rayaba en la crónica roja y en el mar de la indiferencia. Las posiciones bélicas eran más radicales. Las autodefensas no estaban dispuestas a ceder en su posición de hacer justicia frente a las guerrillas, bajo el pretexto de cumplir una tarea en la que el Estado colombiano había mostrado insuficiencia o había claudicado. Eso no se nos puede olvidar.

El hecho de que hoy tengamos un respiro no nos debe regresar al estado de indolencia social en que paulatinamente fue sumiéndose la sociedad colombiana, ni a la cómoda posición de pensar que ese es un problema entre el Gobierno y


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unos grupos de autodefensas, y que su solución se limita a otorgarles un espacio, una capacitación y una ocupación.

No. Lo de Santa Fe de Ralito tiene más de fondo. Debemos entender que el Estado colombiano está promoviendo unas condiciones para llegar a la paz, a la convivencia y a unos mejores niveles de justicia social y económica. Así como su función es, en el campo económico, la de proveer la infraestructura física para que particulares puedan desarrollar con éxito y eficiencia actividades productivas, en este caso se trata de que la sociedad en su conjunto contribuya a reedificar esa infraestructura social, a reconstruir el tejido social de la comunidad rural aplasta-da por la violencia.

Existe preocupación grande entre los ganaderos sobre lo que vendrá des-pués de la desmovilización. Pero estamos convencidos de que sólo en la medida en que el campo deje de ser el escenario para el conflicto y se convierta en un espacio de construcción de riqueza y de bienestar colectivo, Colombia será un país donde la civilidad se impondrá. Debemos, por tanto, apuntalar la desmovili-zación con un mayor compromiso y sin mezquindades. Cuidarla y rodearla nos permitirá crecer en esa dimensión social que se nos está proponiendo.

Los ganaderos estamos dispuestos a comprometemos en nuevas dinámicas que rompan los círculos de miseria (53% de la población) y pobreza (85%) que asfixian nuestro precario desarrollo campesino. Esas dinámicas son posibles si se fragmenta el círculo perverso de baja rentabilidad y poca inversión, trayéndolo de los sectores urbanos y modernos al campo. No exprimiéndolo, como ha sido tra-dicional. La situación nos indica que debemos implantar un modelo de desarrollo que permita atraer esos flujos de inversión hacia el campo y establecer reglas de juego claras y equitativas, que fortalezcan la institucionalidad rural.

Detrás de lo de Ralito, lo que existe es una oportunidad y un llamado a todo el empresariado colombiano, a la sociedad en su conjunto. El costo de la desidia podría ser mayor al que hemos pagado.

* Publicado en febrero de 2006


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Entre la dignidad y la construcción de futuro*

La mejor defensa de la dignidad ganadera son las acciones positivas y los resultados. A quienes nos tildan de atrasados, podemos mostrarles los resultados parciales y las metas

de nuestro Plan estratégico 2019.

La desmovilización y reinserción de las autodefensas y, sobre todo, el someti-miento de sus cabecillas, polarizó al país entre quienes pensamos que la Ley de justicia y paz es un gran logro colectivo hacia la paz, como lo expresé en el pasa-do Congreso Nacional de Ganaderos, y quienes sostienen que es sólo una panto-mima para el fácil perdón de crímenes horrendos y la legalización de inmensas fortunas. Así puede ser, realmente, si la justicia colombiana no está a la altura de las circunstancias, pero, muy a pesar de los escépticos de oficio, está demostran-do su independencia y su coraje frente a una situación de gran complejidad y no pocos riesgos.

En medio de esa polarización frente a un tema tan rural y de tan alta sensibi-lidad como el de las autodefensas, era de esperarse que los ganaderos “saliéramos al baile”, como realmente sucedió. No pocos formadores de opinión despreve-nidos, cuando no columnistas abiertamente desafectos, dejaron colar entres sus comentarios la mención a los ganaderos como auspiciadores de las autodefensas, en lo que representa una acusación genérica e irresponsable, adobada con los tradicionales estereotipos de terratenientes y explotadores.

Mientras Navarro nos tilda de terratenientes desalmados, apelando a patéti-cas comparaciones –“En las vegas del río Sinú, afirma, viven mejor los toros que las gentes”–, desde casi la misma orilla, Kalmanovitz nos acusa de tramposos al afirmar que “los propietarios de la tierra –los agricultores y ganaderos que saben bien cómo subvaluar sus patrimonios– se zafaron olímpicamente de contribuir a los costos del conflicto...”.

Desde otra orilla, Hommes no desaprovecha oportunidad para calificar a los ganaderos de terratenientes atrasados y explotadores, mientras que Mauricio Vargas acusa (a los terratenientes) de “(...) hacer fracasar, uno tras otro todos los intentos de reforma agraria (...)” y de que “(...) algunos de ellos acrecentaron su poder por la vía de la armas paramilitares(...)”; en tanto que Abad Faciolince


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afirma que buena parte de Colombia está “(...) cogobernada entre los viejos ricos propietarios de la tierras y los nuevos ricos mafiosos y terratenientes (…)”, para invitar luego a “(...) desenmascarar no a los bandidos (...) sino a los políticos, a los militares y a los dueños de las tierras, que son quienes verdaderamente contrata-ron, dirigieron y auspiciaron a los grupos paramilitares”.

Ser propietario de tierra rural, ser ganadero, se está convirtiendo, en virtud de tan sesgadas generalizaciones, en un delito. Nada más peligroso para el gremio ganadero. Ha habido incursión de dineros del narcotráfico en la ganadería, como la ha habido en la agricultura y en todos los sectores de la economía, en formas más discretas, si se quiere, pero no en menores volúmenes –los ganados y las tie-rras son difíciles de esconder–. Pero eso no quiere decir que todos los ganaderos sean narcotraficantes, como no todos son atrasados y no todos incumplen sus obligaciones laborales.

Frente a esta situación, el deber de Fedegán, y mi personal compromiso con los ganaderos de Colombia, no es otro que defender la dignidad del gremio, a toda costa y en donde fuere menester. Ya, frente a un micrófono radial, hube de apelar a la enjundia ganadera ante la insolencia del periodista de turno. “Respete –le dije–. Yo no soy el representante de un gremio de narcotraficantes. Yo soy el representan-te de casi medio millón de ganaderos decentes y orgullosos colombianos”.

Reitero los principios de esta defensa: • Nada justifica la ilegalidad ni la violencia, pero el abandono del Estado, la

ausencia de inversión pública y la indiferencia de la gran sociedad urbana, expli-can plenamente el surgimiento de todos los males en la Colombia rural: guerrilla, autodefensas y narcotráfico.

• Los ganaderos, como los campesinos y otros empresarios rurales, se vie-ron sometidos a la extorsión de la guerrilla y luego a la de las autodefensas.

• Esa condición de víctimas y de sujetos pasivos del conflicto, no puede convertir a los ganaderos de Colombia en paramilitares, como tampoco fueron guerrilleros cuando, durante muchos y largos años, estuvieron sometidos al yugo de su amenaza y extorsión.

• La responsabilidad colectiva de los ganaderos –que he aceptado pública-mente– no es inferior a la de una sociedad omisiva y a la del Estado, que olvi-daron al campo y lo llevaron a la postración, lo que polarizó por la fuerza a sus habitantes, entre los dos extremos viciosos de la guerrilla y las autodefensas.

Pero la mejor defensa de la dignidad ganadera son las acciones positivas y los resultados. A quienes nos tildan de atrasados, podemos mostrarles los resul-tados parciales y las metas de nuestro Plan estratégico 2019. Claro que hay gana-


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deros informales, máxime si se tiene en cuenta que más de 200.000 son apenas productores pequeños de subsistencia. Pero estamos adelantando acciones para formalizar la actividad, a pesar de la falta de condiciones para ello, pues en mu-chas regiones del país nadie sabe que es una ARP, porque no existe el servicio, como no existen los de las cajas de compensación y muchos otros.

Estamos reconciliando a la ganadería con la naturaleza y nos estamos mo-dernizando con titánicos esfuerzos. El país sabrá de ello por nuestros resultados. Seguiremos defendiendo nuestra dignidad en las tribunas, pero la seguiremos de-fendiendo, sobre todo, con nuestro esfuerzo diario en los olvidados campos de Colombia.

* Publicado en Carta Fedegán N.° 98 (Enero-febrero de 2007)


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Justicia y paz*

Es el nombre que se le dio a la ley por la cual se establecen las condiciones jurídicas para las personas o grupos ilegales que decidan abandonar las armas y aceptar las reglas de

juego que hacen parte del contrato social entre los colombianos. Me gusta el nombre, porque establece una clara relación de intencionalidad, es decir, entre lo que se va a hacer –definir unas condiciones de justicia transicional– y lo que se quiere lograr –avanzar hacia la paz

del país– así la paz vaya mucho más allá de la mera aplicación de justicia.

Mi primer comentario tiene que ver con el proceso previo, pero íntimamente relacionado, con la desmovilización. De hecho, antes de la sanción de la ley, ya se había formalizado la entrega de algunos grupos de autodefensa, y antes de la sen-tencia de la Corte Constitucional, ya se había desmovilizado la totalidad, lo cual, afortunadamente, no hizo abortar el proceso pero sí le causó más de un tropiezo, por el contraste entre expectativas y resultados, a raíz de las observaciones de la Corte. Pero al margen de tales dificultades y, también, de la obcecada posición de los contradictores de oficio, lo cierto es que más de 30.000 excombatientes de regreso al redil de la legalidad y más de 20.000 armas silenciadas son un paso gigante hacia la paz.

El segundo se relaciona con el proceso que derivó en la Ley 975 de 2005. En efecto, la iniciativa gubernamental, la amplia participación ciudadana, el no me-nos intenso debate legislativo, las observaciones de la Corte y las dificultades para su inclusión, vía decreto reglamentario, convierten a esta norma en un resultado sin precedentes para un proceso, también único en el mundo, orientado al difícil empeño de ajustar la aplicación de la justicia a los más altos intereses de la paz y la concordia entre los colombianos, sin dejar en el camino las justas reivindicacio-nes de las víctimas, ni terminar consagrando la impunidad y el olvido total como expedientes de solución. ¡Difícil tarea!

La ‘verdad’ es un tercer tema de sumo interés, o mejor, una válida preocupa-ción. Somos partidarios de la ‘verdad’ como obligada condición para llegar a una especie de “catarsis social”, es decir, a un estado que permita expulsar los odios y perdonar las afrentas, sin olvidarlas, pues una sociedad que olvida sus tragedias estará condenada a repetirlas. Lo que no se puede hacer es abrir la caja de Pando-


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ra de los odios irracionales, que terminen convirtiendo a la justicia en instrumento de venganza personal y no de sanción social, como le corresponde.

Somos demócratas de corazón y de razón, por supuesto, pero la Ley de justicia y paz no se puede convertir en un desfile de la verdad, sumaria y sin constataciones, donde cada quien pueda contar “la suya”, involucrando a miles de colombianos que, por ausencia del Estado, debieron convivir en medio del fuego cruzado y las presiones de guerrilla, autodefensas y narcotráfico.

Bien lo dijo el presidente uribe en nuestra primera celebración del Día Na-cional del Ganadero: “...he visto las gentes del campo de mi Patria entre atónitas e inseguras, sin saber qué camino coger, en ocasiones frente a la guerrilla, en oca-siones frente al narcotráfico y en ocasiones frente a los paramilitares. ¿De dónde proviene esa inseguridad?: de la primera plaga, la falta de diligencia del Estado para protegerlos”. Esos mismos ciudadanos, desprotegidos por el Estado frente a la violencia –campesinos, funcionarios, ganaderos, agricultores, etcétera– no pueden quedar hoy desprotegidos frente a una justicia que permita la incrimina-ción fácil y sin consecuencias; como tampoco pueden quedar desprotegidos los miembros de las Fuerzas Militares y de Policía, en ocasiones guardianes únicos de la soberanía nacional frente a los ataques de los violentos. La Ley, por tanto, deberá involucrar los mecanismos de control para que el derecho a la verdad no termine en una medieval “cacería de brujas”.

un cuarto comentario tiene que ver con la reparación, sobre todo en el tema “tabú” de la tierra. No creo en las exageraciones de una “contrarreforma agraria”, pero es evidente que el asunto tampoco se despacha con la restitución de 100.000 hectáreas. una vez más, la solución es de garantías dentro del proceso: garantías para denunciar sin temores, garantías de una adecuada investigación judicial que permita rastrear la tenencia y la propiedad, y garantías de apoyo logístico por parte de las entidades competentes en los temas de registro inmobiliario.

Finalmente, no es bueno olvidar que “lo perfecto es enemigo de lo bueno”. Creo que nos encontramos frente a un cuerpo normativo capaz y suficiente para acometer la difícil tarea de facilitar la reinserción de los grupos al margen de la ley –la guerrilla incluida–, a partir de un excelente mecanismo de justicia ad hoc, el cual, sin consagrar la impunidad, contiene los elementos de verdad, reparación y castigo, necesarios para abrir caminos a la paz, con respeto por los derechos de los individuos y sin menoscabo de la dignidad de la Nación.

* Publicado en Carta Fedegán N.° 96 (Agosto-septiembre de 2006)


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¡2006: año de la democracia!*

Para los seguidores del Feng Shui, 2006 es el año del Perro de Fuego, con todas sus predicciones sobre personas, negocios y naciones inclusive. Para los seguidores de

Colombia –para nosotros, los colombianos–, 2006 es, sin duda, el año de la democracia, por la trascendencia de las transformaciones en sus procesos electorales.

En el mes de marzo elegimos nuevo Congreso de la República, tanto senadores como representantes a la Cámara, al tiempo con diputados y concejales en todo el país. Y el próximo 28 de mayo elegiremos presidente de la República para el periodo 2006-2010. Y bueno, eso es algo que hacemos cada cuatro años, dirán los más desentendidos.

Pero en esta ocasión nos encontramos frente a cambios de alto impacto para el quehacer político del país. En cuanto a las elecciones parlamentarias, el desta-cado politólogo, Pedro Medellín, nos prestará su pluma para un análisis sobre la incidencia del nuevo esquema de umbral, cifra repartidora y voto preferente, en la conformación del nuevo Congreso y en el también nuevo sistema de bancadas. Y frente a la elección presidencial, que estrenará la posibilidad de reelección del mandatario en ejercicio, el doctor Gabriel Murillo, profesor de Ciencia Política de la universidad de Los Andes, nos da su visión sobre el impacto de la alta presen-cia del presidente uribe dentro del proceso. Hemos invitado igualmente a cuatro de los candidatos, con el ánimo de auscultar suposiciones sobre temas relaciona-dos con el sector agropecuario y la ganadería, en un ejercicio que consideramos valioso para nuestros lectores.

No obstante, ello no riñe con las posiciones que, sin menoscabo del fuero de cada uno de los ganaderos, hemos tenido desde tiempo atrás como gremio. La pri-mera de ellas, nuestro apoyo a la reelección como un gran paso adelante de la demo-cracia colombiana, que permitirá al electorado reiterar su voto de confianza a quien ha desarrollado una buena gestión o retirarlo a quien no ha llenado sus expectativas.

Y la segunda, el apoyo a la candidatura de Álvaro uribe para un segundo periodo presidencial. Con la misma convicción con que abanderamos su primera campaña, hoy acompañamos este propósito de continuidad en políticas, que han dado fruto, y en horizontes, que compartimos para Colombia.


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Estaremos atentos a su gestión, como lo estaríamos hacia la de cualquier otro presidente. Creemos, por ejemplo, que se deben redoblar los esfuerzos para reducir la pobreza, y en ello compartimos con Carlos Gaviria que la política fiscal es el factor por excelencia para la redistribución de la riqueza. Frente a los actuales retos de competitividad, es total nuestro acuerdo con Antanas Mockus sobre que “el camino es educar”; y secundamos la importancia que Horacio Serpa le brinda al sector agropecuario en su programa.

La apuesta de Fedegán para los próximos cuatro años, y para los subsi-guientes hasta 2019, está consignada en su Plan estratégico de la ganadería colombia-na 2019, dentro del cual cobra especial interés nuestra propuesta de capitalización rural a través de inversiones sustitutivas de impuestos, la cual promoveremos y defenderemos ante el nuevo Congreso y el nuevo Gobierno. Colombia ha dado grandes pasos en su evolución democrática, pero lo realmente importante es que éstos se traduzcan en desarrollo y bienestar para los ciudadanos. El 2006 será el año de la democracia; pero esperamos que el próximo cuatrienio sea también el de la recuperación del campo colombiano.

Publicado en Carta Fedegán N.° 94 (Abril-mayo de 2006)


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No podemos ser inferiores*

Después de cuatro años del proceso de paz con las autodefensas y dos de vigencia de la Ley de justicia y paz, debemos darle una verdadera oportunidad a la reconciliación, a

la propia Ley 975 y a las instituciones legítimamente constituidas. El primer paso, quizá sea sentir y actuar como Nación y reconocer que hubo una responsabilidad colectiva.

Una condición que nos puede llevar a construir los consensos que necesita el país.

Cuando el Gobierno abocó el camino de la justicia transicional, hace cuatro años, lo hizo en pos de un objetivo superlativo: la búsqueda de la reconciliación y la paz. El reto se montó sobre tres pilares fundamentales: la verdad, la justicia y la reparación, cuerpos de musculatura robusta, que hoy se tambalean ante la sor-presiva e inmanejable dinámica, que generó la aplicación de la Ley de justicia y paz. La realidad desbordó la norma, la capacidad institucional del Estado y la sensatez de la sociedad civil, para construir consensos calificados, en torno a estas tres supremas categorías.

Aunque sabíamos que el proceso transicional implicaba enormes sacrificios en materia de impunidad –indeseable en términos absolutos en el mundo de hoy– había conciencia de que era el camino expedito para habilitar la salida política con los paramilitares. No obstante, el discurso de muchos sectores se radicalizó y se ató a las prerrogativas de un supuesto escenario de negociación con los movimientos guerrilleros. Pero además, afloró una peligrosa carrera vindicativa contra todos los señalados en esta singular grilla, independientemente del grado de involucramiento con ese pasado de barbarie.

Por este camino, la verdad fue proscrita al escenario de mayores rencillas y enfrentamientos. Verdades de todos los pelambres saltaron al ruedo y nos vol-vimos exegéticos, hasta convertirla en un instrumento, un “arma” de valor “rela-tivo”. La verdad se “ideologizó”, se “politizó”, se “personificó” y tomó el rostro “interesado” de los actores involucrados. Hoy no pensamos en la verdad histórica o judicial que podremos compartir y aceptar como Nación, sino en un engendro producto de la venganza.

A su turno, la justicia corre el riesgo de colapsar. Entre otras razones, por-que se modificó el sistema procesal probatorio. La autoincriminación, proscrita


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por la Constitución, se convirtió en una obligación para los perpetradores. Con dos agravantes. El primero, que las confesiones de los 2.771 sometidos a la ley, deberán ser confrontadas con las víctimas –unas 70.000 censadas hasta el mo-mento por la Fiscalía–. Sólo en el caso de Mancuso podrían participar 5.000, en el de Jorge 40 otras 11.000 y en el de Don Berna unas 13.000. Y, segundo, que la responsabilidad para reconstruir los crímenes, que se cometieron en más de tres décadas del accionar de los grupos paramilitares, se endilgó a escasos 23 fiscales y 150 investigadores.

Por su parte, la reparación adquirió un matiz “maximalista” por la justa cau-sa de las víctimas. La arista hoy reviste la principal angustia para el país, desde el punto de vista económico y fiscal, pues los estimativos hablan de un presupuesto que oscilaría entre 19% y 33% del PIB de 2005 –entre $55,5 y $96,3 billones– para resarcir el daño desde 1964. una deuda impagable en la que el Estado asumiría una responsabilidad subsidiaria, en el caso de resultar responsable, por acción o por omisión o cuando los recursos de los desmovilizados no sean suficientes. una premisa que hoy perece más una certeza que una percepción.

Aunque los cuestionamientos son de grueso calibre, pregunto si no es hora de darle una verdadera oportunidad a la paz, a la propia Ley 975 en sus dos años de vigencia y a las instituciones, dada la prolongación del conflicto y el duro camino que hemos transitado hacia este repunte del posconflicto, en el que más de 40.000 hombres dejaron las armas y se recuperaron territorios vedados para la civilidad. No podemos ser inferiores, como sociedad, a los compromisos para en-frentar y resolver nuestro pasado. El primer paso, quizá sea sentir y actuar como Nación y reconocer que hubo una responsabilidad colectiva. Quizá, entonces, podamos superar la etapa de incertidumbre, que desató la reconstrucción de esta, aún incipiente, memoria colectiva, que nos guste o no, debemos llevar a su pleno reconocimiento.

*Publicado el 3 de agosto de 2007


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Tamaña responsabilidad no la podemos eludir*

Aparte de mostrar las mejoras en las actividades propias del sector, Agroexpo debe servir para enfatizar que el campo, además de producir los alimentos y proveer

seguridad alimentaria, es también el espacio del conflicto. Por eso los productores, congregados en el recinto ferial, piden la paz como premisa para su desarrollo.

Como es tradicional en nuestra cita bianual de acercamiento del campo a la ciudad, en esta oportunidad el entorno económico y social es propicio para analizar una serie de temas que están en la palestra y obligan a establecer liderazgos, a consensuar y avan-zar, que es lo que nuestros compatriotas y la dirigencia mundial nos está exigiendo.

Tamaña responsabilidad no la podemos eludir. El posconflicto, esa fase que se nos está refundiendo entre la maraña de interpretaciones y exigencias que se le está imponiendo al proceso de paz, no se puede excluir en este encuentro. Aparte de mostrar las mejoras en las actividades propias del sector, Agroexpo debe servir para enfatizar que, además de producir los alimentos y proveer seguridad alimen-taria, el campo es también el espacio del conflicto.

No es un resultado fortuito, pues la gran política ha relegado el desarrollo del sector rural a un segundo lugar. En parte, ello ha alimentado la perversa correlación que existe entre pobreza rural y conflicto, y entre pobreza rural y narcotráfico. Por eso, el sector agropecuario, congregado en el recinto ferial, pide la paz como premisa para su desarrollo.

Esta expresión colectiva, al igual a la que se registró contra el infame acto de violencia contra los 11 diputados y en miles de compatriotas anónimos, entre ellos cientos de ganaderos, constituye y simboliza un referente incuestionable del despertar de la protesta civilista no violenta. Y eso es lo que debemos capitalizar. Ese hecho demuestra, una vez más, que la violencia nos atañe a todos, y que si bien el conflicto y el disenso son inevitables, también pueden seguir el camino de la búsqueda civil de las soluciones.

Vemos, en ese extraordinario crecimiento del 8% que registra nuestra eco-nomía en el primer trimestre de 2007, una de las vías de acercamiento entre los dos sectores, máxime ahora que el reordenamiento del sector rural surge por los biocombustibles, en función del uso más eficiente de los suelos.


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Esa recomposición deja el nicho del suministro mundial de carne y leche bovinas a los países de los trópicos, que tienen capacidad para la producción ininterrumpida de pastos y forrajes. De los 24 millones de toneladas en que se incrementará la demanda mundial por carne de bovino en 2020, los países en desarrollo tendrán la posibilidad de colocar 20 millones y los desarrollados sólo cuatro. Y ahí Colombia tiene una enorme oportunidad que hay que apuntalar con todo el arsenal institucional y legislativo posible, así como el productivo, para alcanzar ese mercado, cuyo efecto, sin duda blindará el proceso de paz en que nos hemos comprometido.

Para ello, el campo necesita mucha inversión. Inversión sostenible en forma importante. Nuestro mensaje al sector urbano es que los ganaderos nos la esta-mos jugando toda por alcanzar la paz y modernizar la ganadería colombiana para sacarle, a la imparable globalización, el máximo provecho; pero que esa tarea demanda más solidaridad y compromiso del sector urbano, para tener éxito.

Fedegán lamenta el fallecimiento del ex presidente Alfonso López Michel-sen y expresa sus condolencias a los familiares de este insigne hombre que du-rante su vida pública tuvo para con las cuestiones del sector rural, una especial deferencia. Su marcha deja un vacío de liderazgo, el cual ejerció con denuedo hasta sus últimos días, exhibiendo siempre una mentalidad analítica y creativa. Adiós al hombre que siempre ponía a pensar al país.

*Publicado en el diario El Tiempo el 14 de julio de 2007


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un gran acuerdo nacional*

El Gobierno está en mora de proponer un gran acuerdo nacional por la paz. Debe ser un proyecto capaz de darles un marco jurídico a todos los actores sin distinción alguna. Lo contrario es mantenernos en un estado indefinido de negociación con cada grupo, con los costos que ello implica en términos de conciliar los diferentes sectores de la sociedad.

Tal vez el sentimiento que embarga a la mayoría de nuestros compatriotas es el estar tan cerca, pero, a su vez, tan lejos de conseguir la paz. Muchos abrigamos la esperanza y el deseo de estar más cerca de ella, pero nos desaniman las posiciones irreconciliables basadas en un discurso agrio e intolerante. ¿Qué tan cerca o tan lejos estamos de la paz? A dos años de la Ley de justicia y paz antecedidos por 40 de una confrontación bélica desproporcionada, la mitad de ellos por cuenta del narcotráfi-co, y con miles de secuestrados y asesinatos, obliga a reflexionar y tomar posición.

Los ganaderos queremos la paz. Y la queremos por encima de cualquier consideración mezquina, porque durante muchos años hemos sufrido sus em-bates en los más elevados niveles de crueldad; porque estamos convencidos de que en el sector rural se encuentra no sólo parte de la solución del conflicto, sino también del desarrollo económico del país. Ese es el sentimiento que nos impulsa a defender las propuestas de seguridad democrática y todas aquellas que promue-van desarrollo y equidad social, especialmente las dirigidas al sector rural. No nos llamemos a engaños. Sabemos que es tan difícil llegar a unos acuerdos para hacer la paz como lo que viene después de ella.

Colombia se encaminó por el difícil camino de la reconciliación sobre la base de la verdad, la justicia y la reparación, y los obstáculos no se han hecho esperar. Pero eso no nos debe alejar del norte buscado.

Hoy se requiere una solución política que abarque a todos los actores del conflicto. Que se involucre a las FARC. El ELN tiene clara esta vía. Así lo expre-sa uno de sus voceros, Pablo Beltrán. Y por eso necesitamos de la colaboración internacional para acercar esos polos opuestos en que se han convertido las dis-cusiones entre el Gobierno y las FARC.

El proyecto de ley que tiene el Gobierno para salvar el proceso de paz debe ser más amplio que el simple hecho de salvar un obstáculo inmediato. Debe con-


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templar una solución política de gran envergadura. El Gobierno está en mora de proponer un gran acuerdo nacional por la paz. Debe ser un proyecto capaz de darles un marco jurídico a todos los actores sin distinción alguna. Lo contrario es mantenernos en un estado indefinido de negociación con cada grupo, con los costos que ello implica en términos de conciliar los diferentes sectores de la sociedad.

En este gran acuerdo nacional se establecerían los consensos mínimos ne-cesarios para sacar adelante el proceso de justicia y paz, las líneas rojas infran-queables y un marco jurídico, en donde quepan los procesos de todos los grupos insurgentes.

Así nadie podrá favorecer sus intereses, pidiendo menos exigencias para sí mismo y todas para los demás; reclamando ventajas para los propios y ninguna para los ajenos. Deber ser un marco general, claro y definitivo, que nos defina el camino y nos proyecte la visión de país que todos somos capaces de construir.

Es la oportunidad de ser grandes como Nación y como sociedad. Tardará muchos más lustros para tener otro momento como el que se nos presenta ahora para alcanzar la paz. Lustros en que se podría replicar la crueldad, inequidad y guerra, con un ingrediente adicional, el odio y el rencor despiertos por un proceso frustrado.

Esa es mi invitación al Gobierno nacional y a todo el país. unamos inteli-gencias y voluntades para construir ese camino, que la paz y el futuro de Colom-bia están en juego.



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Consulta popular para el despeje*

Las motivaciones para el intercambio humanitario responden a los más caros intereses. En eso no hay discusión, como tampoco en la urgente liberación de los secuestrados. No obstante, son los habitantes de Florida y Pradera quienes deben opinar sobre las

decisiones que afecten su devenir.

Cada vez que aparece la sombra de una nueva zona de despeje para adelantar conversaciones con las guerrillas, me pregunto qué sentiría un ciudadano de Cha-pinero o del barrio Boston en Barranquilla, si la exigencia de los insurgentes fuera despejar su propia ciudad. ¿Quién presta su casa para solucionar un conflicto? Todos preferiríamos que fuera la del vecino. Pues esa misma sensación estuvo latente entre los habitantes de Simití, San Pablo, Santa Rosa del Sur y Morales (Sur de Bolívar) en 1999 y desde 2004 entre los moradores de Pradera y Florida (Valle). Lo del Caguán no puede volverse a repetir.

Por tres largos años el Gobierno cedió su soberanía a las FARC sobre 42.000 kilómetros cuadrados de patria y se quedó esperando muestras de vo-luntad de paz. Nadie ignora lo ocurrido. El supuesto laboratorio de paz quedó convertido en un hervidero. Desde allí las FARC aprobaron el secuestro y ase-sinato de los tres indigenistas norteamericanos, dictaron su ley tributaria 002, organizaron el paro armado en Putumayo, habilitaron el episodio del aeropirata y sólo en el último mes de vigencia del despeje, fraguaron 117 atentados. Pá-rrocos, alcaldes, fiscalía y hasta el batallón Cazadores, tuvieron que abandonar la zona.

Pero claro, el asunto era que la guerrilla se había colado hasta las goteras de las grandes ciudades. Desde 1998, la ofensiva con cilindros bomba contra los cas-cos urbanos hizo temer por la estabilidad de la infraestructura de la gran industria y por el bienestar y la seguridad de los ciudadanos del “centro”. Vino, entonces, la presión para el despeje, pero por supuesto, no en el patio de su casa, sino en el de sus vecinos más pobres. En la periferia.

Las motivaciones para el intercambio humanitario responden a los más ca-ros intereses. En eso no hay discusión, como tampoco que las FARC propongan despeje para el intercambio. Están en su derecho. Pero que desde Bogotá, Barran-


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quilla o Bucaramanga, se adopten decisiones sobre miles de compatriotas de una región lejana, resulta inadmisible en una democracia.

Si de algo nos han servido los 40 años que llevamos sumidos en el conflicto, es para entender que se debe trabajar en la construcción de consensos incluyentes de profundización democrática y abstenerse de avanzar a espaldas de los verda-deros dolientes. En consecuencia, son los habitantes de Florida y Pradera quienes deben opinar sobre su futuro, a través de una consulta popular convocada para las elecciones de octubre.

Pero más aún, la historia nos debe llamar a la cordura frente a la formulación de políticas de paz firmadas a punta saliva, sin compromisos, controles o verifi-cación. una decisión mal tomada en el campo de la paz puede arruinar de un plumazo, el terreno ganado para la civilidad y la construcción de la seguridad y el bienestar ciudadanos. En adelante, los procesos de paz se tienen que desarrollar sin afectar la política de seguridad democrática y mucho menos, debilitar la cohe-sión del tejido social, que con tanto sacrificio hemos venido reconstruyendo.

El país interiorizó la relación que existe entre seguridad democrática, cre-cimiento y bienestar. No sólo se trata de poder movilizarse por el territorio na-cional, realizar inversiones seguras, contar con la presencia de la fuerza pública o de la reducción de los indicadores de violencia. Más allá, de esos claros logros, la verdadera conquista consiste en haber creado conciencia pública sobre el valor de la seguridad como la más importante responsabilidad del Estado. Ese valioso intangible nos abre un futuro, lleno de oportunidades, para a buscar los consensos necesarios en torno a la reconciliación nacional. Así de de simple.

*Publicado el 25 de septiembre de 2007


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La reinserción No da espera*

La incapacidad del Estado, para apalancar el esfuerzo de la desmovilización de 44.865 hombres, amenaza con echar a pique la búsqueda de la paz. Es preciso asimilar

la urgencia de generar las condiciones efectivas para reinsertar a este contingente de ciudadanos a la vida civil.

Nadie sabe a ciencia cierta cómo denominarlos. Mientras algunas instancias ha-blan de bandas criminales, delincuencia común o sicarios al servicio del narcotrá-fico, otras aseguran que se trata de grupos paramilitares, neoparas o del rearme de desmovilizados. Emergentes, rearmados o disidentes, lo cierto es que estas bandas hacen presencia en 20 departamentos, con un impacto perverso sobre la paz y la tranquilidad. una verdad de a puño, que actúa además, como un efecto bumerang negativo en lo político, social y psicológico, sobre la sostenibilidad y eficacia de la política de desmovilización, desarme y reinserción (DDR).

Basta una mirada sobre las zonas donde rige una “calma chicha”. Allí se han consolidando verdaderos concubinatos del crimen organizado, combinaciones explosivas entre guerrillas, delincuencia común, narcotraficantes, desmovilizados y nuevos combatientes de los “paras”, con una clara vocación por la codicia y la degradación social. Zonas en donde, como siempre, todos saben, pero pocos se atreven a denunciar que el crimen conservó su dinámica de extorsiones, homici-dios, control de cultivo ilícitos, abigeo, tráfico de armas y hasta prostitución.

De eso son testigos los ríos Tapaje, Mira, Patía y Telembí en Nariño, conver-tidos en tumbas de cuerpos mutilados que nadie puede ni quiere cuantificar. Víc-timas asociadas a la disputa por la salida al mar, que libran en ese departamento y en el Putumayo, las guerrillas, la banda criminal “Los rastrojos” y el grupo para-militar “Organización Nueva Generación”. En 10 municipios del Valle de Aburrá, el Bajo Cauca y las comunas de Medellín, el rebrote del paramilitarismo es un secreto a voces con los mismos desmovilizados del bloque Cacique Nutibara, que se identifican bajo los alias de “Renacer”, “Águilas negras” o “Doradas”.

La violencia en 30 municipios del Magdalena Medio y en urabá, se atribuye a desmovilizados de los bloques Central Bolívar y Bananeros. En Valle se habla de los crímenes en Zarzal, Trujillo, El Dovio, Tuluá y Sevilla, cometidos por grupos


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sicariales al mando de alias ‘Jabón’ y ‘Don Diego’, conocidos como ‘Los Machos’ y ‘Los Rastrojos’. Aunque las denuncias apuntan a un “reencauche” de los des-movilizados del bloque Calima, que cambiaron de nombre. En Tolima, Bolívar, Norte de Santander, Córdoba y Sucre los lugareños acusan grupos identificados como autodefensas.

Independientemente de la categoría que se utilice para identificarlos, es evi-dente que estas bandas están “reciclando” desmovilizados, ante los ojos de un proceso de reinserción defectuoso, que patina en el fango de las denuncias por los fallidos proyectos productivos, recursos que nunca llegaron, fincas financiadas por exjefes paras, ausencia de seguimiento institucional y los recelos, desconfian-za y rechazo de empleadores y la comunidad.

Las cifras son un albur. El Gobierno y la Comisión Nacional de Reparación hablan de unos 3.000 hombres, 6,5% del total de los desmovilizados. No obstante, otras fuentes como la Misión MAPP/OEA, Indepaz, el Observatorio de Paz In-tegral, el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo y algunos ex jefes paras, aventuran guarismos que irían hasta los 9.000 hombres en armas.

El desconsuelo es grande. La incapacidad del Estado, para apalancar el es-fuerzo de la desmovilización de 44.865 hombres, amenaza con echar a pique la búsqueda de la paz. El reto es para la institucionalidad, los mandatarios que se ele-girán en octubre, la sociedad y los empresarios. Es preciso asimilar la urgencia de generar las condiciones efectivas para reinsertar a este contingente de ciudadanos a la vida civil. En caso contrario, todo intento de acercamiento al posconflicto, será fallido. Jugamos con fuego. una mala política sólo incuba la profundización del conflicto. Me pregunto si no es el momento de privilegiar la reinserción.



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La verdad sobre la paz*

Enfrentados, como estamos, a un proceso de paz a partir de un régimen de justicia transicional, habría que empezar por decir la verdad sobre la Justicia, la verdad y la

Reparación y, fundamentalmente, consolidar un auténtico Acuerdo Nacional por el Bien Supremo de la paz.

No soy dueño ni portador siquiera de la verdad -¿quién podría serlo?-. Pero esa es, quizás, la gran enfermedad nacional: que todos pretenden serlo, y en medio de la intransigente defensa de todas esas verdades, de todos los intereses, individuales o grupales, lícitos unos y abiertamente ilícitos los otros, pero todos igualmente mez-quinos, el país no ha cesado en el carrusel de odios, de venganzas y de violencias, que han ensangrentado la historia nacional y han convertido a la paz, ni siquiera en un derecho como la libertad y la vida, sino en un verdadero Bien Supremo.

Esa es la verdad sobre la paz: que la hemos reducido a uno o a varios de sus tantos componentes y que, por ello, no hemos podido alcanzarla. La paz es muchas cosas a la vez y, por tanto, nunca será fácil poner de acuerdo a muchos actores en defensa de sus muy variados y, en ocasiones, divergentes intereses.

La paz no es solamente el silencio de las armas, pero la seguridad para todos a partir del monopolio de las armas por parte del Estado –seguridad democráti-ca– es una condición para la paz. La inequidad no ha generado levantamientos armados en muchos países –la paz de los hambrientos– pero es indiscutible que la justa distribución de los frutos del desarrollo es una de las caras de la paz. Hasta bien entrada la segunda mitad del siglo pasado, el narcotráfico no existía en nues-tro país y, aun así, no pudimos encontrar el camino de la paz; pero es innegable el papel actual del narcotráfico como el factor que más nos distancia de ella.

Enfrentados, como estamos, a un proceso de paz a partir de un régimen de justicia transicional que beneficia a grupos al margen de la ley que han causado enorme daño a la sociedad, y basado en los elementos de verdad, justicia y repara-ción, también habría que empezar por decir, sin interesadas hipocresías, la verdad sobre La Verdad, la verdad sobre La Justicia y La Verdad sobre La Reparación.

Tendríamos que decir que La Verdad es una necesidad para la paz, pero no se puede colocar por encima de la paz misma. No se trata de propiciar el oculta-


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miento también interesado, se trata de propender por la verdad que sea necesaria. Pero los que reclaman con furia “toda la verdad”, la verdad a ultranza, bien saben que nunca podremos encontrarla y, en esa misma medida, nos alejan de la paz.

Tendríamos que decir que La Justicia es una condición para la paz, pero que puede ser negociada en aras de la paz misma –esa es, de hecho, la esencia de la justicia transicional–. Por ello, quienes torpedean la Ley de justicia y paz, exponiéndola ante propios y extraños como un ejercicio amañado de impunidad; quienes piden la hoguera del infierno para las autodefensas, pero el purgatorio apenas para la guerrilla, nos alejan de la paz con su hipocresía.

La reparación, que no es sino una forma de aplicación de la justicia, no se puede convertir en un negocio; no puede empezar a tasarse solamente en pesos y a precios internacionales, porque no habría dinero, ni el de los victimarios ni el de la sociedad víctima a través de los impuestos, que alcance para resarcir más de 40 años de violencia. Se impone la reparación física posible, a través del aporte de los más beneficiados, y se impone toda la reparación simbólica necesaria. Quienes han centrado su atención en sus propios bolsillos, tanto para reclamar como para ofrecer, nos alejan de la paz con su mezquindad y su hipocresía.

La reparación debe incluir también a los victimarios; a esos miles de colom-bianos desposeídos que empuñaron las armas por necesidad y por abandono, por falta de oportunidades. La reparación de los victimarios –no de sus cabecillas sino de sus bases– es su “reincorporación efectiva” a la sociedad, que no es una respon-sabilidad exclusiva del Estado sino de la misma sociedad. Se impone el “perdón social”, porque “perdonar a los que nos ofenden” no es apenas una frase en una oración cristiana; es la máxima expresión de la paz. Quienes reclaman la paz para sí mismos y para sus grupos de interés, pero no la quieren ofrecer a estos colom-bianos arrepentidos, nos alejan de la paz con su mezquindad y su hipocresía.

La paz de Colombia reclama su verdad, reclama generosidad. La paz re-clama un verdadero acuerdo nacional, liderado por el Gobierno y por la clase política, al cual se deben sumar los empresarios, los trabajadores, las iglesias, las ONG y los colombianos todos. un acuerdo que sirva de altar nacional, en donde depongamos malquerencias, intolerancias y agresividades; un altar en donde co-loquemos los máximos renunciamientos de nuestras posiciones de interés, para encontrar los mínimos de acuerdo en que podamos comulgar para alcanzar la paz. Si es que, en verdad, la consideramos como el Bien Supremo.



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¿Globalizados y des-ChaveZtados?*

Nuestras fronteras y el control sobre nuestros asuntos internos se vuelven cada vez más porosos. Hoy vemos con buenos ojos la intervención del Presidente venezolano en el intercambio humanitario. No tenemos nada que perder, pero sí mucho que ganar.

Nunca antes el conflicto colombiano había estado tan globalizado. Las voces de la comunidad internacional, frente a nuestros azarosos procesos de construc-ción de paz, no han cejado de agitarse. Por supuesto, sorprenden las posturas. Es patético comprobar la disposición, especialmente desde la diplomacia Europea, para facilitar los acercamientos con el ELN o las FARC y la saña exhibida con las autodefensas. Como si negociar con unos y otros exigiera una valoración moral y ética diferenciadas. Con todo y eso, no hemos dejado de oír sobre La Habana, Nicolas Sarkozy, Baltasar Garzón, la Corte Penal Internacional, el G8 y, en las últimas semanas, de Venezuela y Hugo Chávez. Bienvenidos todos.

Nuestras fronteras y el control sobre nuestros asuntos internos se vuelven cada vez más porosos. No es para menos. En poco menos de dos años, los Esta-dos que suscribimos el Estatuto de Roma, cederemos nuestra soberanía en mate-ria penal, cuando la Corte Penal Internacional entre en pleno funcionamiento en Colombia. Entonces, ya no habrá espacio para que la legislación sobre los críme-nes de guerra sea menos implacable y el tiempo y la jurisdicción global, marcarán derroteros inviolables, para los alzados en armas y sus atrocidades.

Se inició un conteo regresivo. La comunidad internacional, que ha sido en algunos casos severa y en otros flexible, dependiendo de circunstancias y actores, no tendrá margen de maniobra y deberá actuar con máxima prudencia. Lo que sin duda, ayudará a aclimatar el escenario de una paz definitiva. A eso debemos apostarle los colombianos, independientemente de ideologías y protagonismos. Es la misma razón por la cual vemos con buenos ojos la intermediación del Pre-sidente venezolano en el intercambio humanitario. No tenemos nada que perder, pero sí mucho que ganar.

No es propiamente Chávez un político sin norte. Ha demostrado perma-nente consistencia en su visión y propósitos, así no estemos de acuerdo con ellos. ¿Qué lo impulsa a esta nueva cruzada? ¿Dónde queda el Chávez que supuesta-


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mente ampara en su territorio facciones de las FARC? ¿Aquel que en el pasado aseguró que desde Colombia se estaba fraguando un atentado en su contra? A estas alturas eso poco importa, si el nuevo Chávez es capaz de desempantanar las posiciones inflexibles de las FARC, para el intercambio humanitario.

O tal vez sí importa. Empezando por los beneficios económicos que trae el ambiente de cordialidad entre las dos naciones. Ya se habla del interés de Vene-zuela en un puerto de aguas profundas en Tribugá, de su compromiso en buscar una salida al diferendo limítrofe y de volver al seno de la CAN. Pero además, de profundizar el intercambio bilateral, que sólo en el último semestre se incrementó 69%. Allí está la solicitud de Chávez para comprar a Colombia 4.000 toneladas de papa, 90 millones de huevos, 45.000 toneladas de pollo, 20.000 vientres bovinos, 28.000 novillos gordos y 20.000 toneladas de aceite de palma. Así, el intercambio al cierre de 2007, podría llegar a uS$5.000 millones.

No nos queda más que augurar el mejor escenario para que los dos Go-biernos puedan cristalizar los frutos del acercamiento del pasado viernes. Los 40 millones de colombianos que amamos esta tierra, esperamos que desde Caracas o París, se produzca una aproximación política del Gobierno uribe con las FARC. Será un alivio para las familias que viven el drama y el dolor de la privación de libertad de sus seres queridos. una oportunidad menos para que la Corte Penal Internacional no judicialice, en pocos años, la permanente y aberrante violación del Derecho de Gentes. Así ganamos todos. Gana Sarkozy, gana Chávez, gana las FARC y gana Colombia.



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Los puntos sobre las íes*

La miopía de “la gente de Bogotá” resulta extrema frente al tema de las víctimas. Ha convertido en protagonistas a unas –las de las autodefensas– y en fantasmas a otras

–las de la guerrilla–. La consigna de Fundagán será hacer visibles a las víctimas del sector ganadero, frente a la sociedad colombiana y la comunidad internacional.

Nuevamente Carta Fedegán se ocupa del proceso de paz con las autodefensas, lo que deja ver nuestra preocupación sobre el asunto, que nace, fundamentalmente, de nuestra condición de víctimas por antonomasia de la violencia rural. En esta oportunidad lo hacemos a propósito de la excelente entrevista que nos concedió generosamente el Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, en un momento especialmente crítico. En ella, no sólo ahondó sobre algunas intimida-des de la negociación, sino que presentó con evidente coherencia y convicción la posición del Gobierno.

No somos victimarios..., ¡somos víctimas!Es la primera afirmación que dejo acuñada en estas notas editoriales, que ya pre-sagio más extensas de lo normal, porque aspiro a que, de la entrevista y de estos comentarios, se mantenga la fortaleza moral y la defensa de un gremio que ha sido grande en el infortunio.

No, no somos victimarios, como quieren calificarnos los ojos urbanos que no saben lo que es la desprotección total del Estado y la indefensión suma, ni sospechan lo que significa la angustia de la extorsión, del secuestro y el temor a la muerte violenta.

De boca mía suena al discurso ganadero de siempre, pero reparemos en las impresiones del Comisionado, refiriéndose a las primeras etapas del proceso:

Lo que yo constaté en muchas regiones fue un colapso del Estado, donde a la gente le parecía natural que las autodefensas prestaran seguridad. En térmi-nos siquiátricos, yo lo definiría como una locura colectiva, una inversión total de valores. Regiones enteras que, en medio del terror que les produjo la violencia guerrillera, terminaron considerando que montar sistemas de seguridad ilegales


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era una alternativa válida, porque allí no operaba la justicia. Allí el Estado estaba cooptado o suplantado.

Si alguien tiene responsabilidad en el surgimiento del paramilitarismo en Colombia, son las guerrillas secuestradoras. Porque fueron las guerrillas secues-tradoras las que reventaron la matriz de tolerancia de esta sociedad. Fue preci-samente con el delito del secuestro que las guerrillas llevaron a los pobladores a tal estado de miedo e indefensión, que estos ciudadanos terminaron apoyando grupos ilegales.

Que hubo ingerencia posterior de narcotraficantes y malandros, que tam-bién necesitaban protegerse de la guerrilla, ¡claro que la hubo!; pero la inicial aceptación que tuvieron las autodefensas en la sociedad rural, está suficiente-mente explicada históricamente –que no justificada– por “tal estado de miedo e indefensión”, en otras palabras, por el terror generalizado y permanente de la guerrilla, pero sobre todo, como causa originaria, por la ausencia total del Estado en todas sus formas.

La historia que se nos está contando sobre cómo surgieron las autodefensas, no es una historia adecuada; es una historia tergiversada. Como si cuatro sicarios se hubieran organizado para defender a cinco ricos de las regiones, y no se está contando qué fue lo que exactamente sucedió: que en muchas regiones el Estado colapsó ante un asedio guerrillero; que hubo un ejercicio de violencia y de terror por parte de unos grupos guerrilleros que todavía siguen en armas y que han tenido la intención de imponer por la violencia un Estado totalitario. Y fue preci-samente ante eso, y ante la violencia inaudita de un fenómeno como el secuestro, que también hubo unos ciudadanos que reaccionaron de manera insensata y por fuera de la ley.

La sociedad rural exculpadaSiempre tendré que iniciar este tema aceptando, como hemos aceptado pública-mente, la responsabilidad colectiva del gremio ganadero, que inicialmente pudo haber visto con buenos ojos a quienes brindaron la seguridad que no prestaba un Estado ausente, o bien, hicieron aportes bajo la presión extorsiva del terror.

Siempre tendré que aclararle a doctos y tratadistas que no puedo estar de acuerdo en que se pretenda desconocer que semejante abandono explica sufi-cientemente el nacimiento y, sobre todo, el desmesurado crecimiento, no sólo de las guerrillas, sino el posterior de las autodefensas como fenómeno reactivo. Lo contrario es tratar de tapar el sol con los dedos estrechos de una visión urbana y aséptica de la realidad.


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Y siempre tendré que iniciar este tema deslindando las responsabilidades de un inmenso colectivo rural sometido al aporte extorsivo bajo el expediente de la violencia y el terror; de las responsabilidades individuales de quienes se convirtie-ron, por voluntad propia, en entusiastas patrocinadores o en protagonistas de las maquinarias que han asolado al campo.

Los últimos deben ser inculpados y sometidos a la justicia; los segundos, esa sociedad rural indefensa, debe ser exculpada, porque obró bajo el temor, la zozo-bra, el instinto de supervivencia, el terror supremo. Ese era el clima que terminó destruyendo el tejido social en el campo. Ese era el resorte que movía a pagar un peaje, a entregar sin falta el aporte extorsivo, a “regalar” una vaca. Era físico instinto de supervivencia, el más básico de los instintos, el primero. Era la angus-tia de mantener calmados a los hombres de la guerra, que, al final, terminaron cambiando sólo de brazalete.

De hecho, el Código Penal Colombiano, en su artículo 32, numerales 8 y 9, incluye a la “insuperable coacción ajena” y al “miedo insuperable” respectivamen-te, como factores eximentes de la responsabilidad penal. Sobre este particular, el Comisionado fue tajante...

Para que una persona pueda ser responsable por sus actos, tiene que dar-se libre albedrío. Pero el libre albedrío implica unas condiciones objetivas para ejercerlo. En Colombia lo que primero que se perdió fue la libertad. Cuando el presidente uribe tomó las riendas del Estado el 7 de agosto de 2002, ésta era una sociedad atemorizada.

El término ‘miedo insuperable’ y no sólo ‘coacción ajena’ sino ‘coacción permanente’, describen a la perfección la situación espiritual y anímica de las zo-nas donde actuaban las autodefensas... Las autodefensas montaron un aparato de terror para imponer el orden, y lo lograron, pero era un orden nacido del terror... ¿Cómo le ganaron las autodefensas los territorios a la guerrilla? Pues con sus pro-pios métodos. Entonces, unas comunidades que habían estado aterrorizadas por la guerrilla, después quedaron aterrorizadas con las autodefensas. Si algo no había en la zona donde operaban las autodefensas era la libertad.

No hay peor ciego...En reciente entrevista en la revista Semana, Felipe López –un periodista “centra-do”, sin lugar a dudas– afirmaba: “Yo creo que muchas de las personas acusadas de nexos con los paramilitares viven en sus regiones realidades que la gente de Bogotá nunca ha vivido. Han perdido sus fincas, las han recuperado, han simpa-tizado con los paramilitares y luego los han padecido”(...) “(...) me parece exage-


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rado que en regiones donde todo el mundo se conoce, y donde hay que convivir tanto con el jefe guerrillero como con el paramilitar, acabe uno en la cárcel por cuenta de algún encuentro...”.

Es apenas un comentario en una entrevista, pero me sorprende su realismo, inusual en medio de la miopía urbana frente al conflicto y, principalmente, frente a las alternativas posibles de solución. Es una miopía ingenua en muchos casos, cuando no totalmente intencionada y al servicio de mezquinos intereses. Es una miopía que se deja ver en grandes contradicciones.

Colombia rural – Colombia urbanaEs la contradicción de siempre. El país tiene claro que la guerra de medio siglo se ha librado en el campo. El país tiene claro que la paz de Colombia pasa por la recuperación económica y social del campo, pero tal claridad no se traduce en acciones. El Estado no llega como debiera, la inversión pública no llega como de-biera y, por tanto, la inversión privada tampoco llega como debiera. Los Gobier-nos han tomado drásticas decisiones económicas para salvar al sector financiero por estratégico, para fortalecer la construcción urbana por estratégica, para forta-lecer la seguridad democrática por estratégica; pero ninguna para copar al campo con la institucionalidad pública y para recuperarlo económica y socialmente.

Guerrilla y autodefensasEn este aspecto sí que se evidencia la miopía urbana sobre el conflicto. La gue-rrilla existe en Colombia desde la década de los 60 del siglo pasado. Fue, preci-samente, el agobio de la violencia guerrillera sobre el campo lo que dio origen a las autodefensas. Tanto guerrilla como autodefensas han apelado a todas las formas de lucha: secuestro, extorsión, asesinatos selectivos, masacres, expropia-ción y desplazamiento, narcotráfico, infiltración en la economía formal, el Estado y la actividad política, etcétera. No obstante, aún hoy, la sociedad urbana percibe como “menos malas” a las guerrillas y como “muy malas” a las autodefensas.

La reciente sentencia de la Corte Suprema de Justicia fortalece esa percepción social: si el “delito político” sólo se aplica a quienes se levantan en armas para derrotar al Estado, entonces los guerrilleros son “delincuentes nobles”, porque el delito político siempre ha tenido ese buen ropaje, sobre todo en Europa; en tanto que las autodefen-sas son poco menos que delincuentes comunes, sanguinarios y sin norte alguno.

Esta miopía tiene expresiones concretas. Sin amargura, pero también sin titubeos, el Comisionado recapitula... el Gobierno se la jugó toda en la decisión de negociar con las autodefensas, porque fue un proceso que no tuvo respaldo, ni


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internacional ni de muchos sectores nacionales. En la ANDI me dijeron que yo le estaba haciendo un daño muy grande al país y que era mejor que renunciara ... En Bogotá esto nunca se entendió muy bien. Decían que las desmovilizaciones eran ficticias, que las había armado de un día para otro, que había negociaciones secretas con las autodefensas.

Mientras al Cagüán acudieron presurosos, no sólo el Consejo Gremial Nacional en pleno, sino todo el país y la comunidad internacional inclusive; al proceso con las autodefensas no se le arrimó nadie. Yo personalmente, ten-go que registrar cómo fue prácticamente imposible que el Consejo Gremial Nacional acogiera mi expresa solicitud de adelantar un debate sobre la Ley de justicia y paz, y plantear la posición del empresariado colombiano sobre temas sensibles como reinserción, verdad, justicia y reparación. Hasta el sol de hoy..., nada.

Justicia y pazRealmente fue una proeza del Gobierno haber sacado adelante la Ley de justicia y paz, en medio de un ambiente de rechazo social –de la sociedad urbana más precisamente– promovido por algunos sectores políticos y de opinión. La comu-nidad internacional, por su parte, acuciosa facilitadora de los procesos de inter-cambio humanitario y de paz con las guerrillas, guardó discreto silencio o calificó abiertamente al proyecto como un riesgoso ejercicio de impunidad.

Aquí hay una injusticia dentro de ciertos sectores de opinión nacional e internacional que, de entrada, consideran que es malo hablar con terroristas de derecha, pero que es bueno hablar con terroristas de izquierda.

Sobre los elementos de la Ley se puede apreciar cómo se reproduce simple-mente la miopía –¿o hipocresía?– urbana. La furiosa exigencia de toda la verdad y toda la reparación, riñe con el pragmatismo de lo posible y con las esperanzas de paz, pero arranca aplausos de las galerías y sirve para atacar al Gobierno. Algunos de los reclamantes ni siquiera han revelado su propia verdad, fueron generosa-mente indultados y no repararon a ninguna de sus víctimas. El citado Felipe Ló-pez, llega a decir con igual realismo: “Me parece más fácil obtener la reparación de las víctimas que la verdad. El paramilitarismo es como el adulterio: a veces es mejor que no se sepa todo”.

Quienes claman justicia, bien saben que el modelo transicional colombiano no tiene antecedentes en el mundo, precisamente por sus exigencias en verdad, en castigo y en reparación. Pero aún así, no dejan de calificarlo como un episodio vergonzoso de impunidad, haciéndose los olvidadizos frente al indulto total de


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pasados procesos y, más aún, esquivando la discusión sobre el tratamiento a las guerrillas en un eventual proceso de paz. Sencillamente, reclaman el infierno para las autodefensas y un amable purgatorio para la guerrilla.

“Frente a esta miopía, el Comisionado dejó clara la posición del Gobierno: Por ahora no tenemos camino diferente a la Ley de justicia y paz, pero debe quedar claro también que el ELN y las FARC rechazan de plano esa ley. Frente a esto se viene un debate entre quienes dicen que el Gobierno es blando con las autodefensas y los que afirman que esa ley no se le puede aplicar al ELN y a las FARC porque es muy dura.

El Gobierno no puede permitir que se mida a las autodefensas desmoviliza-das con un rasero y a los guerrilleros desmovilizados con otro. No se entendería que una masacre de la guerrilla pueda ser tratada de manera blanda, mientras una masacre de las autodefensas deba ser tratada con toda la dureza de la ley. Lo contrario sería suponer que no hay víctimas de la guerrilla. Si eso se hace, vamos a sembrar más violencia en Colombia. Tiene que haber un solo rasero y, por ahora, el que existe es el de justicia y paz.

Y quienes reclaman al Gobierno por el fracaso de la reinserción, son los más miopes entre los miopes. Es toda esa sociedad urbana que quiere ver fuera del conflicto a esos colombianos arrepentidos, pero en su miopía –¿o hipocresía colectiva? –, no quiere verlos dentro de la sociedad. Dentro de este grupo cabe el flamante empresariado, que asiste a foros de responsabilidad social empresarial y despacha el tema con magníficas obras de filantropía –urbana también–, pero no ha tenido la coherencia de abrir plazas en sus empresas para reinsertados y desplazados”.

Las víctimasLa miopía de “la gente de Bogotá” como la llama López en su entrevista, resulta extrema frente al tema de las víctimas. Ha convertido en protagonistas a unas –las de las autodefensas–, y en fantasmas a otras –las de la guerrilla–. A excepción de los secuestrados militares o de ilustre condición –porque hay millares anónimos–, las víctimas de la guerrilla literalmente no existen. Entre los ganaderos se cuentan por miles los extorsionados, los secuestrados y los asesinados, desde cuando, en 1965, Oliverio Lara abrió tan dolorosa lista. Aun en algo tan sensible, hay un evidente sesgo: las unas parecen ser más víctimas que las otras. Así lo percibió el Comisionado para la Paz:

“El Gobierno también debe hacer visibles a las víctimas de la guerrilla. Mu-chas veces vemos que las únicas víctimas de las que se habla son las de las auto-


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defensas. Las víctimas de la guerrilla generalmente guardan su dolor en privado, porque no han tenido ese proceso de organización que han logrado las víctimas de las autodefensas para hacer presión de manera pública, pero esas víctimas están allí”.

Fundagán: una ventana a la esperanzaLa paz es una preocupación permanente de los ganaderos de Colombia. Lo dije abriendo estas pródigas notas editoriales, de cuya extensión no me arrepiento. La paz por todos los medios a nuestro alcance.

Estamos sembrando paz cuando nos proponemos modernizar la ganadería colombiana, como lo hemos plasmado en el Plan estratégico de la ganadería colom-biana 2019.

Pero además de lo eminentemente productivo, hemos querido abrir una ventana a la esperanza, a través de Fundagán: la Fundación Colombia Ganadera para el Desarrollo Social, la Sostenibilidad Ambiental y la Defensa, Representa-ción y Protección del Sector Ganadero Víctima de la Violencia.

La Fundación Colombia Ganadera, que lanzaremos en todo el país con motivo de la celebración del Día Nacional del Ganadero, se ocupará preferencial-mente de la preservación y defensa de los derechos humanos de los ganaderos, además de otros temas de profundo calado social que compromete la ayuda a pequeños ganaderos y sus comunidades. La consigna de Fundagán será hacer visibles nuestras víctimas ante la sociedad colombiana y ante la comunidad in-ternacional, para que los nuestros, dejen de ser simplemente fantasmas que sólo rondan, el alma lacerada de miles de familias ganaderas.

Y eso también es construir Paz. ¡Acompáñenos!

*Publicado en la revista Carta Fedegán N.o102


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un llamado a la sensatez*

Los colombianos debemos hacer causa común para aprovechar la oportunidad que nos ha abierto el Gobierno, al restablecer la confianza del inversionista a través de la política de seguridad democrática. Es nuestro deber consolidar la paz y el escenario de

un país donde quepamos todos y podamos vivir mejor.

¡Que buena opinión tiene Berlusconi de Colombia! Viniendo de quien viene, no me cabe la menor duda de que vamos por la senda acertada, pero además, motiva ver que ya no somos el centro de la noticia por los impactos negativos. Hoy el mundo nos está mirando, no como una oportunidad económica sino, con respeto por lo logrado en nuestra democracia. Y eso nos debe llamar a la reflexión para continuar trabajando por un bien supremo que es tener un país donde quepamos todos.

Bien vale la pena recoger algunos de los conceptos de Silvio Berlusconi sobre Colombia, que el diario El Tiempo publicara en su edición del viernes 26 de octubre, no sin antes advertir que es un hombre exitoso tanto en la política como en la empresa y, como tal, sabe dónde ponen las garzas y cuáles están poniendo. Así lo acredita su gran fortuna y su posición política.

Hoy se le considera como uno de los grandes jugadores para la próxima contienda electoral para la designación de premier italiano. Todo ello sin contar que es uno de los hombres más influyentes del planeta. Su opinión constituye por tanto, un gran aval de esa dirigencia mundial, y la certeza que estamos vendiendo muy bien al país en el exterior.

Para Berlusconi, Colombia tiene una democracia fuerte. Afirma que el presi-dente Álvaro uribe, a quien recibió personalmente en Roma en 2002, es un gran mandatario, que ha logrado a pesar de las dificultades que producen la guerrilla y los terroristas, transformar esa situación. “Las cifras son evidentes en la reducción de los secuestros, bajó el número de guerrilleros y hombres armados y se redujo el narcotráfico” y enfatiza en que el presidente uribe está haciendo un gran papel y que ello es lo más importante.

Frente a la pregunta del reportero ¿usted aconsejaría a los italianos mirar hacia Colombia?, Berlusconi afirma que ese es su compromiso, responde: “¿Cómo


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no mirar con confianza a un país que a pesar de sus dificultades crece al 8%. Ésta es una buena carta de presentación para el inversionista, también para el turista”.

Concluye con una reflexión que nos debemos hacer todos los colombianos y con un extraordinario corolario y una verdad de a puño: “La imagen se mejora desde adentro. Lo que se debe hacer es rodear al Gobierno y eso genera que los ciudadanos pierdan el miedo a vivir en paz”.

Cuando uno ve que un hombre de las características descritas, se expresa así de Colombia y de su gobernante, no le cabe a uno la menor duda de que Co-lombia está encontrando la luz al fondo del túnel. Por eso muchas veces descon-cierta tanta trampa menor, tanta guerra política interna y externa, para afectar al presidente uribe, sin tener en cuenta que no es a él a quien están afectando sino es a un bien superior, que es el interés de los colombianos de tener un país donde quepamos todos y podamos vivir mejor.

Si los colombianos hiciéramos causa común para aprovechar esta oportu-nidad que se nos ha abierto gracias a un Gobierno que restableció la confianza del inversionista a través de la política de seguridad democrática, la Colombia de mediados de siglo XXI será diferente a la actual. Pero para ello, los políticos que dicen tener formación de Estado, los periodistas que pretenden ser formadores de opinión, tienen una obligación superior que va mucho más allá de transmitir los hechos sin desfigurar la verdad, pero siempre teniendo en cuenta ese interés superior. La consigna es, por tanto, seguir adelante, no desfallecer en el intento de buscar ese interés superior, que en el fondo no es más que cuestión de sensatez.

*Publicado el 6 de noviembre de 2007


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Sedición vs. Política de Paz*

El bien supremo de la paz viaja por caminos ininteligibles. Un marco jurídico para la paz, políticamente válido y jurídicamente sólido, útil ahora y en una futura negociación con las guerrillas, nos debería llevar, de una vez por todas, a resolver la indefinición del

denominado “delito político”.

Con el respeto que infunde la sabiduría de los pronunciamientos de la Corte Su-prema de Justicia, ligados a la tradición más consumada del dura Lex sed Lex, no es un secreto que su más reciente fallo generó un limbo jurídico en el que muchos quieren meter las manos, pero pocos desean quemarse. Sin querer, el Tribunal ató un nudo gordiano de incalculables proporciones a un herido de gravedad y el pul-so entre esta instancia y el Gobierno nacional, ocasionó una nueva oportunidad para quienes le apuestan más al disenso.

El asunto es que más allá de la irreconciliable diferencia de posturas entre la Corte Suprema de Justicia y el Ejecutivo, está de por medio la política de paz. Es una situación excepcional de negociación, de transacción de intereses y ex-pectativas políticas de los sectores enfrentados, de contraprestaciones mutuas y efectivas. un escenario así infiere, ni más ni menos, la inquebrantable voluntad política del Gobierno nacional y la unidad del Estado, para fundar las condiciones legales y respetar y acatar los acuerdos del proceso, so pena de incubar el retorno a la guerra.

Son verdades de a puño. El bien supremo de la paz viaja por caminos inin-teligibles. La acción legal adopta formas inasibles a la realidad cotidiana, por encima, incluso, de las disposiciones legales y constitucionales. Es el precio para asegurar la dejación de las armas y la reinserción a la vida civil de quienes amena-zan la estabilidad del régimen. De eso se trata la salida política. De eso se trata la “justicia transicional”. La razón es simple, pero vergonzante: no hubo una derrota militar, no hubo vencedores ni vencidos. El monopolio de las armas del Estado fue mancillado y así se quedó.

Ello no implica que hayamos saltado todas las vías legales. Antes bien, el ojo amenazante de la justicia transnacional del derecho internacional humanita-rio, nos sumió en un transe sui generis de juicios masivos a 2.771 excombatientes


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involucrados en delitos de lesa humanidad. un proceso cuya solución nos podría tomar un lapso similar al que llevamos en guerra. Nada consolador, como para que ahora pretendamos procesar a los 31.000 restantes.

En este ambiente de incertidumbre, insisto e insistiré hasta el cansancio en la búsqueda de caminos para que imperen los consensos y en la urgencia de rodear a las instituciones legítimamente constituidas en esta delicada coyuntura que ha tocado el punto neurálgico de “no retorno”. Cuando el Estado “empeñó su palabra” en la negociación con los paramilitares, lo hizo a nombre de toda la Nación, con el propósito irrenunciable de buscar la paz, en donde la “medicación política” prima sobre cualquier otra consideración.

Si el problema reside en la aplicación del delito político, un entuerto que an-taño hemos sorteado a discreción del Legislador, pero que en la coyuntura actual ayudaron a enredar las sentencias de las Cortes –la Constitucional y la Suprema de Justicia– pues habilitemos una salida que, sin irrespetar los fallos de los altos tribunales, garantice que el proceso de paz no se va a volver añicos.

un marco jurídico para la paz, políticamente válido y jurídicamente sólido, útil ahora y en una futura negociación con las guerrillas, debería llevarnos, de una vez por todas, a resolver la indefinición del denominado “delito político”. En otras palabras, materializar una tipificación que permita otorgar el beneficio del indulto o la amnistía para las tropas, los combatientes rasos de los grupos arma-dos ilegales. A fin de cuentas, independientemente de su distintivo –autodefensas o guerrillas– ambos subvirtieron el monopolio de las armas al Estado. ¡Qué más político que eso! Pretender reducirlos por la fuerza o procesarlos a todos, es un imposible en sana lógica, a menos que en el fondo queramos prolongar indefini-damente la guerra.



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Dos años de retos y adversidades*

Cuando el Gobierno nacional se abocó al camino de la justicia transicional, hace cuatro años, lo hizo en pos de un objetivo superlativo: la búsqueda de la reconciliación y la

paz para los colombianos. Era el inicio de una solución política que implicaría enormes sacrificios en materia de impunidad. Hoy circulan cuentas de cobro por todo lado,

empezando por los cuestionamientos de grueso calibre a la Ley de justicia y paz, que reflejan pequeñez frente a la prolongación del conflicto y el duro camino transitado

hacia el posconflicto. El tema de fondo es si los colombianos le vamos a dar una verdadera oportunidad a la paz, a la propia Ley 75 y a las instituciones legítimamente

constituidas para alcanzar ese objetivo superlativo.

Sabíamos, hace cuatro años, que el proceso transicional, como instrumento para la búsqueda de la reconciliación y la paz, implicaba enormes sacrificios, pero también se tenía conciencia de que era el camino expedito para habilitar la salida política a una situación que, de suyo, infería una negociación excepcional, una sin-gular transacción de intereses y expectativas políticas de los sectores enfrentados y de contraprestaciones mutuas y efectivas.

La existencia de un escenario de tal naturaleza exigía, ni más ni menos, la inquebrantable voluntad política de Gobierno nacional y la unidad del Estado, para fundar las condiciones legales y respetar y acatar los acuerdos del proceso, so pena de incubar el retorno a la guerra. En otras palabra, cuando el Gobierno del presidente Álvaro uribe Vélez “empeñó su palabra” en la negociación con los grupos de autodefensa, lo hizo a nombre de toda la Nación, bajo el prurito de que la “mediación política” primaba sobre cualquier otra consideración.

Eran y son verdades de a puño, no sólo para el caso colombiano, sino en todos los contextos del planeta.

El fundamento de la justicia transicional El bien supremo de la paz viaja por caminos ininteligibles. La acción legal adopta formas inasibles a la realidad cotidiana, por encima, incluso, de las disposiciones legales y constitucionales. La concepción, funciones y criterios de “justicia” se dis-tancian de la visión tradicional. La justicia “retributiva”, es decir, la equivalencia


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estricta entre el delito y la pena, se relativizan para dar paso a esa justicia transi-cional, cuya comprensión aún es incipiente en nuestro medio.

Quizá sea la razón por la cual pocos han asimilado que éste es el precio que se debe pagar para asegurar la dejación de las armas y la reinserción a la vida civil de quienes amenazan la estabilidad del régimen y dar paso a un estadio de pacificación, al menos preliminar, hacia el posconflicto. De eso se trata la salida política. De eso se trata la “justicia transicional”. En caso contrario, sería impensa-ble la entrega y dejación de las armas. La razón es simple, pero vergonzante: no hubo una derrota militar, no hubo vencedores ni vencidos. El monopolio de las armas del Estado fue mancillado y así se quedó.

Por esta vía afloró en la escena política del país –luego de dos años de dis-putas y enfrentamientos en su trámite legislativo–, la pieza estructural sobre la cual se articuló la justicia transicional: la Ley de justicia y paz. Su construcción se fundó sobre tres pilares fundamentales: la verdad, la justicia y la reparación. Entonces, su lenguaje hablaba de la alternatividad penal, la reincorporación de los excombatientes a la vida civil, la importancia de establecer la verdad histórica y la imperiosa necesidad de fundar un sistema de reparación y restauración para las víctimas, bajo el entendido de que más que una obligación, eran una contribución al objetivo de la paz.

La Ley 975 de julio 25 de 2005 se presentó, entonces, como un cuerpo nor-mativo novedoso, que infería un proceso inexpugnable como experiencia conoci-da en el mundo, en el plano comparado. Por primera vez en un proceso de paz, un Gobierno intentaba aplicar una norma distinta al indulto y la amnistía absolu-tos, y se arriesgaba a proponer una fórmula que, aunque no implicaba resultados “maximalistas” en materia de verdad, justicia y reparación, tampoco desestimaba estas categorías a una visión reduccionista. Por lo menos esa fue la intención, ese fue el deseo.

La realidad desbordó la leyPor este camino nos enfrascamos en un proceso complejo y desconocido. A la postre generó una dinámica perversa, producto de una norma mal concebida en el trámite legislativo, que dejó vacíos frente a una realidad arrolladora que entonces no se alcanzaba a vislumbrar. un verdadero boquete de vacíos jurídicos saltó a la esfera social y política del país, sin una respuesta clara por parte del Gobierno nacional.

Los tres pilares que levantaron la Ley de justicia y paz: la verdad, la justicia y la reparación, hoy se tambalean ante la sorpresiva e inmanejable dinámica que generó la aplicación de la norma. La realidad desbordó sus disposiciones, la capa-


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cidad institucional del Estado y la sensatez de la sociedad civil para construir los consensos calificados, en torno a estas tres supremas categorías. La aplicación de la justicia, se tradujo en una peligrosa herramienta vindicativa, la búsqueda de la verdad fue proscrita al escenario de mayores rencillas y la reparación adquirió un matiz “maximalista” por la justa causa de las víctimas.

Justicia: vulnerable y falibleEl tortuoso proceso hasta llegar a la aprobación final de la Ley 975, transitó apa-sionados debates en el Congreso de la República y el escrupuloso examen de la Corte Constitucional. Este camino se inició el 23 de octubre de 2003, cuando se presentó el primer proyecto. Aunque 11 más harían su aparición, cuatro de ellos por iniciativa del Ejecutivo.

Los puntos más álgidos de su discusión se centraron en los beneficios ju-diciales para los desmovilizados que se acogieran a la Ley que, a grosso modo, inferían una pena alternativa de máximo ocho años a cambio de la confesión total de la verdad sobre los crímenes cometidos, con ocasión de su pertenencia al grupo armado.

Bajo estos parámetros la norma modificó, de principio a fin, el sistema pro-cesal probatorio. Aunque el tema de la autoincriminación está proscrito por la Constitución, es decir, que nadie está obligado a autoinculparse o declarar contra sí mismo, la Ley 975 dejó implícita la obligación, so pena de perder los beneficios. Condición que cobija a quien mienta o entregue declaraciones a medias sobre los delitos, pero que después se logre comprobar que los cometió. Circunstancia que llevaría el proceso a la justicia ordinaria.

Por otra parte, y a diferencia de lo ocurrido en otras latitudes, Colombia quedó sumida en un transe sui generis, de cifras superlativas. Juicios masivos a 2.771 excombatientes involucrados en delitos de lesa humanidad. El número de víctimas que ha hecho manifiesta su condición, supera las 70.000. Se suman más de tres millones de desplazados y 835 cadáveres exhumados en más de 300 fosas comunes, de los cuales sólo se han identificado plenamente 49 cuerpos (tabla 1).

La realidad también desbordó la institucionalidadMientras que en un proceso penal tradicional la víctima suele ser una sola, en éstos pueden ser miles en la audiencia de un solo victimario. Sólo en el caso de Mancuso podrían participar 5.000, en el de Jorge 40 otras 11.000 y en el de Don Berna unas 13.000. Es una condición que no sólo hace inmanejable e inoperante el proceso, sino que agota la capacidad de interpretación de los operadores judiciales.


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Departamento Cuerpos hallados

Información preliminar

Identificación plena

Cuerpos entregados

Putumayo 211 39 7 -

Magdalena 151 96 25 25

Meta 112 7 - -

Córdoba 66 57 1 -

Antioquia 63 33 7 -

Otros 232 52 9 8

Total 835 291 49 33

Ello para hacernos una idea del complejo entramado en el que los colom-bianos estamos buscando la verdad y del cúmulo de responsabilidades que le han sido endilgadas a la Fiscalía, con las que parece no dar abasto. Estas labores pasan por sistematizar la información relacionada con las víctimas, establecer la situa-ción jurídica e investigar, plenamente, los crímenes cometidos por los desmovili-zados que se acogieron a la Ley de justicia y paz, más allá de las versiones libres; esclarecer la verdad de los hechos y supervisar todos los procesos relacionados con las víctimas, desde las incuestionables reclamaciones frente a las limitaciones que exhibe el sistema, hasta la negociación de la reparación e incluso suministrar abogados defensores, labor que apenas se comienza a organizar.

Con una connotación adicional. La estructura organizativa que se construyó para adelantar las indagaciones, se erigió sobre los hombros de escasos 23 fiscales y 150 investigadores, quienes tendrán que reconstruir y probar los crímenes que se cometieron en más de tres décadas del accionar de los grupos paramilitares.

Ello explica por qué el balance de la Ley de justicia y paz (Ley 975 de julio 25 de 2005) para la judicialización de los excombatientes, no es alentador. Luego de seis meses de haber iniciado sus labores la unidad de Justicia y Paz de la Fis-calía General de la Nación, sólo han sido escuchados en versión libre 40 de los 2.771 militantes de esta fuerza armada ilegal, que se acogieron a los términos de la norma, y sólo uno de estos casos, ha logrado llegar hasta la audiencia de impu-tación: el de Wilson Salazar Carrascal, alias “El Loro”, desmovilizado del bloque Julio César Peinado Becerra.

El limbo jurídicoEl asunto es que el trámite procesal en su conjunto, le podría tomar al país un lapso similar al que llevamos en guerra. Nada consolador, más aún si se considera

Tabla 1. Avance en el proceso de exhumación e identificación de desaparecidos


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el nudo gordiano que ató la Corte Suprema de Justicia a la política de paz en su más reciente fallo, según el cual no es posible aplicar la Ley 782 de 2002, para conceder la amnistía y el indulto a 31.000 excombatientes que no están incursos en delitos de lesa humanidad, en la medida en que no pueden ser considerados como delincuentes políticos.

Con el respeto que infunde la sabiduría de los pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia, ligados a la tradición más consumada del dura Lex sed Lex, no es un secreto que se generó un limbo jurídico, en el que muchos quieren meter las manos, pero pocos se desean quemar. Sin querer, el Tribunal asestó un golpe a un herido de gravedad y el pulso entre esta instancia y el Gobierno nacional, ocasionó una nueva oportunidad para quienes le apuestan más al disenso.

El asunto es que no damos abasto con el actual proceso y pretender juzgar-los a todos es un imposible a la luz de la sana lógica. Sin mencionar, que puede significar un reversazo de enormes proporciones y un estímulo para el rápido re-torno a las armas de estos hombres. No en vano las quejas de los excombatientes han girado, permanentemente, en torno a la forma como el Estado ha incumplido los compromisos adquiridos en el marco de la negociación.

verdades de todos los pelambresAtado al proceso de judicialización de los “paras” se encuentra el tema de la ver-dad que, dada la forma como fue diseñado el proceso, resulta difícil establecer, en un plazo razonable para conocer la “verdad procesal”, la “verdad oficial”, pues desde el momento en que se realizó la primera audiencia de versión libre –el 14 de diciembre de 2006– el país entró en una guerra verbal por el dominio de esa verdad.

Hoy, esta categoría luce hecha jirones. Verdades de todos los pelambres saltaron al ruedo y la lucha asimétrica por las primeras planas, enrareció la co-rrelación de fuerzas entre las víctimas y los victimarios. En esta singular grilla, florecieron puntos de vista, pasiones y sentimientos encontrados. Esas “verdades interesadas” hoy manejan los hilos frágiles, que nos pueden conducir a la recon-ciliación o a alimentar mayores odios.

Por este camino, la verdad fue proscrita al escenario de mayores rencillas y enfrentamientos y nos volvimos exegéticos, hasta convertirla en un instrumento, un “arma” de valor “relativo”. La verdad se ideologizó, se politizó, se personificó y tomó el rostro interesado de los actores involucrados. Hoy no pensamos en la verdad histórica o judicial que podremos compartir y aceptar como Nación, sino en un engendro producto de la venganza.


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Hoy se habla de la “verdad de Mancuso”, de la “verdad de los parapolíticos”, de la “verdad de los empresarios o de los generales”, la “verdad de las víctimas”, la “verdad de los victimarios”. El crédito a los testimonios se concede en función del agente que confiesa y en la medida en que interese al “circo romano”. Así, mien-tras las versiones libres de los paramilitares, amos y señores de la maquinaria de guerra eran relevantes, hoy tienen otro matiz frente a las declaraciones de testigos infames, cuyo inusitado protagonismo no deja de inquietar.

Son verdades que lejos de despejar el complejo camino hacia la inaplazable catarsis colectiva que requiere el país, están alimentando odios, recriminaciones y dardos entre los colombianos. Cuánta falta le hace a la sociedad reconocer que hubo responsabilidad colectiva y sustraernos de esa realidad, que nos negamos a asumir como colectivo, sólo inhibe la reconciliación con ese pasado de barbarie.

Por eso no deja de sorprender el lacerante silencio que han guardado mu-chos de esos actores, que desde la economía formal, se vieron involucrados en esta guerra. Sectores que hoy no tienen problema en hacer señalamientos a dedo o mirar por encima del hombro con una doble moral, pretendiendo desconocer un pasado que, nos guste o no, hoy se ha vuelto menos espurio o más evidente.

Empero, el país no puede negar hechos irrefutables, en amplias zonas semiur-banas, urbanas, pero en particular en la periferia, en donde primero las guerrillas y luego las autodefensas, cambiaron el orden social y configuraron un nuevo Estado para todos los ciudadanos que vivían o producían en sus zonas de control.

Lo cierto es que cuando se planteó el proceso de judicialización de los ex-combatientes, con base en la autoconfesión, nunca se consideró que la perversa dinámica que se vivió en muchas regiones del país, saltaría a la palestra pública con toda su rudeza. Por esta vía, las versiones libres de los paramilitares, generaron una incontenible bola de nieve, que no sólo arrastró la carga de los acontecimien-tos, sino a los actores que, directa o indirectamente, resultaron involucrados.

Aunque ello es consustancial al proceso de búsqueda de la verdad, su lado negativo ha servido para alimentar un peligroso juego de palabras y versiones opuestas, que parecen llevarnos a un proceso vindicativo, en donde no sólo se han violado los principios del proceso, incluida la reserva del sumario, sino que ade-más se ha montado un espectáculo, que sólo busca castigar, independientemente del grado de responsabilidad de los agentes frente a ese pasado de barbarie.

una oportunidad a la pazAunque los cuestionamientos sobre la Ley de justicia y paz son de grueso calibre, la pregunta que muchos se formulan es: ¿cuándo el país y la sociedad le va a dar


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una verdadera oportunidad a la paz, a la propia Ley 975 en sus dos años de vigen-cia y a las instituciones legítimamente constituidas, dada la prolongación del con-flicto y el duro camino transitado hacia este incipiente repunte del posconflicto, en el que más de 44.000 hombres dejaron las armas y se recuperaron territorios vedados para la civilidad?

En el tema de la justicia, el Gobierno ya dio un enorme paso al suscribir un acuerdo con la Fiscalía, para aumentar en 235 fiscales y 800 investigadores adicio-nales la planta de la unidad de Justicia y Paz y en $75.000 millones el presupuesto de 2008. Otro esfuerzo se deberá consolidar para subsanar la irreconciliable dife-rencia de posturas entre la Corte Suprema de Justicia y el Ejecutivo en la aplica-ción del delito político, un entuerto que antaño hemos sorteado a discreción del Legislador, pero que en la coyuntura actual ayudaron a enredar las sentencias de las Cortes –la Constitucional y la Suprema de Justicia– y que requiere habilitar una salida que, sin irrespetar los fallos de los altos tribunales, garantice que el proceso de paz no se va a volver añicos.

un marco jurídico para la paz, políticamente válido y jurídicamente sólido, útil ahora y en una futura negociación con las guerrillas, nos debería llevar, a resolver la indefinición del denominado “delito político”. En otras palabras, mate-rializar una tipificación que permita otorgar el beneficio del indulto o la amnistía para las tropas, los combatientes rasos de los grupos armados ilegales.

A fin de cuentas, independientemente de su distintivo –autodefensas o guerrillas – ambos subvirtieron el monopolio de las armas al Estado. ¡Qué más político que eso! Pretender reducirlos por la fuerza o procesarlos a todos, es un imposible en sana lógica, a menos que en el fondo queramos prolongar indefini-damente la guerra.

El asunto es que el país ha tocado el punto neurálgico del no retorno, que va más allá del sometimiento de los victimarios a la justicia y obliga a avanzar hacia el camino de la verdad y la reparación, la restitución de bienes, el pago de indem-nizaciones, la reparación simbólica, la fractura de los silencios, la velación de los hechos, de las memorias silenciadas y de los dolores y los recuerdos reprimidos.

En esto no nos podemos equivocar. Estamos en la mira de los señalamien-tos desde distintas instancias de la comunidad internacional. Las permanentes denuncias por la violación de los derechos humanos, la supuesta estrategia de impunidad que se estaría ocultando tras el proceso de negociación con las AuC y las presiones de la Corte Penal Internacional y de las ONG, se mantienen como una espada de Damocles, desde esos actores privilegiados, que en buena medida, mantiene bajo su custodia la tutela del deber de la memoria, del desprecio al


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olvido definitivo y que le gritan a los Estados que ya no están solos y que la im-punidad no puede reinar.

En esta tarea es imperativo la disposición política e ideológica, tanto desde el sector público, como del privado, como una premisa sine qua non, para alcanzar los grandes consensos calificados que despejen el camino hacia la reconciliación, bajo el indoblegable interés de los Gobiernos de turno para esclarecer el pasado, resolverlo y asumir la responsabilidad y, por otra parte, un férreo compromiso desde la sociedad civil para acompañar el proceso y servir de vigía y guardián.

Derechos de las víctimasEn los términos de la Ley 975 de 2005, sus Decretos reglamentarios 4760 de 2005 y 3391 de 2006 y la Sentencia C-370 de 2006, la víctima tiene los siguientes derechos:• Acceder a la justicia, desde el inicio del correspondiente proceso, para cono-

cer la verdad del hecho que le ocasionó daño, ser oídas, aportar pruebas y recibir pronta e integral reparación.

• Denunciar, para efecto de la reparación, bienes no entregados por los postu-lados.

• Solicitar y obtener ante el magistrado de control de garantías adecuada pro-tección para su seguridad cuando se les amenace o ante potenciales riesgos o peligros.

• Requerir y promover el incidente de reparación integral de sus perjuicios, mediante audiencia en la que probará la naturaleza de sus pretensiones sin perjuicio de la facultad que tiene para conciliar.

• Recibir de la Defensoría del Pueblo asistencia para el ejercicio de sus dere-chos y dentro del marco de la ley.

• Obtener orientación de la Comisión Nacional de Reparación sobre los trámi-tes que debe adelantar para acceder a la satisfacción de sus pretensiones.

• A ser tratado durante todo el procedimiento de forma humana y digna.• Ser informadas sobre la decisión definitiva relativa a la persecución penal y a

interponer los recursos cuando a ello hubiere lugar.• A ser asistidas por un abogado de confianza o por el Ministerio Público, sin

perjuicio de que puedan actuar directamente.• Asistencia gratuita de un traductor o intérprete, en el evento de no conocer

el idioma o de no poder percibir el lenguaje por los órganos de los sentidos.

*Publicado en revista Carta Fedegán N.o 102 (Septiembre-octubre de 2007)


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resultados de la política de reinserción*

La reinserción presenta graves fisuras. Hoy, como lo advertimos hace más de un año, no existe una visión sistémica, con reglas de juego claras y condiciones efectivas para

hacer atractivo y permanente, el retiro de la ilegalidad de quienes han dejado las armas, aunque es justo reconocer que el Gobierno ha hecho esfuerzos sin precedentes.

Al cumplirse cuatro años del proceso de justicia transicional y dos de la vigencia de la Ley de justicia y paz, la reinserción a la vida civil de los excombatientes de las autodefensas y de los desertores de grupos guerrilleros, presenta graves fisu-ras. Como lo advertimos hace más de un año, no existe una visión sistémica, con reglas de juego claras y condiciones efectivas para hacer atractivo y permanente el retiro de la ilegalidad del contingente de hombres que, individual y colectiva-mente, han dejado las armas.

La reinserción se ha convertido en el verdadero talón de Aquiles de la polí-tica de seguridad nacional. Los instrumentos y las instituciones, que directa o in-directamente, participan en su ejecución, lucen insuficientes. A un año de haberse creado la Consejería para la Reintegración Social y Económica de Personas y Grupos Alzados en Armas, instancia en la que se sembraron todas las esperanzas para darle plena claridad al rumbo que debía tomar la política de desmovilización, desarme y reinserción (DDR), es claro que fue más alto el precio que se pagó en burocracia, que los frutos de su gestión, que en nada se diferencian de los mostra-dos por la dependencia que operaba en el Ministerio del Interior.

El país no puede seguir subestimando la reinserción, pues está de por medio la sostenibilidad del actual proceso con los grupos de autodefensas, así como la posibilidad de una futura salida negociada con otras fuerzas al margen de la ley. Les guste o no a los detractores del Gobierno, es un hecho, que por el bien del país, el proceso con los desmovilizados no puede fracasar.

Es justo reconocer que el Gobierno ha hecho un esfuerzo, sin precedentes en nuestro devenir histórico, por desmovilizar a los miembros de los grupos alza-dos en armas, tanto de las AuC como de las guerrillas. Eso no tiene discusión. La contabilidad de la desmovilización habla de un total de 44.865 desmovilizados, desde agosto de 2002 hasta la fecha y la entrega de 18.000 armas.


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El 71% de ellos, 31.671 hombres, abandonó las filas del grupo armado ilegal, en procesos colectivos. El número restante, 13.194 excombatientes (29%) lo hizo de manera individual, de los cuales 7.393 pertenecían a la guerrilla de las FARC. Aunque, dicho sea de paso, el proceso de entrega individual mantiene su diná-mica. Sólo entre enero y julio de 2007 se desmovilizaron 1.960 personas, de las cuales 1.517 eran de las FARC.

Actualmente, el Gobierno mantiene control sobre el 80% del total de los desmovilizados (34.405 personas). Del contingente de hombres, el 68% se con-centra en seis departamentos (23.302 personas). Sólo en Antioquia residen 10.105 desmovilizados (29,4%); en Córdoba, 3.729 (11%); en Bogotá, 3.190 (9,2%); en Cesar, 2.665 (7,8%); en Magdalena, 2.137 (6,2%) y en Santander, 1.480 (4,3%).

No obstante, más allá de este inventario, el desafío para el Gobierno nacio-nal y los regionales, no es otro que el de desarrollar una estrategia, para mantener en la legalidad a esta población, en extremo vulnerable y disminuir al máximo, la posibilidad de su realistamiento en nuevos grupos o bandas al margen de la ley. Por lo menos, así lo hemos asimilado de los complejos procesos de desmoviliza-ción en el plano internacional. Ejemplos que nos indican que ha sido más violento el posconflicto que la propia guerra. un escenario que habríamos preferido obviar para el caso de Colombia.

Sin embargo, el más reciente informe de la Misión MAPP-OEA no escatimó esfuerzos en advertir sobre los riesgos de una “profundización de la influencia del paramilitarismo asociado al narcotráfico”, con especial relevancia en 16 departa-mentos. En sus términos, se ha detectado la “participación de mandos medios de las autodefensas dirigiendo nuevas estructuras armadas ilegales” y el interés de algunos excomandantes en “seguir el control sobre economías ilícitas en las zonas donde operaban”. una visión que parece ser refrendada por los estudios realiza-dos por Indepaz, según los cuales, el país asiste a una reorganización y rearme de grupos paramilitares, que hoy sumarían 38 estructuras con 5.316 efectivos, con actuación en 22 departamentos.

El Gobierno, por su parte, ha reconocido que al menos 3.000 hombres ha-cen parte de bandas criminales emergentes al servicio del narcotráfico, de los cuales al menos el 9 % han sido identificados como desmovilizados que han re-incidido en fenómenos delictivos (ver tabla 1). Aunque éstas no son consideradas como paramilitares, sí están sembrando la zozobra en muchas zonas ganaderas del país. Áreas en donde no se percibe un cambio sustancial en las condiciones de seguridad y tranquilidad para la población, en donde persiste el temor por la retoma de posiciones por parte de la guerrilla o de la emergencia de los nuevos


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Departamento

Plan denegociocolectivo

desembolsado

Empleo potencial

Empleo real

Plan de negocio

individualEmpleos

Antioquia 16 1.370 490 141 141

Chocó 0 0 0 1 1

Córdoba 11 743 13 6 6

Sucre 2 60 27 2 2

Bolívar 0 0 0 4 4

Cesar 0 0 0 12 12

Magdalena 1 300 5 5 5

Atlántico 0 0 0 9 9

Cundinamarca 1 11 11 7 72

Bogotá 1 1 0 300 300

Norte de Santander 1 12 5 5 5

Santander 3 29 29 24 24

Valle del Cauca 0 0 0 24 24

Cauca 0 0 0 6 6

Nariño 0 0 0 1 1

Caldas 1 Nd. Nd. 11 11

Risaralda 0 0 0 11 11

Quindío 0 0 0 16 16

Boyacá 0 0 0 7 7

Tolima 0 0 0 34 34

Huila 0 0 0 10 10

Meta 0 0 0 36 36

Casanare 3 Nd. Nd. 9 9

Total 40 - - 746 746

Tabla 1. Planes de negocio en operación y generación de empleo por departamento


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escuadrones de delincuencia. Es, en buena medida, una manifestación de las fla-quezas de la política de reinserción.

Si bien existe una política definida que comprende una primera fase de readaptación y preparación para la reincorporación a la vida civil, con acciones relacionadas con la ubicación, asesoría legal, orientación sicosocial, salud, edu-cación y capacitación, estas acciones no han sido suficientes, frente al número de desmovilizados y los exigentes requerimientos para abordar una verdadera reincorporación económica y social.

Sólo en materia de reinserción económica –que se basa en la generación de habilidades en el desmovilizado para que sea autosuficiente y compita en igual-dad de condiciones en el mercado laboral con el resto de los colombianos y, así mismo, cree oportunidades de negocios rentables que lo vinculen al sector priva-do–, 6.936 personas recibieron capacitación (20% de los 34.405 bajo seguimiento del Gobierno) y 2.805 están en proceso de capacitación (8,2%). Por otra parte, el 57% de esta población (19.663 personas) han encontrado un empleo estable (68% empleos informales y el 32% en el formal. El 89% en áreas urbanas y el restante en zonas rurales, 11% (ver tabla 2).

En materia de proyectos productivos, el Gobierno ha financiado 3.383 pla-nes de negocio, de los cuales sólo 40 de carácter colectivo y 746 individuales aún se mantienen, con muy bajos niveles de generación de empleo, al decir por las cifras presentadas por la Alta Consejería para la Reintegración Social y Económi-ca. Para citar sólo algunos ejemplos, en el caso de Antioquia en donde reside la mayor cantidad de población desmovilizada bajo control del Estado (10.105 per-sonas, el 29,5% del total) se desembolsaron recursos para 16 negocios colectivos, para desarrollar en los municipios de Tarazá, Carepa, Chigorodó, Copacabana, Heliconia, Témesis y Turbo. Aunque el potencial era de 1.370 empleos hasta el momento sólo se han habilitado 490.

En Córdoba, el segundo departamento con mayor población desmoviliza-da, se desembolsaron recursos para 11 negocios colectivos con un potencial de 743 plazas, pero se han logrado crear 13 empleos por esta vía. En Magdalena, el único proyecto productivo vigente, sólo creó cinco empleos, aunque se habían estimado 300 plazas.

Con los planes futuros de negocios que se encuentran en estudio (127 colec-tivos y 838 individuales) se estima la generación de 4.829 empleos. Sin embargo, el reto es enorme, porque inclusive si los programas alcanzaran el 100% de efec-tividad, aún se necesitarían crear cerca de 10.000 adicionales, sin contar las casi 3.800 personas que están entrando al sistema anualmente.


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Departamento Banda Población reclutada

Subtotal reclutados

Nariño Nueva Generación 450

Los Rastrojos 450 900

Casanare/Boyacá Bloque Llaneros del Casanare 200

Autodefensas Campesinas del Casanare 200 400

Meta Banda Criminal de Pedro Olivero Guerrero (A. Cuchillo) 250

Seguridad privada Meta y Vichadao Los Macaos 120 370

Vichada Seguridad privada Meta y Vichadao Los Macaos 120

Bloque Llaneros del Casanare 200 320

Norte de Santander Águilas Negras 250 250

Magdalena Alias Copdazzi o Mano negra 40

Águilas Negras 200 240

Chocó Autodefensas Campesinas del Norte (ACUN) 200 200

Caldas Banda Criminal del Oriente de Caldas 50

Cacique Pipintá 150 200

Caquetá Águilas Negras 45

Bloque Antisubversivo del Sur 70 115

Córdoba Los Traquetos 50

Vencedores de San Jorge 60 110

Sur de Bolívar Águilas Negras 100 100

La Guajira Banda Criminal Alta Guajira 40

Águilas Negras 50 90

Putumayo Los Rastrojos 60 60

Antioquia Protección al Campesino (PAC) 15 15

Total 2.900

Tabla 2. Población desmovilizada reclutada en bandas criminales


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La preocupación no es de poca monta si consideramos, además, la baja for-mación académica de los desmovilizados. La mitad de ellos alfabetos funcionales, 10% analfabetas y la gran mayoría no llega a tener educación superior. A ello se suma la juventud de la mayoría de los excombatientes, 15% menores de edad, el 54% tiene entre 18 y 25 años y el 28% entre 26 y 40 años. Sin duda, son grupos po-blacionales que requieren tratamientos especiales y diferenciados para la transición, aunque sus perfiles psicológicos y ocupacionales aún están en construcción.

Aunque quizá es muy pronto para advertir el éxito o el fracaso de la estra-tegia desarrollada por el Gobierno nacional, pero también lo es que la evaluación crítica del proceso en sus diferentes fases, venga de donde viniere, debe inducir una reacción del Estado para generar dinámicas que corrijan las distorsiones y aceleren las estrategias para una desmovilización efectiva.

La suerte del posconflicto va en ello, y la suerte del posconflicto será la suer-te del país en el futuro próximo. El tiempo apremia y un fracaso a estas alturas del proceso sería la mecha para nuevas generaciones de inseguridad y de violencia. Todo sería más sencillo si la sociedad uniera esfuerzos para lograr la reincorpora-ción de los desmovilizados. una vez más, Colombia se mueve en la ambigüedad y la inconsistencia de sus propios valores. Todo el país quiere ver desmovilizados a los miembros de las autodefensas –y de las guerrillas también–, pero nadie los quiere como vecinos, como proveedores o como empleados.

La situación de reintegración económica de la población desmovilizada puede resumirse en:

Población desmovilizada (contactada)34.405

Planes de negociocolectivos desembolsados: 41

Planes de negocio individuales viables en escritorio: 838

Empleos838

Población Trabajando 19.663 57%

Formal: 32%Informal: 68%

Rural: 11%Urbano: 89%

Empleos3.991

Planes de negocionuevos en estudio: 127

Total empleos nuevos 4.829

Empleos por crear 9.913

Metas

Personas capacitadas 6.936

Personas capacitándose 1.411

2007 14.2262008 3.557


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¿Es posible la reparación?*

La reparación a las víctimas es de considerable factura y trasciende la indemnización pecuniaria; reparar el dolor y el daño causado por los perpetradores a las víctimas, pasa

por la búsqueda, identificación y entrega de los cuerpos de los desaparecidos asus familiares, hasta acercarnos a la verdad histórica, a la verdad no institucional, a la

verdad social.

La reparación a las víctimas es uno de los temas más álgidos y de mayor angustia para el país, no sólo desde el punto de vista moral y ético, sino por la complejidad en el plano económico y fiscal. La Comisión Nacional de Reparación y Recon-ciliación (CNRR) acordó reconocer a todas las víctimas del conflicto armado a partir de 1964 y hacia el futuro, lo cual infiere un primer acto simbólico de repa-ración, por el cual se asume la responsabilidad con el pasado y el compromiso de hacer memoria, de cuyo manejo dependerá la forma como ellas superen el trauma de la violencia y como se transite hacia la reconstrucción y cohesión del tejido social en las zonas que por años han sido el campo de enfrentamiento de los alzados en armas.

Más allá, la Ley de justicia y paz establece cinco procesos: restitución, in-demnización, rehabilitación, satisfacción y garantía de no repetición. La Ley tam-bién ofrece una amplia definición de daños directos, los cuales comprenderían varios costos, incluyendo los asociados con cualquier pérdida relevante de la ca-lidad de vida.

La CNRR, en su documento Recomendación de criterios de reparación y de proporcionalidad restaurativa, establece que:

(…) podría parecer proporcionado que el responsable de delitos que ha decidido vincularse a un proceso de negociación conserve una parte de su pa-trimonio de forma tal que pueda vivir dignamente e insertarse plenamente en la sociedad democrática. Lo que parece no tener asidero constitucional es que el Estado exima de responsabilidad civil a quienes han producido los daños que es necesario reparar y traslade la totalidad de los costos de la reparación al presu-puesto. En este caso se estaría produciendo una amnistía de la responsabilidad civil, que estarían asumiendo, a través de los impuestos, los ciudadanos y ciuda-


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danas que no han causado daño alguno y que, por el contrario, han sido víctimas del proceso (...).

A su vez considera que el Estado debe asumir una responsabilidad subsi-diaria en el caso en el que éste resulte responsable por acción o por omisión o cuando los recursos propios de los responsables no sean suficientes para pagar el costo de reparaciones masivas.

No obstante, ésta parece ser más una certeza que una percepción, razón por la cual 12 organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Indepaz, De Justicia, la Fundación Social, Fescol y Cinep, presentaron, en su momento, un pliego de modificaciones al proyecto del Plan Nacional de Desarrollo (PND), para que in-cluyera un plan nacional de reparaciones administrativas de víctimas de crímenes atroces en el marco del conflicto armado.

Aunque la reparación a las víctimas fue incluida en el subcapítulo “Desplaza-miento forzado, derechos humanos y reconciliación” del PND, no se destinaron recursos de manera específica para este rubro, bajo el prurito de que los recursos para la reparación deberán derivar de los bienes que sean entregados por los victi-marios y que el Estado sólo actuará de manera subsidiaria, como lo recomienda la CNRR. ¿Cómo atenderá, entonces, el Estado la reparación durante estos cuatro años si los recursos entregados por los victimarios no fueran suficientes?

Por contera, el Gobierno aún discute la pertinencia y viabilidad de la repa-ración por vía administrativa, propuesta por la CNRR y otras instancias. Aunque de ser viable tendrían que salir de los denominados pasivos contingentes de la Nación, pues hasta el momento el Plan Nacional de Reparación de la Comisión de Reparación y Reconciliación está totalmente desfinanciado.

Por demás, el monto para la reparación a las víctimas es de considerable factura. Indepaz, estima que la reparación total de las víctimas que ha dejado el conflicto armado, cuya contabilización asciende a 4.371.948 colombianos, en el periodo comprendido entre 1964 y 2004, le costaría al país uS$22.446 millones. Es decir, la cuarta parte del PIB de Colombia o media deuda externa.

Otro estudio titulado Cuantificación de los recursos financieros requeridos para reparar a las víctimas del conflicto armado colombiano teniendo en cuenta la Ley de justicia y paz, pondera el daño directo sufrido por las víctimas entre 1964 y 2005 como resultado de las acciones de los grupos armados ilegales. El estudio, según su propio autor, Mark Richards, investigador asociado del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac) intenta proveer cifras sólidas para beneficiar la actual discusión en torno a la reparación y el futuro balance entre obligaciones legales y limitaciones políticas y de recursos.


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Este análisis asume que todas las víctimas están en capacidad de comprobar cualquier daño que hayan sufrido y en una estimación conservadora, plantea que los costos para satisfacer los reclamos financieros de las víctimas por las acciones bélicas en el periodo mencionado oscilarían entre $55,5 billones y $96,3 billones. Esto representa entre el 19% y el 33% del PIB colombiano de 2005, lo que equi-valdría a un monto entre uS$23.000 millones y uS$40.000 millones. Más de la mitad de esta estimación se atribuye a la pérdida de calidad de vida de las vícti-mas. Si la pérdida en la calidad de vida no es incluida, el daño estimado sufrido oscilaría entre $19,3 billones y $32,1 billones o el 7% y el 11% del PIB de 2005.

Los daños y las pérdidas estimadas también fueron desagregados entre la guerrilla y los paramilitares de acuerdo con su respectiva responsabilidad. Los primeros podrían ser responsables de entre $36,3 billones y $63,7 billones (entre el 12% y el 22% del PIB colombiano de 2005) y los segundos, entre $19,2 billones y $32,7 billones (entre el 7% y el 11% del PIB colombiano de 2005).

En este punto, es previsible que hacia el futuro, la Corte Penal Internacional, también intervenga, lo que dejaría al Gobierno nacional en una posición emba-razosa, si sus hallazgos condenan su proceder. Recordemos que en el pasado este tribunal ha aceptado demandas que la justicia colombiana no resolvió y que involucraron onerosos pagos para el Estado colombiano.

No obstante, para la CNRR la reparación no se limita a una indemnización pecuniaria a las víctimas vía judicial. Esta visión debe ser superada por una más amplia e integral, que en términos de Eduardo Pizarro, presidente de la Comisión, colige una serie de factores, para reparar el daño causado por los perpetradores a las víctimas.

una postura con la cual concuerda Fedegán y que coincide con los plantea-mientos del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho inter-nacional humanitario. Entre las medidas que deben hacer parte de esa política de reparación están la búsqueda, la identificación y la entrega de los cuerpos de los desaparecidos a sus familiares, así como la aplicación de justicia a la cúpula militar de las autodefensas, detenida en la cárcel de Itaguí. un proceso que habla de la vo-luntad política del Estado para castigar crímenes imperdonables y buscar la verdad judicial, que hoy ha revelado el rostro de los victimarios de más de 500 homicidios que permanecían en la impunidad. Con una connotación adicional: la posibilidad de acercarnos a la verdad histórica, a la verdad no institucional, a la verdad social.

Pero el proceso de resarcimiento implica también escuchar a las víctimas, dignificarlas, reconocer su dolor y el daño producido, el acto de contrición de la sociedad colombiana para pedir perdón y asegurar las garantías de no repetición.


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El país dio un paso en firme al sacar de la guerra a 45.000 combatientes de grupos alzados en armas, tanto de la izquierda como de la derecha que, entre otras, llevó a una reducción sustancial de las tasas de homicidio, masacres y secuestros.

No se puede olvidar la política de atención humanitaria a la población des-plazada, ejecutada por Acción Social, la reconstrucción de 8.000 viviendas des-truidas en tomas guerrilleras o de acciones paramilitares, la reconstrucción de 180 pueblos o la entrega de 40 salarios mínimos, entre $14 millones y $17 millones, a unas 30.000 víctimas desde 1997.

Pero más allá de la reparación, también está el derecho a participar en los procesos de judicialización de los perpetradores y a ser protegidas en este transe. un hecho que ha sido expuesto en varias ocasiones por la misión MAPP-OEA y la propia CNRR, considerando las denuncias de varias de las víctimas y de sus fami-liares, de haber sido objeto de amenazas e intimidaciones por asistir a las audiencias de versión libre de los desmovilizados o incluso del asesinato de sus líderes.

No obstante, la participación de las víctimas y sus representantes no sólo ha registrado obstáculos por esta vía. Para llegar a la sala alterna, acondicionada para las víctimas durante las audiencias de los desmovilizados, el Decreto 315 de 2007 les exige acreditar tal condición. Ello implica, de acuerdo con los artículos 3 y 4 de dicho Decreto, demostrar la relación de parentesco con la persona que falleció, demostrar el daño directo sufrido y presentar los documentos de la denuncia, así como la apertura de la investigación, entre otros.

Algunos de estos requisitos escapan a la capacidad de la víctima y residen más en las funciones que debe cumplir la Fiscalía. Por esta razón, aunque en dicha entidad hay más de 70.000 personas registradas como víctimas, menos del 5% ha logrado presentar los documentos exigidos.

Por otra parte, los fiscales han restringido la participación de las víctimas a la segunda etapa del proceso, es decir, en la audiencia de imputación, cuando sus abogados podrán preguntar y contrainterrogar. Con lo cual se habría perdido el tiempo precioso de la diligencia de la versión libre, para indagar sobre la respon-sabilidad del victimario, más aún considerando que en el listado de delitos que el desmovilizado anuncia que va a confesar, muchas veces no se encuentran aque-llos sobre los que los abogados necesitan hacer claridad y que, según reconoce la misma Fiscalía, en el 99% de los casos la población desconoce al perpetrador del crimen. Es, por demás, un proceso que está atado a la negociación de la repara-ción de la víctima, última fase del proceso judicial.

**Publicado en revista Carta Fedegán N.o 102 (Septiembre-octubre de 2007)


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De víctimas a victimarios*

“No habrá lugar a responsabilidad cuando:(...) Se obre bajo insuperable coacción ajena. Se obre impulsado por miedo insuperable”

(artículo 32 Código Penal)

No existen en la Ley de justicia y paz directrices para un manejo, explícito ni tácito, de las disyuntivas que presentan los procesos que hoy involucran a empre-sarios, políticos regionales, congresistas, miembros de las Fuerzas Armadas y de Policía y hasta funcionarios del Gobierno, señalados por los paramilitares. Y ello ha abierto la puerta a un juicio selectivo de escarnio público en la búsqueda de la verdad. La razón: el trámite de la Ley 975 se hizo en medio de enormes presio-nes, condición que no permitió erigir una norma que cubriera un buen número de aristas.

Por lo pronto, en el argot cotidiano no media ningún principio de propor-cionalidad sobre el juzgamiento de los crímenes atroces que causó la máquina de terror de las autodefensas y la guerrilla, y, del otro lado, la coacción, el terror y el miedo, de la que otros sectores fueron víctimas, como en el caso de los ganaderos.

El impacto para el sector ha sido enorme. De acuerdo con las estadísticas que maneja Fedegán, los costos tales del conflicto para el sector, sólo en el lapso comprendido entre 1997 y 2005, ascienden a $5,1 billones. En este periodo 233 ganaderos han sido asesinados, 3.453 han sido secuestrados, las extorsiones han sumado $843.000 millones, el abigeato $499.000 millones y las pérdidas por con-trol de la administración de las fincas se contabilizaron $3,2 billones.

De lado de la economía formal, los ganaderos no fueron las únicas víctimas que se tuvieron que someter a las normas de forzoso cumplimiento de las armas, como muchos han pretendido hacer creer. De acuerdo con las versiones libres de los jefes de las autodefensas, firmas como Postobón o Bavaria, estuvieron en la lista de los extorsionados, pero también empresas del sector transportador, taxis-tas, petroleras, vendedores de pescado o bananeras –sólo Chiquita Brand admitió haber pagado uS$1,7 millones durante siete años–.

No obstante, en la actual comedia de equivocaciones, los victimarios de ayer están señalando a los victimarios de hoy, o, por lo menos, esa es la percepción


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que está primando en el imaginario colectivo, que no ha reparado en discriminar entre un criminal, que usaba a los paramilitares, controlaba y solicitaba sacar del juego a quien quería, y la tragedia de otros, cuyo “delito” consistió en obrar bajo presión e intenso miedo y terror, ante la amenaza de su vida o su patrimonio.

Pero al margen de estas disyuntivas se puede advertir que son categorías muy distintas. No es igual la responsabilidad en dos casos. Es un principio que parece aclararse a la luz de nuestro Código Penal. Se puede decir que en prác-ticamente la totalidad de las legislaciones penales y de los sistemas jurídicos del mundo, se contemplan circunstancias o causales eximentes de responsabilidad penal, entendida como aquella circunstancia establecida en la ley penal, en virtud de la cual, no obstante haber cometido la conducta, el sujeto activo de la misma no resulta responsable frente a la ley penal, precisamente por encontrarse incurso en la causal o circunstancia que la ley penal ha determinado como eximente de responsabilidad.

Al respecto, el artículo 32 de nuestro Código Penal señala las circunstancias o causales que eximen de responsabilidad penal a los sujetos activos de conductas que en términos normales, de no presentarse dichas circunstancias, serían respon-sables ante la justicia penal por constituirse en sujetos activos de hechos punibles propiamente dichos, con las consecuencias jurídicas que ello implica.

En el caso del sector ganadero, víctima histórica y permanente de la vio-lencia generada por grupos armados al margen de la ley, estas disposiciones de la ley penal, cobran fundamental importancia en el sentido que muchas de las conductas en que hubiesen podido incurrir los ganaderos víctimas de la violencia, se realizaron dentro del marco del artículo 32 del Código Penal, por hallarse o cumplirse con el supuesto de hecho de alguna de las circunstancias eximentes de responsabilidad.

A título de ejemplo, se pueden mencionar dos de las causales que se pre-sentan con mayor frecuencia y que frente a las conductas en que posiblemente pudieron incurrir integrantes del sector ganadero, incluidos sus familiares, son de aquellas que resultarían de mayor aplicación. Se trata de las causales contempla-das en los numerales 6, 8 y 9 del artículo 32 del Código Penal cuyo texto establece lo siguiente:

Artículo 32-. Ausencia de responsabilidad. No habrá lugar a responsabilidad

penal cuando:

6. Se obre por la necesidad de proteger un derecho propio o ajeno contra

injusta agresión actual o inminente, siempre que la defensa sea proporcio-

nada a la agresión.


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7. Se presume legítima defensa en quien rechaza al extraño que, indebida-

mente, intente penetrar o haya penetrado a su habitación o dependencias

inmediatas.

8. Se obre bajo insuperable coacción ajena.

9. Se obre impulsado por miedo insuperable.

Se puede pensar razonablemente que estas causales o circunstancias exi-mentes de responsabilidad, dada la tipología de los delitos que con mayor fre-cuencia se cometen en contra del sector ganadero, serían las de mayor aplicación, a partir de lo cual, en caso de investigaciones penales, es necesario invocarlas y, por supuesto, demostrarlas a través de los medios probatorios adecuados.

Es innegable que a un integrante del sector ganadero, para retomar la referencia anterior, a quien le amenazan de muerte en su persona o la de sus familiares, así como con el hurto real y efectivo de sus bienes, obra movido, bien sea por insuperable coacción ajena o impulsado por un miedo insuperable y puede actuar encontrándose dentro de una o más circunstancias eximentes de responsabilidad, que lo convierten en un sujeto activo de una conducta “no responsable penalmente”, es decir, que de no darse la circunstancia eximente de responsabilidad, lo convierte en sujeto responsable ante la ley penal por el hecho punible cometido.

La tipología de los delitos cometidos en contra del sector ganadero y sus integrantes, se ha caracterizado por ser atentatoria de la vida, la libertad y bienes de estas personas.

La Corte Suprema de Justicia ha producido una jurisprudencia valiosa como fuente de interpretación, en relación con algunas de estas causales, de las que vale la pena resaltar, entre otras:

El miedo como casual excluyente de responsabilidad. La Sala, acogiendo

en este punto algunos aspectos destacados por el procurador delegado, encuentra

que para la configuración del miedo como eximente de responsabilidad es necesa-

rio que converjan los siguientes presupuestos esenciales:

La existencia de profundo estado emocional en el sujeto por temor al adve-

nimiento de un mal.

El miedo ha de ser insuperable, es decir sólo aquel que no deje al sujeto nin-

guna posibilidad de actuar como lo haría el común de los hombres.

El miedo debe ser el resultado de una situación capaz de originar en el ánimo

del procesado una situación emocional de tal intensidad que, aunque no excluye

totalmente la voluntariedad de la acción, si enerva la fuerza compulsiva necesaria

para autodeterminarse.


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El miedo debe ser producto de una serie de estímulos ciertos, graves, inmi-

nentes y no justificados. (CSJ, Cas. Penal, Sent dic 12/2002, Rad 18983. M.P Jorge

Aníbal Gómez Gallego) (…)

Queda claro, entonces, que las causales eximentes de responsabilidad o de inculpabilidad, tienen la virtud de hacer no responsable a los sujetos activos de conductas punibles que en términos normales deberían generar la imposición de penas y sanciones acordes con la ley penal, siempre que cumplan con ciertas y determinadas características, como lo señala la jurisprudencia citada.

Es indudable, a la luz de la jurisprudencia citada, que todas las condiciones señaladas por la Corte Suprema de Justicia, en el caso del sector ganadero se cumplen, pues a los ganaderos se les ha secuestrado, extorsionado, despojado de sus tierras y demás bienes, sometiéndolos por la vía del terror e infundiéndoles miedo insuperable y coacción ajena, lo que ha llevado en su calidad de víctimas a realizar ciertas y determinadas conductas, que en principio serían sancionables por la ley penal, pero que al haber sido cometidas bajo circunstancias eximentes de responsabilidad, conducen a enervar la acción penal en su contra y por el contrario, al ser víctimas de la violencia, deben ser atendidos por los organismos del Estado, en orden de restablecer sus derechos vulnerados en aplicación de la preceptiva constitucional según la cual es deber del Estado proteger la vida, honra y bienes de los ciudadanos.

Si quisiéramos ver ejemplos de otros países que aunque en circunstancias diferentes y por razones distintas han vivido la violencia, con comportamientos similares a lo que ocurre en nuestro país, podríamos ver el caso de España con la banda terrorista ETA, en el cual, era un delito pagar las extorsiones a ETA y luego las decisiones de los tribunales se fueron reorientando hasta llegar a considerar que quienes así obraban, lo hacían movidos por un “miedo insuperable”.

*Publicado en la revista Carta Fedegán N.o 102 (Septiembre-octubre de 2007)


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Mas allá de unas fotos*

El intercambio humanitario se podría convertir en un “borrón, sin nueva cuenta”, para erradicar este perverso flagelo de manera definitiva. No obstante, los paso que se han

dado para acercar al gobierno y a las FARC, sólo responden al clamor del 1.5% de las almas en cautiverio. No podemos quedarnos anclados en un acuerdo que discrimine, sin

razón, entre colombianos de primera y de segunda.

No es fácil saber si estamos cerca o no del “intercambio” humanitario. Si miramos atrás, quizá sean ciertas algunas voces de optimismo. Pero, si hurgamos en el fondo del escenario inmoral de las estadísticas de nuestros secuestrados, los que actualmente son víctimas de tan repudiable crimen, no podemos sino flaquear al ver que los esfuerzos de Chávez, Sarkozy o Piedad Córdoba, sólo responden al clamor del 1.5% de las almas postradas en la ignominia del cautiverio. En otras palabras, en el pulso político y estratégico del “canje”con las FARC, hoy sólo exis-ten 45 personas. En tanto que la inmensa mayoría, 3089 ciudadanos colombianos secuestrados, dejaron de contar para el país y para el mundo.

Mientras las FARC rompen fronteras para lograr sus encuentros con el pre-sidente venezolano, con la mira de liberar a 500 de sus militantes, presos en las cárceles de nuestro país, cientos de familias colombianas –entre ellas las de 271 ganaderos– aún abrigan la esperanza de que sus padres, hermanos o esposos, se puedan “colar” en la lista de los secuestrados de “primera categoría”. Esa que in-cluye a los políticos, los policías, los militares, Emmanuel, el hijo de Clara Rojas, los tres estadounidenses y, por supuesto, a Ingrid Betancur.

Me pregunto, cómo explicar este atropello a la sinrazón. Cómo, sin herir la sana lógica y sin convertirse en una afrenta a los demás secuestrados y sus familias, podríamos justificar que sólo un puñado fue elegido para volver al seno de sus hogares, en tanto que la sociedad decidió ignorar a los otros. Tan huma-nos, tan patriotas y tan víctimas son los unos como los otros. Si a los primeros debemos gratuidad, cuando ejercieron con nobleza su labor como políticos o por su entrega heroica en la defensa de los más altos intereses constitucionales como miembros de la fuerza pública; con los otros, los “secuestrados de segunda”, nos obliga la solidaridad por el arrojo y el valor que ellos tuvieron para generar


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riqueza, empleo y bienestar. unos y otros, son parte integral de la sociedad y sus aportes son indispensables para la vida en comunidad.

Creo que si existe una onza de honestidad y legítima sensibilidad, en cual-quier colombiano, o incluso, en cualquier ciudadano del mundo, tendremos que coincidir en que de darse una negociación, ésta se tendría que hacer extensible a todos los secuestrados sin distingo de ninguna naturaleza. Creo además, que le estamos apostando a un “acuerdo humanitario” habilitante de un nuevo escenario y no a un canje o intercambio vulgar de mercancías, sin ninguna consecuencia en la actitud de los insurgentes. Lo contrario es una visión recortada, restrictiva, que en nada contribuye a erradicar este perverso flagelo de manera definitiva.

En nuestra larga historia de violencia, el intercambio humanitario concebido de esta forma, podría convertirse en un “borrón, sin nueva cuenta”, y acabar con el turbio trato que le hemos dado al secuestro. Porque no es aceptable un crimen que viola todos los principios de la dignidad humana. No en vano, fue tipificado como un crimen de lesa humanidad desde 1998 por el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y fue reconocido, como tal, por la Corte Constitucional de Colombia. En consecuencia, dejó de ser amnistiable y se excluyó su conexidad con el delito político.

No pretendo ser un palo en la rueda, ni establecer una condición más. Parto de la premisa de que si finalmente se logró dar un paso, en la carrera por acercar al gobierno y a las FARC, no podemos quedarnos anclados en un intercambio que discrimine, sin razón, entre colombianos de primera y otros, de segunda. Como tampoco podemos dejar de pedir que el secuestro deje de ser un perverso instrumento del conflicto. Liberar a unos pocos, sería tanto como quedarnos con el pecado por seguir tratando el secuestro con indulgencia y sin el género por no haber logrado rescatar a todos nuestros compatriotas, independientemente de su condición. Aceptar un solo secuestro más como moneda de intercambio, es renunciar a la construcción de nuevas formas de respeto y del reconocimiento de los mínimos en materia de derechos humanos. Es sencillamente renunciar a construir civilidad.

* Publicado el 23 de noviembre de 2007

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C A P í T u L O I I

PObrEzA E INEquIDAD

En el año 2000 los 191 países que hacen parte de las Naciones unidas –Colombia entre ellos– firmaron un pacto por la vida, que hoy se conoce bajo el nombre de Objetivos de Desarrollo del Milenio. De acuerdo con las medidas establecidas en la declaración, el plazo para hacer realidad los ocho compromisos, de la principal agenda de desarrollo en el planeta, vence en 2015. Para entonces, el hambre y la pobreza extremas deberán ser cosa del pasado. La enseñanza primaria universal, la reducción de la mortalidad infantil, la mejora en la salud materna y la sosteni-bilidad del medio ambiente, entre otros, deberán tener un sello de garantía inde-leble, tanto en el norte como en el sur.

No obstante, a siete años de haberse realizado la Cumbre del Milenio, es preciso reconocer, que si bien los esfuerzos han sido importantes en nuestro me-dio, las asimetrías en la distribución de la riqueza y las desigualdades interregio-nales se mantienen. En especial, es latente cuando se analiza el duro contraste de las estadísticas de pobreza e indigencia, en sus desagregados campo y ciudad, que siguen y seguirán evidenciando, las enormes brechas que han generado los propios modelos de desarrollo económico.

Fenómenos que, por demás, han estado atados a la emergencia dolorosa de las dos Colombias. La urbana que ha disfrutado de las prerrogativas de un Estado prourbano y la rural, una Colombia signada por el abandono de la institucionalidad y la inversión pública y pocas oportunidades para el sec-tor primario. Sin mencionar la violencia implacable, que por cuatro décadas han sembrado los grupos armados ilegales. Son discusiones que han rondado insistentemente mis escritos, con el ánimo de llamar la atención sobre los vacíos históricos que han acompañado a millones de habitantes en nuestra periferia.

un ejemplo lo constituyen las deprimidas cifras en inversión para la for-mación bruta de capital en el sector agropecuario (FBKF). Cada vez es mayor la


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capitalización que va a los sectores industriales y menor la que destina al sector agropecuario y, sin embargo, la participación en el PIB total de los dos sectores es prácticamente igual. En 2000, recién terminó la crisis económica de 1998-1999, la distribución de la FBKF era la siguiente: por cada $100 destinados a FBKF total, $31 estaban al sector industrial y $3,5 en el agropecuario (a precios constantes de 1994). Es decir, que la proporción entre la FBKF del sector agropecuario y el industrial era de 1 a 8,4 veces. Para 2005, la situación cambió sustancialmente. Mientras el sector industrial acaparó $33,6 de la FBKF, el agropecuario sólo $2, con lo cual la proporción de la FBKF del sector industrial era prácticamente el doble frente al sector agropecuario (16,8 veces). Mientras tanto la contribución de cada uno de estos dos sectores se mantiene alrededor de 14%.

La desproporción en la distribución de la formación de capital le resta po-sibilidades al sector agropecuario para avanzar frente a los procesos de comercio exterior, y también le resta posibilidades a la paz, toda vez que la paz pasa por el campo. Con un pequeño esfuerzo de llevar inversión al campo se cambiarían las cosas, además porque el comportamiento de la inversión en el sector agropecuario frente a la participación en el PIB total es directamente proporcional.

Ronda el malestar por la calidad y costos del sistema financiero, así como por las abultadas utilidades, que sólo en la banca ascendieron en 2003 a $1,8 bi-llones; en 2004, a $2,8 billones; en 2005, a $3 billones; y en 2006, a $3.1 billones (y en todo el sistema financiero $6,4 billones). Es periodo de vacas gordas para unos pocos después de una crisis financiera, que fue conjurada con el dinero de los contribuyentes. Pero la injusta arremetida de los columnistas es, precisamente, contra los más desvalidos, contra el sector agropecuario.

Ello explica por qué no he escatimado en indicar que, en una sociedad tan inequitativa como la nuestra, la redistribución de la riqueza debe ser competencia del Estado, a través de un instrumento: la política fiscal. Si hoy estamos en el podio de la inequidad, no es porque los ricos colombianos sean más o menos ge-nerosos; es porque la política fiscal se ha plegado a sus intereses, ha sido regresiva y no ha cumplido con su finalidad redistributiva en favor de la sociedad..

Y, por supuesto, no he cejado en observar la necesidad de un mayor con-trol sobre las decisiones de política de la clase dirigente en las regiones y en la calidad del gasto público que allí se ejecuta; así como sobre la obscenidad de la extrema riqueza y sus excentricidades y las enormes contradicciones en la inversión social a nivel subnacional y la responsabilidad social y moral, que debería ser innata a cualquier ser humano, a los gobiernos y a los empresarios del plantea.

P O B R E Z A E I N E Q u I D A D

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Entre el desconocimiento y la estigmatización*

La inclusión social empieza por llevar inversión de los sectores urbanos al campo, en proyectos rentables, en promocionar la asociación de grupos de productores primarios

para utilizar economías de escala que generen actividad económica y bienestar, que es el otro nombre de la paz.

En nuestro medio hacen carrera muchas frases que, por la fuerza de su impacto o del autor que las crea, se convierten en verdades sin que ellas tengan soporte en la realidad. Y muchas de ellas esconden el desconocimiento de su autor sobre deter-minado tema o encubren su intencionalidad política. Son frases que según sea el sentido que buscan provocar, estigmatizan o ensalzan a un sector o una persona.Desafortunadamente, al sector agropecuario le ha ocurrido eso. Son frases sa-cadas de contexto que hacen olvidar por qué o qué las produjo en su situación histórica, y sobre las cuales prefiero pensar que son simplemente producto de la necesidad que tienen algunos de lustrar lo que no ilustran.

Traigo esta reflexión a colación porque observo, con gran preocupación, la arremetida sin par que columnistas están haciendo contra el sector agropecuario. Ya en una pasada oportunidad Hommes dictaba “cátedra” sobre “El misterio de los precios de la tierra” y, recientemente, otro columnista se refería a la “Con-centración agraria y paramilitarismo”, el eterno drama de la tierra, anteponiendo como tesis que “Mientras Colombia no resuelva el problema (de la concentración agraria), los conflictos sociales y armados seguirán vigentes”, advirtiendo que sus males se originan por una ganadería extensiva y anticuada en la que participan todos los grupos sociales de estratos altos, casi sin excepción, y que, por supues-to, “la ganadería es una de las formas colombianas de ocultación de capitales y evasión de impuestos”.

Desde luego que no voy a defender personas al margen de la ley, ya sea porque evaden responsabilidades tributarias o porque utilizan el poder de la inti-midación para hacerse más ricos. Tampoco voy a desconocer la contaminación del narcotráfico en las actividades pecuarias, como no lo pueden desconocer di-rigentes de otros sectores económicos. Lo que no se puede hacer en los análisis, es revolver todo y aplicar el rasero a todo el sector.


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La situación del campo no es producto de él mismo. Es producto de las fuertes asimetrías entre la ciudad y el campo. Es la sumatoria de un modelo de producción que dividió al país en “las dos Colombias”; que privilegió el desarrollo urbano en detrimento del sector rural; que protegió a otros sectores económi-cos, especialmente al industrial y al financiero y desamparó, por muchos años, al sector agropecuario; que protegió en exceso a los ricos de la ciudad hasta tal punto que no tienen en qué invertir sus abultadas ganancias; que creó marcos normativos que los hacía cada vez más ricos; que le creó condiciones mejores de educación que les permitió aprovecharse mejor de las tecnologías; que les rodeó de mejores condiciones sociales, con acceso a salud y mayores posibilidades de ingresos y, por ende, de generación de ahorro; en tanto que al campo le propor-cionó las condiciones para que en él se incubará el narcotráfico, la ilegalidad; para convertir la tierra en un depósito de valor y no en un activo productivo; que lo privó de oportunidades de infraestructura social y económica; que hizo que las oportunidades de inversión fueran cada vez menores.

Claro que tenemos una ganadería extensiva. La apertura económica de los años 90, promovida por el ministro de esa época, hizo que se ganaderizara el sector. Inundados de productos alimenticios que antes producíamos, no le quedó al empresario rural más opción que convertir sus tierras agrícolas en tierras gana-deras. El narcotráfico hizo otro tanto.

Pero, ¿se les puede denominar ganaderos a los allegados por esta última vía al sector o los que no teniendo en dónde invertir sus ganancias utilizan la tierra y el ganado como acumuladores de valor? No. El sector rural colombiano, y más concretamente el sector ganadero, vive una realidad diferente.

Fedegán, que dos veces por año aplica la vacuna contra la aftosa, ha podido constatar que la estructura predial de la producción ganadera es minifundista. El último censo (11 ciclo de 2004) nos muestra que de 491.300 predios visitados el 50% tienen menos de 10 animales; y el 82% tienen menos de 50 animales. Sólo el 3,3% tiene más de 500 animales; y el 0,3% tiene más de 1.000.

una persona que posee 10 animales no deriva de la actividad ganadera el sustento familiar. Si extrapolamos la estratificación urbana, el 50% de nuestra ga-nadería es pobre y se debate entre los estratos 1 y 2 de subsistencia, y una tercera parte alcanza a agarrarse del estrato 3, ese gran rango poblacional tiene que poner a trabajar a toda la familia para sostener su decorosa pero nada fácil forma de vida.

Además no es muy difícil imaginarse cuál será la rentabilidad anual de los pequeños fundos, máxime cuando se reconoce que son los mismos industriales y comerciantes quienes espolean al sector con altos costos de insumos.


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Que el sector ganadero tiene que ser competitivo. Definitivamente sí. Pero ello demanda por lo menos igualdad de condiciones. Ya pusimos una cuota muy elevada. En la década de los 90 cayeron los aranceles, se eliminaron los mecanis-mos de comercialización y de regulación de mercados a través de la absorción de cosechas, se eliminaron también los instrumentos de fomento a las exportaciones como el CERT, y desapareció el verdadero crédito de fomento. Hoy los benefi-cios del crédito de fomento se los están llevando los intermediarios financieros que, no solamente tienen protegida la cartera, con garantías FAG, sino que reci-ben por prestar el dinero de Fogafín una rentabilidad que supera la inflación con unos puntos adicionales.

Colombia tiene una deuda con el sector agropecuario. Allí se genera el 26% del empleo y congrega los más altos índices de pobreza y miseria. El campo requiere, como lo he venido sosteniendo, de todo. La inclusión social empieza por llevar inversión de los sectores urbanos al campo, en proyectos rentables, en promocionar la asociación de grupos de productores primarios para utilizar economías de escala que generen actividad económica y bienestar, que es el otro nombre de la paz. Mientras el sector urbano y los otros sectores económicos no miren con otros ojos al campo, éste no dejará ser escenario de violencia. La te-nencia de la tierra es un problema, pero lo es más la miopía social excluyente.

* Publicado en julio de 2006


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¿Desigualdad o ineficiencia?*

Regiones con menores recursos disponibles para inversión, presentan mayores alcances en el cierre de la brecha de la desigualdad, en tanto que otras, perpetúan una inversión social que no impacta a la población menos favorecida, aunque los montos crezcan y la proporción de habitantes a beneficiar sea infinitamente menor. Con lo cual, la carga de la pobreza y la indigencia en Colombia, parece un lastre atado a la ineficiencia política

y administrativa, decisiones de gasto erróneas, personal inadecuado y corrupción.

Si el bienestar y la reducción de la desigualdad se pudieran medir con base en las asignaciones del Gobierno central a las regiones, habría que decir que depar-tamentos como Casanare, Meta, Arauca, Córdoba, Bolívar, Cesar y Norte de Santander, entre otros, deberían hacer parte del selecto grupo que hoy registra mejores estándares en calidad de vida. Ello bajo el supuesto de que se cumplieron los efectos distributivos esperados, vía inversión social, con los ingresos prove-nientes de las regalías y del sistema general de participación (SGP).

No obstante, la verdad es diferente. Lo que tienen en común estos depar-tamentos, son las condiciones precarias para un grupo vergonzosamente alto de su población. Casanare que debería ser la entidad territorial más desarrollada, no ha podido garantizar el bienestar a sus escasas 325.000 almas. El 26% de sus hogares en el ámbito urbano mantiene necesidades básicas insatisfechas (NBI), mientras que en el rural las deficiencias ascienden al 58%. No obstante, ha recibido desde 2004 y hasta lo corrido de 2007 la suma de $1,7 billones por regalías, un per cápita de $5,2 millones. En tanto que las transferencias, para el lustro comprendido entre 2000 y 2005, llegaron a $759 millardos, un per cápita de $2,3 millones.

El Meta, para los mismos periodos de análisis, ha usufructuado $932 mi-llardos por regalías ($1,2 millones per cápita) y $1,4 billones provenientes de las transferencias ($1,8 millones per cápita) pero tiene 20% de sus hogares en el casco urbano con NBI y 44% en el “resto”. Arauca, cuya población no supera los 282.000 habitantes, con un per cápita por regalías de $2,2 millones y $1,9 millones por transferencias, posee el 31% de los hogares en la zona urbana con NBI y 65% en el rural. Chocó, el caso más doloroso, con el 82% de los hogares a nivel urbano


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con NBI y 75% en el campo alcanzó, sin embargo, un per cápita de $3,1 millones por transferencias para el lustro analizado.

En contrapartida, Bogotá, Valle, Risaralda o Quindío, exhiben mejores ín-dices de calidad de vida y no perciben un solo peso por regalías. El caso del Distrito Capital es paradigmático. Sus transferencias entre 2000 y 2005 suma-ron $6,9 billones, un per cápita de $831.000. Monto inferior a los departamentos mencionados, si se considera su densidad poblacional (7.281.000 habitantes). No obstante, registra un NBI de hogares de sólo 9,2%, una reducción de la indigencia de 14% a 4,5% y de pobreza de 46,3% a 28,5% en el mismo lustro, con un 75% de su presupuesto destinado a inversión.

El contraste hace insostenible el argumento de la inequidad en la distri-bución de los recursos y obliga a espolear con saña, en la ineficiencia, política y administrativa, que conduce a decisiones de gasto erróneas, personal inadecuado y hasta corrupción. Pues no se explica cómo las regiones con menores recursos disponibles, presentan mayores alcances en el cierre de la brecha de la desigual-dad, en tanto que otras perpetúan una inversión social que no impacta a la pobla-ción menos favorecida, aunque los montos crezcan y la proporción de habitantes a beneficiar sea infinitamente menor.

El asunto es que se han girado $8 billones por regalías, desde 2004 y casi $96 billones por transferencias de 1994 a 2005, cifras que nos deben cuestionar sobre la necesidad de un mayor control sobre las decisiones de política de la clase dirigente en las regiones y en la calidad del gasto público que allí se ejecuta, so pena de seguir cargando con la ignominia de los desequilibrios interregionales y el espeluznante drama de la muerte de nuestros niños por desnutrición.

* Publicado el 27 de mayo de 2007


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El deterioro del ingreso*

De acuerdo con el informe de Indicadores de desarrollo mundial 2006 del Banco Mundial, Colombia registró un descenso en el escalafón internacional por ingreso per

cápita, una realidad que explica la desigualdad, la reducción del ahorro y la inversión en bienes de capital. Ad portas del TLC con la Nación más importante del mundo, no es sostenible el problema de ingreso. Urge generar capacidad de ahorro, sin él no habrá inversión, industria, empleo, consumo y crecimiento y, sin consumo, no habrá economía.

El reciente pronunciamiento sobre el ingreso de los trabajadores en Colombia, realizado por el Departamento de Planeación Nacional, se limita a señalar la evo-lución de este rubro en los últimos dos años, pero no aborda la esencia del proble-ma. Y es que el ingreso de los colombianos se resiente cada vez más. una lluvia de factores permite afirmarlo, entre ellos, uno de enorme influencia en los mercados internacionales: Colombia es una Nación que, por ingreso per cápita, ha retroce-dido notablemente en el escalafón internacional del Banco Mundial.

un descenso en cinco lugares –del 118 al 123 entre 203 naciones– en sólo un año (entre 2003 y 2004) según el informe Indicadores de desarrollo mundial 2006 del Banco Mundial, pone el dedo en la llaga del ingreso y, a su vez, de la mayor desigualdad de los colombianos, lo cual requiere identificar, urgentemente, los elementos que ocasionan ese pronunciado deterioro.

De acuerdo con dicho organismo, la pérdida del ingreso ha resentido el ahorro en Colombia (pasó del 22% al 17% del PIB entre 1990 y 2004) has-ta llevarlo a niveles inferiores al promedio latinoamericano (22% del PIB). El informe explica que el detrimento se origina en la caída del consumo de los hogares (del 66% al 62% del PIB) y el aumento del gasto del Gobierno (del 9% al 20% del PIB).

Desolador panorama. Como si fuera poco, también se afectó la inversión en bienes de capital (se mantuvo en 19% del PIB entre 1990 y 2003, según el DANE) tales como: maquinaria, infraestructura y adecuación de tierras, fundamentales no sólo para que una industria alcance su óptimo ejercicio, sino para generar economías de escala que redunden en un mejor comportamiento del ingreso en el orden nacional y rural. En el caso particular del sector agropecuario, se registró


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una caída más abrupta en el rubro de construcciones agropecuarias (46%) y en bienes de capital pecuario (37%).

Pero a la par, el gasto también resulta ser de alta influencia en el ingreso. En primer lugar, figura el costo que representa la complejidad y las altas tarifas de la estructura tributaria que, dicho sea de paso, está a sólo tres lugares de la cola el escalafón mundial (172 de 175, según informe Haciendo negocios, BM, 2005). En segundo lugar, las tarifas de los servicios públicos en las que los diferentes factores, micro y macro económicos, de cada región –geografía, categoría del municipio, número de habitantes, ubicación de predios, etcétera– inciden en su crecimiento. Y, en tercer lugar, qué decir del precio de la gasolina que, por estar atada a las cotizaciones internacionales, repunta en promedio $70 cada mes.

A pesar del positivo resultado económico de 2005 (PIB del 5,1%) se deduce que un problema de esta complejidad no se resuelve en corto tiempo. En un país que está ad portas del TLC con la Nación más importante del mundo, no es sos-tenible la persistencia de su problema de ingreso. Para que una economía crezca de forma sostenible, con efecto multiplicador en el bienestar de la población y de su ingreso, debe tener buena capacidad de ahorro, sin éste no habrá inversión, industria, empleo, consumo y crecimiento y, sin consumo, no hay economía.

Es fundamental generar las sinergias necesarias que lleven a las institucio-nes, públicas y privadas, a la búsqueda del equilibrio de los factores que inciden en el ingreso, no sólo para contrarrestar su deterioro, sino para hacerlo crecer y, por qué no, superar el promedio de los países latinoamericanos. Simultáneo a esto, identificar los elementos que mantienen anclada la economía del país.

* Publicado el 15 de septiembre de 2006


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El discurso del “Chiqui”*

Los grupos de interés, instancias demonizadas por algunos analistas, son una manifestación inherente al sistema democrático, expresión del derecho a la asociación y la presión política organizada. No obstante, requieren una mayor profundización para que más sectores de la sociedad civil tomen parte en las decisiones del Gobierno y para que las políticas públicas dejen de ser formulaciones sesgadas o fruto de la intervención

de elites minoritarias, que controlan la economía desde sectores modernos y privilegiados, generalmente urbanos.

una atrevida, pero insostenible “taxonomía” sobre la figura del “ministro”, propu-so recientemente, Luis Carlos Valenzuela. Su propósito: establecer una disyuntiva en el ejercicio de los “ministros de Estado”, quienes representan al conjunto de la sociedad y los “ministros sectoriales”, cuya función, afirma, es defender los intere-ses de un sector, como paladines de gremios y sindicatos. Olvida el ex ministro de Minas y Energía, que la emergencia de los grupos de interés es una manifestación inherente al sistema democrático. Pero ignora, además, que la miopía, casi estra-bismo sobre las potencialidades sectoriales, en los hacedores de políticas y en los tomadores de decisiones del gasto, es responsable de la gran falacia sobre la cual construimos nuestro modelo de desarrollo.

En los 90 el asunto adquirió una connotación especial. un grupo de econo-mistas, consideró que era suficiente el buen desempeño de las variables macroeco-nómicas, para que una economía sana generara las condiciones –vía mercado– para activar los diferentes sectores productivos. Desde entonces, se negó la posibilidad de formular políticas sectoriales y, de su mano, afloró la percepción de la ausencia y debilidad del Estado para atajar y corregir las asimetrías del mercado.

En su lugar, hizo carrera una escuela del pensamiento neoclásico –remember el famoso Consenso de Washington– que sólo ha sido el epicentro de encendidas discusiones, ante sus fallidos e inesperados frutos, aunque sin efectos sobre los programas de acción gubernamental, pero sí en las crecientes demandas de los gremios. Esa pequeña parte de la sociedad civil que –en medio de nuestra “limita-da democracia”, pero a fin de cuentas democracia– ha tenido éxito en la presión política organizada.


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Los grupos de interés, para unos “indispensables” en “un orden económico justo y racional” –pero demonizados por otros– hablan en realidad, del derecho a la asociación en términos de David Held. De instituciones destinadas a favorecer la participación ciudadana, en palabras de Robert Dahl. O dirá, Norberto Bobbio, de decisiones concertadas con base en el principio de la mayoría. Características que fueron y serán fundamento de la democracia. Que, dicho sea de paso, requie-re mayor profundización, para que más sectores de la sociedad civil tomen parte en las decisiones del Gobierno y las políticas públicas dejen de ser formulaciones sesgadas.

Y creo que ahí está el almendrón de la confusión. un asunto es que la socie-dad civil organizada tenga derecho a participar ante los policymakers y, otra bien distinta, que un ministro sea “coptado” por una elite minoritaria, que controla la economía desde sectores modernos y privilegiados, generalmente urbanos. Dicha elite se hizo a instrumentos de poder para exprimir la economía, establecer un “capitalismo rentista” y anular de un plumazo la economía de mercado, la “mano invisible” que se supone asignaría eficientemente los recursos.

El sector lácteo, ilustra bien la discusión. La oferta de leche es de 6.000 millones de litros al año, en tanto que la demanda del canal industrial no supera los 2.900 millones. Es decir, menos del 50% de la producción. Tamaña asimetría ha impedido la formación de precios justos, pues mientras los eslabones moder-nos tienen las prerrogativas para formar el precio, delante y atrás de la cadena, los productores quedaron maniatados. Me pregunto, ¿qué podrían hacer 403.000 ganaderos, pequeños y medianos –con menos de 50 animales por unidad pro-ductiva, más del 82% de la ganadería del país– que venden 40 ó 50 litros diarios a monstruos que, como Colanta, DPA-Nestlé o Alpina, procesan más de cuatro millones de litros al día, sin políticas sectoriales y sin un gremio que represente sus intereses?

Por lo demás, me uno al justo reconocimiento por la labor del ex ministro Ernesto Mejía.



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En el campo, ¿filantropía o inversión?*

En una sociedad tan inequitativa como la nuestra, la redistribución de la riqueza debe ser competencia del Estado a través de un instrumento por excelencia: la política fiscal. Si hoy estamos en el podio de la inequidad en América, no es porque los ricos

colombianos sean más o menos generosos; es porque la política fiscal se ha plegado a sus intereses, ha sido regresiva y no ha cumplido con su finalidad redistributiva en favor de

la sociedad como un todo.

“Hace falta más filantropía, sin duda, pero el problema en el fondo es de redis-tribución y de una real solidaridad”. La afirmación del editorial de El Tiempo del pasado domingo 26 de marzo es válida, cuando contrapone el dramático informe sobre la pobreza, particularmente rural, con las ostentosas noticias sobre la rique-za de los más ricos y la generosidad de quienes ofrecen entregar un porcentaje de la suya para atacar el problema. La filantropía es hermana de la solidaridad, y realmente no creo que estén haciendo falta en este país, de miles y miles de esfuerzos, valiosos sí, pero desarticulados frente al objetivo de lucha contra la pobreza.

“El problema en el fondo es de redistribución”. ¡Claro que ese es el proble-ma! Pero la redistribución no tiene que ver con el buen corazón de las personas. No es con la ‘real solidaridad’ de unos como vamos a solucionar la extrema po-breza de otros. Ni es dejándoles esta tarea a las fuerzas del mercado, que en estas latitudes han demostrado, por el contrario, ser agentes de concentración en favor de quienes pueden duplicar sus fortunas en dos años o echarse al bolsillo $5,5 billones en uno solo.

En una sociedad tan inequitativa como la nuestra, la redistribución de la riqueza debe ser competencia del Estado a través de un instrumento por excelen-cia: la política fiscal. Si hoy estamos en el podio de la inequidad en América, no es porque los ricos colombianos sean más o menos generosos; es porque la política fiscal se ha plegado a sus intereses, ha sido regresiva y no ha cumplido con su finalidad redistributiva en favor de la sociedad como un todo.

Son varias las causas: el inmediatismo del ingreso, que la ha convertido en una colcha de retazos; la complejidad, porque la transparencia es hija de la sen-


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cillez, y es por nuestra confusa maraña tributaria por donde se cuelan habilidosa-mente los intereses de unos pocos, apadrinados por otros pocos, pues otra de las causas es el perverso contubernio entre poder económico y política.

Y como el poder económico es eminentemente urbano, la política fiscal responde a ese sesgo, que ha permeado el quehacer público, desde Lauchlin Cu-rrie hasta nuestros días. La urbanización del país como palanca del desarrollo no tenía nada de malo. Lo malo fue haberla hecho a expensas del abandono rural, lo que generó un círculo vicioso de desinversión y desinstitucionalización, pobreza y violencia.

Bienvenidos la filantropía y el voluntarismo, pero el campo no necesita que los ricos urbanos ‘le donen’ el 20% de su riqueza. Necesita que se lleven para allá esa riqueza y, sin regalarla, la pongan a trabajar –que bien saben hacerlo a juzgar por los resultados– y generen empleo, institucionalización y bienestar, que son el complemento de una política de seguridad democrática.

Es muy cómodo pensar que la inversión florecerá en el campo una vez se restablezca la paz. Es al contrario: sobre la base de la seguridad que debe proveer el Estado, la paz se construye a partir de la inversión que genera desarrollo y disminuye pobreza.

Esa es la tesis que está detrás de la propuesta de inversiones sustitutivas de impuestos, presentada al Gobierno por Fedegán para que, finalmente, una políti-ca fiscal consecuente facilite el flujo de recursos hacia el campo. Que los que más ganan, más paguen –como debe ser– y que una parte de esos impuestos pueda ser ‘remplazada’ por inversiones donde se necesitan. Es un verdadero gana-gana: gana el campo, gana el Estado, ganan los inversionistas, ganan los pobres, que dejarán de serlo, gana la paz... gana Colombia.

* Publicado en el diario El Tiempo el 4 de abril de 2006


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Los billones de la desigualdad*

Los jugosos P y G de muchos sectores pudientes de la economía nacional, como el financiero, no se conduelen con las carencias y las necesidades que exhiben otros. Mientras la banca recibió utilidades por $8 billones, entre 2003 y 2005; el sector primario, apenas fue objeto del 5% de la colocación total del crédito. Aún más, el 75% de los empréstitos comerciales, llega escasamente a 2.000 empresas o personas

naturales. Con lo cual, una inmensa mayoría, debe acudir a préstamos de usura, para satisfacer sus necesidades básicas.

Ante presuntos acuerdos para la determinación de los precios internos del ce-mento, los medios de comunicación dieron a conocer una supuesta cartelización de la industria cementera, que hizo intervenir hasta el mismo presidente uribe. Igual se afirmó, en su momento, de la industria de la cerveza, y hoy ocupa este nada honroso puesto, el sector financiero.

Y es que no es para menos. Ronda en la población gran malestar por la calidad y costos del sistema financiero para el usuario, así como por las abultadas utilidades que viene registrando, especialmente el bancario. Malestar que se ha exacerbado porque dichas utilidades no se corresponden con el desempeño gene-ral de la economía, ni con su contribución a la misma y, menos, frente a la cruda realidad social del país. En hora buena se empezó a romper el rígido marco de tasas de interés de los créditos de consumo y el hipotecario.

Las utilidades de la sola banca ascendieron en 2003 a $1,8 billones; en 2004, a $2,8 billones y, en 2005, a $3,4 billones. Claro que es el periodo de las vacas gordas para unos pocos después de una crisis financiera, que fue conjurada con el dinero de los contribuyentes.

Las gigantescas utilidades obtenidas en 2005 equivalen a más de dos veces el recaudo de impuestos aduaneros del mismo año o igual a la suma que apor-tará el Gobierno, como ajuste a la infraestructura vial de cara al TLC, para no hablar de los 12 millones de colombianos que carecen de agua potable, de las angustias de los 6,5 millones de que viven bajo la condición de indigencia y de los 22 millones en la pobreza, y del alto grado de desnutrición que estas cifras comportan. Todo es cuestión de balances: lo que unos ganan, otros lo pierden.


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Y son pocos los beneficiarios de este periodo de vacas gordas. Los tres principales grupos manejan cerca del 60% del sector financiero nacional (Ban-colombia, Grupo Aval y BBVA) y, según la revista Semana, el señor Luis Carlos Sarmiento, “el dueño de la plata”, es propietario de la tercera parte de la banca colombiana.

Pero mientras unos sufren de abundancia, otros de sed. El sector agrope-cuario, por ejemplo, escasamente recibe un 5% del crédito total, y sobre el cual la banca obtiene unos márgenes que superan de lejos la inflación, con unos recursos que ni siquiera ella misma consigue sino que son aportados por el Estado a través de Finagro. Eso se llama, por decirlo de alguna manera, tener suerte.

Pero también las tribulaciones fiscales del Estado contribuyen a esa suerte. ¿Qué culpa tiene la estaca, si llega el rojo de las finanzas y les coloca más de uS$85 billones en TES a tasas de interés que superan en más del doble la inflación?

Y qué decir de la colocación del crédito. Claro que cada negocio tiene la libertad de escoger sus clientes. Y el sector financiero se da el lujo, con fuertes y cuestionadas entidades de información financiera, de seleccionar a unos sobre otros. El 75% del crédito comercial está distribuido entre 2.000 empresas o per-sonas naturales. Es un sector al que tiene acceso menos de la cuarta parte de la población. Mientras tanto, en muchas partes del país, el crédito de usura satisface las necesidades básicas de miles de colombianos, a la módica tasa del 5% diario.

Y pensar que es con este socio financiero con quien nuestros empresarios tendrán que entrar en la dura competencia que representa el TLC.

* Publicado el 24 de marzo de 2006


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La capacidad contributiva de los predios*

Las evasivas de las autoridades locales para aplicar la Ley 101 de 1993, convirtieron en una piedra en el zapato, la forma como debe ser aplicado el avalúo catastral en los predios rurales. La consecuencia de las evasivas a dicha norma, que ha caído en ley muerta, perjudican a aquellos que sí se dedican a explotar la tierra. ¿Por qué razón?

Porque al no ser la tierra un commodity, el disfrute de una mayor riqueza no es apropiado inmediatamente por los propietarios, lo cual afecta la renta asociada a la

misma.

un elemento que por años ha generado distorsiones en la economía del sector agropecuario ha sido la forma como debe ser aplicado el avaluó catastral en los predios rurales. Si bien, hace 13 años, la Ley general de desarrollo agropecuario y pesquero (Ley 101 de 1993, artículo 9) estableció un modelo único que se debe tener en cuenta en el momento de determinar la capacidad contributiva de los predios, éste no es tenido en cuenta en el momento de generar la valorización, por parte de los municipios, con lo cual se evade el instrumento fundamental creado para propiciar el crecimiento y la sostenibilidad del sector rural.

La Ley es muy clara en ese aspecto y dice textualmente que “Cuando las normas municipales sobre el uso de la tierra no permitan aprovechamientos di-ferentes de los agropecuarios los avalúos catastrales no podrán tener en cuenta ninguna consideración distinta a la capacidad productiva y la rentabilidad de los predios”. Por tanto, en los predios identificados como rurales no es posible aplicar otra forma de establecer el avalúo. Cosa que no ha sucedido en Colombia don-de los municipios insisten en incrementar el valor de los impuestos sin tener en cuenta este aspecto fundamental.

En el país vienen sucediendo dos fenómenos paralelos: el primero es que el IGAC adelanta hace más de una década la actualización catastral (pasó de 2,2 a 2,9 millones de predios rurales identificados entre 1990 y 2005), que entre otras cosas ha permitido cerrar la brecha entre el valor comercial y el valor catastral; y el segundo es que mientras la Ley 101 excluye “factores de valorización tales como el influjo del desarrollo industrial o turístico y la expansión urbanizadora”, el valor comercial de los predios rurales, es condicionado a un problema de plus-


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valía –de valorización– o porque queda cerca de las ciudades o por la presión de economías subterráneas, que ven la tierra no como un activo productivo, sino como un ahorro para luego ganarse la plusvalía en 20 años.

Otro aspecto de igual importancia se refiere al ajuste anual del avalúo ca-tastral. El ajuste se debe realizar aplicando el índice de precios al productor agro-pecuario cuando su incremento porcentual anual resulte inferior al del índice de precios al consumidor. Situación contraria le sucede al sector ganadero ya que entre 1996 y 2004 los precios de los insumos de la ganadería se incrementaron en 192%, mientras los del ganado sólo aumentaron 124%, lo cual muestra una pérdida de ingresos en la producción bovina nacional cercana al 68%. Es de pero-grullo que si los costos de los insumos se incrementan por encima de los precios de la canasta que mide el IPC la rentabilidad se resiente, y con ella su capacidad adquisitiva, de ahorro, de capitalización y de crecimiento.

La consecuencia de las evasivas a dicha norma, que ha caído en ley muerta, perjudican a aquellos que sí se dedican a explotar la tierra. ¿Por qué razón? Porque al no ser la tierra un commodity, el disfrute de una mayor riqueza no es apropiado inmediatamente por los propietarios, lo cual afecta la renta asociada a la misma. También, porque el pequeño y mediano productor rural, el vulnerable a esta si-tuación, termina por vender su predio al no tener cómo pagar los impuestos que se asocian con la tierra. Con lo cual, lo que se está promoviendo es una contrarre-forma agraria, que es lo que el país no quiere.

Públicos y privados debemos ser parte activa en la solución a las asimetrías aquí relatadas, pero si queremos alcanzar los propósitos de insertarnos con éxito en los mercados internacionales, previo a ello hay que hacer cumplir la Ley.

* Publicado el 10 de agosto de 2006


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un mal ejemplo*

La aplicación aparentemente equivocada de la norma para liquidar la contribución catastral ha dejado secuelas de índole económica y social que han contribuido a

profundizar las desigualdades entre lo urbano y lo rural. A la postre, responde al interés de muchos alcaldes de recaudar mayores impuestos, sin tener en cuenta los efectos

perversos que ello conlleva. Uno de éstos es el de generar mayor concentración de la propiedad, pues en la medida en que dichos predios no generen suficiente rentabilidad

para pagar la carga impositiva, presiona a sus propietarios a vender las tierras.

La iniciativa del Ministerio de Agricultura de comprar tierras ociosas, en especial aquellas cuyo avalúo catastral sea inferior al comercial, resulta oportuna porque sacará a flote las distorsiones ocasionadas por la forma como se fija el avalúo catastral para los predios rurales.

Si bien la Ley general de desarrollo agropecuario y pesquero (Ley 101 de 1993, artículo 9) establece que para determinar el nivel del avalúo se debe tener en cuenta la producción y rentabilidad de los predios, en la práctica, los municipios utilizan otros parámetros basados en tarifas urbanas, como por ejemplo la valorización.

La aplicación aparentemente equivocada de la norma para liquidar la con-tribución catastral ha dejado secuelas de índole económica y social que han con-tribuido a profundizar las desigualdades entre lo urbano y lo rural.

Por una parte, no todos los predios rurales cercanos a los municipios están en condiciones geográficas para generar altos rendimientos que compensen el mayor valor cobrado catastralmente. un caso típico son los terrenos de ladera, que son utilizados en cultivos con muy baja tecnología o en ganadería de muy pequeña es-cala, que resultan insuficientes para cubrir los costos de la contribución aumentada. Además, la norma es clara en el procedimiento cuando señala que los avalúos ca-tastrales no podrán tener en cuenta ninguna consideración distinta a la capacidad productiva y la rentabilidad de los predios cuando las normas municipales sobre el uso de la tierra no permitan aprovechamientos diferentes de los agropecuarios.

En otros casos, el valor comercial de los predios rurales es condicionado por el influjo del desarrollo industrial o turístico y la expansión urbanizadora. En este evento, la misma ley es clara al excluir estos factores.


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En el fondo no se trata de una aplicación equivocada de la norma, sino que responde al interés de muchos alcaldes de recaudar mayores impuestos, sin tener en cuenta los efectos perversos que ello conlleva. uno de éstos es el de generar mayor concentración de la propiedad. En efecto, en la medida en que dichos pre-dios no generan la suficiente rentabilidad para pagar la carga impositiva, presiona a sus propietarios a vender las tierras. Existe además otro aspecto: la presión de las economías subterráneas, que ven la tierra no como un activo productivo sino como el instrumento de especulación, para ganarse una valorización. Se está, así, promoviendo, una contrarreforma agraria, que resulta opuesta a las pretensiones del desarrollo rural en Colombia.

Otro aspecto de la norma, de igual importancia, se refiere al ajuste que anualmente se aplica al avalúo catastral. Éste se debe hacer utilizando el menor de dos índices: el de precios al productor (IPP) o el de los precios al consumidor (IPC). En el caso de la ganadería bovina, ésta resulta afectada porque mientras el IPP (precio de insumos) creció en el 192%, entre 1996 y 2004, el índice de precios al consumidor (ingresos del productor) se incrementó en una proporción inferior, en 124%. Es de perogrullo que en cualquier actividad económica que suceda esto, la rentabilidad se resiente y con ella su capacidad adquisitiva, de ahorro, de inversión y de crecimiento.

Si bien se entienden las angustias fiscales de muchos municipios, la expe-riencia que nos ha dejado más de 12 reformas tributarias indica que el expediente de elevar los impuestos como vía para subsanar sus finanzas, no es el mejor ca-mino para dinamizar la economía. Se requiere, por el contrario, que cada alcalde active sus planes de desarrollo regional y cree bases productivas que les permita diversificar las fuentes de ingreso, crear empleos y mejorar los índices sociales de su municipio.



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¿Cuál “fraternité”?*

Mientras persista el interés de las potencias en imponer sus condiciones en materia de comercio mundial, se estará dinamizando el círculo vicioso de la migración de mano de obra desde las economías débiles. Es una realidad que no sólo ha contribuido a

profundizar la pobreza y la desigualdad en sus países de origen, sino además, atizar la exclusión social de los emigrantes en las economías desarrolladas. La turbulencia en el país galo refleja estos profundos desajustes sociales, no de un país, si no de la

comunidad mundial.

Si algo caracteriza a Francia es por ser la cuna de grandes cambios políticos y sociales. La Revolución Francesa, la Comuna de París y el movimiento estudiantil de Mayo del 68, impactaron al mundo. Lo que está ocurriendo hoy en Francia puede ser el germen de otro cambio en el orden mundial que desborda el marco de la globalización. Pero es precisamente dentro de ese nuevo entorno económi-co, donde está la solución con un comercio justo.

La turbulencia en el país galo –que amenaza con extenderse a otros del continente europeo–, refleja un profundo desajuste social, no de un país, si no de la comunidad mundial. La sociedad europea nunca logró cohesión social con los inmigrantes. No los acepta como ciudadanos europeos. Haber nacido en Europa pero tener origen africano, asiático o latino, no otorga a plenitud la calidad de ciudadano europeo. Para estos son ciudadanos de segunda: “sudacas”, “moros”, o “metecos”, no son precisamente términos cariñosos. Manifiestan el malestar que le produce a la población nativa la incursión de otras personas con culturas diversas y que, finalmente, se traduce en una exclusión social. La “fraternité” no es para todo el mundo.

La caracterización de las migraciones ha cambiado radicalmente. Hoy tie-nen origen en la polarización del poder económico entre países ricos y pobres. Son un termómetro de la disparidad en la distribución de la riqueza mundial. Mientras los primeros demandan mano de obra “barata” para labores simples, pagan con ese mismo parámetro, y sobre esta base producen para satisfacer su mercado y vender al exterior permitiéndoles crecer su riqueza, los países pobres tienen, por el contrario, crecimiento de su riqueza limitado, economías débiles


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que no ofrecen a sus ciudadanos oportunidades de empleo o mejora económica, o donde existen condiciones de inseguridad. Todo ello configura una presión para tomar la decisión de migrar.

Colombia es un buen ejemplo. Se estima que en los últimos cinco años, cuatro millones de personas han migrado al exterior. Esas personas generaron durante 2004 uS$3.127 millones, que equivalen al 3,2% del PIB. Son colombianos que producen riqueza a los países donde están radicados e ingresos a sus familias aquí en Colombia. Es una inversión y un capital humano que nuestro país pierde, porque muchas de las personas que migran al exterior han alcanzado algún grado de escolaridad pero realizan labores que no requieren tal grado de capacitación. De todas maneras tienen la marquilla de “latino”.

En manos de los países ricos está el cambiar esta realidad. A través del comercio mundial, de los tratados de libre comercio y de las diversas formas de intercambio de bienes y servicios, los países ricos deben implementar y cumplir políticas para que los países pobres ofrezcan a sus ciudadanos opciones reales de ocupación e ingresos. El comercio internacional debe ser un gana-gana. No de otra manera se evitarán la confrontación que ya empieza a crecer en Europa.

Mientras persista el interés de las grandes potencias por imponer sus con-diciones en el comercio mundial, de implantar subsidios a la producción de sus productos agrícolas, de impedir que los productos de los países pobres se puedan vender en esos mercados, se estará dinamizando el círculo de migración de mano de obra de países débiles, haciendo que éstos sean cada vez más pobres y atizan-do la exclusión social de los emigrantes en dichas economías. Los franceses, que han tenido una visión social del mundo más amplia, están repicando la campana de alerta social. Es el tañer de la globalización que exacerba la xenofobia y la pobreza.



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¿Por qué no crece la economía rural?*

La desproporción en la distribución de la formación de capital, le resta posibilidades al sector agropecuario. Compensar la pérdida, requiere esfuerzos en productividad y, por

supuesto, contar con una efectiva política de capitalización. No es el caso colombiano. El productor perdió su estatus como “tomador de crédito” y fue minada su capacidad para

usar las garantías reales ante el sector financiero.

Mucha gente señala que los ganaderos son unos quejumbrosos, que ganan mucha plata con la ganadería y nunca están contentos, y a fuerza de la repetición de tal sentencia se va creyendo a pie juntillas que ello es así. Sorpresa se lleva uno cuando mira las grandes cifras de la economía que muestran otra realidad: la actividad está en un proceso lánguido porque nos estamos comiendo el capital productivo. Lo grave es que levantar cabeza va a ser más difícil cada día, porque para compensar la pérdida de capital, hay que hacer mayores esfuerzos en temas como la productividad, contando con que se tenga una política gubernamental coherente con el sector. uno de los aspectos de dicha política, tiene que ver con las garantías reales que el sector financiero tiene del sector agropecuario, el cual se ha convertido en la práctica en nudo gordiano para avanzar en la capitalización del campo.

Pero veamos un poco más de cerca esas cifras de formación bruta de capital que, para no ir muy lejos, le producen a uno sonrojo el pensar que le seduce la idea de cambiar de actividad por la alta rentabilidad que ofrecen otras activida-des diferentes a las del sector agropecuario, al que nos aferramos por ese olor a boñiga del que hablara el presidente uribe hace cuatro años en el Congreso Ganadero, y que lo ancla a uno al terruño y a las vaquitas.

Resulta de perogrullo, pero todo el mundo sabe que el capital corre hacia donde existen mejores rentabilidades y alta seguridad. También sabe que ese ca-pital, que toma la forma de recursos propios, de crédito o de inversión externa al sector, es la materia prima para acrecer la maquinaria productiva en todos los sectores, que, en el caso de la ganadería son las vacas de cría y los toros reproduc-tores, y que en términos generales y simples es lo que se denomina la formación bruta de capital fijo (FBKF).


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Pues bien, por una parte, las cifras indican que cada vez la inversión en FBKF en el sector agropecuario es sustancialmente menor. En 2000, recién termi-nó la crisis económica de 1998-1999, la distribución de la FBKF era la siguiente: por cada $100 destinados a FBKF total, $31 estaban al sector industrial y $3,5 en el agropecuario (a precios constantes de 1994), es decir que la proporción entre la FBKF del sector agropecuario y el industrial era de 1 a 8,4 veces. Para 2005 –que debe ser la misma de hoy– la situación ha cambiado sustancialmente: mientras el sector industrial acapara $33,6 de la FBKF, el agropecuario sólo $2, con lo cual la proporción de la FBKF del sector industrial es prácticamente el doble de la del sector agropecuario (16,8 veces).

Paradójicamente, la contribución del sector agropecuario en el producto in-terno bruto de la economía sigue siendo alto frente al aporte del sector industrial. Mientras en 1999, el agropecuario participó con 13,7%, la industria lo hizo con 13,9%, y para 2006 fue de 12,6% y 15,3% respectivamente.

En la ganadería bovina, el valor de la FBKF, a precios constantes de 1994, era de $77.477 millones y al finalizar 2005, ésta sólo sumaba $40.330 millones. Eso significa que en el lapso de una década, la adición de vacas de cría y toros reproductores es cada vez menor, lo cual ha sido compensado parcialmente con aumentos de productividades (recuérdese que el efecto precio se neutraliza al tomar en consideración precios constantes).

Ello no sólo muestra la dirección hacia donde se dirige la inversión, sino que sugiere que este último debe ser un sector mucho más rentable y, desde luego, mucho, pero mucho más seguro, que el agropecuario. No me cabe duda que gran parte de los réditos de la seguridad democrática están yendo a parar a ese sector y no, como pensábamos de pronto con algo de ingenuidad, al sector rural. Pero también indica que la desproporción en la distribución de la formación de capital, le resta posibilidades al sector agropecuario para avanzar en su modernización y capacidad competitiva frente a los procesos de comercio exterior como con los tratados de libre comercio. Todo ello sin contar que el estancamiento de la FBKF en el sector rural toca el tema de la seguridad alimentaria.

*Publicado el 19 de octubre de 2007


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riqueza abusiva*

La acumulación de capital y generación de riqueza tienen que ir, obligatoriamente, aparejadas a una noción moral. Desde el ámbito empresarial, el compromiso debe

trascender las responsabilidades fiscales y laborales y dar cabida a la irrenunciable función social, para no caer en la inmoralidad de los excesos de la riqueza.

La extrema riqueza es, a veces, abusiva. Leona Helmsley, heredera de un imperio de bienes en New York, dejó más de uS$5.000 millones al morir, y no tuvo nin-gún reparo en heredarle a su perrita, Trouble, 12 millones de dólares y destinar 1,4 millones para la limpieza de su mausoleo cada año. Fue una noticia que pasó en los medios de comunicación como una nota curiosa, sin que su significado rompiera la barrera de lo farandulero. Indudablemente es más abusiva una socie-dad que prohija tales exabruptos y que exalta como una gran conquista y modelo a seguir, el ranking de las grandes fortunas, dejándole esas pequeñas preocupacio-nes de la pobreza y la miseria a gobiernos igualmente pobres o a conciudadanos indistintamente miserables. No puede uno evitar que le venga a la mente las de-soladoras imágenes de niños que mueren de física hambre en muchas latitudes, mientras que el tutor de la perrita se devana los sesos en cómo gastar la herencia en la perrita.

Eso no sólo significa que los valores morales se refundieron en las grandes catedrales del conocimiento –las universidades–, sino que éstos fueron reempla-zados por valores utilitaristas, representados fielmente en el programa de televi-sión de Donald Trump –El Aprendiz–, en donde lo importante es aplastar a su competidor, sin importar nada más, abriéndole a la aldea mundial ominosos focos de inequidad. Después no podemos quejarnos que El Aprendiz, convertido en magnate, tenga el mínimo sentido de solidaridad y, mucho menos, de equidad.

La acumulación de capital tiene que ir, obligatoriamente, aparejada a una noción moral. La construcción de riqueza tiene una irrenunciable función social. Ricos o pobres, personas o países, tienen derechos, claro, pero también obligacio-nes irrenunciables. Hay elementos mínimos sobre el valor moral que toda socie-dad debe tener para no caer en la inmoralidad de los excesos de la riqueza. ¿Qué justificación tiene que los ricos en los países ricos sean hoy más ricos que hace 35


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años? En Estados unidos, el principal indicador de la distribución del ingreso (el coeficiente Gini) registra el avance de la concentración al pasar de 0,39 en 1970 a 0,46 en 2005, y que un ejecutivo que ganaba 39 veces el salario promedio de un trabajador, reciba hoy mil veces más. Indudablemente, eso genera inequidad e injusticia, sin contar con la pérdida de solidaridad. Por ello no es gratuito que cada vez sean más esquivas las Metas del Milenio o los acuerdos para reducir inequidades entre países.

Pero si ese expediente muestra señales de agotamiento o de excesos, hay que acudir a formas propositivas de responsabilidad social empresarial. El empre-sario no puede hoy quedarse en el pago de impuestos y atender demandas de sus entornos sociales para mejorar ciertos factores de bienestar. Debe ir más allá. La empresa y la misma generación de riqueza infiere obligaciones que transcienden la responsabilidad de cumplir con sus obligaciones fiscales y laborales, que deben servir de “punto de apoyo” para mover las palancas del desarrollo.

La comunidad internacional debe, igualmente, limitar esas excentricidades a través de políticas más restrictivas. El capital, como factor de producción tiene la obligación inaplazable de generar mejores oportunidades de bienestar econó-mico, que no es otra cosa que todos los ciudadanos del mundo tengan un ingreso digno que les permita ser ciudadanos con plenos derechos de bienestar y no gas-tar abusivamente uS$14 millones en una mascota. El mejor termómetro para las personas no es, por tanto, el ranking de las fortunas, sino ver descender los niveles de desempleo y llevar conocimiento a más población.


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C A P í T u L O I I I

POLíTICA AGrOPECuArIA

El país no ha logrado superar el pasado modelo de desarrollo económico –in-dustrialización por sustitución de importaciones– y no ha cambiado la forma de mirar el mundo y los nuevos paradigmas comerciales que lo rigen. Mantiene instrumentos y prácticas que privilegian la acumulación de capital en sectores industriales y financieros, prebendas que se mimetizan en un conjunto de políti-cas que continúan vigentes. Entre tanto, el sector primario permanece sin mayor margen de maniobra, bajo el espectro de un Estado –que no Gobierno– antirural e indolente frente a sus necesidades.

No obstante, los fuertes cambios que se han registrado a nivel mundial con la profundización de la globalización y, con ella la interdependencia económica y política, y el incremento de la responsabilidad social y ambiental con los ciu-dadanos y los recursos del planeta, han puesto al sector agropecuario de nuevo en la palestra pública y con ello una creciente demanda por el desarrollo de una política agropecuaria, acorde con las nuevas realidades.

Nada distinto a la búsqueda de una respuesta efectiva por parte del Go-bierno nacional, para dotar al sector de los instrumentos de competitividad y la provisión de bienes públicos, que le permitan enfrentar los retos de la globaliza-ción y articularse exitosamente, en un mundo signado por la creciente liberaliza-ción comercial. Tal propósito, infiere el compromiso de impulsar la inversión y la iniciativa pública y privada, corregir las distorsiones del mercado, disminuir los costos de producción y hasta la aplicación de la legislación que contribuya a so-lucionar los “cuello de botella” de las cadenas productivas, de cara a los mercados domésticos y de exportación, entre otros.

Con el fin de ofrecer mayor claridad en la exposición de estos temas, objeto de interés de las columnas que integran este capítulo, he segmentado su presen-tación así: inversiones sustitutivas de impuestos; Plan estratégico de la ganadería colombiana 2019 PEGA; productividad, rentabilidad y sostenibilidad del hato ga-


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nadero y las políticas de silvopastoreo; consumo, cadena productiva, leche, crédi-to, sanidad, trazabilidad, comercio exterior y TLC.

Inversiones sustitutivas de impuestos. A partir de nuestra propuesta de las ISI, insistimos al Gobierno Nacional, sobre la urgencia de generar inversión pública y privada, para recuperar económica y socialmente el campo colombiano, como premisa para alcanzar la paz. Esta iniciativa se fundó sobre la base de ha-bilitar la transferencia de recursos monetarios –provenientes de la reducción del impuesto de renta– de sectores urbanos, modernos y económicamente sólidos, hacia áreas de conflicto social y bélico en el sector rural. La idea fue recogida en el nuevo régimen tributario –Capítulo X, artículo 14– y el sector confía en que su aplicación le permita al gobierno, rescatar el papel redistributivo de la política fiscal, crear una base productiva para reducir la pobreza y la exclusión y aclimatar el proceso de paz.

Plan estratégico de la ganadería colombiana 2019, PEGA. una labor que im-plicó el despliegue de importantes recursos humanos y económicos por parte de Fedegán, fue la de estructurar el PEGA. Esta carta de navegación nos dejó frente a un futuro promisorio, pero de retos acuciosos. En 12 años, esperamos tener una ganadería con 48 millones de bovinos, en 28 millones de hectáreas para 48 millones de habitantes, con altos estándares de empresarización y formalización, cohesión gremial e institucional, producción ambientalmente sostenible y un ca-pital humano mejor preparado.

El hato. Los retos planteados en el PEGA no se podrán hacer realidad, sin que el país ganadero revise sus prácticas de explotación del hato. Hace más de cua-tro décadas el país tenía un bovino por cada habitante. Hoy tiene uno por cada dos habitantes. Este menor incremento del inventario, se explica entre otras causas, por la reducción de las tasas de natalidad, el aumento del intervalo entre partos, el incremento de morbi-mortalidad y la pérdida de valor del hato bovino. Con lo cual, el cambio que se requiere, debe pasar, necesariamente, por modificar la cultura, las costumbres y estructuras de producción, para dar paso a un sistema estandarizado de “buenas prácticas”.

Silvopastoreo. De la mano con estos propósitos, también esperamos, a la vuelta de 12 años finiquitar un proyecto que se convertirá en una verdadera revo-lución en materia de productividad y recuperación ambiental del sector. De los 38 millones de hectáreas que actualmente utiliza la ganadería, 10 millones –que acusan conflicto en el uso potencial del suelo– serán transformadas en bosques o reconvertidas hacia sistemas de producción silvopastoril. Es la punta del iceberg de una gran meta de ordenamiento ambiental y ocupación pacífica del territorio,

P O L í T I C A A G R O P E C u A R I A

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que además de la rehabilitación práctica y sostenible de las tierras degradadas, busca generar productos para los mercados verdes nacionales e internacionales y ofrecer servicios ambientales regionales y globales.

Consumo. En forma paralela al interés que nos han despertado estas diná-micas, también ha sido objeto de análisis en estas columnas, los temas relaciona-dos con el consumo, en donde han jugado variables como el comportamiento inusual del ciclo ganadero, las exportaciones de ganado en pie hacia Venezuela y el alarmante sacrificio de hembras bovinas. Allí resulta fundamental favorecer el repoblamiento bovino, corregir las distorsiones del mercado, estimular la reten-ción de hembras y hasta los malos hábitos de consumo de carne fresca. En estas tareas será de enorme ayuda la consolidación de Friogán, la aplicación y regla-mentación de los dos Conpes sanitarios, una legislación realista sobre sacrificio de ganado, procesamiento, transporte y comercialización de carne, con claras competencias de vigilancia, control y capacidad sancionatoria.

Cadena productiva. No menos importantes han sido las reflexiones sobre las falencias que han inhibido la consolidación de la integración de la cadena producti-va del sector. El diagnóstico que por lo pronto manejamos, es el de unos eslabones dispersos, con fuertes asimetrías y debilidades, en donde la informalidad, la clandes-tinidad, los altos niveles de intermediación, la ausencia de economías de escala y los bajos estándares sanitarios y de calidad, son críticos en algunas áreas y, por ende, requieren ser corregidos. Los ganaderos debemos reflexionar sobre las bondades de la integración productiva y buscar beneficios conjuntos, mediante alianzas en aspectos como la adquisición de bienes y servicios, hasta la comercialización, para tener una ganadería más rentable.

Crédito. En este proceso somos conscientes que la falta de crédito ha sido uno de los principales factores, que ha sumido al sector agropecuario en el atraso. El crédito no puede continuar siendo un lastre, cuando en otras latitudes se consti-tuye en una ventaja. No debemos olvidar que la producción agropecuaria será cada vez más competida y que el mundo está demandando productos rurales orgánicos y con mejores características de producción. El crédito dirigido al sector agrope-cuario debe tener condiciones especiales para su otorgamiento, tales como una tasa de interés inferior a la comercial, que le permita compensar las condiciones de in-ferioridad a la que lo sometieron las mismas políticas públicas. A eso le apostamos en Fedegán, cuando firmamos con Finagro –en el marco del Programa financiero para el desarrollo ganadero avalado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Ru-ral– un convenio que habilitaba a los teCnig@n, para acompañar a los ganaderos en la estructuración, trámite y seguimiento de los créditos otorgados.


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Leche. En materia de producción y comercialización de la leche, justo fue reconocer, que el retorno al sistema de precios, representó un alivio para algunos de los 498.000 ganaderos del país, mientras se corrigen las imperfecciones de la cadena y se llega a un acuerdo entre productores y procesadores, que responda mejor a la agregación de valor en la que participa cada sector. Así mismo, es preciso seguir adelante en la formalización de los cruderos, los incrementos de productividad, aprovechar los mercados internacionales, continuar abasteciendo el mercado interno y la lucha contra las importaciones de leche.

Sanidad. En materia de sanidad, la ganadería colombiana ha invertido, desde 1997 y 2006, uS$179 millones para erradicar la fiebre aftosa. Gracias a ello Colombia alcanzará en 2008 la certificación libre de aftosa con vacunación para el 100% del territorio nacional. La aprobación de la zona suroccidental (Caquetá, Cauca, Cundinamarca, Huila, Nariño, Putumayo, Tolima y Valle) nos dejó con el 73% del país reconocido bajo esta categoría. Ahora, la responsabili-dad es conservar este estatus.

Trazabilidad. El proyecto para poner en funcionamiento la trazabilidad para la ganadería, avanza en la misma dirección de generar una verdadera revo-lución en materia de producción, transformación y comercialización al interior de la cadena pecuaria-bovina, pues implica el desarrollo del sistema nacional de identificación e información de ganado bovino (Sinigán), por medio del cual se busca garantizar, al consumidor final, el origen de los productos cárnicos y lácteos que lleva a su mesa. una vez entre en funcionamiento el Sinigán, el consumidor tendrá la certeza de las condiciones sanitarias de las fincas en donde ha sido criado y cebado cada animal, así como de las óptimas prácticas fitosanitarias en la planta de sacrificio y, en general, en los procesos de transformación y comer-cialización de los productos.

Pero éstas son sólo parte de las respuestas del sector frente a los efectos de la globalización, inducidos, por una parte, por nuestro tradicional intercambio comercial con Venezuela, como por las nuevas condiciones comerciales que se imponen como resultado de los tratados de libre comercio.

Para ello, debe tener en cuenta tres aspectos: primero, que producir y ven-der productos con alto valor agregado y altamente rentables, es posible si se con-jugan la genética con los más altos parámetros productivos; segundo, que no se necesita solamente fortalecer la base productiva, sino mejorar también la calidad de los productos (cortes, empaques, etcétera) y, la tercera, que hay que mantener una inquietud permanente y vigilante en la exploración de nuevas alternativas productivas y de mercados.


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Cómo construir futuro*

El objetivo fundamental de la propuesta que he denominado Inversiones sustitutivas de impuestos, es el de capitalizar el sector rural y construir futuro en el campo

colombiano. Es un paso fundamental para abonar el terreno del posconflicto, pues infiere garantizar la financiación, establecimiento y mantenimiento de proyectos productivos, llamados a reconstruir el deteriorado tejido social y a profundizar la gobernabilidad y

la civilidad en el campo colombiano.

Se empieza a hacer realidad la consigna con la que el pasado 30 septiembre evo-cáramos el Día del ganadero: “Miramos hacia atrás para honrar nuestro pasado… Miramos hacia adelante para construir nuestro futuro”, porque precisamente la propuesta de Fedegán para capitalizar al sector rural va encaminada a construir el futuro de la ruralidad colombiana. Ella se articula como uno de los ejes de la estrategia para ensamblar la economía del posconflicto, consolidando el proceso de desmovilización y reinserción.

La propuesta, que he denominado Inversiones sustitutivas de impuestos, exige que los colombianos asumamos la gerencia del proceso de paz; que abor-demos su cotidianidad para garantizar el establecimiento, mantenimiento y me-joramiento de los proyectos productivos llamados a construir gobernabilidad y civilidad.

El cumplimiento de esta condición emana del sentido común –que bien lo refleja la sabiduría popular–: “Si uno no lo hace, otros lo harán por uno”. Y en esto del proceso de paz estamos a un paso de que ello ocurra. Si no hacemos lo que nos corresponde, otros llenarán los espacios que han dejado la desmoviliza-ción y la fuerza pública. Espacios en donde se habían entronizado regímenes de convivencia y justicia impuestos por el poder intimidatorio de las armas, del co-mandante de turno; donde se cumplían, al pie de la letra, los “toque de queda”, y donde se impuso su ley tributaria. Y también donde su economía, que contaminó la economía de todos los colombianos, se apuntaló con el narcotráfico; y donde su gobernabilidad se tranzó por el mezquino poder del dinero, lo que convirtió a extensas zonas del país en territorios de alta inestabilidad social y fragilidad económica.


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Mediante la creación y desarrollo de una base productiva en zonas de con-flicto, a través de sociedades anónimas –creadas sobre la base de la reducción del impuesto de renta y complementarios–, se busca ocupar, en forma institucional, económica y social, esos espacios para reconstruir su tejido, mejorar su cohesión social; crear y distribuir riqueza y bienestar colectivo; y democratizar la propiedad rústica. Igualmente persigue capitalizar las bondades de las negociaciones comer-ciales en el sector agropecuario, promoviendo, en forma ordenada, rentable y sostenible, la reconversión de los subsectores perdedores en los tratados de libre comercio, en especial el TLC con EE. uu., hacia actividades promisorias.

Para tal propósito las inversiones sustitutivas de impuestos habilitan la parti-cipación efectiva en el proceso de paz, de los sectores económicos más rentables, para contribuir, solidariamente, a afianzar la estrategia de seguridad democrática en que se ha comprometido el Gobierno y la sociedad.

El cómo y de dónde, está en manos del Gobierno y del Congreso, pues se trata de llevar al sector rural capitalización que provendría de la reducción de tres puntos de la tasa de impuesto de renta y complementarios señalada por el Go-bierno, en proyectos de inversión que impacten la ruralidad colombiana.

Si hacemos la tarea, habremos creado civilidad y una gran reinstitucionali-zación, pública y privada, que asume responsabilidades éticas, políticas y econó-micas. No podemos negarle esta oportunidad a la población colombiana, en su tránsito hacia el posconflicto y en la construcción de su futuro.

* Publicado el 21 de octubre de 2005


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reorientación del desarrollo rural*

El país no ha superado vicios del modelo de desarrollo anterior. Mantiene prácticas que privilegian la acumulación de capital en sectores industriales y financieros, y, en muy poca proporción, en algunos segmentos agroindustriales. La propuesta de inversiones

sustitutivas de impuestos es una opción viable para avanzar en el desarrollo económico y social con equidad y justicia social, pues infiere la transferencia de recursos de sectores urbanos, modernos y económicamente sólidos, hacia áreas de conflicto social y bélico en

la ruralidad.

Todo parece indicar, a decir de sus pronunciamientos, que una de las instituciones más preocupadas por la desigualdad, la pobreza y la miseria, es el Banco Mundial (BM), aunque resulte paradójico que sea ésta quien señale que una de las raíces del problema es el fracaso de los sistemas económicos, que en su momento fueron im-pulsados por la misma. Afirma el Banco Mundial, en su informe sobre el desarrollo mundial de 2006, que “La persistencia de la aguda desigualdad se suele percibir como una señal del fracaso de los sistemas económicos en generar un desarrollo, que llegue por igual a todos los sectores, y en terminar con la pobreza”. También sostiene que la diferencia de ingresos entre países ricos y pobres coincide, a grandes rasgos, con las diferencias en las oportunidades y capacidades de sus ciudadanos.

A manera de ejemplo, el BM informa que Colombia cayó al puesto 123 del ranking mundial (203 países) durante 2004 –luego de estar en el 118 en 2003– en su ingreso per cápita, lo cual evidencia una menor riqueza generada en el país frente a otros, con una agravación en la desigualdad, especialmente en los sectores rurales.

¿Por qué el modelo aperturista, que se impuso hace cerca de 20 años, a instancias de esta misma entidad y otras multilaterales, no ha contribuido en la proporción esperada a la generación de riqueza y, a su vez, con más equidad entre los sectores productivos en Colombia? Es el interrogante que surge con la lectura de lo predicado por el BM ante el deterioro social y económico por los resultados de un modelo de desarrollo antirural y sesgado hacia lo urbano.

Si bien es cierto que el país no ha superado enclaves del modelo de desarro-llo anterior y no ha cambiado la forma de mirar el mundo y los nuevos paradig-mas comerciales que lo rigen, mantiene instrumentos y prácticas que privilegian


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la acumulación de capital en sectores industriales y financieros, y en muy pocas proporciones en algunos segmentos agroindustriales. Privilegios que se mimeti-zan en un conjunto de políticas que continúan vigentes como son las exenciones tributarias.

El sector industrial contó con unas políticas proteccionistas que impulsaron su desarrollo, mientras el agropecuario con unas políticas compensatorias mucho menores que lo relegaron a ser proveedor de materias primas para la industria y de alimentos, alejándolo de incorporar instrumentos de competitividad que son, finalmente, los que aseguran la sostenibilidad económica a largo plazo. De ahí que al introducirse el modelo de “apertura económica” y el cambio de políticas, los productos transables y de pancoger fueran los más impactados, hasta tal pun-to que el área cultivada, principalmente en cereales y oleaginosas de ciclo corto, se redujo en un lapso de siete años en cerca de un 25% (850.000 hectáreas); cerca de 200.000 personas, es decir, más de un millón de personas, quedaron desem-pleadas, lo que presionó el desplazamiento y la pobreza rural.

Con los TLC que se avizoran es necesario no seguir en lo mismo. Se habla de la necesidad de una reconversión del campo pero se evidencia la ausencia de políticas reorientadoras para el sector rural que le permitan crecer y desarrollarse.

De ahí la importancia de la propuesta de inversiones sustitutivas de impues-tos (ISI) que Fedegán le hiciera al Gobierno y al país. Ésta es una opción viable para avanzar en tres aspectos estratégicos para el desarrollo económico y social con equidad: el primero, le permite al Gobierno rescatar el papel redistributivo de la política fiscal; el segundo, las inversiones se destinarían a crear una base productiva en el campo lo cual contribuiría a reducir la pobreza y la exclusión; y el tercero, se avanzaría en el proceso de paz a través de una reinserción exitosa en zonas de conflicto. Las ISI, permitirían habilitar –a través de la creación de so-ciedades anónimas abiertas–, la transferencia de recursos monetarios de sectores urbanos, modernos y económicamente sólidos, hacia áreas de conflicto social y bélico en el sector rural.

En fin, Colombia requiere reorientar el desarrollo rural, utilizar sus poten-cialidades, crear mayor riqueza, introducir instrumentos que hagan realidad la equidad e integrar al sector rural a los florecientes procesos de globalización in-ternacional a través de los TLC. Lo demás es repetir la historia.



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La nueva agricultura*

Una estrategia que permitiría la transición de los subsectores agropecuarios que resulten afectados por las negociaciones comerciales internacionales, es la propuesta por Fedegán

sobre inversiones sustitutivas de impuestos. Con la fórmula, los contribuyentes se convertirían en accionistas de actividades productivas en el campo colombiano. La meta es crear una base de desarrollo económico en áreas de conflicto, facilitar la reinserción de desmovilizados y desplazados y hasta la reconversión de quienes decidan migrar a otros

sistema de producción, por efectos de una mayor apertura.

¿Qué hacer con los subsectores agropecuarios que resulten afectados por las ne-gociaciones comerciales internacionales? Es la pregunta que surge de la pérdida de competitividad, derivada de los procesos de desgravación inherentes a las ne-gociaciones comerciales, que ha venido emprendiendo el país. Muchos de esos impactos se concentran en algunos subsectores agropecuarios. La experiencia de la apertura de los años 90 demuestra que si no se tienen estrategias preparadas, muchos serán los conflictos y las quiebras.

De acuerdo con un estudio del Ministerio de Agricultura realizado para las actuales negociaciones con los Estados unidos (El agro colombiano frente al TLC), los efectos negativos del TLC se concentrarían en cultivos transitorios tales como arroz, maíz, sorgo, soya, fríjol y trigo. Y de hecho así sucede. Su superficie se ha reducido en 324.338 hectáreas en el último decenio y hoy llega a 1.129.000 hectá-reas. Las áreas de sorgo y arroz que se disminuyeron en 168.708 y 79.491 hectáreas, respectivamente, son ejemplos realmente impresionantes.

En buena parte, tales cultivos se encuentran actualmente ubicados en zo-nas aptas para ganadería como son los departamentos de Meta, Casanare, Huila y Tolima. Es evidente entonces que el mapa agropecuario colombiano del ma-ñana será considerablemente diferente al que hoy conocemos. Lo que se debe prever, por tanto, es cómo capitalizar las bondades de tales negociaciones y mitigar su impacto.

En el caso de cultivos permanentes promisorios como palma africana, cau-cho o maderables –que hoy tienen un área sembrada de 2,5 millones de hectá-reas–, la ganadería puede servir para complementarlos mediante esquemas sil-


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vopastoriles o la siembra de pastos de cortes, como cobertura vegetal, lo que generaría así un flujo de ingresos interesante.

una estrategia, que permitiría esa transición de la manera acelerada exigida por las tendencias de la globalización, es la propuesta por Fedegán sobre inver-siones sustitutivas de impuestos.

¿En qué consiste? Dado que el Gobierno ha planteado reducir el impuesto de renta y complementarios entre tres y cinco puntos, la idea es que los contri-buyentes tengan la oportunidad de invertir los recursos financieros equivalentes a ese porcentaje, en proyectos de desarrollo en el sector agropecuario, como capital accionario en sociedades anónimas abiertas. Simplemente podrán hacer dos cheques: uno directamente al Estado con el equivalente al 32% de la renta y complementarios, y el otro con el 3% restante para llevarlo a un fondo de inver-siones sustitutivas de impuestos –administrado por una fiduciaria–, que se crearía para tal fin.

De esta manera, se redirigirán capitales para desarrollar actividades pro-ductivas, con todos los beneficios que conlleva. Con la fórmula propuesta por Fedegán, los contribuyentes se convierten en accionistas del campo colombiano al vincularse en proyectos específicos –promovidos por el sector agropecuario y las entidades del Gobierno (Fonade-BNA)– en los que podrán participar hasta en un 30% en la estructura de capital de los mismos. El fin es crear una base de desarrollo económico en áreas de conflicto y deterioro social, recuperar el tejido social y facilitar la reinserción de desmovilizados y desplazados.

Este mecanismo de inversiones sustitutivas generaría un “gana-gana” para innumerables agentes públicos y privados. Gana el contribuyente-inversionista, que convierte su pago de impuestos en un activo rentable; las finanzas públicas, porque ampliaría el número de empresas contribuyentes; el campo porque se promueve la formalización empresarial y la modernización pero, sobre todo, la sociedad en su conjunto, no sólo por su contribución al proceso de paz, sino por lo beneficios derivados para el país. ¡Hay que vincular en esta estrategia a los subsectores agropecuarios más impactados!



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¡No es cuento!*

En dos décadas China logró sacar de la pobreza a 230 millones de personas y creó una clase media, cuya demanda es una potente locomotora del crecimiento económico. Colombia requiere implantar mecanismos para acrecentar las inversiones productivas,

como acelerador del crecimiento y desarrollo social. Las inversiones sustitutivas de impuestos, apuntan en esta dirección. Es un instrumento de política económica y social

para habilitar una vía que le permita al país subirse al tren de la globalización y atraer inversión extranjera.

Andrés Oppenheimer, en su libro Cuentos chinos, señala que este país asiático está recibiendo más inversiones extranjeras que todos los 32 países latinoameri-canos y del Caribe juntos. Incluyendo a Hong Kong, capta uS$74.000 millones al año, contra uS$56 millardos del grupo mencionado. Esto permite llegar a la conclusión de que si los países latinoamericanos no cambian su aversión a la inversión extranjera, tendrán pocas oportunidades para desarrollar y crecer económicamente. Colombia no es la excepción. Si no implanta mecanismos para acrecentar las inversiones productivas en pos de la competitividad, no sólo será desplazada sino que afrontará mayor pobreza.

Y no es cuento. Las cifras hablan solas. Mientras en los países asiáticos las inversiones extranjeras recibidas aumentaron del 45% al 60% en las últimas tres décadas, en los países latinoamericanos disminuyeron del 55% al 37%. Lo cual deja ver quiénes fueron los desplazados.

Lo interesante de la transformación china está relacionado con la conver-sión al capitalismo del partido comunista. ¿Cómo explicar que un país comunista utilice prácticas capitalistas? La respuesta de sus dirigentes es, igualmente excep-cional: lo importante es el pragmatismo... el comunismo es a largo plazo. De ahí que las reformas económicas, iniciadas en 1978, desembocaran en una carrera hacia la competitividad capitalista. He ahí, la palabra clave: competitividad.

Y es que China, con un crecimiento anual de más del 9% e inversiones por más de uS$60 millardos, logró sacar de la pobreza a cerca de 230 millones de pobres en sólo dos décadas y creó una clase media, cuya demanda es una poten-te locomotora del crecimiento económico. Se estima que para 2020 habrá 520


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millones de chinos de clase media. Las mismas proyecciones del Gobierno chino indican que para ese año el PNB será de uS$4 trillones (cuatro veces más que el actual), con un ingreso per cápita superior a uS$3.000 anuales. Esto nos hace ver que cualquier reducción de la pobreza, aquí o en China, se convierte en un fuerte acelerador del crecimiento y el desarrollo social de un país.

Incluso, los mismos chinos –señala Oppenheimer– advierten que los lati-noamericanos necesitan más reformas capitalistas, más apertura económica, más libre comercio y menos discursos seudo revolucionarios; enfatizan en el aumento de la competitividad, para reducir la pobreza, de las inversiones, para lograr un crecimiento económico a largo plazo que ofrezca oportunidades de empleo a quienes menos tienen, y en el quiebre del círculo vicioso que está evitando el despegue de América Latina.

Las inversiones sustitutivas de impuestos, propuesta por Fedegán, se en-marcan dentro de esos fundamentos. Es un instrumento de política económica y social de Estado para habilitar una vía que le permita al país subirse al tren de la globalización y atraer inversión extranjera de cara a la competitividad.

Las inversiones sustitutivas de impuestos habilitarían un mecanismo de transferencia de recursos de sectores económicamente sólidos hacia el sector ru-ral –a través de sociedades anónimas abiertas– que hoy, frente a la propuesta del Gobierno de adelantar una reforma tributaria estructural, cobra mayor impor-tancia por tres razones fundamentales: la primera, le permite rescatar el papel redistributivo de la política fiscal; la segunda, las inversiones se destinarían a crear una base productiva en el campo, lo cual contribuiría a reducir la pobreza y la exclusión; y, la tercera, se avanzaría en el proceso de paz ante una reinserción exitosa en zonas de conflicto. La estrategia utilizada por China lo demuestra. Y no es puro cuento.



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recuperar el rumbo*

La intención que se percibe en el manejo de las finanzas públicas, es la de superar los problemas de caja que se manifiesta en el denominado déficit fiscal. No obstante, los crecientes índices de desigualdad y exclusión, hacen imperiosa la necesidad de hacer

de la política fiscal un instrumento de redistribución, progresividad y equidad y que el Estado asuma esta tarea. La propuesta de inversiones sustitutivas de impuestos ofrece una alternativa en este sentido, pues busca llevar recursos a los sectores más débiles de

nuestra cadena social para construir equidad.

La urgencia muchas veces le resta espacio a lo importante. Y esto parece haber sucedido con nuestras finanzas públicas, pues se las percibe como la intención de los Gobiernos para superar problemas de caja que se manifiestan en el deno-minado déficit fiscal. Nadie discute las bondades de tener unas finanzas públicas sanas, y ésa es la regla que guía la exigencia de los organismos multilaterales a los Gobiernos, para relegar la reducción del déficit al campo de ingresos y egresos. Pero la política fiscal es mucho más que eso. La definición que traen los textos económicos, muestra que los objetivos de una política fiscal son múltiples: mode-rar los ciclos económicos, procurar elevar el nivel de ingreso nacional, redistribuir el ingreso, etcétera.

El excesivo número de reformas tributarias de corte recaudatorio señala que se han olvidado estos objetivos. Desde 1990 se han aprobado 13 reformas, prácticamente una por cada año, y eso representa, para las actividades producti-vas, tener en su cuello una espada de Democles. No se cuestiona los fines de las mismas. El planteamiento es que frente al elevado grado de inequidad en la dis-tribución de la riqueza y de oportunidades, este instrumento –la política fiscal– se ha desperdiciado. Hoy estamos en el podio de la inequidad en América y se hace necesario que esa tarea sea asumida por el Estado, como le compete.

La asunción de esta función es un imperativo porque las reformas han deja-do en la iniciativa privada la tarea de mejorar las condiciones sociales, y los resul-tados no han cumplido las expectativas y han producido detrimento de las clases menos favorecidas. Esa, por lo menos, es la lectura de los indicadores sociales registrados en la última década. La pasada reforma laboral, en donde se les redujo


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a los empresarios los costos laborales con el argumento de que así se mejoraría el nivel de empleo, es un ejemplo de esto.

Hoy estamos, igualmente, ante una propuesta de reducir el impuesto de renta para introducirle a la economía capacidad competitiva frente a otras eco-nomías, y sobre la cual representantes de los sectores empresariales y financieros se han apresurado a señalar –apoyando previamente la disminución del impuesto de renta– que el “sueño social del fin de la pobreza” se podría fraguar si el Estado asegura condiciones empresariales básicas, que permitan aprovechar los tangibles efectos multiplicadores del crecimiento sobre la generación del empleo y la re-ducción de la pobreza absoluta.

Es evidente la necesidad de hacer más eficiente, desde el punto de vista tributario, a los sectores económicos, así como también elevar las tasas efectivas de tributación que, según sea la fuente, se estiman entre 15% y 20%, es decir, eliminar exenciones y hacer de la política fiscal un instrumento de redistribución, progreso y equidad.

Y es en esa dirección en la que va encaminada la propuesta de Fedegán de inversiones sustitutivas de impuestos, porque apunta a construir la paz a partir de inversiones productivas que son las que generan desarrollo. No se trata de darle seguridad tributaria a los que ya la tienen o a los que se han beneficiado por muchos años de las exenciones. Se trata de que esos dineros sean llevados a los sectores más débiles de nuestra cadena social para construir equidad.

Las inversiones que arrojen un saldo positivo en términos sociales, también lo harán en términos económicos. Así lo indica el proceso de inversiones en China, que ha demostrado crecer con reducción de pobreza. De ahí la necesidad de que la política fiscal recupere su rumbo. La propuesta de Fedegán, contribuye a ello.



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Capital para el campo..., y solo para el campo*

La desaceleración del ya lento desarrollo del sector agropecuario le genera a media Colombia “(...) grandes preocupaciones sociales y de orden público (...)”. Grandes pero

lejanas, asociadas al resurgimiento incontrolado de la violencia en sus expresiones concretas. Pero esa recuperación no se logra con preocupaciones ni con discursos para la

tribuna, sino con dinero.

Mientras escribo estas líneas, las noticias dan cuenta del comportamiento preocu-pante del sector agropecuario. En efecto, de un crecimiento de 4,2% en 2004, el sector bajó a uno de 2,1% en 2005, y en el primer trimestre de 2006 apenas sumó 0,78%. Y según pronósticos de ANIF, el agro crecerá sólo el 0,4% durante 2006, contra un 4,4% de toda la economía. No es que la cifra de crecimiento total sea envidiable, pero la del sector agropecuario no es siquiera presentable en un país como el nuestro, de apenas mediana industrialización y crecimiento de los llama-dos sectores modernos y, por tanto, con gran potencial para rescatar su vocación agropecuaria y devolverle peso como factor de desarrollo.

No obstante, para despejar alarmas, el comentarista de turno aclara que “...cada vez el agro pesa menos en la economía del país...”, aunque reconoce que, aún así, “...el hecho de que se desacelere genera grandes preocupaciones sociales y de orden público”. Es paradójico que el comentario provenga de un sector que se concentró en la banca personal y empresarial urbana, y en el crédito urbano, olvi-dando totalmente al campo, como no sea para servir de puente fácil, sin riesgo y con gran rentabilidad, para los recursos de crédito del Estado a través de Finagro.

Y volvemos entonces al meollo del asunto. La desaceleración del ya lento desarrollo del sector agropecuario (léase, la pobreza del campo) le genera a media Colombia “(...) grandes preocupaciones sociales y de orden público (…)”. Gran-des pero lejanas, asociadas al resurgimiento incontrolado de la violencia en sus expresiones concretas, como el resurgimiento de las pescas milagrosas o volver a sufrir la zozobra del terrorismo urbano. La tragedia de El Nogal pesa todavía en los recuerdos del desmemoriado pueblo colombiano.

Al Gobierno también le asisten grandes preocupaciones sociales y de orden público, pero más próximas, porque tiene que lidiar contra la subversión, manejar


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con pinzas la desmovilización y la reinserción efectiva, neutralizar la plaga de los cultivos ilícitos y el narcotráfico, atender el drama de los desmovilizados y el no menos grave de la pobreza de quienes aún se aferran a la otrora apacible vida rural.

Los productores agropecuarios, sus gremios y los habitantes del campo en general, tenemos igualmente “...grandes preocupaciones sociales y de orden pú-blico...”, pero ya no lejanas, sino cotidianas y en carne propia. Son preocupaciones de pobreza, de subsistencia, de atraso, de escasa rentabilidad, de ausencia del Estado, de incomunicación, de mucha inseguridad todavía, a pesar de los grandes avances de la política de seguridad democrática.

El Gobierno y el país han comulgado con nosotros en afirmar que la paz de Colombia pasa necesariamente por la recuperación económica y social del campo colombiano. Pero esa recuperación no se logra con preocupaciones ni con discursos para la tribuna, sino con dinero, con mucho dinero. Así de sen-cillo. Se necesita mucha inversión pública, que aún no se ve, y se necesita ca-nalizar hacia el sector agropecuario mucha inversión privada. Definitivamente, la recuperación militar del territorio es indispensable mas no suficiente para el logro de la paz.

Este reconocimiento está en la base de la propuesta de Fedegán sobre inversiones sustitutivas de impuestos. En palabras sencillas, la idea –que no es nueva– consiste en que, durante un periodo de tiempo –tres años a lo sumo– y aprovechando la intención del Gobierno de reducir la tarifa de impuesto a la renta, quienes deban pagarlo tengan la opción de canalizar esos recursos para invertir en la creación o fortalecimiento de empresas del sector agropecuario.

La propuesta, que se explica en extenso en esta edición de Carta Fedegán, le llamó la atención al Presidente de la República, desde que se la presentamos el pasado 30 de septiembre, en el marco de la celebración del Día Nacional del Ga-nadero. También ha sido recibida con buenos ojos por el Ministro de Agricultura y por el de Hacienda, así como por importantes analistas, con el ex presidente López a la cabeza, quien, en dos ocasiones, le ha dado su franco apoyo en su columna de El Tiempo.

Pero queremos pasar de la preocupación lejana al apoyo efectivo. Queremos pasar de la simpatía a la consideración formal por parte del Gobierno y a su inclu-sión en la reforma tributaria próxima a presentarse a consideración del Congreso de la República. Haremos lo necesario para que así sea, y haremos lo necesario para que no se desvirtúe la esencia de la propuesta.


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Sólo para el agroYa el Ministro de Hacienda, en la entrevista que nos concedió, nos confesó que “(...) lo que a mí me parece incómodo de la propuesta es la particularidad sec-torial (...) Pero la idea merece toda la discusión y una traducción al ámbito de la generalidad”.

Nuestra respuesta al señor Ministro es respetuosa pero vertical. ¡No! ¡Defi-nitivamente no! La idea no se debe traducir al ámbito de la generalidad. Por una sola vez el país tiene que volver los ojos a la particularidad de su sector agrope-cuario para obrar en consecuencia.

Si para cualquier otro sector es válida la afirmación sobre el valor estratégi-co del sector agropecuario para la culminación del conflicto y el logro de la paz, entonces podemos traducir la propuesta al ámbito de la generalidad. Si la paz de Colombia pasa necesariamente, como condición indispensable, por la recu-peración del sector turístico, del financiero o del cementero, como sí se puede predicar del sector agropecuario, entonces no particularicemos.

No puede ser que la urgencia de rescatar del olvido y la pobreza al campo colombiano sea una prioridad en el discurso de todos, pero desaparezca como tal cuando empezamos a hablar de plata. Para ese momento, ya el sector agro-pecuario debe entrar a competir por los recursos, de igual a igual con los demás sectores de la economía, inclusive con los más boyantes y orgullosos de sus pin-gües utilidades. No se tuvo tanta prevención a particularizar, cuando todos los colombianos hemos tenido que aportar para rescatar al sector financiero. Si no es necesario apoyar la agricultura lícita y la ganadería para desterrar al narcotráfico, entonces no particularicemos. Si no es necesario generar empleo y oportunidades en el campo para contener el desplazamiento, entonces no particularicemos. Si vencer militarmente a la guerrilla es suficiente para el logro de la paz y el bienestar de quienes hoy están sumidos en el abandono y la pobreza, entonces no particu-laricemos.

En fin, si el desarrollo del campo no es un asunto de seguridad nacional y de alta prioridad económica frente a los plazos inminentes e improrrogables de la globalización, entonces asumamos un proyecto general para que, quien deba pagar impuesto, tenga la opción de invertir en el sector que más le convenga.Esa es otra propuesta, eso es más de lo mismo en términos de concentración y desequilibrio del desarrollo, eso es aumentar la brecha entre lo rural y lo urbano. Nuestra propuesta es clara: capital para el campo..., y sólo para el campo.

* Publicado en Carta Fedegán N.° 95 (Junio-julio 2006)


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un eje de la estrategia*

La propuesta de inversiones sustitutivas de impuestos busca desarrollar una base productiva en zonas de conflicto, a través de sociedades anónimas –creadas sobre la base de la reducción del impuesto de renta y complementarios– como un mecanismo

expedito para ocupar, en forma institucional, económica y social, los espacios donde se había entronizado el poder intimidatorio de las armas. Su fin último, es de reconstruir el tejido social, distribuir riqueza y bienestar colectivo y democratizar la propiedad rural.

“Miramos hacia atrás para honrar nuestro pasado… Miramos hacia adelante para construir nuestro futuro”, esa es la consigna de los ganaderos porque precisa-mente la propuesta de Fedegán para capitalizar al sector rural va encaminada a construir el futuro de la ruralidad colombiana. Ella se articula como uno de los ejes de la estrategia para ensamblar la economía del posconflicto, lo que consolida el proceso de desmovilización y reinserción.

La propuesta, que he denominado Inversiones sustitutivas de impuestos, exi-ge que los colombianos asumamos la gerencia del proceso de paz; que abordemos su cotidianidad para garantizar el establecimiento, mantenimiento y mejoramien-to de los proyectos productivos llamados a construir gobernabilidad y civilidad.

El cumplimiento de esta condición emana del sentido común –que bien lo refleja la sabiduría popular–: “Si uno no lo hace, otros lo harán por uno”. Y en esto del proceso de paz estamos a un paso de que ello ocurra. Si no hacemos lo que nos corresponde, otros llenarán los espacios que han dejado la desmovilización y la fuerza pública. Espacios en donde se habían entronizado regímenes de convivencia y justicia impuestos por el poder intimidatorio de las armas, del comandante de turno; donde se cumplían, al pie de la letra, los “toque de queda”, y donde se impu-so su ley tributaria. Y también donde su economía, que contaminó la economía de todos los colombianos, se apuntaló con el narcotráfico; y donde su gobernabilidad se tranzó por el mezquino poder del dinero, lo que convirtió a extensas zonas del país en territorios de alta inestabilidad social y fragilidad económica.

Mediante la creación y desarrollo de una base productiva en zonas de con-flicto, a través de sociedades anónimas –creadas sobre la base de la reducción del impuesto de renta y complementarios–, se busca ocupar, en forma institucional,


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económica y social, esos espacios para reconstruir su tejido, mejorar su cohesión social; crear y distribuir riqueza y bienestar colectivo; y democratizar la propiedad rústica. Igualmente persigue capitalizar las bondades de las negociaciones comer-ciales en el sector agropecuario, promoviendo, en forma ordenada, rentable y sostenible, la reconversión de los subsectores perdedores en los tratados de libre comercio, en especial el TLC con EE. uu., hacia actividades promisorias.

Para tal propósito las inversiones sustitutivas de impuestos habilitan la parti-cipación efectiva en el proceso de paz, de los sectores económicos más rentables, para contribuir, solidariamente, en afianzar la estrategia de seguridad democrática en que se ha comprometido el Gobierno y la sociedad.

El cómo y de dónde, está en manos del Gobierno y del Congreso, pues se trata de llevar al sector rural capitalización que provendría de la reducción de tres puntos de la tasa de impuesto de renta y complementarios señalada por el Go-bierno, en proyectos de inversión que impacten la ruralidad colombiana.

Si hacemos la tarea, habremos creado civilidad y una gran reinstitucionali-zación, pública y privada, que asume responsabilidades, éticas, políticas y econó-micas. No podemos negarle esta oportunidad a la población colombiana, en su tránsito hacia el posconflicto y en la construcción de su futuro.



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El crecimiento de la población*

Colombia necesita desarrollar el campo como instrumento para alcanzar la paz. Este propósito implica adoptar un modelo de desarrollo que permita capitalizar la ruralidad,

brindar oportunidades legales de trabajo a sus pobladores, mejorar su nivel de vida y superar la pobreza y la exclusión. El proyecto de inversiones sustitutivas de impuestos, propuesto por Fedegán, apunta en esta dirección. Se basa en aportar los cinco puntos que disminuirá el impuesto de renta y complementarios, en los próximos tres años y

destinarlos para inversiones productivas en el sector rural.

Lo anunciado por la ONu desde Vancouver (Canadá), conmovió al mundo. La población urbana mundial, que hoy es la mitad del planeta, aumentará a un ritmo dos veces la tasa de crecimiento de la población mundial hasta llegar a 5.000 millones de personas en 2030. Este incremento estará jalonado por la deserción de los habitantes de las zonas rurales dejando aún más desolados los campos y aumentando la miseria en las ciudades. ¿Pero, qué pasará en el entretanto en los campos y específicamente en el nuestro?

Hoy más de mil millones de personas viven en tugurios en las ciudades y se estima que esta cifra aumentará a 1.400 millones en 14 años. Las ciudades peque-ñas con menos de un millón de habitantes serían las que enfrentarían el mayor crecimiento poblacional.

Colombia no es ajena a esta tendencia, pero los problemas son de mayor calibre en las ciudades pequeñas –que no llegan a tener más de 50.000 poblado-res–, que componen el sector rural a pesar de no clasificarse como tales por parte del DANE.

Ya en el pasado estas poblaciones sufrieron el estancamiento económico cuando el país decidió cambiar el tren, como medio de transporte de carga e incluso de pasajeros y desarrollar el sistema de carreteras como medio de comu-nicación. En ese entonces las economías rurales se apoyaban en villas rurales y la comercialización en los ferrocarriles y en la navegabilidad de los ríos. Además, disponían de alguna infraestructura educativa importante, aunque no completa.

El grupo de compatriotas que todavía habita en el campo se encuentra su-mido en la pobreza y en la indigencia, con el agravante de que sus gentes jóvenes


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están siendo absorbidos por los grupos ilegales al margen de la ley y muchos de sus pobladores se han visto obligados a dedicarse a actividades de subsistencia, cuando no involucrados en las producciones ilegales.

Claro que tenemos problemas urbanos, y urgentes por resolver, pero los rurales, en nuestro caso particular, son aún más graves por sus condiciones y por-que, precisamente por ello, migran a los cinturones de miseria de las ciudades.

Colombia necesita desarrollar el campo como instrumento para conseguir la paz. Necesita capitalizarlo, brindarle oportunidades legales de trabajo a sus pobladores, mejorarles el nivel de vida y hacerlo sostenible. La tranquilidad que nos ha brindado hasta ahora la política de seguridad democrática, nos ha hecho olvidar la gravedad en términos sociales de lo que sigue ocurriendo en el campo. Y porque muchos en las ciudades ya se olvidaron de los ataques de la guerrilla a las fuerzas militares, de los miles de niños que hoy no tienen piernas o manos por el estallido de una mina quiebrapatas, del horror de una guerra ajena y lejana y de los altos índices de indigencia que se exhiben sin piedad.

El sector rural colombiano necesita de un modelo de desarrollo que cambie radicalmente este escenario y, precisamente, la propuesta de Fedegán sobre inver-siones sustitutivas de impuestos es un instrumento que le devolverá al campo sus dinámicas económicas. Será el banco de soluciones a los problemas económicos y sociales del sector rural y de oportunidades de negocios para los colombianos que decidan aportar la disminución de los cinco puntos de renta y complementa-rios a inversiones en el campo en los próximos tres años a partir de la reducción que el Ministerio de Hacienda va a proponer para la próxima reforma tributaria. También sería la manera de contribuir en la democratización real de la riqueza y en generar la principal vía para la paz: la productividad en lo rural.



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Para el proceso de la pospaz*

La propuesta de inversiones sustitutivas de impuestos (ISI) está llamada a favorecer la redistribución de la riqueza en el país, papel que debería cumplir la política fiscal,

entre otras, para disminuir los niveles de pobreza e indigencia, que son más latentes en el sector rural. Las ISI permiten: llevar flujos de inversión al campo, transferir cultura empresarial, contribuir a la formalización fiscal y laboral, democratizar la propiedad y

ampliar el portafolio de inversiones del mercado de capitales.

En buena hora el Gobierno ha planteado una reforma tributaria estructural, con el propósito de hacer más transparente la relación tributaria del Estado con los contribuyentes y elevar la eficiencia de la fiscalidad, con la certeza de que allí hay un filón que se está desperdiciando. Decidió enfrentar el reto de simplificar el Estatuto Tributario que se había convertido en uno de los mayores obstáculos por lo farragoso y complejo que hacía que esa relación tuviera esguinces. Esa medida se complementa con la eliminación de exenciones, cuyo fin, además de proporcionarle capacidad competitiva a nuestros empresarios frente a las condi-ciones que tienen los productores en otros países, acerca las tarifas nominales de tributación a las efectivamente recaudadas y, colateralmente, le otorga al sector privado elementos reales de estabilidad en las normas tributarias.

El propósito de la reforma estructural es el de ajustarse al escenario de in-ternacionalización de mercados e imprimirle condiciones de competitividad a la economía, y propiciar mayor inversión. Sin embargo, la reducción de las tasas de tributación de imporrenta es uno de los factores que los inversionistas tienen en cuenta para tomar su decisión, y si bien hoy Colombia disfruta de mejores condi-ciones de seguridad, aún es necesario hacer que la política fiscal cumpla un papel de redistribución de la riqueza paradisminuir los niveles de pobreza e indigencia, que son mucho más altos en el sector rural.

Y eso es precisamente lo que busca la propuesta de Fedegán sobre inver-siones sustitutivas de impuestos: capitalizar el campo con inclusión social. Las ISI permiten que los sectores modernos y urbanos participen activamente en las solu-ciones para encontrar la paz, pues los empresarios de las urbes sólo se preocupan cuando la violencia los afecta directamente.


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Pero de nada sirve lo anterior si no se mejoran las condiciones en el campo. Las ISI permiten: llevar flujos de inversión al sector rural; transferirle cultura em-presarial; formalización fiscal y laboral (responsabilidad social); democratizar la propiedad y ampliar el portafolio de inversiones del mercado de capitales.

El Gobierno ha señalado que el impuesto de renta y complementarios se reducirá a 33% (de 38,5% incluyendo la sobretasa temporal vigente hasta diciem-bre de 2006) en el primer año de la reforma y a 32% en el segundo año. La pro-puesta de Fedegán es destinar, en forma gradual, cinco puntos de esa reducción para llevarlos a proyectos de inversión que impacten la ruralidad colombiana (un punto en el primer año, dos en el segundo y dos en el tercero). Los recursos se llevarían a un fideicomiso hasta que el contribuyente-inversionista tome la decisión de invertir entre un conjunto de proyectos propuestos por productores agropecuarios.

Para alcanzar la paz, primero hay que recuperar el campo. Las ISI son la oportunidad para crear una base productiva de tal manera que miles de compa-triotas rurales que no han tenido la fortuna de ver la prosperidad en los últimos 40 años de conflicto, mejoren su calidad de vida; para proporcionar una opción a los desmovilizados de tal manera que su reinserción sea efectiva en el sistema eco-nómico y social, y rescatarlos de actividades ilegales. La propuesta de Fedegán es de tal potencial económico y social que ha recibido conceptos favorables de parte del presidente uribe, de los jefes de las diferentes bancadas políticas y del ilustre ex presidente Alfonso López Michelsen, cuyas palabras me permito hacerles eco “Las ISI son una propuesta erudita y afortunada para el proceso de la pospaz”.



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Ganadería y sociedad*

El Plan estratégico de la ganadería colombiana 2019 será oficializado por el sector en el marco del XXX Congreso nacional. Los proyectos incluidos en esta “carta de navegación”, buscan hacer de la ganadería una actividad moderna, solidaria e

incluyente, dotada de instrumentos para incursionar con éxito en los mercados globales, con recursos financieros, sanidad, trazabilidad y cohesión gremial. La meta última,

es la de erigir un sector competitivo, capaz de producir bajo los estándares de calidad exigidos por los grandes mercados.

La ganadería colombiana está empeñada en hacer del campo un escenario de paz y de desarrollo con inclusión social, a través de la generación de riqueza y de oportunidades de empleo para sus habitantes. Eliminar la violencia es frenar el fenómeno de pobreza creciente que incide en la producción, es ponerle tranca a la subsistencia que ha conducido a la explotación de tierras de baja calidad, sin condiciones tecnológicas adecuadas y sin insumos idóneos para el desarrollo de las actividades productivas.

Es darle progreso a muchos pequeños productores agropecuarios con bajos niveles de escolaridad que les dificulta el acceso a capacitación y transferencia de tecnología, que no pueden acceder a recursos de crédito y, peor aún, al no contar con asesoría para implantar esquemas empresariales, no pueden salir del túnel de la pobreza.

Son esos colombianos los afectados por la inequidad y la enorme brecha entre el sector urbano y el rural. un sector agrario caracterizado por tener 80% de pobreza y 52% de indigencia, refleja el problema de estructura y de falta de oportunidades para sus habitantes. El problema del conflicto armado no es sólo militar, es también social. La solución es superar la pobreza. Mientras no haya institucionalidad que jalone las soluciones, las malas condiciones de vida de sus habitantes seguirán siendo los cimientos en los que se apoya el narcotráfico, la delincuencia y la ilegitimidad.

La ganadería es una de las actividades características del campo. De ahí que sean los ganaderos colombianos, en su mayoría pequeños propietarios, los más afectados. El 82% de los 492.000 ganaderos tienen menos de 50 animales,


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situación que deforma el señalamiento de ser terratenientes. De las 114 millones de hectáreas que tiene Colombia, 38 están dedicadas a la ganadería y cuando se cumplan 200 años de la independencia de Colombia (2019), sólo estaremos uti-lizando 28 millones de hectáreas. Trabajamos desde ya, la fórmula 48-28-48- es decir, 48 millones de bovinos, en 28 millones de hectáreas para 48 millones de habitantes.

“Ganadería y sociedad” es el nombre y apellido de los ganaderos. una ga-nadería moderna, solidaria e incluyente, dotada de instrumentos para incursionar con éxito en los mercados globales, con recursos financieros, organización, tec-nología, sanidad, trazabilidad y con una cohesión gremial e institucional, que la hará competitiva y le permitirá obtener los estándares de calidad exigidos por los grandes mercados de consumidores de productos cárnicos y lácteos.

Estos lineamientos constituyen el eje del Plan estratégico de la ganadería co-lombiana 2019. Son además el motor de un sector al que el conflicto armado le impidió tomar el vuelo del desarrollo en los últimos 40 años; el acelerador que lo impulsará a aprovechar las oportunidades de los mercados potenciales de Asia, Europa y Estados unidos.

Esta semana, desde Cartagena, en el marco del XXX Congreso Nacional de la Ganadería, daremos con la presentación del Plan estratégico, el pregrito de independencia del sector, que iremos tonificando hasta el año 2019. Nuestra arma será el desarrollo. Tenemos azadón, tierra, clima, genética, infraestructura moder-na de sacrificio y productos cárnicos y lácteos de alta calidad para lograrlo.

Este norte de la ganadería debe ser acompañado de un plan de inversión en el agro. Así lo hicieron en Brasil, Chile y Argentina, y hoy son sobresalientes exportadores agropecuarios. La propuesta de Fedegán de destinar al campo dos puntos del impuesto nacional de renta, crearía un fondo de capitalización de $1,4 billones que se destinarían a su progreso y sostenibilidad. La responsabilidad de mejorar los parámetros sociales en nuestro sector rural es compromiso de toda la sociedad colombiana.



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“Creo en un gremio donde quepamos todos”*

El Credo, esa sustantivación de la primera persona de la acción de “creer” en latín, tan íntima y tan personal –ego credo –, fue convertida, por fuerza de la costumbre,

del lenguaje y de la religión, en el compendio de verdades reveladas en las que “se cree” con fe de carbonero, cuando se trata del credo religioso, pero también con profunda

convicción, soportada en el conocimiento y la experiencia, cuando se trata de otros credos menos espirituales.

Yo, personalmente, del extenso credo católico que aprendiera cuando niño, no logro retener sino algunas de sus verdades, quizás porque creo en ellas con mayor fuerza que en otras. Y así me pasa con lo que podría llamar el “credo ganadero”. Creo con total convicción en la recuperación del campo y del sector agropecua-rio como condición para el desarrollo y el logro de la paz en Colombia. Creo con fuerza en la importancia de la educación y el conocimiento como el factor clave de éxito –o del seguro fracaso en su ausencia– para cualquier proyecto de desarrollo.

Y frente al propósito de modernización ganadera, plasmado en el Plan es-tratégico de la ganadería colombiana 2019, creo firmemente en el fortalecimiento de la institucionalidad gremial, como el cimiento sólido sobre el cual se erige el edificio del Plan y como el factor clave de éxito para el cumplimiento de la misión institucional de Fedegán.

En otras palabras, la ganadería no se va a modernizar sola. Será la suma or-denada de las voluntades de los cerca de 500.000 productores, y no su iniciativa dispersa, lo que hará posible tan ambicioso proyecto en el plazo estrecho de algo más de una década. Son tantas las estrategias y acciones concretas incorporadas en el Plan, la gran mayoría en cabeza de los ganaderos directamente, que resultaría imposible llevarlas a buen suceso sin el liderazgo de un gremio fortalecido. Y son tantas las responsabilidades de la institucionalidad pública en el proceso, que es igualmente imposible concertarlas y exigir su cumplimiento, sin un gremio fortale-cido por lo único que lo puede fortalecer: una amplia base de afiliación efectiva.

No son los recursos los que hacen fuerte a un gremio en el propósito de alcanzar su visión del porvenir, ni es la mayor o menor prestancia social y política


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de su líder, lo que le permitirá representar y defender con eficacia sus intereses sectoriales ante la sociedad. Esa representación es la esencia misional del gremio, es su razón de ser, desde cuando nacieron en la alta Edad Media para agrupar a los miembros de un oficio, en defensa de sus intereses frente a la satrapía de los señores feudales y el poder divino de los reyes. Pero la representación sólo es posible si está respaldada por el apoyo, intangible pero real como una roca, del mayor número posible de personas que la otorgan efectivamente. Dicho sea de paso, es ése y no otro, el resorte que opera y legitima a ese gran valor supremo de la cultura occidental: la democracia.

Por eso creo en un gremio donde quepamos todos. Porque los ganaderos me honraron con la representación de sus intereses y con la conducción de sus sueños, y es mi propósito representarlos a todos y llevarlos a todos a esa gana-dería del porvenir soñado; pero por muchas otras razones, entre otras, porque Fedegán administra los recursos parafiscales aportados por todos los ganaderos, y qué bueno sería que todos participaran en su administración y encauzamiento a través de la afiliación efectiva.

Mas cuando me refiero al “gremio” no estoy pensando en Fedegán exclusi-vamente, sino en toda la institucionalidad gremial dispersa por la Colombia gana-dera, que es toda Colombia. Y cuando me refiero a la “afiliación efectiva” no estoy pensando solamente en la expedición de un carné, sino en una gran comunidad de intereses y de propósitos, en un gran número de ganaderos –ojalá todos– reci-biendo cada vez más servicios de su gremio regional, vacunando oportunamente, sentados a clase en un centro de servicios, aprendiendo sobre genética, sobre bienestar animal y buenas prácticas, sobre contabilidad y gerencia de su empresa; y aplicando lo aprendido a su diario quehacer ganadero.

Fedegán recorre el país, dos veces al año, vacunando, uno a uno, a casi todos los animales –al 95% más exactamente– y en esa correría podríamos pasar “rega-lando” el carné ganadero. Pero no es ciudadano quien porta una cédula sino quien comparte y respeta los valores y los sueños del colectivo, y quien, con su propia conducta, ayuda a construirlos. No es ganadero quien porta un carné que lo acredita como tal, sino quien cree en el sueño posible de una ganadería moderna, rentable, competitiva, responsable y solidaria; y ayuda con su esfuerzo diario a construirla, más no confinado en el aislamiento de su finca, sino en sintonía con miles y miles de ganaderos que creen en lo mismo, y lo hacen realidad bajo el liderazgo de un gremio que, sólo así, los puede agrupar y representar efectivamente.

Todos los ganaderos afiliados a sus gremios regionales y todos los gremios regionales afiliados a Fedegán: esa es una meta. Y la otra apunta a una institu-


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cionalidad regional con mayor capacidad de servicios y de ingresos, a partir de mejor dotación física y adecuadas herramientas de administración y de gestión de la información, que hacen parte del proyecto de fortalecimiento gremial de Fedegán hacia sus organizaciones afiliadas.

De la misma manera que creo en la inclusión social efectiva, a través de la edu-cación, la salud y el empleo, principalmente, como la única forma de democratizar las oportunidades y derrotar la inequidad en Colombia, creo también en la inclusión gremial efectiva, en “un gremio donde quepamos todos”, como la única manera de construir esa ganadería moderna en que estamos soñando. Ese es mi credo.

La certificación ISO de calidadLa modernización y fortalecimiento de la institucionalidad gremial, de la que me he ocupado en estas notas editoriales, no se limita solamente a la cantidad de ser-vicios que el gremio esté en capacidad de prestar a sus afiliados y a la ganadería en general, sino que pasa necesariamente por la calidad en la prestación de dichos servicios.

Y el ejemplo debe empezar por casa, motivo por el cual esta administración se impuso, como uno de sus propósitos de corto plazo, adelantar una revisión y adecuación de todos sus procesos y procedimientos, con miras a obtener para Fedegán la certificación ISO de calidad de todos ellos en varias etapas. Pues bien, hoy quiero compartir con los ganaderos de Colombia y con los lectores de Carta Fedegán, la satisfacción de haber recibido, al cierre de esta edición, la notificación oficial de la empresa certificadora Bureau Veritas, sobre el otorgamiento de la certificación ISO 9001, versión 2000, para los procesos de “Recaudo y adminis-tración de la cuota de fomento ganadero y lechero” y de “Programación, coordi-nación y gestión en la ejecución de programas nacionales de salud animal”.

Las dos representan un logro institucional, pero adicionalmente, la primera constituye prenda de garantía para los ganaderos, para el Ministerio de Agricultu-ra y para las entidades de control, sobre el manejo de los recursos parafiscales del Fondo Nacional del Ganado; mientras que la segunda se une al reconocimiento internacional y ratifica la excelencia del modelo desarrollado y ejecutado por Fe-degán, en asocio con el Ministerio y con el ICA, para el desarrollo de programas nacionales de salud animal, a partir de la exitosa gestión en la erradicación de la fiebre aftosa. Queremos hacer muchas cosas en beneficio de la ganadería colom-biana, pero sobre todo, queremos hacerlas bien.

* Publicado en Carta Fedegán N.° 97 (Octubre-noviembre de 2006)


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Congreso ganadero: “sacudiendo” la casa*

En el XXX Congreso Nacional Ganadero, el sector asumió el compromiso de llegar a 2019 con una estructura competitiva, de cara al mercado interno y a las plazas

internacionales. Los retos implican alcanzar la certificación de país libre de aftosa con vacunación, consolidar la cohesión gremial, optimizar el uso de tecnología de punta y desarrollar los sistemas de sanidad y trazabilidad. Pero este ambicioso norte de

reconversión requiere, además del concurso de los ganaderos, la participación del Estado. Urge la formulación de una política pública sectorial, tan ausente por décadas.

Los ganaderos logramos “poner una pica en Flandes” –como dirían los ibéri-cos– para apostarle a la modernización pecuaria. En el XXX Congreso Ganadero realizado en Cartagena, el sector en pleno trazó sus derroteros con una clara visión del futuro y la confianza en la gestión de Fedegán en los últimos dos años. Aunque en el corto lapso avanzamos más que en décadas pasadas en sanidad, infraestructura para sacrificio, fortalecimiento del gremio y hasta en buenas prác-ticas de producción, un nuevo y exigente norte –plasmado en el Plan estratégico de la ganadería colombiana 2019– está en marcha.

Bajo el lema de “Ganadería y sociedad”, el Congreso demostró ser el escena-rio propicio, para la construcción de disensos y consensos en temas económicos, sociales, de seguridad y orden público, en un ambiente caracterizado por el sano antagonismo y la controversia, en conjunción con la inusitada dinámica de los ne-gocios, la sugerente jornada académica y la nutrida participación de más de 1.800 personas.

Desde varios sectores –ganaderos, academia, empresarios, medios de co-municación y Gobierno– señalamos responsabilidades y asumimos compromi-sos, para hacer de la ganadería una actividad moderna, solidaria e incluyente, ambientalmente sostenible y socialmente responsable. Nada distinto a jalonar el desarrollo rural, propiciar mejores condiciones para los campesinos y luchar contra la inequidad y la pobreza. Grandes lineamientos que subyacen en el Plan estratégico, concertado con el Gobierno nacional.

En 2019, cuando se cumplirán 200 años de independencia, esperamos tener una ganadería competitiva, exportadora de carne y lácteos, libre de aftosa con va-


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cunación, cohesión gremial, tecnología de punta, sanidad y trazabilidad. Pero más allá, anhelamos los frutos de la propuesta de inversiones sustitutivas de impuestos –que reiteramos al presidente uribe– y, por ende, que el país haya logrado conso-lidar una producción sostenible en el campo, enfrentar el posconflicto y restituir el equilibrio socioeconómico rural.

Pero este ambicioso norte de reconversión requiere el concurso del Estado. urge la formulación de una política pública sectorial, tan ausente por décadas. un compromiso que esperamos catalizar con éxito ante el Gobierno, al decir del miniconsejo comunitario que desarrolló el Presidente en la Heroica y el anuncio de uno adicional, para escuchar las inquietudes de los ganaderos.

No haría justicia al éxito del Congreso, si no mencionara el tema central que nos concitó: analizar la percepción que tiene el país “no ganadero” sobre la actividad y sus productores. Imaginarios colectivos que no compartimos, empero, demandaban una discusión sana, en momentos en que asistimos al episodio más doloroso del país: la reconstrucción de la memoria de 40 años de conflicto. Son posturas que los hechos desmienten. Somos un sector de pequeños y medianos ganaderos, cuya actuación en el conflicto –como la de tantos otros sectores de la sociedad rural– no se puede sacar de su contexto histórico o manosear al fragor de un hipócrita debate público, más aún porque los ganaderos hemos sido vícti-mas de la guerra que se ha librado en el campo.

Hoy somos conscientes de que el porvenir es un sueño irresponsable, si no está lleno de contenidos. Nuestro porvenir está cargado de acciones: lograr la empresarización y formalización de los ganaderos, impulsar el silvopastoreo con el apoyo de la Corporación Cipav y el Banco Mundial –con una inversión por uS$67,5 millones– y formar capital humano con apoyo del SENA y el Ministe-rio de Educación –para erradicar el analfabetismo en el sector y crear el primer centro de formación superior ganadero–. Son propuestas adicionales, que hablan del compromiso de cambio que asumieron los ganaderos. un “acuerdo sobre lo fundamental”, en términos de Álvaro Gómez Hurtado.

* Publicado el 11 de diciembre de 2006


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Péguese al PEGA*

El país se asoma a un escenario de competitividad sin cortapisas, que infiere la búsqueda acuciosa de la modernización y la reconversión. Serán factores claves para la supervivencia y la conservación, incluso, de nuestro propio mercado. El PEGA 2019

contiene las directrices, las consignas y las rutas que deben seguir los ganaderos en materia de empresarización y productividad, para alcanzar la competitividad en precio y calidad, consolidar la integración de las cadenas productivas y ajustar los mecanismos

de sanidad e inocuidad.

Los recursos por $1 billón que el Gobierno destinará a inversiones en el sector agropecuario se constituyen en una oportunidad extraordinaria para que este sec-tor se modernice y se ponga a tono con las condiciones de competitividad que emana una globalización en constante evolución. una gran parte de ese dinero (cerca de $500.000 millones), será desembolsada, mediante el programa Agro in-greso seguro, vía crédito para inversiones en infraestructura, compra de maquina-ria y equipos en condiciones preferenciales nunca vistas en el país (DTF -2% y 15 años de plazo con tres de gracia).

Esta opción, desde luego, la tienen también los ganaderos. Pero no basta que exista el instrumento sino el interés por hacerlo. La inacción y la indiferencia pueden convertir las mejores oportunidades que tiene ahora Colombia para la producción bovina, en las peores amenazas del futuro. Si trajéramos a “tiempo presente” el año 2019, que es hacia donde apunta el Plan estratégico de la ganadería colombiana 2019 (PEGA), las condiciones de competitividad que hoy tenemos no permitirían acceder a los principales mercados internacionales (Estados unidos, unión Europea, China y Japón). Perderíamos nichos de negocios importantes y presenciaríamos, pasivamente, el fortalecimiento de las ventajas competitivas de nuestros vecinos en Mercosur. De paso se resquebrajaría la actividad bovina al recibir carne y leche, de excelente calidad y precio, procedente de los diversos mercados extranjeros.

El PEGA 2019 es la consigna hacia la acción, es la ruta que deben seguir los ganaderos en los diferentes factores del negocio: en la empresarización y la productividad para alcanzar la competitividad en precio y calidad; en la inserción


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entre las cadenas productivas y en los ajustes en sanidad e inocuidad. También en aspectos del fomento al consumo; la inferencia de la institucionalidad pública y privada y cómo llegar al modelo exportador (diferenciación de productos).

El PEGA debe ser acogido en todas las regiones del país. Su propósito es el de avanzar en la construcción de una ganadería moderna y solidaria, porque “Los ganaderos de Colombia queremos ser empresarios. Vamos a modernizar la gana-dería colombiana, porque necesitamos trascender de un negocio tradicional a una verdadera industria rentable, sostenible y próspera con responsabilidad social”.

Hasta 2019 se darán grandes desarrollos en los mercados mundiales y lo prudente es blindarnos de las competencias que se generarán. En 2019, sin duda alguna, el país habrá encontrado el sendero de la paz, el desarrollo y el bienestar y, en este escenario, los ganaderos, tenemos un papel fundamental económica y socialmente hablando. El parte de victoria será: un bovino por habitante, 48 mi-llones de cabezas en 28 millones de hectáreas para 48 millones de habitantes (48-28-48) y niveles de productividad y competitividad que garantizarán una posición sólida e indiscutible en el mercado nacional de carne y leche y una ubicación de privilegio entre los 10 líderes mundiales del sector.

Para ese entonces, estarán culminando los procesos de desgravación progre-siva de los TLC negociados con Mercosur y Estados unidos, además de los que se suscriban durante estos años, dentro de la política de internacionalización de la economía colombiana.

El país se asoma a un escenario de competitividad sin cortapisas, en el que la modernización y la reconversión serán un asunto de supervivencia para conservar nuestro propio mercado. El advenimiento de millones de nuevos demandantes de alimentos procedentes del crecimiento natural de la población mundial; el creci-miento económico de China y de India; la recomposición agropecuaria encausa-da por los biocombustibles que llevarán a un uso más eficiente de los suelos de los países del trópico, argumentan esta tesis. Necesitamos que el PEGA, pegue.

* Publicado el 4 de febrero de 2007


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La excelencia ganadera*

El acelerado crecimiento de la población mundial y el aumento de la demanda de alimentos terminarán por modificar el mapa de la producción ganadera mundial. Para 2010, el 80% de los rumiantes será criado en los países en desarrollo, en particular, en los tropicales como Colombia. Entre las tareas que deberá acometer el sector, de acuerdo con el PEGA, está la búsqueda de la “excelencia ganadera”, un concepto que comprende una serie de variables económicas, productivas y ambientales, que le permitirán al país

posicionarse con éxito en ese escenario.

Las señales del mundo son para tenerlas en cuenta y aprovechar los nichos de ne-gocios que se van creando. La población mundial crecerá a razón de 34 millones de personas por año, el auge económico de China e India mejorará el poder de compra de 500 millones de personas que saldrán de la pobreza, y la producción rural se volcará hacia la producción de alimentos orgánicos y hacia los cultivos orientados a la producción de biocombustibles.

Señales que reclaman gestión para enfrentar los nuevos desafíos, pues habrá más personas en el planeta que demandarán, a su vez, más alimentos y de mejor calidad. Los mercados tendrán una mayor dinámica y la oferta de bienes deberá reaccionar en la misma dirección.

La disyuntiva será: ¿cuánta agricultura se desplazará a la producción de energía? y ¿cuánta se mantendrá produciendo alimentos? Y de esta última: ¿cuán-ta irá a la dieta humana?

un cultivador americano se tendrá que preguntar si el saco de maíz que acaba de producir se convertirá en energía, en cornflakes o en torta para engordar animales. Y, en este último caso, los bovinos, por ser malos convertidores de biomasa, irán, progresivamente, perdiendo espacio frente a cerdos o aves que son monogástricos y más eficientes convertidores.

Los parámetros económicos mandan. Estados unidos sacrifica al año más de 38 millones de reses, de las cuales, el 80% se engordan en feedlots o estabulación, a base de tortas. En los próximos años, cada vez menos bovinos, cerdos y aves podrán disponer de esa dieta por sus elevados costos, con lo que se abren espacios competiti-vos para ganaderías que engordan a base de pasturas, como es el caso de Colombia.


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Esto modificará el mapa de la ganadería mundial. Se estima que, para el año 2010, el 80% de los rumiantes será criado en los países en desarrollo, y se concentrarán, aún más, en los países tropicales, a lado y lado de la línea ecuatorial, por una ventaja comparativa, muy sencilla, y que nunca hemos apreciado en su inmenso valor: la luminosidad, lo cual se traduce en producción permanente de pasturas.

Esto no es futurismo. Es algo que ya está sucediendo. No podemos ignorar la reconversión de muchas tierras hacia cultivos industriales de caña, yuca y re-molacha, para suplir la materia prima de los biocombustibles.

Los escenarios para ColombiaPero no sólo el escenario internacional requerirá de mayor oferta de alimentos y materia prima para producir biocombustibles. Igual sucederá en el plano nacional.

Debemos tener presente que el compromiso de los colombianos es reducir la pobreza del actual 49,2% al 39% de la población total al final de 2010, lo que significa una demanda adicional de 3,5 millones de personas con mayor capaci-dad de compra.

La disminución de la pobreza a partir de la distribución de los frutos del de-sarrollo es un “disparador” del crecimiento (ver libro Posconflicto y desarrollo). Para el caso de la ganadería colombiana, 3,5 millones de personas, consumiendo carne y leche en forma permanente, representa un reto y un factor importante para el desarrollo ganadero de corto plazo.

Y aquí tenemos una ventaja. A pesar de la normal estacionalidad climática, nuestra tierra produce durante todo el año, y todo el año es favorecida por la mu-tación prodigiosa de la fotosíntesis para la producción de biomasa. Aquí, donde nosotros estamos, la tierra no descansa cuatro o seis meses al año. No podemos ser ciegos a semejante regalo de la naturaleza.

PEGA 2019 Así pues, existirán millones de personas más consumiendo carne y leche, y la ganadería colombiana tiene cómo responder a esa demanda. Tenemos la tierra, las condiciones agrológicas y, sobre todo, un norte definido para hacerlo. Hoy contamos con el Plan estratégico de la ganadería colombiana 2019 (PEGA 2019), cuyo objeto es promover una transformación de nuestra ganadería.

Con el PEGA 2019 incrementaremos el hato bovino de 24 millones de ca-bezas (2006) a 48 millones en 2019; el sacrificio pasará de 3,5 millones de cabezas


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al año a 9,6 millones. En leche, pasaremos de una producción anual de 6.024 millones de litros a una de 9.000 millones. De esta forma nuestro objetivo es pasar de un consumo anual de 19,6 a 30 kilos de carne por habitante, y de 142 litros a 163 litros de leche. Esto, a su vez, se verá reflejado en un mayor dinamismo de comercio exterior ganadero ya que la perspectiva es que en el año 2019 estaremos exportando 50.000 toneladas de carne con alto valor agregado, 400.000 toneladas de carne estandarizada de excelente calidad y el equivalente a 1.254 millones de litros de leche.

Ya estamos haciendo la tarea. Entre muchas acciones desarrolladas cabe destacar las giras técnicas. Fedegán lideró, en 2006, dos giras técnicas ganaderas: una, en el Eje Cafetero y, otra, en Córdoba, en las que promovió la transferencia de conocimiento entre 800 ganaderos que, con información de primera mano, tu-vieron la oportunidad de conocer los modelos de productividad exitosos de estas dos regiones del país. Las giras han demostrado ser el medio eficaz para que los ganaderos conozcan los componentes más importantes a tener en cuenta en una producción moderna lo cual les permitirá alcanzar mayores niveles de producti-vidad, sostenibilidad y rentabilidad.

Así por ejemplo, en la finca El Tejar, ubicada en el municipio de Pereira, que tiene 14 hectáreas de pasto divididas en 52 potreros y 70 vacas, ha logrado una capacidad de cinco vacas por hectárea. Otros buenos resultados se observan en la hacienda Hato Viejo (a 16 km de Pereira), especializada en la cría de raza criolla, particularmente del Blanco Orejinegro; en la hacienda Nápoles (municipio de Montenegro en Quindío) caracterizada por las buenas prácticas forestales y am-bientales, y en la hacienda El Arco (municipio de Tebaida) que de ser una finca cafetera pasó a ser una de ganadería intensiva en pastoreo.

Y qué decir de la gira en Córdoba, región caracterizada por la alta produc-tividad ganadera. En genética está el ejemplo de las haciendas Francia y Lusita-nia, ubicadas en Montería, y cuyo manejo ecológico con suelos 100% naturales –sin ureas, ni gallinaza, ni fumigaciones–, junto con la buena calidad de pastos, de sales y de agua, le permiten tener una productividad de 700 gramos al día por animal. Además es propietaria del único brahman rojo medalla de oro en Colombia. Otro caso es el de la hacienda Villa Alinita, que ingresa a su hato animales de 258 kilogramos y en 217 días, gracias a una buena alimentación obtiene ganancias de peso que los lleva a 429 kilogramos, es decir, a razón de 788 gramos/animal/día.

Otro ejemplo de destacar es el de la finca Pajares (ubicada en el municipio de La Dorada, Caldas) que bajo el sistema de confinamiento levanta 205 cabezas


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de bovinos en un espacio que se constituye en el 0,6% de las 30,7 hectáreas donde el restante 99,4% lo dedica al cultivo de pastos y forrajes. Esta finca maneja 1.300 gramos de ganancia en peso en solo 4,5 meses, es decir, ingresa animales con 300 kilos y los ceba hasta los 470 kilos.

Pudiera mencionar muchos más ejemplos dignos de conocer en Colombia en los que la excelencia de las prácticas ganaderas se traduce en una mejor pro-ductividad. En todas ellas, el elemento fundamental es la sostenibilidad económi-ca y social.

reconciliación con la naturalezaNuestra meta también es reconciliarnos con la naturaleza. La ganadería recon-vertirá 10 millones de hectáreas utilizadas en ganadería para destinarlas a la pro-ducción de especies maderables, otros usos forestales y plantaciones forrajeras. Árboles y praderas, es una combinación que tiene todos los beneficios. Preserva la naturaleza, genera ingresos por la explotación maderera y oxigena los potreros, además de convertirse en una línea adicional de negocio para el ganadero.

Con Fedegán estamos desarrollando con la Corporación Cipav, proyectos pilotos silvopastoriles. Son modelos para diferentes pisos térmicos y regiones del país. Igualmente lidera un convenio de cooperación con el Fondo Global Inter-nacional (GEF) y el Banco Mundial, por un total de uS$67,5 millones, el cual es el germen de una verdadera revolución de productividad ganadera y de recupe-ración ambiental.

El mejoramiento del medio ambiente es recompensado con bonos de desa-rrollo limpio (MDL) que se podrán negociar en los mercados internacionales y generan ingresos para el sector ganadero.

Transmitir conocimiento de los mejoresuno de los objetivos del PEGA es la búsqueda de la excelencia ganadera, enten-dida como el resultado de la eficiencia en la producción bovina, la sostenibilidad ambiental, la aplicación de buenas prácticas tanto ganaderas como en los aspec-tos de responsabilidad social.

Fedegán, en su camino por modernizar la ganadería colombiana, persigue el fomento de la investigación. De ahí la creación del Premio Nacional de la Ga-nadería, en tres modalidades: investigación en ciencia y tecnología, investigación en economía ganadera y excelencia ganadera.

En esta última modalidad, su objetivo es entregar una distinción a las fin-cas o empresas ganaderas que hayan puesto en marcha modelos productivos


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eficientes y sostenibles y que se puedan constituir en punto de referencia para la comunidad ganadera. Las empresas dedicadas al doble propósito, a la cría, a la lechería especializada y a la ceba, tienen la oportunidad perfecta para mostrar sus esquemas productivos.

El promedio nacional de natalidad bovina actualmente es de 53%, lo que indica que aquellas empresas ganaderas afortunadas por registrar una natalidad por encima del 70%, es decir, que por cada 100 vacas se obtiene 70 terneros al año, son las ideales para aportar y transferir su conocimiento.

Respecto a la mortalidad, que hoy es alta en terneros, llegando a 6,13% en crías, el concurso del Premio a la Excelencia Ganadera, permitirá conocer los méto-dos que conduzcan a ajustar a la baja este indicador –en terneros por debajo del 3% y en adultos que no llegue al 1%– y darle sostenibilidad al crecimiento del hato.

En cuanto a la producción de leche, el promedio nacional para el doble propósito actualmente es de 931 litros/vaca/año y en lecherías especializadas es de 3.008 litros/vaca/año, por tanto, aquellas empresas que tengan la fortuna de registrar producciones entre 3.100 y 4.500 litros/vaca/año, serán aquellas que se acerquen a la excelencia.

En lo productivo, las empresas dedicadas a la cría y que tengan terneros destetos por encima de 140 kilos para hembras y 160 kilos para machos, darían un aporte invaluable a la transformación de esta modalidad en el país.

Y otro factor de eficiencia es la capacidad de carga, es decir, el aporte de las pasturas y los forrajes en la producción ganadera. El promedio nacional es de 2,5 uGG/ha, los hatos que muestren un mejor índice, serán ejemplos a seguir entre los 492.000 ganaderos que componen la actividad pecuaria bovina en Colombia.

La excelencia ganadera será la base para que la ganadería crezca y se con-vierta en uno de los sectores de la economía más florecientes en los próximos años. El reto es ser el renglón que contribuya a recuperar la riqueza del campo y mejorar la situación social de sus habitantes. El 2019, es un reto en el que todos los productores agropecuarios tenemos oportunidades, no las dejemos pasar.

La modalidad de investigación en ciencia y tecnología, tiene por objeto, dis-tinguir los mejores e innovadores trabajos, de tal manera que ese saber fluya entre los ganaderos; y, finalmente, está la modalidad de investigaciones en economía ganadera, cuyo objeto es estimular la investigación del sector bovino entre los es-tudiantes de pregrado, postgrado y centros de investigación. Se trata de, así como se alineó la agenda pública con la privada para conseguir las metas planteadas en el PEGA, de alinear las agendas de investigación de las entidades que producen el conocimiento.


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Con este conjunto de estrategias, enumeradas muy rápidamente, queremos encaminar al sector hacia la empresarización y posicionarlo como uno de los ren-glones líderes en construcción de desarrollo y bienestar. La tarea está por hacer y mi invitación es difundir el PEGA, porque ese es un derrotero que marca un norte muy claro y definido.

* Publicado en abril de 2007


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Mejorar la natalidad*

El Plan estratégico de la ganadería colombiana 2019 ha propuesto alcanzar para ese año, una tasa de natalidad del 70% para el hato nacional. Para ello se requiere

profundizar la modernización tecnológica, planear los costos y mejorar los ingresos de las explotaciones ganaderas. En esta visión necesitamos que los ganaderos hagan honor a su gallardía con una mayor disciplina, actitud de cambio y disposición para sumir

retos. Igual de importante es el dinamismo de las instituciones públicas.

Los países desarrollados en ganadería han logrado tasas de natalidad bovina cer-canas al 80%. Ese indicador da muestra de la eficiencia reproductiva de su ga-nadería y, dicho sea de paso, de su rentabilidad. Es sinónimo de organización, bienestar animal y buenas prácticas ganaderas. Llegar a ese índice es algo así como el ISO en una organización productora de bienes o de servicios.

¿Cómo lograron Argentina y Brasil convertirse en los primeros productores de carne en el mundo? No cabe duda que el núcleo de su gestión estuvo en el mejoramiento de la natalidad bovina. Colombia ha avanzado muy lentamente en este factor debido a incontables divergencias de índole social, económico y de seguridad. La natalidad bovina es del 53% y se considera baja con respecto a las necesidades del mercado. Si no hay una tasa de nacimiento que supere por lo menos el 65%, la ganadería está destinada a la postración que la ha caracterizado en las últimas décadas. Ha habido desarrollo, pero en muy pocos hatos. Se requie-re avanzar con mayor celeridad en el mejoramiento de los nacimientos para, así mismo, acelerar el crecimiento del hato.

Lograr que nazcan más bovinos requiere de una mejor organización en la administración de los hatos. un cambio de cultura, de las prácticas ganaderas, siempre con la visión de mejorar. Y lo estamos haciendo. El Plan estratégico de la ganadería colombiana 2019, incluye alcanzar, en ese año, una tasa de natalidad del 70%. Para ello se requiere de la modernización tecnológica, planear los costos y mejorar los ingresos. En esta visión necesitamos que los ganaderos hagan honor a su gallardía con una mayor disciplina, actitud de cambio y disposición. Igual de importante es el dinamismo de las instituciones públicas. Es el momento para que


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las umatas y los centros de gestión agroempresarial, apliquen en toda su exten-sión los programas de inseminación artificial y de repoblamiento bovino.

Se requiere de unas acciones integrales que vayan desde la elección de las razas adecuadas para los programas de cruzamiento, donde participen los gana-deros con la aceptación de estos programas, el compromiso en capacitarse y pro-veer el personal para la detección adecuada de los celos, la preparación y cambio de cultura en la elaboración de registros, los servicios de comunicación asertivos y eficaces para la interacción entre ganaderos y los técnicos que realizan la labor de IA. Hacer a un lado estas prioridades equivale a negarle a la ganadería la posi-bilidad de aumentar el hato bovino para tener con qué satisfacer la demanda del consumo en el país y de ingresar a la mesa de los hogares de países como Estados unidos, Europa y Centroamérica.

Olvidémonos de las modas. Las buenas prácticas ganaderas, el manejo de praderas en armonía con el medio ambiente y la solidaridad social, no pueden ser de corto plazo. Obedecen al largo plazo para que se alcancen los resultados deseados y el punto de arranque es el mejoramiento de la natalidad. Para esto, el Plan estratégico de la ganadería colombiana 2019 es el instrumento para hacerlo.

*Publicado el 20 de abril de 2007


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El cuento no es avanzar, sino saber cómo hacerlo*

Las exportaciones del país ganadero bovino, no tendrán que competir en el mercado de altos volúmenes y bajos precios. El nicho de nuestros productos es el de las carnes diferenciadas y de alto valor agregado, en donde se estima que se podrá mantener una oferta estable de 50.000 toneladas de carnes de alta calidad, orgánicas, bien

porcionadas, maduras y empacadas al vacío, que nos significará una balanza comercial cárnica superior a los US$250 millones.

¿Colombia puede crecer el hato, exportar y atender un mercado interno fortaleci-do? Es la duda razonable que ronda en la mente de algunos ganaderos interesados en capitalizar los esfuerzos invertidos en sus hatos. La respuesta es que Colombia tiene las condiciones para dejar de ser un convidado de piedra en el mercado de la carne, si somos capaces de hacer la tarea.

Por supuesto que con las mejoras en la tasa de crecimiento nacional se ha mejorado el consumo interno y, en consecuencia, llevamos ya varios años de liquidación del hato, especialmente por el incremento peligroso de la tasa de extracción de hembras. Sin embargo, también es bueno decir que cualquier incremento de la demanda se constituye en un estímulo a la producción gana-dera, vía precio, y que, por tanto, en el corto plazo, como ya se empiezan a ver incrementos en el precio del ganado en las subastas ganaderas, en muy poco tiempo, veremos cómo se inicia un largo periodo de retención de vientres que ayudarán a fortalecer la base de cría. Esta nueva coyuntura de nuestros ciclos ganaderos nos obligará a replantear el papel que cada ganadero debe, quiere y, simplemente, le toca jugar en el ámbito comercial, y aprovechar los nichos de negocios que les ofrecen los mercados internacionales o el interno. Ahí está la clave.

Ahora bien, ¿cómo encontrar respuestas para que cada ganadero pueda aprovechar las oportunidades que ya toca a nuestras puertas? Necesariamente se tiene que empezar por analizar qué tenemos, en qué condiciones, bajo qué parámetros productivos o reproductivos y la capacidad que cada uno tiene para moverse en función de la demanda. un segundo punto es conocer más los mer-cados. ¿Cuántos proyectos se han ido al pique por no estudiar a fondo el sector


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y su comercio? Con seguridad, muchos. El cuento, entonces, no es sólo avanzar, sino saber cómo hacerlo.

Lo primero que tenemos que saber es que los mercados están ahí y sólo se beneficiarán de su potencial, aquellos que ofrezcan productos diferenciados y con valor agregado.

En cuanto al mercado interno, ha tenido importantes repuntes, y este año se espera que crezca aún más, por la decisión del Gobierno de incrementar en dos puntos más el salario mínimo con respecto a la inflación. Y un país que crece a tasas superiores al 6% y con mejoras de ingresos en los sectores populares, el consumo de bienes perecederos aumenta, especialmente la carne.

Por otra parte, acabamos de concretar el ingreso de productos cárnicos a Rusia, un mercado que puede rondar para Colombia unas 30.000 toneladas, o más. Además se comienzan a vislumbrar acuerdos comerciales con algunos paí-ses de Europa y de Centroamérica, sin contar los mercados de Venezuela, Perú y Ecuador con los cuales existe hoy un importante flujo de comercio. También Chile ha manifestado interés en la carne colombiana. Esto indica que las posibili-dades de mantener una buena oferta para los mercados externos son una realidad, lo cual hace que la capacidad de reacción en el corto plazo de la ganadería, sea cada vez más exigente. De lo contrario, se desaprovecharán enormes oportuni-dades de negocios.

Estos logros nos obligan a avanzar con mayor celeridad hacia la competiti-vidad. Reflexionar sobre lo que tenemos concretará la visión de la ganadería.

La visión que logramos incorporar en nuestra propuesta del Plan indicativo de la ganadería 2004-2019, es reiterativa en la tesis de modificar la forma como se hace la ganadería en Colombia. El primer precepto es que para ser ganadero antes hay que ser agricultor. Eso indica que se deben modificar la visión tradi-cional del ganadero que tiene reses en un potrero, al empresario que sabe que el ganado no es sino un agente que convierte praderas en carne o leche y que, en consecuencia, para ser un buen ganadero se debe tener praderas que produzcan alimentos más nutritivos y balanceados que mejoren la ganancia en peso de los animales o les permita producir más leche en sus hatos.

Entender algo tan sencillo es la ventana que marcará la diferencia con nues-tra competencia (especialmente con países que están en latitudes más apartadas del trópico), porque nos permitirá aprovechar ventajas comparativas que se des-prenden de nuestra posición geográfica. No podemos olvidar que los semovientes por tener cuatro estómagos son malos convertidores de alimentos, pero al mismo tiempo consumen forrajes a base de pasturas, que es lo que más se da en el trópico


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por tener 365 días de sol, insumo insustituible para generar biomasa a través de la fotosíntesis.

En segundo lugar, fortalecer las estrategias de validación y transferencia tecnológica para mejorar la eficiencia productiva. Colombia no se puede resig-nar a tener parámetros tan bajos. En promedio, la ganadería colombiana acusa ganancias en pesos inferiores a los 350 gramos diarios, una tasa de natalidad del 53%, intervalos entre partos de 695 días y ceba animales de 420 kilos en 39 meses, con lo cual a duras penas puede tener una tasa de extracción del 16% sin crecer el hato. Mientras tanto, un país con mucho menos de la mitad del hato colombiano, con una tasa de extracción del 42% y un incremento de su hato del 2% anual, im-pone las condiciones a nivel internacional por la calidad y la oferta de su carne y de sus productos lácteos. Se trata de Nueva Zelanda, que en menos de 20 años y con un hato de 9,4 millones de cabezas hoy logra jugar de igual con viejas poten-cias ganaderas en los mercados internacionales. ¿Cómo lo hizo? Aprovechando la tecnología ganadera disponible y aplicándola rigurosamente.

Dónde colocar la oferta...Identificada la forma de producir eficientemente, ahora el paso a seguir es estable-cer en dónde colocar la oferta. Tenemos un escenario de demanda en constante crecimiento. La población en el mundo actualmente es de 6.454 millones de ha-bitantes y en 14 años aumentará a 7.540 millones. Habrá que suministrar nece-sidades alimenticias adicionales a más de un millardo de personas. ¿Qué quiere decir esto? Que cada día habrá mayor demanda por satisfacer y la ganadería, entre otros productos de la canasta básica de alimentos, debe dar respuesta a esa nueva realidad.

Pero además del crecimiento de la demanda de carne inducido por el cre-cimiento natural de la población, se observa que países con grandes poblaciones, como China e India, están superando con rapidez los problemas de pobreza. Eso significa que este tipo de economías demandarán más alimentos para ese contin-gente de población que está adquiriendo cada día capacidad de compra.

Pero no sólo basta que existan lo que los entendidos llaman como demanda potencial. Hay que escudriñar los mercados y encontrar nichos de negocios, pero fundamentalmente conocer al consumidor –qué es lo que él quiere–, e indudable-mente a los competidores para ver qué están ofreciendo.

En general, en el mundo las tendencias de los estratos altos, que son los que mejor pagan, se orientan hacia el consumo de carnes orgánicas, ecológicas, producto de ganados alimentados con base en pasturas frescas y en armonía con


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el medio ambiente. Igual tendencia se observa en las economías en auge, como China, el sudeste asiático, Europa Central y Rusia, en donde se percibe hábitos cada vez más influenciados por las tendencias del consumo del rico occidente.

Eso significa que el potencial exportador de nuestro país no deberá entrar a competir con altos volúmenes y bajos precios, sino más bien ingresar en nichos específicos donde se pueda diferenciar la carne colombiana, aprovechando las características y la calidad de nuestros productos que se obtienen por las ventajas propias de la ubicación geográfica de nuestro país y las condiciones climáticas derivadas de ella, tal como lo señalamos al principio de este artículo.

El tema, por tanto, si bien descansa en la necesidad de avanzar, hay que saber cómo hacerlo, para obtener los máximos beneficios para el productor ga-nadero.

Tengo la plena certeza que si logramos hacer bien la tarea, Colombia podrá mantener una oferta estable de 50.000 toneladas de carnes de alta calidad, orgá-nicas, bien porcionadas, maduras y empacadas al vacío, que nos significará una balanza comercial cárnica superior a los uS$250 millones, sin dejar de atender un mercado interno creciente hasta lograr satisfacer una demanda interna de 30 ki-logramos año por persona y más de 300.000 toneladas adicionales para satisfacer el mercado regional. Ése es el reto. Y no dudo que los ganaderos de Colombia lo podremos alcanzar.

* Publicado en la revista Colombia Ganadera, edición N.° 14 de diciembre de 2006


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Premio Nacional de la Ganadería*

Colombia necesita investigación, más y de mejor calidad. Mientras en los mercados desarrollados es una prioridad, en nuestro medio los ordenadores del gasto han sido

mezquinos en la asignación de recursos. El Premio Nacional de la Ganadería, propuesto por Fedegán, está orientado a promover el desarrollo y transferencia de conocimiento en el sector bovino, como una medida para adaptar los esquemas de producción a los

modelos competitivos exigidos en los mercados de exportación.

Se cumplen este mes 11 años del trágico asesinato de José Raimundo Sojo Zam-brano, y en memoria de este ilustre ganadero, Fedegán ha instituido el Premio Nacional de la Ganadería, cuyo objetivo es estimular la investigación y la transfe-rencia de conocimiento. Este Premio, que se concederá cada dos años, se entre-gará, por primera vez, en el día del ganadero en septiembre 30 de 2007.

Para este año queremos celebrar este día invitando nuevamente a la acade-mia y a los grupos de investigación a presentar sus trabajos. También se hará un reconocimiento a la excelencia ganadera. Sin embargo, esta fecha, que es una gran oportunidad para destacar la labor de miles de ganaderos que día a día luchan por Colombia, y le dan seguridad alimentaria al país, nos cogió con dos noticias no buenas. una, que ya no son $500.000 millones los que el Gobierno destinará al programa Agro, ingreso seguro (AIS). El mordisco fue de $100.000 millones –un 20% menos–, y, la otra, que al Gobierno se le olvidó, el tema de la investigación.

Creemos que fue un olvido que, infortunadamente, borró el buen informe presentado por el Ministro de Agricultura en el pasado consejo de ministros, en donde mostró el avance en materia de empleo, crédito, riego y la siembra de hec-táreas. Sin duda, todos ellos logros honrosos para el sector rural.

Ambos frentes –la financiación mediante el programa AIS y la investiga-ción–, son fundamentales en el andamiaje que se debe construir para adaptar los esquemas de producción a los modelos competitivos exigidos en los mercados de exportación.

Podar los recursos financieros de programas que, de una u otra manera, impulsan el desarrollo del sector primario de la economía, cuya principal respon-sabilidad es el abastecimiento alimentario del país, puede ser un desacierto que


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terminaría por contribuir a la multiplicación de las asimetrías que lo golpean des-de hace más de tres décadas. La reducción de estos recursos no es, ciertamente, la respuesta a un sector rural sumido en la pobreza y en la indigencia.

Cualquier afirmación que se realice acerca de la necesidad de investigación resulta de perogrullo. Colombia necesita investigación, más y de mejor calidad; de investigadores y de centros de investigación, para proveer soluciones a grandes y pequeños productores. La investigación es un componente de alta jerarquía en los mercados desarrollados, pero que en nuestro medio se le ha minimizado, mezquinándole recursos.

La investigación enfocada en pequeñas producciones pondría fin a las an-gustias de miles de campesinos que se podrían ver, por la misma dinámica del mercado, incluidos económicamente, y en vez de escribir en sus diarios la larga lista de debilidades y amenazas de su economía, consecuente de la marginación y la pobreza, reseñarían en sus páginas la tranquilidad de su entorno, el crecimiento y la cohesión social. No es una parábola. Es lo que se lograría si le damos relevan-cia a lo que se necesita para crecer en el sector agropecuario.

Hacer realidad la visión de los ganaderos demanda de nuevos conocimien-tos. Por ello, Fedegán, está promoviendo la investigación y la transferencia de conocimiento a través de las giras técnicas ganaderas. El premio en sus tres mo-dalidades: investigación en ciencia y tecnología, investigación en microeconomía ganadera y excelencia ganadera, se constituye en el preámbulo de las soluciones que demanda el sector rural para recuperar su economía e insertarse en los mer-cados internacionales.



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Giras técnicas: innovar..., transferir..., y liderar*

Los productores que asisten a una gira técnica tienen la responsabilidad de convertirse en multiplicadores del proceso modernizador y de hacer transferencia efectiva y

permanente con los demás ganaderos.

Hemos concluido con éxito la primera gira técnica de 2007, que convocó en Villavi-cencio a cerca de 350 ganaderos de todas las regiones del país, y a partir de las expe-riencias de las dos anteriores y de esta última en el departamento del Meta, surgen una serie de reflexiones sobre el proceso de modernización ganadera en que estamos empeñados, algunas de las cuales compartí con los asistentes a la gira llanera.

¿Qué son y qué no son las giras técnicas? ¿Qué hay detrás de ellas y de todos los programas de capacitación y transferencia que estamos adelantando? ¿Cuál debe ser la actitud del ganadero, más allá de su asistencia y participación a este tipo de eventos? Son preguntas, todas ellas, que debe hacer aquel ganadero que esté verdaderamente comprometido con la modernización y con las metas del Plan estratégico de la ganadería colombiana 2019.

Salgamos de lo negativo primero. Las giras técnicas no son eventos sociales, ni gremiales, ni mucho menos son programas turísticos, aunque incluyan míni-mos componentes de estos tres temas, pues donde hay 350 ganaderos se recono-cen los amigos y se fortalece el espíritu gremial, y los anfitriones aprovechan para dar a conocer sus respectivas regiones; todo lo cual es totalmente válido. Las giras técnicas tampoco son eventos aislados que se realizan para permitir a las regiones dar a conocer sus ganaderías, con un ánimo más comercial que tecnológico.

Las giras, por el contrario, son ejercicios de transferencia en campo, más no a partir de la relación individual entre un técnico y un ganadero, sino de una forma mucho más provechosa: entre un grupo de expertos y de ganaderos con experiencias productivas de excelencia, coordinados por los funcionarios técnicos de Fedegán-FNG; y un grupo importante de ganaderos interesados en recibir tan valiosa información.

Las giras técnicas son un proyecto permanente que, al igual que las escue-las de mayordomía, le dará la vuelta al país ganadero cuantas veces sea necesa-rio. Hace parte, además, del Programa nacional de formación de capital humano para


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la ganadería colombiana, cuya solidez ha merecido el apoyo y la cofinanciación del SENA. Es una estrategia integral, junto con proyectos no menos importantes como los de capacitación que se desarrollan alrededor de los teCnig@n, y como el Premio Nacional de la Ganadería, que busca promover la generación de cono-cimiento y la adopción de la excelencia como paradigma de modernización en las empresas ganaderas.

¿Qué busca realmente este experimento novedoso?, pues se podría decir, de hecho, que en apenas tres días y, sobre todo, para grupos tan grandes, no es posible hacer un ejercicio efectivo de transferencia.

Por eso insistimos en las giras como “punto de encuentro”, de un primer paso, hacia el saber de los teóricos y la práctica probada de los ganaderos exitosos.

De lo que se trata es de despertar interés, de generar cultura. Que los gana-deros asistentes conozcan teorías y prácticas aplicables, o bien, adaptables a sus propias regiones; que salgan de la gira técnica a profundizar, a hacer contactos, a indagar con el apoyo de los teCnig@n; en fin, que lo conocido y aprendido les sirva para innovar en sus propias empresas.

Pero además esperamos que ese ganadero innovador no se quede solo, no se encierre con su nuevo conocimiento y sus nuevas experiencias. La moder-nización de la ganadería no es apenas un discurso ni un documento muy bien concebido –el PEGA 2019–; la modernización de la ganadería es la sumatoria de los esfuerzos individuales de todos los ganaderos de Colombia.

Por ello, aquellos productores que tienen la oportunidad de asistir a una gira técnica o hacer parte de eventos de capacitación, tienen una enorme responsabi-lidad: la de convertirse en multiplicadores del proceso modernizador; la de hacer transferencia efectiva y permanente con el vecino y con los ganaderos más próxi-mos; la de convertirse en líderes para la conformación de verdaderos “círculos de excelencia ganadera”.

Los círculos de calidad fueron un invento de la teoría administrativa, que caló muy hondo en la concepción empresarial japonesa desde la década de los 60 del siglo pasado, quizás por una razón muy sencilla: los japoneses, disciplinados y detallistas, no la asumieron como una teoría, sino como una verdadera cultura en que ellos creían y que practicaban con celo. No será posible la modernización ganadera si los ganaderos no creen en ella y no la practican. Es como una religión. Hay que convertir a la modernización en un credo, en una convicción, en una tarea diaria.

* Publicado en Carta Fedegán N.° 100 (Mayo-junio 2007)


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restricciones para competir*

La escasa investigación para el desarrollo de nuevas variedades de pastos ha tenido graves consecuencias, toda vez que dejó al mercado nacional en manos de unos pocos importadores, que no desaprovechan oportunidad para manipular los precios, lo que

ocasionó incrementos en los costos de producción de la ganadería. El 90% de la oferta de semillas proviene de Brasil y Estados Unidos y aún nos preguntamos si la cotización de éstas se debe a la tasa de cambio, las variaciones climáticas en los países de origen o al

producto de la especulación.

El comportamiento del precio de las semillas de pastos certificadas es dramático y no tiene justificación. En el primer semestre de 2006 se triplicó el costo de las semillas de pastos más utilizados por los ganaderos colombianos de clima templado y cálido, como son el Brachiaria decumbens y, en el último trimestre, se duplicó el de guinea tanzania. Así como estos productos, otros muchos más vienen presentando una variación de precios que afectan la evolución de nuestra economía agropecuaria, la resienten y estrangulan su crecimiento y desarrollo.

Es un problema de vieja data. No es más que una actividad empiece a re-puntar para que unos agentes comercializadores especulen con los precios, lo que impacta gravemente la suerte de un producto de origen agropecuario. En Colombia, a partir de la apertura de la década de los 90, internamos los precios de los principales commodities agropecuarios sin que ocurriera lo mismo con los insumos. En el caso de carne, un producto con restricciones de carácter sanitario que hace menos fácil el comercio internacional, mientras la variación porcentual de la canasta básica de insumos ganaderos creció entre 1996 y 2004 un 192,4%, el precio de ganado gordo sólo creció en un 124,6%. Otro tanto o peor debió suceder con el algodón o el arroz, cuya competitividad está más amenazada por su estructura de costos que por sus rendimientos productivos.

Ahora, el turno es para la ganadería que hace esfuerzos por modernizarse. Y ello, sólo es posible, produciendo forrajes para mejorar la base alimentaria. De ahí la dinámica del mercado de semillas de pastos en Colombia. Éste ha tenido en los últimos tres años (2003-2005), un incremento del 18% en volumen y del 44% en valor, para un total de uS$10 millones. El 90% de la oferta de semillas proviene


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de Brasil y de Estados unidos. La pregunta entonces es, ¿el incremento en el pre-cio se debe a los vaivenes de la tasa de cambio, a las variedades climáticas en los países de origen del producto o a una simple y pura especulación?

Depender de ofertas externas puede resultar muy costoso para el país. Esta-mos en mora de desarrollar este mercado y de apropiarnos de él. La escasa inves-tigación institucional para el desarrollo de nuevas variedades de pastos ha tenido graves consecuencias, toda vez que dejó al mercado nacional en manos de unos pocos importadores, que no desaprovechan oportunidad para manipular los pre-cios, lo que ocasionó incremento en los costos de producción de la ganadería.

La alta concentración de oferentes resulta inconveniente para cualquier ac-tividad económica, pues impide que las fuerzas del mercado actúen en libre com-petencia y el natural juego de la oferta y en la demanda. Eso en otros términos, equivale a especular con los precios sin que medie control alguno de parte de las autoridades comerciales. ¿Qué otra explicación podría dársele a los flamantes incrementos de los precios de los pastos en un mercado que como el colombiano factura uS$10 millones al año?

Las características del mercado de semillas en Colombia y las fuertes fluc-tuaciones en los precios se convierten en una clara limitación al desarrollo del sector, por el desestímulo que ello ocasiona a la renovación y mejoramiento de praderas, factores que resultan fundamentales para alcanzar los niveles de compe-titividad que nos permitan incursionar con éxito en los mercados internacionales. Es necesario implementar una política productiva interna debidamente focalizada que desarrolle el mercado de semillas en Colombia o intervenir en la comerciali-zación de semillas para evitar que algunos importadores anulen los esfuerzos de un sector por encontrar respuestas válidas a la mejora de la productividad gana-dera. Lo demás es cuento.



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Tatequieto’ al robo de ganado*

La acción de Fedegán logró que el Legislativo reconociera la levedad del castigo que se aplicaba para el robo de ganado. Mediante la Ley 1142 de 2007 se modificaron las circunstancias de agravación punitiva del hurto, el infractor no podrá tener la casa por cárcel, ni acceder al beneficio de la excarcelación o suspensión condicional de la ejecu-

ción de la pena. La norma tiene una connotación adicional para los productores: mayor claridad y rapidez en el trámite de la denuncia.

El robo de animales en Colombia –que había adquirido grandes dimensiones y generaba pérdidas elevadas a los ganaderos– tiene ahora su “tatequieto”. La ley se ha endurecido, haciendo que realmente se inflija castigo a los que cometen dicho delito. La magnitud alcanzada, especialmente la propiciada por las FARC, llegó a cifras inverosímiles: más de 40.000 cabezas a un mismo dueño, como fueron los casos de los fondos ganaderos de Huila, Meta, Caquetá y Valle, y en una menor escala, el abigeato cometido por la delincuencia común en todo el país, que le sustrajo a los ganaderos hasta 500 cabezas.

Sin embargo, era un delito que no se denunciaba, por la insuficiencia de las normas legales que tipificaban el delito. Lo cierto es que en muchas oportunida-des aunque los abigeos fueran identificados y, en el mejor de los casos, atrapados con las manos en la masa, tardaba más el ganadero en regresar a su finca que los bandidos en recuperar su libertad. Adicionalmente, el proceso de las denuncias era tortuoso por las pérdidas de tiempo en los trámites judiciales, con el agravante de que los delincuentes, al quedar rápidamente en libertad, tomaban represalias contra los propietarios, por el hecho de haber sido denunciados.

El Código Penal establecía que el abigeato de ganado era una modalidad de hurto agravado, pero con una pena de hasta cuatro años, que es insuficiente para mantener preso al delincuente que lo cometía y, por tanto, tenía la posi-bilidad de ser excarcelado, sin importar la cantidad o el valor de los animales robados.

Afortunadamente, la situación cambió sustancialmente. Por un lado, la polí-tica de seguridad democrática se ha reflejado en una mayor seguridad en las áreas rurales colombianas y los robos de ganado han disminuido significativamente y,


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en muchos casos, las autoridades policivas han logrado recuperar rápidamente los bovinos.

De otro lado, la acción de Fedegán logró que el Legislativo reconociera la levedad del castigo contenido en la anterior norma frente a la magnitud y grave-dad del problema y, mediante la Ley 1142 de 2007, substituyó la connotación que tenía el hurto y que permitía su excarcelación. El artículo 51 de la mencionada ley, cambió el artículo 241 de la Ley 599 de 2000 –Código Penal–, modificando las circunstancias de agravación punitiva del hurto.

¿Qué le ocurrirá a quien, a partir de la vigencia de la nueva ley, hurte una cabeza de ganado mayor o menor? Que este delincuente no podrá tener la casa por cárcel y necesariamente la detención preventiva la tendrá que cumplir en un establecimiento carcelario. Tampoco podrá acceder al beneficio de la excarce-lación o suspensión condicional de la ejecución de la pena, es decir que, salvo el caso de confesión y allanamiento a los cargos que trae como consecuencia la sentencia anticipada con rebaja de penas, tendrá que cumplir su condena total en establecimiento carcelario.

Para que estas normas operen eficazmente se requiere de la denuncia opor-tuna, lo cual supone necesariamente la capacidad del denunciante de acreditar la propiedad de los ganados hurtados, lo que pone de presente la necesidad de orientar la actividad ganadera hacia una formalización real y efectiva, que en situaciones como la del hurto, confieren mayor claridad y fuerza a la denuncia penal y evitan inconvenientes en el curso de los procesos penales. La denuncia no debe proceder sólo cuando el ganadero es individualmente víctima del hurto de sus ganados, sino también cuando tiene conocimiento de la ocurrencia de otras conductas, como el sacrificio clandestino, las cuales en la mayoría de los casos están asociadas a la comisión del hurto de ganado mayor o menor.

*Publicado el 1° de julio de 2007


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Las prácticas ganaderas...*

El tiempo que se tarda un productor en Colombia para que un bovino aumente su peso de 160 a 450 kilos es de treinta meses. En Argentina, este proceso toma la mitad del tiempo y logran dos veces esa productividad. Estas ganancias están asociadas a la competitividad de los métodos de cría y reproducción que han logrado desarrollar. Los ganaderos colombianos debemos reflexionar sobre nuestras prácticas de producción y

ahondar en su mejoramiento, con la mira en la reconstrucción del campo y en reducir el riesgo de inseguridad alimentaria.

Revisar las prácticas de explotación ganadera es una condición para competir en los mercados y elevar su rentabilidad. Lo que cuenta finalmente son los pesitos en el bolsillo. un ejemplo permite observar la importancia de hacerlo y la dimensión de no hacerlo.

El tiempo utilizado en Colombia para que un bovino aumente su peso de 160 kilos a 450 kilos es de unos treinta meses, es decir, 300 g/día. En Argenti-na utilizan, en la misma actividad, la mitad del tiempo, y logran dos veces esa productividad; es decir, en quince meses lo hacen crecer 290 kilos a razón de 600 gramos/día.

Aunque hablamos de dos sistemas de producción diferentes (Colombia utiliza el libre pastoreo y Argentina, adicional a este, el de establos y suplemen-tos), los resultados obtenidos por los gauchos obligan a reflexionar sobre nuestras prácticas de producción y ahondar en su mejoramiento.

El balance nutricional es de vital importancia y debe ser prioritario entre los diversos aspectos a tener presente. No controlarlo es lesivo. En nuestro medio el mal balance de las dietas tiene alto impacto, unas por exceso y otras por defecto de proteínas. El desbalance trae, como consecuencia, la reducción de las tasas de natalidad, el aumento del intervalo entre partos, incremento de morbi-mortalidad y pérdida de valor del hato bovino y de dinero.

¿Qué hacer para impedirlo? Es adecuado comenzar por determinar la com-posición de las praderas (relación gramíneas-leguminosas) y efectuar ajustes para su mejoramiento. Luego de eso, y una vez realizados los análisis bromatológicos (composición de los pastos) y de suelos, aplicar la fertilización y los nutrientes recomendados para mejorar la calidad de los forrajes. Posteriormente, implemen-


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tar prácticas de conservación de dichos forrajes (ensilaje y henificación) que le permitan abastecer y conservar el alimento para los periodos de verano (general-mente los primeros meses del año). Siempre pensando en la calidad del forraje, dado por el tipo de pasto, grado de humedad y estado vegetativo.

El riego es otro factor que marca la productividad. Colombia debería ser una potencia agropecuaria gracias a este recurso, pues posee una de las reservas de agua dulce más grandes del mundo. Entre 200 países ocupó el cuarto puesto en riqueza hídrica después de Rusia, Canadá y Brasil. De la misma manera, la precipitación pluvial es dos veces superior a la de América Latina. No obstante, dicho recurso es utilizado en mínimas proporciones en el riego de pastos (5%) y en la superficie agropecuaria (sólo el 1,9% de las 45 millones de hectáreas son irrigadas).

La ciencia y la tecnología también se tienen que convertir en el insumo diario del ganadero. Su transferencia y democratización es vital, máxime cuando 403.000 predios de los 493.000 que componen el hato ganadero, poseen menos de 50 bovinos. Lo es tanto para lograr un buen mantenimiento de las condiciones de la tierra como para el mejoramiento genético. La selección racial y la im-plementación de prácticas reproductivas (análisis de fertilidad de reproductores, unido a las prácticas de inseminación artificial y transferencia embrionaria), les permitirán aumentar el rendimiento de sus hatos.

Si bien falta crédito y transferencia de tecnología, lo primero que tenemos que hacer es un cambio de mentalidad para revisar prácticas ganaderas. Esto pasa por modificar costumbres, estructuras y estandarizar nuestras prácticas. En eso estamos comprometidos los ganaderos y seguiremos en el desarrollo de estrate-gias que nos conduzcan a lograr el objetivo de elevar la competitividad para com-petir en los mercados externos y mejorar la calidad. La implantación de buenas prácticas es una forma efectiva de reconstruir el campo y sus economías multipli-cadoras y de reducir el riesgo de inseguridad alimentaria.



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No sacrifique las hembras*

La apertura de mercados para los productos cárnicos, infiere mejoras en términos de calidad y cantidad. En este último aspecto, un paso importante es, sin duda, conservar la base productiva de la ganadería bovina, representada en las hembras para reproducción.

Es una lección que debemos aprender de países vecinos, en donde se ha liquidado de manera irreparable el hato. En nuestro medio, urge frenar el faenamiento de hembras, so

pena de comprometer las metas de aumento de consumo interno y de exportación.

Acabamos de negociar el acceso de productos cárnicos a Rusia. En poco tiem-po comenzaremos a colocar en este mercado, que potencialmente requerirá de 30.000 toneladas anuales, productos con valor agregado. Si bien el acceso es ya un logro, ahora viene lo real: mantenernos. Se trata, por tanto, de ser competitivos y de mirar qué aspectos se podrían corregir en el proceso de producción. uno de ellos, y sin duda el de mayor importancia, es el de disponer de materia prima, es decir de un stock de ganado cuya carne satisfaga las exigencias de ese mercado. Y eso pasa por conservar el bien de capital “hembra” que, según las estadísticas recientes, lo estamos acabando al llevar al sacrificio un alto volumen, lo cual ten-drá un efecto devastador para el futuro de la ganadería.

El sacrificio de hembras es una actividad que anula la base productiva de la ganadería bovina y que ha propiciado crisis pecuarias en países vecinos. En Colombia, el hato bovino ha venido descendido a grandes velocidades. Hace tres décadas, nuestro país tenía un hato igual al número de habitantes y hoy esa proporción se ha reducido prácticamente a la mitad. La medición que realiza el DANE anualmente en sólo 63 municipios, indica la persistencia del faenado de hembras en los últimos años (26,6%, 31,5% y 31,9% en 2003, 2004 y 2005, res-pectivamente), lo que permite presumir que, en el nivel nacional, el sacrificio de hembras puede ser de mayores proporciones. La consecuencia lógica es que se está restringiendo el potencial de crecimiento del hato, al liquidar los bienes de capital (vientres bovinos).

Veamos el caso de Argentina que, por una serie de hechos que habían sido detectados con anterioridad y cuyas consecuencias se habían podido evitar, llegó a lo que se podría llamar una emergencia pecuaria sin antecedentes en su historia.


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Este país registra una tendencia descendente en el faenado de novillos bovinos (de 37,2% a 29,5% entre 1999 y 2004), mientras la de hembras aumenta perma-nentemente (de 40,5% a 46,3%), incluso son sacrificadas las jóvenes livianas que promedian los 213 kilogramos de peso.

Por eso ha visto reducir su hato en 9,5% (censo agropecuario entre 1990 y 2002), lo que en número de cabezas le ha significado una caída de cinco millones de bovinos, por tanto actualmente tiene 47 millones de reses. unido a lo anterior ha perdido importantes mercados de exportación que le han disminuido ingresos estimados entre uS$100 millones y uS$250 millones, por la aparición de brotes de aftosa.

Como una medida para contrarrestar los efectos que produce el aumento del sacrificio de hembras y la aftosa, cursa en su Congreso de la República un proyecto de ley para crear el Plan nacional de retención de vientres que ade-más de reducir el faenado de hembras, contempla incentivos fiscales y crediticios para que los productores puedan disponer de mayor capital para el desarrollo de su actividad.

Si en Colombia persiste el sacrificio de hembras, se disminuye, indefecti-blemente la oferta de productos cárnicos al resentirse el crecimiento del hato ganadero. Y eso hace que las metas de aumentar el consumo interno per cápita al año, hoy en 16 kilogramos por habitante, al igual que las metas de exportación, no se puedan cumplir, perdiéndose una oportunidad para ocupar un lugar en el mercado mundial de alimentos, suscitada precisamente por el crecimiento de la población y el mejoramiento en los niveles de vida registrados en varios países consumidores como el de China. El ingreso obtenido hoy por el sacrificio de hembras nos está haciendo perder la visión de futuro.



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El verdadero repoblamiento*

En las próximas décadas, más de 500 millones de nuevos consumidores demandarán productos de origen agropecuario. La carne, sin duda, será uno de ellos. Colombia

se deberá preparar para aprovechar la apertura de esos mercados y, en este proceso, no será suficiente con la política de repoblamiento bovino. Urge incorporar bienes de capital al campo, buenas prácticas ganaderas y mejorar los parámetros productivos y

reproductivos de las explotaciones.

En el mediano plazo, las oportunidades para la carne colombiana en el merca-do internacional, no tienen discusión. El hato ganadero mundial es insuficiente para atender la creciente demanda de carnes rojas, estimada en 51,7 millones de toneladas (2006), frente a una oferta que cada vez recibe menos subsidios en los países ricos.

En el entre tanto, China, India y el Oriente mantienen un ritmo de creci-miento de sus economías (PIB del 9%) que en las próximas décadas hará que más de 500 millones de nuevos consumidores demanden productos de origen agropecuario. La carne, sin duda, será uno de ellos y, contrario a lo que pueda suceder con otros productos, las zonas agrotropicales son las llamadas a satisfacer las nuevas demandas, gracias a la mayor capacidad para producir forrajes verdes y a la mayor eficiencia de fotosíntesis. Y entre ellas, se encuentra Colombia donde sus condiciones medioambientales permiten una mayor producción a base de pasturas.

A comienzos del primer cuatrienio del gobierno uribe, el Ministerio de Agricultura intentó repoblar zonas ganaderas, sin éxito por el impacto de la inse-guridad, que disminuyó sus hatos. Casos, como el de Sucre, donde el programa se estableció bajo el esquema de créditos asociativos y ahora se encuentra en una transición para individualizarlos, su manejo seguirá su curso asociativo y el opera-dor es la gobernación de este departamento. En Tolima, el esquema es de crédito colectivo con responsabilidad individual, pero un operador hace el manejo inte-gral hasta la comercialización. Son casos dicientes. Cuando se tomó la decisión de repoblar, se creyó que simplemente trasladando bases de cría de una región a otra, el hato ganadero podría tener un impacto positivo en su crecimiento. Pero


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no fue así, incluso hemos visto que el sacrificio de hembras se ha incrementado (6,4% en el primer trimestre de 2006, respecto al mismo periodo de 2005) y los esfuerzos de repoblamiento no fueron suficientes.

Frente a una respuesta equivocada es preciso optar por otras alternativas más eficientes. En Colombia hay 10 millones de hembras (vacas y novillas) y 480 mil reproductores. Pero este hato se enfrenta a dos problemas: el primero es que tenemos una baja fecundidad del hato. El incremento de fertilidad está sujeto a varios factores: en las hembras, se encuentra asociada a la edad del primer servi-cio, un buen balance nutricional, eficiencias de manejo en la detección del celo y el momento apropiado para la monta o inseminación artificial; en los machos, se asocia a la condición física, nutrición y selección de reproductores eficientes. Adicionalmente, el bajo uso de técnicas bioreproductivas, como la inseminación artificial, contribuye en los bajos índices de natalidad (50% en promedio).

El segundo problema, es que se observa un preocupante sacrificio de vien-tres preñados, lo que disminuye, sustancialmente, la capacidad de crecimiento del hato. Contrarrestar esta práctica, es una misión de todos los ganaderos y del sector agropecuario en general. Es el momento de iniciar consensos y alianzas con objeto de evitar que esta situación prevalezca.

La necesidad es, indiscutiblemente, repoblar el hato ganadero bovino. No sólo para aprovechar las oportunidades de nuevos mercados internacionales, sino también para fortalecer el nuestro. Incorporar bienes de capital al campo (vientres y reproductores), junto con unos apropiados sistemas de nutrición –manejo de pasturas, técnicas de henificación, ensilajes, abonamiento, prácticas silvopasto-riles, rotación de potreros (buenas prácticas ganaderas)– y el mejoramiento de los parámetros productivos y reproductivos –una vaca tiene cría cada dos años, cuando lo ideal es que tenga un ternero al año–, la ganadería estaría creciendo a tasas por encima del 4% anual. Esto, en últimas, es el verdadero repoblamiento bovino.

*Publicado el 21 de julio de 2006


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¿Es viable la ganadería doble propósito?*

Aunque el sistema doble propósito ha sido estigmatizado por su baja productividad, se trata de explotaciones que involucran a un grupo significativo de pequeños y medianos ganaderos, con uso intensivo de mano de obra familiar. Adicionalmente, los parámetros de desempeño de estos hatos, pueden mejorar, en la medida en que se adopten pasturas y forrajes adecuados, se aprovechen los avances genéticos y se propenda por un manejo

integral de los fundos.

Es imposible negar la dinámica que ha alcanzado el sistema de producción gana-dera “doble propósito” en el país. De los 23 millones de bovinos que componen el inventario 35% está dedicado, en forma simultánea, a la producción de carne y leche y participa con el 55% de la producción nacional. El fenómeno no es exclu-sivo de Colombia. Se estima que el 78% del hato lechero de América Latina –en ganadería tropical– pertenece a este sistema y aporta un poco más del 40% de la oferta de leche. No obstante la magnitud de las cifras, la actividad ha sido estig-matizada por su baja productividad, rentabilidad y eficiencia, una premisa que se ha sustentado en la manida tradición de comparar su desempeño productivo y económico con los sistemas especializados.

Sus detractores ignoran de tajo, las especificidades sociales, económicas y técnicas bajo las cuales se desarrollan los distintos modos de producción ganade-ra y, especialmente, los efectos de valor agregado que genera el doble propósito. Se trata de una actividad que involucra, fundamentalmente, a pequeños y media-nos ganaderos, explotaciones que hacen uso intensivo de mano de obra familiar y ubicadas en todo el país, con un fuerte impacto socioeconómico en materia de equidad y distribución.

Somos conscientes de las limitaciones que registra el sistema. Se trata enton-ces de revisar bajo qué parámetros es sostenible, para evitar que, por no reconocer sus limitaciones, pueda derivar en un sistema que en vez de apalancar el bienestar de miles y miles de pequeños y medianos ganaderos, termine por ser el responsa-ble de un círculo perverso de bajos ingresos y de pobreza en el sector rural.

En la Costa Caribe, sin duda, es el sistema más extendido. En los últimos 50 años, de manera progresiva, la ganadería en esa región del país, se concentró en


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un proceso de mejoramiento genético en busca de cruces que garantizaran una producción de leche, como fuente básica de ingresos de sus propietarios. Hoy no es posible. Incluso, con mejores niveles de productividad, los ingresos derivados de la leche no alcanzan para atender los costos de las explotaciones. Seguramente los términos de intercambio con otros productos han afectado la actividad. Pero, sin perjuicio de ello, un doble propósito con promedios inferiores a cuatro litros de leche por vaca en lactancias de ocho meses y destetos con pesos inferiores a 160 kilos, no da rendimientos ni en carne ni en leche. Es como dicen algunos… un despropósito.

Mantener el sistema del doble propósito, pasa por hacer rectificaciones. Por supuesto que como sistema no sólo es válido, sino deseable para pisos térmicos de trópico bajo y medio. Pero mejorando sus parámetros. Puede que antes no fuera tan evidente. O incluso, no fuera necesario por la rentabilidad de la actividad ganadera. Hoy no y menos con los acuerdos comerciales suscritos con otros paí-ses y por la indudable profundización de la política de integración de mercados en que está empeñado el país.

Para tener un verdadero doble propósito, es necesario replantear el sistema. Aún más, soy de los que cree que el doble propósito también se puede expresar con énfasis en carne o en leche. Lo que no se justifica es que no rinda ni en carne ni en leche. Por ello, es recomendable adoptar tecnologías y métodos eficientes y rentables en tres frentes clave: primero, pasturas y forrajes adecuados para obtener una buena expresión productiva de los bovinos; segundo, aprovechar los avances en el campo genético, con lo que se busca el mayor efecto de la heterosis; y, en tercer lugar, un manejo integral del hato, en comunión con el medio ambiente, tratando siempre de medir los parámetros reproductivos o productivos para sa-ber dónde y qué debemos corregir. De esa forma la finca deja de ser una “caja menor”, sin mayores pretensiones de empresarización, inversión y crecimiento. Y el ganadero cambia su mentalidad, con miras a lograr una verdadera inserción en un mercado competitivo, con economías de escala y mejores retornos de la inversión.



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Inseminación a tiempo fijo*

Una de las técnicas modernas para producir competitivamente carne y leche es la inseminación artificial a tiempo fijo. El proceso permite programar los nacimientos en épocas de buena oferta de pasturas y menor incidencia de plagas, lo que favorece el

desarrollo de la cría y las óptimas condiciones de las madres para su próxima preñez. Aunque demanda una mayor inversión, los réditos son elevados, pues se maximizan las

utilidades al mejorar la programación de gastos e ingresos de la finca.

Hace más de cuatro décadas el país tenía un bovino por cada habitante. Hoy tiene uno por cada dos habitantes. El menor incremento del hato, frente al aumento de la población humana, se explica entre otras causas por las bajas tasas de natalidad bovinas (53%).

Este cambio es consecuencia de diversos factores económicos y sociales que influyeron de manera negativa en la correspondiente inversión que necesitaba el campo y, particularmente, en la evolución natural de los hatos ganaderos. Las políticas económicas que favorecieron el desarrollo industrial y desestimularon la inversión en el campo, no permitieron un mayor desarrollo económico y la adopción de adelantos tecnológicos necesarios para garantizar el crecimiento ar-mónico del sector rural.

Pero como no se trata de “llorar sobre la leche derramada”, los ganaderos miramos hacia atrás para conocer los orígenes del problema y hacia adelante para aplicar los correctivos. Bajo esa premisa nos enmarcamos en una misión clara: “producir competitivamente carne y leche mediante la incorporación de proce-sos productivos modernos para contribuir al desarrollo económico, el equilibrio social y la conservación de la paz en el campo colombiano”.

Y para hacer efectiva esta misión debemos aplicar estrategias en el ámbito reproductivo, como es la inseminación artificial (IA) a tiempo fijo (TF). Es una técnica practicada, con gran éxito, por los principales productores mundiales. Consiste en sincronizar la presentación de los calores de las vacas con el objeto de inseminarlas simultáneamente y tener una producción adecuada de crías de acuerdo con la programación de cada ganadero. De esta forma es posible hacer que los nacimientos ocurran en épocas de buena oferta de pasturas y con menor


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incidencia de plagas, aprovechando así las mejores condiciones para el desarrollo de la cría y el mantenimiento óptimo de las madres para su próxima preñez.

¿Cómo se aplica la inseminación artificial a tiempo fijo? En primer lugar se debe seleccionar un grupo de vacas vacías aptas para la IA; en segundo lugar, aplicar hormonas vía intramuscular e implantes para sincronizar el celo y, final-mente, inseminar.

Este esquema tiene varias ventajas tanto desde el punto de vista administra-tivo como productivo. La maximización de los recursos humanos y físicos, es una de ellas, pues el personal del predio puede programar mejor su tiempo a la vez que se tiene mayor probabilidad de éxito en la inseminación; además, la progra-mación de las crías permite un mejor uso de la oferta de forrajes y la preparación de los silos o henos, de acuerdo con las condiciones climáticas.

Otra ventaja es la menor demanda de toros para servicio natural y la utili-zación de semen seleccionado, lo cual le permite al productor corregir algunos defectos genéticos que pueda presentar su vacada. En vacas posparto se anticipa la salida del periodo estático de los ovarios y el retorno del celo, con lo que se acorta el intervalo parto-primer servicio.

El tratamiento por vaca sincronizada demanda, indudablemente, mayor in-versión, pero sus réditos son elevados toda vez que al tener las crías en el momen-to adecuado, permite maximizar las utilidades al mejorar la programación de los gastos e ingresos de su finca.

La inseminación artificial a tiempo fijo es, por tanto, una opción que contri-buirá a la modernización de la ganadería colombiana, y es una alternativa viable para aumentar la tasa de natalidad bovina en el país. Ésta podría ser una iniciativa que valdría la pena explorar e incluirla en los programas de investigación que el gobierno promueve para los proyectos en áreas productivas de ganados bovinos de carne y leche, para los cuales ha destinado un monto de $1.465 millones.



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La caja menor de la ganadería*

Los ganaderos de hoy deben modificar el concepto de que la finca es una “caja menor” sin mayores pretensiones de empresarización, máxime cuando el propósito comercial del sector es el de conquistar nuevos mercados internacionales. Sólo en la medida en que se adopte una mentalidad competitiva para el desarrollo de las explotaciones ganaderas, que incluya economías de escala y retorno efectivo de la inversión, la actividad tendrá

la visión de futuro que requiere.

De los 23 millones de bovinos que componen el inventario colombiano, más de la tercera parte produce en forma simultánea carne y leche y contribuye con el 55% de la producción pecuaria nacional. Sin embargo, es un tipo de producción caracterizado por la baja productividad e ineficiencia, pero, a su vez, con grandes ventajas desde el punto de vista de manejo de flujo de caja, especialmente en las pequeños producciones.

En efecto, es una actividad que genera ingreso para muchas familias, pues cerca del 82% de los predios (403.465) ubicados en todo el país, tienen menos de 50 animales. En la Costa Caribe es, sin duda, el sistema más extendido.

En el último medio siglo, de manera progresiva, la ganadería se con-centró en un proceso de mejoramiento genético en busca de cruces que ga-rantizaran una producción de leche, a tal grado que se convirtiera en fuente de ingresos para el mantenimiento de sus explotaciones. Hoy, incluso, con mejores niveles de productividad, los ingresos derivados de la producción de leche, no alcanzan para atenderlas. Seguramente los términos de intercambio entre bienes de origen agropecuario y las necesidades de bienes industriales o de servicios, han afectado esta actividad. Es de perogrullo que un doble pro-pósito con promedios inferiores a cuatro litros de leche por vaca en lactancias de siete meses y destetos de pesos inferiores a 160 kilos, no da rendimientos ni en carne ni en leche.

El doble propósito no sólo es válido, sino deseable para pisos térmicos de trópico bajo y medio. Por tanto, es imperativo evaluar las condiciones agroecoló-gicas y, al mismo tiempo las económicas, sólo con el único objetivo de evitar que diezme la producción y se deprede el ecosistema.


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Modificar el concepto de que la finca es una “caja menor”, sin mayores pre-tensiones de empresarización, inversión y crecimiento y adoptar uno de produc-ción competitiva, de economías de escala y de retornos de inversión que permita al ganadero trascender sus perspectivas hacia el futuro, sería un buen punto de partida, máxime cuando el propósito comercial es la conquista de nuevos merca-dos internacionales.

No se trata de ir contra el doble propósito sino contra su ineficiencia. Se puede tener doble propósito con producciones que den para sostener la explo-tación y crear riqueza, no para destruirla. Habilitar la transformación del doble propósito es oportuno para la ganadería colombiana. Aplicar tecnologías y méto-dos eficientes y rentables en pasturas y forrajes para obtener una buena expresión productiva de los bovinos; capitalizar las bondades de la genética, buscando el mayor efecto de la heterosis; y un manejo integral del hato, son tres campos que sin duda alguna, aportarán valor agregado y competitividad.

Soy de los que cree que el doble propósito también se puede expresar con énfasis en carne o en leche, lo que no puede ser es que no rinda ni en carne ni en leche.

* Publicado en octubre de 2006


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Si ellos pudieron...*

Las cifras que exhiben los países del Mercosur, en particular para el sector ganadero, no son gratuitas. Responden a estrategias que les permitieron aumentar el inventario

bovino y con él sus tasas de extracción y sacrificio. Aunque nuestro país no ha despegado, tiene gran potencial. El resto es combinar la tradición ganadera (know

how) e implementar nuevas técnicas de producción, una tarea en la que los Tecnig@n y otros centros de investigación serán aliados invaluables para crear un

ambiente productivo y, sobre todo, competitivo.

Los países del sur de Latinoamérica que integran Mercosur, incluyendo a Chi-le, han desarrollado estrategias ganaderas que les han permitido sobresalir en la región y mostrar una competitividad que, en algunos casos, ocupa los primeros lugares en el mundo. La validación tecnológica y la democratización y transferen-cia del conocimiento, han sido sus baluartes. De ahí la importancia de aprovechar las bondades de los centros de servicios tecnológicos ganaderos teCnig@n, que persiguen esos mismos fines.

Los países del sur del continente americano, por ejemplo, muestran en los últimos 15 años un aumento del inventario bovino de 22% en promedio. Igual tendencia se observa en el sacrificio, que se incrementó en un 38%. El primero, jalonado por Brasil, uruguay y Chile, que lo hicieron por encima del 30%; en tanto que el mayor sacrificio estuvo en cabeza de Brasil con un ascenso de 62,2% y uruguay con 35%, para este mismo periodo.

La tasa de extracción pasó de 18% a 20% entre 1990 y 2005. En este ítem Brasil volvió a mostrar un interesante avance al pasar de 15,3% a 19%. Argentina se mantiene en el mismo nivel (28,4%). Colombia, entre tanto, ha mantenido una tasa de extracción estable en alrededor del 16%.

En lo que respecta al peso de los canales, el país carioca también repuntó con un extraordinario aumento (pasó de 183 kilos en la década de los 90 a 213 en 2005). En uruguay, el incremento fue de 10,3% (pasó de 210 a 231,7 kilos). Colombia, según la FAO, reporta hoy canales de 205 kilos.

El consumo per cápita en carne de este bloque de países es de 47,5 kilos por habitante. Se destaca el de uruguay con 77,3 kilos, seguido de Argentina (64


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kilos) y en último lugar Brasil con 35 kilos. Estas cifras contrastan con la de Co-lombia, que llega a escasos 19,5 kilos.

Los cambios no sólo se observaron en términos cuantitativos, sino que me-joraron la infraestructura exportadora de frigoríficos y redes de frío, así como su estatus sanitario respecto a enfermedades como la fiebre aftosa. Los resultados saltan a la vista. Chile, tiene hoy estatus de país libre de aftosa sin vacunación, mientras que los demás son países libres de aftosa con vacunación.

Las exportaciones de carne bovina de estos países reflejan estos cambios. Entre 1990 y 2004 registraron un alentador comportamiento al pasar de 797.000 a 2.413 toneladas. Sólo Brasil incrementó sus volúmenes en 800%.

En el renglón de lácteos los avances también han sido sobresalientes. Bra-sil y Argentina son responsables del 88% de la producción láctea del sur del continente americano, con crecimientos en su producción de 67% y 56%, res-pectivamente. Sus exportaciones llegaron a 2,8 millones de toneladas en 2004 (repuntaron en 328%). Colombia también ha mostrado avances en este campo, al reportar un aumento gradual en su producción y exportar 27.812 toneladas en 2005 (enero-noviembre).

Nuestro país no ha despegado pero tiene un gran potencial. Combinar la tradición ganadera (know how) e implementar nuevas técnicas de producción, unido de la mano de los teCnig@n y de otros centros de investigación institu-cionales y privados, nos permitirá crear un ambiente productivo y, sobre todo, competitivo. El compromiso es validar y transferir el conocimiento para lograr crecimiento e incursionar, de manera exitosa, en un mercado externo tan com-petitivo y complejo como es el de la carne y la leche, además por que es una condición necesaria para defendernos de este mismo grupo de países.



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El insumo ecológico*

La producción pecuaria bovina debe enfrentar la alta intermediación que existe en el mercado interno a lo largo de la cadena productiva y los efectos negativos de la

economía internacional, particularmente, en materia de tasas de interés y la escalada de los precios internacionales del petróleo. Una propuesta para tratar de reducir estos impactos reside en cambiar los hábitos en la producción agropecuaria, de tal manera

que se adopten opciones ecológicas y se restrinja el uso de derivados del petróleo.

El tiempo pasa y las fuertes asimetrías continúan haciendo de la Colombia rural un escenario de exclusión, pobreza y desigualdad ante el impacto de la globa-lización. Es una mella permanente que se suma a la pasmosa inactividad para debilitar ese efecto arrasador y que, se podría asemejar, al “deje así” de la come-dia La pelota de letras. De los que disfrutan del olor del campo, depende que esto permanezca igual o que se disipe la oportunidad de que el sector primario avance, vía reconversión-competitividad, para ingresar a los grandes mercados internacionales.

Los efectos de la economía internacional, particularmente, en lo referente a las tasas de interés y la escalada de los precios internacionales del petróleo, resultan lesivos para la producción del sector rural, no sólo porque son factores macroeconómicos de alta influencia en el rumbo de los mercados y agudamente susceptibles a cualquier variación, sino porque generan un efecto dominó en los precios de las materias primas que afectan su competitividad.

La economía pecuaria bovina es dependiente del uso de derivados y de subproductos del oro negro y de la demanda de insumos y materia prima con alto componente importado, lo cual la hace, igualmente susceptible, al compor-tamiento de los mercados. Lo crítico es que son fenómenos exógenos que no dependen de nuestro dominio.

A dichos efectos externos no se pueden excluir otros del mercado interno que también afectan la economía agropecuaria. La alta intermediación dada a lo largo de la cadena productiva, tanto de cárnicos como de lácteos, deja distorsio-nes evidentes de los precios de los productos al consumidor y una escasa trans-misión a los precios pagados al productor.


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Por citar sólo un año. En 2005, insumos como la urea, utilizada para la fer-tilización de praderas, y el ACPM registraron aumentos de precio (8,4% y 15%) muy superiores a la inflación del mismo año (1,7 veces y 3 veces, respectivamen-te). Su influencia es de tal magnitud que según una muestra realizada por Fede-gán a 1.000 fincas, estos productos son altamente demandados por la ganadería, ya que el 37% fertilizaron sus suelos con un alto componente de urea.

Igual sucede con los alimentos para ganado bovino. Mientras la melaza, aumentó su precio notablemente (68%) jalonado por la alta demanda de alcohol carburante, la sal mineralizada y los concentrados bajaron su precio (1,25% y 1,19%), debido a su importante componente de producto importado.

El panorama es de incertidumbre. Incluso el Banco Mundial ha advertido que la positiva evolución de la economía colombiana se podría ver afectada por el comportamiento de las tasas de interés en los mercados internacionales.

¿Y qué hacer para que el sector rural y, en particular, el pecuario bovino no siga sujeto a estos riesgos? Sea esta la oportunidad para no “dejar así” y obrar en dos direcciones estratégicas: la primera es formalizar la ganadería e hilar ma-niobras que conduzcan a que todos los agentes, de la cadena cárnica y láctea, caminen hacia ese mismo objetivo; la segunda es promover un cambio de hábitos en la producción agropecuaria, es decir, en vez de usar derivados del petróleo, la alternativa es acudir a opciones ecológicas.

Producir con base en pasturas e insumos orgánicos para levantar los bovi-nos en armonía con el medio ambiente, es avanzar hacia la obtención del sello or-gánico y hacia la productividad limpia. La semana pasada más de 400 ganaderos de todo el país se desplazaron para registrar el cambio de cultura productiva en la zona de Risaralda y Quindío, que en menos de una década pasó de caficultura a ganadería intensiva a base de grandes fertilizaciones. Hoy exhibe una nueva alter-nativa de ganadería sostenible con leucaena y gramíneas que le permite una carga de más de cinco unidades de gran ganado (uGG) por hectárea sin abonamiento, gracias a que la leucaena, además de ser un rico alimento en proteínas, incorpora más de 500 kilogramos/hectárea/año de nitrógeno al suelo. Ahí tenemos una buena alternativa.



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El bienestar animal*

La reconversión de la ganadería es urgente. Los sistemas silvopastoriles no sólo favorecen el bienestar animal, que hoy se ha convertido en una variable básica en los

mercados internacionales, sino que, además, contribuyen a fortalecer los suelos, prevenir la erosión, generar economías de escala y un mayor aprovechamiento de la oferta

ambiental.

El bienestar animal es un tema que inquieta desde hace tiempo a los grandes con-sumidores de alimentos en el mundo. Es tan vital, que tiene el grado de norma no arancelaria y se constituye en uno de los requisitos fundamentales al momento de autorizar el ingreso a sus mercados. Es un tema nuevo, diferente al sanitario. Ya no sólo se exigirá que los animales provengan de países con un estatus de admi-sibilidad sanitaria (aftosa, por ejemplo) sino que los animales hayan sido tratados debidamente.

La ganadería bovina es uno de los renglones productivos en el cual el bienes-tar animal es el factor de mayor importancia no sólo para conquistar mercados in-ternacionales, sino para mantener y acrecentar los propios por el alto impacto que tienen los subproductos cárnicos y lácteos en la canasta alimenticia de los hogares.

Garantizar que las condiciones en las que crecen los bovinos sean las ade-cuadas, es clave para el futuro. Probablemente, el mercado interno es menos per-meable a enfatizar en estos aspectos en el corto plazo, pero el externo lo usará cada vez más para proteger su propio mercado. Y, como los patrones de consu-mo cambian constantemente y cada vez son más exigentes, es oportuno dejar atrás algunas prácticas en los esquemas de producción para comenzar a trabajar la ganadería de la mano de la reconversión ambiental, que tiene un alto impacto en el bienestar animal.

Esto significa dejar atrás el sistema de producción extensivo, de libre pero precario pastoreo, ineficiente y muchas veces hostil con el medio ambiente en el que no se ejerce control alguno sobre suelos y pastos, para reemplazarlo por uno basado en producciones silvopastoriles que además de ser mucho más amigable con la oferta ambiental, permite un desarrollo ganadero más sano y más productivo.


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De ahí que, el mejoramiento de suelos, el cultivo de pastos con mayor con-tenido proteínico, la división de potreros, separados por cercas eléctricas, con-tribuyen en este propósito, pero es indispensable complementarlos con planta-ciones forestales que igualmente aportarán muchísimo a la finca y al bienestar animal, sin afectar la productividad de las praderas. Es como si además de usar la capa superficial del suelo para implantar pasturas, también usáramos las capas más bajas, tres, cuatro o hasta 10 metros de profundidad para las raíces y 20 ó 30 metros de altura para el desarrollo de los árboles. Es decir, en vez de tener un piso productivo, tenemos dos o tres pisos, que además de dar rendimientos económi-cos traen grandes beneficios al hato.

En el caso chileno, la reforestación se convirtió en uno de los renglones prin-cipales de su economía por los incentivos financieros y las exenciones tributarias, logrando pasar de uS$30 millones a uS$2.400 millones anuales la exportación de madera en las últimas tres décadas. Colombia hoy tiene condiciones fiscales similares a Chile, pero superiores ambientalmente, lo que debe potencializar son sus posibilidades en materia forestal.

Levantar cultivos de árboles en los hatos bovinos es una actividad que re-sulta complementaria a la ganadería y va de la mano con la propuesta que hemos venido impulsando para mejorar las condiciones del sector. Ahí está el futuro. La reconversión de la ganadería es urgente. Los sistemas silvopastoriles no sólo favorecen el bienestar animal, sino contribuyen a fortalecer los suelos, previenen la erosión, generan economías de escala y un mayor aprovechamiento de la oferta ambiental. Además, nos pone un paso adelante para aprovechar el déficit de pro-ducción de madera que se prevé en el mundo –según la FAO– a partir de 2010.



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Las vacas son lo que comen*

La producción ganadera con base en pastos, es un esquema desaprovechado en las regiones tropicales. Parecen ignorar que los mercados desarrollados exigen subproductos

cárnicos y lácteos, procedentes de animales levantados en esquema completamente ecológicos y que, justamente, la presencia de sol los 365 días del año, favorece un

crecimiento más dinámico de los piensos, alimento básico para la producción de las denominadas carnes verdes.

Para ser ganadero primero hay que ser agricultor, sentenció uno de nuestros más experimentados ganaderos, hace pocos días en la revista Carta Fedegán. Y ésa es la consigna a la que se deberán sujetar los miles de ganaderos colombianos para aumentar su eficiencia productiva y diferenciar sus productos cárnicos y lácteos a la hora de ofertar en los escenarios internacionales. No es cuento. La base de la producción de un hato es el manejo óptimo y sostenible de las praderas y en ella se sustenta la producción orgánica y limpia que persiguen los grandes mercados consumidores en el mundo, pues finalmente las vacas son lo que comen.

Las explotaciones agropecuarias que promuevan la mejora de los pastos y el cultivo de plantas forrajeras, mejoran las condiciones de la tierra permitiendo explotar el potencial genético de las diferentes especies de gramíneas (kikuyo, ray grass, estrellas, brachiarias, entre otras) y leguminosas (tréboles, pega pega, leucaena, mataratón, entre otros).

No se deben olvidar los árboles. Éstos son fundamentales porque además de suministrar sombra a los animales evita que se vean perjudicados por el estrés ocasionado por el calor, pero algunos son fuente de alimentación que es consu-mida a través del ramoneo.

A pesar de las mencionadas bondades, la producción ganadera basada en pastos es un esquema desaprovechado en las regiones tropicales –de la cual goza-mos los colombianos–. Las bondades de esta ubicación geográfica son altas y se les ha restado importancia. una de ellas es la de tener sol durante los 365 días del año que fomenta un crecimiento y desarrollo mucho más dinámico de los pastos.

Es importante modificar esta tendencia. Colombia tiene todo para hacerlo. A los pastos hay que darles un mejor tratamiento. Desde el establecimiento de


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las praderas hasta un crecimiento o maduración que proporcione las bondades nutritivas. Hay casos en el que el periodo de mayor expresión de los nutrientes se da a los 45 días, y los cortes se realizan a los 80, desaprovechando los atributos de estos pastos y suministrando sólo forrajes con muy bajo nivel nutritivo, producto del escaso o nulo manejo de estos cultivos.

Los pastos son fuente de carbohidratos, proteínas, vitaminas y minerales, que favorecen el mejoramiento en los aspectos nutricionales y permiten la expre-sión genética de las bondades de las razas bovinas, es decir que se logre un mayor aumento de peso, mejor calidad de la carne y mayor producción de leche. Incluso los especialistas en mejoramiento animal afirman que la producción de la leche en los trópicos se debe fundamentar en un régimen de pastoreo.

una ganadería basada en esquemas de producción de pastos, resulta muy ventajosa en aspectos sanitarios ya que entre los requerimientos para ingresar a los mercados desarrollados es que los subproductos cárnicos y lácteos procedan de un animal que haya sido levantado en un esquema completamente ecológico. Hay ejemplos de ganaderías colombianas en Risaralda y Quindío que basadas en la producción limpia es decir a base de pastos han logrado incorporar altas dosis de nitrógeno al suelo a razón de 500 kilogramos/hectárea/año. Otras han obteni-do crecimiento diario en peso de animales que superan hasta en 70% el promedio nacional. Esto quiere decir que mientras en el país se logra una ganancia de peso de 300 gramos/día por cada animal, en dicho esquema lo hicieron a razón de 500 gramos/día por bovino.

Que nuestros bovinos se alimenten y crezcan a base de pasturas es el funda-mento del desarrollo ganadero y la ventaja comparativa que nos diferenciará en los grandes mercados consumidores del mundo.



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Es el momento de reforestar*

La producción de maderas y bosques se podría convertir en una solución a problemas acuciantes en el sector rural, como la carencia de oportunidades para mantener la

continuidad en sus estrategias productivas, falta de infraestructura y de ingresos para la manutención de las fincas y las familias, y la poca explotación de su potencial agropecuario. Es, igualmente, el mecanismo para hacer realidad el propósito de

Fedegán para transformar 10 millones de hectáreas a la silvicultura, de la mano de un manejo armónico entre el bosque y las praderas.

El sector rural y, particularmente, el ganadero, tiene, en las actividades forestales, una oportunidad para generar beneficios ambientales y una alternativa productiva altamente rentable en el mediano y en el largo plazo, y, si nos lo propusiéramos, uno de los primeros renglones exportadores del país.

Las condiciones para sembrar, multiplicar y explotar la arborización, están dadas. Posee a favor el clima tropical, el cual es óptimo para el crecimiento más rápido del árbol; disponibilidad de tierra, pues de acuerdo con estudios serios, Colombia tiene un potencial de 25 millones de hectáreas para su cultivo; y bajo nivel de explotación, ya que sólo hay sembradas 210.000 hectáreas. Adicional-mente, en cuanto a política de desarrollo, dispone del certificado de incentivo forestal, que cubre una parte de los costos del cultivo; tratamiento tributario espe-cial, mediante la deducción de inversiones en el impuesto de renta; y estabilidad jurídica garantizada en la Ley forestal.

Pero no son sólo extraordinarias las condiciones para producir maderas. Las señales de mercado son altamente positivas. La primera de ellas es la demanda mundial que supera ampliamente a la oferta. La tasa de crecimiento de la deman-da es de 2,7% y de la oferta de 1,8%. una segunda señal, derivada de la anterior, es el elevado déficit mundial de madera, estimado en 140 millones de metros cúbicos a partir de 2010.

una tercera, es la que surge de los mercados ambientales mundiales. Desa-rrollar proyectos forestales para la reducción de los gases de efecto invernadero (GEI), que les permita a los países desarrollados, cumplir los compromisos del Protocolo de Kyoto, proporciona una oportunidad ya no con la pretensión de


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explotar la reforestación y obtener madera, si no de producir bosques y mejorar el medio ambiente. Esta alternativa tiene la ventaja de que los riesgos de inver-sión son menores desde el punto de vista de su mercado, y porque los países que se acogen al mecanismo de desarrollo limpio (MDL) disponen de sus propios recursos de financiación. Y una cuarta señal, es que no se conoce, por ahora, un producto sustituto de la madera, lo cual indica que su demanda internacional se mantiene.

El mercado interno también se presenta promisorio. Colombia registra un notable desbalance entre la extracción y la siembra. En los últimos 25 años, el promedio de extracción ha sido de 12.000 hectáreas frente a un promedio de siembra de 8.000 hectáreas. Dicho agotamiento de las reservas forestales no per-mite suplir las necesidades del mercado interno, lo que nos conducirá a importar el producto, con los consabidos costos que podrían llevar a duplicar el precio interno del metro cúbico maderable.

Estas alternativas –producción de maderas o de bosques– se podrían con-vertir en una de las soluciones a los problemas que tanto han angustiado al sector rural como son: la carencia de oportunidades para mantener la continuidad en sus estrategias productivas, la falta de infraestructura y de ingresos para la ma-nutención de sus fincas y de sus familias y la poca explotación de su potencial agropecuario. Es, igualmente, el mecanismo para hacer realidad el propósito de Fedegán de reconvertir 10 millones de hectáreas a la silvicultura de la mano de un manejo armónico entre el bosque y las praderas.

La arborización no sólo es la vía para producir los mejores resultados ge-néticos, de volumen y de rentabilidad en la ganadería, sino también para cumplir y superar las más rigurosas barreras arancelarias de los grandes mercados consu-midores de productos cárnicos y lácteos: el bienestar animal y el manejo medio-ambiental. Además, es la opción para generar una fuente de divisas superior a las tradicionales. Es el momento de reforestar.



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La responsabilidad de reconvertir*

Los cambios climáticos han causado grandes estragos en el planeta y en un futuro cercano, los perjuicios pueden ser enormes, sino logramos modificar los hábitos y las

condiciones actuales para producir. El compromiso que hemos asumido los ganaderos colombianos, es reconvertir parte de las áreas utilizadas en la ganadería bovina. La meta es plantar con árboles 10 millones de hectáreas que actualmente se utilizan en

pastos y realizar un aprovechamiento racional de las mismas.

En la última semana de enero se realizaron dos eventos que, aunque año tras año se promueven, no deben pasar desapercibidos. Se trata de dos foros mundiales con particularidades inusuales: el Foro Económico Mundial, realizado en Davos, Suiza, donde una fundación privada reúne a las elites económicas y sociales del mundo para discutir sobre los desafíos internacionales; y el Foro Social Mundial, que se celebró en Nairobi, Kenia, donde se congregaron movimientos sociales y ONG de más de 100 países en su séptima edición.

El Foro de Davos, lejos de pretender tomar decisiones o llegar a acuerdos, tiene por objetivo fomentar el debate y, sobre todo, los contactos a nivel político y empresarial en un marco que, a veces, se ha calificado de “mercado de ideas” y otras, de caldo de cultivo para fusiones en los ámbitos: económico, político, climatológico y de tecnologías. En Nairobi, los objetivos apuntan a la búsqueda de un espacio abierto para el encuentro, la reflexión y el debate democrático. Bajo el lema La lucha de las personas, las alternativas de las personas, temas como el sida, los problemas de género, los habitantes sin tierra, la migración, la juventud o la vivienda, se constituyen en la otra cara de la globalización que se discute en Davos.

Ambos foros –y muchos otros de cobertura mundial– plantean su preocu-pación por dos aspectos en los que no se nota avances significativos: la pobreza y el medio ambiente. En el primer frente incluso, se cuestiona que no se han cum-plido las proyecciones de reducción de pobreza. Y en el segundo, los cambios cli-máticos, cada vez aumentan la hoguera. El cambio en las condiciones mundiales climáticas han causado ya grandes estragos y en un futuro cercano los perjuicios, de no modificar las condiciones actuales, serán gigantescos. En lo que respecta a


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Colombia se dice que éstos pueden ser la causa de las intensas heladas que han afectado 182.000 hectáreas en las zonas frías del país, al tiempo que los incendios forestales de las últimas semanas ya han dado cuenta de 150.000 hectáreas en bosques nativos. La tarea a asumir es revertir las causas que han generado estos cambios.

El compromiso unilateral que hemos asumido los ganaderos colombianos, de reconvertir parte de las áreas utilizadas en la ganadería bovina, van en ese sentido. La meta es plantar con árboles 10 millones de hectáreas que actualmente se utilizan en pastos y realizar un aprovechamiento racional de ellos, con la con-vivencia armónica de la explotación de actividades bovinas en sistemas silvopas-toriles, aprovechando herramientas actualmente disponibles a nivel internacional como son: los mecanismos de desarrollo limpio (MDL) y los bonos ambientales y, a nivel nacional, los incentivos que provee el Gobierno en este sentido, como son el incentivo forestal y las inversiones sustitutivas de impuestos aprobadas en la última reforma tributaria.

La comisión de sabios en temas del medio ambiente, reunida recientemente en París, recomendó el uso de combustibles biodegradables. La utilización de biocombustibles que sustituyan el uso de combustibles fósiles que generan una importante emisión de partículas de carbono, uno de los principales elementos que originan el efecto invernadero, causante de los graves trastornos climáticos mundiales, es un paso importante en este sentido.

El compromiso es convertir a nuestra patria en un país productivo, armó-nico con el medio ambiente y socialmente solidario y responsable, tal como lo consignamos en el Plan estratégico de la ganadería colombiana 2019.



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Silvopastoreo: compromiso con el ambiente*

El sector ganadero bovino transformará 10 millones de hectáreas –que acusan conflicto en el uso potencial del suelo– hacia sistemas de producción silvopastoril. El proyecto es la punta del iceberg de una gran meta de ordenamiento ambiental y ocupación pacífica del territorio, que además de la rehabilitación práctica y sostenible de las tierras degradadas, busca generar productos para los mercados verdes nacionales e

internacionales y ofrecer servicios ambientales regionales y globales.

En 2019, la ganadería colombiana habrá finiquitado una verdadera revolución en la productividad y en la recuperación ambiental del sector, a escala internacional. De los 38 millones de hectáreas que en la actualidad albergan 23 millones de cabezas de ganado, 10 millones –que acusan conflicto en el uso potencial del sue-lo– serán excluidas del sector y transformadas en bosques o reconvertidas hacia sistemas de producción silvopastoril. La meta: hacer eficiente, rentable, producti-va y ambientalmente sostenible la actividad, en 28 millones de hectáreas, con un hato de 48 millones de reses.

El proyecto, uno de los más ambiciosos que se propone realizar Fedegán, es la punta del iceberg de una gran meta de ordenamiento ambiental y ocupación pacífica del territorio, que además de la rehabilitación práctica y sostenible de las tierras degradadas, busca generar productos para los mercados verdes nacionales e internacionales y ofrecer servicios ambientales regionales y globales.

A finales de 2006, Fedegán logró “poner una pica en Flandes” –como di-rían los ibéricos– para materializar los primeros pasos hacia estos propósitos, al consolidar una alianza estratégica, para la reconversión de las primeras 50.000 hectáreas. El proyecto denominado Ganadería colombiana sostenible-Núcleos di-namizadores regionales, involucrará recursos por uS$67,5 millones y generará 3.000 empleos permanentes y 25.000 temporales.

un pool de instituciones, nacionales e internacionales, apalancará el proceso de reconversión y financiación, durante los seis años que se han previsto para su ejecución: los Ministerios de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y Agri-cultura y Desarrollo Rural, Finagro, el Fondo para la Acción Ambiental y la Niñez (FPAA), el Fondo Global Ambiental (GEF)-Banco Mundial y The Nature Con-


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servancy (TNC). Así mismo, contará con el apoyo científico y técnico del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (Catie) y el Centro para la Investigación de Sistemas Sostenibles de Producción Agropecuaria (Cipav).

A la vuelta de seis años, se habrán implantado cinco núcleos de produc-ción ganadera silvopastoril: dos en la región Caribe, dos en la Andina y uno en la Orinoquía, con una cobertura de 17 departamentos. Para entonces se habrán establecido 25.000 hectáreas de potreros arborizados con cerca de 2,5 millones de árboles y 25.000 adicionales funcionarán bajo sistemas silvopastoriles intensivos, con la siembra de 200 a 250 millones de arbustos forrajeros.

El país contará con 2.000 kilómetros de cercas vivas nuevas, 500 kilómetros de corredores ribereños en ríos y humedales habrán sido protegidos con cerca de medio millón de árboles y 3.000 hectáreas habrán sido liberadas para restauración ecológica. Se espera, además, que otras 4.000 entren bajo la tutela de acuerdos de conservación de bosques privados y que 3.000 hectáreas de producción ganadera, alcancen certificación ecológica y se organicen en 15 empresas agroindustriales, con una oferta de productos ecológicos.

El proyecto está enmarcado en la denominada seguridad alimentaria, una política global que más allá del simple concepto de abastecimiento, ha motivado en los últimos 50 años, una búsqueda desesperada por métodos integrales de producción socialmente responsables. Nada distinto, a adoptar sistemas que in-volucren desde la protección del medio ambiente y el cuidado de la salud, hasta el cumplimiento de normas laborales, con una oferta de alimentos en condiciones de calidad e inocuidad óptimas, para un consumidor cada vez más exigente y desconfiado.

De hecho, la reconversión ambiental de la ganadería colombiana, ha sido concebida por Fedegán, como uno de los puntales para el desarrollo rural sos-tenible. Su implantación integra diferentes estrategias económicas, sociales y ambientales con beneficios múltiples, gracias a las sinergias que genera con las agendas ambientales y con la política de la lucha contra la pobreza, a través de las cadenas productivas, la agregación de valor, la generación de empleo rural y el mejoramiento en fauna y flora silvestres, suelos y recursos hídricos.

* Publicado en marzo de 2007


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Mejorar praderas*

El sector ganadero se ha trazado como meta, incursionar en los mercados externos, sin descuidar el interno. En este proceso, la experiencia de Brasil y Argentina resulta diciente, en la medida en que alcanzaron, en corto tiempo, posiciones importantes en el comercio internacional y mejoraron sus hatos en calidad y cantidad. Colombia está en mora de perfeccionar sus prácticas productivas, optimizar sus suelos y praderas,

aprovechar las ventajas naturales del trópico, para aumentar el hato, la productividad y calidad de las explotaciones.

¿Qué hizo Brasil para ser el primer exportador de carne bovina del mundo? La verdad es que no hay ningún secreto o fórmula especial. Lo primero fue formu-larse un propósito: ser exportador, y luego, el cómo hacerlo y el inventario de instrumentos que tenían, incluyendo las ventajas y desventajas frente a un exigen-te y competido mercado... y ahí van. De uS$247 millones que vendían en 1990 pasaron a recibir la interesante cifra de uS$2.500 millones en 2004; gran parte de los cuales irriga su sector rural.

Los ganaderos colombianos también tenemos como objetivo volcarnos a los mercados externos, sin descuidar el nuestro, sobre el cual estamos conven-cidos de poder satisfacer con productos de calidad y buenos precios y, además, porque es fundamental para acumular la experiencia que nos conduzca a exportar eficientemente. De ahí que debamos aumentar el hato y la productividad parale-lamente con la calidad. Los pasos seguidos por Brasil y Argentina nos permiten recoger su experiencia.

En 13 años (1990-2003) los ganaderos de Brasil aumentaron su capacidad de carga 30% y hoy ostentan el hecho de tener un bovino por cada hectárea de tierra dedicada a la ganadería. Al mismo tiempo, el hato ganadero creció en 31% (a 200 millones de animales) y tiene más de un bovino por cada habitante de su país.

Colombia, por su parte, alcanza un poco más de media res para cada hec-tárea y un equivalente similar por cada habitante. Son proporciones a las cuales se ha llegado en forma accidental, heredada por las adversidades del sector agrí-cola como ocurrió en los primeros años de la apertura económica, que hizo que


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850.000 hectáreas de cultivos fueran sustituidas por importaciones y se reconvir-tieran a la ganadería.

Pero independientemente de factores como el enunciado, nuestra ganadería se encamina en el mediano plazo a la meta de dos bovinos por hectárea y una res por cada habitante. Esas metas son necesarias para satisfacer el consumo interno y exportar, e incluso podrían quedar cortas. Para lograrlo es fundamental mejorar suelos y praderas, producir alimentos, ser responsables del medio ambiente –en forma directa con siembra y mejoramiento de pastos e indirecta, con producción de cultivos de forraje y otros suplementos para ganado– y dinamizar el campo para recuperar los tres puntos del PIB que perdió al descender su participación en el mismo (de 16% a 13%) por efectos de la apertura de mercados.

Para ello, contamos con ventajas naturales por estar ubicados geográfica-mente en el trópico. Recibir sol permanentemente durante los 365 días del año, activa el proceso de la fotosíntesis en los pastos y el resultado final, es que éstos, crecen de una forma más acelerada aumentando la oferta de biomasa (volumen de pasto). Tenemos, así mismo, lluvias constantes distribuidas en varias épocas que permiten la autosostenibilidad de los esquemas silvopastoriles.

Los recursos naturales bien administrados se pueden capitalizar para avanzar en la relación “interacción de ganadería–medio ambiente–desarrollo económico”.

El gremio ganadero en cabeza de Fedegán, lamenta el fallecimiento de Luis Samuel Martínez Álvarez, a quien recordaremos por su gran dedicación y aporte al desarrollo del sector. La modernización de la ganadería que he tenido la opor-tunidad de formular y liderar, era su pan de cada día. La genética fue su última pasión y, a fe mía, se había convertido en una verdadera autoridad en la materia. Su papel en la dirigencia gremial fue fundamental. Luis Samuel, seguiremos con tu sueño y lo haremos realidad. ¡Paz en tu tumba!



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Por un consumo sostenible*

El creciente número de hembras bovinas para sacrificio, sumado a la significativa exportación de ganado en pie hacia Venezuela y la presión de la demanda interna por productos cárnicos, están llevando al país a dilapidar, en forma irremisible, el

inventario bovino y a comprometer las metas del Plan estratégico de la ganadería colombiana 2019. En horabuena el Gobierno nacional adoptó los correctivos. Una mayor destorcida en el mercado, puede significarle al país una década de atrasos.

Este año, el Gobierno le madrugó a la dinámica inusual que registraba el ciclo ganadero y, a instancias de Fedegán, sorprendió a los productores con dos deci-siones acertadas y oportunas: restringir las exportaciones de ganado en pie hacia Venezuela y frenar el alarmante sacrificio de hembras bovinas por tercer año con-secutivo. La meta: favorecer el repoblamiento bovino y corregir las distorsiones del mercado, ocasionadas por la fuerte demanda del vecino país y una coyuntura de precios altos, que en vez de estimular la retención de hembras, estaba condu-ciendo hacia la liquidación del hato.

Por cuenta del comercio de animales vivos hacia Venezuela, salieron 612.000 cabezas en los últimos tres años. En 2004 se alcanzó el récord de 245.898 bovi-nos exportados. Esta dinámica se conservó en 2005 y 2006, cuando se transaron 140.639 y 225.000 reses, respectivamente. No obstante, estas son cifras del mer-cado formal, pues en el informal, el contingente pudo ser similar. Con lo cual, el total de bovinos, que migró, se estimó en 1.224.000 cabezas, para el mismo periodo. Como si liquidáramos el hato del Cesar o del Magdalena.

A la creciente demanda del mercado venezolano, se sumó el incremento del ingreso real de los colombianos y el crecimiento de la economía, que terminaron por estimular la demanda interna y sostener el alza en las cotizaciones. Al cierre de 2006, los precios se ubicaron por encima del 5% para el ganado flaco y cerca de 10% para el gordo. A su turno, las mejores cotizaciones jalonaron el sacrificio, con un solo agravante: el repunte comprometió la participación de hembras bo-vinas, en mayor proporción al deseado.

La muestra de sacrificio del DANE reportó, para 63 municipios, un aumen-to de hembras de 36% entre 2003 y 2006. Para el total nacional, Fedegán estima


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que de 3.910.000 cabezas que se sacrificaron en 2006, el 45%, es decir, 1.759.500 fueron hembras. Esto es preocupante considerando que, de acuerdo con los sis-temas de producción y tiempos de sacrificio, esta proporción ha registrado máxi-mos de 40%, con picos poco deseables.

El parte es de tranquilidad, pues si bien la demanda de Venezuela impactó en forma positiva los precios del mercado interno, el comercio con esa plaza, no va más allá del 6% de la producción nacional. Con lo cual, el mercado doméstico puede ser más importante, para mantener la demanda y los precios, considerando la dinámica de la economía. Para 2006, el consumo per cápita de carne fue de 19,3 kilos, tres más que en 2005. Pero el guarismo puede ir al alza. ¿Por qué? Se ha ex-perimentado un crecimiento real del salario mínimo de 9,3% en los últimos cuatro años. Quiere decir que 14 millones de colombianos, que perciben entre uno y dos salarios mínimos, jalonarían la demanda. un punto de crecimiento en el consumo equivale a 180.000 animales adicionales. Supone que el solo incremento del con-sumo interno, mantendría firmes los precios al productor.

Enhorabuena cuajó la actitud propositiva de Fedegán y la capacidad de respuesta del Ministerio de Agricultura. El país no se podía vendar los ojos y di-lapidar el inventario bovino y, por esta vía, comprometer las metas que el sector se trazó en su Plan Estratégico: tener 48 millones de cabezas para 2019, una de-manda interna de 30 kilos per cápita y una oferta exportable de 50.000 toneladas de carnes de valor agregado y 400.000 más para mercados no especializados. una destorcida en el hato nos pudo dejar ante un lánguido panorama, de una década para recuperar el terreno perdido, especialmente en consumo de carnes rojas, desplazadas por la de pollo y otros sucedáneos.



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Comer buena carne*

Auque el grueso de la comercialización de carne se realiza en las famas de barrio, este canal adolece de serias deficiencias. El producto llega al consumidor final sin haber

cumplido su proceso de maduración y, en la mayoría de los casos, se elimina el uso de transporte refrigerado. Fedegán adelanta estrategias encaminadas a la adopción de una legislación realista, con claras competencias de vigilancia, control y capacidad

sancionatoria.

Los hábitos de consumo de carnes bovinas de nuestros nacionales impiden que productos de excelente calidad lleguen a su mesa. uno de los factores es el tra-dicional consumo de carnes frescas, recién sacrificadas, que no han recibido un adecuado manejo de maduración para evitar su descomposición. Las carnes que reciben un tratamiento adecuado y son aptas para el consumo humano, son re-frigerados en cámaras técnicamente diseñadas para reducir la temperatura de la canal a un nivel de 4° C en un término de 30 horas promedio, lo cual tiene una repercusión directa sobre la terneza de la carne y su periodo de vida.

Otro factor es la inadecuada preparación de un sinnúmero de cortes cár-nicos que, por desconocimiento, alejan a los consumidores de un privilegio que puede estar al alcance de todos y que con el proceso señalado permitiría disfrutar de una carne con la terneza adecuada para su degustación y nutrición.

En el país se evidencian problemas de infraestructura y adecuación de plantas de sacrificio relacionados no sólo con el manejo armónico con el medio ambiente, sino con la calidad de los productos generados. Observamos que la mayoría de las 1.440 plantas de sacrificio existentes en el país, realizan sus activi-dades sin medir el grave impacto que deja el inapropiado manejo de residuos en el medio ambiente.

La Contraloría General de la República estima que el 90% de los mataderos (1.298), no realizan tratamiento de aguas servidas y 616 las vierten directamente a los ríos. A sus afluentes van a parar, igualmente, la sangre de 433 mataderos y el contenido ruminal de 585. Otros (236 plantas) se acostumbraron a verter las aguas residuales directamente en los campos. En consecuencia los residuos sóli-dos se convierten en una fuente inagotable de propagación de plagas. Adicional


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a estos inconvenientes se convive con la existencia de una operación clandestina de sacrificio –aún no cuantificada– y canales informales de distribución de carnes y subproductos.

Luego de efectuado el sacrificio, el grueso de la producción de carne se ven-de a través de las famas sin proceso de maduración y transporte refrigerado. El consumidor las prefiere porque tiene el erróneo concepto de que las carnes “fres-cas”, es decir, las recién sacrificadas, son las mejores para el consumo, siendo que la calidad de la carne está dada en gran medida por los procesos de maduración.

El minorista no tiene, por tanto, control sobre la calidad de la carne que ex-pende. Esto se refleja en los precios al público. En las famas resultan ser menores que en los ofrecidos en los supermercados, debido a que estos últimos deben cu-brir los costos de una infraestructura formal de empresarización, de refrigeración y de maduración para garantizar la inocuidad de los productos, pese a que en expendios ejecutan procesos de limpieza de cortes, porcionado y preparación de algunos productos semiprocesados.

Fedegán ha sido un promotor activo de poner fin a esta situación y adelanta estrategias encaminadas a darle un giro de 180 grados. Desde hace una década ha venido liderando programas de tecnificación y ha efectuado inversiones en 12 plantas de sacrificio ubicadas en las principales zonas productoras de ganado del país. Hoy, el sector ganadero cuenta con seis plantas modernas de sacrificio –con participación accionaria de Fedegán– con capacidad de almacenamiento en frío y aptas para responder a los exigentes mercados internacionales de las cuales cuatro que cuentan con la certificación HACCP (análisis de puntos críticos de control), se fusionaron recientemente y crearon la compañía Frigoríficos Gana-deros de Colombia S. A.

Otros factores corresponden a la legislación existente sobre el manejo del sa-crificio, para lo cual está en curso un proyecto de ley, así como la aprobación de dos Conpes sanitarios, que serían los lineamientos de política que permitirán avanzar en este propósito. Dicho giro será posible sólo cuando se defina e implante una legisla-ción realista sobre sacrificio de ganado, procesamiento, transporte y comercializa-ción de carne, con claras competencias de control y capacidad sancionatoria.

Desde la óptica del consumo, la estrategia es habilitar un cambio de cultura mediante la promoción del consumo de carnes maduradas y cortes diferenciados, que permitan segmentar el mercado y ofrecer productos de óptima calidad no sólo a los compradores tradicionales, sino a los mercados institucionales.

* Publicado en agosto de 2006


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Lo que debemos capitalizar*

Más allá de los indicadores productivos que exhibe el sector ganado-bovino de Estados Unidos, Colombia debe aprender sobre el proceso de integración vertical de la cadena, que lograron desarrollar los americanos. El esquema impacta positivamente la relación costo-beneficio de los agentes que la integran, gracias a una institucionalidad fuerte, que regula todas las etapas productivas. En comparación, Colombia enfrenta imperfecciones económicas derivadas de la alta intermediación, que perforan la rentabilidad y minan

la sostenibilidad de los productores.

Dicen que las comparaciones son odiosas, pero cuando se trata de promover el mejoramiento, son la regla. Permiten identificar qué tan lejos o qué tan cerca se encuentra una economía, un sector, etcétera, para fijar sus metas con el objeto de igualar o superar con quién se compara e implantar las estrategias para establecer en qué parte del mercado se ubica. Y ahora con los TLC es más que necesario. Resulta de perogrullo señalar que el mercado estadounidense tiene una capaci-dad productiva y reproductiva ganadera superior a la colombiana, pero existe un elemento del cual podemos beneficiarnos que es el ordenamiento de la cadena productiva.

Primero veamos algunos indicadores productivos. Cuenta con una masa mayor de productores ganaderos que supera en 61% a la colombiana (800.000 en uSA y 490.000 en Colombia), caracterizada por una gran similitud: el tamaño de los hatos promedio y un reducido número de cabezas (entre 50 y 100 en hatos de cría). Supera, igualmente, en cuatro veces el stock bovino (97,1 millones contra 23 millones de cabezas) y sus bienes de capital, representados en las hembras, supe-ran el nuestro en un 9% (46% frente a 37% de hembras en edad reproductiva).

La tasa de extracción de Colombia es el 50% de la de Estados unidos (16% frente a 33%), lo cual indica su mayor eficiencia productiva. En el norte, el tiempo para sacrificio se logra en dos años (ganancia diaria de peso entre 1.200 gramos/día y 1.800 gramos/día), y en Colombia en más de tres (ganancia diaria de 350 gramos/día). Claro que EE. uu. tiene un hato de ganado taurus, que son más precoces que los que conforman el hato colombiano, índicus (cebuinos). Los taurus son alimentados con forrajes y mezclas balanceadas (cereales, hortalizas,


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productos de molinería, etcétera), además en los procesos de finalización son confinados (feedlots). No en vano EE. uu. es un productor de 11,2 millones de toneladas de carne anuales y Colombia de 800.000 toneladas.

Lo interesante de todo este conjunto de indicadores productivos, es saber quién se queda con las utilidades. Aquí encontramos que los americanos han logrado un proceso lineal de integración en la cadena productiva de la carne que impacta positivamente la relación costo-beneficio de toda la cadena. En Colom-bia sucede algo paradójico: que los que unos trabajan, otros se lo quedan. Los ga-naderos colombianos enfrentan imperfecciones económicas derivadas de la alta intermediación que perfora su rentabilidad y mina su sostenibilidad.

Los americanos tienen una institucionalidad que hace efectiva la regulación en todas las etapas del proceso productivo, lo que les ha permitido tener una inte-gración vertical, ejercer las ventas a futuro y lograr precios competitivos.

El ganadero colombiano debe trascender y romper el círculo de los inter-mediarios. ¿Se imaginan, por ejemplo, cuando un ganadero lleve sus animales a los frigoríficos y él mismo ordene la maquila y luego lo venda directamente a las grandes superficies? En ese momento el valor agregado que le ha dado a sus ganados durante toda su vida –representado en mejor alimentación, mejores pas-tos, por ejemplo– tendrá una retribución directa. No nos engañemos, la ganancia que obtienen los intermediarios proviene de los menores valores que le pagan al ganadero; y en los casos en donde no existen estos intermediarios, como en la co-mercialización de las grandes superficies, en donde les compran directamente los animales a los ganaderos, mandan a la maquila y luego los ponen en sus puntos de ventas. Son éstos los que obtienen una utilidad mayor, al recoger los valores agregados del ganadero sin transferirlo en menor precio a los consumidores.

Los ganaderos debemos reflexionar sobre las bondades de la integración productiva y buscar beneficios conjuntos mediante alianzas en aspectos de ad-quisición de bienes y servicios hasta la comercialización para tener una ganadería más rentable.



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¿qué se está fomentando?*

Hablar de crédito de fomento en Colombia es un verdadero albur. Las elevadas tasas de colocación no se conduelen con las aplicadas en países como Brasil o Chile. Mientras que

allí el Estado ha logrado capitalizar al sector rural y le ha permitido a la ganadería o los productos agrícolas posicionarse en los primeros lugares del mundo exportador, en

Colombia el sector primario está destinado a mantener una actitud mendicante. Sólo 6% de los productores agropecuarios puede acceder a los recursos redescontados de Finagro.

“Sector financiero ganó el año pasado $5,5 billones”, reza la noticia. La sola banca obtuvo $3,4 billones, con un crecimiento del 17% frente a los resultados de 2004, acumulando utilidades en los últimos cinco años por $10,1 billones. Paralelamente se leen los indicadores sobre tasas de interés y resalta el de la banca de fomento, no precisamente por lo bajas.

En Colombia, para que un ganadero adquiera 20 vientres bovinos de doble propósito requiere de un capital de $28 millones que Finagro le presta a una tasa de fomento del 15% efectivo anual. En Brasil, estos recursos son otorgados a una tasa de 8,75% y en Chile al 5% efectivo anual. Las inflaciones en esos países son de 5,7% y 3%, respectivamente; es decir, que mientras en Colombia la diferencia entre la tasa de interés de colocación y la inflación es de 10 puntos (el triple), en Brasil es de tres puntos (1,5 veces más) y en Chile de dos puntos (1,7 veces).

Por ahí vamos entendiendo por qué Brasil es el principal exportador de carne del mundo. Y es que hablar de crédito de fomento con la tasa cobrada en Colombia es un chiste. El fomento ha sido para la banca que se fondea con recur-sos baratos de Finagro.

Fomento era el que se tenía con la Ley 26 de 1959 y con la Ley 5 de 1973 –previas a la creación de Finagro– que beneficiaron por cerca de cuatro décadas a los pequeños agricultores con crédito de fomento a tasas de interés muy por debajo de la inflación. He ahí los dos extremos: esquilmar y proteger.

Lo cierto es que se requiere capitalizar al sector rural. Brasil es un país que ha centrado su política agrícola en el crédito con tasas de interés preferenciales para incentivar la inversión y aumentar la producción, gracias a lo cual es el pri-


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mer exportador de carne bovina en el mundo. Igual sucede en Chile, hoy líder exportador de productos agrícolas.

El crédito dirigido al sector agropecuario debe tener condiciones especiales para su otorgamiento, tales como una tasa de interés inferior a la comercial, que le permita compensar las condiciones de inferioridad a la que lo sometieron las mismas políticas públicas. Si bien, en el pasado existieron condiciones crediticias que realmente se consideraban de fomento, hoy, las tasas ofrecidas con recursos redescontados de Finagro, distan mucho de identificarse como tales. De ahí que solamente el 6% de los productores agropecuarios acudan a estos recursos.

Dirigir la mirada hacia las políticas de fomento agropecuario de Brasil y de Chile, nos haría bien para diseñar las que requiere la reconversión del sector agropecuario de cara a los mercados de exportación y del TLC. un crédito de fomento propiciaría la inversión en el campo y, por ende, las dinámicas necesarias para generar su crecimiento sostenido.



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Crédito efectivo*

El crédito no ha sido suficiente para contrarrestar el efecto negativo de la fase de liquidación del hato ganadero, como tampoco en la reconversión y modernización del sector agropecuario. Pese al acuerdo que Fedegán realizó con Finagro, para que los

Tecnig@n acompañaran a los ganaderos en la estructuración, trámite y seguimiento de los préstamos, los resultados son escasos. A la banca le ha faltado interés para concretar

los mecanismos de acceso.

El campo, especialmente la ganadería, requiere mayores y mejores recursos fi-nancieros para su reconversión. Y la preocupación no sólo está en el volumen de recursos, que aunque ha venido en aumento, aún es escaso dado el tamaño relativo del sector como proporción del PIB, al compararlo con otros sectores más dinámicos. El problema está en la calidad y la orientación de estos recursos para que el impacto en la construcción de riqueza sea evidente.

En días pasados, el Ministerio de Agricultura reportó un crecimiento del 6,3% en la colocación de recursos de Finagro durante los ocho primeros meses del año, dinámica positiva aunque inferior a la registrada los últimos tres años en que los créditos crecieron a una tasa del 17% en 2005 en relación con el año anterior, del 11% en 2004 y del 54% en 2003.

En buena medida, se puede decir que dicho crecimiento fue jalonado por el de las líneas de crédito ganaderas, las cuales han venido participando cada vez más en las colocaciones totales de Finagro. Este año participaron con poco más del 35% del total y registraron un significativo crecimiento del 22%, alcanzando $504.862 millones, resultado, principalmente, de la evolución observada en las líneas de crédito orientadas hacia la compra de animales, que respondieron por el 96% de los recursos colocados en ganadería.

En la fase de liquidación por la cual atraviesa por tercer año consecutivo la ganadería colombiana, caracterizada por el incremento de la participación de hembras en el sacrificio, qué mejor noticia que la inyección de capital financiero para la retención de vientres. Sin embargo, tales recursos no han sido suficientes a la hora de contrarrestar las consecuencias negativas de la fase de liquidación, que terminará afectando, desde su misma base, la oferta futura para atender la


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demanda del mercado interno y de los mercados internacionales. Como tampoco han sido eficaces en términos de impacto en la reconversión y modernización del sector agropecuario.

Y ahí está el problema. Si la dinámica de crédito ha sido positiva para com-pra de animales, ¿por qué la fase de liquidación del hato se mantiene? ¿Por qué los precios de las hembras se mantienen bajos frente a los de los machos, que lleva dos años seguidos de buenos precios?

El sector no sólo necesita recursos suficientes para su reconversión sino una política de créditos que realmente sea capaz de garantizar su eficaz impacto. En agroexPo 2005, firmamos con Finagro, en el marco del Programa financiero para el desarrollo ganadero avalado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, un convenio que habilitaba los centros de servicios tecnológicos de Fedegán, teCnig@n, para que pudieran acompañar a los ganaderos en la estructuración, trámite y seguimiento de los créditos otorgados.

El propósito no era otro que apoyar al ganadero para que pudiera tener un proyecto productivo integral que no sólo garantizara el éxito del proyecto en sí mismo, sino el pago de sus obligaciones financieras. La ventaja del esquema es que así los bancos intermediarios que generalmente ven al sector como uno de alto riesgo, pudieran tener un aliado estratégico en las regiones que, a la par de orientar técnicamente el proyecto productivo, pudieran ser garantes de la buena inversión de los recursos de crédito. La idea se planteó de forma tal que Finagro, a los créditos otorgados vía teCnig@n, reduciría la tasa de colocación para el in-termediario financiero y éste, por ser créditos con un menor riesgo de colocación, trasladaría ese beneficio al usuario.

La verdad es que más de un año después de firmado el convenio y luego de un largo y exigente proceso de capacitación de los teCnig@n, los resultados aún son escasos, porque la banca intermediaria le ha faltado intereses en concretar los mecanismos. El gremio seguirá insistiendo en el esquema, porque gana el ganade-ro, gana el banco y gana la ganadería colombiana que vería cómo se incrementa el hato ganadero y se pone a tono con los nuevos aires de la globalización que exige competitividad. Por eso, más que crédito, necesitamos crédito efectivo para el sector.



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una gran propuesta*

Los problemas del mundo rural como la pobreza, la exclusión, la carencia de infraestructura para el desarrollo y menores condiciones para enfrentar la competencia,

no podrán ser superados en tanto el crédito continúe siendo un lastre para el sector agropecuario y no se den las condiciones para el desarrollo del sector agropecuario.

Se pregunta, el doctor Alfonso López M. con gran acierto y a propósito del regular desempeño del sector agropecuario (“El crédito agropecuario, un siste-ma obsoleto”, El Tiempo, marzo 18) “¿cómo explicar que después de 16 años de aplicaciones de recursos en crédito rural, incentivos a la producción, incentivos forestales, a seguros de cosechas y coberturas cambiarias, de respaldos hasta en un 80% a créditos a través del Fondo Agropecuario de Garantías, no se haya cubierto más del 6% de financiación de la producción colombiana?” Y concluye, que el sistema de crédito para el sector rural ha fracasado, y que “es necesario un replanteamiento profundo, concertado entre Gobierno, gremios de la producción y banqueros, para encontrar una estrategia que permita tener un sistema de finan-ciamiento más acorde con las necesidades del país, con visión empresarial y de administración de riesgos, de tal forma que se traduzca en liderazgo rural y buen manejo de los recursos naturales”.

Es una gran propuesta la del doctor López M. Se trata de encontrar una estrategia que vincule al Gobierno, como ente rector de las políticas públicas, a los gremios, como representantes de la producción real, y a los banqueros, como dueños del dinero, para que el sector rural se convierta en jalonador del desarrollo económico y, por supuesto, social, en consonancia con los temas ambientales. Es evidente que el país no puede continuar con un sector rural débil, que deja espa-cios físicos a la insurgencia, y espacios de mercados a otras naciones.

La dinámica del sector agropecuario no se compadece con el peso porcentual que representa en el PIB (13,2%). Mientras el total de la economía mostró crecimien-tos del 4,87%, del 5,26% y del 7,78% en los años 2004, 2005 y 2006 (tercer trimestre), las variaciones en este sector fueron de 2,01%, 3,04 y 5,93%, respectivamente.

Son crecimientos que no le permitirán a la población rural salir de los gran-des niveles de pobreza y de exclusión que lo caracterizan, producto de una serie


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de factores que obran en su contra desde hace muchos años, como la indiscrimi-nada sustitución de importaciones que obligó a los productores agropecuarios a adquirir insumos de la naciente industria nacional a precios muy superiores a los del mercado internacional; también, a la insuficiente infraestructura (vías terres-tres y fluviales, servicio públicos como luz y agua). La falta de una infraestructura adecuada hace que los productores rurales sean excluidos del engranaje del desa-rrollo y no puedan obtener las mismas oportunidades de mercado. Sea en Sucre, Caquetá, Boyacá o Meta, todas regiones promisorias en la productividad rural, cuyo potencial no ha podido ser aprovechado en toda su expresión.

La falta de investigación es otro factor de rezago. Mientras Brasil dirigirá uS$5.000 millones a la investigación en ciencia y tecnología, Colombia dedica apenas uS$600 millones. Y si no hay investigación, menos innovación y transfe-rencia de tecnología.

Indudablemente, la falta de crédito, acorde a las necesidades del sector y para invertir, por ejemplo, en investigación, ha sido uno de los principales factores que sume al sector agropecuario en el atraso. El crédito no puede continuar sien-do un lastre del sector cuando en otras latitudes se constituye en una ventaja. No debemos olvidar que la producción agropecuaria será cada vez más competida y que el mundo está demandando productos rurales orgánicos y con mejores carac-terísticas de producción. Nosotros tenemos la tierra, las condiciones, las ganas y la experiencia para hacer parte de esa transformación y recibir los beneficios para todos los colombianos. Gran parte de la solución a nuestros problemas económi-cos y sociales, está en el sector agropecuario.



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El fomento de la inversión*

La aversión al riesgo se debe reducir para dar paso a la inversión y con ella a la generación de riqueza. El sector ganadero es uno de los renglones productivos que debe seguir esta visión, pues será el encargado de devolverle mayores beneficios a la economía

colombiana. El Banco de la República señala que es el sector agropecuario, después del industrial y minero, el que más ampliará el comercio con el TLC con EE. UU. En

2010 lo habrá incrementado en US$191.000 millones.

A comienzos de año comienzan las predicciones sobre el crecimiento económico de las naciones y con ellas los comentarios sobre el comportamiento logrado en el año inmediatamente anterior. En el caso de Colombia, todo indica que el buen crecimiento registrado –por lo menos hasta el tercer trimestre de 2006, 7,6%– se debe a factores estructurales y no coyunturales, más que al aumento de los pre-cios de los commodities.

Para el año completo se estima que nuestra economía habrá crecido 6,4%, completándose así tres años de crecimiento por encima del 3%, muy por encima del crecimiento de la población. El desempeño en 2006 tiene origen en el crecimiento de la demanda (9,1%), destacándose el consumo interno que exhibió un crecimien-to hasta el tercer trimestre de 6%; y la inversión que redondeó el 25% del PIB.

Estas cifras confirman la tesis, sostenida por Fedegán, de la necesidad de elevar los niveles de consumo interno como motor de crecimiento. La demanda influida particularmente por el consumo es el reflejo del fortalecimiento estruc-tural de la economía colombiana. Y en éste tienen un gran impacto políticas como la de seguridad democrática, la de estabilidad jurídica y los incentivos a la inversión y a la generación de empleo. El régimen tributario que apunta a pro-mover la inversión juega un papel importante, pues eliminó algunas obligaciones impositivas y creó exenciones encaminadas a este objetivo (eliminó el impuesto de timbre, redujo en tres puntos la tarifa de renta –del 38,5% al 34% y, a partir de 2008, al 33%– y aumentó las deducciones en renta por invertir en activos productivos).

A mayor inversión, la credibilidad internacional en el país será creciente. La percepción del Banco de la República de que hasta en un escenario conservador


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el TLC con EE. uu. generará un incremento en la inversión extranjera directa cercano al 13,5% en 2010 (uS$2.135 millones) y que esto permitirá alcanzar un nivel del equivalente al 3% del PIB en dicho año, argumenta lo estructural y per-mite dimensionar su importancia.

También se comienzan a vislumbrar los medios para que esa inversión con-tinúe su camino ascendente en bien del mercado interno y de su posterior incur-sión en los externos. Las relaciones comerciales internacionales que se comienzan a abrir mediante los tratados de libre comercio (Estados unidos, Centroamérica, Europa y Chile, entre otros), no sólo lo permitirán sino que darán firmeza a la agenda externa del país.

La aversión al riesgo se debe opacar para dar paso a la inversión y con ella a la generación de riqueza. Los ganaderos tenemos claro que la inversión es el elemento vital para darle sostenibilidad a la actividad. La destinación de un pun-to del impuesto de renta a la capitalización de sociedades anónimas del sector agropecuario, incluido en la nueva ley tributaria, es el aliciente que nos empuja a continuar en nuestro empeño de hacer de la ganadería una actividad más produc-tiva, rentable, solidaria y sostenible.

El sector ganadero es uno de los renglones que devolverá mayores benefi-cios a la economía colombiana. El Banco de la República señala que es el sector agropecuario, después del industrial y minero, el que más ampliará el comercio en el TLC con EE. uu. y que en 2010 lo habrá incrementado en uS$191.000 millones.

Sólo la actividad pecuaria produce al año $13,2 billones (cifras de 2004) y la de alimentos lácteos genera recursos por el orden de los 5,8 billones. El camino es, entonces, capitalizar al sector rural.

* Publicado el 26 de enero de 2007


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Sin capital no hay crecimiento*

Un sistema nacional de garantías, exclusivo para el sector rural, contribuiría aliviar las dificultades generadas por la menguada formación bruta de capital fijo (FBKF). El acceso a crédito bajo una política de reducción en los costos del otorgamiento de

garantías reales a favor de la banca intermediaria, permitiría capitalizar la ruralidad y generar bienestar.

A propósito del reciente debate sobre el por qué no crece el sector agropecua-rio al ritmo de otros sectores, cuando la economía muestra signos de vitalidad sin precedentes, es una buena oportunidad para ilustrar aspectos ocultos, pero dicientes, que influyen sustancialmente en nuestra realidad económica. La inver-sión es, sin duda, el factor que más contribuye al crecimiento y el crédito es, a falta de la primera o como su complemento, indispensable para apalancar el de-sarrollo. El capital, por su parte, corre hacia donde existen mejores rentabilidades y alta seguridad y, éste, es la materia prima para acrecentar riqueza y lubricar la maquinaria productiva, aumentando la formación bruta de capital fijo (FBKF). Cuando no hay un nivel importante de FBKF en un determinado sector, éste se traduce cada día en mayor debilidad. Al comparar la formación de riqueza en los sectores industrial y agropecuario, se ve cómo, de participaciones del PIB en 1999 casi similares de 13,9% y 13,7%, respectivamente, a la fecha la participación del primero crece a 15,3%, mientras la del segundo baja a 12,6%. ¿Esto qué genera? Que el sector industrial acapara de cada $100 destinados a FBKF total, $33,6 y el agropecuario sólo $2 (en 2005), cuando hace 10 años $31 iban al sector industrial y $3,5 al agropecuario (a precios constantes de 1994).

¿Cómo romper esa dinámica y superar la brecha entre una sociedad urbana moderna, formal y rica con una rural, atrasada, llena de informalidad y pobre? No se me ocurre cosa diferente a la de mejorar la FBKF.

Este Gobierno, con su política de seguridad democrática, dio un paso decisivo al mejorar la confianza del inversionista. Pero la inversión llega sólo a sectores modernos y urbanos. ¿Si usted, amable lector, tiene un millón de pesos, dónde lo invertiría? ¿En un sector que crece al 10% o en el rural, que sólo lo hace al 2%...? ¿Cómo hacer para que, en el entretanto, pueda llegar el crédito?


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una parte de la solución puede estar en el mejoramiento del problema de las garantías.

Los agricultores y ganaderos, que nunca hemos sido los consentidos del sector financiero privado y que sentimos que el olor a campo no le gusta a sus banqueros, hemos perdido capacidad de usar las garantías reales ante tales enti-dades. Al desaparecer la banca pública –Banco Cafetero, Banco Ganadero– las garantías reales que tenían los beneficiarios de crédito de esas entidades pasaron a manos de la banca privada. En la práctica, los agricultores y los ganaderos se encuentran atados a la institución financiera con la que han tenido en el pasado algún tipo de relación, porque ésta los obliga a mantener la totalidad o parte de sus bienes hipotecados a pesar de haber atendido oportunamente sus obligacio-nes crediticias.

Esa es la verdad. La banca no actúa en el sector rural ofreciendo un servicio bajo la concepción de un mercado de vendedores. Aquí la cosa es bien diferente. Es el campesino el que tiene que corretear al banquero para que, después de un agotador proceso, acceda a otorgarle un crédito.

un sistema nacional de garantías exclusivo para el sector rural aliviaría las dificultades de obtener un crédito y reduciría los costos que genera el otorga-miento de garantías reales a favor de la banca intermediaria y del mismo crédito, permitiendo que el sector rural se capitalice.

Las cifras no mienten. La inversión le huye al campo, y, a favor de esa ten-dencia, está un nudo gordiano en las garantías reales, que es necesario desatar. Habrá que pensar en estructurar una buena propuesta.



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Construir un sistema justo*

El sistema de precios mínimos de referencia de la leche representa un alivio para algunos ganaderos del país, mientras se corrigen las imperfecciones de la cadena.

No obstante, la búsqueda de una fórmula de cálculo del precio más acertada, debe continuar. Lo deseable es que se establezca un sistema de pago que respete a los distintos eslabones de la cadena láctea y propicie una justa distribución de la agregación de valor

entre los diferentes integrantes de la misma: productor, procesador y comercializador.

Volver al sistema de precios mínimos de referencia de la leche representa un alivio para algunos de los 498.000 ganaderos del país, mientras se corrigen las imper-fecciones de la cadena y se llega a un acuerdo entre productores y procesadores que responda mejor a la agregación de valor en la que participa cada sector. Aunque por ahora el precio base puesto en planta será de $600 por litro de leche cruda, más bonificaciones obligatorias adicionales por calidad hasta por $78, sin perjuicio de aquellas voluntarias que tienen establecidas algunas empresas, las dinámicas hacia la búsqueda de una fórmula de cálculo del precio más acertada, continuarán.

El tema no es fácil. Si bien, este nuevo régimen de precios (Resolución 163 de 2006) puede ser la cuota inicial de la solución a un problema en el que la posición dominante de los procesadores, en algunas zonas, ha prevalecido para fortalecer sus intereses particulares –a costa del eslabón más débil de la cadena, el nivel de informalidad y la incapacidad de mantener políticas que privilegien la integración en cadena–, puede afectar a muchos ganaderos que no están incluidos en sistemas formales y que, como último recurso, acuden a vender leche cruda o hacer queso sin las condiciones sanitarias adecuadas.

Colombia produce al año 6.000 millones de litros y más de la mitad no se comercializan por los canales formales. En la Costa Caribe, gracias al sistema ganadero de doble propósito (carne y leche, la Sabana de Bogotá se especializó en leche y los Llanos Orientales en carne), producen al año más de 2.400 millo-nes de litros, de los cuales cerca de 900 millones son adquiridos por empresas transformadoras y cooperativas, el resto llega al consumidor a través de variadas formas de informalidad. El drama de Córdoba es diciente: de 1.200.000 litros dia-


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rios producidos, un poco más de 500.000 los compran los procesadores a precios aceptables, mientras el resto reciben, en algunos casos, precios de ruina por falta de canales formales.

Hay múltiples aristas. No sólo es el precio de aquellos que son atendidos por procesadores formales regidos por la Resolución, sino de otros miles de ga-naderos que aún no tienen alternativa diferente a la informalidad y bajos precios. Lo deseable es que se establezca un sistema de pago que respete los distintos eslabones y que propicie una justa distribución de la agregación de valor entre los diferentes integrantes de la cadena –el productor, el procesador y el comercializa-dor– que permita, además, mejorar la capacidad instalada de procesamiento, para que todos tengan opciones reales y justas de compra.

Personalmente tengo confianza en la capacidad de estos agentes para cons-truir un sistema que propicie el desarrollo de la industria láctea, a partir del esla-bón primario. Le apuesto a dejar atrás la figura de cuota excedente que permitía un precio mínimo para la sobreoferta estacional, si la industria así lo considera; pero creo que el régimen de libertad a partir de la determinación del “precio in-equitativo” resultó a todas luces inconveniente –como lo demostró Fedegán–. En consecuencia, se debe iniciar un proceso para construir el consenso necesario y crecer con equidad intrasectorial.

Los ganaderos ven en la decisión del Ministerio de Agricultura el compro-miso por buscar el equilibrio en la formación de precios. Y la aplaudimos. Tengo la certeza de que seremos capaces de identificar las imperfecciones y construir un sistema justo que genere tranquilidad y credibilidad, para aprovechar las oportu-nidades que se abren con los nuevos mercados de los TLC en donde el sector lácteo es considerado como uno de los más promisorios.



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Preparándonos para las “vacas flacas”*

El Gobierno estableció un incentivo al almacenamiento de leche y líneas de crédito para capital de trabajo. Las medidas infieren que la industria lechera capte un mayor

volumen del líquido durante los meses de “vacas gordas”, procese y almacene quesos madurados y leche en polvo o UHT, para transarlos por bolsa y a buen precio, entre enero y abril, época de dificultades en el abastecimiento de leche. Las medidas buscan contrarrestar los efectos negativos de la estacionalidad en la oferta láctea y echar mano de una oferta excedente que, aunque escasa en el canal formal, abunda en el informal.

“Ni alarmismo ni exceso de confianza, sino proceder prudente y previsiblemen-te frente al verano que se avecina”, fue la orden del presidente uribe Vélez, para hacer frente al fenómeno de El Niño. Las medidas no se hicieron esperar, y enhorabuena cuajó la actitud propositiva de Fedegán y la capacidad de respues-ta del Ministerio de Agricultura, para adoptar decisiones tendientes a regular la oferta de leche en el primer semestre de 2007, evitar sobresaltos en los precios al consumidor y atender las necesidades de productores e industriales para enfren-tar las “vacas flacas”.

Fueron dos las solicitudes del gremio en su misiva del 26 de septiembre al ministro Felipe Arias, que se reflejaron en la Resolución 225 del 5 de octubre pasado: establecer un incentivo al almacenamiento de leche y líneas de crédito para capital de trabajo. Los mecanismos infieren que la industria capte un mayor volumen de leche durante estos tres meses de “vacas gordas”, acudiendo incluso, al mercado informal, en donde se comercializa a precios inferiores entre 20% y 25%, en comparación con el canal formal. Así mismo, le exige un esfuerzo para procesar y almacenar quesos madurados, leche en polvo o uHT, para transarlos por bolsa y a buen precio, entre enero y abril, época de dificultades en el abaste-cimiento de leche.

Las condiciones están dadas. El país tiene una buena capacidad de pulve-rización –3.200.000 litros al día– que se encuentra subutilizada, si consideramos que hoy se procesan más de dos millones de litros diarios. En consecuencia, se pueden transformar, sin mayores contratiempos, 300 mil a 400 mil litros diarios adicionales en este trimestre. Con otra connotación: la compra de ese delta, fi-


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nanciada por el Gobierno –vía crédito de capital de trabajo en condiciones blan-das– apalancará un plus adicional en la operación normal de los industriales. Nada distinto a premiar hoy, por guardar para el mañana.

Se busca romper el espinazo a la estacionalidad en la oferta láctea, asociada al régimen de lluvias. un ciclo que se puede acentuar con la disminución de las precipitaciones en invierno –ocasionada por El Niño– y su empalme con la tem-porada seca de fin de año. Así mismo, echar mano de una oferta excedente que, aunque escasa en el canal formal, abunda en el informal. De los 6.000 millones de litros que se producen al año, aproximadamente el 45% se comercializa en el mercado informal. Dos fenómenos que son críticos en la Costa. La estacionalidad en esta región oscila entre un 30% y un 40% del país y registra una informalidad del 60%.

El esquema traería beneficios para los productores, quienes podrían comer-cializar la leche en el mercado formal, cuando las condiciones climáticas lo per-miten y obtener un ingreso adicional, para destinar a la preparación de pasturas o prácticas de ensilaje y henolaje, para enfrentar el verano. En otras palabras, atenuar las pérdidas futuras y hacer sostenible el crecimiento del hato. Política en la que está empeñada Fedegán.

Aunque el Ideam anunció una “intensidad moderada” del fenómeno de la Corriente del Pacífico, no podemos desconocer que el “evento de clima cálido” se ha sentido desde agosto y se prolongará hasta marzo de 2007, cuando concluirá el verano –que se prevé agudo en la mayor parte del territorio–. Así como el impacto puede ser bajo, también podría ocasionar fracturas en las dinámicas de mediano plazo, de no adoptarse los correctivos. Esta vez la institucionalidad, la pública y la privada, cumplió. El llamado de atención es para los productores e industriales, quienes tienen la responsabilidad de hacer efectivos los mecanismos dispuestos, en forma acertada, por el Gobierno.



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¿qué hay detrás?*

A la fecha no se ha presentado ninguna solicitud, para aprovechar el incentivo al almacenamiento o las líneas especiales de crédito para capital de trabajo, que desde hace

un mes dispuso el Gobierno, para enfrentar los efectos del fenómeno de El Niño y el verano que se avecina. No entendemos, cómo es posible que un mecanismo que, incluso ha mostrado sus efectos benéficos en productos como el arroz o el algodón, luce del todo

estéril en el sector lácteo.

No sería justo escuchar un solo lamento de la industria procesadora de lácteos cuando llegue el verano y se vea abocada, a comprar a precios altos, la poca leche que habrá en el mercado, si El Niño afecta la oferta durante el primer semestre de 2007. El poco interés de la industria, frente a las prerrogativas que dispuso el Ministerio de Agricultura para aliviar sus cargas futuras, no es entendible. A la fecha no se ha presentado ninguna solicitud, para aprovechar el incentivo al al-macenamiento o las líneas especiales de crédito para capital de trabajo, que desde hace un mes, dispuso el Gobierno para enfrentar los efectos del fenómeno de El Niño y el verano que se avecina.

Fedegán propuso los instrumentos de apoyo para atender las necesidades de productores e industriales, y hoy la desilusión no puede ser mayor. El trasfondo de la solicitud presentada por el gremio al ministro Felipe Arias, en su misiva del 26 de septiembre –que luego se reflejó en la Resolución 225 del 5 de octubre pasado– no era otro que el de romperle el espinazo a la estacionalidad. un fenómeno fuer-temente asociado al régimen de lluvias que, históricamente, ha sido el responsable del incremento en los precios de la oferta de productos sensibles de la canasta de alimentos de los colombianos, durante el primer semestre de cada año.

Para evitar sus efectos, en el caso de la leche, propusimos que la industria captara y procesara un mayor volumen durante los meses de “vacas gordas” –de octubre a diciembre– acudiendo incluso, al mercado informal, en donde se comer-cializa a precios inferiores entre 20% y 25%, en comparación con el canal formal. La compra de ese delta sería financiada por el Gobierno –vía crédito de capital de trabajo en condiciones blandas– y apalancaría un plus adicional en la operación normal de los industriales, que sólo tendrían que almacenar para el futuro.


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Y todo esto, ¿para qué? Sencillamente para que el productor tuviera recursos adicionales que le permitieran prepararse –con heno o con silos– para el verano y evitar la quiebra de sus hatos. Y, por otro lado, para que los procesadores pu-dieran atender –con inventarios logrados ahora que hay leche– el mercado de quesos madurados, leche en polvo o uHT, durante el primer semestre de 2007, época de dificultades en el abastecimiento del producto, por el impacto del vera-no, agravado con el fenómeno de El Niño.

No obstante, a esta altura de las circunstancias, no existen señales claras de interés en los procesadores para utilizar los mecanismos. Los reiterados anuncios del Ministerio de Agricultura, relacionados con la disposición de recursos por $35.600 millones, parecen quedarse en el aire. La excusa no puede ser el déficit en capacidad instalada, pues lo cierto es que los centros fabriles hoy pueden pulveri-zar de 300.000 a 400.000 litros diarios adicionales a su stock normal, sin problema alguno. De hecho, de los 3.200.000 litros que potencialmente tiene la industria para procesar en un día, se estima que su uso apenas supera los dos millones de litros diarios.

El esquema propuesto es sencillo y sus efectos invaluables para ganaderos e industriales. Pero lo es más para la economía de bolsillo de todos los colombia-nos, que no se verían afectados ni por la escasez en la oferta ni con el aumento en los precios. Sin mencionar las buenas repercusiones en otros sectores, como el financiero, que coloca los recursos, y el de trasporte, por la movilización adicional entre regiones o cuencas lecheras.

No entendemos, entonces, cómo es posible que un mecanismo que, incluso, ha mostrado sus efectos benéficos en productos como el arroz o el algodón, luce del todo estéril en el sector lácteo. La falta de interés de los industriales, nos deja con la autoridad para demandar del Gobierno, la prohibición de la importación de leche en la época de escasez e instar a la movilización de los ganaderos del país, si fuere necesaria. La propuesta ya lo hizo Asoleche en su reciente congreso. Por lo pronto recibió una categórica respuesta del viceministro Fernando Arbeláez, que el gremio productor resaltó y agradeció. Y la volverán a recibir... si insisten.



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Ojo con las señales*

El sector lechero está fragmentado en pequeños y medianos productores y se caracteriza por tener una economía de subsistencia, en extremo frágil, dispersa e indefensa, frente

al poder de unos muy fuertes compradores. Estas condiciones se podrían deteriorar aún más, como resultado de la propuesta de importar leche. La medida no sólo restringiría la posibilidad de fortalecer el sector productor, sino que, además, podría conducirlo a la quiebra, dado que viene de soportar un sistema de bajos precios. No a la importación de

leche, es la posición de Fedegán.

El ilustre economista inglés, Jhon Maynard Keynes, señaló, en su Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, el principio de las expectativas, sobre las que ex-plicó que el empresario se tiene que anticipar a las demandas futuras del consumi-dor y hacer las previsiones que estén a su alcance sobre lo que los consumidores podrán pagarle cuando esté listo para abastecerlos, y que estas expectativas, de las que dependen los negocios, están relacionadas, en el corto plazo, con el precio del bien y, en el largo plazo, con lo que espera ganar en forma de rendimiento, y concluye que “El volumen de ocupación que las empresas individuales ofrezcan será consecuencia de todo este conjunto de previsiones”.

Pues bien, la reciente solicitud de los industriales al Gobierno, de importar leche, produce exactamente el efecto contrario en la ocupación de las empresas productoras, que son, en este caso las ganaderas, y el desabastecimiento del pro-ducto por nacionales a largo plazo, cuyas expectativas para tomar la decisión de crecer, se tornan negativas, además de marcar un retroceso en la armonización que se ha alcanzado en la cadena.

Ello es así por la naturaleza del mercado de la leche. Es un sector frag-mentado en pequeños y medianos productores, caracterizado por tener una economía de subsistencia, frágil, disperso e indefenso, frente al poder de unos muy fuertes compradores. Y de ahí que esa realidad haya sido aceptada por ambas partes y considerada por el Estado, con la creación, por allá en 1999, del Consejo Nacional Lácteo, como órgano asesor del Gobierno y en donde tienen asiento productores e industriales para coordinar e impulsar la cadena productiva.


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Desde luego que cuando la oferta de leche disminuye, como ha ocurrido en el último semestre –consecuencia de la caída de los precios al productor que produjo liquidación del hato lechero, y a lo cual se unió el impacto de los fenó-menos climáticos y más recientemente los actos terroristas directos a este sector–, la mejor solución no es la más rápida, la de importar. No. No se puede aceptar la solución derrotista del arrinconamiento o del desequilibrio en la cadena con el argumento de satisfacer la demanda interna, sin mirar el futuro.

Esto lo que hace es favorecer a unos pocos y, en cambio, se deja de aprove-char una oportunidad para consolidar la cadena, lo que propicia, por ejemplo, la formalización de los cruderos. No olvidemos que ésta es una de las banderas del Gobierno y que para ello estableció un plan de reconversión.

Pero además la situación de desabastecimiento –normal en los ciclos pro-ductivos–, ya estaba prevista. Sólo se les pedía a los industriales el almacenamien-to de leche, para lo cual el Gobierno dispuso del incentivo al almacenamiento de leche.

una señal de esa naturaleza, es errada, máxime si se observa el entorno en que se está desenvolviendo el tema de alimentos del sector ganadero a nivel mun-dial. La disputa de la materia prima para alimentar los animales o para producir carburantes, hará que los costos de producir carne y leche en países como Esta-dos unidos, aumente, lo que crea un gran mercado para países como Colombia que tiene, además, los elementos para ofrecer productos naturales.

Entonces, con la importación de leche no sólo se restringe la posibilidad de fortalecer un sector productor que viene de bajos precios, sino que puede condu-cirlo a la quiebra. No a la importación de leche, es la posición de Fedegán. Hay que seguir adelante en la formalización de los cruderos, en los incrementos de productividad, aprovechar los mercados internacionales y continuar abastecien-do el mercado interno, con buenas calidades.



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No a la importación de leche*

La propuesta de los industriales del sector lácteo sobre la importación de leche no deja de sorprender, considerando que el país registró excedentes del producto en los meses de septiembre a noviembre. El asunto es que la apertura de cupos, so pretexto de cubrir

una demanda interna, no sólo abre la puerta a prácticas corruptas, sino que produce un envilecimiento del precio al productor que parece ser la real intención de la industria.

Los argumentos presentados por la industria para abrir la importación de leche en polvo han sido débiles. Después de varios años de una precaria recuperación de los precios al productor (2002 al 2006), el Gobierno, por presión de Colanta, los liberó a través de una imaginativa fórmula que obligaba a la cadena a formar precios sin que la industria pudiera bajarle al productor si esta baja no iba de la mano de una reducción del precio al consumidor e, inversamente, para que no se presentara inequidad en la cadena.

Meses más tarde, el Gobierno tuvo que aceptar que era muy difícil controlar a los agentes y regresó a lo que, por años, había garantizado cierta estabilidad en las reglas de juego: un precio base, más bonificaciones obligatorias. Ahora, supe-rado el invento, vienen, con lo que regularmente ha sido un instrumento perverso para afectar al productor: las importaciones de leche. No importa la cuantía. Lo importante es la señal. Y frente a una supuesta escasez anunciada por efecto del verano, qué mejor que volver a su fórmula más eficiente.

Los industriales argumentan que el mercado de la leche enfrenta una situa-ción adversa que hace necesaria la reducción del proteccionismo del Estado; que con la apertura del cupo de importación se está haciendo cobertura frente a un factor inminente (desabastecimiento); y que con la importación no se interrumpe la dinámica de crecimiento. Finalmente, estiman en 12.234 toneladas las importa-ciones de leche en polvo y, como medida complementaria, el cierre temporal de las exportaciones, que en 2006 (hasta septiembre) ascendían a 8.366 toneladas.

La verdad es que los números no nos cuadran. Si nos atenemos a las cifras de la industria, los colombianos estaríamos consumiendo 147 litros por año para 2007. Dos litros más que en 2006. Y la oferta de leche, que calculan, arroja un incremento de la demanda de sólo 0,3%. Es decir, 2.200 toneladas para todo 2007


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–la sexta parte de lo que solicitan importar–. Entonces, ¿para qué hacerlo? Si bien hoy las condiciones económicas son mejores que las de hace un lustro, un salto en el consumo de tal proporción no se ve, y la apertura de cupos, so pretexto de cubrir una demanda interna, no sólo abre la puerta a prácticas corruptas, sino que produce un envilecimiento del precio al productor que parece ser la real intención de la industria. Basta con preguntarle a cualquier ganadero qué recuerdo tiene de la ‘enlechada’ en 2002, cuando se permitió la importación de 25.000 toneladas, muchas de las cuales estaban próximas a vencerse y cuyo precio era inferior a las leches recién pulverizadas. La sola señal de importar quebró el precio al ganadero y la industria ganó terreno, participando con más del 55% del precio final, cuando años atrás éste había partido del 30% para la industria y 70% para el productor.

Difícil encontrar una situación más cómoda para la industria láctea como la que tenemos en Colombia. El país produce al año más de 6.500 millones de litros y la industria sólo procesa un poco menos de 4.000 millones, lo cual deja un inmenso saldo de más de 2.500 millones de litros que van al mercado en cru-do o en quesos sin control sanitario. ¿No será el momento para que la industria lleve al canal formal a miles de productores lácteos que tienen que bregar con compradores informales que en ocasiones mal pagan y en otras se alzan con el dinero de los ganaderos? ¿Por qué cuando Fedegán ha trabajado de la mano con el Gobierno para expedir las medidas que contribuyen con la formalización de la industria, ellos, en vez de apoyarlas comprando leche a los ganaderos que aún no están dentro de sus proveedores, prefieren salir a buscar leches en polvo de otros países próximas a vencerse?

Valdría la pena preguntarnos ¿qué pasó, con los créditos y subsidios que el Gobierno dispuso para la pulverización y almacenamiento de la leche, previendo el verano que ahora argumentan para importar? Simplemente la industria no se interesó. ¿Por qué? Porque para la industria era mejor proponer la importación de leches en marzo, que comprar los excedentes en los meses de septiembre a noviembre, cuando había una buena oferta.

Resulta, además, inexplicable que se desestimule a los ganaderos colom-bianos cuando se prevé para los próximos años, escasez de leche. No hay que olvidar que este producto es residual, porque cada país lo considera esencial para su seguridad alimentaria. Dejar que otros países se encarguen de esa misión, es feriar el futuro de nuestra ganadería. Fedegán lo tiene claro: NO a la importación de leche.



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El incentivo al almacenamiento*

El incentivo al almacenamiento permite retirar los excedentes de leche del mercado y guardarlos durante un periodo conveniente, para eliminar la presión que ejercen sobre

los precios, la sobreoferta y los excesos de inventario. Esos excedentes son liberados cuando los volúmenes de producción se reducen y se requiere suplir el producto

almacenado para satisfacer la demanda. El mecanismo contribuye a disminuir los efectos de la estacionalidad y el desmedido poder de algunos eslabones de la cadena.

Como resultado de la concertación entre el Ministerio de Agricultura y Fede-gán en el mes de agosto y ratificado en el seno del Consejo Nacional Lácteo (CNL), el Gobierno honró su compromiso y, mediante la Resolución 447 del pasado 29 de noviembre de 2005, reglamentó el incentivo al almacenamiento.

La iniciativa, que fue impulsada por Fedegán, se constituye en una gran noticia porque el mecanismo permite que se retiren los excedentes del mercado y se almacenen durante un periodo conveniente, eliminándose, de esta manera, la presión que la sobreoferta y los excesos de inventario ejercen sobre los precios. Es una situación bajo la cual el productor primario ve disminuidos sus ingresos en épocas de abundancia en donde los precios tienden a bajar o su producto no es recogido, como sucede en el primer trimestre de cada año. El ganadero termina entonces pagando las imperfecciones del mercado causadas por la estacionalidad y el desmedido poder de algunos eslabones de la cadena.

La resolución contempla almacenar hasta 6.000 toneladas de leche uHT, leche en polvo entera, leche en polvo descremada y quesos maduros, por un periodo que abarcará entre el 1° diciembre de 2005 y el 28 de febrero de 2006. El precio de leche en polvo almacenada será de $83.750 mes vencido por tonelada.

Esto significa que el comprador-procesador se obliga a pagar a los produc-tores durante diciembre de 2005 y enero de 2006, un precio por litro promedio mensual no inferior al resultante del precio promedio ponderado de agosto, sep-tiembre y octubre de 2005. El precio promedio ponderado se calculará con base en el reporte dado por cada comprador-procesador (industria) a la unidad de Seguimiento de la Secretaría Técnica del CNL.


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La adjudicación de volumen a almacenar con incentivo, será automática, sobre la base de un porcentaje del 6,25% sobre las compras certificadas por la Bolsa Nacional Agropecuaria (BNA). Para tal efecto, el comprador-procesador se deberá inscribir en la BNA antes del 15 de diciembre de 2005, anexando certifica-ción del precio promedio ponderado de agosto, septiembre y octubre emitida por la Secretaría Técnica del CNL. No sobra aclarar que el comprador-procesador deberá informar a la BNA, la totalidad de compras que realice a los productores de leche cruda entre el 1° de diciembre de 2005 y el 31 de enero de 2006.

Respecto al almacenamiento, la leche debe ser almacenada en una bodega o silo del almacén general de depósito (AGD) o en instalaciones similares apro-badas por la Superintendencia Bancaria, para que un AGD expida certificados de depósito a favor del comprador. De todas maneras la responsabilidad por la calidad y conservación es exclusiva del comprador-procesador.

De otra parte, el pago del incentivo lo hará el Ministerio de Agricultura a través de la BNA dentro de los 10 días hábiles contados a partir de la fecha de recibo de la cuenta de cobro.

Bajo el esquema vigente de libertad controlada de precios, que ha adoptado el Gobierno nacional, es importante que los productores cuenten con instrumentos complementarios que permitan equilibrar las cargas a través del tiempo y se estabi-licen las condiciones del mercado para evitar variaciones abruptas e inconvenientes que vayan en detrimento de los intereses de cualquiera de los eslabones. Esos ex-cedentes son liberados posteriormente cuando los volúmenes de producción sean inferiores y se requiera el producto almacenado para satisfacer la demanda.

variación de preciosVale la pena presentar a la opinión pública un informe somero sobre la situación de los precios de la leche cruda registrados bajo el nuevo marco regulatorio. A la fecha se observa que la variación del precio promedio general de la muestra adoptada de los 95 principales recaudadores, que representan algo más del 90% de la leche que se reporta a Fedegán-FNG, ha sido mínima. El precio promedio a nivel nacional en los últimos cuatro meses se ha mantenido constante (614 pesos en junio y 619 pesos en septiembre) en los que el aumento en solo septiembre fue de apenas del 1,1%. Por consiguiente, el precio no ha tenido ninguna incidencia en la situación actual del sector y corresponden a la variación estacional de estos meses, similar a los de años anteriores.

* Publicado en noviembre de 2006


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‘vender el sofá’*

Elevar la productividad del campo es, indudablemente, una de las vías para mejorar el ingreso de los campesinos. Para ello es preciso elevar el capital humano y ofrecer

oportunidades de educación y capacitación a los campesinos, de tal manera que puedan desarrollar habilidades para imprimir valor agregado a su producción, mejorar sus parcelas y trabajar en colectivo. Así mismo, el tema demanda reformas laborales que

incluyan las condiciones propias del campo y más inversión social.

“Irse del campo paga”. Con este infortunado título, el periódico El Tiempo, en su edición de febrero 3 de los corrientes, reseña un estudio realizado por el Banco de la República sobre las condiciones laborales del campo. Es infortunado porque sugiere la solución de ‘vender el sofá’, como vía para mejorar la situación de ingre-sos de quienes viviendo en el campo, parten hacia los centros urbanos en busca de mejores oportunidades de empleo, educación, salud y, desde luego, ingresos.No es un secreto para nadie explicar que las difíciles condiciones del sector rural han empujado –en unos casos, y en otros expulsado– a mucha gente hacia los centros urbanos, como también que en el pasado fue el modelo de desarrollo quien propició el desplazamiento de esta mano de obra no calificada hacia las ciu-dades, para engancharla en la industria de la construcción. No era otra cosa que abandonar las actividades del campo para cambiarlas por los andamios y ladrillos en la ciudad, bajo el prurito de promover, simultáneamente, significativas mejoras en la productividad del campo, que permitirían una mayor provisión de bienes y servicios de origen agropecuario y atender la nueva demanda generada por el empleo urbano. Si bien el conjunto de estrategias teóricamente pegaban bien, al final, el balance para el sector agropecuario fue negativo.

Tampoco es un secreto que los mayores índices de pobreza y miseria los detenta el sector rural. Claro que los pobres del campo son más pobres y en su mayoría no alcanzan a devengar un salario mínimo, cuya estructuración y com-plemento tiene un marcado sesgo urbano. ¿Cuántas cajas de compensación están en el sector rural sirviéndole al campesino?, ¿o el ICBF?, ¿o, incluso, el SENA? Aunque, hay que reconocer, que este último se aproxima cada día más a la reali-dad de este sector con excelentes programas de capacitación.


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El problema de fondo no está en la calentura de las cobijas. Su solución dista mucho de esconderlos en las frías ciudades. El campo necesita acrecentar su capital humano, que los campesinos tengan la oportunidad de educarse, de capacitarse, de desarrollar habilidades que les permita imprimir valores agrega-dos a su producción, mejorar su parcela, trabajar en colectivo. Ésa es la forma de generar ingreso.

El campo requiere capitalización financiera, para ir superando la baja cali-dad del empleo, que se traduce en ingresos precarios para los trabajadores.

No disculpo el incumplimiento de las normas laborales. Pero éstas se deben adecuar a la realidad productiva de los sectores, así como también los empresa-rios rurales deben acatarlas. Tampoco creo en la perfección de los mercados, y menos en lo que atañe al sector rural, donde los valores agregados son apropia-dos, por lo general, por los eslabones subsiguientes de la cadena, quienes ejercen, en la mayoría de casos, presiones indebidas.

Tal como lo señalan acertadamente los autores del estudio, elevar la pro-ductividad del campo es, indudablemente, una de las vías para mejorar el ingreso de los campesinos, pero para ello hay que elevar el capital humano. La solución no viene por arte de magia de los indicadores. Son sólo unos instrumentos, pero el tema demanda unas reformas laborales que incluyan las condiciones propias del campo y más, mucha más, inversión social y no endilgarle más problemas a las ciudades. No hay que olvidar los más de dos millones de desplazados del campo.



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Primero, la sanidad*

El virus de gripe aviar ha ocasionado una contracción, sin precedentes, en el consumo de carne de pollo en el mundo. Ante dicho panorama, los consumidores han optado por cambiar sus hábitos alimenticios y buscan productos sustitutos en su canasta familiar.

Una opción, sin duda, es la carne de bovino. De ahí que Colombia deba complementar los esfuerzos realizados por Fedegán-FNG en su lucha contra la fiebre aftosa, en la que se han invertido US$120 millones. Hoy, Colombia tiene el 62% del territorio libre de aftosa

con vacunación, y busca llegar a 2007 con el 92% del país libre con vacunación.

Desde finales de 2003, el virus de gripe aviar se ha propagado en más de 30 países del viejo continente, dejando a su paso la pérdida de un centenar de vidas humanas y de millones de animales y, a la vez, una contracción, sin precedentes, en el consumo avícola. El hecho de que el presidente de Francia haya comido pollo ante miles de televidentes, no contrarrestó la desconfianza en la inocuidad de este producto.

La situación hizo que las enfermedades de origen animal tuvieran la misma connotación de “bien público internacional”, es decir, que tiene alto impacto en toda la población mundial debido, precisamente, a ser su medio transmisor un bien de alta comercialización en el mercado mundial, máxime en esta época de globalización.

Cualquiera que sea la enfermedad de origen animal, los efectos son arrasa-dores. En el pasado fue la “vaca loca” que afectó al sector bovino. Hoy es la gripe aviar. La FAO prevé que en 2006 el consumo de productos avícolas se contraerá en tres millones de toneladas (el 3,7% del consumo mundial). Hasta ahora los casos más dramáticos se han presenciado en Italia donde el consumo de pollo ha disminuido en 70%, Francia, en 20%, India, en 25% y Europa del Norte, en 10%. Otro efecto, igualmente visible, es el incremento del 30% en los precios interna-cionales motivado por la escasez de dichos productos para atender la demanda internacional.

Ante dicho panorama, los consumidores han optado por cambiar sus hábi-tos alimenticios y buscan productos sustitutos para remplazar el pollo en su ca-nasta familiar. una opción, sin duda, es la carne de bovino. Esa señal de mercado


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no la podemos dejar pasar en forma desapercibida. La desgracia de un sector no servirá para aumentar nuestras exportaciones de carne bovina. En eso debemos ser claros. La ganadería colombiana tiene alta potencialidad para participar de esa demanda que se ha despertado en el mercado internacional. Tenemos los recur-sos naturales y enormes ventajas comparativas, ganadería madura alimentada con pasturas naturales, con trayectoria, para acceder a esos mercados con productos selectivos y de alto valor agregado.

Las tareas para ganar un lugar en el mercado internacional son grandes. Lo que ganemos o perdamos depende solamente de lo que hagamos hacia ade-lante. Si bien la reconversión tecnológica y productiva puesta en marcha en la infraestructura de faenado de reses y la certificación HACCP nos otorga una me-jor posibilidad para incursionar en esos mercados, todo depende de aprovechar oportunidades, como la descrita, o como la que se abre con el TLC acordado con Estados unidos y de superar los obstáculos y de competir.

Debemos complementar los esfuerzos de Fedegán-FNG en su lucha contra la fiebre aftosa en la última década, en la que se han invertido uS$120 millones para mejorar el estatus sanitario con unos resultados importantes. Hoy, Colom-bia tiene el 62% del territorio libre de aftosa con vacunación y se están haciendo esfuerzos para tener, en 2007, el 92% del país libre con vacunación.

El mensaje es muy claro: por una parte, no podemos descuidar el tema sa-nitario, pero tampoco debemos poner las expectativas de crecimiento del sector bovino en un tema coyuntural. Hay que ganarnos el espacio. Tener un sector ga-nadero competitivo y empresarial que permita aprovechar esas oportunidades.



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Por fin una respuesta*

Desde hace 20 años, el Gobierno nacional prohibió la presencia de especies bovinas en zonas urbanas. Sin embargo, hoy pastan en Bogotá más de 7.000 bovinos sin mayor

control sanitario. Fedegán ve con buenos ojos las estrategias de las autoridades locales para hacer cumplir la normatividad vigente, así como para implantar otras

acciones, entre las cuales se encuentran el censo bovino y una propuesta, que está muy avanzada, para el traslado de los animales al municipio de Zipaquirá, mediante un

convenio interinstitucional.

Fedegán ha sido reiterativa en denunciar el alto riesgo sanitario que tiene para el país, y especialmente para el sector ganadero, la presencia de bovinos en Bogotá. El brote de fiebre aftosa que se presentó el año pasado en la capital, obligó al Ministerio de Agricultura a no incluir a esta ciudad y a su área de influencia, en la solicitud de certificación ante la Organización Internacional de Epizootias (OIE), como zona libre de aftosa con vacunación.

Desde hace 20 años, el Gobierno nacional, aduciendo razones sanitarias, prohibió la presencia de especies bovinas en zonas urbanas (artículo 51 del De-creto 2257 de 1986 del Ministerio de la Protección Social). Sin embargo, hoy, ante los ojos de los capitalinos y en presencia de entidades oficiales, pastan en lotes de engorde de la ciudad más de 7.000 bovinos sin mayor control sanitario, excepto el que proporciona la vacuna contra la fiebre aftosa y la brucelosis, que realiza Fedegán dos veces al año.

El gran riesgo El problema está latente y, con él, la posibilidad de que en cualquier momento surjan brotes que podrían contrarrestar el esfuerzo que han realizado de manera conjunta los sectores público y privado, para erradicar la fiebre aftosa (FA) y la brucelosis.

La ganadería colombiana ha invertido, desde 1997, uS$120 millones para erra-dicar estas patologías, vacunando dos veces al año el hato nacional y gracias a ello ha logrado que el 61% del hato ganadero y el 56% del territorio colombiano, estén libres de aftosa con vacunación. Resultados que han sido certificados por la OIE.


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Pero además afecta las posibilidades de exportación de los productos de origen bovino. Si Estados unidos por una vaca loca fue vetado por sus compra-dores de Europa, Japón y el Lejano Oriente, y a Brasil le prohibieron ingresar carne a Rusia (su principal comprador), por un brote de aftosa registrado en Mato Grosso do Sul, ¿qué le podría suceder a Colombia si registrara algún brote?

El mayor riesgo proviene de los predios vecinos a los laboratorios producto-res de vacuna antiaftosa y de diagnóstico de enfermedades vesiculares, como por ejemplo el predio de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia localizados en la universidad Nacional (uN), en donde existe además una clínica veterinaria ambulatoria a la cual llegan animales de Bogotá y de otros municipios. Dada la dimensión del problema, es el momento para que la uN contemple el traslado de su población bovina a la finca Marengo –de su propiedad– ubicada en el mu-nicipio de Mosquera.

Las metas alcanzadasColombia tiene hoy certificadas como libre de aftosa con vacunación dos grandes zonas. La zona norte, que comprende los departamentos de la costa Atlántica, Antioquia, Eje Cafetero y los Santanderes; y la zona sur, que corresponde a la Amazonía.

Entre estas zonas existe un corredor intermedio en proceso de certificación que comprende dos grandes circuitos ganaderos: el primero corresponde a los Llanos Orientales (Meta y Casanare), Arauca, Vichada y Cundinamarca (Medina y Paratebueno). Esta zona la integran 61 municipios que registran una población de 3.608.995 bovinos en 29.283 predios. Se caracterizan por la cría de ganado y ceba en los piedemontes y, lo más importante, es que hoy completa 51,8 meses sin brotes de FA.

El segundo circuito lo conforman 406 municipios de los departamentos del sur occidente del país: Nariño, Putumayo, Caquetá, Cauca, Huila, parte de Valle, Tolima, Cundinamarca y Boyacá. Tienen una población de 3.984.781 bovinos en 191.314 predios y se caracteriza por la producción de leche, cría y ceba de anima-les. Hoy completa 39 meses sin brotes de FA.

Con la certificación de estos dos circuitos quedaría libre de aftosa con vacu-nación el 95% del territorio nacional. Quedaría pendiente de certificación única-mente la zona de Bogotá D. C., los municipios de la sabana de Bogotá, los valles de ubaté y Chiquinquirá y la región de la frontera de Norte de Santander con Venezuela.


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Lo sanitarioEl problema de la población bovina en Bogotá conlleva otros riesgos que atentan contra la salud pública. Estos ganados conforman una economía informal y, por tanto, se presume que son sacrificados sin ningún control sanitario en mataderos clandestinos y, además, la leche producida por los mismos es comercializada por canales de cruderos. Todo este proceso impide que los subproductos cárnicos y lácteos, no llenen las exigencias de calidad requeridas para su consumo.

Las solucionesFedegán ve con buenos ojos las estrategias que las autoridades locales están im-plementando para retirar los bovinos de la capital. Las autoridades distritales han mostrado voluntad para hacer cumplir la normatividad vigente, así como para implantar otras acciones, entre las cuales se encuentran el censo bovino y una propuesta, que está muy avanzada, para el traslado de animales al municipio de Zipaquirá mediante un convenio interinstitucional.

Entre las sanciones previstas para quien se empecine en mantener animales dentro del casco urbano se contempla la recogida y traslado de animales a ese municipio, con cargo a su dueño. Los costos de estadía y alimentación de los animales también estarán a cargo del propietario infractor, a razón de $65.000 diarios por animal (valor que incluye el servicio veterinario).

La sensibilidad de todos los bogotanos y sus residentes, debe contribuir a solucionar esta situación. Ganamos mucho al hacerlo y, de paso, contribuimos a contrarrestar la informalidad latente, con la que nos hemos acostumbrado a vivir, amén de ofrecer a nuestros compatriotas productos inocuos y posicionar a nues-tro país como exportador libre de vetos sanitarios.



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No bajar la guardia*

Elevar la categoría al problema sanitario bovino en las zonas de fronteras, es una prioridad. En el caso colombiano, las de mayor preocupación son las limítrofes con

Venezuela y Ecuador. En este tema el país no puede bajar la guardia. Por el contrario, está en mora de alinear la institucionalidad para mantener los cordones de seguridad

contra enfermedades como la fiebre aftosa. Tal vez sea el momento de hacer efectivos los convenios sanitarios, prioritariamente el de ICA-SASA.

El debate sobre la calidad de la gestión sanitaria que se realiza en zonas de fron-tera, en particular para erradicar el virus de la fiebre aftosa (FA), se “calienta” cada vez que se detectan brotes en alguno de los países sudamericanos. Los focos registrados recientemente en Venezuela, Ecuador, Brasil, Argentina y Paraguay, lo vuelven a encender. Sin embargo, es un tema al que no se le puede dar un trata-miento de tercera y, menos ahora, cuando Colombia tiene en la mira conquistar mercados externos.

Elevarle la categoría al problema sanitario bovino en las zonas de fronteras, es sintonizarnos en torno a este objetivo, máxime cuando los brotes se atribuyen, reiteradamente, a la ausencia de controles sanitarios y a las actividades comercia-les ilegales o de contrabando.

Cuando recordamos la pérdida de uS$ 1.000 millones del sector cárnico de Argentina en el año 2000, ocasionada por focos de aftosa en sus fronteras o la pérdida de 42 destinos de exportación de Brasil en 2006, y ahora nueva-mente en Argentina cuya disminución del ingreso en exportaciones se estima entre uS$100 millones y uS$250 millones, se dimensiona el alto costo de no hacerlo.

La aftosa en zonas de frontera ha llegado hasta el punto de ser conside-rada un problema de Estado en algunas naciones latinoamericanas. Incluso los organismos multilaterales [PanaFtoSa, la OPS, la OMS y el Grupo Interame-ricano para la Erradicación de la Fiebre Aftosa (gieFa)] enfilaran esfuerzos y abultados recursos para contrarrestarla (uS$48 millones para el periodo 2005-2009), de los cuales destinarán el 48% de esos recursos a su erradicación en las fronteras.


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En el caso colombiano, las fronteras de mayor preocupación son las que limitan con Venezuela y Ecuador, por la exigua gestión realizada por sus Gobier-nos. Sólo hasta finales de 2005 comenzaron a mostrar voluntad para abordarlo.

Venezuela creó una comisión de alto nivel (Conefa) conformada por seis de sus ministros de Estado que resulta oportuna ante los continuos brotes de sus zo-nas limítrofes y, particularmente, por el control sanitario que requiere la introduc-ción de 1.800 bovinos que serán albergados en los municipios de Barinas, Mérida, Lara y Trujillo, zonas donde no se ha erradicado la aftosa. Además, se ubican en la frontera con Colombia a la altura de La Guajira y Norte de Santander que sí tienen estatus de libre de aftosa con vacunación.

Ecuador, ante más de 60 casos de brotes que han afectado a 5.000 cabezas de bovinos en los últimos dos años, tomó impulso para realizar la primera vacu-nación del 85% de su hato. Colombia, durante una década, ha luchado contra la fiebre aftosa y ha invertido uS$120 millones que le han permitido lograr la certi-ficación de libre de aftosa con vacunación del 62% del hato. Por eso, tiene mucha experiencia que aportar en la alianza que es urgente constituir para afrontar la enfermedad y, así mismo, no poner en riesgo los resultados obtenidos.

En el caso de las fronteras de Brasil, Argentina y Paraguay, se realizan es-trategias conjuntas encaminadas al control y prevención de la aftosa pero han sido insuficientes ante la extensa frontera por lo que presentan focos del virus. Los cariocas y los gauchos se vieron obligados a perder mercados de exporta-ción y sacrificar 6.500 y 3.100 bovinos, respectivamente. Paraguay, por su parte, reglamentó un dispositivo denominado Caravana que identificará a los animales inmunizados.

Colombia no debe bajar la guardia. Por el contrario, alinear instituciones para mantener los cordones de seguridad. Tal vez sea el momento de hacer efec-tivos los convenios sanitarios, prioritariamente el de ICA-SASA.



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El origen de los productos*

A la vuelta de unos pocos años ningún productor podrá realizar transacciones o movimientos de su hato o de los subproductos de origen pecuario bovino, si éstos no

poseen el registro en el Sinigán. Este sistema no sólo presentará la información sobre el entorno del desarrollo de los animales, incluida su genealogía, proceso evolutivo,

alimentación, entre otros, sino que, además, contendrá la hoja de vida de los subproductos que se producen a partir de cada animal.

Colombia está ad portas de alcanzar la certificación libre de aftosa con vacunación para el 100% del territorio nacional. La reciente aprobación de la zona sur occi-dental (Caquetá, Cauca, Cundinamarca, Huila, Nariño, Putumayo, Tolima y Valle) nos dejó con el 73% del país reconocido bajo esta categoría. Ahora, la responsa-bilidad es conservar este estatus y una de las herramientas que nos proveerá los mecanismos para garantizarlo, se encuentra en marcha y le hemos denominado trazabilidad.

El proyecto infiere una verdadera revolución en materia de producción, trans-formación y comercialización al interior de la cadena pecuaria-bovina, pues implica el desarrollo del sistema nacional de identificación e información de ganado bovino (Sinigán) por medio del cual se busca garantizar, al consumidor final, el origen de los productos cárnicos y lácteos que lleva a su mesa. En adelante, tendrá la certeza de las condiciones sanitarias de las fincas en donde ha sido criado y cebado cada animal, así como de las óptimas prácticas fitosanitarias en la planta de sacrificio y, en general, en los procesos de transformación y comercialización de los productos.

A la vuelta de unos pocos años ningún productor ni empresario del sector podrá realizar transacciones o movimientos de su hato o de los subproductos de origen pecuario bovino, si éstos no poseen el correspondiente registro en el Sinigán. Las bases de este sistema no sólo presentarán la información sobre el entorno del desarrollo de los animales, incluida su genealogía, proceso evoluti-vo, alimentación, entre otros, sino que además contendrá la hoja de vida de los subproductos que se producen a partir de cada animal. Confianza, esa será la palabra clave, que mandará, entonces, en las preferencias del consumidor, frente a un producto limpio, sano y nutritivo.


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El reto del ganadero no será otro que el de adherirse a la trazabilidad, que, en particular, le obliga a implementar herramientas de gestión, organización y administración, consecuentes con tiempos cada vez más exigentes. un proceso que no responde a un capricho o a una invención del mercado local, sino a un escenario global, en donde la competencia y las buenas prácticas productivas están mandando en la apertura y el reconocimiento de los actores económicos que intervienen en la oferta y la demanda de los productos. Cada vez más sanos, cada vez más ecológicos, cada vez más inocuos para la salud humana. Tonificar nuestros esquemas sanitarios y, junto con ellos, los productivos y la calidad de los productos lácteos y cárnicos, es una prioridad.

Recordemos que las enfermedades animales han generado restricciones sa-nitarias a los grandes países productores de alimentos, que los ha despojado de su estatus sanitario. Los casos de Argentina y Brasil nos deben servir de ejemplo. La aparición de aftosa, brucelosis o encefalopatía espongiforme bovina (EEB), más conocida como el mal de “las vacas locas”, deterioran la confianza del consumi-dor y castigan la demanda mundial de carne bovina a quienes se les detecta, y es remplazada por sustitutos como el cerdo y el pollo.

Para evitar que a Colombia le pase algo parecido, Fedegán ha puesto en marcha las disposiciones establecidas por el Ministerio de Agricultura, mediante la Ley 914 de 2004 y el Decreto 3275 de 2005, en su calidad de administrador del Sinigán, política consignada en el Plan estratégico de la ganadería colombiana 2019. En esta carrera, ya se encuentra en marcha la organización tecnológica para implantar en cada animal un dispositivo o “chip”, que almacenará la información para alimentar el sistema. No obstante, urge acelerar el proceso de cara a las gestiones que hemos adelantado para la apertura de nuevos mercados, que nos demandan la trazabilidad.



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¿Cuándo aprenderemos la lección?*

El mercado no perdona. Ésa podría ser la máxima del nuevo orden de las relaciones internacionales en materia de comercio exterior. Las crecientes barreras

paraarancelarias han provocado corridas inesperadas entre los grandes competidores, lecciones que Colombia no puede ignorar. El llamado es para las autoridades distritales,

que han habilitado la permanencia de un hato holstein donde se realizan pruebas de fiebre aftosa, cerca de donde se construye el primer laboratorio de bioseguridad para la

producción de la vacuna contra la misma enfermedad.

Las relaciones del comercio internacional son cada vez más sofisticadas. Llegar tarde o no tener la capacidad de comprender las tendencias que facilitan o difi-cultan el libre intercambio, tiene un alto costo. Pero más lo tiene el no asimilar las lecciones que el comercio de ciertos bienes impone. Y eso le podrá pasar al sector ganadero por cuenta de otros.

El comercio internacional ha sido, por sus propias leyes, selectivo. Desde la época de los fenicios hemos visto reeditar instrumentos que niegan el ingreso de un producto a ciertos mercados. A finales del siglo XIX se establecieron las pri-meras barreras de carácter arancelario, y bien entrado el siglo XX se sofisticaron con las barreras paraarancelarias. Primero fueron las sanitarias, pero hoy ellas han evolucionado y el tema de inocuidad de los productos en la salud humana es el principal elemento restrictivo al comercio. Mañana serán las que tienen que ver con los temas ambientales y, muy seguramente, con el nivel de responsabilidad social que los empresarios puedan tener frente a sus propios entornos –como ele-mento crítico de la aceptación de sus productos en mercados más desarrollados y ricos que, por lo general, tienen un mayor nivel de sensibilidad sobre la forma como las comunidades incluyen el bienestar en sus entornos sociales.

En Colombia, como bien lo dijera el presidente López Pumarejo, estamos a la penúltima moda y no derivamos de las experiencias ajenas, enseñanzas claves de lo que se debe o no se puede hacer. Basta un par de ejemplos.

Estados unidos perdió, en 2004, su preeminencia como primer país expor-tador del mundo en productos cárnicos, a causa de una vaca loca que ingresó a su territorio desde el 22 de diciembre de 2003, es decir, por una restricción sanitaria.


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Los jugosos y atractivos mercados de Europa, Japón y el Lejano Oriente, se esca-paron de sus manos para ser atendidos, en buena parte, por Australia y Brasil.

Sin la competencia del imperio, Brasil se erigió como el primer exportador con cerca de uS$2.500 millones. ¿Qué le pasará a este nuevo imperio con el infortunado brote de fiebre aftosa (FA) recientemente detectado? No cabe duda. Perderá también los mercados que durante 12 ó 20 años de esfuerzos logró con-quistar con el empeño de miles de empresarios e ingentes recursos de su Esta-do. De hecho, Rusia (principal comprador de carne brasileña), Chile y Paraguay, anunciaron la prohibición de ingreso en su territorio de carne de Mato Grosso do Sul –donde se detectó el foco–, al igual que la unión Europea (uE) –que hizo extensiva la prohibición a los estados de Paraná y San Pablo–, e Israel y África que fueron más allá al prohibir la compra de carne de cualquier parte de Brasil.

Si los mercados no le perdonaron a la mayor potencia comercial, política y militar, y por una sola vaca le cerraron sus puertas, y a Brasil le están aplicando el mismo rasero, ¿qué le podría ocurrir a Colombia que por la irresponsabilidad de las autoridades de Bogotá y del propio ICA permiten, sin rubor ni preocupación, que a la vera de la autopista de El Dorado paste un hato holstein, justo donde se hacen pruebas de FA y donde VeCol construye el primer laboratorio de biosegu-ridad para la producción de la vacuna contra la FA?

Todos los esfuerzos hasta ahora realizados por Colombia para conquistar mercados internacionales y ofrecer productos en óptimas condiciones sanitarias a los colombianos, podrán colapsar. Aquí no habrá “Santa Lucía que valga”, así hayamos adelantado, por más de 10 años, grandes esfuerzos e invertido uS$120 millones –sin contar con los uS$59.000 millones presupuestados para 2006–. El comercio internacional no perdona.



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buenos augurios para 2006*

El sector ganadero ha trabajado fuerte para mejorar su competitividad y construir un futuro promisorio. La visita del equipo de veterinarios de la Federación Rusa, la fusión de los frigoríficos y su certificación HACCP y las buenas cotizaciones de la carne en el

mercado internacional, son señales inequívocas del potencial y las oportunidades para la actividad. Continuar la modernización es un imperativo impostergable.

La visita de una comisión del Servicio Federal para el Control Veterinario y Fi-tosanitario de la Federación Rusa, se constituye, para el sector ganadero colom-biano, en uno de los logros más importantes y significativos. Nos abre las puertas a mercados internacionales interesantes por su alto consumo y, de concretarse negociaciones, le imprime a nuestra ganadería una nueva dinámica.

El objeto de su venida es determinar la situación epizoótica del país, re-conocer el sistema de monitoreo de los estimulantes de enfermedades animales contagiosas y homologar el sistema de control de calidad y seguridad de los pro-ductos de origen animal. Constituye, por tanto, la puerta de entrada al mercado ruso, que importa más de 400.000 toneladas al año, para alimentar a 148 millones de habitantes con un consumo per cápita de 18 kilogramos/año.

De acuerdo con un estudio de priorización de mercados realizado por Fe-degán, Rusia es el séptimo mercado más atractivo para la oferta de carne colom-biana. Esto permite vislumbrar buenos augurios para el sector ganadero, gracias a que los principales frigoríficos (FrigoSabanaS, Frigoriente, FrigoSinú y Frigo-medio), todos con alta participación accionaria de Fedegán y ahora integrados en Friogán, se han dotado de una infraestructura con tecnología de punta y mo-dernos conceptos para el faenado, que soportan las exigencias de los mercados desarrollados para la comercialización de carne bovina del circuito de países no aftosos.

Son frigoríficos que acaban de recibir la certificación HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) y, con la cual, garantiza la minimización de riesgos en el proceso de producción que pueda afectar la salud de los con-sumidores. El HACCP es recomendada por el Códex Alimentarius, por la Or-ganización Mundial de la Salud y por la Organización Mundial de Comercio,


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por tanto, su otorgamiento se constituye en una ventaja comparativa en los mercados internacionales.

Lo anterior permite vislumbrar buenos augurios para el sector durante 2006. Ello, unido a la coyuntura que hoy presentan los mercados internacionales como resultado de los brotes de aftosa en Brasil y que ha llevado los precios internacio-nales a niveles sin precedentes, abre una ventana de oportunidad deseable para cualquier país con potencial exportador, como el nuestro.

La competitividad de nuestra oferta exportable, que se había venido redu-ciendo debido a los vaivenes cambiarios, está muy cerca de alcanzar niveles a los cuales se puedan vender productos cárnicos en países donde ya tenemos acceso, como es el caso de Israel y otros que esperamos abrir en el presente año como: Rusia y Jamaica.

Hemos trabajado duro y lo seguiremos haciendo para mejorar nuestra competitividad y construir el futuro de los ganaderos. Y aunque falta trecho por recorrer, las perspectivas con respecto al concepto que se puedan llevar las au-toridades rusas fitosanitarias, son positivas. Son señales inequívocas del potencial de inserción internacional de la ganadería colombiana. Éstas nos incentivan para continuar con la labor de modernización del sector y convertir las oportunidades en mercados permanentes de tal manera que faciliten un crecimiento sostenido de nuestra actividad. Pero esto es, desde luego, con el compromiso de todos los ganaderos.



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A rusia con amor*

La ganadería colombiana tiene el valor estratégico, la importancia económica y el tamaño relativo, para erigirse como uno de los sectores más relevantes de la economía nacional, con potencial exportador. La inminencia del TLC con Estados Unidos y la apertura del mercado ruso se vislumbran como oportunidades inmejorables, para avanzar en este camino, que infiere preparase para abastecer el mercado interno e

incursionar, con éxito, en los internacionales.

Enseña el refrán popular que cuando se está en frente de grandes decisiones, en muchas ocasiones uno “mata al tigre y se asusta con el cuero”. Y eso es lo que no nos puede suceder ahora que tenemos en la mano el bolígrafo para firmar el TLC con Estados unidos, y menos cuando tenemos oportunidades reales para exportar, como en el caso de Rusia.

Claro que es necesario poner los pies sobre la tierra. Indudablemente, una de las primeras preguntas que uno se debe formular es ¿de dónde saldrá el ganado para exportar? Pero antes se debería uno preguntar si cumplimos las condiciones internacionales para hacerlo. Y en eso no podemos equivocarnos. Desde hace más de 12 años, Colombia ha venido preparando la ganadería y la infraestructura para exportar. Recuérdese que desde 1994 se inició una agresiva campaña para erradicar la fiebre aftosa, en un compromiso conjunto entre el Gobierno y los particulares, apuntalado por toda una política de Estado que dio origen al Fondo Nacional del Ganado y cuyo objetivo es colocar productos cárnicos en los mer-cados internacionales.

Esa, que fue en buena hora una acertada decisión, le ha proveído al sector ganadero una visión gremial con un alto contenido propositivo para liderar unas dinámicas de política económica y ganadera y de conceptualización, que le per-mitirá transformar esta actividad y que deje huella en la economía colombiana. Ya hemos superado la fase de erradicar la aftosa como tarea principal y por eso continuamos, sin desmayo, superando los problemas instrumentales y operativos que ella comporta.

La nueva Fedegán tiene una visión a largo plazo, de 15 a 20 años, para hacer que los ganaderos no solamente puedan satisfacer el mercado interno sino


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que puedan incursionar con éxito en los mercados internacionales. Lo podemos hacer porque tenemos el valor estratégico, la importancia económica y el tamaño relativo.

En el mundo hay otros ejemplos a emular. Nueva Zelanda convirtió, por ejemplo, un hato de 9,4 millones de cabezas, que es un poco menos de la tercera parte del hato colombiano, en el principal renglón de exportación de ese país. Con 24 millones de cabezas se podría lograr mucho más. Y en esa labor juega pa-pel decisivo las nuevas generaciones de ganaderos, que no solamente tienen hoy la oportunidad de prepararse mejor, sino de generar identidades conceptuales que fortalezcan las posibilidades de un sector de la economía que se llama ganadería.

Y esto demanda entender y reflexionar sobre el papel de la ganadería en la economía colombiana y cómo alcanzar su propio desarrollo. un ejemplo típico es entender el por qué hemos venido vacunando contra la aftosa, para qué gastamos millones de pesos en esa tarea e integramos el esfuerzo de todos los ganaderos. Eso nos debe conducir a preguntarnos para qué estamos generando cultura de cambio; para qué integramos los frigoríficos, y para qué estamos generando un se-llo de calidad de la carne, entre otras muchas inquietudes que deben asaltarnos.

No se trata de acciones o cosas deshilvanadas. A los ganaderos nos debe mover la coherencia, la parte sustantiva del negocio. Exportar carne a Rusia es un logro que tiene más de fondo que de ancho, porque nos abre las puertas de las grandes ligas en el tema ganadero. Eso, siempre y cuando hagamos la tarea.



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visión de conjunto...*

Exportar a Rusia exige tener un hato suficiente para satisfacer la demanda de ese mercado y los que vendrán, sin descuidar el mercado interno. Este reto implica trabajar

en la mejora de los parámetros productivos y reproductivos de nuestra ganadería. En otras palabras, encadenar las diferentes fases del negocio para darles “visión de

conjunto”, de tal manera que nos permitan garantizar un crecimiento sostenido del hato y una oferta permanente para la exportación.

Rusia nos abrió sus puertas. Es un hecho. En muy poco tiempo los ganaderos colombianos empezaremos a exportar productos cárnicos hacia esa economía de 140 millones de consumidores, que, igual que China, cada día tiene más poder adquisitivo y presiona por más alimentos al mundo occidental.

Y Colombia ha venido haciendo la tarea para llegar a ese escenario. No en vano los ganaderos han realizado ingentes esfuerzos por tener una ganadería libre de fiebre aftosa con vacunación y por la construcción e integración de una red de plantas de sacrificio, que cumplen las normas internacionales aptas para satisfacer las exigentes condiciones de esos compradores.

Pero la tarea no está completa. Exportar a Rusia evidencia la necesidad de tener un hato suficiente para satisfacer ese mercado y los que vendrán, sin descuidar el mercado interno. Volver ese mercado potencial en un mercado real exige trabajar en parámetros productivos y reproductivos que nos garanticen el suficiente hato. Pero lo interesante es que de esta manera los ganaderos tienen la posibilidad de elevar sus ingresos vía volúmenes y precios, siempre y cuando se tenga una visión clara sobre el valor agregado de lo que se quiere exportar. Si no tomamos esa vía, este importante renglón repetiría la historia cafetera colombiana.

Nuestros cafeteros se dedicaron por muchos años a producir café y vender grano y nada de valores agregados. Total, las grandes multinacionales que co-mercializaron el producto, lo liofilizaron y lo acercaron al consumidor final, se llevaron la mayor parte del precio final. Hoy ese es un mercado de compradores y no de productores, y lo que los ganaderos debemos perseguir son mercados que estén demandando productos con alto valor agregado –que se traduce en precios altos y, por consiguiente, en buenos ingresos–, y en crecimiento.


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No podemos, por tanto, desviar nuestros objetivos a largo plazo, concen-trando esfuerzos en comercializar nuestra genética, por dar un ejemplo. Éste debe ser un reglón, y en el entretanto aumentar los esfuerzos para soportar una mayor demanda. De hecho, en los dos últimos años ha salido del país una importante cantidad de animales en pie y en canal y los precios internos no se han visto afectados por ello.

En consecuencia, debemos mejorar los factores productivos y reproductivos de los hatos bovinos en Colombia. El desarrollo pecuario es dependiente de tres factores, que entre otros, resultan fundamentales para su crecimiento: el mejora-miento genético, la nutrición y el manejo integral de los hatos. Éstos encierran una cantidad de componentes que de no ser tenidos en cuenta a la mayor breve-dad, retardarán el acceso a los mercados de alto consumo de productos cárnicos en el mundo.

un sector, como el pecuario, no puede generar las dinámicas correspon-dientes a un mundo en constante cambio, en medio de una cohesión débil entre sus agentes. Encadenar las diferentes fases del negocio para hilarlas y darles “vi-sión de conjunto” es una condición ineludible para que la ganadería en Colombia crezca y sea sostenible. Ahí está el reto.

Así lo han entendido un centenar de productores pecuario-bovinos que han comenzado a revisar sus prácticas de explotación y a encontrar la manera de combinar las actividades agrícolas con las pecuarias para aumentar su productivi-dad, ya que ambas son altamente complementarias. La inversión en componentes tecnológicos y de infraestructura, que den paso a la competitividad, han surgido ante la presión de las oportunidades de mercado. Si no aprovechamos este esce-nario, otros países lo harán y quedaremos relegados a ser una ganadería local sin incentivos para crecer y malgastando las ventajas potenciales que tiene la activi-dad productiva de la ganadería.



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Exportar valor agregado*

La posibilidad de que Colombia se inserte, en forma exitosa, en el mercado cárnico de Rusia, ha abierto la discusión sobre la necesidad de fortalecer la base productiva del hato nacional, en volumen y calidad. El reto implica mejorar los factores productivos y reproductivos, con

la mira en un nicho de mercado: el de productos con valor agregado. Así lo entendió un centenar de productores que hoy evalúan sus prácticas de explotación.

En estos días me he referido al tema de las exportaciones hacia Rusia porque representan un hito en nuestra historia de exportaciones ganaderas por las condi-ciones que hoy rodean esta negociación. Si bien en el pasado se hicieron intentos esporádicos, la diferencia es que hoy, si nos lo proponemos, podemos hacer que este mercado sea estable y altamente rentable, al vender productos que tengan el mayor valor agregado posible. Es cuestión de metas y de lo que uno espera hacer de un negocio y de entender cómo es que juegan los grandes en esas ligas.

Así, por ejemplo, Estados unidos, que es un país que registra grandes volú-menes de comercio de cárnicos, lo hace en las dos vías, es decir que compra y a su vez vende. Es entendible, que vende lo que les genera mayor ingreso y compra a menor precio lo que consume internamente. En otros términos se trata de ge-nerar una balanza comercial positiva que les produzca a sus ganaderos excelentes rentabilidades.

La estrategia que Colombia deberá implantar es la de colocar en esos mer-cados nacientes desde el punto de vista de su occidentalización y con gran poder adquisitivo por lo menos en las clases altas, productos con determinado grado de valor agregado que vaya hacia esos estamentos ávidos de nuevos consumos. A eso no hay que tenerle miedo. Lo que sí debemos tener es con qué sostenerlo, y en eso no podemos equivocarnos. Colombia debe fortalecer su base productiva no sólo en volumen sino en calidad. La preocupación que surge de si hoy la tene-mos o no es válida, pero debe servir de acicate para no perder de vista esa meta que no está más allá de tres años.

Tampoco debemos desperdiciar otras oportunidades de exportar, sobre todo aquellas que tienen, insisto, valor agregado. El caso de genética es evidente. Si tenemos este renglón, pues exportemos, pero no cerremos las puertas hacia


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otras opciones sobre las cuales el país ha venido preparándose desde hace más de 10 años. Tanto el uno como el otro son planteamientos que requieren de una ma-yor claridad y merecen de un debate amplio y constructivo, para que cada día, la ganadería colombiana camine rumbo hacia la conquista de los grandes mercados consumidores de productos cárnicos.

Si bien democratizar el conocimiento genético es importante, también lo es tratarlo de manera integral. El problema es el mejoramiento de los factores productivos y reproductivos de los hatos bovinos en Colombia.

El desarrollo pecuario depende de tres factores que resultan fundamentales para su crecimiento: el mejoramiento genético, la nutrición y el manejo integral de los hatos. Estos encierran componentes que de no ser tenidos en cuenta a la mayor brevedad, retardarán el acceso a los mercados de alto consumo de produc-tos cárnicos en el mundo.

un sector como el pecuario, débil entre sus diversos eslabones, no puede ge-nerar las dinámicas demandadas en un mundo en constante cambio. Encadenar las diferentes fases del negocio para hilarlas y darles “visión de conjunto” es una condición para que la ganadería crezca y sea sostenible. Ahí está el reto.

Así lo ha entendido un centenar de productores pecuario bovinos que han comenzado a revisar sus prácticas de explotación y a encontrar la manera de combinar las actividades agrícolas –representadas en un mejor manejo de prade-ras– con las pecuarias para aumentar su productividad, ya que ambas son alta-mente complementarias. La inversión en componentes tecnológicos y de infra-estructura que den paso a la competitividad, han surgido por añadidura ante la presión de las necesidades de mercado.

Quienes lo han hecho, tienen como mostrar resultados excepcionales y han logrado romper y superar hasta en más de cuatro veces su productividad en hato. Mientras el promedio de ganancia de peso en bovinos en el país es de 300 gra-mos/día, en algunos casos como en Quindío y el Eje Cafetero han llegado a los 500 g/día/bovino y otros en La Dorada (Caldas) que, trabajan el sistema de con-finamiento, a 1.400 g/día. Recordemos que Argentina que, sobresale por la buena calidad de sus animales y por ser uno de los más grandes productores del mundo, produce 600 g/día. Indica esto, entonces, que vamos por buen camino.

Las oportunidades que se avizoran de cara a la globalización merecen re-acción. De los ganaderos depende tomar las riendas del crecimiento sostenible, equitativo y democrático que a la vez, resultará beneficiosa para el sector rural.



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Competir es diferenciar*

Colombia debe identificar el potencial de su ganadería y enrutar su oferta en función de mercados especializados de buenos precios. Así lo hizo Chile con los cortes finos y Japón

con la carne de kobe, con resultados envidiables. Para ello el país requiere producir y vender productos con alto valor agregado y altamente rentables, fortalecer la base

productiva y mantener una inquietud permanente en la exploración de nuevos mercados y alternativas productivas.

En un mundo cada vez más competido, los países deben diferenciar su oferta para caracterizar bien aquellos productos que tienen oportunidad en mercados especializados. Francia y España, para citar sólo dos de los muchos que hoy dan cuenta de esta tendencia, no han escatimado esfuerzos por lograr que sus vinos o sus quesos antepongan la denominación de origen para evitar que productos similares afecten su demanda. Por supuesto que para promover un producto bajo esas características, se requieren condiciones especiales de la oferta ambiental que permitan caracterizar ese producto de manera singular. El queso manchego, el vino espumoso de Chanpagne, los vinos de la rioja, etcétera.

Pero también, hay otros países que aprovechan sus condiciones naturales para identificar fortalezas que les permite replicar ofertas especializadas y alcanzar igual o superior renombre y competitividad en esos productos. Es el caso de Chile. Lo hicieron primero con el salmón. Y hoy es tan atractivo el salmón noruego como el chileno, por su indudable calidad y precio. Ahora lo están haciendo con la carne. Chile, por sus condiciones geográficas es un país modelo para mantener unas con-diciones sanitarias ideales. Es, si se quiere, una isla. un gran desierto al norte, un glacial en el sur, unos Andes indomables al este y el océano Pacífico al oeste.

¿Para qué le sirvió a Chile esa condición especial? Sin ser un país con voca-ción ganadera y con un hato pequeño (cinco millones de bovinos y 20 millones de habitantes) y a pesar de tener una balanza comercial deficitaria (uS$290 millo-nes), hoy exporta 39.650 toneladas de carne de cortes finos a mercados preferen-ciales de Europa y Japón, e importa para su consumo interno 284.000 toneladas. Los chilenos, pese a la marcada diferencia en volumen, al exportar carnes con agregación de valor disminuye la factura en su balanza exportadora.


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¿Por qué? Porque logró identificar nichos de mercados especializados de al-tos precios y logró acceder a ellos, obteniendo una rentabilidad muy superior a la que tenían los mercados tradicionales. Otro caso bien particular, es el de la carne de la raza wagyu, originaria de la isla de Kobe en Japón, un producto pagado seis o siete veces más caro que un corte normal (en Europa, Japón o EE. uu., pagan hasta uS$500 por plato en los restaurantes lujosos).

Ahora bien, ¿por qué una raza específica logra que los mejores paladares paguen mucho más por sus cortes? Estos bovinos de la raza wagyu, producidos también en Canadá, Estados unidos (estado de Nebraska) y Nueva Zelanda, son levantados en condiciones completamente diferentes a las tradicionales. Son ais-lados, les suministran una dieta especial (cereales, cerveza, y otras bebidas), com-binada con poco ejercicio y un “masaje” rutinario, que hace que la grasa penetre a la musculatura del animal y genere un intenso marmóreo, aspecto que resulta fundamental para el sabor, la terneza y la gustosidad.

La producción de esta carne necesita un ambiente propicio para su desa-rrollo, lleva implícito un alto componente en mano de obra y, por tanto, resulta costosa, pero es igualmente muy rentable por ser un producto diferente, escaso y altamente exquisito.

¿Podrá Colombia, entrar en el jugoso mercado de la carne de Kobe? Es posible. Pero esta historia, merece una reflexión con lupa y debe servir de acicate para no perder de vista el escenario de oportunidades que se avecinan, no sólo con el TLC sino con los acuerdos comerciales con otros mercados del mundo. Colombia debe identificar bien sus potenciales (alimentación a base de pasturas, genética, oferta ambiental, etcétera) y enrutar su ganadería en función de merca-dos especializados de buenos precios.

Para ello, debe tener en cuenta tres aspectos: primero, que producir y ven-der productos con alto valor agregado y altamente rentables, es posible si se con-jugan la genética con los más altos parámetros productivos; segundo, que no se necesita solamente fortalecer la base productiva, sino mejorar también la calidad de los productos (cortes, empaques, etcétera) y, la tercera, que hay que mantener una inquietud permanente y vigilante en la exploración de nuevas alternativas productivas y de mercados. ¡La iniciativa está servida!

* Publicado en noviembre de 2006


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Sin perder el norte*

Resulta paradójico que los buenos precios, que han permitido recuperar la menguada rentabilidad del sector ganadero, sean parte del problema y no de la solución. Una porción del incremento en los precios se origina en el tráfico de ganado en pie hacia

Venezuela, impulsado por un problema cambiario de tipo especulativo. Si bien respetamos la política social de Venezuela y sus medidas de política económica, la

armonización fronteriza haría más transparente las relaciones comerciales y evitaría erosionar al sector ganadero colombiano.

Pasos de animal grande se ciernen sobre la ganadería colombiana. Los buenos pre-cios del mercado están impulsando un efecto no deseado. En 2006 los colombianos habríamos consumido, por primera vez en la historia, más carne de pollo que de res (19 kg/hab/año frente a 18 kg/hab/año), acelerando la tendencia decreciente del consumo aparente de carne de los últimos años, que registra una disminución en cerca de 5 kg/hab/año. Es una caída que equivale a poco más de un millón de bo-vinos dejados de sacrificar que amenaza con hacerse más grande y, lo que es peor, propiciar, ya sea vía precios o medidas de política, el ingreso prematuro de impor-taciones originadas en nuestros mayores competidores: los países del Cono Sur.

Resulta paradójico que los buenos precios, que han permitido recuperar la menguada rentabilidad del sector, afectada por los altos costos de los insumos, sean parte del problema y no de la solución. una porción del incremento en los precios se origina en el tráfico de ganado en pie que se está dando hacia Venezuela, impul-sado por un problema cambiario de tipo especulativo y amparado por el uso de los cupos de exportación.

En efecto, cuando el Gobierno expidió los Decretos 4464 de 2006 y 357 de 2007, con los que estableció contingentes de exportación de hembras y machos, respectivamente, lo hizo con el propósito de evitar la disminución del hato y del consumo aparente y habilitar el repoblamiento. El contingente de exportación autorizado era de 20.000 animales vivos en 2007, pero las cifras nos indican que entre 2004 y 2006 salieron de forma legal por la frontera con Venezuela más de 631.000 animales y en los dos primeros meses de este año se estima que han sali-do cerca de 160.000. Ello sin contar el comercio ilegal.


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Indudablemente, alguien se está ganando una lotería en este negocio cam-biario-especulativo, pero no son los productores primarios. Por eso entendemos la Resolución 3818 de la DIAN (abril 2 de 2007) que limita el comercio de bovi-nos vivos al paso fronterizo Cúcuta-ureña.

Pero el problema no para ahí. Los contingentes de importación otorgados a los países del Mercosur fueron utilizados en un 18% en 2005 y en 34% en 2006, lo cual revela una dinámica creciente. Dos factores explican el porqué tales cuotas no han sido utilizadas plenamente: los altos precios internacionales y el cierre de la frontera colombiana ante notificaciones de cambios de estatus sanitario (como el de Argentina, en febrero de 2005). Hoy, la frontera colombiana está abierta de nuevo a las exportaciones de dicho país, a las cuales se vienen sumando las de Paraguay, uruguay y Estados unidos.

Esto permite prever que esos porcentajes de utilización de contingentes aumenten, por efecto de la disparada de precios nacionales y a la revaluación. El precio del kilo de carne en Colombia es de uS$1,70 (macho gordo) y el de Ar-gentina de uS$0,80, lo cual significa que una de nuestras mayores fortalezas –la protección en frontera eficaz frente al distorsionado comercio internacional de productos de origen bovino–, se vería desbordada por el mismo mercado.

Pero no son solamente los altos precios internos los que habilitarían el ingre-so de productos cárnicos del Cono Sur. Para evitar desbordamientos inflaciona-rios no sería extraño que el Gobierno se viera tentado a reducir esas barreras que además, como ya lo ha denunciado Fedegán, existen presiones para hacerlo.

El origen del problema –el tema cambiario-especulativo– hay que tratarlo más a fondo. Si bien respetamos la política social de Venezuela, así como sus medidas de política económica, la armonización de políticas fronterizas entre los dos países no sólo hará más transparente las relaciones comerciales, sino que evitará que se erosione el sector ganadero colombiano. Pero también le compete parte de la solución al ganadero para que no se preste a dicho juego. Nuestras mejores defensas serán la empresarización y la elevación de la productividad, pues los buenos ingresos de hoy se reflejarán en muy altos costos en la ganadería del mañana.



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Juego limpio*

El crecimiento de la demanda interna y de ganado en pie hacia Venezuela fueron, entre otros factores, los que ocasionaron el alza del precio del novillo gordo colombiano, cuyos efectos sobre la inflación hoy son innegables. Aunque el Gobierno nacional adoptó medidas para limitar el desangre en la frontera, la aprobación de licencias sanitarias,

que autorizaron la exportación, borró cualquier posibilidad de control. Urge persistir en el control de las exportaciones, promover una rápida respuesta en la oferta, promover el consumo de cortes baratos y, como en el caso de leche, NO a la modificación de las

condiciones preferenciales para la importación de carne de res.

Infortunadamente, lo que advertí en público y en privado, ante el Gobierno y ante la comunidad ganadera, y lo que anuncié en esta misma columna el pasa-do 25 de enero (Ojo con la inflación), está sucediendo. El alza en los precios de los productos de origen bovino, especialmente de la carne de res, por el efecto del mercado venezolano, está comprometiendo el cumplimiento de la meta de inflación fijada por el Banco de la República para este año. Y está transcurriendo pese al significativo repunte de la oferta doméstica gracias a las mejoras de pro-ductividad ganadera.

En efecto, el crecimiento sostenido de la oferta de animales para sacrificio durante los últimos tres años ha sido, en promedio, de 5% anual. El año 2006 tuvo la mayor tasa de extracción de la historia: más de 4.400.000 animales entre sacrificados y exportados. Y, como si fuera poco, el repunte en el primer trimestre de este año superó el 7%, porcentaje insuficiente para satisfacer el significativo crecimiento de la demanda doméstica y de la insaciable y en buena medida arti-ficial demanda venezolana.

Y digo artificial, porque a pesar de que el precio del novillo gordo colombia-no supera el venezolano, siguen creciendo en forma desmedida las exportaciones de animales en pie hacia el vecino país. Durante los tres primeros meses del año se reportó la exportación de 129.305 bovinos, es decir, más de cinco veces de lo registrado durante el mismo periodo del año pasado. No se requieren cálculos para concluir que el diferencial entre la cotización oficial del bolívar y la del mer-cado negro, superior al 100% en los últimos meses, jalona este tipo de transaccio-


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nes, muchas veces amparadas en la incontenible corrupción a lado y lado de la frontera que generan medidas de esta naturaleza.

Es cierto que el Gobierno intentó, con el apoyo de Fedegán, controlar este desangre limitándolo a 20.000 machos y 7.000 hembras por año. Lastimosamen-te, el anuncio de las medidas antes de su implementación, dio oportunidad para que los interesados se hicieran aprobar, con una premura digna de la mejor causa, licencias sanitarias autorizando la exportación de casi 170.000 cabezas. Se borró con el codo lo que intentamos escribir con la mano. Este año se podría formal-mente exportar 200.000 cabezas, es decir, más del 80% de lo exportado en ausen-cia de controles. Ahora bien, ¿qué pasa si a mediados de junio hemos superado esa cifra? Debemos reconocer que cuando opera un instrumento tan poderoso para tonificar un flujo de comercio, como el manejo de cambios, la corrupción no se hará esperar.

¿Qué hacer? Persistir, como lo hizo recientemente Argentina, en el control de las exportaciones, buscando regular los precios domésticos, promover una rápida respuesta en la oferta y promover el consumo de cortes baratos diferentes a los tradicionales finos, pero igualmente nutritivos que equivalen tan sólo al 10% del peso de la canal.

Pero eso sí, exigimos juego limpio. Como en el caso de leche, con plena autoridad moral decimos NO a la modificación de las condiciones preferenciales para la importación de carne de res. No se puede contemplar la ampliación de los contingentes, los cuales, asociados a la estructura arancelaria vigente, consti-tuyen los pilares de las negociaciones comerciales que adelanta el país, ahora con Canadá y después con la unión Europea. Que esto quede bien claro, las actuales condiciones de importación garantizan la preservación de aranceles inferiores al 20% para un volumen superior a los históricos de importación registrados antes del establecimiento de los aranceles del 70% y del 80%. Y que estos aranceles son indispensables para acometer las negociaciones en curso.



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El mercado venezolano: un buen bictec...*

(...) pero hay que saberlo preparar. Un mercado que representa más del 90% de nuestras ventas, requiere que le prestemos la mayor atención, lo estudiemos a fondo y lleguemos a

entender cómo opera.

Además de ser el mercado natural para Colombia, por razones que saltan a la vista como la vecindad, la similitud cultural y el idioma, Venezuela se ha constitui-do históricamente como el principal mercado de las exportaciones colombianas, después de los Estados unidos. Los principales impulsores de esta dinámica han sido la complementariedad de las dos economías y las preferencias arancelarias que se otorgan mutuamente los dos países en virtud de los acuerdos logrados en el marco de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). Sin embargo, el entorno económico y político que sirve de base para lo que ha venido siendo una sólida relación comercial está cambiando rápidamente. La pregunta pertinente es: ¿qué le depara a los ganaderos colombianos en este mercado bajo las cambiantes cir-cunstancias?

El comercio de Colombia con venezuelaLa importancia del mercado venezolano para Colombia cobra mayor relevancia cuando se examinan las cifras de exportación del sector ganadero. En materia lechera, Colombia pasó de ser un importador neto con una balanza comercial negativa hasta de 22.000 toneladas equivalentes de leche en polvo en 1997, a ser un exportador neto a partir de 2001, llegando a colocar en los mercados externos algo más de 35.000 toneladas en 2005; cifra que en 2006 fue cercana a las 30.000 toneladas. El 90,44% de estas ventas fueron a parar al mercado venezolano.

En el caso de la carne, Venezuela ha sido el mercado natural desde hace ya varios años, presentándose una relación directa entre los volúmenes de exporta-ción y el nivel de abastecimiento, producción interna, política comercial y sanita-ria venezolana, lo que ha llegado a tener una alta dependencia del mismo.

Las exportaciones de los últimos años han estado directamente relaciona-das con grandes ventas de ganado en pie y, en menor proporción, de carne en


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canal, alcanzando su máximo histórico en 2006 cuando se exportaron uS$273,5 millones representados en 114.338 toneladas equivalente canal en animales en pie; 4.575 toneladas de carne en deshuesada; y 17.200 toneladas de carne en canal. El 99,4% de estas ventas se destinaron a Venezuela.

Si bien la sabiduría popular manda no poner todos los huevos en la misma canasta, por lo cual se debe seguir una clara y férrea estrategia de diversificación de mercados de destino como de los productos que conforman la oferta exporta-ble del sector, claramente concentrada en animales vivos y leche en polvo, hacia productos con mayor valor agregado, también es cierto que un mercado que representa más del 90% de nuestras ventas requiere que le prestemos la mayor atención, lo estudiemos a fondo y lleguemos a entender cómo opera.

Sólo así será posible mantener la dinámica exportadora, evitando que los excedentes de leche acumulada en el país lleguen a impactar de manera negativa al ganadero colombiano y que se generen efectos perjudiciales en el hato nacional como producto de la exportación indiscriminada de animales en pie y productos de bajo valor agregado, para finalmente diseñar una estrategia comercial exitosa en nuestro principal mercado.

Siendo de lejos el destino por excelencia de las ventas de leche y derivados lácteos colombianos al exterior, también es cierto que Venezuela ha adquirido unas características especiales que lo hacen un mercado altamente inestable. Esta inestabilidad está representada en excesivos trámites oficiales para la importa-ción; grandes dificultades para que los importadores, es decir nuestros clientes, obtengan las divisas para pagar las compras que hacen del exterior; un sistema de regulación de precios que no deja margen de maniobra ni de rentabilidad a los ac-tores del mercado y, más grave aún, una total incertidumbre sobre las condiciones comerciales que pueden cambiar de un momento a otro sin previo aviso.

El mercado lácteo venezolanoEl mercado venezolano total de productos lácteos en 2005 superó los 2.000 millo-nes de litros, el 54% es provisto por la producción nacional, mientras que el 45,2% restante, cerca de 941 millones de litros o 117.000 toneladas equivalentes de leche en polvo, proviene de terceros países.

Al revisar las cifras históricas, hoy Venezuela tiene un mercado de tamaño similar al de 1983; no obstante su población ha crecido en algo más de 10 mi-llones de habitantes, lo que implica una seria reducción del consumo per cápita, ubicándose en 78 litros por habitante para 2005; mientras en la década de los 80 alcanzó un promedio de 131,7 litros por habitante.


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La producción lechera del vecino país ha venido en franco descenso desde 1987 cuando registró un total de 1.598 millones de litros, para ubicarse en 1.141 millones de litros en 2005, lo que ha resultado en una mayor dependencia de las importaciones para abastecer el mercado interno. El origen de esto radica en las políticas del Gobierno en materia de expropiaciones y el control excesivo a la actividad empresarial del campo, que aceleró la liquidación del hato y el sacrificio de vientres, llegando hoy a una población bovina que no supera los 11 millones de animales.

El consumo de leche y la industria pulverizadoraLos venezolanos tienen una cultura y hábitos de consumo de lácteos principal-mente orientados hacia la leche en polvo. Esta costumbre fue generada por ra-zones históricas de insuficiencia en la producción, lo que llevó a una protección directa a las importaciones de este producto para garantizar y facilitar el abas-tecimiento de un alimento de primera necesidad. El resultado posterior fue la generación de una industria pulverizadora que gozó de diversos mecanismos de protección especial, acentuando, de esta manera, la costumbre de consumo prefe-rente de leche en polvo sobre la leche pasteurizada, producto de consumo directo en la gran mayoría de los países.

En la coyuntura actual existen varios elementos que tienen a la industria pulverizadora en una situación crítica. En primer lugar, se encuentra la ya men-cionada disminución de la producción de leche cruda en el país, lo que implica que no haya materia prima suficiente para satisfacer la demanda, lo que generó una fuerte presión de mercado para incrementar el precio, rebasando la regula-ción de Bs.680 por litro para la leche cruda, que rigió hasta el mes de marzo de 2007. Adicionalmente, se debe considerar la política de regulación de precios de venta al público (PVP) que, bajo el Instituto Nacional de Defensa del Consumi-dor y el usuario (Indecu), aplica estrictos controles a los comercios (puntos de venta) y son ellos quienes sufren las consecuencias y afrontan sanciones como multas y cierres. Como es de esperarse, este eslabón hace extensiva la presión en materia de precio a los eslabones anteriores en la cadena, lo que generó un corto circuito, pues llega un punto donde los ingresos no pagan los costos de uno de los actores.

Como consecuencia, una buena parte de los procesadores se han des-plazado hacia productos que no están cobijados por la regulación de PVP, tales como las leches modificadas, las enriquecidas y la uHT, que ya hoy participa con el 2,44% del mercado. Por otra parte, se ha incrementado la destinación de


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leche cruda a la producción de quesos artesanales y autoconsumo. Todo lo an-terior conlleva a tener una gran capacidad instalada ociosa con un lucro cesante incalculable.

A lo anterior debemos sumar que, a partir de abril del presente año, el precio regulado para la leche cruda a puerta de corral fue incrementado en un 61,76% llegando a Bs.1.100 por litro; mientras el de la leche pasteurizada se incrementó en 26%, la leche en polvo en 5%, los quesos incrementaron su precio en un pro-medio de 125%, al tiempo que el precio de la leche larga vida o uHT fue regulado por primera vez en Bs.2.360 por litro. Cabe aclarar que en ninguno de los casos los precios oficiales se acercan a los niveles de precios que establece el mercado, razón por la cual subsiste la problemática de un estrecho margen de intermedia-ción que limita la participación de los agentes privados en el mercado.

De la política comercial a la competencia deslealParalelamente, el Gobierno venezolano ha desarrollado una estrategia que pre-tende entregar a la población menos favorecida alimentos a precio “razonable” utilizando la estructura de la Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrí-colas (CASA), entidad que adquiere la leche en polvo en el mercado interna-cional, la nacionaliza haciendo uso de exoneración arancelaria y de un tipo de cambio preferencial y la vende al público a través de la infraestructura del Mer-cado de Alimentos (Mercal) por un precio considerablemente inferior a su valor real. Esta estrategia ha resultado fundamental en la recuperación que mostró el consumo per cápita durante el último año, pero al mismo tiempo significa una competencia desleal para los actores privados que no tienen acceso a este tipo de instrumentos.

La situación es incierta y, aunque los datos preliminares del último año muestran una reactivación en la producción de leche cruda, la dependencia de las importaciones que tiene el sector lácteo venezolano es estructural, toda vez que los niveles de consumo por habitante también se empiezan a recuperar y, en consecuencia, lo hace la demanda agregada.

Todo este panorama ha generado un desabastecimiento generalizado que el Gobierno pretende controlar a través de medidas policivas cada vez más estrictas, mientras trata de aumentar las importaciones en un mercado internacional con limitaciones de oferta y con los precios más altos de la historia. Al mismo tiempo, la estabilidad del sector lácteo colombiano depende en buena parte de las com-pras venezolanas, no obstante estas coincidentes necesidades complementarias no parecen fáciles de conciliar.


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El mercado de la carneSi bien las condiciones de acceso al mercado venezolano para los lácteos co-lombianos se han complicado, el panorama no es distinto para la carne. Las di-ficultades en los trámites de importación son del mismo tenor, a saber: apuros en la obtención y trámite de las licencias sanitarias y obstáculos para lograr que la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) asigne los dólares necesarios para pagar las compras del exterior, entre otras.

La coyuntura de mercado está principalmente centrada en un problema de abastecimiento, pues como ya se explicó, la confluencia de políticas y medidas represivas del Gobierno tuvieron un efecto perverso sobre la producción y con-dujeron a un sacrificio masivo de hembras, lo que llevó a una población ganadera de menos de 11 millones de cabezas según estimaciones de fuentes no oficiales.

Por otra parte, se debe destacar el incremento del consumo de carne por habitante. Después de estar en niveles que superaban los 16 kg/hab/año de 2000 a 2003, para 2004 el consumo en Venezuela sufrió un desplome llegando tan sólo a 13 kg/hab. No obstante la política social del Gobierno, a través de CASA y Mer-cal, ha puesto mayor cantidad de productos a disposición de los consumidores, al tiempo que el ingreso de los venezolanos ha incrementado. Todo esto ha generado un crecimiento del consumo de carne ubicándolo en 22 kg/hab para 2006 y, en consecuencia, un fuerte aumento de la demanda agregada para este producto.

Como resulta apenas lógico, el hato venezolano ha sido insuficiente para abastecer la creciente demanda interna de carne bovina, viéndose obligados a importar de terceros países. De acuerdo con la Asociación Venezolana de Fri-goríficos y Mataderos Industriales (Asofrigo), el déficit para el presente año es de 120.000 toneladas equivalente canal. Paralelamente, la presión sobre la escasa oferta resultó en un incremento de los precios del ganado (Bs.4.100 kg/pie) que no han permitido cumplir con los límites impuestos por la regulación oficial de precios para la carne, tema sobre el que volveremos más adelante.

De otra parte, el mercado de importación se desconfiguró totalmente, al punto que los actores organizados y tradicionales de mercado (industria de pro-cesados cárnicos y grandes superficies) no lograban obtener licencias, mientras una serie de “nuevos” actores las obtenían sin mayores inconvenientes. Como si fuera poco, la estructura del mercado y un fuerte apoyo de política estimuló la importación de ganado en pie en lugar de carne deshuesada, pues se pretendía utilizar la capacidad ociosa de sacrificio del vecino país.

Todo esto, unido a un tipo de cambio artificial del bolívar frente al dólar que le daba a las operaciones un gran incentivo por diferencial de tipos de cam-


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bio, resultó en importaciones indiscriminadas de ganado en pie desde Colombia. Lógicamente, también se abastecieron de canales y carne deshuesada de nuestro país, pero en una proporción ínfima respecto al volumen de los animales en pie.

La adhesión de venezuela al MercosurMientras tanto, como primer resultado de las aproximaciones comerciales y la adhesión de Venezuela al Mercosur, los países que integran este bloque vienen vendiendo carne deshuesada y porcionada con un valor agregado mucho mayor. Por su parte, estas importaciones se efectúan a través de las instituciones del Gobierno venezolano (CASA y Mercal), poniéndolas a disposición del consumi-dor a un precio mucho menor a su valor real y lo que genera una distorsión de mercado, pues mientras el engranaje estatal cumple con los precios regulados, los oferentes privados no están en capacidad de hacerlo.

En Venezuela, al igual que en Colombia, la gran mayoría de los mataderos no venden carne, sino que le prestan el servicio de sacrificio a terceros. El costo del servicio es permutado por los subproductos (piel, cabeza, patas, sebo, hueso blanco, etcétera), de manera que no es tenido en cuenta en el valor de la canal y tampoco en el de la carne. En consecuencia, el valor del animal vivo es igual al va-lor de las dos medias canales, lo que ha generado la cultura de que los ganaderos vendan sus animales en canal. Normalmente, el ganadero vende la canal a un ma-yorista, quien la distribuye a los puntos de venta al detal y éstos la convierten en cortes que llegan al consumidor final. Para poder cumplir con los precios regula-dos y tomando en consideración el precio actual del novillo gordo para sacrificio, los márgenes brutos deberían ser inferiores al 5% y al 11% para el mayorista y el detallista, respectivamente. No obstante, los operadores privados argumentan no poder trabajar bajo estas condiciones. Simultáneamente, el Gobierno bolivariano amenaza con expropiar comercios, fincas y ganados si es que sus propietarios no contribuyen a poner a disposición del público carne a un precio “justo” mediante el cumplimiento de la regulación de PVP.

víctima de su propio inventoToda esta situación ha resultado en un desabastecimiento sistemático de carne en el mercado venezolano. De acuerdo con la prensa escrita del vecino país, el 25% de la demanda está desatendida. No obstante, las condiciones de mercado regula-do no permiten operar sin generar pérdidas económicas; la infraestructura social del Estado ha sido incapaz de abastecer la creciente demanda; algunos comercios se arriesgan a vender por encima de los precios, sufriendo las consecuencias de


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cierre, multas y decomiso de producto; mientras los precios internacionales de la carne están en alza y la oferta exportable colombiana, además de escasa, registra hoy precios poco competitivos derivados del alza en el precio de ganado gordo y el fortalecimiento del peso frente al dólar.

ConciliarEl gran reto está en lograr conciliar las diferentes variables de manera que se logre mantener la participación en el mercado, pero con productos con mayor agregación de valor, se contribuya a menguar el desabastecimiento y mejorar la seguridad alimentaria del pueblo venezolano, sin perder de vista la sostenibilidad del hato colombiano en el largo plazo y sus implicaciones para la seguridad ali-mentaria nacional.

El Gobierno ya tomó medidas al respecto, a saber, la restricción de expor-taciones de ganado en pie y la prohibición de sacrificio de hembras en edad re-productiva, medidas que fueron ampliamente comentadas en el Informe Especial de la edición 99 de Carta Fedegán y que ya hoy empiezan a mostrar sus resul-tados. Nos corresponde ahora, desde la perspectiva comercial, generar un plan de acción que mejore las condiciones comerciales de las negociaciones del sector ganadero hacia Venezuela, nuestro principal mercado.

El retiro de la CANHoy, Colombia se encuentra en una difícil situación en materia de política comer-cial frente a Venezuela. Como producto de las negociaciones del TLC entre Co-lombia y los EE. uu., el presidente Hugo Chávez decidió retirar a Venezuela de la CAN a partir del 6 de abril de 2006. Lo anterior significa perder las condiciones de acceso en materia arancelaria de las que gozan las exportaciones colombianas, lo que de entrada implica una pérdida de competitividad en el mercado de desti-no y una consecuente reducción de las ventas.

No obstante, el efecto no es inmediato. una vez tomada esta medida deben transcurrir cinco años para que cambien las condiciones comerciales. Cumplido este tiempo se aplicará un régimen de acceso que deberá ser pactado durante el periodo de transición. Bajo la “Cláusula de preferencia”, Colombia se obliga a hacer extensivas a EE. uu., las condiciones comerciales que negocie con otro país con posterioridad al 27 de febrero de 2006, siempre y cuando éstas sean más favorables que las otorgadas al país del norte. En otras palabras, las negociaciones que adelante Colombia con cualquier otro socio comercial, incluido Venezuela, tendrán como limitante, lo ya negociado en el TLC Colombia-EE. uu.


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Ante este panorama, el Gobierno colombiano deberá ingeniar un mecanis-mo bajo el cual se puedan mantener las preferencias comerciales en el segundo mercado de destino de las exportaciones colombianas y el primero para las del país ganadero, sin abrirle las puertas de manera indiscriminada a los productos agropecuarios de origen norteamericano.

*Publicado en Carta Fedegán 101, julio de 2007


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brangus para exportación*

Los cambios en la demanda y la oferta del mercado mundial de carne, permiten avizorar oportunidades interesantes para países como Colombia. La experiencia de

Argentina muestra que con el brangus, el país puede abrir una línea de negocio para exportación, basada en los gustos del consumidor internacional.

El mercado mundial de carne de bovino está mostrando señales interesantes. Es el resultado de una recomposición de los mercados productivos agropecuarios y de comercio. Y, como toda señal de mercado, su impacto en la economía, depen-derá de la reacción de los diferentes jugadores interesados. Ante tales eventos, los ganaderos colombianos estamos obligados a implementar estrategias novedosas.

Hoy, el mercado mundial de carne bovina se caracteriza por el aumento de precios ante pequeños incrementos de la demanda y mayores exigencias de los consumidores. Y todo indica que la demanda crecerá en forma importante en los próximos años como un efecto de la reducción de la pobreza, el incremento del ingreso y los cambios en los hábitos de consumo en lejano oriente. La oferta, por su parte, se caracteriza por su contracción, originada en la fuerte competencia de productos agrícolas con destino a la producción de biocombustibles y la decisión de los países desarrollados de restringir los subsidios, como lo hizo Inglaterra.

Lo anterior permite avizorar opciones interesantes para países que tienen alto potencial de desarrollo agrícola, por estar ubicados en la franja tropical del planeta, como Colombia. Es una oportunidad para suministrar al mundo carne y leche provenientes de ganados alimentados en pasturas. Para aprovechar esa coyuntura, en la mejor forma posible, la ganadería colombiana debe abrir una nueva línea de negocio para exportación, basada en los gustos del consumidor internacional, sin descuidar su tradicional producción de ganados indicus. La ex-periencia de países como Argentina nos muestra que con el brangus, adaptado a los climas de Colombia, tendremos una excelente raza para obtener productos que cumplen los requisitos de la demanda.

Los estudios y proyecciones de entidades internacionales muestran cómo en mercados sofisticados, como el europeo, el consumidor tiene una clara ten-dencia por las carnes premium o diferenciadas, lo que va de la mano con la


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preferencia de productos saludables. La tendencia se acentuará en la medida en que los países accedan a estadios superiores de desarrollo. La demanda de carnes discount, o de bajo precio, para consumo directo, presenta igualmente una tenden-cia al crecimiento, lo cual se explica por el proceso creciente de disminución de pobreza mundial.

El reto no es, por tanto, aprovechar la coyuntura sólo para exportar más de lo mismo y a los mismos mercados. Nuestra ubicación geográfica nos abre la posibilidad de alimentar a nuestro ganado a pasto durante todo el año, y también nos facilita la producción de carnes limpias, biológicas, orgánicas y con otros atributos que nos permiten diferenciar nuestra ganadería y las carnes que ella produce, y nos llevan a tener un negocio más rentable.

Si queremos aprovecharla, tenemos que disponer de una raza carnicera que brinde las características de jugosidad, sabor, aroma y terneza que demanda el consumidor internacional. Es una tarea que ya han recorrido muchos países, en-tre ellos Argentina con su ganado brangus, el cual aprovecha el vigor híbrido del bos tauros y el bos indicus.

El reto de acometer una experiencia brangus colombiana, basada en la trans-ferencia de embriones congelados, es una estrategia de Fedegán no excluyente con otras ofertas de ganado. Parte del conocimiento de las tendencias mundiales de producción y comercio de la carne, de un juicioso estudio de nuestras posibi-lidades de inserción, siempre desde el análisis objetivo de las fortalezas y ventajas comparativas. Es una iniciativa animada por el aprendizaje y emulación de quie-nes han tenido resultados exitosos. La propuesta concreta es crear haciendas de exportación con ganado brangus, para colocar 20.000 toneladas de carne en 2019. Para ello, Fedegán importará a partir de 2008, 10.000 embriones de brangus por año, de excelente calidad carnicera, probada fertilidad, a bajo costo y con garan-tías y facilidades para los ganaderos. Bienvenidos al futuro exportador.



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Decidir y andar*

Los ganaderos deben aprovechar las condiciones de precios, demanda y oferta que registra el mercado doméstico. No podemos seguir el juego a comerciantes inescrupulosos que sólo buscan negocios de ocasión, como tampoco continuar con el sacrificio de hembras bovinas aptas para la reproducción, más aún porque el futuro nos impone aumentar la

productividad.

Muchos de nuestros ganaderos preguntan a Fedegán en qué fase del ciclo eco-nómico se encuentra la ganadería, con el fin de ir haciendo sus presupuestos productivos. Ésta es una alentadora señal porque de alguna manera indica que nos estamos introduciendo en la cultura empresarial en la que hemos compro-metido con el Plan estratégico de la ganadería colombia 2019, y tal como lo hacen los empresarios formales, hay interés por mirar un poco más allá del corto plazo y establecer los posibles movimientos de la oferta futura y, por ende, de las ventas y, especialmente, los niveles de ingreso. Eso es un buen indicio.

Pasando al tema, una respuesta rápida sería que nos encontramos en el ini-cio de la fase de retención. Sin embargo, y haciendo eco de esa misma inquietud, tenemos que decir que la actividad ganadera colombiana recibe cada día con mayor intensidad los efectos de la globalización, inducidos, por una parte, por nuestro tradicional intercambio comercial con Venezuela, como por las nuevas condiciones comerciales que se empiezan a imponer como resultado de los tra-tados de libre comercio, especialmente el de Mercosur y muy próximamente el firmado con Estados unidos.

También tenemos que decir, por otra parte, que si bien el intercambio con Venezuela ha registrado históricamente saltos fuertes producidos, generalmente, por el diferencial cambiario que produce aumentos o disminuciones de comer-cio y, paralelamente, estimula las salidas o entradas ilegales de semovientes, en esta oportunidad –a ese comportamiento que se podría denominar como “nor-mal”– se ha sumado el impacto combinado de la política de alimentos impuesta en Venezuela y la política diferencial de precios internos para productos cárnicos, que ha convertido el comercio de bovinos de Colombia con Venezuela en un instrumento especulativo, aprovechado, sin reato, por parte de algunos comer-


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ciantes para obtener jugosos réditos, sin importarles qué le pueda suceder a una actividad productiva que cada día se construye a fuerza de tenacidad y bajo el criterio de confiar en las políticas económicas, sociales y de seguridad impuestas por el Gobierno del presidente uribe.

unas cifras ilustran mejor la situación en relación con el ciclo. De acuerdo con estimativos de Fedegán, durante el primer semestre de 2007, el sacrificio creció 4,1% respecto al mismo periodo del año anterior. Eso indica que por cuar-to año consecutivo los ganaderos incrementamos la oferta de carne de res, que dicho sea de paso, viene creciendo a una tasa promedio levemente inferior de 5% desde 2004 y se aproxima ya al pico histórico registrado en 1997.

Es preciso tener en cuenta que la tasa de extracción en 2006 (cerca de 4,5 millones de cabezas) fue la más alta de la historia cuando se le suma el sacrificio interno las exportaciones para Venezuela. Infortunadamente, dicha alza sigue fundamentada, en buena medida, en una creciente participación de las hembras en el sacrificio total, que es una de las características de la fase de liquidación del hato bovino. De acuerdo con el DANE (que estima el sacrificio con base en una muestra estadística de 72 municipios que representa poco menos del 60% del total nacional), en el primer semestre de este año, el 34,3% de los bovinos sacrificados fueron hembras mientras que en 2003 dicha participación no su-peró el 28%.

Si proyectamos el sacrificio de hembras, este año estaríamos sacrificando más de 1.800.000 hembras, de las cuales un 25%, aproximadamente (450.000 ca-bezas), serían aptas para la reproducción. No es preciso ser muy intuitivo para comprender que a ese ritmo no es posible ni aumentar el hato y mejorarlo, por-que las vacas son finalmente el activo del capital productivo. Es un comporta-miento que compromete la política de repoblamiento bovino que nos trazamos en el Plan estratégico de la ganadería colombiana PEGA 2019.

Pero no todo es tan trágico. Si comparamos la cifra de sacrificio registrada en el primer semestre de este año con el semestre inmediatamente anterior, es decir, julio-diciembre de 2006, se observa que en este año se redujo la dinámica en el sacrificio. Esto, unido al repunte de los precios del ganado flaco –que supera ya el del ganado gordo–, constituyen señales que permiten presagiar el inicio de una fase de retención en el corto plazo. En condiciones normales, la caída en la oferta, que debería acompañar una fase de esta naturaleza, presionaría de nuevo los precios al alza. Y a su vez, los ganaderos motivados por las señales de mer-cado, empezarían a retener hembras en sus fincas, con la esperanza de vender a buen precio sus crías en el futuro cercano.


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Pero no estamos en condiciones normales. Ante el crecimiento de la oferta que supone un ciclo de liquidación, tradicionalmente se reportan caídas significa-tivas en el precio y, lo que es peor, en ausencia de mejoras en los indicadores de productividad, una fase de esta naturaleza no puede pasar sino por un decreci-miento en el inventario bovino. Pero, por primera vez en la historia de la ganade-ría colombiana, estos últimos cuatro años asistimos a una fase de liquidación en un contexto de estabilidad, en términos reales de los precios del ganado gordo. La dinámica, significativamente positiva de la demanda interna y de las exporta-ciones hacia Venezuela, contrarrestó el impacto en el precio del crecimiento de la oferta, jalonando este último al alza.

Este panorama se ha visto acompañado de avances apreciables en la política de seguridad democrática en algunas zonas ganaderas del país, palpables en el regre-so de ganaderos a sus fincas y en el consecuente repunte de los indicadores de in-versión. De otra forma no se puede explicar que se registre un crecimiento leve, pero positivo en el hato ganadero, el cual estimamos cercano al 1% en los últimos años.

A ello debe sumársele el repunte en el precio de la leche fresca, el cual, luego de un año de leve decrecimiento en términos reales, reaccionó al alza desde el último trimestre del año pasado. En términos nominales, se registraron alzas del 18% en relación con lo reportado hace un año, las cuales resultan de la combina-ción de varios factores. Entre ellos vale la pena mencionar la caída en la oferta ob-servada en el último trimestre de 2006 y en el primero de 2007, y la competencia de la industria por la captación de materia prima, competencia que, enhorabuena debería estar desplazando la deshonrosa frontera de formalidad e informalidad que en Colombia parte en dos la comercialización de leche fresca.

No de otra forma se puede entender que, pese a los coletazos de El Niño de finales de 2006 y de las heladas en el trópico alto a principios de 2007, con signi-ficativas consecuencias en la oferta en finca, el crecimiento en el acopio formal de leche fresca reportado en el primer semestre de 2007 fue del 5,2%. Esto último, evaluado a la luz del alza en los precios de los lácteos, permite suponer que la caída de la producción de leche fresca registrada en el primer trimestre del año, se tiende a regular en el segundo trimestre, lo cual debería arrojar una variación semestral cercana al 0% en volumen.

Y hacia delante, el panorama podría ser más halagüeño. Las buenas señales de precio y un clima algo más favorable permiten presagiar un desempeño opti-mista de la cadena láctea en el segundo semestre, lo cual supone la atención del mercado interno y la regulación de los flujos de exportación hacia Venezuela, que hasta el mes de mayo venían cayendo un 70% en volumen.


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En resumidas cuentas, pese a la caída de los precios del novillo gordo observa-da desde mayo del presente año, debemos aprovechar esas condiciones de precios, de demanda y de oferta por la que está atravesando la ganadería. El mensaje es cla-ro: no podemos seguir haciéndole el juego a comerciantes inescrupulosos que sólo les interesa el negocio de ocasión; tampoco podemos seguir sacrificando hembras aptas para reproducir nuestro hato, porque en dicho caso estamos feriando nuestro futuro, no sólo por extinción de nuestro hato sino por las nuevas condiciones de comercio a través de los TLC que nos impone, como regla básica –y de supervi-vencia– aumentar la productividad. También es evidente que debemos mirar cómo cambiar la nuestra mentalidad, para defendernos de las incursiones comerciales y convertirnos en agresivos exportadores. Muchos de nuestros ganaderos, en las giras técnicas, están analizando esta nueva opción. Sigamos adelante, amigos ganaderos, que estamos en el momento de las decisiones.

*Publicado en la revista Colombia Ganadera el 30 de septiembre de 2007


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responder al mercado*

En la recomposición pecuaria bovina del mundo, Colombia tiene grandes posibilidades, para ofrecer carnes limpias, biológicas y orgánicas que le permiten diferenciarse y obtener

mayor rentabilidad. En esto juega un papel importante la nueva línea de negocios propuesta por Fedegán, con la raza brangus, para producir carnes tipo exportación.

El mercado mundial de carnes está cambiando aceleradamente. Hoy, países que eran no hace más de una década fuertes productores están pasando a segunda línea y los consumidores están pidiendo mejor calidad y mayores volúmenes. Esto último es evidente por los mayores ingresos que está recibiendo la población mundial y el crecimiento poblacional vegetativo. Para países, como Colombia, que tienen ganadería, lo importante es tener claridad sobre cómo se va a surtir esa demanda y cuál es la posible recomposición del mercado, tanto en su parte demandante como oferente, y cuáles son las posibilidades de incluirse en ese reacomodo del mercado.

Se estima que entre 2005 y 2015, el crecimiento del consumo mundial de car-ne de vacuno aumentará en ocho millones de toneladas equivalente canal, al pasar de 62,1 millones (2005) a 70,1 millones (2015), que se traduce en un crecimiento anual del 1,2%, prácticamente igual al de la población humana mundial. Proyec-ción que es razonable si tenemos en cuenta que entre 1997 y 2005 el consumo au-mentó 5,1 millones de toneladas, aunque hay estudios más optimistas que señalan que entre 2003 y 2020 el consumo habrá aumentado 24 millones de toneladas.

De esas 62 millones de toneladas de carne consumidas en 2005, cerca de ocho millones –el 12,7%– se colocaron en el mercado mundial y el restante lo utilizaron los países productores para autoabastecerse. Si se conservaran las pro-porciones, diríamos que para 2015, se llevarían al comercio internacional nueve millones de toneladas –un millón más que en 2005– y los países productores abrían aumentado su consumo interno en siete millones de toneladas. Tenemos aquí que el consumo, interno (autoabastecimiento), como externo (comercio in-ternacional), aumentará en proporciones muy significativas.

Por el lado de la oferta tenemos que, para el año 2005, el 48% lo producían los países desarrollados y el 52% restante en países en desarrollo. Esto sugiere que


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los primeros deberán proveer, en 2015, 33,6 millones de toneladas –3,8 millones más–, y los países en desarrollados, 36,5 millones –5,4 millones más–. Es decir, los países en desarrollo tendríamos que producir más.

Además, no podemos ser ciegos a la recomposición agrícola que está ge-nerando el boom de los biocombustibles, que impacta la producción ganadera; tampoco al hecho de que hay países que por agotamiento o saturación en su producción agrícola, se suman a la demanda de nuevos jugadores deficitarios en materia de carne bovina. Es el caso de algunos países que hacen parte de la unión Europea, a excepción de Polonia. También el caso de Rusia que importa alrededor de 700 mil toneladas de carne al año. Y qué decir de China o la India que cada día reducen su pobreza y aumentan el poder adquisitivo de la población y el consumo de alimentos.

¿Qué puede hacer Colombia en esos escenarios? Mucho o poco. La ganade-ría colombiana será la que se quieran fijar los propios ganaderos. En la recompo-sición pecuaria bovina del mundo, Colombia tiene grandes posibilidades ya que puede ofrecer carnes limpias, biológicas y orgánicas que le permiten diferenciarse y obtener mayor rentabilidad.

Mejorar la competitividad, desarrollar producciones alternativas (silvopas-toreo) que hagan énfasis en la sostenibilidad ambiental, aumentar la producción y a la vez aumentar la oferta exportable, son retos por alcanzar. Y en esto juega un papel importante crear nuevas líneas de negocios como la que le ha propuesto Fe-degán a los ganaderos con la transferencia de embriones brangus congelados para constituir un núcleo importante de bovinos con destino a producir carnes para exportación a mercados de altos ingresos, sin dejar de lado nuestra ganadería.

*Publicado el 9 de noviembre de 2007


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TLC: un nuevo pulso*

Desde el momento en que iniciaron las negociaciones del TLC con Estados Unidos, Colombia fue clara en señalar que su interés transcendía el tema comercial. Era forzoso

entender que el TLC brindaba una oportunidad de carácter permanente para que a través del comercio, se fortaleciera la economía, reduciendo la vergonzosa brecha de

riqueza entre los países y, hacia el interior de ellos mismos, como requisito fundamental de gobernabilidad en el hemisferio.

Detrás del pulso que durante 18 meses sostuvieron los negociadores de Colombia y EE. uu. para la firma de un TLC, se percibe que el país ha madurado en la conceptualización sobre su significado y sus implicaciones. El no negociar es tam-bién una opción, cuando las asimetrías de la economía más poderosa del mundo, pueden terminar aplastando las posibilidades de bienestar colectivo, de un país que ha mostrado una ejemplar lucha contra el narcoterrorismo y la insurrección armada.

No se trata de hacer eco a esa ola de protesta que otras naciones del con-tinente han expresado por el modelo de “capitalismo salvaje” que EE. uu. pre-tende imponer. La no firma del tratado, no se puede entender como un triunfo de aquellos que, más por deformaciones ideológicas que por pragmatismo, se opusieron, sino como un acicate para que Colombia se prepare para enfrentar los retos que demanda el gran mercado mundial, sin los que el crecimiento y la generación de riqueza, quedan cojos.

Quedó demostrado que los temas urgentes o hipersensibles para Colombia –el agrícola, el fito y zoosanitario y el de propiedad intelectual– eran a su vez im-portantes para EE. uu., y como tales los dejó para el final del proceso, lo que su-puso que la angustia de la última hora, facilitaría la imposición de sus excluyentes intereses. Bajo esas circunstancias, haber firmado un TLC sin que en la práctica los negociadores norteamericanos hubieran ofrecido nada, era habernos quedado con el pecado, pero sin el género.

Colombia, desde un principio, fue clara en señalar que su interés por firmar el TLC, transcendía el tema comercial. El Atpdea era la cuota inicial que permi-tiría un equilibrio por los desajustes producidos por el narcotráfico y el consumo


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mundial de drogas. Era forzoso entender que el TLC brindaba una oportunidad de carácter permanente para que, a través del comercio, se fortaleciera la eco-nomía, reduciendo la vergonzosa brecha de riqueza entre los países y, hacia el interior de ellos mismos, como requisito fundamental de gobernabilidad en el hemisferio. Debía ser un acuerdo en el que se reconociera el costo que ha tenido que soportar Colombia en la lucha contra la producción de drogas y el narco-tráfico, en la que hemos puesto miles y miles de muertos y una desafortunada degradación de nuestras más cruciales instituciones y de la moral administrativa del Estado.

La respuesta de los negociadores americanos fue siempre la misma; medio-cre y mezquina: ¡Es un tema comercial y no político! No entendieron que ésta era una tesis políticamente estratégica que incluso favorecía la misma economía norteamericana. El representante demócrata de Illinois, Jan Shakowsky, en caso de ser reelegido, rechazaría el TLC con Colombia no porque perjudique a los productores del agro norteamericano, sino porque sería nocivo para los países andinos y aumentarían los cultivos de coca.

Fue tan absurda la posición de los negociadores de EE. uu. que, por lo tras-cendente del rompimiento de las negociaciones con los andinos, especialmente con Colombia, este país se verá forzado a regresar a la mesa de negociaciones presionado por la prensa continental y la europea, que volverán una vez más los ojos sobre EE. uu. y su Gobierno, para insistir en la forma como ha venido con-duciendo los asuntos estratégicos a nivel internacional. Y es por ello mismo que cobra ahora vigencia que el presidente uribe se reúna con el presidente Chávez para firmar acuerdos comerciales bilaterales. En ese nuevo escenario, Colombia ya no iría a pedir simetrías. Tendrá que exigir un acuerdo justo y equilibrado.

Eso no significa que le hayamos ganado el pulso al gigante. Como tampoco que la apuesta por ser más productivos, se deba olvidar. Para nuestro sector, que era de los pocos que había tenido una posición ofensiva, la no firma no es un revés. Nos obliga a esforzarnos para lograr el estatus sanitario que EE. uu., nos exige para entrar, y que lo que tenemos que hacer es no descuidar ningún frente que le impida al sector avanzar en los estándares que la industria cárnica o láctea tiene a nivel internacional. La pelota sigue estando en nuestro terreno de juego.

Si bien los contingentes y aranceles son muy importantes, era imprescindi-ble que Colombia tuviera en la mesa sanitaria (MS) un marco regulatorio claro que impidiera, en pleno vigor del tratado, el uso de instrumentos dilatorios por EE. uu. para el ingreso de nuestros productos a ese país. Y eso no fue entendido por la contraparte. Estados unidos terminó no moviéndose para encontrar un


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punto válido para ambos países, no obstante la posición a veces muy generosa de Colombia, de provocar una negociación.

La prensa registró que el representante demócrata de Illinois, Jan Shakows-ky, en caso de ser reelegido, rechazaría el TLC con Colombia no porque perjudi-que a los productores del agro norteamericano sino porque sería nocivo para los países andinos y aumentarían los cultivos de coca.

Lo sucedido en la pasada Cumbre del ALCA en Mar de Plata e, incluso, la crisis México-Venezuela tienen en el malestar de América del Sur una explicación que Chávez ha capitalizado.

Y ahí debemos reconocer la firmeza con la cual el Gobierno colombiano, en cabeza de los ministros Arias y Botero, se le plantaron a los negociadores ameri-canos por no facilitar una negociación equilibrada a los intereses de Colombia.



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TLC, asumir la agenda interna*

Son innegables los beneficios que se pueden derivar del TLC con Estados Unidos. Es un acuerdo que “bien firmado” le sirve a Colombia. Pero requerimos que los términos de la

negociación sean equilibrados, en particular en los temas agropecuarios, de medidas sani-tarias y fitosanitarias y de propiedad intelectual. Pero más allá de la negociación, también está la instrumentalización del acuerdo y los compromisos asociados con la agenda interna.

Las próximas reuniones serán definitivas para la suerte del TLC con Estados uni-dos. un paso trascendental para nuestra economía, bien sea que se descarte o se firme, pues en ambas vías dejará secuelas imborrables. De hecho, me atrevería a decir que más adversas para el crecimiento y la generación de riqueza en caso de mantenerse inamovible el nudo gordiano en los temas agropecuarios, de medidas sanitarias y fitosanitarias y de propiedad intelectual.

Tras la desazón de las múltiples rondas, las intenciones de Estados unidos siguen igual: pide y quiere todo, sin otorgar ninguna contraprestación. Mientras que desde casa, la cara de necesidad y la urgencia saltaron a la vista, constituyén-dose, tal vez, en nuestra mayor debilidad.

La firma del TLC comporta grandes compromisos para el Gobierno y el sector privado. una cosa es la negociación y otra la instrumentalización de los acuerdos y compromisos que el Gobierno asume con la agenda interna. Es claro que al sector privado no le queda más camino que desarrollar acciones para sacar el mayor beneficio del TLC. Al fin y al cabo “después del ojo afuera, no hay santa Lucía que valga”, y estará dispuesto a jugársela toda. Por lo menos eso pensamos en Fedegán. Es de esperar que el Gobierno también se la juegue toda y cumpla la agenda interna con la celeridad requerida.

Despedirnos del TLC y del Atpdea, es tanto como practicarle un harakiri a la economía y al aparato productivo. Nos guste o no, Estados unidos es nuestro principal socio comercial. La mitad de nuestro comercio exterior tiene como destino al coloso del norte y, de éste, el 50% corresponde a las ventas vía Atpdea; una prerrogativa de la que hoy disfrutan más de 5.000 partidas arancelarias, pero cuya prórroga se ha convertido en un albur y, a la vez, en un arma política, para presionar la firma del tratado.


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Pero más aún, no podemos olvidar que el comercio mundial está dando fuertes virajes. Competidores, que antes se advertían como actores lejanos, hoy empiezan a tomar protagonismo. Economías, como Chile, México, El Salvador, Nicaragua y Perú, entre otras, han firmado TLC con Estados unidos; mientras que otra decena podrían entrar en la baraja de socios “seguros y permanentes del norte” como: Botswana, Lesotho, Emiratos Árabes unidos; o más cerca: Panamá y Ecuador. Los mismos de hoy, no serán los del mañana. Y la pregunta es ¿en qué situación estará Colombia?

El tiempo apremia y el futuro político para el tratado es hostil. De hecho, éste es un año electoral en ambos países y para 2007 el margen de maniobra del Gobierno Bush habrá expirado y, con él, la posibilidad de abrir un mercado y un comercio estable para Colombia. Con lo cual, lo único seguro es la incertidumbre, la reticencia de algunos sectores productivos a salir “crucificados” en el intento y la necesidad de buscar una salida en términos de desarrollo con equidad.

Bien firmado el TLC, le sirve a Colombia. Pero necesitamos un acuerdo equilibrado. Apelamos a la sensatez de nuestros negociadores para que sopesen los compromisos que están adquiriendo en cabeza del Gobierno y las responsa-bilidades que de ellos se derivan. Ya no estamos en el tema de las asimetrías ni de países pobres, estamos en el de negocios, y lo que estamos pidiendo empresarios y gremios es acceso real. En nuestro caso, sin una mesa sanitaria justa, con reglas y procedimientos claros y transparentes, se echaría por la borda tantos esfuerzos e ilusiones de miles de ganaderos de exportar y fortalecer el sector en su conjunto.



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TLC que sume*

Los ganaderos del país lejos de oponernos al TLC con Estados Unidos, lo que hemos solicitado es un trato justo y equitativo. Con lo cual, es claro que no le tenemos miedo

a la competencia, porque el sector ha demostrado con creces, que tiene capacidad para competir. El temor radica en que se restrinja nuestro ingreso a ese mercado por exigencias sanitarias y desconocimiento de los esfuerzos que se han realizado para

alcanzar los estándares del comercio internacional. La demanda es, entonces, acceso real.

Los ganaderos reconocemos la importancia y la necesidad de concretar acuerdos comerciales de libre comercio con diferentes economías. Somos partidarios de la competencia, no de sustraernos a ella. Creemos que es acicate para el mejo-ramiento. Pero somos radicales en defender el equilibrio real que debe recoger un acuerdo para que los beneficios no se queden en el papel. Se trata de adquirir derechos y obligaciones comerciales capaces de generar una saludable dinámica de negocios que beneficien a las partes. ¿Quién hace un negocio para perder o, en este caso, para no mejorar las condiciones socioeconómicas del sector rural?

En el caso específico del TLC que se apresta a firmar Colombia con Esta-dos unidos, lo que persigue el gremio ganadero es el acceso real a ese mercado. No le tememos a la capacidad competitiva de su industria para incursionar en el nuestro. Lo que tememos es que se restrinja nuestro ingreso a ese mercado por exigencias sanitarias y desconocimiento de los esfuerzos que todos los ganaderos hemos realizado para alcanzar estándares de calidad exigidos en el comercio in-ternacional. De igual a igual.

Si de lo que se trata es de competitividad, el sector ganadero sí que tiene enormes fortalezas frente a ese mercado. Y tenemos la plena certeza que con un hato de más de 24 millones de cabezas, alimentadas a base de pasturas naturales, con una genética competitiva (razas criollas más los mejoramientos de las razas cebuínas) y los notorios avances en las campañas sanitarias (Fedegán-FNG ha invertido más de uS$120 millones), que hoy tienen a Colombia ad portas de entrar al selecto club de los países que lograron erradicar la fiebre aftosa en su territorio, el futuro es nuestro, en la medida en que nos permitan oportunidades de comercio y que el Estado cumpla con sus obligaciones.


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Pero, además de las claras fortalezas que tiene Colombia en su sector lácteo, gracias a las cuales, no obstante las restricciones sanitarias y arancelarias, hoy tiene productos en EE. uu., nuestra carne, sin duda alguna, en poco entrará a satisfacer las exigencias de los mercados de mayor capacidad adquisitiva, los que demandarán un producto que cumpla con las tendencias de la vida moderna de los estratos altos de la población: productos orgánicos, light y bien porcionados para su fácil preparación. Y nuestra oferta puede fácilmente cumplir esas exi-gencias que las actuales potencias ganaderas por razones geográficas no pueden alcanzar. Y ahí es donde estamos: una pequeña economía como la colombiana, rodeada de grandes potencialidades, tratando de negociar un TLC con un gigante que pide todo a cambio de nada.

Los ganaderos lejos de oponernos a un TLC lo que hemos solicitado es un trato justo y equitativo. Incluso, hemos sostenido que si es necesario darnos la pela y definir un punto de encuentro, estamos dispuestos a renunciar a cualquier protección en el caso de lácteos y negociar todo el universo arancelario en canas-ta A; es decir, “le doy todo mi mercado y usted me da el suyo”. Insisto, lo que no puede ser posible es que a cambio no nos den nada. No se si fue El Gallo, famoso torero español de comienzo del siglo pasado, quien en celebre sentencia dijo: ¡Lo que no puede se, no puede se, además es imposible!

Por ello, somos los primeros en reconocer la importancia de alcanzar un acuerdo comercial que nos permita un acceso a ese mercado. Pero la última ron-da mostró una vez más, lo lejos que estamos por encontrar un punto de las nego-ciaciones en las que los intereses del sector agropecuario de Colombia no se vean claramente afectados sin compensaciones por parte del Gobierno estadounidense que justifiquen su firma.

Entendemos y valoramos las oportunidades que se brindan a los sectores empresariales y urbanos por conservar las preferencias de Atdpea pero no a cam-bio de más pobreza y más exclusión en el campo, donde está el caldo de cultivo para la violencia y el narcotráfico que agobian a Colombia. Más pobreza en el campo es más narcotráfico y más subversión.

Joseph Stiglitz señala, a propósito de los tratados de libre comercio, que “El desarrollo consiste en transformar las sociedades, mejorar las vidas de los pobres, permitir que todos tengan la oportunidad de salir adelante y acceder a la salud y la educación”. Esta frase resume el reto y los compromisos, así como también la filosofía que debe animar los acuerdos y la acción de nuestro Gobierno. Eso se llama sumar.

*Publicado el 13 de febrero de 2006


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redistribución agropecuaria*

Si bien el TLC no es la solución de los problemas de pobreza y desigualdad, es un instrumento que favorece el crecimiento sostenible, equitativo y democrático, del que

hablaba el Nobel de economía, Joseph Stiglitz. Sin embargo, para aprovechar en mejor forma sus efectos, el sector agropecuario se tendrá que recomponer para concentrarse

en actividades en donde exista competitividad y formular políticas de corto y de largo plazo, basadas en los instrumentos de política sectorial.

Michael Porter, gurú de la administración, dice que “las empresas que triunfan tienden a desarrollar una predisposición hacia todo lo que es predecible y estable, y trabajan para defender lo que tienen”. Ahora, con el TLC firmado, no queda otro camino que desarrollar esta predisposición. Es el momento de aprovechar las oportunidades identificadas e implantar las modificaciones necesarias para ponernos a la altura de las exigencias del nuevo entorno y, más aún, crear nuevos nichos de negocios basados en la construcción de parámetros competitivos.

Entender esto y actuar en consecuencia es lo que marcará la diferencia entre la apertura unilateral de los 90 y la bilateralidad que se ha mostrado hasta ahora con el TLC. Nuestra aptitud, será clave para sacar realmente provecho de ese instrumento de globalización. Ahí está el secreto.

Las lecciones de la negociación son grandes para Colombia. Los norteame-ricanos trazaron su línea roja mucho antes de sentarse a la mesa, postura que se vio fortalecida en la medida en que Colombia fue el contendor que pidió el TLC. Pero, además, tenían claro que era una línea inamovible. No mezclaron el tema comercial con el político de lucha antinarcóticos y llegaron a mantener su sobe-ranía agropecuaria, como lo han hecho en el seno de la OMC. Era evidente que si la línea de ellos no se movía, la que tendría que “borrarse” era la nuestra. EE. uu. demostró, también, que no va a desmontar sus subsidios. Y si ello es así, intentar emular la misma política del Tío Sam es un despropósito, porque esa chequera es muy grande. No somos la Reserva Federal.

Nosotros debemos, igualmente, tomar las riendas de nuestro propio por-venir. Y en eso debemos evocar otra enseñanza del Nobel de economía Joseph Stiglitz “se necesitan políticas para un crecimiento sostenible, equitativo y demo-


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crático. Esta es la razón del desarrollo”. Si bien el TLC no es la solución de los problemas de pobreza y desigualdad es un instrumento que propicia el avance pertinente para alcanzar dicha trilogía.

¿Qué significa esto de cara a lo que quedó pactado en el TLC? Que la pro-ducción colombiana, por lo menos en lo que hace referencia al sector agrope-cuario, se tendrá que recomponer, para concentrarse en actividades en donde exista competitividad. Formular políticas de corto y de largo plazo, basadas en los instrumentos de política sectorial –refinados, fortalecidos y dirigidos– resulta atinado y, de paso, contribuye a reducir el sesgo del sector moderno-urbano y a generar el renacimiento de lo rural.

La gradualidad en la eliminación de los subsidios es necesaria para evitar el impacto laboral, pero se debe entender que tarde o temprano, los sectores perde-dores quedarán expósitos.

Ésta es la oportunidad para avanzar en una reconfiguración o en la redis-tribución espacial de la producción agropecuaria a nivel nacional. Se necesitará capital de fomento e incentivos, y ahí es donde cobra mayor importancia la pro-puesta que Fedegán hiciera sobre inversiones sustitutivas de impuestos. Capitali-zar el campo debe ser una de las prioridades. En eso no debemos ser mezquinos, porque está en juego nuestra apuesta en los mercados internacionales, amen de constituirse en un instrumento efectivo para tener un sector rural incluyente y para la paz.



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TLC y los riesgos internos*

Las ventajas que se pueden derivar del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos dependen de la vocación exportadora que logremos imprimirle al sector rural, sin descuidar desde luego, la seguridad alimentaria de los colombianos. Esta visión

implica profundizar la gestión de la institucionalidad pública y, por ende, el estricto cumplimiento de la legislación y la fractura del modelo de desarrollo económico que por décadas ha mantenido un sesgo antirural, que ha deprimido a este sector y ha

favorecido al urbano.

Los riesgos de no obtener los máximos beneficios del TLC empiezan por el no ejercicio de la autoridad para hacer cumplir las normas, y por la falta de eco sobre el valor estratégico del campo para lograr la paz y el desarrollo, así como por la apatía para orientar recursos públicos y privados a la reconversión y reorientación de la producción agropecuaria. Ello evidencia que los riesgos del TLC no están tanto en el mismo TLC, sino dentro de nuestra incapacidad para modificar las condiciones internas de producción.

A estos dos ejemplos se unen muchos más. No han sido pocos los recursos y el tiempo invertidos por los ganaderos, por ejemplo, para inducir la reconver-sión del sistema de sacrificio y procesamiento de carnes del país, del cual se han beneficiado ampliamente las grandes cadenas al abrírseles el camino hacia un excelente mercado, en tanto que contra este esquema moderno de agregación de valor, atenta la competencia desleal de cientos de ‘mataderos’, que pululan gracias a una institucionalidad débil que no hace cumplir las normas establecidas y que les permite funcionar a costos mínimos y con grandes réditos en el cual se funde muchas veces la corrupción y la politiquería.

Mientras los frigoríficos privados asumen su responsabilidad con el Estado en aspectos tributarios, sanitarios y ambientales, las plantas de sacrificio munici-pales funcionan con normas mínimas de sanidad que degradan la naturaleza y atentan contra la nutrición y la salud de los colombianos.

La debilidad institucional no se puede convertir en el principal factor de fra-caso. Hoy, después de reiteradas denuncias y promesas de solución, aún pastan bovinos al lado del mayor laboratorio productor de vacuna contra la fiebre aftosa.


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Pero no es sólo el tema institucional el que puede dar al traste con los be-neficios del TLC. Existe un tema mayor y es el del modelo de desarrollo. Las campañas políticas para la candidatura a la Presidencia de la República se han mostrado esquivas en tratar el tema del sesgo antirural que por muchos años ha deprimido al sector rural y ha favorecido al sector urbano.

Es necesario imprimirle vocación exportadora al sector rural sin descui-dar, desde luego, la seguridad alimentaria de los colombianos. Y ésta debe ser propiciada por agentes públicos y privados. Los públicos obligados a generar gestión frente a esos factores que obran de manera negativa en la producción, y los privados partiendo desde la reconversión para tener actividades modernas y eficientes.

¿Cómo hacerlo? En el caso de los ganaderos se trata de producir más y a menor costo, vender mucho más pero a menor precio, y mirar su actividad en función del largo plazo y con el rasero de la competitividad. El acelerado pro-ceso de sacrifico de hembras que está registrando el país, muestra que si bien se reciben unos pesitos hoy, estamos eliminando la base productiva del hato, es decir, colocándonos la soga al cuello frente a la demanda creciente de nuestra economía –que tiene visos de una excelente recuperación y, por ende, de mayor capacidad de consumo– y la de los mercados externos. Recuérdese que nuestra apuesta es introducir carnes de alta calidad y con mayor valor agregado en el mercado norteamericano en no más allá de cinco años y esto sin tener en cuenta otros mercados interesantes como el europeo y el chino, que como la locomotora de vapor del siglo XVIII, impuso un ritmo de consumo extraordinario, que si no aprovechamos, otros países lo harán.

Éstos son unos pocos factores sobre los cuales se hace necesario una re-flexión nacional. El TLC ya es un hecho.



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Las vacas no comen carne*

El riesgo de contagio del mal de las vacas locas en el sector ganadero es inexistente. Aunque en las negociaciones del TLC con EE. UU., Colombia admitió la importación de un contingente de vacunos de más de 30 meses de edad, los americanos argumentan que su sistema de vigilancia contra la enfermedad excede las normas internacionales. Por lo demás se trata de 2.000 toneladas ante 800.000 de consumo nacional, que no representan riesgo al mercado ni a la salud humana. Aunque el Gobierno tiene la

obligación de implementar un plan de mitigación de riesgos.

El Gobierno colombiano finalmente cedió a la pretensión de Estados unidos de permitir el ingreso a nuestro mercado de carnes de bovinos de más de 30 meses de edad. Tema muy sensible, hasta el punto de convertirse en el mayor obstá-culo para la finalización de las negociaciones del TLC. Pero dicha sensibilidad seguirá, si no hay una clara manifestación sobre los riesgos e implicaciones que la determinación le podría generar al país, de ahí que se deba hacer un esfuerzo por terminar objetivamente este debate.

El gremio ganadero a lo largo de las negociaciones del TLC defendió en el marco de la mesa sanitaria, unas medidas de admisibilidad de productos del sector agropecuario, a través de precisas y claras reglas de juego. La mesa concluyó en unos términos aceptables para las partes. No obstante, cerrado el proceso de negociaciones –27 de febrero de 2006–, EE. uu. continuó ne-gociando solo, como el mal vecino, que al menor descuido, corre la cerca del lindero. Si lo acordado constituía un buen instrumento de admisibilidad, ¿por qué empujar tan fuerte antes de cerrar los textos y no dejarlo para la prueba de lo concertado?

Es el caso de la carne de vacunos de más de 30 meses de edad. Animales cuestionados internacionalmente por su susceptibilidad de portar la encefalitis es-pongiforme bovina (EEB) o enfermedad de las vacas locas. Dicho virus, generado por la utilización en concentrados, de harinas de carne y de sangre de bovinos, es decir, las vacas se alimentaban con partes de las mismas vacas, terminó activando un gen dormido de los rumiantes que, al parecer, daban cuenta de un pasado caníbal, afectándoles el cerebro, el cráneo y la médula espinal.


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Los riesgos de contagio en el sector ganadero son inexistentes. Igual se pre-sume para el consumidor ya que los americanos argumentan que su sistema de vi-gilancia contra la enfermedad excede las normas internacionales. Los americanos consumen 12,6 millones de toneladas de carne al año, producen 11,3 millones (38 millones de reses) e importan 1,6 millones. Además, la cantidad de bovinos con más de 30 meses es mínima, ya que la producción permite sacrificio de machos en confinamiento de 22 meses y de hembras para lechería especializada de no más de tres partos.

Por otra parte, mientras en Inglaterra las vacas locas superan las 180.000 reses, en los EE. uu. solamente dos casos de los 12 detectados, son originarios de este país. En un hato de 100 millones de cabezas, es lejana la probabilidad de contagio.

Colombia concedió el ingreso de 2.000 toneladas de cortes no finos. ¿Se podría llenar, éste, con carnes de bovinos de más de 30 meses? Es posible. Pero lo lógico es que se reparta proporcional al consumo interno de EE. uu., lo que hace más probable encontrar una aguja en un pajar que trozos de carne importada de EE. uu. con riesgo de tener vacas locas. Esas 2.000 toneladas ante 800.000 de consumo nacional, no representan riesgo al mercado ni a la salud humana.

El riesgo improbable es que al importar carne con huesos, éstos, sean uti-lizados como materia prima en la fabricación de concentrados o suplementos alimenticios para animales. El Gobierno tiene la obligación de implementar un plan de mitigación de riesgos en el manejo de los productos importados y la dis-posición de los residuos que contrarresten esa posibilidad.

No cabe duda que el problema es menor. Hasta donde sabemos las vacas no comen carne. Esperamos que sigan alimentándose de pasturas naturales. Los que comen carne somos los ciudadanos. El tema está en el terreno del consumidor y del Invima.



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De rondas del TLC, a la realidad del mercado*

La apuesta del gremio ganadero frente al TLC es alcanzar el acceso real a los mercados de carne y leche estadounidense. Una vez firmado el acuerdo, no tendremos otro

camino que ajustar el aparato productivo y cumplir con las exigencias de un escenario altamente competitivo. Para el Gobierno implica, ni más ni menos, que cumplir con la agenda interna. En otras palabras, realizar inversiones sostenidas en infraestructura de transporte, desarrollo rural, reconversión industrial y reorientación de actividades

productivas agrícolas poco eficientes.

La posición del gremio ganadero frente al TLC con Estados unidos fue siempre clara. Fuimos y somos partidarios, de la competencia como acicate para elevar la competitividad y, por ende, de la necesidad de concretar un acuerdo de libre co-mercio equilibrado, de tal manera que los beneficios del intercambio fluyeran en ambas vías. La meta era sacar las negociaciones del papel, aprovechar realmente este instrumento de globalización y reducir las asimetrías frente a las actuales restricciones al ingreso de los productos colombianos, basadas en argumentos paraarancelarios y excesivo rigor en las normas sanitarias y de inocuidad.

La apuesta del gremio ganadero frente al TLC no es otra que alcanzar el acceso real a los mercados de carne y leche estadounidense, aunque ello implique enfrentar la competencia de las importaciones de las industrias norteamericanas de carne de res, despojos de origen bovino y de algunos productos lácteos. Es un riesgo calculado y temporal –cuatro o cinco años para carne fresca– que podemos asumir, hasta que el país alcance los estándares de acceso exigidos; proceso que, en buena medida, depende del avance de nuestra agenda interna.

Esa es la apuesta. El tiempo de la negociación pasó y en adelante el reto consiste en poner en marcha, en el menor tiempo posible, los compromisos de esa agenda interna, que para el caso de los ganaderos se encuentran plasmados en el Plan estratégico de la ganadería colombiana 2019 y cuyos objetivos infieren habilitar la modernización del sector bovino; tarea en la que hemos dado pasos agigantados desde Fedegán.

Desde hace más de una década el sector ganadero se comprometió en cum-plir dos de los requisitos palmarios del mercado internacional: alcanzar el estatus


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de libre de fiebre aftosa y la disposición de plantas de beneficio con estándares internacionales de calidad. En el primero de estos frentes se han invertido $257 millardos, en alcanzar la certificación de zona libre de fiebre aftosa con vacuna-ción para el 55% del territorio y el 62% del hato otorgada, a fines de 2005, por la Organización Internacional de Sanidad Animal (OIE). Se trata de un reto de lar-go aliento, que esperamos finalice en 2007, cuando logremos el reconocimiento para el 100% del territorio nacional.

En el segundo frente, Colombia dispone hoy de un conjunto de plantas de alta tecnología, aptas para el mercado de exportación, en las que el gremio ha invertido recursos del orden de $81 millardos. A la fecha, y dentro del propósi-to de avanzar en su consolidación tecnológica y empresarial, cuatro de ellas se han integrado en una sola sociedad, con mayor capacidad de oferta y negocia-ción, todas ellas con certificación Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP).

Pese a estos esfuerzos, existen otras tareas pendientes que es preciso cumplir antes que entre en vigencia el TLC. Para empezar, se requiere acelerar las estrate-gias y acciones para alcanzar niveles de competitividad adecuados en materia de sanidad animal, trazabilidad y sistemas de control de residuos, entre otros. Es un asunto en el que Fedegán trabajó con el Gobierno nacional para cristalizar dos Conpes sanitarios, que aún están pendientes de reglamentar, de tal manera que se establezcan reglas de juego claras y competencias puntuales para las distintas instancias comprometidas.

Por otra parte, urge avanzar en la resolución de cuellos de botella, deriva-dos, en su mayoría, de la normatividad, bien sea porque no existe o porque no se aplica, condición que ha llevado a altos niveles de informalidad, intermediación en la comercialización e inclusive, a dificultades en la articulación de la cadena.

Así mismo, el TLC infiere la reconversión total del sector, para responder a una mayor demanda. Sólo el crecimiento vegetativo de la población implica un aumento en la oferta de productos, que puede ser reforzada por la vía de un mejor comportamiento de la economía y su consecuente mejora en el ingreso. De acuerdo con las proyecciones, para el periodo 2006-2019, el consumo de carne se incrementará anualmente un 2,2%, pasando de 16 kg/hab/año a 24 kg/hab/año; y el de leche 1%, pasando de 129 litros/hab/año a 150 litros/hab/año. A lo cual será preciso sumar las metas de exportación al mercado americano, estimadas para 2019, en 75.000 toneladas de leche y 50.000 toneladas de carne.

Con lo cual será menester, entre otras actividades, mejorar la tasa de extrac-ción en el frente cárnico, favorecer un verdadero salto tecnológico para ambos


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productos (leche y carne) que permita optimizar los factores productivos y repro-ductivos del hato, garantizar una oferta diversificada y bajo “sello de calidad” para el consumidor final, e incluso apalancar el crecimiento del stock bovino, pero bajo una nueva directriz: más animales en menos área y mayor calidad en la produc-ción. Así, para 2019 el tamaño del hato deberá ser igual al número de habitantes: 56 millones, en un área de 28 millones de hectáreas. En otras palabras, un inven-tario cualitativa y cuantitativamente mejorado, para atender el mercado interno y las exportaciones de cara al TLC.

Finalmente, es necesario replantear el tema de la intermediación financiera para el sector agropecuario, pues si bien se cuenta con líneas de crédito, las tasas de interés de 10 puntos por encima de la inflación, resultan onerosas para cu-alquier productor rural. En la práctica, no existe crédito de fomento.

En otras palabras, el país debe entender que el TLC no es sólo liberalizar los mercados, desmontar los aranceles y las cuotas de importación. una vez fir-mado, no nos queda otro camino que realizar una serie de ajustes en el aparato productivo y cumplir con las exigencias, que permitan afrontar las condiciones de un nuevo escenario altamente competitivo. Para el Gobierno implica, ni más ni menos, realizar inversiones sostenidas en infraestructura de transporte, desarrollo rural, reconversión industrial y reorientación de actividades productivas agrícolas, profundización de la dinámica de las cadenas productivas y fortalecimiento de las economías de escala.

La propuesta de inversiones sustitutivas de impuestos, presentada por Fede-gán como mecanismo de apalancamiento de capital para el sector rural, resulta de gran utilidad en estos momentos para hacerle frente al TLC y para fortalecer y diversificar nuestra oferta exportable, amén de servir de instrumento para consoli-dar el proceso de paz mediante la creación de una base productiva incluyente.

Pero además, implica un esfuerzo del Gobierno para ajustar la instituciona-lidad, tanto del sector público como del privado, en particular, aquellas instancias asociadas con la planeación y operación del sector agropecuario en materia de sanidad animal, financiamiento, inspección y control de inocuidad de alimentos y preservación del medio ambiente.

En este punto resulta clave para el sector primario, que el Gobierno garan-tice la continuidad y el fortalecimiento del ICA, como también del invima y las entidades responsables de la salud pública y el medio ambiente, bajo el impera-tivo de que deben cambiar la actitud permisiva y tradicional de “se acata pero no se cumple”, por la vía de un seguimiento estricto al cumplimiento de las normas en todos los órdenes.


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Los ganaderos de Colombia, el gremio y el Gobierno, se tendrán que, “me-ter en la cabeza” los enormes retos para hacer realidad las posibilidades del TLC, de forma tal que, a la vuelta de algo más de una década, cuando culminen los procesos de desgravación, no se convierta en un bumerán que golpee al sector productivo. No dudamos de nuestra capacidad. Pero se requiere que el Gobierno honre los compromisos adquiridos con el sector productivo. Así lo entiende Fedegán y, por tanto, al tiempo que brindará el apoyo que sea necesario a los ganaderos en su esfuerzo de modernización, se convertirá en veedor de oficio y por derecho, de las tareas que corresponden al sector público para el logro de la competitividad. Ese es el nombre del juego hacia adelante. Aquí estamos, nada más ni nada menos, que jugándonos el futuro de uno de los sectores que tiene mejores posibilidades en el TLC.



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Las señales del mercado*

La inminencia del TLC con Estados Unidos infiere, por lo menos en lo que al sector agropecuario se refiere, la urgencia de formular políticas públicas de corto y largo plazo, que le permitan al país redefinir, fortalecer y orientar la producción hacia sectores en los

cuales existen condiciones de competitividad.

Pasó el tiempo de las negociaciones. Ya no son válidas las argumentaciones para obtener trato comercial asimétrico para Colombia por parte de Estados unidos dentro del Tratado de Libre Comercio. Lo que quedó, quedó. Ahora las cosas son en “plata blanca”. El entender y actuar en consecuencia es lo que marcará el éxito o el fracaso, y lo que hará que la historia de apertura de los años 90 no se repita y sacar realmente provecho de ese instrumento de globalización.

Empecemos por señalar que si hay algo bien difícil en los negocios es en-tender oportunamente las señales del mercado. Los empresarios que las leen e implantan estrategias para adelantarse a los hechos son los que obtienen éxitos. Los que se obstinan, cosechan fracasos. Y el TLC con Estados unidos es cuestión de negocios privados, fundamentados para su éxito en una política pública que parta de esa misma premisa.

Las lecciones de esta negociación son grandes para Colombia. Los norte-americanos trazaron su línea roja de negociación mucho antes de sentarse a la mesa que, entre otros aspectos, se vio fortalecida en la medida en que fue Co-lombia el contendor que pidió el TLC. Pero, además, tenían claro que era una línea inamovible porque no mezclaron el tema comercial con el tema político de lucha contra el narcotráfico, y llegaron con la posición determinante de mantener su soberanía agropecuaria, tal como lo han hecho en el seno de la OMC. Era evidente que si la línea de ellos no se movía, pues la que se tendría que “borrar” era la nuestra.

¿Qué significa esto de cara a lo que quedó en el TLC? Que la producción co-lombiana, por lo menos en lo que hace referencia al sector agropecuario, se tendrá que recomponer para concentrarse en actividades en donde existan algunas condi-ciones de competitividad. EE. uu. demostró una vez más, que no va a desmontar sus subsidios o protecciones al sector agropecuario, por ejemplo a la producción de


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maíz. Y si ello es así, intentar emular la misma política del Tío Sam es un despropó-sito, porque esa chequera es muy grande. No somos la Reserva Federal.

Afortunadamente y a diferencia de la apertura de los años 90, la bilaterali-dad. En esa época nuestros gobernantes no entendieron las señales del mercado . La apertura de los 90 fue unilateral. Colombia se impuso un grado de exposición al comercio internacional mucho mayor al que le exigían las reglas de juego, máxime que otras economías se parapetaron en las reglas de la OMC. De ahí las grandes goleadas que nos pegaron y que sus promotores aún se niegan a aceptar-lo. Goleadas que se convirtieron a la postre en autogoles cuando, por la política de oferta selectiva, se inflaron los precios de algunos productos agrícolas, creando estructuras productivas que no competían con las del resto del mundo. Por eso muchos productores nacionales quebraron.

Regresando a nuestro tema, es evidente que el TLC, y ésta es otra señal de mercado, registra un sesgo a favor del sector moderno, del sector urbano. Por eso es que este segmento no registró discusiones grandes para llegar a un acuerdo. Es un sector que ya tenía acceso real a ese mercado. Y no es por que sea propio de este TLC, sino porque es la dinámica de unos sectores que se han visto favorecidos por políticas fiscales y monetarias e, incluso, han sido privilegiadas por las variables macroeconómicas. En Colombia han sido tradicionales las sesiones de renta o el facilitamiento de la generación de capital y de rentas para los sectores urbanos.

Si queremos sacarle el mayor provecho al Tratado, se requiere políticas de corto y de largo plazo tomando como elementos claves los instrumentos de po-lítica sectorial, las cuales hay que refinarlas, fortalecerlas y dirigirlas en donde tengamos competitividad, no eliminarlas como se hizo en el pasado.

Se requiere gradualidad en el corto plazo por lo menos en subsidios, para evitar el impacto laboral, pues la desgravación acordada implica, que va a quedar expósita. Se hace necesario definir cuáles son los productos que tienen ventajas microeconómicas y preparar al país en función de lo que puede dar.

Eso conduce necesariamente al planteamiento de la reconfiguración, de una redistribución espacial de la producción agropecuaria a nivel nacional. Y para ello se requiere capitalizar al sector rural, del ICR. Si estos factores y elementos de política no se cruzan, muy difícilmente evitaremos repetir la novatada de los 90. Tenemos por delante tareas urgentes, pero sabiendo por qué se hacen. Hoy tenemos que jugar con las reglas implícitas del TLC y no ir contra la corriente. Eso es saber negociar.

* Publicado en octubre de 2006


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¡Nos fue como nos fue!*

¿Cómo nos fue? Es la pregunta de moda, pero lo que realmente importa es qué vamos a hacer a partir del TLC. Ese es el objetivo de esta edición especial de Carta Fedegán

sobre el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos.

Los resultados nos importan, mas no frente a las aspiraciones que hubiéramos podido tener, porque, sencillamente, nada podemos hacer para cambiarlos. Nos importan más como punto de partida y como señal de la distancia que nos se-para del verdadero resultado del TLC para la ganadería, que no es otra cosa que acceso real en el menor tiempo posible. Esa debe ser nuestra obsesión y nuestra meta.

una vez concluidas las negociaciones, se dicen, entre muchas cosas, que el TLC dejó sectores ganadores y perdedores, a quienes el Gobierno prefiere llamar ‘defensivos’ u ‘ofensivos’. Los ganaderos no queremos siquiera automatricularnos entre los unos o los otros. Siempre buscamos ser ‘ofensivos’ frente al Tratado y muchos nos consideran ‘ganadores’.

Pero no importa cómo nos vean o cómo nos veamos. Nuestra condición ofensiva o defensiva ya no depende de lo que haya quedado consignado en los textos definitivos de la negociación. Tampoco nos interesa callar como ganadores ni facturar como perdedores.

Lo que ganemos o perdamos depende solamente de lo que hagamos hacia delante, tanto nosotros mismos como el Gobierno nacional. Depende de nuestra capacidad de aprovechar las oportunidades que ofrece el Tratado –que las hay muchas– y de superar los obstáculos y talanqueras –que no los hay menos– que no pudieron ser removidos en el proceso de negociación. En últimas, depende de nuestra capacidad para competir..., y ya arrancó la carrera.

Ése es el mensaje que le quiero transmitir a los ganaderos colombianos y al país. Y aunque suene simplista, la respuesta a la pregunta inicial no es otra que: “Nos fue como nos fue”, y ahora, a partir de esa línea de largada, a construir competitividad a toda marcha. Lo demás son inútiles ‘patadas de ahogado’ y bizantinos juicios de responsabilidad, que tienen el único y perverso efecto de distraernos para la acción. Y no hay tiempo para distracciones.


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Tenemos frente a nosotros la posibilidad de acceder al mayor mercado del mundo, con productos selectivos y de alto valor agregado. Tenemos los recursos naturales con qué hacerlo, y también enormes ventajas comparativas –de vecin-dad, entre otras–. Tenemos una ganadería madura, con trayectoria, y hoy ávida del cambio tecnológico y de la modernización de sus estructuras productivas. Nos falta consolidar este proceso, plasmado ya en el Plan estratégico de la ganade-ría colombiana 2019, e instrumentar en el corto plazo algunos factores de acceso, como la trazabilidad y la inocuidad, que no son precisamente exigencias deriva-das del TLC, sino requisitos preexistentes y necesarios.

En fin, tenemos mucho alcanzado y también nos falta mucho por hacer. Quizás lo que más nos falta es tiempo. No encuentro en mi memoria la cita exacta, pero quiero cerrar esta primera nota editorial parafraseando una máxima napoleónica: En la batalla podemos perder espacios, lo que no podemos perder... es tiempo.

La polarización perdedores-ganadoresResulta contraproducente para las opciones de desarrollo que se abren con la firma del TLC con Estados unidos, la polarización entre sectores ganadores y perdedores, de cara al proceso de aprobación en el Congreso de la República. Si bien los sectores ganadores han optado por la discreción, porque todo asomo de triunfalismo no haría sino contrastar la posición de los ‘perdedores’, estos últimos han prendido ya sus altavoces para magnificar ante el país sus desdichas –que en ocasiones no son tantas–, y preparan sus alianzas con los partidos que erigieron –como era de esperarse– izando los efectos negativos TLC –que los hay tam-bién– como bandera de campaña.

Aunque la conformación del Congreso y un estreno disciplinado del esque-ma de bancadas, permitiría prever un trámite relativamente expedito, los sectores ‘defensivos’ y la oposición –el partido liberal y el Polo principalmente– no se la van a dejar fácil al Gobierno. Los primeros buscarán facturar a buen precio su condición defensiva en la forma de claros apoyos sectoriales; y los segundos apro-vecharán para ‘quemar banderas de barras y estrellas’ y rescatar el discurso an-tiimperialista que tanto vende. Todo debate es sano, y bienvenido sea en su justa medida, pero no podemos perder de vista lo que tenemos por delante con el TLC, ni enfrascarnos en discusiones. Repito, lo que no podemos perder... es tiempo.

Valga aquí hacer una anotación frente a la posición de los Estados uni-dos en la negociación. Se dice que fue francamente mezquina. Puede ser. Pero también puede ser que tuviéramos exageradas expectativas por nuestra actual


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condición preferencial. Mientras nosotros esperábamos cobrar nuestra posición política de aliados, con un TLC que superara con creces el Atpdea, Estados uni-dos estaba, sencillamente, negociando unas condiciones comerciales sin ninguna otra consideración. Nos fue como nos fue y, hacia delante, el Gobierno nacional deberá agitar en otros escenarios la justa bandera de la corresponsabilidad frente al narcotráfico, porque en el plano estrictamente comercial, es un capítulo cerra-do con el TLC.

La agenda interna y nuestros temoresFrente a la negociación concluida del TLC, y dando por descontada su apro-bación en los órganos legislativos de ambos países, lo concreto, ahora, son las tareas de la agenda interna. Los ministros competentes deberán pegar las suyas en un corcho bien grande en las paredes de sus oficinas, para ponerles tiempos y hacerles seguimiento día a día. Mi compromiso con la ganadería es convertirme en veedor celoso de ese proceso; como es también mi compromiso sacar adelante las que le corresponden al gremio.

En eso estamos, pero nuestra experiencia muy próxima nos llena de temo-res, porque la reconversión no es un proceso que se produzca como por ensalmo, de un día para otro. De eso sabemos los ganaderos, que le venimos apuntando al mercado de los Estados unidos desde hace algo más de una década, cuando para los colombianos “TLC” no eran sino tres letras sin sentido.

Solamente en la erradicación de la fiebre aftosa, prevista para siete años y en la que hemos invertido enormes esfuerzos y recursos, nos gastaremos diez años hasta 2007. La razón próxima han sido cuatro focos aislados en diferentes mo-mentos, el último de ellos en el corazón de Bogotá, al lado del principal labora-torio de referencia del país, el de la universidad Nacional. Pero la razón de fondo es la debilidad de nuestras normas y la falta de voluntad política y de instituciones fuertes para hacer cumplir las primeras. Hoy, después de reiteradas denuncias y de la máxima presión que está en manos del gremio ejercer, y después de prome-sas de solución ante los medios, aún pastan las vacas al lado del mayor laboratorio productor de vacuna del país. ¡Eso es lo que no debe suceder!

Hemos invertido también muchos años y recursos de los ganaderos en inducir la reconversión del sistema de sacrificio y procesamiento de carnes del país, anclado como estaba en el siglo antepasado en algunos centros urbanos importantes y en la Colonia en el resto del país. ¿Y qué hemos recibido a cam-bio? Además de la gratitud de las grandes cadenas, a las cuales les abrimos –gratis– el camino hacia un excelente mercado, nuestras modernas empresas


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de sacrificio deben enfrentar la competencia desleal de cientos de ‘mataderos de garaje’ que funcionan a cero costo pero con grandes réditos de corrupción y politiquería. Las nuestras, por el contrario, como no se hicieron ‘con tres pesos’ son duramente golpeadas por la renta presuntiva, y en ocasiones son persegui-das por las autoridades sanitarias y ambientales porque ‘les falta un tornillo’, mientras a su lado se degrada la naturaleza y se atenta impunemente contra la salud de los colombianos.

¡Ah! Y de contera, hemos debido enfrentar los cuestionamientos de las en-tidades de control y del Ministerio de Agricultura mismo, porque empresas que han requerido tan importante inversión no han generado la rentabilidad esperada o se encuentran inactivas, precisamente por la competencia desleal de la informa-lidad, como nuestro excelente frigorífico en la ciudad de Cúcuta. No se cumple la ley, no se apoya la modernización, pero además, nadie parece comprender en este país lo que significa la condición de riesgo de los recursos de fomento, nece-sarios para emprender grandes transformaciones y cambiar patrones culturales; y menos aún, comprender lo que significa un balance social, para enfrentar sus beneficios a las cifras descontextualizadas de los estados financieros.

Y por supuesto, otra vez, a pesar de nuestras reiteradas denuncias y de la máxima presión que está en manos del gremio ejercer, no ha habido organismo de control ni autoridad alguna que haga cumplir las leyes ambientales y de salud pública en materia de sacrificio y procesamiento de carne, situación que está en la base de las dificultades de nuestros frigoríficos. Ni qué decir del consumo masivo de leche ‘peligrosamente fresca’ a todo lo largo y ancho del territorio nacional. ¡Eso es lo que no debe suceder!

Sin posar de defensores a ultranza del libre comercio –que no lo somos–, éstos son apenas dos ejemplos de cómo los riesgos del TLC no están tanto en la presunta mezquindad del Tío Sam, plasmada en los textos finales de la negocia-ción; sino más bien dentro de nuestras fronteras. Están, en principio, en la prover-bial falta de consecuencia entre el discurso sobre el valor estratégico del campo para la paz y el desarrollo, y la pasmosa apatía para orientar recursos públicos y privados para reconvertir y reorientar la producción agropecuaria. Pero, también, están en la falta de voluntad política para hacer cumplir las leyes. Podemos hacer mejores, pero siempre hemos sostenido que un excelente punto de partida sería lograr que se cumplieran las existentes. Los riesgos del TLC se esconden también en la crónica debilidad institucional del sector agropecuario, que se suma a la falta de voluntad política para que las normas se cumplan y podamos superar los principales escollos de acceso al mercado de EE. uu.


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Y por supuesto, los riesgos del TLC están en nuestra propia capacidad, como ganaderos, para ser más productivos en finca, es decir, para producir más y a menor costo para poder vender también a menor precio, y así, ser más compe-titivos. Y no lo vamos a lograr mientras nos siga preocupando solamente –porque debe seguirnos preocupando, no hay duda– si el precio del ganado y de la leche sube, sin mirarnos el ombligo para revisar por dentro nuestra estructura de cos-tos y nuestras ineficiencias. Hay que cambiar el concepto. Ojalá baje el precio, mientras vendamos 10, 20 ó 50 veces más, con un margen que nos garantice los ingresos.

En este proceso me comprometo personalmente, y comprometo el empe-ño de Fedegán, para acompañar a los ganaderos colombianos en tan necesaria transformación. La infraestructura de la Federación, sus propios recursos y los recursos parafiscales, serán las palancas para el cambio, particularmente a través de los centros de servicios tecnológicos teCnig@n y de los demás programas del Fondo Nacional del Ganado. No cejaremos en el esfuerzo para generar con-diciones y brindar apoyos, pero el cambio –no dejaré de insistir en ello– es una decisión individual de cada uno de los ganaderos del país. Y frente a los retos y oportunidades del TLC –y también frente a los riesgos del Mercosur–, el cambio debe iniciar ahora mismo. Porque la competitividad no es solamente una palabra de moda y difícil de pronunciar. La competitividad puede ser nuestro pasaporte a un futuro promisorio, o bien, el enemigo que amenace nuestra subsistencia. Depende de nosotros. Y como suelen advertir los promotores de algunas sectas religiosas puerta a puerta. ¡El tiempo se acaba!

* Publicado en edición especial TLC y Ganadería (marzo de 2006)

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C A P í T u L O I V

POLíTICA FISCAL, MONETArIA Y CAMbIArIA

Desde la década de los años 90 la política antiinflacionaria se convirtió en la preocupación central del Emisor. Defender a ultranza las políticas para reducirla a un dígito, se convirtió en su dogma y en la camisa de fuerza de la política mone-taria. No desestimo el impacto benéfico de una inflación de un dígito, pero culpar a los ganaderos de los abruptos cambios de esta variable, por los coyunturales incrementos en los precios de la leche y de la carne –aunque el “desinformado informe” del Banco de la República diga lo contrario– causa malestar.

No en vano este tema se convirtió en el hilo conductor de las ideas que enlazan esta parte del libro y es que, no consideramos justa la “designación”, entre otras razones, por que los altos precios, son apenas una leve recuperación para una actividad que ha mantenido sus costos de producción por encima de la tendencia inflacionaria durante varios años. Podemos afirmar, porque es cierto, que estamos volviendo apenas a los precios de hace una década y hasta podemos reivindicar los costos ocultos de la violencia. Y todo ello es cierto.

Pero no es menos cierto, como lo dije en su momento, que las coyunturas de precios altos siempre tienen una cara dura. Las alzas estacionales siempre “se devuelven”, al ritmo de las leyes del mercado y las fases del ciclo ganadero. Las bonanzas coyunturales, como la demanda exacerbada de animales vivos para Ve-nezuela, es un excelente negocio hoy, pero tiene hondas repercusiones sobre las metas de repoblamiento del hato, y la reducción significativa de la oferta, impacta hacia arriba el precio. En consecuencia, terminamos siendo responsables de la inflación y amenazados por la importación masiva.

Entendemos la angustia de la Junta del Emisor por ganar la lucha contra la inflación y hacer que su principal instrumento hasta ahora utilizado, la inter-vención a través de la elevación de las tasas de interés, no pierda credibilidad. Indudablemente estamos en un escenario de abundancia de recursos en los mer-cados internacionales, en donde los inversionistas buscan colocar sus recursos en


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economías emergentes y que brinden confianza –como es nuestro caso–, y ello parece estar superando la capacidad de maniobra del Banco de la República. El problema radica en que se está atizando la entrada de capitales con mejores tasas de interés y castigando la ecuación productiva hacia el futuro: la oferta de bienes y servicios.

Aún más, creo que a la senda de un crecimiento y desarrollo sostenidos, le va mejor las políticas para promover la demanda agregada, vía consumo de los hogares. En otras palabras, ingreso y empleo, en cantidad y calidad suficientes, para cubrir las necesidades familiares, en condiciones dignas. La premisa infiere desatar el nudo gordiano de la contracción del consumo y permitir que los bene-ficios del crecimiento fluyan en la misma proporción hacia ricos que hacia pobres, porque, además, el consumo en los estratos altos encuentra más rápidamente sus límites.

Por esta vía me resultó ineludible el tema del desempleo y de las gabelas otorgadas a los empresarios –para flexibilizar el mercado laboral y la política tributaria– so pretexto de generar más y mejores empleos. un efecto que, a todas luces, aún estamos esperando los colombianos. Mientras las utilidades de las em-presas y la concentración de su riqueza subieron como palma, empleos y salarios cayeron como cocos.

A estas preocupaciones se sumó la del 50% de colombianos, bajo la línea de pobreza, que no consume, los cuestionamientos sobre los verdaderos objetivos de organismo internacionales como el Fondo Monetario Internacional en un escena-rio de globalización, y el desarrollo económico y social del país, entre otros.

P O L í T I C A F I S C A L , M O N E T A R I A Y C A M B I A R I A

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rapidito y mal hecho*

Con el argumento de elevar la competitividad, Colombia se comprometió a eliminar las exenciones a las utilidades recibidas por la exportación de bienes y servicios en zonas francas y a reducir la tarifa de impuesto sobre la renta y complementarios –del 38,5% al 28,5%–. No obstante, las empresas que operan en zona franca ya están exentas y,

de hecho, el 28,5% es la tarifa que pagan al restar las exenciones. En contrapartida, se busca eliminar el impuesto de remesas, que en la práctica reduce las exenciones para los trabajadores, aumenta el tributo y golpea la demanda. No nos damos cuenta de lo que

nos cuesta la competitividad hacia afuera.

El Gobierno decidió, aprovechando la urgencia de cumplir lo prometido, reducir la tarifa de impuesto sobre la renta y complementarios, en un proyecto de ley que modifica el régimen de zonas francas. El argumento de elevar la competitividad de las empresas colombianas pierde fuerza si se le analiza dentro del mismo régi-men de zonas francas y, peor aún, en el contexto macroeconómico.

Con el Acuerdo de Marrakech, que el Congreso incorporara a nuestra le-gislación en la Ley 170 de 1994, Colombia se comprometió a eliminar –antes de diciembre de 2006– la exención tributaria a las utilidades recibidas por la expor-tación de bienes y servicios en zonas francas. La propuesta no disminuye la tarifa: la implanta –y en un nivel muy elevado–. Hoy las empresas que allí operan, están exentas. Por ese lado no logramos ganar competitividad. Perdimos.

Ha señalado también que la reducción de la tarifa –del 38,5% al 28,5%– se extendería a todo el país. De esta forma recoge la eliminación de la sobretasa tem-poral del 3,5% que expira en diciembre de 2006. La propuesta va, por tanto, más allá del objetivo con el cual se implantó dicha sobretasa –una ayuda a la solución del déficit fiscal–, y más de lo que los mismos interesados hubiesen pedido.

El argumento para su reducción resulta insubstancial, pues el mismo Go-bierno advierte que el 28,5% es la tarifa que en la práctica pagan hoy las empresas al restar las exenciones. Eso significa que las eliminará. Luego, el efecto, en tér-minos de competitividad, también es neutro, por lo menos para las empresas ya establecidas. Las nuevas empresas podrían generar puestos de trabajo, pero no es un resultado evidente con las exenciones.


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La eliminación de las exenciones no es clara. En primer lugar, porque la modificación de la política fiscal se presenta en un proyecto que no guarda unidad de materia con lo fiscal y, en segundo lugar, porque tampoco lo ha propuesto.

En lo que sí ha sido claro el Gobierno es en la eliminación del impuesto de remesas. Se percibe que su intención es reducir las exenciones para los trabajado-res, que en la práctica aumenta el monto del tributo. Y ahí se golpea nuevamente la demanda.

Es un tema que no parece preocuparle mucho, porque la lectura que hace de las cifras macroeconómicas nos sitúa en el mundo feliz de Aldous Huxley. En un documento del Ministerio de Hacienda se lee que “En lo corrido del año 2005, la situación macroeconómica sigue siendo favorable. Las condiciones internas, relacionadas con tasas de interés bajas, precios de los activos creciendo, un buen flujo del crédito y el buen comportamiento de la situación económica de los hogares y de las empresas, seguirán sustentando el crecimiento de la demanda interna”.

Frente al empleo explica que “un gran grupo de personas salió de la pobla-ción económicamente activa (PEA) y se vinculó a la población económicamente inactiva (PEI)”, y eso explica por qué el descenso del desempleo y la informali-dad. La “teoría del trabajador excedente” le funciona muy bien para explicarlo.

¡Estamos tan bien que para qué nos preocupamos si un 25% de la población vive en la miseria o si el 60% o más, es pobre! De eso no se ocupa el documento. ¡Estamos tan bien que no basta sino mirar las abultadas ganancias que obtuvieron los bancos entre enero y octubre del presente año: $2,94 billones, o el de las em-presas! La política fiscal es algo serio. Caminando rapidito no nos damos cuenta de lo que nos cuesta en el interior, la competitividad hacia afuera.



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El FMI y la globalización*

¿Qué diría Keynes al ver que el organismo de su autoría –el FMI– está ahogándose en su propia liquidez? Sin duda abogaría por reorientar su objetivo –antes para cubrir

desajustes fiscales– hacia la financiación de las necesidades reales de sus miembros. Y es que la percepción generalizada señala que sus recomendaciones –las del FMI– no han

aportado al crecimiento sostenido ni siquiera a los países que se han ajustado a sus rigores.

¡Quién lo creyera! La buena coyuntura internacional y el prepago de las deudas de Brasil y Argentina al FMI, han puesto al borde de la crisis al temido organis-mo, pero fundamentalmente han cuestionado su papel como financiador en un mundo globalizado.

El pago anticipado de los dos países –por uS$25.000 millones– le aumentó sus disponibilidades de caja y le redujo el ingreso por intereses, al tanto que la mejor salud económica de países del tercer mundo –prestatarios recurrentes– les abrió a estos países nuevas opciones de financiación a tasas bajas y sin condicio-nes, y era elemental suponer que optarían por ellas o incluso por los mercados de capitales para atender sus necesidades de financiación.

¿Qué diría Keynes al ver que el organismo de su autoría está ahogándose en su propia liquidez? Sin duda abogaría por reorientar su objetivo –antes para cubrir desajustes fiscales– hacia la financiación de las necesidades reales de sus miembros, que hoy deben enfilar sus economías, con alta dosis de prudencia, al dinámico mercado de la globalización.

O tal vez el señor Keynes, motivado por las crisis recurrentes que las políti-cas del Fondo han producido en los países en desarrollo, comenzaría por desen-marañar los desaciertos de esas tácticas económicas, que fueron advertidas en su momento por entendidos en la materia, como Joseph Stiglitz, quien señaló que las decisiones del FMI se adoptan sobre la base de una curiosa mezcla de ideolo-gía y mala economía, un dogma que en ocasiones parece apenas velar intereses creados.

Y es que la percepción generalizada señala que sus recomendaciones –las del FMI– no han aportado al crecimiento sostenido ni siquiera a los países que se han ajustado a sus rigores. “En muchos, la austeridad excesiva ahogó el creci-


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miento”, dice Stiglitz –premio Nobel de economía en 2001–. En algunos países asiáticos (crisis de 1997) y de América Latina (Argentina recientemente) se hizo evidente el fracaso y se vieron enfrentados a desajustes severos a pesar de ceñirse a los recetarios y a los monitoreos del Fondo.

La experiencia enseña que, en últimas, la responsabilidad no recae en el FMI sino en el país afectado, que es castigado con sus devastadores efectos. Pero además, el organismo multilateral, adherido a las políticas impuestas desde Was-hington, establece unas condiciones en extremo duras, que Estados unidos no cumple y sí el resto de los países.

Eso, en un escenario de globalización, es mezquino y por ello debería inter-venir la Organización Mundial de Comercio (OMC), porque profundiza las asi-metrías entre los países y la inequidad en el mundo. Tal vez eso fue lo que indujo a Stiglitz a denominarlo “un malestar de la globalización”.

Por eso lo que tendrán que analizar los consejeros de alto nivel que contrató el FMI –para buscar alternativas que le permitan salir de su actual crisis–, es el ob-jetivo del Fondo en el escenario de la globalización, la cual ha traído gran afluen-cia de opciones de financiación, más razonables, económicas y sin un recetario de condiciones extremas. Pero también tendrán que pensar en que este nuevo escenario es tanto o más agresivo comercialmente para los países en desarrollo, pues a pesar de los TLC y convenios que se firmen, existe desventaja para los países menos desarrollados precisamente por su baja capacidad de negociación y reducido tamaño. Y es en ese escenario donde resulta válido un nuevo FMI, remozado y despojado de su sesgo, porque de lo contrario tendríamos otra OMC muy activa en el papel y poco decisiva en la práctica. Otros organismos, como el BID, ya lo están haciendo.



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El desvelo del Emisor*

La preocupación por defender a ultranza la política antiinflacionaria se convirtió, desde los 90 en un dogma para el Emisor y en la camisa de fuerza de la política

monetaria. No desestimo el impacto benéfico de una inflación de un dígito (4,85%) o un generoso PIB de 5,23%. Sin embargo, de poco o nada sirven mientras sigamos

exponiendo a los hogares a los choques de variables de mayor impacto sobre la pobreza. Creo más en políticas para promover la demanda agregada, vía consumo de los hogares.

En otras palabras, ingreso y empleo, en cantidad y calidad suficientes.

En momentos en que el debate sobre la pobreza parece tomar vuelo, tras dila-pidar un lustro de los 15 años pactados con la ONu para alcanzar las metas del milenio, resulta irónica la posición del Emisor. La preocupación por defender a ultranza la política antiinflacionaria se convirtió, desde los 90 en su dogma y en la camisa de fuerza de la política monetaria. Es el tótem que invariablemente, exhibe cuando se trata de negociar los gélidos incrementos salariales.

Este esquema, como el de los modelos económicos que propugnan por entregar el país a los inversionistas, ignoran que con el crecimiento per se no desaparece el hambre. No persiguen la búsqueda del “bienestar” con políticas redistributivas para reducir la desigualdad. No desestimo el impacto benéfico de una inflación de un dígito (4,85%) o un generoso PIB de 5,23%. Sin embargo, de poco o nada sirven mientras sigamos exponiendo a los hogares a los choques de variables de mayor impacto sobre la pobreza, como ingresos bajos o desempleo.

Creo más en políticas para promover la demanda agregada, vía consumo de los hogares. En otras palabras, ingreso y empleo, en cantidad y calidad suficientes, para cubrir las necesidades familiares, en condiciones dignas. La premisa infiere desatar el nudo gordiano de la contracción del consumo y permitir que los bene-ficios del crecimiento fluyan en la misma proporción hacia ricos que hacia pobres, porque, además, el consumo en los estratos altos encuentra más rápidamente sus límites.

La principal fuente de ingresos de los hogares colombianos se produce por vía laboral –70% según la Encuesta de Calidad de Vida de 2003–. Ello significa bajar las tasas de desempleo y subempleo, que mantienen a 8,8 millones de co-


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lombianos malviviendo y acabar con la avara estructura de ingresos que, según el DANE, deja al 50% de los ocupados percibiendo un salario mínimo. Encontramos que 42% de los habitantes de las urbes recibe un salario mínimo y en el sector rural el 83% escasamente se aproxima a éste. Los guarismos coinciden con el 42% de compatriotas en condiciones de pobreza en las urbes y 68% en el campo.

En el entretanto, los costos laborales disminuyen en términos reales y au-mentan las ganancias de las empresas, medidas en términos del excedente bru-to de explotación –18% entre 2002 y 2003, algo así como $11,1 billones–. Sin mencionar que la propia inflación castiga a los hogares pobres, en la medida en que destinan el 53% de sus ingresos al consumo de alimentos, salud, transporte y comunicaciones, rubros que registran una inflación por encima de la media nacional, sin contar con las crecientes tarifas de servicios públicos.

La postura teórica del Emisor de considerar que existe un mecanismo de transmisión directa entre el crecimiento salarial y la inflación, explica su política de restringir el aumento en los ingresos. La pregunta válida es cuántas personas perciben ingreso y en qué cantidad para que la teoría se cumpla. Las cifras de-muestran que esa condición, propia de economías más desarrolladas y equitativas, no se cumple en economías como la nuestra. De ahí que el desvelo del Emisor se pueda interpretar de otra forma.

En nuestra condición laboral y de ingresos es más racional hacer que el incremento salarial estimule el consumo de los hogares pobres y, por ende, la productividad y el crecimiento económico, porque se distribuirían mejor los exce-dentes brutos de explotación, y servirían para mejorar la oferta de bienes y servi-cios y hasta la inflación, con lo cual la política antiinflacionaria sí estaría sirviendo a los propósitos de mejorar las condiciones sociales de nuestra población.



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Los des-empleadores*

El viejo modelo económico que ha privilegiado la “mano invisible”, que otorga prebendas a los dueños del capital para garantizar una tasa mínima de ganancia y crear empleo, fracasó. Sus resultados: mayor inequidad y pobreza. Creo más en las

políticas que promuevan la demanda agregada, vía consumo de los hogares, con mejores ingresos y empleo que, a su vez, estimulen un mercado interno fuerte, capaz de generar

una dinámica laboral eficiente.

Desde hace 20 años, cuando se convocó la Misión Chenery, se popularizó el estigma que ató, irremisiblemente, el descenso del desempleo al crecimiento de la economía. Con más o menos arandelas, las explicaciones de no pocos exper-tos, consideraron que estas variables eran dependientes de la rentabilidad del sector productivo y de sus inversiones. En adelante, no fueron pocas las gabelas otorgadas a los empresarios –para flexibilizar el mercado laboral y la política tributaria– sin que el país recibiera algo a cambio. Mientras las utilidades de las empresas y la concentración de su riqueza subieron como palma, empleos y sala-rios cayeron como cocos.

Ni entonces ni ahora las ecuaciones se sostienen. Ni el crecimiento de la economía, ni mucho menos la flexibilización del mercado laboral o la baja en impuestos, sirvieron para que el sector productivo generara empleo, en la canti-dad y calidad que se requiere. Aunque en 1990 y 2002 –cuando hicieron carrera ambiciosas reformas laborales: Leyes 50 y 789– afloraron las mismas promesas de los lobbystas, de fortalecer el empleo a cambio de una reducción en sus cos-tos laborales, tristemente a su aprobación, siguieron episodios de muy modestas mejoras.

De acuerdo con el CID de la universidad Nacional, en los últimos seis años las utilidades de las grandes empresas aumentaron 400%, en términos rea-les, mientras que el salario mínimo lo hizo al 5%, aunque acusa una penosa disminución real de 10% entre 1991 y 2003. Lamentable, considerando que el 54% de los compatriotas malvive con un salario mínimo. Más aún, en días pasa-dos, los diarios anunciaron que 90 empresas ganaron $5 billones en nueve me-ses, mientras sólo en septiembre se perdieron 1,1 millón empleos. Las tasas de


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desempleo y subempleo, revelaron 11,5 millones de colombianos sobreviviendo quizás a destajo.

No me declaro enemigo de utilizar la política tributaria para atraer la in-versión, como tampoco del buen comportamiento de las empresas. No obstante, me pregunto cómo es posible que la industria crezca al 9%, las ventas del sector comercio aumenten 13% y las licencias de construcción 4,3%, mientras que el em-pleo a duras penas remontó 1,7% en el último año. Ese viejo modelo económico que ha privilegiado la “mano invisible”, que otorga prebendas a los dueños del capital para garantizar una tasa mínima de ganancia y crear empleo, fracasó. Sus resultados: mayor inequidad y pobreza. Aunque para empresarios, tomadores de renta y especuladores, sigue siendo el modelo ideal.

Es claro. Los incentivos a las empresas, por sí mismos, no garantizan cre-cimiento, nuevas inversiones o empleo. En cambio, el menor valor de impuestos o la baja en horas extras, puede generar mayor concentración y lastre para las finanzas del Gobierno. Sucedió con la reforma laboral. un cálculo realizado en 1999 por la CGR, demostró que el fisco dejó de recibir $22.600 millones de gran-des contribuyentes y empresas jurídicas, en descuentos tributarios por generación de empleo. Aunque el DANE demostró, que en la industria, hubo fue reducción de puestos.

Es preciso recuperar otras lecciones de la Misión Chenery que, sin ambages, sostuvo que el desempleo tenía sus raíces en la debilidad de la demanda efectiva. Tesis más próxima a mi sentir. Entre otras razones, porque nuestro problema es que el 50% de los colombianos, bajo la línea de pobreza, no consume. En consecuencia, ese mayor crecimiento de las empresas, no es apalancado por una demanda que sostenga el desarrollo. Creo más en las políticas que promuevan la demanda agregada, vía consumo de los hogares, con mejores ingresos y empleo que, a su vez, estimulen un mercado interno fuerte, capaz de generar una dinámi-ca laboral eficiente.



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Política monetaria frente a política agropecuaria*

Se están utilizando fórmulas para restringir la demanda para controlar la inflación que se ha elevado por encima de lo esperado, por una mayor capacidad adquisitiva de los colombianos y la disminución de la oferta de alimentos, sin que a la par se

apliquen medidas para fortalecer la oferta. El planteamiento lógico sería que en lugar de restringir la demanda, se fortaleciera la oferta de productos, pero no con la tesis

peregrina de abrir importaciones, sino con medidas que estimulen a los sectores que están causando impacto en la inflación para que puedan producir más.

Todo esfuerzo que haga la Junta del Banco de la República por mantener bajo control la inflación, es bien recibido. Por eso aplaudimos las medidas que vayan en ese sentido pero no las que impacten negativamente el desenvolvimiento de la actividad productiva o no estén acordes con la dinámica económica internacional.

Entendemos la angustia de la Junta del Emisor por ganar la lucha contra la inflación y hacer que su principal instrumento hasta ahora utilizado, la inter-vención a través de la elevación de las tasas de interés, no pierda credibilidad. Indudablemente estamos en un escenario de abundancia de recursos en los mer-cados internacionales, en donde los inversionistas buscan colocar sus recursos en economías emergentes y que brinden confianza –como es nuestro caso–, y ello parece estar superando la capacidad de maniobra del Banco de la República. El problema radica en que se está atizando la entrada de capitales con mejores tasas de interés y castigando la ecuación productiva hacia el futuro: la oferta de bienes y servicios.

En efecto, parecería que el instrumental económico para hacerlo se hubiese agotado. Se están utilizando fórmulas para restringir la demanda para controlar la inflación que se ha elevado por encima de lo esperado por una mayor capacidad adquisitiva de los colombianos y una disminución de la oferta de alimentos –por efecto del fenómeno de El Niño e incremento de las exportaciones de ganado en pie hacia Venezuela–, sin que a la par se apliquen medidas para fortalecer la oferta.

El planteamiento lógico sería que, en lugar de restringir la demanda, se debería fortalecer la oferta de productos, pero no con la tesis peregrina de abrir


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importaciones, sino con medidas que estimulen a los sectores que están causando impacto en la inflación para que puedan producir más.

Son medidas tomadas dentro de una política monetaria que no distingue entre lo que es un crédito para el consumidor y un crédito para el productor. Así como resulta efectiva para restringir la demanda de bienes de los consumidores, en los productores genera un impacto mayor: no sólo se trata del aumento de costos, sino que afecta la oferta futura de bienes.

La aplicación de instrumentos de corte monetarista no puede dejar de lado estos impactos en el sector real. La transmisión de los efectos negativos, como la elevación de costos por tasa de interés, es prácticamente inmediata, mientras que la transmisión de estímulos requiere de un mayor tiempo en el sector agropecuario.

Pero hay otros frentes en los que nuestras autoridades de política económi-ca no han actuado con la debida celeridad y rigurosidad o, por el contrario, han prohijado. En el primer caso están los capitales especulativos y, en el segundo, la denominada “ventanilla de contracción” (captar recursos y remunerarlos), me-diante la cual se premia los excesos de liquidez del sistema financiero. Mediante este mecanismo se han captado $3 billones. Es indudable que el sistema financie-ro colocará los recursos donde obtenga cero riesgo y no en el sector real, que es en donde se genera el valor agregado de la economía y que sirven para mejorar la oferta de bienes y servicios.

Seguimos con el mismo recetario. Y aunque no nos podemos separar de la cambiante dinámica económica internacional, los biocombustibles revoluciona-rán el mundo y el precio de los commodities van a tener impacto en la inflación esperada a nivel internacional como en la local. El remedio está más por el lado de la oferta de productos que por el de la restricción de la demanda. Las señales del mercado son claras, y, en esto de la globalización, quien tiene el producto, manda.



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Ojo con la inflación*

Aunque la comercialización de bovinos vivos hacia Venezuela mejora el precio interno del ganado para nuestros productores, en el corto plazo afecta gravemente la

sostenibilidad del hato para mantener una oferta firme de carne. Además, en el mediano plazo, distorsiona la evolución natural de los ciclos ganaderos y con ello las proyecciones

de inflación esperada por el impacto del costo de la carne, cuyo peso en la canasta familiar es de 3,99%.

El comercio internacional y la balanza comercial positiva es un indicador plau-sible del buen desarrollo económico de un país. Igualmente, el incremento per-manente de las exportaciones de un determinado producto, permite visualizar que ese sector tiene unas perspectivas claras hacia el largo plazo. De hecho este comportamiento resulta ser la esencia en la anhelada conquista de los mercados internacionales.

Venezuela es el mercado natural de la ganadería colombiana. En el año 2006 ése fue el destino del 99% de nuestras exportaciones de carne bovina, de las cua-les el 75% son animales vivos. En los últimos tres años, según registros oficiales, han salido hacia dicho país alrededor de 524.000 animales vivos de nuestro hato (249.000 en 2004, 140.000 en 2005 y 135.000 hasta octubre de 2006), sin incluir el contrabando. Paralelamente, en el mismo periodo, el sacrificio ha crecido dra-máticamente, siendo la cifra más alta en 2004 con el 10% y la de 2006 del 4,2% (a septiembre). Ambos factores afectan la sostenibilidad del hato colombiano.

Las ventas hacia el vecino país de Venezuela, junto a otros factores como el crecimiento del ingreso real de los colombianos, se han traducido en un incre-mento de precios. De hecho el IPC de carne de res ha crecido por encima de la inflación en los últimos tres años. A simple vista esto no parece perjudicial, pero si esa tendencia continua se desestimulará el consumo interno, que es uno del pilares del Plan estratégico de la ganadería colombiana 2019.

Exportar animales vivos es perder la oportunidad de recibir mayores ingre-sos por falta de agregación de valor. Recientemente, el nuevo Ministro de Co-mercio, Luis Guillermo Plata dijo: “Colombia necesita una gran transformación productiva en la cual se migre hacia la producción de productos con mayor valor


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agregado en los que el precio no sea el único factor para competir”. Y en la indus-tria ganadera agregar valor es vender carnes en canal o deshuesada, porcionada, empacada al vacío y madurada y, mejor aún, orgánica.

Pero además, el control de precios que Venezuela impone a los productos que conforman su canasta de alimentos para frenar el crecimiento de la inflación (que va en 17%) y las políticas del Cadivi (el dólar oficial se encuentra en Bs. 2.150 y en el mercado negro se encuentra por encima de Bs. 4.000), le introducen al comercio fronterizo, un factor distorsionante que impacta la formación de los precios relativos de los productos de cada lado de la frontera, lo que genera un comercio artificial y nocivo para ambas partes.

En el caso de la carne, es evidente que esto ha conducido a deprimir la oferta interna e impulsa a los venezolanos a incrementar sus importaciones del mercado colombiano.

Para Colombia, las consecuencias son obvias: mejora el precio en el corto plazo pero afecta gravemente la sostenibilidad del hato para mantener una oferta firme de carne en el mediano plazo en momentos en que, por efectos de mejoras en los salarios reales y de crecimiento económico, el país demanda mayores con-sumos per cápita de carne al año. Además la comercialización de bovinos vivos al vecino país distorsiona la evolución natural de los ciclos ganaderos y, con ello, se puede ver afectada las proyecciones de inflación esperada por el impacto del costo de la carne, cuyo peso en la canasta familiar es de 3,99%.

El empeño por adelantar la transformación productiva de la ganadería para convertirla en un sector competitivo, que supla el mercado interno con carne madurada y el externo con cortes diferenciados y de gran valor agregado, debe combatir, éste y todos los obstáculos, para consolidar a Colombia como un juga-dor respetable en el mercado internacional de la carne.



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Ganadería: de moda por inflación*

Los ganaderos nos convertimos en los culpables de todos los males que azotan al país. Hemos sido estigmatizados de terratenientes, explotadores, paramilitares y, lo que nos faltaba, de ser responsables de la inflación. Como es usual cuando se trata del campo,

la reacción inmediata y unánime es: abramos las puertas a las importaciones. Se olvida que la paz en Colombia pasa por la recuperación económica y social del campo colombiano. Y no será importando alimentos masivamente, como podremos recuperarlo.

Este país es, por decirlo de alguna manera, algo ingrato con la ganadería como actividad económica y con sus ganaderos. Son cerca de 500.000 colombianos, la gran mayoría de ellos pequeños productores, que en todos los rincones de la pa-tria y en medio de los ambientes más inhóspitos en muchos casos, engordan sus ganados y le madrugan al ordeño, para proveer la carne y la leche que consumen a diario sus compatriotas.

Durante medio siglo ya, han sido víctimas de todas las violencias que se han turnado para asolar al campo y el país no se ha percatado siquiera de los miles de extorsionados, de secuestrados y de asesinados que han quedado en este camino de esfuerzo por ejercer una actividad lícita en beneficio del pueblo colombiano. La indiferencia ha sido total con este drama de violencia; y de la indiferencia se ha pasado muy fácil a la incriminación generalizante, por cuenta de quienes se han encargado, además, de encasillarnos como terratenientes explotadores y hasta de paramilitares. Ahí sí empezamos a existir.

Y empezamos a existir también para los colombianos del común, cuando, por razones coyunturales –aunque el “desinformado informe” del Banco de la República diga lo contrario– los precios de la leche y la carne empiezan a subir y, entonces, los ganaderos se tornan en culpables de la inflación, porque si bien la tendencia creciente fue común denominador para los alimentos, fue particular-mente acentuada para nuestros dos productos.

Y como es usual cuando se trata del campo colombiano, la reacción de investigadores doctos y de encumbradas comisiones es inmediata y unánime: abramos las puertas a las importaciones, por la vía de disminuir al máximo –ya quisieran tumbarlos– los aranceles a la carne y a la leche.


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Se les olvida que ya hay acuerdos suscritos de desgravación progresiva, que inspiran además la política comercial del país frente a nuevos tratados pendientes de aprobación o en proceso de negociación. Desgravar de un tajo sería como “encuerarse” en duelo frente a un enemigo con poderosa armadura; sería como entrar a competir con bicicleta en una carrera de motos. Nos aplastarían los paí-ses de Mercosur en primera instancia y, luego, cualquier país que produzca algo de carne y leche. La ganadería duraría lo que demoremos en comernos el hato a precios de venta de garaje.

Se les olvida también, que la carne y la leche no caen del cielo; que son productos de la madre naturaleza que requieren de esfuerzo y dedicación para su extracción en condiciones óptimas para los consumidores. Se les olvida que de-trás de los 500.000 productores están sus familias, que derivan el sustento de esta actividad; y se les olvida que hay una industria pujante de sacrificio de ganado y de transporte, además de otras conexas, que también desaparecerían.

Se les olvidan los millones de desempleados, pues los felices consumido-res colombianos estarían, con su ahorro, generando empleo masivo en nuestros cercanos países competidores. Y se les olvida –o dicho de otra manera, no se les olvida porque, al parecer, nunca lo han considerado– que lo que el campo colom-biano necesita no es destrucción sino generación de empleo; no es recesión en su economía sino desarrollo sostenido; no es más pobreza sino más oportunidades y más bienestar.

Y se les olvida lo más importante, por supuesto. Que la paz de Colombia pasa por la recuperación económica y social del campo colombiano. Y no será importando masivamente los alimentos que podemos producir, como podremos recuperar nuestro sector rural.

Ahora bien, esta escaramuza de aperturistas a ultranza, representa una voz de alerta para los ganaderos colombianos. Podemos argumentar que los altos precios son apenas una recuperación para una actividad con costos por encima de la tendencia inflacionaria durante varios años; podemos afirmar, porque es cierto, que estamos volviendo apenas a los precios de hace una década; podemos reivindicar los costos ocultos de la violencia. Y todo ello es cierto.

Pero no es menos cierto –y ese es el mensaje que pretendo dejar sembra-do en estas notas editoriales–, que los coyunturales o estacionales periodos de precios altos siempre tienen su otra cara. Las alzas estacionales siempre “se de-vuelven”, al ritmo de las leyes del mercado y las fases del ciclo ganadero. Y las bonanzas coyunturales, como la demanda exacerbada de animales vivos para Ve-nezuela, es un excelente negocio hoy, pero tiene hondas repercusiones sobre las


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metas de repoblamiento del hato cuando se exportan hembras, afecta seriamente la industria de sacrificio nacional, va en contravía de la indiscutible conveniencia de exportar valor agregado (canales y cortes) y no animales vivos, y, por último, cuando reduce significativamente la oferta local impacta hacia arriba el precio y, como consecuencia, terminamos siendo, como hoy, responsables de la inflación y amenazados por la importación masiva.

Lo mejor, indiscutiblemente, es no quedar atrapados en la efímera felicidad de las bonanzas. Lo mejor es alcanzar mejoras sustanciales en nuestros indica-dores de productividad para disminuir costos. Lo mejor es vender más, a bajos precios y en forma permanente; que vender menos y estacionalmente, a precios que hoy son favorables y mañana se destuercen. El ganadero tendrá que cambiar de cultura si queremos una ganadería con acceso a los mercados internaciona-les, porque los precios altos llenan el bolsillo –es cierto– pero también espantan clientes.

El camino hacia la competitividad productiva, no basada en bonanzas ni dependiente de la tasa de cambio, está trazado en el Plan estratégico de la ganadería colombiana 2019. Seguirlo es la única opción para construir esa nueva ganadería, moderna, competitiva, rentable, sostenible y solidaria.

* Publicado en Carta Fedegán 101, julio de 2007


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Cuestión de racionalidad*

Con una alta dosis de desconocimiento del sector ganadero, el Banco de la República presentó un estudio, cuyas recomendaciones, de ser acogidas, resultarían nocivas para la actividad. Costosas contraprestaciones a países con los cuales ya negociamos acuerdos de profundización comercial y la renuncia unilateral a sus mayores fortalezas a la hora de

negociar, hacen parte de las propuestas del Emisor.

El Banco de la República ha publicado, en su serie Borradores de economía, el documento “El comportamiento reciente de la inflación de alimentos y la política comercial agrícola”, escrito por María del Pilar Esguerra umaña, el cual contie-ne una serie de afirmaciones y conclusiones, que, de aplicarse, tendrían graves consecuencias para el sector rural colombiano y sobre el desarrollo económico y social del país.

Resalta, dentro de sus conclusiones el siguiente párrafo, en el que se mez-clan diversos conceptos:

Aparte de las razones que demanda la actual coyuntura de la inflación en

Colombia hay también justificaciones desde el punto de vista de la política co-

mercial y de asignación de los recursos para proponer una racionalización de la

protección de la carne bovina. No solamente es el producto que explica la mayor

parte de la aceleración de la inflación sino que tiene un arancel que es demasiado

alto: 80%. Desde el punto de vista de política comercial cabe la pregunta de por

qué debe ser éste un sector que goce de una protección tan alta y no otros, y si es

racional hacerlo si esto distorsiona la protección efectiva en el resto de la cadena

hacia adelante. ¿Le interesa más a Colombia la producción de carne que de otros

productos y a cualquier precio? ¿Es mejor producir ganado en pie y carne en ca-

nales que productos con mayor valor agregado como los embutidos y preparados

del producto?

InflaciónComo enuncia la primera frase del párrafo, dejemos de lado el tema de la infla-ción, pues el análisis sobre su impacto empieza a perder validez a sólo un mes de publicación del documento. La inflación, en lo corrido del año a junio, fue de


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4,55%, y la contribución de la carne de res a la variación fue de 0,03% en dicho mes. Sobran las explicaciones.

No me detendré a demostrar aquí conceptos equivocados del documento sobre el arancel. En la página web de Fedegán www.fedegan.org.co se encuentra un documento con una amplia explicación técnica sobre éste y otros temas que en nuestro concepto son, igualmente, errados, pero quiero llamar la atención sobre el eje del documento, el arancel, pues a partir de su análisis es de dónde el documento, más que cuestionar, busca afirmar sus premisas con respuestas que, por simple lógica, no tendrían respuesta en contrario.

racionalidadVayamos, entonces, directamente al fondo del asunto, el de la racionalidad. Dos preguntas surgen en primera instancia: si bien, como se demuestra en el men-cionado documento, en los últimos tres años las exportaciones de carne le han proporcionado al país una balanza comercial positiva del subsector de uS$652,3 millones, con exportaciones que superan los uS$664 millones, y en leche, tam-bién con balanza comercial positiva en uS$134 millones y exportaciones por uS$159 millones. Me pregunto, ¿es eso malo desde el punto de vista del país? Más aún, ¿va en contra de nuestra política comercial?

Debo señalar que aquí experimenté que la política comercial del país es por estancos, que no tiene un hilo conductor, y que esa inequidad de la que se habla en el documento, lleva a concluir que eso distorsiona la protección efectiva en el resto de la cadena hacia adelante, y nos pone a los ganaderos frente a unos ‘indefensos’ industriales de embutidos que deben, ellos sí, recibir la protección del Estado, y que para equipararlos se les suprime dicha protección a los productores de carne.

Equidad realSi bien la industria productora de embutidos en Colombia se surte, en baja propor-ción, en mercados externos, su demanda interna está compuesta de carne de pollo, de res y de cerdo, pero su balanza comercial ha sido negativa en los años 2004 y 2005 en uS$925.000. Escasamente se exportaron uS$210.000. Es una indus-tria con muy pocas empresas formalizadas, a lo sumo 10, con alta concentración propietaria y, desde luego, de mercado; y no generan más de 25.000 empleos. En tanto que los productores de carne y leche en Colombia suman más de 496.000 y generan empleo por encima de 1.500.000 personas. Algo va entonces, de esa equi-dad transversal teórica, por llamarla de alguna manera, a esa equidad real.


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Pregonar esa racionalidad en la misma cadena, nos hace recordar que to-davía muchos productores de leche no se han recuperado de la quiebra que pro-dujo, en 2002, la tristemente célebre “enlechada”, cuando la industria importó 25.000 toneladas de leche en polvo. La verdad es que los embutidos no se hacen con cortes finos. Se fabrican con carnes industriales, que tienen menores precios. La equidad propuesta indudablemente favorecería a este segmento de la cadena, quienes podrán disponer de materia prima a costos bajos para producir sus embu-tidos. Aún no lo han hecho pudiendo copar el cupo con arancel del 20%. Si esta industria importara más materia prima del exterior, ello repercutiría en los precios de la carne al consumidor final, pues alguien tendrá que asumir las pérdidas de la baja demanda interna de carnes industriales.

Preguntas importantesRacionalmente, ¿qué tan integrada está la cadena productiva como para asegurar que parte de esos buenos beneficios que tendría el industrial de embutidos se trasladarían al ganadero?

También se habla en el documento de asignación de recursos. ¿A qué recur-sos se está refiriendo?

Finalmente, quiero llamar la atención sobre la trascendencia y magnitud de los efectos negativos que sobre el crecimiento de la economía, la generación de empleo rural y el desarrollo del sector ganadero, en particular, traerían las decisiones que se puedan tomar con base en recomendaciones, entre las que cabe destacar, en el caso de acogerlas, Colombia estaría concediendo costosas contra-prestaciones a países con los cuales ya negociamos acuerdos de profundización comercial y estaría renunciando en forma unilateral a sus mayores fortalezas a la hora de negociar con sus competidores, y le podrían implicar al país investigacio-nes por parte de los organismos multilaterales de comercio por la implementa-ción de prácticas restrictivas.

Todo ello sin contar con el desconocimiento de los esfuerzos mancomuna-dos de los ganaderos y el Gobierno, para alcanzar y mantener el estatus de país libre de fiebre aftosa con vacunación, pero sobre todo por las implicaciones de tipo social en las que los ganaderos y el Gobierno nos hemos comprometido, de cara al 2019, de tener una Colombia con mejores niveles de vida y en un proceso consolidado de paz. Eso es lo que nos estamos jugando. Nada más ni nada menos. En eso radica la racionalidad.



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un señor documento*

El estudio publicado por el Ministerio de Agricultura, Política comercial agropecuaria y la coyuntura actual de la inflación, permite inferir una posición transparente y pragmática de economía política, que se aparta diametralmente, de las propuestas de corte dogmático, complejo y poco efectivo, que hicieron carrera en América Latina y que sólo ocasionaron descalabros económicos y sociales en muchos

países de la región.

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural acaba de publicar un excelente y completo documento sobre política comercial agropecuaria y la coyuntura actual de la inflación, en el que, como rector de las políticas económicas, reafirma los fundamentos de la economía política del gobierno y demuestra, con amplia clari-dad, las bases y la seriedad con las cuales se han tomado importantes decisiones en materia agropecuaria y de comercio exterior, y expone algunos errores que trae el documento “El comportamiento reciente de la inflación de alimentos y la política comercial agrícola” (Borradores de Economía del Banco de la República), escrito por María del Pilar Esguerra umaña.

Es una posición de economía política transparente y pragmática del gobier-no, que se aparta de esa tendencia que vivió América Latina en la que se implantó una política económica dogmática, compleja, poco efectiva para construir solu-ciones reales y sin contenido social, al amparo de una serie de técnicos refugiados en el mecanicismo de esta política, lo cual ocasionó descalabros económicos y sociales profundos a muchos países de la región. El gran fracaso empezó, como lo sentenciara en alguna oportunidad Álvaro Gómez, cuando caímos bajo el do-minio de unos cuantos agricultores de escritorio.

Los resultados de esa visión no pueden ser mejores. Explica el Ministerio por ejemplo, cómo la apreciación de la tasa de cambio –que registró nuestra mo-neda en el último año–, no tuvo mayor impacto en la inflación, porque la revalua-ción redujo considerablemente los precios de importación de algunos productos (carne bovina, de pollo y leche en polvo), con una disminución efectiva y signifi-cativa de su protección arancelaria. Advierte que una reducción de la protección arancelaria deteriora los niveles de pobreza rural y el balance alcanzado en las


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negociaciones comerciales con Mercosur y Estados unidos, lo que genera serios problemas en las actuales y futuras negociaciones.

Revela que el descenso de los precios de importación no se traslada total-mente a los consumidores finales por las complejas estructuras de las cadenas de los productos agroindustriales que operan en nuestro medio. Con un ejemplo aclara el tema. En el territorio nacional existen 125 empresas que compran la leche que producen 42.098 ganaderos. Solamente cinco de estas empresas ad-quieren el 53% del volumen y le compran al 36% de los ganaderos. Esa estructura de comercialización hace que las modificaciones en el costo de importación de la leche en polvo (por ejemplo, una baja) impacten el precio al productor de la leche cruda pero no se refleje en los precios al consumidor.

También se pronuncia sobre el marco legal de las políticas monetaria y comercial, su alcance y los propósitos que animan al Gobierno. Recuerda que la política comercial agropecuaria se orienta hacia la consecución de dos objetivos centrales: uno, la búsqueda de productos y mercados nuevos, más profundos y diversos que complementen y amplíen nuestro mercado, el empleo rural y los ingresos de la gente del campo; y, dos, la protección razonable del mercado inter-no en un marco de promoción de la competitividad internacional de las cadenas productivas que enfrentan de manera gradual la competencia internacional.

En fin, es un estudio que demuestra fehacientemente lo que ha hecho el país y hacia dónde se dirige en este complejo escenario de la globalización y de tratados de libre comercio. Su revisión ilustra mejor las líneas de acción y las bases que se han tenido en cuenta en los instrumentos de comercio y producción agropecuaria de Colombia de cara a la internacionalización de nuestra economía y ver cómo fue posible vacunarnos contra esos virus intelectuales que desde un escritorio atacan las políticas públicas del Gobierno.


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C A P í T u L O V

ENTrEvISTAS Y DISCurSOS

En este capítulo presento una compilación de los discursos pronunciados en di-ferentes tribunas del país y las principales entrevistas concedidas a los medios de comunicación, en un esfuerzo por mantener viva la memoria sobre las preocu-paciones del gremio y los ganaderos del país, frente al devenir –pasado, presente y futuro– que ha signado el desarrollo de la actividad pecuaria-bovina y de la Colombia rural y urbana, en sus esferas política, económica y social.

Estos documentos, de mayor extensión y profundidad, me han permitido esbozar, en su contexto, problemáticas que consideramos de urgente resolución como la victimización de los ganaderos a manos de los grupos armados ilegales, nuestra demanda por una mayor presencia institucional del Estado en el sector rural, la formulación de una política pública agropecuaria sólida, claridad para el manejo del posconflicto y, en especial, para la reinserción de la ex maquinaria armada de los grupos de autodefensa y la posición de los ganaderos frente a la internacionalización de nuestra economía, la modernización de la actividad, las distorsiones del mercado, la revaluación y la inflación, entre otros asuntos.

Sin dejar de reconocer los logros de la política de seguridad democrática y del apoyo decidido del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el sector ha mantenido una actitud propositiva y proactiva y, con esa mentalidad, nos hemos encargado de exponer en estos amplios “debates públicos”, los ambiciosos pro-yectos que inscribimos en nuestro Plan estratégico de la ganadería colombiana 2019, la decisión de crear la Fundación Colombiana Ganadera, Fundagán, la intención de construir un enclave de producción con raza brangus para exportación y hasta la disposición de asumir nuestra responsabilidad social para construir una gana-dería ambientalmente sostenible, incluyente y solidaria.

E N T R E V I S T A S Y D I S C u R S O S

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“Necesitamos una respuesta inmediata del Estado”

José Félix Lafaurie Rivera, presidente de Fedegán, advierte sobre el incremento de la inseguridad en las zonas que abandonaron los paramilitares.

Semana: ¿Están los ganaderos preocupados por la desmovilización de los para-militares?

José Félix Lafaurie rivera: Cuando se habla de ganaderos, la gente piensa en un hombre rico, terrateniente y, si me apuras mucho, paramilitar. En realidad, los ganaderos son gente demasiado vulnerable. No hablo de los narcotraficantes, sino del 82% de los ganaderos que tienen menos de 50 animales y cuya única alternativa es echarse la bendición en la noche y confiar en que la Fuerza Pública llegue a los territorios en los que antes estaban las autodefensas.

Semana: ¿No está llegando? JFLr: No lo suficiente. La desmovilización va bien, la reinserción regular,

pero nadie está pensando en los territorios. Semana: ¿Se disparó la inseguridad en las zonas ganaderas? JFLr: Hay que entender que las autodefensas impusieron unas normas en

esos territorios. A quien cometía un delito menor, lo asesinaban. Así de sencillo. Ahora, los tipos se van y se genera un ambiente de abigeato, robos, y entramos en una espiral ascendente que deteriora todo.

Semana: ¿Cómo se están protegiendo? JFLr: En varias regiones hemos tenido reuniones con la Fuerza Pública y la

primera exigencia de los ganaderos son salvoconductos. Semana: Entonces, ¿se están creando nuevas autodefensas? JFLr: Mis ganaderos son gente que no tiene capacidad de defenderse, ni

dinero para sostener un ejército. El que es riquito se viene para Bogotá, pero la mayoría se tiene que quedar en su predio y ser víctima de la guerra. No creo que sea por allí que se va a incubar una nueva autodefensa.

Semana: ¿Están dispuestos a financiar a la Fuerza Pública? JFLr: Nosotros estamos dispuestos a muchas cosas. Estoy firmando un

convenio con la Policía, como venimos haciendo con el DAS, para colaborar con información que permita al Estado tener una respuesta militar eficaz. Se necesita


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una respuesta del Estado en forma inmediata: jueces, fiscales y otros mecanismos que eviten una escalada de la criminalidad.

Semana: Los ganaderos financiaron por años grupos paramilitares. ¿Asumen esa responsabilidad?

JFLr: En legítima defensa. Y eso es lo que no nos podemos permitir. Nues-tro sector pagó una alta cuota de sangre. Por eso somos los primeros en exigirle presencia al Estado.

Semana: ¿Amarga lección? JFLr: La violencia, sea de derecha o de izquierda, acaba con muchas cosas.

Aquí hay que buscar al Estado para que cumpla su obligación. La Fuerza Pública es la que tiene que defender el territorio. Pero mientras no haya inversión de la ciudad al campo, eso será imposible. En el campo hay 85% de pobreza y mucha exclusión.

Semana: Parte de esa exclusión es la contrarreforma agraria a la que estamos asistiendo.

JFLr: Si la contrarreforma está hecha con dineros ilícitos, para eso está la ley de extinción de dominio. Los narcotraficantes compraron las tierras en las mejores regiones y son muy productivas. Pero ellos no hicieron sus riquezas con el ganado.

Semana: ¿Pero también hay un gran latifundio improductivo? JFLr: ¿Dónde está el gran latifundio? Si hay una mala concentración de la

tierra, bienvenidos sean los instrumentos para hacer de ella un factor productivo. La propuesta que yo he hecho es que los ganaderos se tienen que formalizar, pagar impuestos e ir a la seguridad social. Se tienen que modernizar.

Semana: ¿Por qué si financiaron a los paramilitares, no apoyan a los desmovili-zados?

JFLr: Nosotros les metimos una plata grande a los albergues de desmovili-zados en Bogotá y Medellín, pero lo dejamos porque llegamos a la conclusión de que el proceso de reincorporación, aunque está hecho con buenos deseos, no iba para ningún lado. No hay un modelo, ni una política. Es una locura.

Semana: ¿Se meterán la mano al bolsillo para la reparación? JFLr: La reinserción y la reparación no se harán con la plata del gringo,

sino con la de los colombianos. Si nos metimos en este berenjenal, tenemos que ver cómo salimos de él. Eso implica que la plata, en lugar de transarse en TES, se vaya a las inversiones productivas. De lo contrario, esto va a resultar muy difícil.


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“Los paras fueron remedio, pero se convirtieron en un monstruo”

Quienes los crearon, entre ellos los ganaderos, terminaron siendo víctimas de su propio invento, dice el presidente del gremio, José Félix Lafaurie. Denuncia la concentración de la riqueza y propone crear un fondo de capitalización para el campo a partir del

impuesto a la renta.

“Los paramilitares fueron un remedio, en algunos casos inventado por gente del sector rural”, admite Lafaurie.

Más que con sentido de premonición lo dice con seguridad: “Si Colombia no se alista para el posconflicto paramilitar con un plan de inversión en el campo, aparecerán los ‘segundones de las autodefensas’ con una guerra más cruenta que la que hasta ahora el país ha soportado”.

Él es José Félix Lafaurie, presidente de la Federación Colombiana de Gana-deros (Fedegán), quien reconoce que su gremio fue uno de los promotores del paramilitarismo, pero dice que “los ganaderos terminaron siendo víctimas de su propio invento”. Propone la creación de un fondo de recapitalización agropecua-rio, para sacar al campo de su actual postración, a través de la destinación de dos puntos del impuesto sobre la renta.

Yamid Amat: El Tiempo: ¿Usted cree que se va acabar realmente el paramilita-rismo en Colombia?

José Félix Lafaurie rivera: El paramilitarismo es más una consecuencia que una causa efectiva. Lo que uno tendría que identificar son las causas que lo promovieron.

YA: ¿Y cuáles fueron? JFLr: La ausencia de Estado, que permitió que la guerrilla pudiera copar

territorios. Como consecuencia, ciudadanos que estaban indefensos en el campo se vieron obligados a organizarse para poder enfrentar a la guerrilla.

YA: ¿En sitios de desmovilización ya hay presencia de Estado?JFLr: Ese es el asunto de fondo, porque aquí hemos creído, equivocada-

mente, que el problema de las autodefensas termina en la desmovilización. El proceso fue mal conducido. De una etapa exploratoria se pasó a una de desmo-


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vilización sin elementos claros y sin que se haya estudiado qué hacer con los desmovilizados.

YA: ¿Y qué va a pasar con la tierra que dejaron los ‘paras’? JFLr: Más que tierra, territorio. Y lo que se va a encontrar en esos territorios

es una muy baja institucionalidad que, si no se remedia, comenzará a ser afectada por alguna pequeña delincuencia y, vía narcotráfico, terminará con la creación de una segunda o tercera generación de autodefensas o como se quieran llamar.

YA: ¿Los ganaderos no fueron los primeros promotores del paramilitarismo?JFLr: Los ganaderos fueron víctimas de la ausencia de Estado y la presen-

cia de la guerrilla. Bajo el Gobierno Samper, legalizadas, se empezaron a crear organizaciones con algún grado de formalidad frente al Estado, que degeneraron en organizaciones ilegales con los vicios de la criminalidad.

YA: ¿Así nació el paramilitarismo?JFLr: En buena parte de las regiones del país así fue y negarlo hoy en día

sería tratar de tapar el sol con las manos. Les he dicho a los ganaderos que ésta fue una historia que ha traído un mar de sangre duro y precisamente quienes han pagado la más alta cuota han sido los ganaderos. Repetir esa historia sería una insensatez.

YA: ¿Por qué teme que se produzca una nueva generación de paramilitares?JFLr: Porque el problema no es militar. Es social. El problema es cómo su-

perar la pobreza del campo. Mientras el sector agrario tenga un 80% de pobreza y un 52% de indigencia, lo que tendremos serán millones de manos dispuestas a agarrar un fusil o facilitarle al narcotráfico su actividad. Hay que ofrecer opciones de desarrollo, para recuperar la Colombia rural que está muy atrasada.

YA: ¿Cuál es el riesgo de que regrese el paramilitarismo?JFLr: El problema de Colombia es de equidad, de concentración de rique-

za. Concentración alarmante, porque todos los modelos de desarrollo han privi-legiado la inversión como factor de crecimiento y no de consumo. Por eso aquí tenemos 20 millones de colombianos que no consumen. un mercado interno tan poderoso como el colombiano está subutilizado porque cada día expulsamos más ciudadanos a la pobreza. La concentración de riqueza que hay es aberrante y estúpida. No nos estamos dando cuenta de que, al final, lo que habremos hecho es estrangular las posibilidades de desarrollo del país.

YA: Pero parecería que precisamente es el ganadero uno de los sectores donde se concentra la riqueza.

JFLr: Muchísimo menos de lo que la gente cree. En el libro Posconflicto y desarrollo, que presento la próxima semana, hay una estadística que lo dice todo:


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el 1,1% de los ganaderos tiene más de 500 animales; 4.116 predios, entre 500 y 1.000, y 1.564 predios tienen más de mil animales; es decir, que la ganadería de tamaño grande a duras penas es el 1,15% del total del hato ganadero. Entre tanto, el 82% de la ganadería colombiana, que corresponde a 406 mil predios, tiene me-nos de 50 animales. Eso es menos que una finca del barrio más pobre de Bogotá desde el punto de vista patrimonial.

YA: Si es así, ¿dónde está la concentración de riqueza que usted denuncia? JFLr: En el sector urbano. Aquí, dos tenedores financieros tienen más del

60% del sector. La misma ley autoriza para que un solo dueño pueda tener más del 25% del área financiera del país. Mientras el 10% más pobre de la población recibió durante 2003 apenas un 0,6% del ingreso total, el exclusivo club del 10% más rico, recibió el 47,4%. De otra parte, mientras para 1991 la brecha de ingreso entre unos y otros era de 52 veces, para 2003 se había ensanchado a 80 veces la diferencia entre el ingreso de los más ricos y los más pobres.

YA: ¿Cuál es la extensión de tierra dedicada a ganadería y agricultura?JFLr: Colombia tiene 114 millones de hectáreas. Cerca 38 millones son

ganaderas y unos nueve millones, agrícolas. El resto está en uso forestal.YA: ¿Y qué fórmula que plantea para bloquear el riesgo de una nueva ola pa-

ramilitar?JFLr: El campo no ha tenido enemigos, lo que le ha faltado son amigos.

Los enemigos del campo lo son por omisión. El país tiene que empezar a cerrar la brecha, esa de la que hablaba el presidente López en 1974, entre el país urbano y el país rural. Cerrar esa brecha implica llevar recursos privados al desarrollo del sector rural y eso se lograría con un instrumento poderoso como la política fiscal: los contribuyentes pueden optar por dejar uno o dos puntos del impuesto de renta para constituir un gran fondo agropecuario de reconversión y llevar así flujos de inversión de la ciudad al campo.

YA: ¿Por qué los colombianos dejaron de invertir en el campo?JFLr: A pesar de nuestro enorme potencial, el desprecio por el sector es

evidente. Sobre todo si volvemos los ojos al entorno. El problema del campo es un problema crítico de capital no sólo porque no llega el crédito, sino porque ha habido un proceso de empobrecimiento progresivo en los últimos 30 ó 40 años. Cuando usted genera ahorro interno, lo reinvierte si su negocio es bue-no. Como ha sido tan malo en los últimos tiempos, hay un empobrecimiento progresivo del sector. Lo que Fedegán propone, y los ponentes de la reforma tributaria acogen, es la capitalización del sector, con la destinación de dos pun-tos del impuesto a la renta, para la creación de un fondo de capitalización. Cada


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punto del impuesto vale $700 millardos. Tendríamos $1,4 billones para reactivar al campo.

YA: ¿De qué entorno habla usted?JFLr: De los países vecinos. Los casos de Brasil, Chile y Argentina hablan

por sí solos. Allí se destinaron ingentes recursos que consolidaron una agroindus-tria competitiva. Chile se prepara para ser uno de los 10 exportadores de alimen-tos más importantes del mundo. Hoy es el número 17.

YA: ¿Lo que pide es pensar en el manejo del posconflicto?JFLr: Así es. Se trata de enfrentar el tema de la marginalidad y la pobreza

que hay en el campo, que son caldos de cultivos para el narcotráfico, el secues-tro y la guerra. Hoy, lo que estamos viviendo es una situación de un equilibrio inestable, precario; en cualquier momento se puede volver otra vez a caer en las mismas o porque la guerrilla se mete o porque los ‘segundones’ o ‘tercerones’ de las autodefensas conforman otro grupo de facinerosos y empiezan a someter a una población carente de institucionalidad, de opciones y de trabajo. Los para-militares, por supuesto, fueron un remedio en algunos casos inventado por gente del sector rural, entre ellos los ganaderos, pero no cabe la menor duda de que quienes los crearon también fueron víctimas de su invento, porque terminaron siendo fuerzas que desbordaron el límite de lo que era permisible en una guerra supuestamente para liberar al campo de la guerrilla. Terminaron actuando contra todos: desde la voladura del tubo para robar combustible hasta la generación de narcotráfico, apoderándose de las tierras.

YA: Mejor dicho: la gran paradoja es que los ganaderos, que se inventaron el para-militarismo, están promoviendo ahora la fórmula para exterminarlo.

JFLr: Exactamente. No queremos regresar y esto se conjuga de dos ma-neras: primero, apoyando a la fuerza pública y, segundo, generando desarrollo sostenido. Sin ello el campo seguirá siendo un espacio de guerra, criminalidad y narcotráfico; con el fondo que los ganaderos proponen, el campo será un escena-rio para la construcción de riqueza y la recuperación social.

Entrevista de Yamid Amat publicada en el diario El Tiempo en octubre de 2006


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Arranca el tren de la modernización ganadera

‘Ganadería y sociedad’, los próximos jueves y viernes más de 1.500 personas estarán presentes en Cartagena, en el XXX Congreso nacional de ganaderos, organizado por Fedegán. La apertura estará a cargo del presidente de la República, Álvaro Uribe

Vélez, quien una vez más acompañará al sector que siempre ha creído en él y ha respaldado su política de seguridad democrática.

El presidente ejecutivo del gremio, José Félix Lafaurie Rivera, señala los tres pila-res del Congreso: el primero, cómo ven los empresarios, la academia, los medios de comunicación y el gobierno a los ganaderos; el segundo, la presentación al país del Plan estratégico de la ganadería colombiana 2019, y, el tercero, la primera rueda internacional de negocios.

El Tiempo: ¿Por qué el lema ‘Ganadería y sociedad’?JFLr: Se va a realizar un ejercicio de retroalimentación social con diferentes

sectores de la sociedad colombiana para mejorar nuestro desempeño y despejar algunos estigmas que existen sobre los ganaderos relacionados con la propiedad rural y la generación de riqueza. A su vez, queremos dar a conocer nuestras líneas estratégicas de acción, no sólo las relacionadas con la actividad productiva, sino con las que desarrollaremos el entorno social para recuperar el campo y generar riqueza con inclusión social.

Hemos invitado a representantes de alto nivel de la sociedad, cuyas posicio-nes generarán, sin duda, gran polémica y contribuirán al debate y al mejoramien-to de nuestro sector. Estarán presentes, entre otros, José Fernando Isaza, rector de la universidad Jorge Tadeo Lozano, el politólogo Pedro Medellín, el senador Germán Vargas Lleras, el presidente del Directorio Conservador, Julio Manzur, y el director del noticiero CMI, Yamid Amat.

El Tiempo: ¿Cómo puede controvertir esos estigmas?JFLr: Muchas veces los estigmas se convierten en prejuicios injustos y su-

perficiales que, por falta de análisis, no se profundiza en la búsqueda de la verdad. Por ejemplo, ¿somos atrasados, rezagados del progreso? ¿Es el ganadero un terra-teniente ocioso?


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Yo digo una cosa: los modelos de desarrollo que han imperado en el país han discriminado al sector rural, lo cual ha sido un lastre que ha impedido, en buena parte, que varios renglones, como la ganadería, no hayan tenido más vuelo. En realidad, muchos ganaderos, acosados por la violencia, han salido adelante, y es algo para resaltar.

De los más de 492.000 ganaderos existentes en el país, el 82% no tiene más de 50 animales y muchos de ellos apenas unas 10 ó 20 reses. Entonces me pre-gunto, ¿es un sector de terratenientes?

Y estas cifras no las saco del sombrero, se trata de cifras que han arrojado las campañas de vacunación contra la fiebre aftosa, donde casi cinco mil vacu-nadores recorren el país dos veces al año, a lo largo y ancho, vacunando hasta el último confín, hasta el último predio. Este ejercicio se ha aprovechado para hacer un censo de la ganadería y esos son los resultados. Los tales terratenientes son en realidad una minoría y le puedo asegurar que mi preocupación es la inmensa cantidad de pequeños y medianos ganaderos que necesitan con urgencia tecno-logía y modernidad.

El Tiempo: ¿Qué es el Plan estratégico de la ganadería colombiana 2019?

JFLr: Con el aporte de la institucionalidad gremial ganadera y el trabajo conjunto con el Ministerio de Agricultura y el Departamento Nacional de Planea-ción (DNP), Fedegán ha venido trabajando en plasmar el sueño para la ganadería hacia el horizonte del año 2019 y, lo más importante, realizar las estrategias y la propuesta de acción para lograrlo, con miras a responder a los inaplazables retos de la globalización.

En el marco del Congreso, le entregaremos al señor presidente de la Repú-blica, Álvaro uribe Vélez, y, por supuesto, a la comunidad ganadera y al país el Plan estratégico de la ganadería colombiana 2019.

El Tiempo: ¿Cuáles son los grandes temas de este Plan?JFLr: Voy a perfilarle algunas líneas esenciales, pues se entenderá que es

algo complejo, con múltiples aristas. Primero que todo, se trata de unas directri-ces para modernizar tanto al gremio como a todo el sector. una de las premisas sobre la importancia del sector es que la ganadería es una actividad que va muy ligada a la vida del país, a su economía rural, pues está presente en 38 millones de hectáreas.

Además, esta actividad genera cerca de 1.500.000 empleos y representa cer-ca del 4% de PIB del país, y 27% del PIB agropecuario y el 64% del PIB pecuario. Además cuenta con un hato de 24 millones de cabezas.


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Hacia el año 2019, cuando se cumplirán 200 años de la Independencia de Colombia, uno de nuestros objetivos será tener un país exportador de carne y lácteos, por supuesto, libre totalmente de fiebre aftosa con vacunación.

El Plan no sólo prevé estrategias en búsqueda de la ansiada modernidad sino que proyecta este desarrollo en armonía con la naturaleza, porque la ganade-ría colombiana debe ejercer un liderazgo en este aspecto, ya que es un tema que, en el mediano y largo plazo, crea un círculo virtuoso de retroalimentación, que incluso rinde beneficios económicos.

Desde hace dos años hemos comenzado a jalonar el proceso de moderni-zación. Por ejemplo, en este Congreso, Buró Veritas (BVQI) nos hará la entrega oficial de la Certificación de Calidad ISO 9001 para los procesos de recaudo y administración de la cuota de fomento ganadero y lechero y programación, coor-dinación y gestión en la ejecución de programas nacionales de salud animal.

El Tiempo: ¿Por qué se organizó esta vez la rueda internacional de negocios?JFLr: Esto es bien importante, porque la ganadería colombiana necesita

exportar y es una política que coadyuvará a la modernización del sector. Vendrán más de 25 compradores, procedentes de 16 países, que se reunirán con empresas colombianas exportadoras de leche y carne en la primera rueda internacional de negocios.

Es claro que los productos de la ganadería colombiana tendrán una opor-tunidad grande en esa dinámica de los mercados internacionales, sobre todo, en mercados importantes como el americano, el europeo y el asiático, que comien-zan a demandar carne y derivados lácteos orgánicos, originados por ganaderías sanas ambientalmente.

Naciones como Colombia, que tienen el privilegio de estar situadas en el trópico, son las llamadas a abastecer con carne y leche a esos mercados. No de-bemos olvidar que China se despertó, como lo previó el gran Napoleón cuando prevenía al mundo sobre el despertar de ese gigante dormido, y muy pronto esta-rán entrando al circuito mundial de la carne 400 millones más de consumidores, porque se comienza a gestar una clase media china pujante y consumidora, que demandará cada día más alimentos, entre muchas cosas más.

Pero no sólo se trata de China. Como sabemos la economía se globaliza y el sector ganadero colombiano se debe convertir en un jugador importante del mercado mundial. Ya se han hecho contactos positivos con Rusia, Israel, Chile, Perú y Estados unidos. Contamos con ventajas frente a otras naciones del trópi-co, pues tenemos casi todo el país, libre de aftosa, con amplias áreas de pasturas y contamos con luz solar todo el año.


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El Tiempo: Sorprende el número de asistentes a este CongresoJFLr: Hace dos años, en el anterior congreso, y recién llegado a la Presi-

dencia del gremio, me tracé como meta, generar las condiciones para dinamizar la actividad de las distintas organizaciones afiliadas a Fedegán para convertirlas en verdaderas células de un cuerpo gremial incluyente y, por supuesto, partícipes de los diferentes planes y estrategias.

Este trabajo, que no termina ahora en Cartagena sino que es una política per-manente, ha significado un estímulo no sólo para los comités y otras organizaciones ganaderas como personas jurídicas, sino que ha involucrado a los propios ganade-ros haciéndolos sentir protagonistas de su devenir, haciéndoles percibir a Fedegán como su gremio, que no sólo cumple con defender sus intereses ante el Estado y la sociedad, sino que pueden contar con él como una especie de amigo, que les presta servicios y capacitación para que se modernicen y sean competitivos.

El Tiempo: ¿Qué significado tiene para usted este XXX Congreso?JFLr: Hace dos años también me comprometí, ante los ganaderos de Co-

lombia y ante el país, con una propuesta que orientara sus esfuerzos hacia la cons-trucción de una ganadería más moderna, rentable, incluyente y solidaria. Pues bien, este nuevo Congreso será, entonces, la oportunidad para dar cuenta de mi compromiso y de los avances alcanzados hacia esa visión de futuro, plasmada en el Plan estratégico de la ganadería colombiana 2019, que, como dije antes, les pre-sentaremos al Gobierno y al país, pero sobre todo, a los ganaderos colombianos, que son la razón de ser de Fedegán y de nuestros esfuerzos. Como se puede ob-servar, este tren de la modernización ya arrancó, y en el Congreso mostraremos su marcha.

Entrevista publicada en el diario El Tiempo el 18 de noviembre de 2006


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“Nadie tiene autoridad para tirar la primera piedra”

El Presidente Ejecutivo de la Federación Colombiana de Ganaderos advierte que no sólo su sector contribuyó con los paramilitares y que en el país no se puede desatar una cacería de brujas contra quienes fueron víctimas del conflicto por el

abandono del Estado.

Cambio: ¿Qué relación tienen los ganaderos con el paramilitarismo?José Félix Lafaurie rivera: Los ganaderos son un sector vulnerable y por

eso el problema hay que entenderlo como un proceso sostenido y largo. Debido a la arremetida de la guerrilla en los años 80 surgieron las autodefensas promovidas por los ganaderos y demás gente del sector rural. Se dio la necesidad por el aban-dono estatal y por el derecho de aplicar el ejercicio de la legítima defensa. ¡Es que las autodefensas no cayeron de Marte! Después, en el Gobierno de Samper, se legalizaron a través de las Convivir, que fue la forma de responder a la necesidad de darle seguridad al campo.

Cambio: ¿Qué responsabilidad tienen los ganaderos por el paramilitarismo que masacró, desplazó y se apoderó de millones de hectáreas de las mejores tierras del país?

JFLr: Ninguna, porque lo que ellos ayudaron a crear no tiene nada que ver con lo que había hasta antes del proceso de paz. Al final del Gobierno de Pastrana el país tenía 25.000 paramilitares y unos 30.000 guerrilleros con una capacidad de fuego indiscriminada. El combustible de la guerra es el narcotráfico y eso ha hecho que miles de colombianos del sector rural terminen de mercenarios de una guerra ajena; por eso, ninguna es la responsabilidad de los ganaderos.

Cambio: Pero es que una cosa es pagar una extorsión o vacuna y otra financiar actividades ilegales.

JFLr: El que dio dinero para asumir control territorial y político, lo mismo que el que pagó para apoderarse de tierras por la vía armada, tiene unas claras responsabilidades judiciales que tendrá que asumir.

Cambio: En el Congreso Ganadero usted habló de que no se puede macartizar a los ganaderos por el tema paramilitar, ¿por qué?

JFLr: Porque en la dinámica del conflicto que vivió y vive el campo no solamente fueron los ganaderos los que constituyeron autodefensas en el con-


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texto que ya expliqué: ¿dónde están los arroceros, los floricultores, los palmeros? Conozco empresas nacionales y también internacionales que pagaron; o todos en la cama, o todos en el suelo. Aquí no puede haber un juicio de responsabilidades selectivo. La responsabilidad nuestra no es inferior o mayor que la del resto de la sociedad.

Cambio: Esa afirmación suya puede ser entendida como una especie de chantaje para que todos se hagan pasito.

JFLr: Lo que digo es que aquí nadie tiene la autoridad para tirar la primera piedra porque todos participaron, de una u otra manera, de los hechos que lace-raron a la sociedad.

Cambio: ¿Teme que haya una especie de cacería de brujas?JFLr: La cacería de brujas ya está empezando. Con la aplicación de la

Ley de justicia y paz van a salir muchas verdades confesadas por personas como Mancuso o Don Berna y esas verdades deben ser cruzadas con las verdades de las víctimas, pero esa información puede llevar a señalamientos injustos. La Ley de justicia y paz no puede criminalizar la actividad de personas, como los ganaderos, que participaron de una guerra que llevaba décadas.

Cambio: ¿Por qué el campo se volvió caldo de cultivo para las autodefensas?JFLr: Por dos fenómenos transversales: la excesiva pobreza dada por el

nivel de exclusión que permite que cualquier tipo, con dos pesos en el bolsillo, constituya un grupo de mercenarios e imponga su terror, y el otro es el narcotráfi-co, por eso hay mixtura entre personas como Mancuso o Rodrigo Tovar, que eran ganaderos pero terminaron al lado de narcotraficantes como Don Berna.

Cambio: ¿Hasta dónde deben llegar las investigaciones por la parapolítica? JFLr: Hasta donde la Corte Suprema de Justicia lo establezca. El país está

preparado para aceptar sus decisiones y por eso hay que respaldarla en las investi-gaciones que emprendió para establecer los nexos entre autodefensas y políticos, que es una mezcla que deteriora sobremanera los elementos fundamentales de la democracia.

Cambio: ¿Cree en la voluntad política de los paramilitares de desmovilizarse en serio?

JFLr: Más que creer pienso que un grupo alzado en armas, que tenía mu-cho más control territorial que la guerrilla cuando comenzó este Gobierno, que entregó las armas y dio un paso al frente para desmovilizarse, pues debe tener vo-luntad. Siento que no tienen la capacidad de echarse para atrás. Ahora toca mirar para adelante. Que fiscales y jueces hagan lo suyo y que la sociedad se mueva para que el proceso de reinserción sea exitoso.


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Cambio: ¿Usted conoce personalmente a algún jefe paramilitar, ha tenido relacio-nes con ellos?

JFLr: Sí, a Rodrigo Tovar, Jorge 40, lo conocí: él era mi amigo porque cre-cimos juntos en el Cesar; es más, le cuento que Ricardo Palmera, Simón Trinidad –jefe de las FARC preso en Estados unidos–, me llevó a dictar clase a la universi-dad del Cesar en 1978. Lo que nos diferencia es que yo salí corriendo para Bogotá y ellos se metieron a la guerra.

Entrevista publicada en la revista Cambio, N.° 703 del 25 de diciembre de 2006


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Ganaderos embisten

El presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, se fue lanza en ristre contra el Banco de la República por las medidas adoptadas y habló duro sobre el tema de la parapolítica.

Los ganaderos, que durante años fueron puestos en la picota pública por su supuesta participación en la financiación de grupos paramilitares, y más recientemente por su responsabilidad en el aumento de la inflación (en tan solo cuatro meses el precio de la carne subió 12,68%) se cansaron de recibir palo y salieron a embestir a sus críticos.

El primero en recibir sus cornadas fue la junta directiva del Banco de la repú-blica, a la que el presidente de la Federación de ganaderos colombianos (Fedegan), José Félix Lafaurie, cuestionó por tomar medidas “imbéciles”, que están afectando al sector productivo y no están atacando ni la inflación ni la revaluación.

Tampoco salieron bien librados la sociedad civil ni los últimos gobiernos, como el de Samper, ya que dijo que si no hubieran sido “cobardes” se hubieran controlado las Convivir y no tendríamos “una caterva de criminales” cometiendo tantos desmanes. Y dijo que se necesita un mea culpa de toda la sociedad colom-biana que toleró, sin decir nada, los secuestros, las extorsiones, los asesinatos y el desplazamiento de miles de campesinos.

Lafaurie, en diálogo con Poder, se refirió, en primera instancia, a las ventas masivas de ganado a Venezuela, que están creciendo en más del 400%.

Poder: ¿Qué tanta responsabilidad le cabe a los ganaderos por el alza en la infla-ción y la revaluación que está viviendo el país?

JFLr: La carne tiene un alto impacto sobre la canasta básica de alimentos. Yo le llamé la atención al Gobierno sobre el impacto que tendría el precio de la carne en la inflación si no se tomaban medidas. Le dije al Ministro de Agricultura que no era sostenible mantener abierta la exportación de animales cuando los venezolanos importan con un dólar oficial que estaba muy por debajo del dólar libre, que se disparó por encima de los Bs.4.000.

La diferencia entre el dólar fijo de Bs.2.150 y el dólar libre le daba una prima inmensa al importador venezolano para traer productos de Colombia. Y le dije


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que si durante 2006, cuando ese diferencial no era más del 22%, habían sacado del país más de 500.000 animales, ¿cómo sería ahora que la prima era el doble?

Poder: ¿El Gobierno actuó a tiempo? JFLr: El Ministro entendió el tema, pero cometió una equivocación porque

anunció la medida en Valledupar y días después tomó la decisión de cerrar las exportaciones de ganado en pie. Se alcanzaron a expedir licencias para 168.000 animales y por eso se trepan los precios, porque el mercado es muy sensible a una salida de esta naturaleza.

En Colombia, el año de mayor sacrificio de ganado fue 1998 con 4,1 millo-nes de cabezas. Pero en 2006 se sacrificaron casi cuatro millones en el mercado interno y Venezuela se llevó 500.000 adicionales. Es la primera vez en toda la historia económica colombiana que tenemos semejante demanda para mercado interno y externo, llegando a un nivel de sacrificio de ganado no sostenible. Mien-tras que a marzo del 2006 salieron para Venezuela 25.000 animales, a marzo de este año habían salido 129.000, un aumento de más del 500%.

Poder: ¿Qué tanto se le atribuye al Ministro esa situación?JFLr: Toda, porque como el Ministro dice una cosa y luego otorgan li-

cencias para 168.000 animales, la presión se mantiene porque los importadores venezolanos que quieren ganarse la prima van al ICA y sacan licencias antes de que el decreto prohíba esas ventas.

Poder: ¿Qué dicen los ganaderos? ¿Hay mucho ruido porque no los dejan exportar?

JFLr: Hay mucho ruido. Y qué bueno exportar, qué bueno que los precios internos mejoren para el ganadero, más cuando en los últimos años los precios crecen en un 27%, mientras que los costos aumentan en 117%, lo que ha llevado a una gran pérdida de rentabilidad del sector, tanto en carne como en leche. Pero ni tan lejos que no alumbre ni tan cerca que queme.

Poder: Si se cierran las ventas legales ¿es de esperar que se dispare el contra-bando?

JFLr: El contrabando no existe por una razón elemental: aquí lo que hay es un diferencial cambiario que le genera una prima a ciertos importadores. Dicho de otra manera, el ganado en Venezuela está más barato que en Colom-bia, pero si yo soy un comprador venezolano y me dan una prima del 40% ó del 100%, yo no compro ganado en Venezuela, sino en Colombia. Más bien, lo que puede suceder –que sería lamentable y que advertí al ICA– es que haya contrabando de Venezuela hacia Colombia, porque nosotros no somos aftosos y ellos sí.


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Poder: ¿No es un contrasentido frenar las exportaciones cuando siempre se ha dicho que el país lo que tiene es que exportar más?

JFLr: Lo que no podemos olvidar es que somos un mercado dependiente, con un arancel del 80%, y que en algún momento, si por razones de inflación interna el Gobierno modifica el arancel, inunda el país de carne importada. ¿Qué va a pasar cuando aquí llegue carne paraguaya, argentina o brasileña más barata? Nos estamos es preparando para el TLC con Estados unidos, con Canadá y Eu-ropa, no podemos hundir esta industria.

Poder: ¿Pero no es paradójico prepararse para exportar prohibiendo exportar? JFLr: Ojo, el Gobierno cerró las exportaciones de ganado en pie, pero

no de carne a Venezuela. Además le garantizo que unos personajes que, en mi opinión, sacaron fraudulentamente un poco de licencias van a usarlas de aquí en adelante y esos 168.000 animales terminarán siendo 500.000.

Poder: ¿Nos tenemos que preparar para ser la canasta alimentaria de Venezuela? JFLr: Exactamente. Y podríamos serlo si actuamos inteligentemente. Si ce-

rramos las exportaciones de ganado en pie y nos concentramos en producir más aquí, sacrificar y mandar para allá, pero carne, no las hembras reproductoras.

Poder: ¿Nos estamos quedando sin ganado en el país por vender a Venezuela? JFLr: El país lleva creciendo tres o cuatro años y mejorando los salarios

por encima de la inflación, lo que ha aumentado el consumo interno. Comer más carne es una señal de salir de la pobreza, y eso está pasando en Colombia, lo que nos genera demanda en el país y en Venezuela.

Yo les he dicho a los ganaderos que no sean mediocres y que no vendan sus hembras, porque tenemos que duplicar el hato ganadero de 24 a 48 millones de cabezas. Si no hacemos nada, nos vamos a comer el hato y tendremos que im-portar. Debemos crecer para exportar 50.000 toneladas de carne de alta calidad y llegar a 400.000 toneladas, pero para ello necesito que no me vendan las hembras ni se sacrifiquen. En 2019 debemos exportar más de uS$1.500 millones.

El sector ganadero es tres veces el café, en tamaño del PIB, ocho veces la palma, seis veces el arroz, doce veces las flores. Lo que pasa es que casi no expor-tamos. Por ahora.

Poder: ¿Es imposible aumentar la oferta?JFLr: No es un imposible. Aquí el problema de la inflación, que es la crítica

que le he hecho al Banco de la República, es que tradicionalmente se ha manejado por el lado de la demanda, tratando de restringir la base monetaria. En la medida en que tengan menos plata, los colombianos demandan menos cosas y los precios suben. Para ello, el Banco sube la tasa de interés y fija encajes marginales, que son


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imbecilidades completas. Yo no he visto más imbecilidad que esa. Estoy seguro de que José Darío uribe, gerente del emisor –de quien soy amigo-, sabe más economía que yo y es más inteligente. Pero no entiendo cómo seis tipos tan inteligentes pue-den tomar medidas tan tontas. En vez de castigar el crédito de consumo y privile-giar el crédito productivo, castigan todo. ¡ No sean tan inteligentes!

Poder: ¿Cuál es la solución? JFLr: Lo que hay que hacer es generar una mayor oferta. Lo que venía

pasando en el mundo es que los precios de los principales commodities venían bajando pero como una parte de la frontera agrícola se está dedicando a pro-ducir biocombustibles, la oferta de tierras se reduce lo mismo que la de bienes agrícolas. El año pasado, la tonelada de leche en polvo alcanzó el punto más alto, de uS$2.600, y hoy está en el doble. Cuando fui viceministro de Agricultura, a comienzos de los 90, había montañas de leche en polvo como el Everest, que se botaban. Hoy no, porque los chinos están consumiendo leche.

Poder: Si las medidas del Banco de la República son tan “torpes”, ¿qué se debería hacer para contener la inflación?

JFLr: Todo lo contrario a lo que ha hecho el Banco; no se puede castigar la oferta elevando la tasa de interés y restringiendo el crédito porque cuando uno tiene un problema de inflación, además de atacar el problema de la deman-da tiene que mejorar las condiciones de oferta. No estoy de acuerdo con cosas como ésta: que el Emisor abra una ventanilla de contracción para remunerar los depósitos de los bancos que tenían en sus portafolios inversiones en dólares. Si yo soy un banquero llevo mi portafolio al Emisor, y no cumplo con el objeto de prestar, porque el Banco me paga por no hacer nada. Con esa ventanilla contrajo $3 billones que no están en el sector productivo.

Poder: ¿Estamos adoptando medidas para castigar el crecimiento? JFLr: Exacto. Aquí estamos castigando al sector privado en lugar de darle

condiciones para que pueda crecer más. Aquí hay que crecer: que haya más ca-rros, más carne, más alimentos. Crezcamos, produzcamos más, generemos más empleo. En Colombia han subido 10 veces la tasa de interés y qué ha pasado, nada, más cuando hay una oferta de recursos internacionales nunca vista. Si soy George Soros y me dicen que mi rentabilidad en dólares en Colombia es del 20% para qué me quedo en Nueva York ganándome el 5%. El Banco debería actuar y parar las inversiones especulativas. Mire la estupidez que están haciendo: frenan el crédito para el sector productivo, pero no restringen los capitales especulativos. Esas medidas le sirven al sistema financiero: más tasas, menos crédito y les pagan menos a los ahorradores.


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Poder: ¿También se han visto afectados por la falta de crédito?JFLr: Hay crédito, pero para los grandes. Yo tengo 498.000 ganaderos, de los

cuales 403.000 tienen menos de 50 cabezas, y esos son los que pueden hacer crecer el hato casi al doble, pero vaya busque un crédito para ellos. Es imposible.

Poder: ¿Fedegán no tiene un mecanismo para prestarles? JFLr: Estoy en eso. ¿Sabe cuánto tiempo llevo buscando crear un puesto

de bolsa? un año largo. En Colombia, las barreras de entrada son todas, mien-tras en Estados unidos uno funda un banco en 15 días, aquí uno se demora 10 años. El Estado colombiano está concebido para afectar al sector privado, es una talanquera.

Poder: ¿Cómo ven la revaluación? JFLr: Es un tema crítico al que hay que ponerle más atención porque aquí

se va a afectar el crecimiento económico al mediano plazo. La balanza comercial lo está diciendo todo. Por eso tenemos que parar la inversión especulativa. Aquí estamos como en un castillo de naipes, donde movamos una carta se nos cae todo.

Poder: Pasando a otro tema mucho más candente, ¿cómo ve las denuncias de los paramilitares teniendo en cuenta que usted dirige un gremio que ha sido tan estigmati-zado?

JFLr: Me parece que uno no tiene por qué avergonzarse de un proceso político y social que ha sido tan dramático para la sociedad colombiana. Los ganaderos fuimos víctimas durante mucho tiempo. Cada quien responderá por sus propias acciones, la ley penal es individual. Yo como colectivo no dejo que me cuestionen. Este gremio no participó en la conformación de ningún grupo paramilitar. Aún más, si la sociedad no hubiera sido tan cobarde, en el Gobier-no Samper, y hubiera controlado las Convivir que cometieran errores en vez de desmontarlas todas, hoy tendríamos 100 ó 200 funcionando normalmente y no tendríamos una caterva de criminales haciendo toda clase de desmanes. Eso pasa en las zonas urbanas. Hay más 200.000 guardias de seguridad privada en las ciudades y no pasa nada. En las zonas rurales, donde no hay seguridad, eso no se puede hacer.

Poder: ¿Ese fue un error del Gobierno Samper?JFLr: Total. Tengo la certeza de que si las Convivir hubieran tenido una

oportunidad, dentro de un marco absolutamente reglado y con vigilancia, hubie-ran sido muchos más las que no se hubieran torcido.

Poder: Aquí todo el mundo dice que ha sido víctima, incluyendo a los comandantes paramilitares.


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JFLr: Yo estaba el 30 de septiembre de 2005 cuando se cumplieron 10 años del asesinato de José Raimundo Sojo Zambrano, presidente del gremio asesinado por las FARC, en un salón en donde las paredes estaban llenas con los nombres de todos los ganaderos asesinados. Nuestro gremio no fue un victimario, sino víctima. Como consecuencia de eso, los ganaderos, de manera individual, partici-paron en la conformación de grupos de autodefensas porque no tenían otras op-ciones que someterse a extorsiones pasivas o activas. Si bien somos responsables, nuestra responsabilidad no es mayor que la del resto de la sociedad, que permitió que asesinaran, secuestraran, extorsionaran y desplazaran a miles de ganaderos y de personas del sector rural sin que nadie nunca dijera nada y sin que el Estado les garantizara la seguridad. El señor “Jorge 40” o Mancuso eran dos tipos iguales a mí, pero mientras yo me vine a ser un empleado público y un asalariado, los otros tomaron un fusil. Yo no tengo por qué juzgarlo. Esto es una comedia de equivocaciones, porque ahora los victimarios de ayer son los que están seña-lando a los victimarios de hoy.

Poder: ¿Cómo ve el hecho de que Mancuso esté salpicando a medio mundo con el tema del paramilitarismo?

JFLr: Me pregunto por qué el país se iluminó con las verdades de un testigo infame como el señor Rafael García, una persona cuyas declaraciones han servido para producir por lo menos 20 ó 25 autos de detención. Así de sencillo. Ahora, cuando los que eran los dueños de las ametralladoras están diciendo quién participó o no, esa verdad no tiene el mismo alcance que para un señor que para mí, vuelvo y repito, es un testigo infame. Aquí hay un gran maniqueísmo.

Poder: ¿Cómo hacer para saber quién dice la verdad o no? JFLr: Esa es la pregunta. Y ahora cómo hacemos para valorar las declara-

ciones de Mancuso y para confrontarlas con 50.000 víctimas y ver hasta dónde esos señores están diciendo la verdad. ¿Por qué con la declaración de García se mete preso a Jorge Noguera? y ahora, con la declaración de Mancuso, que no estoy diciendo que sea verdadera o falsa, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con el país cuando hable “Jorge 40” o “Macaco”. No podemos ser tan irresponsables. Claro que hay que decir la verdad, pero la verdad no puede ser un instrumento simplemente de judicialización, sino de reconciliación.

Poder: ¿Es decir, que si por cuenta de García está preso el director del DAS, por cuenta de lo que dice Mancuso, deberían estar presos los que acusó?

JFLr: O al réves, deberían estar libres un montón de personas por las declaraciones de un testigo infame. Mire el caso de la Drummond. ¿usted cree


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que el Presidente de la Drummond es capaz de ir con dos maletines de dinero a pagarle a un sicario para que asesine a unos sindicalistas? A nadie que lo conoz-ca como lo conozco yo, se le ocurriría eso. Pues el directivo tiene un proceso penal por la declaración de García. Por eso, uno se pregunta a dónde vamos con todo esto.

Poder: ¿Cree, como otros dicen, que eso es un problema entre cachacos y costeños? JFLr: Esto no es un problema entre cachacos y costeños. Lo que creo es

que hay un relativismo moral. Por esa vía, en lugar de estar construyendo escena-rios propositivos, estamos cayendo en una celada que eventualmente nos llevará a quedarnos con el pecado y sin el género.

Poder: ¿No cree que el tema de los generales es terrible? ¿Qué estará pensando el mundo hoy con las filtraciones y preguntándose por qué sacaron a varios generales si no fueron los que dieron la orden?

JFLr: Si un sargento o coronel oyeron lo que no debían, investíguenlos y métanlos presos, pero no acaben con una cúpula de la Policía y con gente que tie-ne trayectoria de 30 años, sin ningún juicio. Además, los medios le han hecho un flaco servicio al proceso; está bien que investiguen y pongan en el asador toda la carne, pero ha sido tal el clima que ha generado que siento que para los fiscales o jueces competentes el margen de maniobra es muy poco. Ya les toca condenar.

Poder: Pero es que estamos hablando de muchas masacres, de miles de asesinatos.JFLr: Los señores que están en Itagüi y los 30.000 se fueron a la guerra. No

hay guerra limpia. Por ello, el Estado hizo una ley excepcional, que es la de justicia y Paz, que previa una confesión, contempla una pena alternativa que en lugar de aplicarles 40 años les aplica ocho a unos señores que son criminales. Pero otra cosa es que el ganadero o al político que firmó el Acuerdo de Ralito para “refundar la patria” termine preso con 20 años de cárcel. ¿A quién ha matado Mauricio Pimien-to? Me acuerdo cuando salió de la Gobernación del Cesar; en esa época, cuando estaba en la Contraloría, me tocaba viajar a Washington, donde él vivía y le regalaba uS$200. En esos años terminó viviendo con Florina Lemaitre en un cuartito, y ahora lo van a juzgar como si fuera un asesino. Eso es consecuencia de que judicia-lizaron un proceso político y vamos a terminar condenando a todo el mundo.

Poder: ¿No cree que falta una mea culpa de toda la sociedad por haber dejado crecer este monstruo?

JFLr: Claro que sí, falta esa mea culpa. Eso es lo que el país debería estar buscando. Que haya una mea culpa general. Esto puede terminar en algo ines-perado. No sé cuál va a ser el valor probatorio que le den a las declaraciones de estos personajes ni tampoco sé lo que estos personajes vayan a decir. Si con unos


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pocos días de las declaraciones de Mancuso, el país tiene suficiente para estar con los pelos de punta, cómo será con las otras que se avecinan.

Poder: Entonces, ¿qué hay que hacer?JFLr: Los que tenemos responsabilidades públicas debemos decir un poco

lo que estoy diciendo, y no lo estamos haciendo. ¿Qué está diciendo, por ejemplo el presidente de la ANDI? una vez en el Consejo Gremial le pregunté qué pasaría el día que haya una empresa vinculada con el tema paramilitar y él me dijo: “Aquí tomamos la decisión de suspenderla automáticamente de la ANDI”. Eso se lo voy a cobrar, porque dígame quién podría llegar a las zonas rurales sin pagar a la guerrilla o a los paramilitares. Así de sencillo. Yo conozco el proceso como el que más, porque llegué al Cesar en 1978, fui diputado y estuve allí hasta 1985, pero luego me vine para Bogotá porque eso se volvió insostenible por la guerrilla. En 1990, en Codazzi asesinaban a la orden del día.

Entrevista publicada en la revista Poder el 26 de mayo de 2006.


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“El ganadero no puede ser identificado automáticamente como rico, terrateniente y paramilitar”

En lugar de buscar esta catarsis de la sociedad, me parecería terrible que el sector ganadero terminara cuestionado en primer plano.

María Isabel rueda: Usted, muy valientemente, como Presidente de su gremio, se anticipó a aceptar hace como un año que los ganaderos patrocinaron el paramilitarismo. ¿Teme ahora que la justicia extienda la mano hasta esos patrocinadores?

José Félix Lafaurie: Sí, por una razón: en este proceso ha habido altas do-sis de irracionalidad. Y en vez de buscar que esta catarsis de la sociedad genere nuevos elementos de paz, me parecería terrible que a estas alturas del partido, el sector ganadero termine siendo cuestionado en primera plana. Fedegán agrupa a 500.000 ganaderos. Muchos se vinieron para Bogotá, pero otros muchos se que-daron y empuñaron un arma, como Mancuso y ‘Jorge 40’, que vienen de familias ganaderas. Pero, definitivamente, el ganadero no puede ser identificado automá-ticamente como rico, terrateniente y paramilitar.

MIr.: Pero, desde luego, existen entre los ganaderos esas tres categorías…JFLr: Admito que hay de todo. Pero también hay ganaderos con 50 ani-

malitos que no tienen cómo mandar al muchacho al colegio ni atender los gastos médicos: son unidades familiares que no tienen un mínimo de bienestar.

MIr: ¿Cree entonces, como Presidente de su gremio, que la justicia no debe alargar la mano hacia los ganaderos que facilitaron el fenómeno paramilitar?

JFLr: Siento que no. No obstante, que respetaré las decisiones que tome la justicia.

MIr: ¿Por qué cree que no?JFLr: Por varias razones. La primera, acuérdese de que en el Gobierno de

Gaviria se terminó legalizando la conformación de las Convivir, absolutamente desprovistas de la criminalidad que después llegó. En el año 1997, la Corte elimi-na la posibilidad del uso de las armas privativas de la fuerza pública, pero les da pleno respaldo jurídico. Venir hoy a decirle a un ganadero que en su momento se protegió con ellas cuando eran legales, que ahora es un delincuente, es ignorar las circunstancias de tiempo, de modo y de lugar de ese entonces.


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MIr: ¿Entonces su gremio también apoyará la iniciativa de excarcelar a los para-políticos?

JFLr: Hay ganaderos y políticos de toda laya que tendrán que responder individualmente por sus responsabilidades penales si han cometido actos crimi-nales. Pero, por estado de necesidad, el artículo 32 del Código Penal establece, según la Ley 599 de 2000, las causales que aminoran la responsabilidad. Como causales de exculpación figuran obrar bajo insuperable coacción ajena, o impul-sado por miedo insuperable o por error invencible de la ilicitud de su conducta… No hay que hacer una nueva ley para aplicar este artículo. No se puede condenar a diestra y siniestra cuando todavía la justicia no se ha pronunciado, y eso se está haciendo.

MIr: ¿Luego considera que el gremio de los ganaderos ha sido condenado a priori?

JFLr: Desde luego. Mi única vinculación con el gremio es tener unas fincas abandonadas en Cesar, y ahora estar presidiéndolo. Pero estamos atrapados en un clima de opinión. Si usted es un ganadero de Paz de Ariporo, por ejemplo, y ve que el Estado fue reemplazado por un grupo armado que a través de la fuerza impone unos condicionamientos como antes los imponía la guerrilla, ¿qué hace?

MIr: No estamos hablando solamente del pobre campesinado ignorante, sino de gente privilegiada y educada, habitante de las capitales de departamento, como ‘Jorge 40’…

JFLr: Esos dieron un paso y se metieron en la guerra. Pero también quisiera desmitificar lo de ricos y terratenientes. ¿Sabe cuántas fincas, por censo, tienen en Co-lombia más de mil animales? 1.562 fincas. Es una comunidad de ‘riquitos’ de mentiras. Mil animales valen hoy $1.000, un apartamento en el norte de Bogotá.

MIr: ¿Cree que la Ley de justicia y paz va a lograr desmovilizar el paramilita-rismo en todo el territorio?

JFLr: No va a terminar funcionando tan bien como quisiéramos muchos colombianos. La Ley de Justicia y Paz tiene hasta un buen nombre. Hay justicia en un marco transaccional, en el que finalmente a la persona la condenan, pero le rebajan la pena. Pero alrededor de esta ley hay demasiada actitud revanchista. Detrás de la verdad no estamos encontrando un instrumento de reconciliación y de paz, sino una nueva oportunidad para fracturar más la sociedad.

MIr: ¿Fracturar significa sancionar a quienes desde la sociedad patrocinaron esta forma de violencia?

JFLr: Hay 2.700 cabecillas que están siendo procesados y 30.000 elementos que formaban parte de sus ejércitos y que están tratando de reinsertarse: eso va


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mal. Se pueden convertir en agentes gestores de una nueva criminalidad, porque finalmente son mercenarios. Muchos salieron de la guerrilla para engrosar las au-todefensas. Lo que hay que entender es el fenómeno de la base. Ayer delinquían con unos, mañana delinquirán con otros, y se reciclará la historia. La Ley de justicia y paz, tal y como está planteada, incluso enriquecida por el pronuncia-miento de la Corte y aceptada finalmente por la comunidad internacional, se ha tropezado con la sociedad colombiana, que ha sido incapaz de construir un con-senso para encontrarle salidas al conflicto. Y en lugar de considerarla una buena oportunidad de penalización para personas que han delinquido, está generando nuevos escenarios para que otros actores terminen allá purgando unas penas que no consultan el principio de proporcionalidad. Dicho de otra manera, cada uno de los cabecillas de las autodefensas va a llegar a contar su propia verdad. ¿Cuánta gente va a terminar incriminada por ellos?

MIr: ¿Pero no se trata acaso de que cuenten la verdad? ¿Por qué les da tanto miedo de que lo hagan?

JFLr: Ese incriminado puede terminar con 14 años de pena porque pagó un dinero, y eso definitivamente no tiene proporcionalidad.

MIr: Pues eso es lo que va a pasar… JFL: Claro, si no se atiende el artículo 32 del Código Penal, que contempla

la posibilidad de una coacción sobre una persona que supera su capacidad de resistirse.

MIr: Causal muy fácil de alegar… JFLr: No creo que quienes se quedaron allí, en sus fincas, en medio de ese

clima de coacción, hayan podido sustraerse del tema. Hay familias con las que arrasaron, como la de Lucho Vives. ¿Qué pensará la señora Rosita Lacouture de Vives, cuyo hijo mayor fue asesinado después de dos intentos de secuestro de las FARC; otro hijo que después de 18 meses de secuestro del ELN terminó asesi-nado en unos hechos confusos; y un tercero, Lucho Vives, un hombre manso, actualmente preso por paramilitarismo, a quien le tocó heredar un feudo político porque a sus hermanos se los mataron?

MIr: ¿Cuál es el desequilibrio que usted encuentra, y de pronto la Corte Suprema no, entre quienes cometían los actos de barbarie y quienes los patrocinaban?

JFLr: Aquí ha habido una tabla rasa demasiado rigurosa. En la política hay todo tipo de protagonistas. No voy a mencionar nombres, pero no veo a varios involucrados en una actividad criminal. Muchos de ellos llevan 30 años obrando correctamente y construyendo un nombre y un prestigio y de pronto pasa un para-militar de esos y dice: ese señor es un tal por cual. Y queda liquidado moralmente.


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MIr: ¿No es acaso labor de la justicia hacer esa valoración?JFLr: Desde luego. Aspiro a que lo haga y que no asuma por razones de

carácter político, en lugar de jurídico, la interpretación de la verdad.MIr: Conclusión: El esfuerzo del Presidente por tratar de generar nuevos escena-

rios de negociación y de paz, incluida la liberación de guerrilleros, les parece conducente a los ganaderos?

JFLr: Si esta ley se hizo para estos tipos, los de las autodefensas, algún día se tendrá que hacer una semejante para las FARC. Y lo voy a decir con toda la perversidad del caso. Nuestros victimarios de ayer, la guerrilla, hoy son las vícti-mas y nos sindican de ser sus victimarios. ¿Qué va a pasar dentro de unos años, cuando el país tenga que sentarse otra vez a negociar con las FARC, y todos los elementos de este debate se devuelvan? Por ejemplo, los victimarios de hoy van a ser las víctimas del mañana. ¿La sociedad es consciente de ello?

MIr: Me queda la duda del tema de la verdad en el proceso actual. ¿Por qué le temen tanto los ganaderos?

JFLr: Me preocupan mucho las confesiones de estos caballeros. La con-fesión tiene que ser integral y no se puede coger este pedazo de Mancuso sí, y este no. ¿Qué podrán decir los otros 56 cabecillas procesados? Por esa vía la sociedad colombiana puede estar en una celada muy complicada. Si la verdad fuera la de la reconciliación, como en África, sería mucho más fácil. Pero la ver-dad aquí busca la imposición de una pena y, obviamente, resarcimiento, que si no es por parte del victimario, lo será por parte del Estado. Todo el mundo va a estar interesado en contar una verdad interesada, o para no resarcir lo debido, o para que le resarzan más de lo que es justo. Por esa vía, imagínese el lío en el que nos estamos metiendo con esta ley. Hoy es contra los paramilitares. Mañana será contra las FARC. Hoy somos victimarios, y mañana seremos las víctimas.

Entrevista publicada en la revista Semana, edición 1.310 ( junio 11 a 18 de 2007)


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Intervención en la Asamblea Anual de Asocebú

Bogotá D. C., 24 de marzo de 2006

Irrumpo en esta Asamblea Anual de Asocebú, gracias a la amable invitación de dos amigos, Mauricio Moreno, presidente de la Junta Directiva, y Juan Santiago Vélez, director ejecutivo de la Asociación. A ellos, y a todos los afiliados, quiero expresarles el saludo fraterno de los ganaderos de Colombia congregados en Fe-degán y, también, mi gratitud inmensa por permitirme este espacio de reflexión para referirme a tres temas muy concretos: el primero que tiene que ver con la añoranza; el segundo que parte de allí para anclarse en este presente lleno de retos y expectativas; y el tercero –el más importante– que tiene que ver con el futuro de los ganaderos cebuístas y de todos los ganaderos de Colombia.

Aferrado a la añoranza, quiero reiterar ante ustedes los sentimientos que la distancia no me permitió expresar personalmente durante las honras fúnebres de Luis Samuel Martínez y no encuentro mejor manera que repitiendo algunas de las palabras que atiné a escribir para la ocasión.

El sueño de Luis Samuel era la ganadería y trabajó en él hasta el último momento de su vida, porque no era de los que se quedaba soñando. Nadie más que él, que ya le había ganado a la muerte una difícil batalla, sabía que la vida es un regalo de Dios que no podemos desperdiciar; sabía, no de tener sueños sino de construirlos; sabía del valor del tiempo y de este inapreciable presente; y por ello sabía mucho..., muchísimo, de amistad, de lealtad, de afecto, de amor por las personas y de pasión por sus propios ensueños. Yo, que tuve el privilegio de conocerlo hasta hace poco tiempo, tuve de él las lecciones más maravillosas de generosidad sin límite.

Lo recordaremos como el dirigente gremial participativo, conciliador por esencia y, sobre todo, desinteresado y ajeno a cualquier vocación de poder. Lo recordaremos como abanderado de nuestra ganadería más allá de nuestras fron-teras, y lo recordaremos, por supuesto, como el ganadero por antonomasia, pega-do a esas tradiciones que nos enaltecen, pero con capacidad y visión de cambio como pocos.


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La modernización de la ganadería no era para Luis Samuel una propuesta interesante que tuve la oportunidad de formular a nombre del gremio, era su pan de cada día. La genética fue su última pasión, y a fe mía que se había convertido en una verdadera autoridad en la materia.

Sin duda, Luis Samuel había sobrepasado la vocación ganadera que mu-chos tenemos, y la pasión ganadera que todos deberíamos tener; Luis Samuel se había convertido en un hombre verdaderamente ‘docto’ en ganadería. Y así lo recordaremos.

una vez más, Luis Samuel: Paz en tu tumba.Mi segundo tema es un breve pero efusivo reconocimiento a la Asociación,

a su trayectoria de 60 años al servicio de la ganadería colombiana y del país, que se resuelve en una organización ejemplar. Asocebú 2006 es una entidad gremial consolidada, boyante, líder en desarrollo genético, en mejoramiento tecnológico de la producción, en desarrollo empresarial de sus afiliados y en programas de impacto social.

Sin duda, ésta es la institucionalidad gremial que requiere la ganadería co-lombiana y que pregonamos desde Fedegán. Organizaciones gremiales del perfil y la pujanza de Asocebú, con los pies bien puestos en el presente pero la mirada en el futuro por construir, son las que nos permitirán anclarnos con fuerza a nuestro mercado interno y, desde ahí, lanzarnos con posibilidades a enfrentar el mercado internacional, con el de los Estados unidos como primera escala.

Es inevitable entonces, caer en el tema del TLC; un tema cargado de futuro, pero de futuro de corto plazo y de acciones urgentes para poder alcanzarlo. Y la pregunta de moda es: ¿cómo nos fue a los ganaderos?, aunque responderla no es precisamente el objetivo de esta reflexión. Los resultados nos importan, mas no ya frente a las aspiraciones, sino como punto de partida y como señal de la distancia que nos separa del verdadero resultado del TLC para la ganadería, que no es otro que el acceso real en el menor tiempo posible. Esa debe ser nuestra obsesión y nuestra meta.

Se dice que hubo ganadores y perdedores. Los ganaderos no queremos ma-tricularnos como unos u otros. Siempre buscamos ser ‘ofensivos’ frente al Tratado y muchos nos consideran ‘ganadores’. Pero no importa como nos vean o como nos veamos. Nuestra condición ofensiva o defensiva ya no depende de lo con-signado en los textos de la negociación. Lo que ganemos o perdamos depende solamente de lo que hagamos hacia delante, tanto nosotros como el Gobierno nacional. Depende de nuestra capacidad para aprovechar las oportunidades del Tratado –que las hay muchas– y de superar los obstáculos –que no los hay me-


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nos– que no pudieron ser removidos en el proceso de negociación. En últimas, depende de nuestra capacidad para competir..., y ya arrancó la carrera.

Ese es el mensaje que quiero transmitirle a los ganaderos colombianos y al país. Y aunque suene simplista, la respuesta a la pregunta inicial no es otra que: “Nos fue como nos fue”, y ahora, a partir de esa línea de largada, a construir com-petitividad a toda marcha. Lo demás son inútiles ‘patadas de ahogado’ y bizanti-nos juicios, que tienen el único y perverso efecto de distraernos para la acción. Y no hay tiempo para distracciones.

El tiempo se torna en recurso crítico, pues lo concreto ahora son las muchas y urgentes tareas de la agenda interna. Los ministros competentes deberán pegar las suyas en un corcho bien grande en las paredes de sus oficinas, para ponerles tiempos y hacerles seguimiento día a día. Mi compromiso con la ganadería es convertirme en veedor celoso de ese proceso; como es también mi compromiso sacar adelante las que le corresponden al gremio.

En eso estamos, pero nuestra experiencia muy próxima nos llena de temo-res, porque la reconversión no es un proceso que se produzca como por ensalmo, de un día para otro. De eso sabemos los ganaderos, que le venimos apuntando al mercado de los Estados unidos desde hace algo más de una década, cuando para los colombianos TLC no eran sino tres letras sin sentido.

Solamente, en la erradicación de la fiebre aftosa, prevista para siete años y en la que hemos invertido enormes esfuerzos y recursos, nos gastaremos 10 años hasta 2007. La razón próxima ha sido algunos focos aislados en diferentes mo-mentos, el último de ellos en el corazón de Bogotá, al lado del principal labora-torio de referencia del país, el de la universidad Nacional. Pero la razón de fondo es la debilidad de nuestras normas y la falta de voluntad política y de instituciones fuertes para hacer cumplir las primeras. Hoy, después de reiteradas denuncias y de promesas de solución ante los medios, aún pastan las vacas al lado del mayor laboratorio productor de vacuna del país. ¡Eso es lo que no debe suceder!

Hemos invertido muchos años y recursos de los ganaderos en inducir la reconversión del sistema de sacrificio y procesamiento de carnes del país. ¿Y qué hemos recibido a cambio? Además de la gratitud de las grandes cadenas, a las cuales les abrimos –gratis– el camino hacia un excelente mercado, nuestras mo-dernas empresas deben enfrentar la competencia desleal de cientos de ‘mataderos de garaje’ que funcionan a cero costo pero con grandes réditos de corrupción y politiquería. Las nuestras, por el contrario, como no se hicieron ‘con tres pesos’ son duramente golpeadas por la renta presuntiva y, en ocasiones, son perseguidas por las autoridades sanitarias y ambientales porque ‘les falta un tornillo’, mientras


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a su lado se degrada la naturaleza y se atenta impunemente contra la salud de los colombianos. Ni qué decir del consumo masivo de leche ‘peligrosamente fresca’ a todo lo largo y ancho del territorio nacional. ¡Eso es lo que no debe suceder!

Sin posar de defensores a ultranza del libre comercio –que no lo somos–, estos son apenas dos ejemplos de cómo los riesgos del TLC no están tanto en la presunta mezquindad del Tío Sam, plasmada en los textos finales de la negocia-ción; sino más bien dentro de nuestras fronteras. Están, en principio, en la prover-bial falta de consecuencia entre el discurso sobre el valor estratégico del campo para la paz y el desarrollo, y la pasmosa apatía para orientar recursos públicos y privados para reconvertir y reorientar la producción agropecuaria. Pero los ries-gos del TLC también están en la falta de voluntad política para hacer cumplir las leyes, y en la crónica debilidad institucional del sector agropecuario.

Y por supuesto, los riesgos del TLC están en nuestra propia capacidad, como ganaderos, para ser más productivos en finca, es decir, para producir más y a menor costo, para poder vender también mucho más pero a menor precio, y así ser más competitivos. Y no lo vamos a lograr mientras nos siga preocupando solamente si el precio del ganado y de la leche suben, sin mirarnos el ombligo para revisar por dentro nuestra estructura de costos y nuestras ineficiencias. Hay que cambiar el concepto. Ojalá baje el precio, mientras vendamos 10, 20 ó 50 veces más, con un margen que nos garantice los ingresos.

En este proceso me comprometo personalmente, y comprometo el empe-ño de Fedegán para acompañar a los ganaderos colombianos en tan necesaria transformación.

La infraestructura de la Federación, sus propios recursos y los recursos pa-rafiscales, serán las palancas para el cambio, particularmente a través de los Cen-tros de Servicios Tecnológicos teCnig@n y de los demás programas del Fondo Nacional del Ganado. No cejaremos en el esfuerzo para generar condiciones y brindar apoyos, pero el cambio –no dejaré de insistir en ello– es una decisión individual de cada uno de los ganaderos del país.

Estamos frente a la posibilidad de acceder al mayor mercado del mundo. Tenemos los recursos naturales con qué hacerlo, y también enormes ventajas comparativas. Tenemos praderas naturales durante todo el año y además las te-nemos muy cerca de nuestro mercado objetivo. Tenemos una ganadería madura, fortalecida gremialmente, con trayectoria, y hoy ávida del cambio tecnológico y de la modernización de sus estructuras productivas. Nos falta consolidar este proceso, plasmado ya en el Plan estratégico de la ganadería colombiana 2019, e ins-trumentar en el corto plazo algunos factores de acceso, como la trazabilidad y la


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inocuidad, que no son precisamente exigencias derivadas del TLC, sino requisitos preexistentes y necesarios.

Tenemos el cada vez más amplio mercado hispano que se relame con los gorditos perimetrales de nuestros cortes cebuinos, que además dejan la opción de no consumirlos a quien prefiere la carne magra. Pero aunque creciente en núme-ro, este mercado no tiene la capacidad adquisitiva del –ese sí muy rico– mercado anglosajón de los Estados unidos, concentrado principalmente en la cercana y accesible costa este del país.

Es allá donde tenemos que llegar. Y como no podemos cambiar sus hábitos de consumo, tendremos que acoplarnos a ellos a partir de nuestras fortalezas ge-néticas. No creo que sea una buena idea introducir por la fuerza nuestra punta de anca en los exclusivos restaurantes de Boston. Concentrémonos en producir los cortes que demanda el gran mercado americano y en la forma que los demanda, es decir, con la grasa incorporada del marmóreo, todo ello a través del cruce de nuestro excelente brahman con las razas adecuadas para ello.

Tenemos que explotar igualmente la condición orgánica de nuestra carne, que es cada vez más una condición de consumo para la mayoría anglosajona. Y tenemos que llegar a ese mercado con productos que se aproximen cada vez más a las grandes líneas de productos alimenticios del “american way of life”. Destape, prepare fácilmente y coma rápidamente.

Debemos imprimirle vocación exportadora a nuestra ganadería, pero nun-ca tendremos las 160 millones de reses de Brasil. Así que la estrategia es: oferta selectiva para un gran mercado, en el cual ese nicho de alto poder adquisitivo es equivalente a por lo menos el doble de la población colombiana consumiendo cortes finos de carne bovina.

ustedes, amigos cebuistas, desempeñan un papel de primera línea en estos propósitos de competitividad, y, afortunadamente, tienen todo para responder a la altura, gracias a un esfuerzo que ya apunta a seis décadas de trabajo incansable y con resultados que se muestran solos. Mi enhorabuena.

Yo soy un optimista consumado de las posibilidades de acceso real de la carne colombiana al mercado de los Estados unidos. Nos falta mucho por hacer, pero también es mucho lo que hemos avanzado. Quizás lo que más nos falta es tiempo. No encuentro en mi memoria la cita exacta, pero me atrevo a parafrasear una máxima napoleónica: “En la guerra, se pueden perder espacios, lo que no se puede perder... es tiempo”.

Muchas gracias.


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Intervención en la Asamblea Anual de Afiliados de Ciledco

Barranquilla, 31 de marzo de 2006

Celebro verdaderamente la invitación que a bien tuvo hacerme el doctor Ricardo Rosales Zambrano, gerente de Ciledco, para acompañarlos en la Asamblea Anual de Afiliados de esta Cooperativa que ha sido siempre de la entraña de Fedegán. La ganadería colombiana tiene mucho que agradecerle a Ricardo, además de la consolidación de esta pujante empresa solidaria, pues desde sus épocas en la polí-tica partidista y en el Congreso de la República, que bien le valieron el sobrenom-bre que hoy lo acompaña con afecto, ‘El Gallo Rosales’, estuvo en primera línea de la concepción, presentación y aguerrida defensa de la Ley 89 de 1993, que le entregó a nuestra actividad la palanca que, al igual que Arquímedes, el gremio reclamaba con insistencia para mover el hasta entonces pesado y lento mundo de la ganadería colombiana.

Fue en esas lides que ‘El Gallo’ contribuyó a preservar la integridad del Fon-do Nacional del Ganado, contra quienes pretendían escindir nuestra actividad y nuestros animales, para crear dos fondos, dos contribuciones, dos infraestructuras y, por ende, dos ineficiencias, en lugar del Fondo que se obtuvo, sólido y eficaz en sus propósitos.

Y fue en esas lides también, que se introdujo en la misma ley y como ele-mento transaccional, un tratamiento preferencial a las cooperativas de leche y a sus afiliados, frente a la obligación de recaudo y contribución de la cuota de fomento, lo cual, al margen de los cuestionamientos de inequidad que, con jus-ticia, se escuchan desde la industria privada, indiscutiblemente ha contribuido a consolidar el paquete de fomento al cooperativismo en Colombia y a introducir un elemento exógeno de competitividad –desleal aunque legal, dicen los priva-dos– para las pocas cooperativas que han hecho uso de tal preferencia.

Hay que resaltar también que, desde un comienzo, y, fiel a sus convicciones sobre la importancia estratégica del Fondo Nacional del Ganado para la ganadería colombiana, Ciledco, a instancias de Ricardo Rosales, renunció a tal tratamiento preferencial y, desde siempre, ha contribuido efectivamente con el recaudo de la cuota parafiscal por parte de sus afiliados.


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Por ello no es gratuita mi afirmación inicial. Ciledco ha sido una cooperativa de la entraña de Fedegán, y, precisamente por eso, este espacio de amigos es el ideal para compartir inquietudes y expectativas sobre el presente y el futuro de corto plazo de la industria lechera en la Costa Caribe.

Revisemos entonces las cifras grandes para saber de qué estamos hablando. A partir del sistema de doble propósito, la Costa es la principal región productora, con un volumen aproximado de 2.400 millones de litros, equivalentes al 40% de la producción nacional.

Pero también en la Costa encontramos los más altos niveles de informali-dad, que se estiman en 50% a nivel nacional y pueden sobrepasar un 60% para esta región, de sabrosa informalidad en muchas cosas, pero también de perniciosa en otras. Ello nos deja con un volumen de 1.400 millones de litros, de los cuales se exporta buena parte hacia otras regiones y la Costa procesa directamente un volumen que hoy no sobrepasa los 900 millones de litros, algo así como el 15% de la producción nacional, lo cual representa todavía un negocio bien interesante.

Pero si lo miramos con lupa para desentrañar las intimidades del negocio de la leche en la Costa, el panorama ya no es tan promisorio. Primero, tan apetitosa torta está repartida en demasiados pedazos. Ocho cooperativas y once empresas priva-das compiten por la recolección y procesamiento de estos 900 millones de litros.

Segundo, hay una multinacional invitada a esta fiesta –DPA–, y su pedazo de torta no es despreciable, del orden del 50% del total, lo que nos deja 450 mi-llones de litros anuales –algo más del 7% de la producción nacional–, un negocio todavía interesante, si no estuviera compartido por 18 empresas compitiendo.

Tercero, la competencia entre ellas, o mejor, la rapiña por recolectar y colocar en el mercado estos 450 millones de litros, ha desencadenado intermitentes gue-rras de precios, guerras verdaderamente fratricidas, guerras irresponsables –perdó-nenme la franqueza–, que han terminado entregándole a los tenderos el margen de utilidad, y hoy, este grupo, que ha sabido pescar en río revuelto, se ha convertido en una especie de sindicato renuente a perder lo alcanzado a costa de la utilidad de las empresas y, en últimas, del esfuerzo productivo de los ganaderos.

Las palabras son convincentes, pero las cifras son demoledoras. Mientras en el resto del país el tendero se queda con un porcentaje que oscila entre el 6% y el 8% del precio final, nosotros, los ganaderos de la Costa, y ustedes, los industriales de la Costa, lo estamos enriqueciendo ilícitamente –Sí!, ilícitamente– con un 20% del precio final, a lo cual se suma que también pagamos el mayor porcentaje de distribución –el 9%–, ya sea como costo interno de la empresa o como pago a un tercero por recogerle al uno y entregarle al otro.


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Con tan grandes ineficiencias en los procesos de hacer llegar el producto al consumidor final, realmente no resulta halagüeño el futuro del negocio lechero en la Costa, así lográramos que las condiciones actuales del mercado permane-cieran inamovibles, es decir, que pudiéramos encerrarnos en cien años de soledad lechera, con licencia previa para las importaciones, con arancel del 50%, con compensación para las exportaciones, con ausencia de competencia internacional en nuestro mercado, y con un incremento, así fuera vegetativo, de la demanda interna. En otras palabras, y parodiando a Huxley, si pudiéramos vivir en “El mundo feliz de la leche”.

Pero no podemos pensar con el deseo, porque, además, ese no es un futuro deseable. El futuro inmediato no pinta precisamente como ese mundo feliz, y el mercado de la leche en Colombia está acechado por grandes, muy grandes ame-nazas. Pero preferimos no ver el vaso medio vacío sino medio lleno, y pensar que, de ellas, se derivan también grandes, pero muy grandes oportunidades. Eso sí, si enfrentamos con inteligencia los cambios que se están produciendo, generando nosotros mismos, con realismo y con decisión, los cambios que se requieren con urgencia en los diferentes eslabones de la cadena.

Ya desde tiempo atrás, ese nicho del mercado de la leche en la Costa venía siendo amenazado por competencia más eficiente. La misma DPA se quedó con la mayoría y al resto le han tenido ganas grandes empresas privadas y grandes cooperativas del interior, que ustedes conocen mejor que yo, porque han tenido que enfrentarlas en la arena del mercado.

Pero se avecinan pasos de animal grande, y ya conocemos por experiencia lo duro que puede ser subsistir frente a la fortaleza de gigantes externos, pues todavía no nos hemos repuesto de la enlechada que llegó del sur en el año 2001, a pesar de haber tenido tres años de licencia previa hasta diciembre de 2004, y de la permanencia de la barrera bien sólida que representa un arancel del 50% hasta la fecha. Aún así, nuestro precio real ha decrecido 11% entre enero de 2002 y diciembre de 2005, lo cual no importaría si también hubieran decrecido nuestros costos y si estuviéramos vendiendo el doble, es decir, si fuéramos más producti-vos, pero no lo somos, y hoy, físicamente, estamos perdiendo plata.

¿Qué podrá pasar frente a la reciente suscripción del acuerdo con Mercosur y la próxima del TLC con Estados unidos? Pongámosle la cara a esa realidad.

De los países de Mercosur podrían entrar, hoy mismo, 3.607 toneladas de leche en polvo con un 40% de arancel, es decir, 10 puntos porcentuales menos que el arancel vigente. Y los optimistas –o mejor, los indolentes– podrán decir que aún es un nivel arancelario suficiente para que no suceda. Pero no se olviden


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que durante la enlechada de 2001 llegamos a tener aranceles que bordearon el 80%, y aún así la leche seguía entrando por cuenta de factores económicos que no están bajo nuestro control, como las macrodevaluaciones en los países del Cono Sur durante la crisis generalizada de la región.

En 2018, también desde el sur, podrán entrar 5.453 toneladas con cero aran-cel, es decir, entrarán seguramente, si no mejoramos nuestros factores de com-petitividad, al margen de los contingentes extracuota que podrían entrar con una protección de franja de precios, si para ese entonces ese instrumento, tan preciado para nosotros, ha logrado resistir los embates de la OMC. Los mismos indolentes dirán que aún falta mucho tiempo, pero para la leche a ritmo gaucho, si 20 años no es nada –como dice el tango–, 12 pueden ser apenas un minuto, frente a las tareas que tenemos para poner a tono nuestro sector en todos sus eslabones.

Y si desde el sur puede llover, no es probable que desde el norte escampe. En un escenario realista, teniendo en cuenta todos los contratiempos posibles, el TLC estará firmado y su rueda echará a andar a partir del segundo semestre de 2007. Es decir, ¡ya!

Lo importante es que, frente a los resultados de la negociación, ya no es del caso enfrascarnos en discusión de si hubieran podido ser otros, de si el Gobierno hizo o no hizo, de si nuestros negociadores fueron o no fueron blandos, o de si los norteamericanos fueron o no águilas voraces e intransigentes en la negociación.

Lo que fue, fue. Y esas son las reglas de juego con las que debemos luchar a muerte en este reality, por no dejarnos arrebatar nuestro mercado como primer reto, y por llegar progresiva –pero no muy lentamente– al mercado de los Estados unidos.

¿Y qué puede hacer Estados unidos en el corto plazo?Desde el primer día, con cero arancel, no sólo podría dar continuidad a sus

históricos de exportación de lactosueros, que hoy representan el 40% del total de nuestras importaciones, sino que también podría desplazar y rebasar a nuestros proveedores del resto de mundo, todo ello si el Gobierno no toma cartas en el asunto, más allá de la expedición del Decreto 616 de 2006; porque normas tenemos muchas, pero muy pocas instancias de seguimiento, de control y de sanción.

Las cifras son crudas. Si la demanda industrial para fines lícitos se estima en 2.000 toneladas, eso quiere decir que, ahora mismo, frente a importaciones for-males cercanas a las 9.000 toneladas, la apenas “bobadita” de 7.000 toneladas han pasado por las narices de las autoridades, desviándose por tuberías clandestinas para ser mezcladas y engañar así al consumidor colombiano, que paga a precio de


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leche, vaya uno a saber qué variedad de mezclas y de verdaderas porquerías, en lo que se configura como un gigantesco delito de estafa, como un gran perjuicio para los productores ganaderos, y como un potencial atentado contra la salud pública.

Pero además de los lactosueros, con la tasa de cambio actual y con las aún voluminosas ayudas internas, Estados unidos estaría en capacidad de hacer uso de nuestras ofertas de leche en polvo –de hasta 5.000 toneladas iniciales–, aún eliminando los subsidios a la exportación, que fueron entregados por Estados unidos, sin que ello implique una gran muestra de generosidad, pues, primero, no es allí donde hoy se concentra el fuerte de su esquema exportador; y, segundo, elimina para nosotros la posibilidad de utilizar el instrumento actual de compen-saciones a través del Fondo de Estabilización de Precios (FEP), desventaja que además se amplía hacia las demás partes del Tratado.

La actual situación de precios refleja de alguna manera la amenaza que pende sobre la cadena. En el mes de febrero de 2006, una tonelada de leche en polvo descremada se transaba en la Bolsa Nacional Agropecuaria en poco más de $7.500.000, es decir, uS$3.279. A la misma fecha, la misma tonelada en puerto colombiano proveniente de los Estados unidos llegaría a un precio de uS$2.102, lo cual deja al descubierto una brecha nada fácil de cerrar, del orden del 35%. Si bien es cierto que la revaluación del peso ha contribuido a ampliar bastante esta brecha, pues hasta hace apenas dos o tres años éramos ampliamente competiti-vos en precio, no podemos dejar en manos de la evolución de la tasa de cambio el futuro del sector lácteo. Por tanto, es indiscutible que debemos retornar a un nivel competitivo de precios, pero a partir de mejoras importantes en la eficiencia productiva en todos los eslabones de la cadena.

El escenario se completa con la renuncia de las dos partes a la aplicación de salvaguardias para el comercio recíproco. una vez más las desventajas para ellos son de papel y para nosotros de roca dura, pues no es siquiera previsible que nuestro flujo de exportaciones hacia Estados unidos, en el marco de su volumen total de importaciones, sea algún día significante como para justificar la eventual aplicación de una salvaguarda. Por el contrario, si se dispara abruptamente el flujo de importaciones de leche y lactosueros provenientes de los Estados unidos –lo cual es más probable– nos habremos quedado sin protección alguna.

Así pues, desde el sur o desde el norte, la cosa no está fácil si no nos pre-paramos. A nivel del eslabón primario haremos todo lo necesario para elevar los indicadores de productividad y para dejar de pensar tanto en el precio de la leche como único referente. Por el contrario, la meta es bajar los precios a los niveles


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internacionales de los grandes competidores, pero bajar también los costos y pro-ducir dos o tres veces más.

A nivel del sector industrial los retos no son menores. Modernización tec-nológica, diversificación de productos, agregación de valor, menores costos y, si se quiere, también menores márgenes, pero con mayores escalas de producción.

Menores costos y mayores escalas de producción son los pasaportes para entrar a las ligas mayores del sector lechero nacional, y para asomarnos siquiera a los mercados internacionales con alguna consistencia, llegando a los nichos de mercado y con los productos que nos ofrecen mayores oportunidades.

Creo que nunca podremos exportar leche en polvo a los Estados unidos, o que hacerlo resulte ser un buen negocio. De hecho, un análisis pormenorizado de las cifras de comercio de los Estados unidos revela significativas oportunidades en productos como quesos y mantequillas, y serias amenazas en leches en polvo y lactosueros. En promedio, el déficit comercial de Estados unidos –séptimo im-portador más grande del mundo en lácteos– bordea, en quesos los uS$700 millo-nes, y en mantequillas los uS$72 millones. Sin descartar otros nichos interesantes de mercado, como los de arequipes y avenas, es ahí donde se deben focalizar los esfuerzos de la industria para capitalizar las bondades del TLC.

Para neutralizar amenazas y potenciar oportunidades, tenemos entonces que mirarnos un poco el ombligo, como he empezado a decir por todo el país, y como quiero decírselo a ustedes, amigos de Ciledco. Sin modestias, pero sobre todo, sin falsas e inútiles arrogancias, tenemos que desnudar nuestras debilidades y hacer va-ler nuestras fortalezas, para acometer las acciones que sean necesarias, con mucho coraje pero con más prontitud, porque lo que menos tenemos es tiempo.

Tenemos que ser realistas. Sin menospreciar meritorias tradiciones ni esfuer-zos encomiables, no podemos ser sino realistas, para evitar que, precisamente, esa realidad que no quisimos ver nos termine aplastando.

La economía solidaria está cimentada en la fortaleza que surge de la unión, claramente expresada en el simbolismo de los árboles que, sólo unidos, pueden formar un bosque. Pero frente a los nuevos retos y amenazas, sobre los cuales me tomé la libertad de ahondar en su consideración, la unión de un grupo más o me-nos grande de productores alrededor de su empresa, puede terminar resultando tremendamente precaria.

una unidad de producción de 30.000 litros diarios hoy resiste con demasia-das dificultades, pero no lo hará dentro de dos años. Y esta vez sí va en serio. una unidad de 50.000 litros, es decir, de 18 millones de litros al año, es apenas el 4% del mercado formal de la Costa y no aparece en las estadísticas nacionales. una


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unidad de 100.000 litros es apenas un podercito parroquial, pero puede tener sus días contados frente al embate de los grandes a nivel nacional y, sobre todo, de los grandes a nivel internacional, que se puede dar en el corto lapso de una década.

Así las cosas, la única alternativa seria y responsable frente a un futuro poco menos que azaroso, es la unión que genera fortaleza, como en el símbolo coope-rativo; es asumir la convicción de que, en este caso, la suma de las partes es más, pero mucho más que el todo. Ya lo estamos experimentando con la creación de Frigoríficos Ganaderos de Colombia S. A., empresa en la cual, en una primera fase, cuatro esfuerzos regionales y aislados, se han convertido hoy en la mayor empresa de sacrificio de ganado del país, con expectativas serias de alcanzar, en el mediano plazo, el 30% de la capacidad nacional de sacrificio.

Para mi juicio y para mi gusto, la fusión de las cooperativas seguiría siendo la opción ideal, pero las primeras aproximaciones al tema produjeron más desen-cuentros de los esperados, porque nadie quiere ceder un ápice en sus posiciones, nadie quiere entregar ni abandonar nada, cuando la capacidad de abandono es, según los gurús de la administración, una de las principales fortalezas de las gran-des empresas del mundo.

Estamos pensando entonces en una comercializadora que, si bien no ataca la problemática de manera integral, sí elimina grandes distorsiones y costos en la etapa de distribución, y, lo más importante, permite adquirir poder de negocia-ción frente al hoy “crecidito” gremio de los tenderos. Ahí ya vamos ganando algo, si logramos, cuando menos, que los pájaros dejen de tirarle a las escopetas.

Pero aún en este escenario, habrá que llegar a acuerdos y habrá que hacer concesiones y asumir abandonos, si no queremos enfrentarnos a un remedio peor que la enfermedad. La especialización de unas empresas en algunos productos específicos, la agregación de valor, la racionalización de productos, marcas y pre-sentaciones, sin renunciar, en este caso, a la identidad corporativa, serán una ver-dadera prueba de fuego para nuestro realismo o para nuestra insensatez.

A eso los invito: a la sensatez. A dejar de lado intereses, que no por legítimos dejan de ser mezquinos frente a la dimensión de los retos y la proximidad de las amenazas. La capacidad de convertir amenazas en oportunidades es la fortaleza del hombre sabio, y esto no es ningún proverbio chino; es la tarea que tenemos por delante si queremos preservar esta tradición y este esfuerzo que nos enorgu-llece, si queremos vernos las caras en la Asamblea de Afiliados de Ciledco en el año 2016, si queremos existir para entonces como ganaderos colombianos.

No es de buenas maneras llegar a casa de los amigos con malas noticias ni con presagios apocalípticos. Y la verdad que no es esa mi intención. Mi intención,


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por el contrario, es hacer conciencia a tiempo, para tomar decisiones a tiempo y convertirlas en acciones.

Confío de sobra en la capacidad y el empuje de los ganaderos de la Costa –de todos los ganaderos de la Costa– para superar sus dificultades y alcanzar sus propósitos. Por ello tomo en arriendo la hospitalidad de esta casa, para invitar también a Coolechera, a Codegán, a todas las cooperativas de la Costa, y a las empresas privadas de todos los tamaños, a que se sumen a esta idea visionaria pero perfectamente posible.

Los invito a pensar en grande. Los invito a consolidar una producción dia-ria de un millón de litros, para marcar verdaderamente territorios en el mercado nacional. Los invito a jugar de igual a igual y a morderle tajada a la DPA en la región. Y los invito, por supuesto, a ir por esos 1.400 millones de litros que hoy se diluyen sin mayor beneficio social en la informalidad costeña.

Esa es mi invitación en este encuentro anual de afiliados de Ciledco. Gane-mos esta batalla por la grandeza de la ganadería y de la industria de procesamien-to de lácteos en la Costa Caribe. Ya hemos logrado triunfar sobre la naturaleza y la violencia. Confío en que hallaremos el camino de la unidad para triunfar igualmente frente a los retos apremiantes que se nos imponen.

Porque, sencillamente, somos ganaderos ganadores.Reciban el abrazo de un amigo.

Muchas gracias.


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Intervención en el acto de conmemoración de los cincuenta años de creación del Fondo Ganadero de Córdoba

Montería, 2 de junio de 2006

Qué grato estar hoy, en esta hermosa tierra cordobesa, coincidir con tan notables personajes, para honrar la memoria de quienes hicieron posible sacar adelante, esta empresa, tan ligada al desarrollo económico y social del departamento.

Cuando acepté, sin dudar, la cordial invitación del doctor Jesús María Ló-pez Gómez, presidente de la Junta Directiva del Fondo Ganadero de Córdoba, y de su gerente, doctor Benito Osorio Villadiego, para dirigirme a ustedes en la celebración de los 50 años de vida de esta importante empresa de desarro-llo y promoción ganadera, fue realmente fácil dejarme llevar por dos grandes motivaciones que espero, den fondo, al mensaje que quiero dejarles en esta ocasión.

Pero antes, permítanme algunas pocas digresiones en torno de aquellos, cuya memoria, tutela el ya largo recorrido de esta institución.

La historia de los pueblos está escrita con letras de esfuerzo, de tenacidad, de convicciones irrenunciables, de grandes empeños, acompañadas de la visión de Hombres Sustantivos, sin los cuales su transcurrir sería lánguido y yerta de rea-lizaciones. Es sin duda, el impulso creativo, el entusiasmo, la pasión y la entrega de aquellos que, sin timidez, se atreven a dar un paso trascendente, como se logra tallar la imagen de lo que somos.

Miguel García Sánchez, ilustre varón de esta comarca, es uno de ellos. Y quizás de los mejores, porque supo anticiparse a su tiempo y con verdadera voca-ción de servicio, así como participó en la creación del departamento de Córdoba, años después, ya como su gobernador, promovió, creó y ayudó a consolidar el Fondo Ganadero que lleva honroso el nombre de su departamento: Córdoba.

Para él, así como para otros muchos, cientos de anónimos protagonistas que como funcionarios, o como accionistas o como beneficiarios de fondo, ayudaron a escribir estas paginas de la historia, van mis felicitaciones y mi más encarecida solicitud para que no cejen en su empeño de mantener erguido el Fondo como distintivo de la ganadería cordobesa.


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Pero les decía que cuando acepté venir, dos motivaciones inmediatamente asaltaron mi mente. La primera, está afincada en las obligaciones que se despren-den de mi condición de Presidente de Fedegán y en mi convicción –u obsesión, si se quiere– sobre la necesidad y la urgencia de modernizar la ganadería, hasta llevarla a los niveles de competitividad que exige la exposición de nuestras econo-mías a mercados cada vez más globalizados. Y Córdoba, sí que es el lugar adecua-do para insistir en mi tesis, por ser el departamento más ganadero de Colombia, la tierra que vio nacer a Rosendo Garcés Cabrales, a Francisco Vega Tordecillas, a Jerónimo Berrocal, a Esteban de Vargas, a Ángel María Parra, a Antonio López, a Antonio Hernández, a Abrahan Pupo Villa y a tantos otros que le dieron fama a la ganadería cordobesa. Pero también, Córdoba es la región con mayor poten-cialidad de cara a la política de liberalización de mercados.

ustedes, mejor que yo, saben que tenemos grandes potencialidades, pero estamos rezagados –hay que decirlo con franqueza– no sólo para acceder a mer-cados como el de los Estados unidos, una vez se apruebe el TLC, sino para defender nuestro propio mercado de la carne y la leche que vendrá de Argentina, Paraguay, uruguay y Brasil –que nadie lo dude– cuando lleguen a término los periodos de desgravación negociados con Mercosur.

Tenemos que modernizarnos, es la consigna del ahora. Y en ese propósito los fondos ganaderos están llamados a desempeñar un papel estratégico, pese a todas las vicisitudes que acusan la hora actual. No lo olviden.

La segunda motivación, más personal y arraigada en mis sentimientos no es por ello menos importante, porque deriva, igualmente, en la importancia que concedo a los fondos ganaderos como instrumentos de fomento y modernización ganadera.

Bien lo mencionó usted doctor Osorio. Este folletico, un tanto descuader-nado y algo sucio de tanto ser consultado, data del año 1959 y empieza a hacer parte de mis incunables, heredado o sustraído talvez de la biblioteca paterna. El folleto fue editado por el entonces banco Ganadero con motivo de la sanción de la Ley 26 de 1959, por la cual se fomenta la industria agropecuaria en Colombia y se dictan disposiciones sobre los fondos y el banco Ganadero.

En él se encuentra el texto definitivo de la Ley y, entre otras cosas, las po-nencias para primer y segundo debate presentadas con éxito por el senador José Vicente Lafaurie Acosta –mi padre–. Así pues, mi convicción sobre la imperiosa necesidad de capitalizar al campo y a la actividad ganadera para lograr su mo-dernización, no surge solamente de mi condición de productor ni de Presidente del gremio, sino que es una herencia que he recibido con orgullo y que me he


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comprometido a administrar y acrecentar para beneficio de los ganaderos de Colombia.

Desde entonces, al país le han pasado muchas cosas buenas y otras, dema-siadas malas. El Congreso se honraba con la presidencia de Álvaro Gómez y el poder Ejecutivo estaba bajo las riendas inmejorables de Alberto Lleras, y, para ese entonces, la ganadería aún figuraba en la institucionalidad pública; teníamos Ministerio de Agricultura y Ganadería, y hasta un banco dedicado expresamente al desarrollo ganadero. ¡Cómo cambian los tiempos!

El país, de entonces, mientras curaba las heridas de la violencia partidista, al tiempo incubaba otra forma de violencia, más virulenta y tenaz, que ha perdurado hasta nuestros días, bajo las banderas de revoluciones importadas, que luego ha-brían de entrar en macabro contubernio con la posterior plaga del narcotráfico.

Colombia entró a la década de los 60 para presenciar el auge de las ciudades con la construcción urbana como motor del desarrollo, y el olvido simultáneo de la producción agropecuaria, cuya política se limitó a la sustentación de pre-cios para algunos productos y a una mal concebida reforma agraria, propósitos alrededor de los cuales se generó una institucionalidad desproporcionada y una también desproporcionada corrupción.

Los fondos, sin embargo, se sostuvieron como pieza fundamental del desa-rrollo ganadero, y fue innegable el impulso que le imprimieron a la producción en sus zonas de influencia, no sólo por el aumento del hato sino por su mejora-miento cualitativo a través de la transferencia de tecnología en genética y otras áreas de la producción.

Pero este país, en ocasiones, tiene una extraña proclividad a destruir lo que ha demostrado eficacia y eficiencia en sus logros. Primero fueron las reformas de la Ley 5 de 1973, que motivaron un proceso de reacción que derivaría en la creación de Fedefondos como instancia gremial de defensa de intereses comunes. Veinte años después, la reforma tributaria de 1994 asestaría un duro golpe a tan valioso instrumento.

Pero en el entretanto ya se venía dando un proceso de marchitamiento de los fondos, no sólo por las equívocas medidas oficiales sino también por la po-litiquería, que se enquistó adherida a las acciones tipo A y a la participación en las juntas de empresas prósperas, productivas y dueñas de importantes activos en fincas, cabezas de ganado, almacenes de insumos, plantas de sales y departamen-tos de asistencia técnica. La mala gestión y, sobre todo, la poca visión de algunas administraciones, que no supieron palpar los cambios y reaccionar ante nuevas realidades, hacen parte del proceso de deterioro de los fondos ganaderos.


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Los fondos, como dicen las abuelas, se quedaron con el pecado y sin el género. Se quedaron con el pecado porque, con algunas excepciones, han sufrido una profunda descapitalización, desmejoramiento de sus activos y pérdida de ca-pacidad de adelantar su actividad de fomento ganadero por las miopes reformas tributarias que les quitaron las exenciones, al tiempo que el Estado, no les quita de encima cuanta instancia de control existe para el sector público y, ahora, hace hasta lo imposible para deshacerse de su participación accionaria.

Y se quedaron sin el género porque perdieron todas sus prerrogativas de antaño, mientras se les doraba la píldora con la expectativa, imposible para todos en la práctica, de resurgir convertidos en boyantes entidades financieras.

Pero no podemos unirnos a la indiferencia del Estado hacia la recuperación de este mecanismo, ni menos a la desidia de algunos frente a la suerte de sus propias empresas.

De hecho, el Plan estratégico de la ganadería colombiana 2019, diseñado y consensuado por Fedegán con el Gobierno y con la institucionalidad gremial ganadera, contempla la inclusión de unos fondos renovados como instrumento para el crecimiento y modernización de la ganadería. No podríamos desperdi-ciar tan grande experiencia acumulada. La vieja costumbre del “ganado en par-ticipación”, que inspiró la creación de los fondos ganaderos, todavía se practica, solo que desinstitucionalizada por la menor presencia de estas empresas. Ahora, los fondos tienen un nuevo mandato, para ayudar en la transformación de la ganadería Colombiana, apoyados en un largo quehacer rico en experiencias que servirán de base para trasferirlas a miles de pequeños y medianos ganaderos que necesitan una mano amiga que los guíen en el camino de la modernización de la actividad, para que todo el gremio pueda responder por una ganadería más rentable, más competitiva, sostenible ambientalmente y, por sobre todo, más solidaria.

Allí, está el papel de los fondos, al margen, que, como van las cosas, que-den en las solas manos de empresarios privados. Doctor Luis Gallo, sé que es usted hoy unos de los mayores accionistas del fondo, y, sin embargo, no tiene una tradición ganadera, ni sus ancestros son de la región. Bienvenido. Y gracias por creer en nuestra actividad. usted como banquero, sabe, mejor que nadie, que lo que crea riqueza es la inversión productiva, de esa misma de la cual el sector, sin justificación alguna, ha estado limitado y sin la cual es imposible crecer y hacer próspera nuestra actividad. ¡Qué bueno que otros muchos inver-sionistas también crean en nosotros! usted tiene ahora la tarea de decirles a sus colegas que el sector rural colombiano, especialmente la ganadería concebida


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como una empresa moderna que usa tecnología de punta y buenas prácticas, es una buena opción para que los flujos de capital en Colombia no sólo vayan a especular en las bolsas de valores, sino que se atrevan a construir riqueza en los campos colombianos.

Y como lo que se hereda no se hurta, otra de las ideas fuerza de la concep-ción original de los fondos y del banco Ganadero –las inversiones sustitutivas de impuestos–, planteada por mi padre hace ya casi 50 años, la he retomado y, ampliada, la he presentado al Gobierno Nacional como un mecanismo de capi-talización del sector rural.

En efecto, la Ley 26 de 1959 exoneraba a los ganaderos del impuesto sobre su patrimonio líquido invertido en ganado, si el productor comprobaba la suscrip-ción y pago de acciones del banco Ganadero y de los fondos ganaderos, por el equivalente al impuesto por pagar.

Ésta era una sustitución de los impuestos de los ganaderos en inversiones en su propio sector, mientras que la que estamos proponiendo busca llevar hacia el sector rural recursos de capital de los sectores urbanos. Pero no estamos inven-tando nada nuevo. De hecho, las limitaciones de la Ley 26 no obedecieron a falta de visión de sus autores sino a un realismo admirable.

Permítanme abusar con una cita textual de la exposición de motivos de mi padre en el año 59:

(...) una de las fallas fundamentales en el proceso agropecuario colombiano

es la desigualdad en el tratamiento para los distintos grupos económicos. Exis-

ten fuertes sectores privilegiados que mantienen al sector agrícola en desventaja,

cuando de la igualdad en el tratamiento surge el sano equilibrio del desarrollo eco-

nómico. Esta filosofía imperante nos conduce a buscar la financiación del sector

ganadero dentro del mismo sector ganadero, cuando hacia él deberían canalizarse

recursos de otros sectores para expandir esta industria, que sin lugar a dudas será,

en el inmediato futuro, una de las fuentes para robustecer presupuesto de divisas y

dar amplitud a nuestra capacidad de importar.

Distintas y abundantes manifestaciones de los ganaderos nos llevan a afirmar

que éstos aceptan el auto ahorro para financiar su propio sector, no obstante que

lo realmente técnico hubiese sido situar los fondos y Banco Ganadero en contacto

más estrecho con las corrientes de dinero, distintas de las propias.

Es menester recuperar la filosofía de la necesidad estratégica de capitalizar el campo, con inversiones sustitutivas de los ganaderos, como lo establecieron los legisladores de 1959, o con inversiones sustitutivas de todos los colombianos, como también lo visionaron pero no pudieron hacerlo.


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Nos corresponde recoger esas banderas. Nos corresponde recuperar el le-gado valioso de los fondos ganaderos como una de las puntas de lanza para la modernización del sector.

En el proyecto de reforma tributaria próximo a ser presentado en la legis-latura que inicia el 20 de julio, los ganaderos aspiramos a que la nueva versión de inversiones sustitutivas de impuestos, que tuvimos ocasión de presentarle al presidente uribe, un memorable 30 de septiembre de 2005, fecha en que cele-bramos por primera vez el Día Nacional del Ganadero, prevé su colocación en sociedades anónimas, para darle respuesta a un sector rural que necesita y exige capitalización, cultura empresarial y formalización como un paso necesario para que el campo colombiano deje de ser escenario de guerra para convertirlo en un escenario de paz, progreso y bienestar colectivo.

De ahí que, cuando le presentamos al presidente uribe la iniciativa de inver-siones sustitutivas de impuestos, no dudo en apoyarla tal y como quedó consig-nado en el discurso publicado en el hermoso libro que Fedegán editó en honor de los ganaderos de Colombia.

Y, como si fuera poco, para nuestra fortuna, la madurez política de los co-lombianos nos ha permitido tener al frente del país, por cuatro años más, a un presidente que conoce y siente como pocos la problemática ganadera, y sabemos por ello que soplan vientos propicios para la recuperación de los fondos, para el rescate del campo y para la implementación de estrategias masivas orientadas a la capitalización del sector rural.

El gremio se siente acompañado del mejor timonel y el país entero respira tranquilo mirando el horizonte despejado. No es hora de dudas sino de realiza-ciones. Todo esto le permitirá al Fondo Ganadero de Córdoba, que hoy cumple 50 fructíferos años de existencia, alcanzar no sólo otros 50 sino muchos más en beneficio de la actividad en el departamento ganadero por excelencia en el país: el departamento de Córdoba.

Mi enhorabuena, y el saludo de todos los ganaderos de Colombia.

Muchas gracias.


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Intervención en el acto de lanzamiento de la convocatoria 2007, del Premio Nacional de la

Ganadería José raimundo Sojo zambrano

Bogotá D. C., 28 de septiembre de 2006

Hace un año, en este mismo recinto, y en el marco de la celebración del primer Día Nacional del Ganadero, anunciamos la decisión de la Junta Directiva de Fe-degán, de crear el Premio Nacional de la Ganadería José Raimundo Sojo Zam-brano, como una forma de incentivar la generación de conocimiento y, a la vez, de exaltar la excelencia en la producción ganadera.

Hoy, un año después, hemos querido invitar a la comunidad ganadera, a la academia y a la institucionalidad pública y privada de ciencia y tecnología, para hacer el lanzamiento oficial de la primera convocatoria del premio en sus diferentes modalidades, cuya entrega se realizará en septiembre de 2007, cuando celebremos, nuevamente, el día en que reconocemos la presencia nacional y el esfuerzo de los ganaderos colombianos.

Como mencioné en las notas de presentación del folleto de la convocatoria, la hermosa estatuilla que hemos creado como símbolo del premio, hará parte del anaquel de recuerdos de quienes se hagan acreedores a ella; el reconocimiento en dinero, por su parte, siempre será insuficiente y no pasará de ser un incentivo efímero; pero el aporte de nuevos conocimientos aplicables a la producción, así como la exaltación de los mejores ganaderos, tienen un valor inconmensurable en términos de los retos que hoy enfrenta nuestra actividad.

Porque no creamos el Premio Nacional de la Ganadería como parte de una estrategia de publicidad institucional, ni su objetivo es solamente honrar la memoria de José Raimundo Sojo Zambrano, ilustre hombre público y egregio expresidente de nuestra federación. Por importantes que puedan ser estas moti-vaciones, no son suficientes para soportar la iniciativa. No creamos este premio a raíz de una idea fortuita y también afortunada, ni como un expediente para llenar, cada dos años, la programación del Día Nacional del Ganadero.

Creamos el Premio Nacional de la Ganadería como respuesta a una ne-cesidad concreta; lo creamos como una estrategia conciente, que hace parte de


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una categoría, de una concepción superior, de una idea fuerte que mueve hoy a la ganadería, y que resumo en dos palabras, que no por conocidas y manoseadas, dejan de ser trascendentales para el futuro de nuestra actividad. Son ellas: moder-nización y competitividad.

Sí. Mi compromiso con los ganaderos de Colombia es la modernización, en la medida de mis fuerzas y de mis posibilidades. Así lo expresé en el pasado Congreso Nacional de Ganaderos y esa es la meta que orienta todas nuestras acciones, plasmadas en el Plan estratégico de la ganadería colombiana 2019. Es-tamos empeñados en quitarle de encima a los ganaderos, muchos estigmas e injustos estereotipos, aunque hoy sólo me refiero al de ser renuentes al cambio tecnológico y proclives, por naturaleza y por mezquino interés, a la ineficiencia de los métodos tradicionales, al conocimiento empírico y a la informalidad.

Mas no se trata solamente de mejorar nuestra imagen ante la sociedad, em-pañada por las fuerzas ilegítimas que, precisamente, han impedido un desarrollo más consistente de la ganadería y han generado las condiciones para su rezago y descapitalización, a partir –claro está– del sesgo antirural de la política pública y del literal “prevaricato por omisión” del Estado durante casi un siglo, frente a sus deberes y responsabilidades con el campo.

El siglo XX fue para la modernización urbana; el siglo XXI es para la moder-nización rural sin aplazamientos. Mas no por el simple prurito de parecernos a los “modernos” sectores urbanos. No nos interesa. La revolución tecnológica de la ganadería no tiene conflicto alguno con la sencillez de la vida campesina, que es y seguirá siendo, parte de nuestra idiosincrasia y de nuestro patrimonio cultural.

Las razones son más elementales pero de mayor calado, porque lo trascen-dental siempre termina siendo básico, quizás obvio, pero siempre de fundamento. Necesitamos modernizamos para competir; y necesitamos competir para subsistir.

Así de simple. Es un problema de subsistencia, de no desaparecer del esce-nario económico nacional, porque no vamos a entregar, sin luchar, el esfuerzo de generaciones y el espacio que la ganadería se ha ganado como factor de de-sarrollo rural.

Lucharemos contra el mundo, porque el adversario es el mundo, y la cam-pana sonará muy pronto, cuando culminen los periodos de desgravación pacta-dos con el Mercosur y con los Estados unidos. Para entonces, habremos ganado la posibilidad de subsistir, o bien, entraremos sin remedio en una rápida y segura fase terminal.

Pero vamos a subsistir –que nadie lo dude–. Y no sólo eso. Debemos asumir el reto de superar ese límite de la mera subsistencia, sencillamente oprobioso para


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un sector productivo, y que no puedo interpretar sino como un síntoma de me-diocridad, de pobreza de espíritu y de incapacidad para levantar la mirada hacia las claras señales de nuevas y grandes oportunidades.

En efecto, los análisis de prospectiva para los próximos 15 años, indican una conjunción de factores que permite concluir, entre otras cosas, que la dinámica de la producción mundial de alimentos estará jalonada por los países en desarrollo. Y sorpréndanse: también estiman que, para ese entonces, ¡el 80%! de los rumiantes del planeta serán criados en estos países. Si. En estos países, Colombia entre ellos.

Pero además, nos ha correspondido en fortuna estar en el cinturón tropical del globo, en donde, literalmente, el sol nunca se esconde, mas no por su exten-sión, como se predicaba del imperio español en el siglo XV, sino por su posición, que nos regala luminosidad y fotosíntesis durante 365 días al año.

Así las cosas, ese 80% de rumiantes se concentrará aún más en nuestros países, por una razón muy simple: el rumiante es un mal convertidor de biomasa y, por tanto, como el bolsillo manda, para un país no tropical que produce maíz, por ejemplo, con las grandes limitaciones de la estacionalidad climática, resulta mucho más rentable convertirlo en alcohol carburante para la producción de biocombustibles, que simplemente dárselo a las vacas. Ese empieza a ser, cuando menos, el caso de los Estados unidos.

Adicionalmente, la población mundial crece y disminuye su componente de pobreza, porque China e India, principalmente, están empezando a restar pobres a gran velocidad. Así las cosas, no sólo la producción se desplazará hacia nuestros países, sino que tendremos que producir carne y leche para un número cada vez mayor de consumidores. Es un futuro prometedor, para decir lo menos.

Pero el futuro no está en las señales sino en nuestras manos. Hay que pre-pararse. Y no estamos solos en esa contrareloj de la modernización y la competi-tividad. Es un reto –y una amenaza– que comparte con nosotros, prácticamente, todo el sector agropecuario. Por ello no deja de sorprender la poca urgencia que se siente por desarrollar los puntos de la denominada “Agenda interna”, los cuales se deberían convertir en temas de verdadera seguridad nacional, dadas las graves implicaciones de una catástrofe económica del sector rural.

De ahí nuestro interés por prender alarmas, sin dejar de hacer lo nuestro, pasando del discurso al acompañamiento cercano al ganadero, a través de la crea-ción de círculos de excelencia alrededor de los Centros de Servicios Tecnológicos Ganaderos teCnig@n, en todas las regiones productoras del país.

De ahí nuestra propuesta de consolidar conglomerados ganaderos y de arti-cular el eslabón primario a las cadenas de agregación de valor de la carne y de la


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leche. De ahí nuestro afán por incentivar la generación de conocimiento aplicable a la producción ganadera. De ahí la estrategia de crear el Premio Nacional de la Ganadería José Raimundo Sojo Zambrano.

No es gratuita tampoco la definición de las tres modalidades del premio. Aunque, debido a la tradición y a nuestra condición de productores, se ha tendido a concentrar el esfuerzo investigativo en aspectos tecnológicos como la genética, la producción de forrajes, la salud animal, etcétera, una concepción moderna e in-tegral del negocio ganadero no puede desestimar el entorno económico y el tema fundamental de la rentabilidad y sus factores. Por ello incentivamos la producción de investigaciones en microeconomía ganadera.

La investigación en ciencia y tecnología ganadera es una modalidad central, sin lugar a dudas, en la medida en que la generación de conocimiento aplicable para lograr mayores niveles de productividad, entendida como la utilización efi-ciente de los recursos, está en la base de la implementación de buenas prácticas ganaderas y de la fijación de indicadores y metas para los principales factores de la producción.

Y la excelencia ganadera, sin menoscabo de las demás, es una modalidad de nuestros afectos, porque busca exaltar a los mejores, no sólo para premiar sus lo-gros, sino para generar un efecto social de emulación, que impulse, desde la base, el proceso de crecimiento y modernización de la ganadería. No nos sirve que la modernización sea un ejercicio individual y aislado. Nos sirve –no a Fedegán sino a todos nosotros, los ganaderos colombianos– que la modernización sea el resultado de un proceso colectivo y dinámico de permanente innovación.

A renglón seguido, haremos la presentación oficial de los términos de la convocatoria 2007 del Premio Nacional de la Ganadería José Raimundo Sojo Zambrano, pero no podría culminar esta corta intervención, sin reiterarles nues-tra gratitud por su presencia en este acto académico, y sin invitarlos a participar con entusiasmo, con dedicación, con rigor científico y con deseos de ganar, pero sobre todo, con deseos aún mayores de aportar a la modernización de la gana-dería colombiana.

No perdamos de vista que nuestro aporte, por pequeño que nos parezca, será definitivo para el logro de propósitos inaplazables, como la recuperación del campo, y de grandes ideales, como la paz de Colombia. Ese será el mejor premio.

Muchas gracias.


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Intervención en el acto de instalación del XXX Congreso Nacional de Ganaderos

Cartagena, 23 de noviembre de 2006

Ganaderas y ganaderos de Colombia:Aquí estamos otra vez, bajo el calor amigo de Cartagena de Indias, congre-

gados para enfrentar nuestro presente con coraje y para avizorar con optimismo nuestro porvenir. Aquí estamos nuevamente, para dejar sentada la posición ver-tical de los ganaderos de Colombia frente a los momentos difíciles de la patria, pero sobre todo, para mirar hacia delante y contarle al país lo que estamos ha-ciendo y lo que vamos a hacer, en nuestro propósito de construir una ganadería moderna para una Colombia nueva.

Mi gratitud inmensa y nuestra más grata bienvenida a los delegados y asis-tentes, que han venido desde todos los rincones de la patria, a cumplir esta cita con el Trigésimo Congreso Nacional de Ganaderos. Gracias, señor Presidente, por honrar con su presencia de primer ganadero y primer mandatario del país, este nuevo encuentro de la ganadería colombiana.

“Los ganaderos miramos hacia atrás sólo para honrar nuestro pasado, pero miramos hacia delante para construir nuestro futuro”. Bajo esa consigna celebra-mos el primer Día Nacional del Ganadero y guardamos emocionado silencio ante el recuerdo de tantos de los nuestros, muertos y secuestrados durante los últimos años.

Y con la misma consigna y no menos emoción, rompemos la dignidad elo-cuente del silencio, para defender nuestro sitio en la sociedad actual y en la Co-lombia del porvenir. Yo creo en un porvenir halagüeño y próspero para Colom-bia, señor Presidente. Yo creo en el porvenir de la ganadería moderna, rentable y solidaria, que anunciamos hace dos años, y que estamos construyendo hoy, sin desmayo en el trabajo, con empuje ganadero y optimismo colombiano.

A mis espaldas está la mirada transparente y serena de Luis Samuel Mar-tínez, que no hizo otra cosa en su vida que buscar en el horizonte el porvenir de una ganadería moderna y, sobre todo, no hizo otra cosa en su vida, hasta la última y mala hora del aciago 20 de febrero de 2006, que construirlo con su diario empe-


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ño. Por eso su espíritu optimista y alegre nos acompaña, y su imagen es el centro y el ejemplo para esta reunión de sus amigos.

Y miren los rostros de estos ganaderos en todo el país, muy familiares algu-nos. Ellos y muchos otros, expresaron su sentir apasionado en el libro Ganadero que editamos en 2005. Ellos y todos ustedes, también creen conmigo en el porve-nir de la ganadería colombiana.

La nuestra es una fe comprometida. La fe mueve montañas, es cierto, pero solita no. Nuestra fe en el porvenir sería puro discurso si no se convierte en un proceso informado y conciente. Nuestra fe en el porvenir no resistiría el examen de la historia, si no la transformamos en acciones y resultados. Y eso estamos haciendo.

Porque el porvenir es apenas un sueño irresponsable si no está lleno de contenidos. ¿qué queremos ser y a dónde queremos llegar? ¿cuáles son nuestras metas? ¿Cómo y con qué las vamos a alcanzar? Las respuestas a estos interrogan-tes son la precondición para la acción y los resultados. Las respuestas a estos in-terrogantes están plasmadas en el Plan estratégico de la ganadería colombiana 2019, que hoy le entregamos a la comunidad ganadera, al Gobierno nacional y al país.

Doctor Severini, como presidente de la Junta Directiva de Fedegán, y en nombre de todos los ganaderos de Colombia, le pido el favor de hacerle entrega al señor Presidente de la República, del Plan estratégico de la ganadería colombiana 2019...

... Señor Presidente: tómelo en sus manos y hágalo suyo, como ganadero y como máximo responsable del diseño y ejecución de la política pública. Gana-deros de Colombia, tómenlo en sus manos y háganlo suyo también, porque aquí, en estas páginas, hemos volcado nuestra voluntad de cambio, aquí están nuestras metas, nuestros derroteros; aquí está el mapa de nuestro porvenir.

Porque éste, señor Presidente, no es el libreto de un sueño irresponsable; es el sueño posible de la modernización de la ganadería para el bienestar del gana-dero y de su entorno social. Éste no es un documento para el estante; es nuestra carta de navegación para los próximos años. Éste no es un ejercicio en solitario; es fruto de la concertación con el Gobierno a través del Ministerio de Agricultura y el Departamento Nacional de Planeación.

“un sueño que tú sueñas solo, es apenas un sueño, pero un sueño que tú sueñas acompañado, es una realidad”, entonaba, en esa década paradigmática de los 60, el juglar por excelencia de mi generación: John Lennon.

Los ganaderos de Colombia debemos aprender de esa hermosa enseñan-za, pues tenemos la obligación de convertir a la modernización ganadera en


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nuestro propio sueño compartido, como la única forma de poder convertirlo en realidad.

En este Plan, señor Presidente, hemos concertado desde ya la política ga-nadera de los próximos años. Podemos disentir en cifras y estadísticas; podemos discutir sobre la pertinencia de una u otra herramienta, pero lo grande ya esta negociado. Al decir de Álvaro Gómez Hurtado, hemos llegado a un “acuerdo sobre lo fundamental”, que se convierte en compromiso para las partes, y de cuyo cumplimiento seremos vigilantes celosos, con el ánimo constructivo de siempre, pero con la energía que nunca faltará para defenderlo.

La nuestra es una fe informada, les decía. El nuestro no es un sueño irrespon-sable, les repito. El mundo está lleno de señales que justifican nuestro optimismo.

Para empezar, a pesar de la cínica indolencia en el cumplimiento de las Metas del Milenio por parte de los países desarrollados, el mundo avanza en el propósito de reducir la pobreza. China e India solamente, sacarán de la pobreza a 500 millones de personas en los próximos 15 años.

La población mundial, mientras tanto, aumentará, en promedio, a razón de 34 millones de personas por año, de aquí a mediados del siglo. En números más concretos, aún con tasas inferiores de crecimiento, para el año 2050 habrá ¡2.600 millones de personas más en el mundo! Más gente y menos hambre.

Pero miremos solamente el espacio estrecho de nuestra casa. Su Gobierno, señor Presidente, se acaba de fijar la meta de reducir la pobreza del actual 49,2% al 39% al final del cuatrienio. Y eso, más allá de los fríos porcentajes, representa 3,5 millones de personas sin hambre en apenas cuatro años.

Al margen del logro de equidad que representa sacar de la pobreza a 3,5 millones personas, hay una lectura económica e interesada para los productores de alimentos, los primeros beneficiarios del ascenso económico y social de los más pobres.

Como sostuve en mi reciente libro Posconflicto y desarrollo, la disminución de la pobreza a partir de la distribución de los frutos del desarrollo, es un “dispa-rador” del crecimiento. Para nuestro caso, 3,5 millones de personas consumien-do carne y leche en forma permanente, representan un significativo incremento de la demanda y un factor importante para el desarrollo ganadero de corto plazo.

El mapa mundial de la producción de alimentos sufrirá profundas transfor-maciones, porque gran parte de las tierras se volcarán hacia los cultivos orienta-dos a la producción de biocombustibles, pues el petróleo se agotará sin remedio, y el mundo se prepara afanosamente para remplazarlo.


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La disyuntiva en el corto plazo será cuánta agricultura se desplaza a la pro-ducción de energía y cuánta se mantiene produciendo alimentos. Y de esta última, cuánta va directamente a la dieta humana y cuánta como factor de transformación en la cadena animal para producir carne. un cultivador americano se tendrá que preguntar si el saco de maíz que acaba de producir se convertirá en energía, en cornflakes o en torta para engordar animales. Y, en este último caso, los bovinos, por ser malos convertidores de biomasa, irán progresivamente perdiendo espacio frente a cerdos o aves, que son monogástricos y más eficientes convertidores.

Estados unidos sacrifica al año más de 38 millones de reses, de las cuales, el 80% se engordan en feedlots a base de tortas. En los próximos años, cada vez menos bovinos podrán disponer de esa dieta por sus elevados costos, teniendo que reemplazar esa oferta en países como el nuestro, con ganaderías que engor-dan a base de pasturas. ¿Alguna vez han visto a un cerdo o a una gallina comer pasto? Yo tampoco, sólo el ganado lo hace y nosotros tenemos las praderas y las ventajas para que lo haga.

Esto no es futurismo, es algo que ya está sucediendo, inclusive en nuestro país, en donde el tradicional azúcar del occidente colombiano ha tenido que com-petir furiosamente con los biocombustibles por la producción de caña, y donde muchas tierras se están “voltiando” al cultivo industrial de la caña, y también de yuca y remolacha para los mismos fines.

También cambiará fundamentalmente el mapa de la ganadería mundial. Se estima que, para el año 2010, el 80% de los rumiantes será criado en los países en desarrollo, y se concentrarán aún más en los países tropicales, a lado y lado de la línea ecuatorial, por una ventaja comparativa muy sencilla y que nunca hemos apreciado en su inmenso valor: la luminosidad.

Aquí, donde nosotros estamos, a pesar de la normal estacionalidad climá-tica, la tierra produce durante todo el año y todo el año es favorecida por la mu-tación prodigiosa de la fotosíntesis para la producción de biomasa. Aquí, donde nosotros estamos, la tierra no descansa cuatro o seis meses al año. No podemos ser ciegos a semejante regalo de la naturaleza.

Así pues, millones de personas más consumiendo carne y leche, y nosotros con la tierra, con las condiciones y con la experiencia para hacerlo; y sobre todo, con “las ganas” de hacerlo a partir de una transformación productiva de nuestra ganadería. Esas son las señales y las oportunidades. Y parodiando el hermoso paseo llanero de Simón Díaz, “cuando las ganas se juntan”, los sueños se pueden volver realidades, y la modernización ganadera habrá encontrado su fecha en el calendario: 2019.


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Pero el año 2019 es pasado mañana, y las metas del Plan estratégico de la ganadería colombiana, posibles ellas, son también ambiciosas y requieren, por tanto, del esfuerzo juicioso y aplicado de los ganaderos en su tarea, y del no me-nos comprometido de la institucionalidad pública.

Hoy tenemos un hato de 23 millones de cabezas, y vamos por uno de 48 millones. Hoy tenemos un sacrificio anual de 3,5 millones de cabezas, y vamos por uno de 9,6 millones. Hoy tenemos una producción anual de 6.024 millones de litros de leche, y vamos por una de 9.000 millones.

Con esta producción, pasaremos de un consumo anual de 19,6 a 30 kilos de carne por habitante, y de 142 a 163 litros de leche. Y el país exportará anualmente 50.000 toneladas de carne con alto valor agregado, 400.000 toneladas de carne estan-darizada de excelente calidad y el equivalente a 1.254 millones de litros de leche.

Será imposible para los escépticos de oficio, será demasiado para quienes prefieren la comodidad mediocre del “crecimiento vegetativo”, pero es un reto apasionante y posible para nosotros, los optimistas, los que creemos en la capaci-dad de superación del ganadero colombiano.

Si pudimos crecer durante 50 años de violencia, con el dolor de los muertos a la espalda, con la zozobra del secuestro como compañera y con el impuesto in-digno de la extorsión, hoy, que usted, señor Presidente, nos ha quitado de encima esos pesados lastres, cómo no alcanzar logros que apenas ayer eran imposibles.

Tenemos que sacudirnos los odios y los temores, porque la tarea de cons-truir una ganadería moderna no da tiempo para tan subalternas y mezquinas preocupaciones. No queremos apelar siquiera a la motivación negativa de lo que pasaría, si la ganadería no se prepara para asumir los retos derivados de los acuer-dos y tratados de libre comercio, suscritos y por suscribirse.

Créanme que serían muy graves las consecuencias. Pero aún así, preferimos acudir al voluntarismo del ganadero y a nuestra fe irreductible en el porvenir. Preferimos echar mano de nuestro sentido de patria y de nuestra responsabilidad social. La ganadería se debe modernizar para competir, pero sobre todo, se debe modernizar para servir a los fines de la equidad y de la paz en Colombia.

Ya estamos haciendo la tarea. Duraría horas contándoles entusiasmado nuestros logros de estos últimos dos años, que además son la más contundente justificación de nuestro optimismo. Al ritmo que nos hemos impuesto, y con lo alcanzado como base para dos años más de redoblado esfuerzo, y así sucesiva-mente hasta 2019, las metas ya no se ven tan encumbradas.

Este libro, que hemos llamado Logros y legados, es para que lo lean despacio, y con el orgullo y la satisfacción de ser sus protagonistas. Porque los resultados


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de esta administración no pasarían de ser una escueta lista de mercado, si no se tradujeran en algo que cada uno de ustedes haya recibido o haya podido hacer en beneficio propio, de su empresa o de su región.

Me referiré sólo a algunos pocos, para darle espacio a temas de no menos interés para los ganaderos, en la coyuntura política por la que atraviesa el país. La certificación de calidad ISO 9001 que hoy recibimos de la organización Bureau Veritas Internacional es uno de ellos; como también los excelentes resultados de las campañas de vacunación y del muestreo serológico, que nos permiten fijar, para 2008, la meta final de la erradicación de la fiebre aftosa.

La estratégica expedición de los documentos Conpes sobre sanidad e ino-cuidad, para los cuales invocamos su apoyo hace dos años, señor Presidente, y gracias a él, hoy son una realidad valiosa, con miras a lograr el acceso real al mercado de los Estados unidos.

Son importantes los logros en la generación de una cultura orientada hacia las tecnologías de información y de comunicaciones. Hoy, más de 35 mil ganade-ros reciben semanalmente información vía internet. No menos significativos son los resultados de los Centros de Servicios Tecnológicos Ganaderos Tecnig@n, que ya serán 30 en 2007, al servicio de los ganaderos en todo el país. El Programa nacional de formación de capital humano, por su parte, beneficiará a cerca de 5.000 personas, con una inversión superior a los $5.300 millones, de los cuales, $3.500 millones corresponden al voto de confianza que ha depositado el SENA en la gestión eficiente de Fedegán.

Pero vamos a ir más allá, convencidos como estamos de que el conocimien-to está en la base del desarrollo y, por tanto, es también uno de los principales factores de exclusión social. Trabajando de la mano con el Ministerio de Educa-ción, nos hemos hecho un propósito. Al final de su Gobierno, señor Presidente, no habrá un sólo analfabeta vinculado al entorno social y laboral de la producción ganadera. Y, a su vez, el Ministerio se ha comprometido con nosotros a la crea-ción, en Codazzi, Cesar, del primer centro de formación superior en ganadería, con fondos concursales del Ministerio en cuantía de $1.500 millones.

Hemos coronado con éxito la fusión que anunciamos hace dos años, y la nueva empresa, Frigoríficos Ganaderos de Colombia S. A., hoy se da el lujo de mostrar un crecimiento del 21% en los ingresos, una disminución del 40% en los gastos, y una evolución muy positiva del Ebitda, es decir, de la capacidad de ge-neración de valor, de $45 millones a octubre de 2005, a ¡$1.738 millones a octubre de 2006! Son resultados que motivan nuestro optimismo y dejan sin argumentos a los escépticos de turno.


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Y me quiero detener en una tarea muy importante, que tiene que ver con la reconciliación de la ganadería con la naturaleza. Vamos a devolverle 10 millones de hectáreas, lo que no quiere decir que las vamos a regalar, a vender o a abando-nar, como piensan algunos incautos.

En parte de ellas ni siquiera vamos a sacar los ganados, sino que los vamos a poner a convivir más amablemente con árboles y con plantaciones forrajeras. Árboles y praderas es una combinación que tiene todos los beneficios. Preserva la naturaleza, genera ingresos por la explotación maderera y, algo muy importante, equivale a “ponerle aire acondicionado” a los potreros, y eso, en climas inhóspitos como el de las llanuras interiores de la Costa, tiene un impacto enorme en los índices productivos y reproductivos del hato.

Creo firmemente en que el porvenir de la productividad ganadera descansa en el mejor aprovechamiento de las tierras y en su preservación ambiental a partir del silvopastoreo. Es una afirmación que todavía encuentra muchos escépticos, porque el escepticismo en nuestro país es casi una carrera. Hay escépticos para todo, y demoler proyectos futuristas hace parte de la cultura nacional.

Pero no espero que compartan mi fe en el silvopastoreo porque sea el Presi-dente de Fedegán quien lo diga, o porque les pueda citar sesudas y contundentes investigaciones. Si me he impuesto el propósito de vida de liderar la moderniza-ción de la ganadería colombiana, es porque, como ganadero que soy, debo ser el primero en probar la medicina, para entonces sí formularla con la razón de la ex-periencia y los resultados. En palabras más sencillas, no les voy a echar un cuento en el que yo no creo, ni voy a pregonar virtudes que yo mismo no practico.

Yo creo en otro porvenir, menos etéreo, más terrenal. Éste, amigos ganade-ros, éste, señor Presidente, es el otro “Porvenir” en el que vengo creyendo desde niño. Aquí jugaba a ser vaquero cuando mis pies no lograban alcanzar los estribos del caballo. “El Porvenir”, que así se llama la heredad que recibí de mis mayores, es una de las razones que me mantiene amarrado a la vida rural y a la ganadería.

Debo corregir. Éste era “El Porvenir” en febrero de este año, y este es “El Porvenir” 10 meses después. Ni yo mismo lo creía. Esta foto es tomada en el mis-mo lote en que sembré algodón durante años, y vean, en esta serie de fotografías fechadas, lo que sucedió en el entretanto. Para los escépticos de remate, que aún piensen que se trata de un montaje fotográfico, las puertas de El Porvenir están abiertas. Además fue muy sencillo: buena asesoría, alguna inversión y resultados que la retornan con creces.

Por ello estamos diseñando, con la corporación Cipav, modelos silvopas-toriles para diferentes pisos térmicos y regiones del país. Y estamos literalmente


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persiguiendo un convenio de cooperación con el Fondo Global Internacional (GEF) y estructurado por el Banco Mundial, por un total de uS$67,5 millones, con los cuales podríamos hacer una verdadera revolución de productividad gana-dera y de recuperación ambiental de clase internacional.

Ya hemos recibido un primer aval del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, pero tenemos, señor Presidente, un agüero que hemos va-lidado por la experiencia. Sabemos que si le pedimos “una manito”, usted nos la dará, y el proyecto se convertirá en una realidad magnífica para Colombia y para la ganadería. Denos esa manito Presidente.

Con esos recursos y con nuestro esfuerzo, antes de terminar su mandato, los ganaderos somos capaces de sembrar no menos de 50.000 hectáreas de bosque en eucalipto y otras variedades, para producir madera y celulosa; y cubrir otras 50.000 hectáreas con proyectos a base de leucaena y otras especies forrajeras.

Ese es el porvenir que perseguimos. Pero al lado de recuperar la naturaleza y de ser productivos y más competitivos, los ganaderos, como todos los mortales, queremos hacer platica. Buscamos que todos los ganaderos, los grandes, los me-dianos y, sobre todo, esos más de 200.000 pequeños productores, puedan estar agradecidos con la ganadería, por lo que la ganadería les brinda.

Por eso, señor Presidente, como no podemos estar de acuerdo en todo, con el respeto que nos merece su investidura y su persona, queremos decirle que no nos parece que debamos cerrar nuestros balances con el corazón, como usted nos dijera cuando celebramos el primer Día Nacional del Ganadero, el 30 de septiembre de 2005. Nos parece valiosa su invitación a la austeridad, pero como norma de vida y no porque los ingresos de la ganadería no alcancen para disfrutar del lícito bienestar.

Queremos cerrar nuestros balances como lo hacen todos los sectores de la economía, ojalá con cifras abultadas y con rentabilidades ciertas, que se irriguen para generar bienestar incluyente en aquellos que dependen de nuestra actividad, y que generen también el ahorro necesario para recapitalizar el campo después de décadas de desolación y de violencia.

El fortalecimiento gremial es otro tema con lugar de privilegio en nuestras preocupaciones. La posición de Fedegán como gremio cúpula, será tan sólida como mayor sea el número de organizaciones afiliadas; y el liderazgo regional de estas últimas, será tan sólido, como mayor sea el número de ganaderos afiliados.

Por eso apoyaremos a las organizaciones regionales con ánimo de crecer, para dotarlas, para capacitar a sus dirigentes y empleados, para asesorarlas en la articulación de proyectos y servicios, para convertirlas en ejecutoras de proyectos


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de Fedegán y del Fondo Nacional del Ganado. En fin, para hacerlas atractivas a la afiliación.

Queremos un gremio donde quepamos todos y del que todos estemos orgu-llosos. Queremos que el país se quite el sombrero ante el gremio ganadero colom-biano, pero no podemos vivir de orgullo solamente. Lo verdaderamente impor-tante es que la modernización y el porvenir de la ganadería, no serán posibles sin ese gremio fortalecido que les estoy invitando a conformar. Así de sencillo.

Sin ese gremio cohesionado la voz de los ganaderos se escuchará menos ante el Gobierno nacional, ante el Congreso de la República y ante los diferentes sectores de la sociedad. Sin ese gremio respaldado por una amplia base de ga-naderos, no será fácil orientar la política pública hacia nuestra actividad, ni serán escuchadas con atención nuestras propuestas.

Acabo de presentarle al país una de ellas. La de inversiones sustitutivas de impuestos para la capitalización del campo colombiano, a partir de la creación o fortalecimiento de sociedades abiertas en el sector agropecuario.

usted la acogió como una muy buena idea en nuestra celebración ganadera de 2005, y tiempo después mereció el respaldo generoso del expresidente Alfonso López Michelsen, a quien desde esta tribuna le envío un saludo de admiración y agradecimiento.

Hace dos años planteamos estrategias para una desmovilización exitosa, y a partir de ellas me propuse entregar al país un aporte del gremio ganadero al tema del posconflicto que ya estamos viviendo, a través de una propuesta concreta de inclusión social y de generación de oportunidades en el sector rural.

Este libro, señor Presidente, Posconflicto y desarrollo, es el testimonio de un gremio que ha sido víctima de la guerra y que, por ese motivo, está comprome-tido con la paz como ningún otro. El testimonio de un gremio que quiere dejar de lamentarse; de un gremio que quiere dejar de hacer parte de los problemas para empezar a hacer parte de las soluciones. Se lo entrego en sus manos, señor Presidente, no como un acto protocolario y simbólico, sino con la clara intención de generar compromiso en usted y en su Gobierno, hacia esta idea que conside-ramos reivindicatoria y estratégica para el campo colombiano y para la paz.

El libro no se agota con la propuesta de inversiones sustitutivas y, por ello, quiero recoger sus principales elementos argumentales, muy pertinentes frente a la actual coyuntura política del país.

Es claro que los llamados actores del conflicto –guerrilla y autodefensas– no cayeron del cielo como maldición bíblica, sino que han sido el resultado de un proceso de destrucción de civilidad e institucionalidad, principalmente en el cam-


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po, que recorre nuestra historia, desde la conquista y durante toda nuestra corta, violenta y atropellada vida republicana.

uno de los principales factores de destrucción de institucionalidad y civi-lidad, si no el más significativo, fue el sesgo antirural de la política pública, que predominó durante todo el siglo XX. El campo fue abandonado a su suerte en favor de la próspera Colombia urbana que hoy lo juzga con arrogancia.

Y aunque el país y su clase dirigente se rasguen las vestiduras y se laven las manos, fue semejante abandono el que permitió que en el campo nacieran y crecieran impunemente todos los males de la patria: la guerrilla primero, las au-todefensas luego como un fenómeno reactivo; y, al tiempo con todo y en medio de todo, como vapor maligno que se cuela por todos los rincones de la sociedad, surgiría la plaga de plagas: el narcotráfico.

Frente a la calamitosa situación de conflicto, que se escaló a partir de los 80 con las armas compradas a granel con los recursos del narcotráfico; y frente al fra-caso rotundo de cualquier posibilidad de diálogo con una guerrilla que nunca ha demostrado voluntad para ello, la desmovilización de los grupos de autodefensa se torna en una luz de esperanza para bajar la intensidad del conflicto.

No obstante, el proceso comporta dos grandes problemáticas, asociadas a la respuesta a dos preguntas claves: ¿qué hacer con las personas? y ¿qué hacer con los territorios bajo el control de las autodefensas?

La respuesta a la primera pregunta se surtió con la desmovilización misma, con todas sus imperfecciones, pero con resultados incuestionables; está literal-mente enredada en cuanto a la confrontación de los líderes con la llamada Ley de justicia y paz; y no tiene menos dificultades con la reinserción efectiva de las bases –cerca de 30.000 personas–, en medio de una sociedad que no se cura de su indiferencia crónica ni de su intolerancia visceral.

La segunda problemática –¿qué hacer con los territorios?– ha sido práctica-mente desatendida a pesar de su importancia estratégica, pues el país se encuen-tra enfrascado en una discusión bastante farisea sobre las cantidades de perdón, de olvido y de reparación que está dispuesto a pagar por la paz, cuando no lite-ralmente “encartado” con la reincorporación a la sociedad de desmovilizados y desplazados.

Colombia, infortunadamente, está demostrando que su proverbial solida-ridad no pasa de la participación en alegres caravanas con papayera, farándula y pañuelos blancos; o en la donación esporádica de discretos mercaditos para damnificados. Fuera de esta solidaridad de opereta, está demostrando una insen-sibilidad que sólo se explica por la total ruptura del tejido social, que no permite


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ver a un conciudadano en la persona del desposeído o del excluido por causa de la violencia.

El Gobierno, por su parte, hace grandes esfuerzos, pero aún insuficientes frente al problema de los territorios, y el país ni siquiera se ha dado por enterado.

Los logros de la seguridad democrática son incuestionables, como incues-tionable es la integridad de la institución militar y de nuestra fuerza policial. Los yerros humanos que comprometen la responsabilidad individual, deben ser cas-tigados también en el individuo, mas no en la institución a que pertenece ni en la política de la que hace parte.

Flaco favor le hace esta sociedad ingrata y despistada, a los esfuerzos en seguridad y a las esperanzas de paz, cuando arremeten contra nuestros héroes vivos, por las equivocaciones de vida de algunos de ellos, o por los errores tácticos que son propios de la batalla. Desde aquí le pedimos a la sociedad colombiana, respeto por nuestros héroes, porque un país que no los enaltece y respeta, dejará de tenerlos. Desde aquí le pedimos a la sociedad colombiana, solidaridad en la derrota y, sobre todo, acompañamiento efectivo para el logro de la victoria.

No hay que desmayar en la acción disuasiva de la fuerza del Estado, pero bien sabemos que la presencia militar no es sostenible en el tiempo y es insufi-ciente para el restablecimiento de la paz. Los soldados deberán ser remplazados por las condiciones para el desarrollo rural. Es el momento de saldar la deuda con el campo colombiano. Debe ser ahora, o quizás nunca. Las instituciones y la inversión pública deben copar prontamente los territorios bajo control de las au-todefensas, porque si no, será la guerrilla o nuevas bandas de delincuentes quienes lo hagan muy rápidamente.

La tarea del Gobierno debe comenzar por la lucha decidida contra los ver-daderos enemigos del progreso, que no son solamente la guerrilla y las autode-fensas. Los verdaderos enemigos del porvenir de la patria son el narcotráfico y la inequidad; el primero, que todo lo corroe y provee las armas del conflicto; y la segunda, que mantiene arrinconados en la pobreza a millones de colombianos. El primero, con las manos untadas de sangre sin vergüenza ninguna; la segunda, agazapada en medio del éxito empresarial de unos pocos, que acaparan la mayor tajada de los frutos del crecimiento.

Por eso saludamos el énfasis que su Gobierno le dará a la persecución del narcotráfico dentro de la política de seguridad democrática durante los próximos años. Y saludamos también las medidas de choque para disminuir la pobreza en lo que resta de este cuatrienio, pero sentimos, señor Presidente, que en este aspec-to, el Estado se sigue equivocando de enemigo.


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No luchemos contra la pobreza, que la pobreza no es el enemigo, y este enfoque deriva en costosos programas asistenciales, muy necesarios, por su-puesto, pero que no resuelven el problema de fondo y se convierten en una especie de “filantropía pública”, que acompaña a la de muchas fundaciones de empresas y personajes de farándula, tan meritorias como ineficaces en su impacto.

El enemigo es la inequidad, y mientras siga ganando las batallas en el Banco de la República, en las mesas de negociación salarial, y en la fuga de capitales de los grandes grupos empresariales para generar riqueza y empleo en otras latitu-des, no se logrará reducir la pobreza en Colombia.

Mientras la meta sea solamente crecer al 6% y más, pensando que la redis-tribución se dará por añadidura, no se reducirá la pobreza en Colombia, como no se ha hecho hasta ahora. Si una mayor parte de las utilidades billonarias no se transforma en mejores sueldos y en más empleos, Colombia seguirá atrapada en la trampa de pobreza que representa tener a la mitad de la población sin posibili-dades de consumir más allá de la subsistencia mínima.

Esa es la tarea del Estado. Llevar su institucionalidad y sus inversiones a todos los rincones rurales del país, masivamente y al costo que sea; que luego vendrá la inversión privada a generar más oportunidades, empleo y bienestar, ojalá fomentada por acertadas decisiones de política fiscal, como la de sustitución de impuestos por inversiones productivas en el sector agropecuario.

La desmovilización de las autodefensas es un paso grande hacia la Colom-bia del posconflicto, y por eso lo seguiremos apoyando en este empeño, señor Presidente. Restarle 30.000 combatientes a la guerra y silenciar cerca de 20.000 fusiles es un propósito que justifica cualquier sacrificio. Habrá que corregir errores y hacerle frente a la incomprensión desinformada y a la diatriba malqueriente. Pero una sola vida que se salve, vale mucho más que eso.

La justicia deberá proseguir con la aplicación rigurosa de la Ley de justicia y paz, la cual no debe perder su norte en medio del escándalo que se empieza a desatar a raíz de los presuntos vínculos entre política y autodefensas. La Ley fue hecha para confrontar a los desmovilizados exclusivamente, y no para meter por ella a la toda la sociedad rural, que ha estado inmersa por la fuerza en un clima de confrontación y de violencia.

Compartimos la posición gubernamental de la verdad hasta las últimas con-secuencias, pues no creemos que el país deba vivir con el chantaje de que la democracia no resistiría la verdad total y, por tanto, es mejor vivir en la mentira y el ocultamiento.


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Nos preocupa, eso sí, la situación de ganaderos, de agricultores y campesi-nos, y de militares también, frente a la cacería de brujas que se está empezando a desatar desde algunos sectores de opinión –y de presión también– interesados en “atizar hogueras” y en hacer fracasar el proceso con las autodefensas. La guerrilla en primera fila, que pierde a su principal enemigo, pero también a su argumento de fuerza para entrabar hasta el fracaso toda negociación.

Hay que restarle mucha hipocresía a este debate. No se puede perder la perspectiva histórica del conflicto. No se trata de retrovisores apuntados hacia Gobiernos recientes de uno u otro partido. Se trata de un cuento mucho más largo, o mejor, de una tragedia mucho más larga, que se escenificó en el campo colombiano: se trata del sesgo antirrural, de la violencia partidista, de las bon-dades y perversidades del Frente Nacional, de la indolencia generalizada ante el crecimiento de la guerrilla, de la permisividad social con el narcotráfico. Se trata de la ausencia cómplice del Estado en el sector rural.

Pero sobre todo, se trata de personas de carne y hueso. Se trata de nuestros padres, de nuestros hermanos, de nuestros hijos, de nuestros tíos y sobrinos, de nuestros amigos; que debieron vivir, trabajar, amar y hasta morirse en el campo colombiano, en medio del fuego y de la influencia cruzada de unos y otros.

Que nadie se llame a engaño. Las autodefensas surgieron porque el Estado no estaba presente para defender a los habitantes del campo. Y hay que decirlo: los productores rurales, los ganaderos sobre todo, principales víctimas de la gue-rrilla, vieron con buenos ojos la llegada de alguien que venía a ocupar el sitio del Estado ausente, aunque el remedio haya sido peor que la enfermedad.

Y claro. Las autodefensas no cayeron del cielo ni se importaron de Marte. Salieron de esa misma sociedad rural que se defendía. Eran el amigo, el conocido, el pariente o el compadre. Era imposible no encontrárselas en el camino, por una o por otra razón, bien sea por la proximidad, o por la vía de la extorsión y la amenaza.

Y no se olviden de los millones de campesinos que, obligados por el terror, si le daban un pollo a los unos podían morir por guerrilleros, y si le daban un ma-rrano a los otros podían morir por paramilitares. Siempre podían morir. Por eso y por nada más, millones de ellos deambulan por las calles bogotanas y de tantas ciudades del país. Y faltaría más que hasta ellos, terminaran siendo encausados por tanto juez de ocasión, por el delito grave de haberle dado un plato de sopa a las autodefensas.

No fue un Gobierno en particular sino todos los Gobiernos; y no fue el Gobierno sólo sino todo el Estado y toda la sociedad, quienes permitieron que el


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campo se convirtiera en el escenario de horror en que se convirtió. Fácil haberlo visto por televisión durante años y salir hoy, esa misma sociedad urbana, muy cul-ta y muy arrogante, a juzgar implacable a quien hizo o dejo de hacer, en muchos casos para conservar la propia vida.

No puede ser que las víctimas durante décadas de una violencia absurda y despiadada: ganaderos, agricultores, campesinos, militares; hoy terminen llevados a la picota pública como victimarios, por una sociedad que los confinó al abando-no y la desprotección, y hoy se viste de toga para juzgarlos.

Los ganaderos de Colombia –y que quede bien claro– asumen la responsa-bilidad como un colectivo que es parte integral de la vida rural y que, por tanto, no se puede sustraer a los procesos sociales del campo. Los ganaderos hemos tenido que atravesar el incendio de la violencia rural y nadie pasa un incendio sin chamuscarse, pero no somos los culpables de haberlo encendido.

Por eso, nuestra responsabilidad colectiva no es inferior a la de la sociedad entera y a la del Estado, que permitieron la postración del campo y polarizaron por la fuerza a sus habitantes, entre los dos extremos viciosos de la guerrilla y el narcotráfico.

Esa condición de víctimas y de sujetos pasivos del conflicto, no puede con-vertir a los ganaderos de Colombia en paramilitares, como tampoco fueron gue-rrilleros cuando, durante muchos y largos años, estuvieron sometidos al yugo de su amenaza y su extorsión.

Los ganaderos miramos hacia atrás para honrar nuestro pasado. Guarda-mos silencio respetuoso frente a los nombres de miles de muertos y secuestrados, pero levantaremos la voz tan alto como sea necesario, para defender ese pasado de dignidad, de esfuerzo y de pujanza ganadera. No permitiremos que hoy ter-mine manchado por el señalamiento fácil de una sociedad intolerante, omisiva e indolente.

Como anuncié en mis primeras palabras. Aquí estamos para enfrentar nues-tro presente con coraje y para defender con dignidad nuestro sitio en la sociedad.

Confiamos en el Congreso de la República, confiamos en nuestras institu-ciones democráticas. Su probada fortaleza sabrá superar éste y muchos momen-tos difíciles de la patria.

Confiamos en la justicia colombiana. La Ley de justicia y paz es un inmen-so logro colectivo y, por tanto, ha de servir a los fines que anuncia: preservar la justicia y generar un ambiente propicio para la paz de Colombia. Pero la Ley de justicia y paz fue concebida para juzgar a los actores armados y no a los colectivos indefensos, como el nuestro, obligados a convivir con la violencia.


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Confiamos en el Gobierno colombiano. Confiamos en usted, señor Presi-dente. No nos seduce su popularidad pero sí nos convencen su integridad y sus resultados. usted lo sabe.

Y confiamos en nosotros mismos. Somos optimistas de nuestras posibili-dades y de nuestra capacidad para transformarlas en un mejor futuro para la ganadería colombiana.

Nos hemos fijado con claridad la visión de futuro para la ganadería, y la hemos convertido en sueño compartido y en compromiso. Por eso, hoy, mucho más que hace dos años, amigas y amigos ganaderos, ese futuro..., es nuestro.

Muchas gracias.


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Intervención en el panel: “La visión del sector privado en torno a la formación del economista del 2019”

Barranquilla 29 de marzo de 2007*

Esta reflexión colectiva sobre el papel del economista que habrá de orientar las decisiones de política dentro de tres lustros y el contenido de responsabilidad social que

se inscribe en esta visión prospectiva, debe reconocer que el economista no se debe ocupar exclusivamente de la noción del desarrollo, sino de la distribución de los frutos de ese

desarrollo. La mano invisible no ha funcionado y se requiere de la mano más visible de la política pública económica, para garantizar los derechos de los más pobres.

Doctor Álvaro Moreno Suárez, presidente de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Facultades y Departamentos de Economía; distinguidos miem-bros de junta directiva; honorables panelistas: doctora Tatiana Orozco de la Cruz, directora ejecutiva Probarranquilla, y doctor Napoleón de la Rosa, director eje-cutivo ANDI, Fundación Mamonal; señores decanos, directores de programas y jefes de departamentos de economía, señoras y señores:

Mi formación básica es de ingeniero, no de economista; pero mi desarrollo profesional y mi vida laboral no han sido de ingeniero, han sido más de eco-nomista, tanto en el periodismo especializado, en épocas en que era quijotesco hacerlo y emprendimos la cruzada de Síntesis económica, como en los diversos espacios que he tenido la oportunidad de ocupar al servicio de mi país. Como Vicecontralor me apasionó potenciar su excelente revista de carácter eminente-mente económico, pero más que la revista como medio, me apasionó explorar en ella con mayor profundidad, el impacto del quehacer del Estado en la economía del país, el impacto de sus medidas, el impacto de sus recursos, de sus aciertos y de sus yerros.

No menor ha sido mi interés por las tecnologías de la información y las comunicaciones, como instrumentos potenciadores del desarrollo, y, por ello, con estos dos enfoques, el económico y el tecnológico, unidos a mi condición de ganadero de tradición y de entraña, he asumido, desde hace algo más de dos años, el papel de dirigente gremial en la Presidencia de Fedegán, posición con la


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que me han honrado los ganaderos de Colombia, y desde la cual me dirijo hoy a tan selecto auditorio, atendiendo una invitación que agradezco inmensamente, pues me hace sentir que algo está cambiando en el profundo sesgo antirural –o prourbano si se quiere– no sólo en la acción del Estado sino en el interés de la academia y de la sociedad toda.

El campo colombiano fue abandonado durante décadas de la mano de Dios, y Dios se personifica, en este caso, en la política pública y en la inversión pública. Sólo algunos renglones emblemáticos y algunas regiones aledañas a los grandes centros urbanos –y estoy hablando del café y las flores, principalmente– mantu-vieron su peso relativo, en tanto que algunos desaparecieron, como la cebada y el algodón, y otros lograron subsistir en medio de la violencia guerrillera primero, que asoló al sector rural hasta la desesperación, y la reactiva del paramilitarismo luego, violencias que se escalaron con los recursos del negocio del narcotráfico, que pervirtió las ideologías, las estructuras morales y, por ese camino, las activida-des económicas, el quehacer político y la vida cotidiana de los colombianos.

Y todo esto sucedió por decisiones de política. Sí, pero de política econó-mica. Es decir, decisiones de los políticos orientadas por los economistas. La fórmula de Currie, del énfasis en la construcción urbana como motor del desa-rrollo en los años 60, iba acompañada de la recomposición y tecnificación de la producción agropecuaria, pero el Estado no compró sino la mitad de la receta, y mientras, de la mano de la uPAC, surgieron las grandes ciudades y la gran em-presa urbana; en el campo se optó por la demagogia de la reforma agraria, por el pañito de agua tibia de los subsidios improductivos, por la desinversión pública, por la desinstitucionalización pública.

En los 90 la cosa no fue diferente. Sonaban campanas de apertura y era necesario escucharlas, no hay duda. Pero había también que escuchar la particu-laridad de la realidad económica y social del país. una decisión política una vez más, orientada por el sentir de la economía mundial del momento. una decisión intempestiva, además. una apertura indiscriminada e innecesariamente acelerada, dejó en el camino a miles de agricultores que se convirtieron, por fuerza de las cir-cunstancias, en ganaderos. Hoy se condena la “ganaderización” del sector agro-pecuario y se estigmatiza a los ganaderos de terratenientes; pero, ¿no era mejor invertir en la modernización y la productividad de los algodoneros colombianos, que entregarnos sin fórmula de juicio al “cotton uSA”? Estas decisiones son de política y de economía; son decisiones de política económica.

Por eso me parece tan importante esta reflexión colectiva sobre el papel del economista que habrá de orientar las decisiones de política dentro de tres


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lustros y aún más importante ese alto contenido de responsabilidad social que se inscribe en la visión prospectiva que inspira este certamen. ¿Qué debo hacer hoy para formar a ese economista del 2019? Comparto plenamente esa visión, porque en ella hemos empleado nuestras energías, hasta culminar el Plan estratégico de la ganadería colombiana 2019, que entregamos a los ganaderos, al Estado y al país, el pasado mes de noviembre, en el marco del XXX Congreso Nacional de Ganaderos.

Celebro también esta invitación porque coincide con el interés de Fede-gán de acercarse a la academia. Ya hemos tenido la oportunidad de charlar con muchos de ustedes sobre nuestros proyectos y sobre lo que demandamos de la universidad, y nos hemos adelantado en la búsqueda de una agenda con visión integral, que oriente la investigación universitaria, en consonancia con las metas del sector agropecuario y de la ganadería bovina en particular.

Nunca he creído en el inculpador y excluyente lugar común de una acade-mia de espaldas al sector productivo. O mejor, es posible que así sea, pero no es menos culpable la posición de un sector productivo de espaldas a la academia. Ha sido quizás un matrimonio mal avenido, que comenzó a dormir de espaldas y terminó en piezas separadas. Es necesario, entonces, girar cada uno 180 grados y colocarnos cara a cara. Es necesario empezar a reconocernos y, luego, a inter-cambiar ofertas y demandas –para hablar en términos económicos– como en los buenos matrimonios.

La academia tiene mucho que ofrecer, pero también mucho que recibir. Los sectores productivos no son solamente receptores pasivos del saber ilus-trado, sino agentes ejecutores del quehacer económico con mucho que ofrecer, y no me refiero a la contraprestación económica por la investigación, la trans-ferencia o la asistencia. Es que nuestras necesidades son –o deberían ser– el insumo para las posibilidades de expansión del conocimiento, que son de la esencia de la universidad.

Así pues, una primera reflexión sobre el objetivo de este encuentro, me lle-va a pensar que es muy importante indagar sobre “los retos en la formación del economista de 2019 en respuesta a las exigencias del avance de nuestro campo de conocimiento” como reza textualmente la propuesta temática, pero esta visión, aunque muy válida y necesaria, es una visión desde la oferta del saber económico. Es como decir: nuestro campo de conocimiento debe avanzar en el desarrollo de nuevas y mejoradas teorías, de nuevas y mejoradas herramientas para ofrecer a una sociedad que las necesita, sobre la base de la Ley de Say de que “toda oferta crea su propia demanda”, pero sin detenernos a indagar por la historia, el sentir


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y las necesidades de esa sociedad. ¿Si necesitan esas herramientas, u otras? ¿No le estaremos ofreciendo un Caterpillar a un campesino de media hectárea? ¿No habrá que pensar en herramientas intermedias y adaptadas a nuestra realidad económica y, sobre todo, a nuestra frágil realidad social?

Es más importante –y más realista–, a mi juicio, que el economista, desde su etapa de formación, descienda al terreno difícil del quehacer económico y pueda palpar sus necesidades, siempre y cuando –claro está– a partir del mutuo recono-cimiento, el sector productivo le abra las puertas a la Academia. Es importante, sin lugar a dudas, que el estudiante se adentre en la historia de las doctrinas eco-nómicas, pero es más importante aún, que pueda desmenuzar la historia econó-mica colombiana, que no está desligada, por supuesto, de la accidentada historia política del país y de su injusta e inequitativa historia social.

Es una posición desde la demanda. No se trata de ofrecerle al paciente una gran variedad de sofisticados medicamentos para todas las enfermedades. Se tra-ta, por el contrario, de empezar por conocer profundamente a ese paciente, hacer exhaustivos exámenes y preguntarle por sus dolencias, para entonces sí, prescribir los medicamentos adecuados dentro de lo posible.

¿Cuáles son, entonces, “los requerimientos que impone el ejercicio de la profesión”?

La formación técnica y el conocimiento de las doctrinas económicas es, sin duda alguna, el sustrato que debe permanecer y fortalecer en la formación del economista. Pero al tiempo que se forma al “economista puro” y trasplantable a cualquier lugar del universo, docto en los nuevos conceptos de la mesoeconomía y la metaeconomía, que van de la mano con el imperativo de la globalización; por ningún motivo se puede dejar de lado la formación del “economista colombiano” integrada a la formación básica e incorporada con decisión y con fuerza a los estudios de posgrado.

Los economistas de hoy deben conocer con profundidad la historia del país y al país mismo, en su dispersión y en su integralidad, en su diversidad y en sus valores comunes, en sus enormes potencialidades y en sus aberrantes perversio-nes. Esa es su materia prima, ese es su objeto de estudio para la aplicación de sus conocimientos, ese ha de ser el escenario de su desempeño laboral.

Desde mi perspectiva de dirigente gremial de sector rural, siento que esa formación integral tendría mucho que ver con los factores de inequidad que atra-viesan nuestra realidad nacional, y que expuse recientemente en el libro Posconflic-to y desarrollo. El economista no se debe ocupar exclusivamente de la noción del desarrollo y de los sectores económicos como sus agentes, sino de la distribución


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de los frutos de ese desarrollo, pues, a pesar de respetables opiniones, la experien-cia amarga del país nos ha demostrado que el sólo crecimiento no garantiza la redistribución de sus frutos. La mano invisible no ha funcionado y se requiere de la mano más visible de la política pública económica, para garantizar los derechos de los más pobres a la dignidad de su existencia.

La integralidad tiene que ver también con el sesgo antirural, que debe ser desterrado de la formación académica, máxime cuando las señales del mundo apuntan a un resurgir y a un verdadero revolcón de la economía rural, ligada a la crisis anunciada de la disminución de los combustibles fósiles y el imperativo de su sustitución, con un gran peso en los biocombustibles. Los enormes avances en la lucha contra la pobreza en algunas regiones del mundo, con China e India a la cabeza, es otra señal incuestionable que apunta hacia un incremento sustancial de la demanda por alimentos, que ha de competir con la producción de combusti-bles por la utilización eficiente de los factores de producción. La tierra, como en el medioevo, podrá volver a ser factor decisivo de generación de riqueza, al lado de la gran industria, los servicios y la tecnología, que hoy dominan el panorama económico. En suma, el economista de 2019, hoy más que nunca, debe detener sus ojos y su atención en el sector rural, más allá de la expectativa superficial de sus vacaciones de veraneo.

Es necesario acometer la investigación económica en esa dirección. Así lo estamos promoviendo a través del Premio Nacional de la Ganadería, que se en-tregará por primera vez en septiembre de 2007, y una de cuyas categorías se ha dedicado exclusivamente a la investigación económica relacionada con la gana-dería bovina. Nuestra meta de modernizar la ganadería colombiana necesita de muchos agrónomos, zootecnistas, veterinarios, genetistas y epidemiólogos, entre otras muchas disciplinas, pero también necesita de muchos economistas, pues la modernización está atada a la rentabilidad, a la competitividad, a la inserción a los mercados y al aporte a la generación de riqueza nacional y a su distribución con equidad.

Requerimos egresados con competencias específicas, es decir, que vayan más allá de los conocimientos y las usen creativamente junto con sus habilidades, de tal manera que sintamos realmente que ese profesional genera un impacto, ya sea productivo u organizacional en la empresa o en la economía del país. Necesi-tamos que se cualifiquen en nuestro contexto, para ayudarnos a hacer frente a la globalización, fuera de la cual no hay salvación ni existencia económica.

Necesitamos menos técnicos ilustrados y más economistas con capacidad para analizar el devenir y la coyuntura, la historia y la actualidad, la macroeco-


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nomía y sus relaciones de mutua causalidad con la suerte de las unidades em-presariales de producción. Necesitamos economistas que puedan armonizar las grandes corrientes del pensamiento económico con las realidades y problemas de nuestro país de carne y hueso, para encontrar salidas viables a través de la orienta-ción de la política pública. Son temas sobre los cuales no me quiero ahorrar unos breves comentarios.

Después de la gran depresión de los años 30 y, con mayor énfasis, después de la segunda guerra mundial, los políticos con alta formación humanista perdie-ron liderazgo y dieron paso a políticos con formación económica. Estados uni-dos surge como la potencia dominante y la ciencia económica y los economistas adquieren un mayor relieve en la formación de las políticas públicas a nivel global, a través de los organismos internacionales de carácter multilateral, como el Banco Mundial y el FMI.

Este conjunto de “técnicos ilustrados”, formados en universidades extranje-ras y disciplinados en la ortodoxia de la ciencia económica, asumió el control de las decisiones de muchos gobiernos que afectan el bienestar colectivo, desde éstos o a través de las reglas que imponen los organismos multilaterales. Implantan sus modelos en nuestro territorio, bajo el supuesto que funcionarán como en las economías desarrolladas. Son los modelos de desarrollo importados. Y aunque los políticos siguen representando formalmente a la sociedad, las decisiones son tomadas por los tecnócratas.

Este fenómeno, cada vez más frecuente en nuestros países, ha conducido a tomar decisiones en un marco conceptual desconectado de lo que es socialmente de-seable o necesario. Y para ello, se refugian en el mecanicismo de la “política económi-ca”, fría, impersonal, dogmática, compleja y poco efectiva para construir soluciones reales y de mayor calado social. Los ilustrados imponen teorías de países avanzados y de universidades con alto renombre, que a la final suman una serie de fracasos.

Los resultados saltan a la vista. Hoy América Latina está marcada por el atraso económico, la marginalidad, la pobreza, la debilidad de las instituciones, la precariedad de los sistemas políticos y toda una larga lista de carencias que, a su vez, definen las enormes tareas que tenemos pendientes para poner en orden nuestro vecindario.

El corolario es que el fracaso de las políticas económicas ha arrastrado la confianza de la sociedad en los políticos y en esa tecnocracia económica. Reque-rimos economistas que hagan economía colombiana.

A propósito de del tema de política económica, en un foro, realizado en Cartagena por la prestigiosa revista The Economist, hace un par de años, el pre


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sidente del banco BBVA, Francisco González, expresó lo siguiente, refiriéndose a las fuertes inversiones de ese banco en la región y a las posibilidades de creci-miento de América Latina:

Este sistema de economía de mercado y democracia política es el mejor que

haya diseñado nunca la Humanidad para el progreso económico y social. El impul-

so que la revolución tecnológica y la globalización están dando a la productividad,

combinado con los efectos de un sistema político y económico más favorable,

crean enormes oportunidades para elevar la riqueza y el bienestar a nivel global.

El planteamiento de economía de mercado y democracia política es intere-sante –aunque no muy bien recibido por muchos estudiosos del tema social– so-bre el cual vale la pena repensar: ¿Por qué no economía política y democracia económica?

Economía de mercado y democracia política,política económica y democracia económicaNo se trata simplemente del reordenamiento de palabras, o de conceptos sueltos, o de su mutación. Subyacen en ellos signos de los tiempos, así como de las opor-tunidades y la pérdida de las mismas por parte de los economistas.

Pero además, he querido tomar de base la intervención del presidente del BBVA, porque con mucha frecuencia escuchamos en los discursos de los polí-ticos, académicos y hombres de negocios, las expresiones política económica y economía democrática, y sobre ellas se construyen argumentaciones teóricas y se fundamentan importantes decisiones de gobierno. Por ello, bien vale la pena detenernos un instante para reflexionar sobre el significado de estas expresiones y sobre la necesidad de darles un giro para que el concepto que expresan, nos con-duzca a una transformación sustancial de esa realidad que vive América Latina y desde luego Colombia.

Vayamos ahora a los términos. una definición de política económica nos dice que es “la estrategia que formulan los gobiernos para conducir la economía de los países”. Esta estrategia debe tener, por tanto, una vocación práctica, y se debe apoyar en la manipulación de ciertas herramientas para obtener unos fines o resul-tados económicos específicos, especialmente en torno al bienestar de la sociedad.

Por su parte, la economía democrática es un concepto que recoge valores, como la libre iniciativa privada, la preeminencia de las reglas del mercado, y la libre competencia, en contraposición a la economía dirigida o a las posiciones abusivas o dominantes de mercado. Es decir, una economía que pretende alcan-zar, mediante procesos abiertos y competitivos, la desregulación, la flexibilización


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de las condiciones de producción, la apertura de mercados y el libre intercambio comercial. Todo un nuevo recetario que exige la globalización.

¿Se dan, como en el discurso, esas condiciones? No lo creo.Ahora bien, no por escuchar estos términos –política económica y economía

democrática–, en todas partes y a toda hora, debemos considerarlos como parte inalterable del paisaje. Las ideas económicas occidentales y más precisamente lo que se conoce como la “ciencia económica”, se han venido haciendo cada vez más sofisticadas, hasta el punto que los economistas han recreado, con sus teo-rías, un microcosmos regido por leyes muy particulares, bastante inentendibles, y con frecuencia pierden de vista que, al final, uno y otro concepto, no pueden ser sino formulaciones que representan instrumentos para alcanzar los propósitos del buen gobierno y el bienestar para todos.

Cuando miramos el desolador cuadro que en términos de pobreza, dete-rioro de las condiciones del empleo y marchitamiento de importantes renglones económicos, sobretodo de aquellos vinculados al sector agropecuario, cuando sentimos las convulsiones sociales que aún experimenta América Latina, enten-demos que la política económica asociada a la ortodoxia del pensamiento eco-nómico, debe ceder el paso a la economía política, tal y como antes se le llamaba por parte de los políticos con calado humanista a los instrumentos que todo buen gobierno debe usar para atender las necesidades de la sociedad, en la búsqueda del bienestar colectivo.

Algo similar ocurre con la desgastada expresión economía democrática o economía de mercado cuando le cambiamos el orden y hablamos de democracia económica. Este cambio en el orden de las palabras, no es conmutativo. Aquí el orden sí que importa, porque la democracia económica abre un nuevo escenario donde adquieren su verdadero significado los derechos y libertades individuales en comunión con el interés general, y donde los diferentes grupos pueden cons-truir instrumentos eficaces para conciliar sus metas particulares.

Pero vayamos más allá de las palabras. ¿Se puede construir una democracia real en lo político, si la mayor parte de los individuos que conforman la sociedad están excluidos de los frutos del desarrollo, es decir, si no existe una democracia real en lo económico? Los casos de América Latina hablan por sí solos. En los últimos 20 años, la degradación social y el empobrecimiento de cada vez más amplios sectores sociales van de la mano, con el deterioro del quehacer político en concepción original.

Para citar sólo el caso colombiano, más del 45% de la población, según las últimas cifras del Departamento del Planeación Nacional, es pobre y cerca del


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12% vive en condiciones de indigencia. En las zonas rurales el asunto es más dramático, los pobres alcanzan el 62% y la indigencia supera el 21%. ¿Puede una masa de colombianos tan abultada y a la vez excluida del ciclo de la economía, participar políticamente, es decir, tener real incidencia en las decisiones que lo han de beneficiar o perjudicar? ¿Puede ser libre y elegir libremente quien nada tie-ne? Claro que no. El presupuesto de toda democracia pasa por tener ciudadanos incluidos en lo económico, para que tengan opciones en lo político.

La historia reciente nos demuestra que las recetas centradas exclusivamente en el análisis de los “tecnócratas”, conducen a resultados bastante indeseables, y que los políticos como líderes del ordenamiento social y económico deben re-cuperar su dignidad y espacio para enderezar el camino. En ello los empresarios debemos ser más que solidarios, en el sentido asistencial de la palabra, para pasar a ser promotores eficaces del crecimiento económico y del cambio social, y para acudir, cuando nos corresponda, a confrontar y conciliar nuestras diferencias con los demás grupos de la sociedad, reconociendo que en última instancia debemos procurar el bienestar colectivo.

Pero vayamos al fondo del problema. Nadie pone en duda la importancia de la economía democrática si la expresión da cuenta de lo que significa la economía de mercado, la libre empresa y la competencia como factor básico en la cons-trucción de riqueza, pero ello no puede pasar por encima de las oportunidades que se deben habilitar para que un número cada vez mayor de ciudadanos pue-dan ser propietarios. En Colombia, con la privatización de las empresas públicas perdimos una gran oportunidad de hacer realidad ese sueño de la Constitución de 1991. En cambio, no tuvimos reparos para pasar de los viejos monopolios públicos a los nuevos monopolios privados. ¿Dónde está, entonces, la economía democrática? Simplemente quedo reducida al interés satisfecho de unos pocos.

El reto aquí para las facultades de economía es formidable como agentes de cambio, como también lo es el de los políticos. Infortunadamente, en nuestros paí-ses, los políticos, y la política misma, en un mayor o menor grado de incidencia, es-tán desprestigiados y eso los hace poco convincentes como agentes de cambio. Son parte del problema, lo cual contribuye a generar un mayor grado de desconfianza.

¿Cambios hacia el futuro? Muchos. Fedegán ha visitado más de 70 universi-dades contándoles que tenemos el Plan estratégico de la ganadería colombiana 2019 e invitándolos a debatirlo y solicitándoles su difusión. Hoy quiero aprovechar este auditorio para reafirmarles esta invitación.

Tenemos un plan para el desarrollo de la ganadería colombiana y eso marca un hito. Nuestra visión la hemos plasmado en los siguientes términos: “Para el


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año 2019, la ganadería colombiana será una actividad moderna, rentable, solida-ria, ambientalmente sostenible y socialmente responsable para el bienestar del ganadero y del país”.

Se trata de mejorar los parámetros productivos y reproductivos, de mejorar el entorno social y buscar un cambio cultural en el ganadero. Esta visión impone grandes retos tanto a nivel técnico como social, que exige el trabajo mancomu-nado con centros de investigación aplicada, con la academia y que ésta estimule el conocimiento y la investigación en el sector. Son tareas que se requieren no sólo por el tema económico, el cual hemos señalado con una sentencia muy simple: “nos movemos o nos mueven”, que no es otra cosa que ocupar el terri-torio productivamente, defender nuestro mercado y promover la exportaciones de productos con valor agregado, en donde Colombia tiene ventajas por estar ubicada en zona de trópico, que le permite obtener productos orgánicos; pero también tenemos que hacerlo socialmente para allanar los espacios dejados por la política de seguridad democrática, so pena de repetir la historia de violencia que ha sumido nuestra patria.

Que hay que entender esas dinámicas económicas que se dan en el sector rural para explicar el encogimiento y extensión de diversas actividades. En el Eje Cafetero, por ejemplo, en tiempo de buenos precios, eran las grandes áreas sembradas en café; vino luego la destorcida de los precios y estos agriculturas se vieron expelidos hacia una actividad que no conocían, porque ese activo que es la tierra no la podían trasladar a otra parte, había que utilizarla. Se potrerizó así el esta región, y se convirtieron “en ganaderos”; luego, ante la caída de esta última actividad, se enrumbaron al agroturismo; y ahora parece que se vuelven a reconvertir al café. ¿Alguien sabe cuál es el efecto social de todo ello? ¿Alguien ha vislumbrado o estudiado hacia donde agarrar? ¿Alguien se ha preocupado cómo mejorar el bienestar de toda la población? Por lo menos la academia ha estado ausente. Allí se requiere ese conocimiento de la academia.

Nuestra propuesta a la academia es precisamente esa. Alinear sus agendas de investigación con las ya alineadas agendas públicas y privada, expuesta en el Plan estratégico de la ganadería colombiana 2019. Son múltiples los campos de acción. En las facultades de economía, administración de empresas y contaduría, se pueden desarrollar proyectos que vayan desde el estudio de las potencialidades regionales, estudios econométricos del hato regional, de precios, de mercado, de movilización de bovinos, hasta la formalización tributaria en que estamos comprometidos.

Requerimos que las universidades se apropien del Plan estratégico para que cada región tenga un plan con los mismos lineamientos del nacional, lo apuntale


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y empiece a desarrollar su región. Se trata de la academia de la región, con estu-diantes de la región, con el sector real de la región, analizando la economía de la región y buscando soluciones económicas y sociales para su región.

Para estimular la investigación en el área pecuaria-bovina, exaltar la labor de investigadores independientes o de grupos de investigadores, de estudiantes de pregrado, posgrado y doctorado y de empresarios y ganaderos, Fedegán institu-yó en 2006 el Premio Nacional de la Ganadería, José Raimundo Sojo Zambrano. Buscamos que estas investigaciones se constituyan en un valioso aporte a la com-petitividad y modernización del sector, en las áreas de ciencia y tecnología, eco-nomía ganadera y desarrollo de modelos productivos, eficientes y sostenibles.

Queremos, con ello, dar un paso adelante hacia el necesario reencuentro entre la academia y nuestro sector productivo. Nunca más estaremos de espaldas, porque los ganaderos necesitamos del saber económico. Nunca más estaremos de espaldas porque los economistas del futuro deben beber en la fuente de nuestras realidades, nuestras necesidades y nuestras expectativas. Nunca más estaremos de espaldas, porque el país está pidiendo a gritos que nos miremos a los ojos pri-mero para reconocernos y que marchemos luego, unos al lado de los otros, para construir una Colombia próspera, una Colombia justa, una Colombia digna, una Colombia en paz.

Para ello necesitamos jóvenes con una sólida formación técnica, pero sobre todo, con armadura de valores inalterable y con un conocimiento profundo de su patria, pues sólo se ama lo que se conoce. Jóvenes soñadores, visionarios, que compartan con nosotros ese sueño alcanzable de la Colombia del mañana.

Muchas gracias

*II Encuentro anual de decanos de facultades, directores de programas y/o jefes de departamentos

de economía del país.


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Acto de instalación de la 3.a gira técnica de 2007 (Llanos Orientales)

Villavicencio, 3 de mayo de 2007

Las giras técnicas fueron concebidas como una herramienta para “aprender de los mejores”. Los teóricos de la administración se inventaron el benchmarking para estudiar estos procesos de transferencia de conocimiento y muchos conferencistas

internacionales, se llenan los bolsillos enseñando algo tan sencillo: recibir de primera mano y con generosidad la experiencia y las enseñanzas de algunos ganaderos de

excelencia, que han innovado en sus empresas con resultados positivos.

Bienvenidos a este Llano amable, que nos acoge con la amplitud de su horizonte, con el sentido lamento de un arpa, con el sonoro rasgar de un cuatro y con el ritmo acompasado de unos capachos; pero sobre todo, con el espíritu ganadero que se respira en la proverbial cultura llanera y en el sentir de sus gentes.

Bienvenidos a esta cita con la modernización ganadera alrededor de esta primera gira técnica de 2007. Bienvenidos a este espacio para el intercambio y la cordial confrontación de ideas y experiencias. Bienvenidos a este encuentro con la nueva ganadería que estamos construyendo, paso a paso, pero sin respiro, para cumplirle al ganadero, al campo colombiano y a todo el país.

Mi especial bienvenida y nuestro fraternal saludo a la delegación venezolana que hoy nos acompaña, presidida por el doctor José Agustín Campos, presidente de la Confederación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Venezuela (Con-fagán); y un saludo también a nuestro amigo de siempre, Guido Martinelli, presi-dente de los ganaderos de Panamá.

Nuestra gratitud a la Gobernación del Meta y a la hospitalaria ciudad de Villavicencio; al Comité de Ganaderos del Meta y a los ganaderos, docentes y estudiantes de la universidad del Llano, que serán nuestros diligentes guías en los recorridos de la gira.

Nuestra gratitud a los conferencistas nacionales y extranjeros, especialmente a Martín García Fernández, que nos ilustrarán con el componente teórico de la gira; y, muy especialmente, quiero saludar y agradecer a los ganaderos que serán


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nuestros anfitriones en esta ocasión, que nos dejarán entrar a sus casas y nos mostrarán, con generosidad y sin prevención alguna, sus procesos, sus buenas prácticas, sus experiencias innovadoras, sus cifras, sus registros productivos y sus logros.

Hemos concebido las giras técnicas como experiencias amigables pero rigu-rosas de transferencia tecnológica, es decir, como transferencia de carne y hueso, y como espacios de intercambio ganadero, en ocasiones más fructíferos que un manual o una cartilla.

Hemos concebido las giras como una oportunidad para “aprender de los que saben”, de la mano de conferencias de expertos, porque nunca desdeñaremos el inmenso valor del saber acumulado por la academia, a través de los procesos de investigación básica y aplicada.

Hemos puesto especial énfasis en las giras técnicas como una herramienta para aprender de los mejores. Los teóricos de la administración se inventaron para esto una palabreja sofisticada y difícil –benchtmarking–, y muchos conferen-cistas internacionales se llenan los bolsillos enseñando algo tan sencillo como lo que haremos en estos días: recibir de primera mano y con generosidad, la expe-riencia y las enseñanzas de algunos ganaderos de excelencia de la región, que han innovado en sus empresas con resultados muy positivos.

Y finalmente, no hemos concebido las giras como un experimento aislado y de ocasión. Por el contrario, junto con las escuelas de mayordomía, con los programas de capacitación ganadera de los teCnig@n, y con otros proyectos no menos importantes, como el de las brigadas tecnológicas, conforman el Programa nacional de formación de capital humano para la ganadería colombiana, que tam-poco es una ocurrencia fortuita, sino uno de los ejes para alcanzar las metas de empresarización y productividad, plasmadas en el Plan estratégico de la ganadería colombiana 2019.

Como pueden ver, las giras técnicas no son precisamente un paseo de ami-gos, o un divertimento turístico con algunos brochazos de tecnología que lo jus-tifiquen. ¡No! Aquí venimos a trabajar y a aprender, en medio de un ambiente cordial pero disciplinado y responsable. El futuro de la ganadería colombiana no es un juego y aquí estamos dando un paso más hacia su modernización.

Es tal la consistencia y seriedad del Programa nacional de formación de capi-tal humano, que ha merecido el apoyo de un aliado estratégico de excelencia: el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), entidad con la que estamos desarro-llando conjuntamente esta novedosa experiencia, que ha reforzado mi ya probada convicción de que lo público y lo privado no son, necesariamente, como el agua


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y el aceite, sino que, por el contrario, pueden compartir visiones y propósitos comunes y trabajar exitosamente para alcanzarlos.

Si Colombia está a un paso, señor Ministro, de obtener la certificación de libre de aftosa para todo el territorio nacional, es porque hemos sido exitosos en nuestra alianza con el Ministerio de Agricultura y con el ICA, experiencia inédita y amplia-mente reconocida en el ámbito internacional de la lucha contra la enfermedad.

Este Gobierno, y especialmente su Ministerio, han sido fructíferos en esta alianza programática y de acción para recuperar al campo colombiano, de su vía crucis de abandono y de violencia; porque este gobierno, como ningún otro, ha tenido verticalidad en sus convicciones sobre la realidad rural y, sobre todo, vale-rosa consistencia entre el discurso y las ejecutorias.

Siempre ha sido fácil encontrar respaldo a nuestro persistente discurso so-bre la importancia estratégica del campo para la paz de Colombia; es fácil encon-trar eco, altavoz y aplausos a una proposición tan evidente, pero ha sido un tanto más difícil encontrar respuesta en la voluntad política, en las decisiones y en la asignación de recursos, aunque no se pueden desconocer logros como el de la parafiscalidad ganadera en 1993, y la expedición de la llamada Ley de aftosa en 1997, fruto más de la tenacidad del gremio que de la orientación conciente de la política pública.

Pero hoy contamos con un Gobierno que cree, como todos han creído, en la importancia estratégica del campo; pero que, además, lo manifiesta expresamente y, lo más importante, no se queda en el aplauso de la galería, sino que traduce el dis-curso en decisiones de política pública y en recursos para el campo colombiano.

Así fue durante las negociaciones con Mercosur, cuando sentimos que no éramos convidados de piedra y que el Ministerio de Agricultura, en ocasiones aún en contravía de su homólogo de Comercio, hizo causa común con las expectati-vas del gremio, al margen de los resultados finales de este tipo de negociaciones, ligados a un laberinto de intereses y presiones sectoriales.

Así fue desde el inicio de las negociaciones del TLC, cuando el Ministerio incluyó la carne y la leche dentro de los productos con potencial exportador, lo que entendemos como un reconocimiento a la realidad ganadera y un apoyo a sus esfuerzos de modernización. Y bien sabemos que, a pesar de las inamovibles líneas rojas de la contraparte, usted personalmente defendió, con las uñas, temas muy sensibles para la ganadería, como los sanitarios, que estuvieron muy cerra-dos en el epílogo de la negociación.

Y así fue cuando obtuvimos su más absoluto respaldo y cercano acompaña-miento hasta la expedición del Conpes sanitario, en respuesta a la solicitud que


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le hice al Presidente de la República, para garantizar la articulación de la política pública, de la institucionalidad y de los recursos del Estado, alrededor de las me-tas apremiantes en esta materia.

No basta entonces, comprender, como usted lo ha hecho, señor Ministro, las señales del mundo que auguran un futuro promisorio a los sectores agrope-cuarios de los países en desarrollo y, principalmente, de aquellos ubicados en la zona tropical del planeta. Es necesario, como usted lo está haciendo, obrar en consecuencia.

Esa consistencia lo llevó a respaldar la iniciativa de Fedegán de acometer con recursos parafiscales la etapa de diseño de la trazabilidad ganadera, condición sin la cual no llegaremos nunca a los mercados internacionales, ni estaremos en capacidad siquiera, de garantizar calidad e inocuidad a nuestros consumidores. Gracias a su apoyo sacamos adelante la Ley de trazabilidad, el Gobierno delegó en Fedegán la administración del sistema y, finalmente, su apoyo fue definitivo para pasar a la etapa de implementación, con recursos del programa Agro ingreso seguro.

El mismo Agro ingreso seguro es otra demostración de consistencia en las po-líticas que usted ha liderado en el Ministerio. No nos interesa apelar al retrovisor, pero es imposible no contrastar el actual proceso con aquella apertura de los 90, inadvertida y súbita, sin gradualidad alguna y con el gravísimo incumplimiento de una ofrecida reconversión.

Este tema me trae a la memoria una charla pausada de aeropuerto con el señor Presidente, en medio de dos tragedias: el fallecimiento de Luis Samuel Martínez, nuestro querido líder ganadero, y el de Pedro Juan Moreno, asesor cer-cano y amigo del primer mandatario. Eran finales del mes de febrero de 2006 y, coincidencialmente, se anunciaba el cierre de las negociaciones del TLC. Ese fue el tema de nuestra charla, y yo le comenté al presidente uribe mis percepciones de un viaje a Chile, por la época de la primera apertura, en el que pude constatar como, ya en ese entonces, el país austral había entendido que no podía seguir produciendo de todo en todas partes, sino que era necesario acometer la recon-versión de su aparato productivo rural.

Son muy conocidos los resultados de la especialización chilena en vino y frutas, entre otros, a partir de claras directrices de política pública para fortalecer los productos con potencial y desincentivar definitivamente aquellos que no lo tienen.

Agro ingreso seguro es un instrumento de ese talante: realista y serio, sin un-taduras de demagogia y populismo. La combinación de subsidios decrecientes a


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renglones sin potencial competitivo, con apoyos crecientes a la reconversión de aquellos que sí lo tienen, permitirá aprovechar el entretanto de la desgravación progresiva para reestructurar la producción rural, con miras al logro de la compe-titividad integral y la recuperación del campo.

Agradecemos también su apoyo, señor Ministro, a nuestra propuesta de in-versiones sustitutivas de impuestos, que es necesario promover y fortalecer, para que se convierta en mecanismo eficaz para resarcir décadas de descapitalización del campo, por cuenta de la violencia y el desorden social que florecieron en me-dio de la desatención del Estado y de la sociedad.

Es necesario consolidar el trípode de recursos conformado por Agro, ingre-so seguro, cuyos recursos anuales de 500.000 millones hay que preservar sin re-bajas ni distorsiones; por inversiones sustitutivas de impuestos, que podrían llegar a un billón de pesos anuales; y por una coherente y sostenida política de crédito agropecuario a través de Finagro, complementado todo ello con una aguerrida estrategia de bancarización a cargo del Banco Agrario, que lejos de renunciar a su vocación rural debe demostrar que el campo también es negocio para el sector financiero.

No quiero dejar de mencionar su apoyo a las normas que buscan ordenar el transporte de ganado, el sacrificio y la comercialización de carne; como las orientadas a garantizar la calidad de la leche y prohibir, de una vez por todas, el peligroso consumo de leche cruda, en pleno siglo XXI y a más de 127 años del revolucionario hallazgo de Pasteur en beneficio de la salud humana.

Hemos tenido diferencias, señor Ministro, pero en medio de un balance positivo, hemos sabido resolverlas en un ambiente de respeto a la posición ajena, y sin menoscabo del legítimo derecho a defender las propias con firmeza y con argumentos.

Por todo ello, señor ministro Arias, la Junta Directiva de Fedegán ha toma-do la sabia y oportuna decisión de otorgarle la Medalla al mérito ganadero Hernán Vallejo Mejía, no sólo como un reconocimiento al que le sobran méritos, sino como una forma sincera y, por qué no decirlo, interesada de buscar su compro-miso para continuar acompañándonos en una de las labores más estratégicas y, paradójicamente, menos reconocidas de la gestión pública: la recuperación del campo.

Quédese, señor Ministro, para consolidar esa base de política pública que hará historia como detonante de la revolución agropecuaria colombiana del siglo XXI, que supo responder a los retos y las oportunidades del ahora. Quédese, a pe-sar de las limitaciones de recursos, que siempre serán insuficientes para el tamaño


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y la urgencia de los retos. Quédese, a pesar de la incomprensión de muchos y la beligerancia de otros tantos.

Pero, sobre todo, quédese, señor Ministro, porque hacer un buen ministro cuesta mucho en tiempo y oportunidades. Los países serios tienen siempre fun-cionarios de alta jerarquía con vocación de continuidad, mientras que el nuestro, antes de este Gobierno cuando menos, tenía ministros de Agricultura anuales e incluso semestrales. El campo colombiano necesita del bagaje de sus conocimien-tos, complementado ahora con su valiosa experiencia en una cartera, quizás de poca figuración pero de gran valor estratégico para la patria.

Lo seguirán atacando por joven, pero también lo atacarían por viejo si lo fuera; lo seguirán acusando de impulsivo, pero si no lo fuera lo acusarían de pu-silánime; lo seguirán atacando por su lealtad a una persona y a una causa que ha hecho suya, pero también se apresurarían a atacarlo por desleal si usted modifi-cara un ápice sus posiciones. Infortunadamente, señor Ministro, estamos en un país en donde todo vale para descalificar a una persona; en un país en donde lo importante es atacar sin importar las consecuencias.

Los ganaderos sabemos muy bien de semejante infortunio. Desde siempre hemos recibido el ataque sistemático y orientado, de algunos sectores sociales y organizaciones de izquierda, que han logrado, a fuerza de persistencia, como la gota de agua que termina horadando la roca más fuerte, que la sociedad nos encasille en estereotipos que no se compadecen con la realidad del ganadero. Nos tildan de terratenientes ociosos, de explotadores, de depredadores de la naturale-za, de ineficientes y, también, de paramilitares.

Los ganaderos no hemos sido otra cosa que víctimas de todas las formas de violencia que se han turnado el campo colombiano, desde la que prohijaron los partidos a mediados del siglo pasado, pasando por la subversión que se encadenó sin solución de continuidad con esa primera violencia, hasta la más publicitada y actual de los grupos de autodefensa.

Los ganaderos seguiremos respaldando sin reservas la Ley de justicia y paz, que sacó de la lucha armada a miles de colombianos y colombianas, y sometió a sus cabecillas a un régimen transicional de justicia. Los ganaderos apoyamos todos los esfuerzos hacia la adecuada reparación de las víctimas y la búsqueda de la verdad.

La búsqueda de la verdad se ha convertido en condición inevitable para la paz. Y debe serlo. Pero no cualquier verdad. No una verdad olvidadiza; no la mitad de la verdad; no una verdad que aterriza en paracaídas en el fenómeno del paramilitarismo, como la mayor de las violencias, desconociendo causas y


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responsabilidades enredadas en la historia. Debemos buscar aquella verdad que responda fielmente a la historia. una historia que no puede olvidar de un tajo, la oscura y muy larga noche que padecimos los colombianos que, desde el campo, hemos tratado de hacer Patria.

Porque también hay otra verdad; la verdad infame de aquellos que persiguen fines inconfesables. En el río revuelto de los miles de juicios de la Ley de justicia y paz, y con más de 50.000 reclamaciones de víctimas, se cuela una feria de testigos de ocasión que, amparados en trincheras despreciables, disparan calumnias por doquier, contra muchos colombianos que han ganado reconocimiento por una trayectoria limpia y honorable.

El fenómeno ha hecho furor entre lugartenientes y segundones del paramili-tarismo desmovilizado, que se han convertido en estrellas de la chiva periodística en los últimos meses, encontrando eco fácil en una prensa ávida de escándalos, y en no pocas ONG, que se convierten en altavoz del rumor y la calumnia, constru-yendo otra verdad, deformada e infamante, que da lugar a juicios y condenas en la palestra de los medios, mientras la justicia, superada y presionada por la realidad, no alcanza una mínima capacidad para ponderar los hechos y garantizar el dere-cho a la verdad y a la honra, a muchos individuos y a la sociedad como un todo.

Hay que cuidar el bien público inestimable de la justicia como garante de la paz y la civilidad. La justicia no puede estar sometida a la injustificable presión de los medios. Día tras día, vemos como va desapareciendo la reserva sumarial en Colombia y como los funcionarios judiciales son presionados a dar explicaciones sobre asuntos que aún están bajo su cuidadoso estudio, entrando en el terreno minado de emitir opiniones que afectan el debido proceso.

Precisamente, para preservar el bien colectivo de la justicia, el país optó por un sistema de justicia transicional, que tiene como telón de fondo a la verdad, ofrecida por quien se somete y verificada por la justicia, para brindar reparación a las víctimas, pero sobre todo, para recibir el beneficio de una condena preestable-cida, que puede no guardar proporción con el daño causado, pero que es el precio que la sociedad está dispuesta a pagar por la paz, porque la búsqueda de la paz es el fin último de este sistema transitorio de justicia. Es una justicia para la paz.

Por eso la verdad debe ser un instrumento de reconciliación y de paz. Y para ello: primero, la verdad no se puede utilizar arteramente por unos para ju-dicializar, situaciones prefabricadas e infames; y superficialmente por otros para conseguir una noticia más escandalosa que la del día anterior.

Segundo, la verdad no se puede convertir en un eslabón de la cadena del odio, sino en una catarsis necesaria para el logro de la paz. El país se ha indigna-


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do hasta las entrañas con un especial periodístico sobre las fosas y las macabras prácticas del paramilitarismo, pero esa verdad y esa indignación deben conducir a la reconciliación y no al castigo implacable y la venganza.

Y tercero. La verdad será un instrumento integral de paz, cuando se conoz-ca toda. El país no puede destapar sólo la mitad de las fosas; también es necesario destapar las fosas de la guerrilla y conocer sus ignominias, como hay que destapar también toda la nauseabunda verdad del narcotráfico.

De no ser así, nos habremos quedado con el pecado y sin el género. Habre-mos prostituido la verdad y deslegitimado a la justicia, y habrán quedado mal-trechos aún más, los ya fracturados pilares morales de la sociedad. Es enorme la responsabilidad histórica de los colombianos de hoy. Estamos ante una gran oportunidad de paz o ante un desfiladero de violencia.

Es una responsabilidad que hemos asumido los ganaderos con entereza. Nuestro gremio ha sido el único en aceptar su responsabilidad colectiva frente al fenómeno del paramilitarismo, colectiva y nunca menor a la de otros sectores, ni a la del Estado omisivo y negligente, que permitió el absurdo crecimiento de la guerrilla. Lo dijimos en nuestro pasado Congreso en Cartagena: “Los ganaderos, víctimas turnadas de unos y otros, nos vimos forzados a atravesar el incendio de todas las violencias en el campo colombiano; sin ayuda y sin protección alguna…, y nadie atraviesa un incendio sin salir chamuscado”. Pero repito una vez más, no fuimos nosotros los incendiarios.

El fuego de la violencia prendió fácil en un campo desolado, abandonado por el Estado; el Estado que no llevó el desarrollo ni el bienestar, como era su obligación; el Estado que nunca enfrentó con decisión a la guerrilla, que no ad-virtió el surgimiento y, luego, el macabro desbordamiento del paramilitarismo; y que permitió la expansión del narcotráfico y su inicuo maridaje con guerrillas y paramilitares.

Los ganaderos hemos aceptado nuestra responsabilidad colectiva. Pero hay cosas que son inaceptables. No podemos aceptar que la búsqueda de la verdad termine en una cacería de brujas contra los ganaderos y contra la población rural en general. No podemos aceptar que, por cuenta de quienes nos han estigmati-zado desde siempre, pasemos de ser la víctimas que hemos sido, a victimarios encausados judicialmente, por cualquiera que se sienta con el derecho a empañar la trayectoria limpia de muchos ganaderos, agricultores, militares o policías.

Creemos en la justicia colombiana, pero estamos enfrentados a que cualquie-ra que se haya cruzado con algún paramilitar, en algún momento de su existencia, y sin importar las razones, hoy podrá ser investigado y condenado por la justicia.


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Creemos en los medios de comunicación, pero sentimos que su avidez por la noticia los está llevando a juzgar y a condenar por anticipado a quienes no han sido ni juzgados ni condenados por la justicia. Cualquier fotografía, cualquier testimonio sin verificación, cualquier chisme de oídas sobre presuntos nexos con paramilitares, puede acabar con una vida y una carrera.

Por ello rechazamos el señalamiento fácil de algunos columnistas, como rechazamos que pongan en nuestras bocas palabras que no hemos pronunciado. Nadie ha repetido como lorito que el paramilitasrismo sea un mal necesario; nadie ha repetido como lorito que la condición de víctima justifique la violencia hasta convertirse en victimario. Nada justifica la violencia: ni la pobreza, ni el abandono del Estado, ni siquiera una reacción a la agresión del asesinato, del secuestro infame y de la extorsión.

Pero lo que sí hemos repetido, y no con la estupidez del loro, sino con la carga pesada del dolor de muchos muertos y de muchos secuestrados, es que el abandono total del Estado y la absurda e incontenida violencia guerrillera, fueron explicaciones suficientes para el surgimiento del paramilitarismo, como la inca-pacidad del Estado para luchar contra el narcotráfico explica el macabro contu-bernio con todas las formas de violencia, que desbordó en límites insospechados de terror y de maldad.

Lo que sí hemos repetido es que nada de esto habría sucedido en medio de un campo pleno de oportunidades, con escuelas, hospitales, carreteras, comunica-ciones, conectividad, recreación y cultura; un campo con servicios públicos, con seguridad permanente y con justicia pronta; un campo con condiciones adecua-das para la creación de empresas modernas, rentables y generadoras de empleo y bienestar. No habría llegado la guerrilla, no habrían surgido los paramilitares, ni los campesinos habrían sido convertidos, por la fuerza del terror y la pobreza, en cómplices de delincuentes avezados, en el eslabón primario de la tenebrosa cadena de valor del narcotráfico.

El país no puede jugar a Pilatos y lavarse las manos a la hora de buscarle culpables a la tragedia del campo colombiano. Fácil es buscarlos en el campo mismo, convirtiendo a las víctimas en victimarios, mientras la sociedad urbana continúa viendo el desenlace por televisión y sin remordimiento alguno. No fue accidental ni fortuito que el 30 de septiembre de 2005, los ganaderos hayamos querido honrar la memoria de uno de nuestros mejores hombres: José Raimundo Sojo Zambrano, asesinado vilmente por las FARC, 10 años atrás.

Alrededor de la memoria de Sojo Zambrano, quisimos honrar la de los mi-les de muertos y asesinados por la guerrilla durante años de violencia inclemente.


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Las paredes del Museo Nacional en Bogotá no fueron suficientes para albergar tan infamante y dolorosa lista. El corazón de los allí presentes se arrugaba de emoción dolida, porque detrás de cada nombre había una historia de sufrimiento, una verdad que no ha sido contada.

Pero el país no se interesó en nuestra historia, no supo entender la dimen-sión del mensaje de reconciliación y optimismo que lanzamos: “…sólo miramos hacia atrás para honrar nuestro pasado…, miramos hacia delante para construir nuestro futuro”.

No logramos mayor cubrimiento periodístico, porque esos miles de asesina-dos y secuestrados, no eran una verdad noticiosa; para los medios era una capítulo cerrado de violencia; para nosotros, era y es dolor vivo y presente. Eran miles de muertos y secuestrados, eran miles de los nuestros, y ahora resulta que los ganade-ros no somos las víctimas sino victimarios y malhechores infames. ¡Es inaceptable!

Los ganaderos, o cuando menos la inmensa mayoría de los cerca de 500.000 ganaderos colombianos, nunca auspició al paramilitarismo, más allá de la forzada contribución extorsiva, y por ello aceptamos nuestra responsabilidad colectiva. Muchos ganaderos, por el contrario, pagaron con su vida, su libertad o sus bienes, el rechazo a la extorsión y a la alevosa agresión paramilitar.

Por eso duele tanto que seamos genéricamente acusados de auspiciadores del paramilitarismo. Durante décadas fuimos extorsionados por la guerrilla –tam-bién secuestrados y asesinados– y a nadie, nunca, se le ocurrió tildarnos de aus-piciadores de la guerrilla ni de guerrilleros en propiedad, como hoy se pretende acusarnos de paramilitares.

Habrá algunos ganaderos, y habrá muchos colombianos de sectores dife-rentes al ganadero, que pasaron de la contribución pasiva de la extorsión a la contribución activa y voluntaria para la comisión de delitos. Que sean juzgados y castigados como corresponde, si fuere el caso.

Yo no sé si Chiquita Brand o la Drumond, pasaron de la contribución pasiva de la extorsión a la contribución activa y voluntaria para la comisión de delitos. Si la justicia lo comprueba, una multa en Estados unidos es muy poco y debe-rían responder ante la justicia colombiana. Pero yo no veo a una persona de la trayectoria del presidente de Drumond en Colombia, Augusto Jiménez, pagando sicarios de contado al paramilitarismo para asesinar unos sindicalistas. La justicia tendrá la última palabra, pero no he sabido de alguien que haya salido a defender que un ciudadano de esa trayectoria, merecía al menos el beneficio de la duda y el derecho al debido proceso. Algunos medios, ya hicieron su propio juicio y ya lo condenaron anticipadamente.


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Lo que sí sé, y lo sabe todo el país, es que no sólo estas empresas, sino todas las empresas capaces de generar ingresos que despertaran la avidez de guerrilleros o paramilitares, incluidas pequeñas y medianas empresas agrícolas y ganaderas, pero también industriales y de servicios, estuvieron sometidas a la contribución pasiva de la extorsión. Era eso o nada. Era cuestión de supervivencia. Era eso o el exilio. Yo me exilié en Bogotá en el año 1985 y sólo la política de seguridad democrática me permitió volver a la tierra de mis ancestros.

Entonces, ¿cómo quedamos? Toda esa Colombia rural que tuvo que elegir entre pagar o sufrir el secuestro, la muerte o el exilio; toda esa Colombia rural que pudo conocer a Mancuso, a Diego Vecino, o a Jorge 40, como cualquier vecino, gerente de banco o compañero de universidad, o familiar inclusive; toda esa Co-lombia rural, ¿tendrá que pasar por los estrados y someterse al riesgo injusto de una condena?

¡No! ¡Es inaceptable!Los ganaderos colombianos no aceptamos vivir con el miedo a las espaldas.

Si hemos sobrevivido a la violencia de bandoleros, guerrilleros y paramilitares, no será para terminar vejados por el señalamiento fácil o la denuncia infame.

Por eso rechazamos esa perversa y tendenciosa campaña de algunas orga-nizaciones y de algunos medios y comunicadores, para convencer a la sociedad de que todos los ganaderos somos paramilitares. Exigimos respeto para nuestro gremio, como tuve que exigírselo, al aire y exaltado, pero con dignidad, a un periodista insolente.

Defenderemos nuestra dignidad a como haya lugar, pues quien no tiene el valor civil de denunciar y de hacerse respetar, deberá cargar con la vergüenza de su cobardía. “Llora como mujer lo que no fuiste capaz de defender con hombría”, le espetaba a su hijo, la madre del último califa de Córdoba, ante la derrota por parte de la corona española.

Fedegán será el primero en levantarse a defender la honra y la libertad de los ganaderos colombianos. Al margen de las responsabilidades individuales, los ganaderos deben saber que tienen un gremio dispuesto a dar la cara ante la socie-dad y la justicia, si es del caso.

Ofrezco mi apoyo incondicional, como Presidente del gremio, pero pido también el apoyo de todos los ganaderos, para defender colectivamente, como uno solo, los derechos y los intereses de todos. Estamos frente a una guerra polí-tica, que usa a la desinformación y la falsedad como su mejor arma. Las nuestras deben ser nuestra dignidad de ganaderos y una solidaridad a toda prueba. Cuan-do sea menester, espero no encontrarme solo en esta batalla.


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Los ganaderos de Colombia no seremos inferiores a las circunstancias di-fíciles de la patria, porque creemos en nuestro futuro, y creemos en el futuro de Colombia.

Muchas gracias.


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Simposio “Desarmando la guerra y armando la paz”: evaluación y balance dos años de la Ley de justicia y paz

Bogotá D. C., Universidad Santo Tomás, 25 de julio de 2007

¿Qué puede pasar en tan complejo y dilatado proceso, que, de hecho, ya transita el camino de convertirse en una peligrosa herramienta vindicativa? ¿Cuántos años le esperan a la verdad judicial, cuántos al juzgamiento y a la posterior reparación?

¿Cuántos años le esperan a la paz de Colombia?

La paz es el fin último que inspira y que debe seguir inspirando a la Ley de justicia y paz y a sus procesos de desarme, desmovilización y reincorporación. Por ello, más que referirme al impacto de cada uno de ellos hasta la fecha, prefiero insistir en el impacto esperado, que no es otro que la paz total y duradera para los colom-bianos, finalidad que parece estar desapareciendo en medio de las dificultades del proceso –subsanables todas ellas–, y de la incapacidad de la sociedad colombiana para llegar a los consensos que permitan aprovechar la oportunidad histórica que representa.

Ajustamos ya 60 años de violencia ininterrumpida; más de medio siglo tra-tando de “desarmar la guerra y armar la paz”, y por ello no es fácil apartarse de los estereotipos y lugares comunes que, precisamente, nos mantienen encadenados, como Prometeo, al suplicio de acercarnos a la paz sin poder tocarla y de retornar, indefectiblemente, a una condena, que ya parece eterna, de odios, de incompren-siones y de violencia.

No en vano somos una generación que no ha vivido un solo día de paz, pues no hubo realmente solución de continuidad entre la llamada violencia política de mediados del siglo pasado, la posterior violencia subversiva y la degradación te-rrorista y ciega a la que hoy asistimos, aceitada con los recursos del narcotráfico.

Nacimos entre los lutos recientes y las crónicas frescas de nuestros mayores, que narraban horrores fratricidas de gente que se mataba sin saber por qué ni para qué. El “color partidizo” –como lo llamó Arnulfo Briceño en su canción– y las consignas caudillistas eran el motivo para aprender a “odiar hasta a quien fue su buen vecino”.


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Crecimos entre las fumarolas de paz y amor de una juventud horrorizada por la guerra del Vietnam, pero no fuimos capaces de sembrar la paz en nuestro propio suelo.

No hemos vivido un solo día de paz y así las razones se afinquen en el pasa-do, en la macropolítica internacional o donde quieran, lo cierto es que no hemos logrado, hasta ahora, llegar a los consensos necesarios y modificar la realidad en favor de la paz para Colombia.

No hemos vivido un día de paz, y hoy nuestro compromiso debe ser más con el futuro, para que nuestros hijos, nacidos también en la violencia, no tengan que hacer, a nuestra edad, tan dramática afirmación.

Y para honrar tan imperiosa responsabilidad debemos echar mano de todos los resortes morales de la Nación, para convertir la paz en una verdadera causa común para 44 millones de colombianos, más allá de intereses individuales o colectivos, políticos o económicos, que siempre resultarán mezquinos frente a lo que ya hemos acuñado como el “bien supremo de la paz”.

De esos intereses mezquinos es de los que conviene hablar para intentar un balance de la Ley de justicia y paz, a los dos años de su promulgación. Creo que no estamos para celebración de cumpleaños. Estamos aquí para hablar sobre la ver-dad de la verdad, sobre la verdad de la justicia y sobre la verdad de la reparación.

Estamos aquí para hablar sobre la verdad de la reinserción, pero sobre todo –y aunque parezca tema olvidado–, estamos aquí para hablar sobre la verdad de la paz y la reconciliación, los temas verdaderamente sustantivos, que parecen quedar al margen en medio de los asuntos instrumentales para alcanzarlas.

¡Sí! Estamos aquí para hablar de la paz. ¿Dónde ha quedado, en medio de las verdades interesadas o revanchistas de unos, y de las medias verdades y los ocultamientos de otros tantos? ¿Dónde ha quedado la paz en medio de las pro-verbiales dificultades de nuestra administración de justicia, frente a un proceso tan complejo como el de la Ley? ¿Dónde ha quedado la paz en medio de la angustia, cuando no de la ambición oportunista, por una reparación que pasó de ser sim-bólica a costosa e impracticable?

¿Dónde ha quedado la paz en medio de la incomprensión de una sociedad, que no parece entender que guerrilla, autodefensas y, sobre todo, narcotráfico, nacieron, crecieron y se reprodujeron sin talanqueras en el campo colombiano, y luego permearon las estructuras económicas, sociales y políticas del país? ¿Dón-de ha quedado la paz en medio de la incapacidad de los colombianos para la tolerancia y el perdón, para aceptar como vecino y conciudadano a quien ayer empuñaba las armas?


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¿Dónde ha quedado la Paz?, me repito. ¿No que todos los colombianos ten-dríamos que pagar un precio por ella, que sería siempre inferior al terror y la zozobra de la inseguridad, al sufrimiento del secuestro y al dolor irreparable de la muerte?

¿No que la verdad era importante si servía a los fines de la necesaria catarsis social y, en últimas, a los fines de la paz? ¿No que seríamos capaces de aceptar una justicia excepcionalmente benigna como un precio para la paz, a fin de atraer a los violentos a ella y de mantener la dignidad del país a nivel internacional?

¿No que tendríamos que aceptar y facilitar la reinserción de los desmovili-zados para que no reincidieran en la violencia? ¿No que era necesario reparar a quienes perdieron sus tierras y sus modos de vida, pero que el irreparable dolor moral entraría necesariamente en el ámbito de lo simbólico?

¿Dónde ha quedado la paz, entonces? Apenas en un rincón de la ley que la buscaba, la Ley de justicia y paz. Bueno es hablar del amplio debate que la precedió y de las convenientes modificaciones introducidas por la Corte Consti-tucional. Bueno es hablar de su carácter pionero, de su realismo y de su sintonía con la justicia penal internacional, y bueno es hablar también de sus resultados parciales; pero obligado es hablar de sus inconveniencias y sus dificultades, de los palos en la rueda y de las mulas muertas en el camino, ya de por sí difícil, hacia la esquiva meta final de la paz.

La paz no se puede quedar enredada en el sofisma de la verdad por la ver-dad, de la verdad como fin último, porque el fin último es la paz. La paz exige ver-dad total –claro está-, toda la que sea necesaria, pero la verdad judicial de medio siglo de violencia, puede tardar otro medio siglo en ser encontrada.

La búsqueda de la verdad debe orientar los esfuerzos de ese proceso judi-cial que reclamamos ágil y eficaz, pero debe ser una verdad útil para administrar justicia y, sobre todo, una verdad que reconcilie, quizás no a las víctimas con sus victimarios, pero sí a las víctimas con su realidad y su pasado; y a los victimarios con la sociedad como un todo.

No se puede reducir la verdad, como está sucediendo, al escenario de ma-yores rencillas. La verdad debe ser una condición para la paz, pero no es la única condición, ni puede ser convertida en un instrumento, o, peor aún, en un “arma” de valor “relativo”, dependiendo de los intereses particulares que se estén defen-diendo. La verdad –duele decirlo– se “ideologizó”, se “politizó”, se “personificó” y tomó el rostro “interesado” de los actores involucrados.

¿Cómo encontrar “la verdad total”? ¿Cuánta “verdad interesada” estarán en disposición de revelar los jefes paramilitares, para no perder la pena alternativa?


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o ¿cuánta ocultarán para reparar lo menos posible a las víctimas? Pero también, ¿cuánta “verdad” podrán demostrar las víctimas, para alcanzar su reparación? o ¿cuánta “falsa” verdad se colará con ánimo vindicativo para hacer injustificadas inculpaciones? ¿Qué verdad va a prevalecer?

Pero si la paz quedó refundida en medio de una verdad incierta, no le fue mejor con la aplicación de la justicia, que ha sido totalmente rebasada por los he-chos. No en vano se trata de más de medio siglo de violencia y, por ello, a dos años de su puesta en marcha, hoy no se podrían calificar sino de ingenuas las iniciales previsiones operativas y logísticas, para atender semejante avalancha de justicia.

Si en dos años apenas han sido oídos en versión libre 40 de los 2.812 mili-tantes de las autodefensas que se acogieron a la norma, una sencilla regla de tres nos da para 14 años de versiones libres, que son apenas la fase inicial de los proce-sos, después de la cual vienen las audiencias de imputación, en donde podrán ser oídas las, hasta hoy, cerca de 48.000 víctimas registradas en la Fiscalía.

¿Qué puede pasar en tan complejo y dilatado proceso, que, de hecho, ya transita el camino de convertirse en una peligrosa herramienta vindicativa? ¿Cuán-tos años le esperan a la verdad judicial, cuántos al juzgamiento y a la posterior reparación? ¿Cuántos años le esperan a la paz de Colombia?

una vez más, la respuesta se encuentra en el precio que el país esté dispues-to a pagar por la paz. No podría suceder que, al cabo de los años, estemos escu-chando en el noticiero sobre la problemática de la congestión de un proceso de justicia y paz, que ya ha caído en el olvido fácil de los colombianos, con la mismas respuestas sobre escasez de recursos y con la misma indolencia con que vemos y oímos en directo todas las desgracias de la Nación.

El país no puede aceptar una justicia improvisada y afanosa, que dé paso a la impunidad por cuenta de la exigencia de prontos resultados; pero el país tampoco puede aceptar un proceso de justicia y paz como el que estamos adelantando, que, literalmente, no cabe dentro de la actual infraestructura judicial.

Es deber del Estado remediar tal insuficiencia, y no precisamente sacando el sombrero en espera de una incierta cooperación internacional, aunque siempre sea bienvenida. Es deber del gobierno allegar los recursos; es deber del Congre-so aprobar las medidas excepcionales que sean menester; es deber del aparato judicial exigir y responder a la altura de los retos; y es deber de los organismos de control garantizar la debida utilización de los recursos, y la, también, debida administración de pronta justicia.

¿Son 100 ó 200 los jueces que se requieren? ¿Son 300 ó 500 los investigadores judiciales? Esa es –repito– responsabilidad del Estado en todas sus instancias. Lo


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único cierto es que es imperativo –y además serio– ponerle plazos, condiciones y presupuestos a la Ley de justicia y paz, porque –lo repito hasta la saciedad– lo que está al final del camino es la paz, y la paz de Colombia no se puede esperar una o dos generaciones más, al arbitrio de nuestra indolencia y de los pequeños intereses políticos de coyuntura.

La búsqueda de la reparación, por su parte, adquirió un matiz “maximalista” por la justa causa de sus víctimas y –por qué no decirlo– por la comparación con imposibles patrones internacionales.

Ya nadie quiere oír de reparaciones simbólicas, en tanto que los bienes ofre-cidos por los victimarios han brillado por una ambigüedad, que hoy es fuente de profunda incredibilidad social. Ni la sociedad colombiana ni la comunidad inter-nacional querrán quedarse con la percepción de que los victimarios le “hicieron conejo” al proceso, y saldrán de él como enriquecidos beneficiarios de la Ley.

El Estado tendrá que aceptar su responsabilidad subsidiaria y los costos que ello implique, mas nunca la responsabilidad y el costo principales, los cuales se convertirían para la Nación en un pasivo contingente e impagable.

Pero en últimas, que se pague lo que se deba pagar, y que pague quien deba pagar; esto es, aquellos sectores que concentran en sus manos los frutos del desa-rrollo, pues serán ellos los primeros beneficiados. Es bueno que lo sepan. Que el sector empresarial del país sepa que, a través de la política fiscal, es decir, de los impuestos, se tendrá que atender la deuda subsidiaria que resulte, para reparar a las víctimas de más de 50 años de violencia.

La verdad, la justicia y la reparación se han convertido en un laberinto kafkiano que atenta contra el bien llamado, pero mal comprendido, “bien supre-mo de la paz”. Si verdaderamente los colombianos concibiéramos a la paz como un bien supremo y deseable, la habríamos privilegiado y habríamos pagado el precio que fuera menester.

Me detengo aquí, en este apasionado llamamiento al rescate de la paz como fin último de la Ley de justicia y paz, para hacer una precisión: No soy enemigo de la norma y, por el contrario, comparto plenamente la filosofía y las finalidades que el gobierno quiso plasmar en ella.

Sacar del conflicto a 30.000 personas que practicaban la violencia y el te-rrorismo como forma de vida, representa un logro sin precedentes hacia la paz de Colombia. Buscar la reincorporación integral de sus bases a la sociedad, es un paso enorme hacia la paz; y lograr el sometimiento de sus líderes a un régimen de justicia transicional, sin vulnerar los estándares internacionales, es también un paso de gigante hacia la paz.


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Por ello, rechazamos la posición de los sectores políticos y las organizacio-nes que le apuestan al fracaso del Gobierno, y han colocado su animadversión y sus posturas radicales por encima de la paz para los colombianos. Los ganaderos, definitivamente, no estamos entre quienes proclaman irresponsablemente la exis-tencia de un gobierno paramilitar, que hace una ley para garantizar la impunidad de sus amigos y socios en la lucha antiguerrillera. Esa es una falacia.

La impunidad se puede colar si fallan los mecanismos de la Ley, que no son perfectos, pero son perfectibles; como perfectibles son las políticas de reinserción, siempre y cuando reciban el apoyo efectivo de la sociedad.

El país ya dio por terminado el debate sobre si ocho años eran pocos o no como máxima pena alternativa, y lo único cierto es que la justicia ordinaria o retributiva, estaba en el polo opuesto del proceso que este gobierno hizo posible con realismo. Sin una justicia excepcional era imposible el sometimiento del para-militarismo. Lo demás es hipocresía de balcón para galerías exaltadas.

La paz no cae del cielo; hay que construirla. La paz, cuando no es fruto del sometimiento por las armas, exige concesiones y renunciamientos. Y siempre volvemos a lo fundamental. Si el país anhela realmente la paz, ¿cuál es el precio que está dispuesto a pagar por ella?

El primero –a mi juicio– y del cual ni siquiera se habla, es la aceptación de la realidad. Cuánta falta le hace a esta sociedad reconocer que hubo una respon-sabilidad colectiva y que sustraernos a esa realidad, negarnos a asumirla como colectivo, sólo inhibe la reconciliación con ese pasado de barbarie.

La responsabilidad colectiva no quiere decir que todos los colombianos ha-yan tomado un fusil para segar una vida, hayan sembrado minas quiebrapatas o hayan secuestrado y extorsionado. Pero no hicieron nada para evitarlo. Durante décadas, el Estado y todos esos colombianos que conocen la violencia por te-levisión, abandonaron a su suerte a millones de habitantes rurales, agricultores, ganaderos, campesinos, soldados y policías, entre otros. No se quisieron dar por enterados de lo que sucedía, y ahí radica su primera responsabilidad.

Esos colombianos abandonados debieron transitar el incendio de la violen-cia colombiana, agobiados por la amenaza, la extorsión y el secuestro generaliza-dos. ¿Qué pasará con ellos? ¿Cómo separar el apoyo entusiasta de unos pocos del aporte extorsivo que sufrieron muchos? ¿Cómo asumir el derecho a la legítima defensa ante agresión inminente, o bien, la insuperable coacción ajena o el miedo también insuperable, como causales eximentes de responsabilidad, claramente estipulados en el Código Penal colombiano, y bajo los cuales obraron –sin duda alguna– muchos de quienes hoy están empezando a ser cuestionados?


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Esa es otra faceta de la responsabilidad colectiva, que hemos aceptado los ganaderos colombianos porque conocemos y aceptamos la realidad de la violen-cia y de sus ramificaciones sociales, políticas y económicas; realidad que se niega a reconocer el país, en un empecinamiento hipócrita, por decir lo menos, que está en la base de la intolerancia y de la incapacidad para lograr consensos hacia la paz.

Pero la paz es todavía más costosa. Quienes hemos creído en la necesidad de buscarle salidas a este largo conflicto, y abrigamos la esperanza de que, con este proceso con las autodefensas se inicia una clara etapa, no menos difícil, del posconflicto, bien sabemos también, que aún faltan muchos tropiezos y dificul-tades antes de lograr una paz duradera. Que no se llamen a engaño entonces, quienes piensan que la podemos “sacar barata” después de décadas de violencia de todas las pelambres.

En primer lugar, tenemos que aceptar que la Ley de justicia y paz, aunque concebida para todos los grupos armados al margen de la ley, sólo terminará siendo aplicable para las autodefensas. Así que nos esperan caminos no menos tortuosos para eventuales procesos con el ELN y con las FARC.

Pero ni esta ley ni ninguna otra, servirá para lograr la paz con quien no manifiesta voluntad para alcanzarla. Con el mismo realismo, el país y, sobre todo, quienes defienden la salida política a ultranza, tendrán que aceptar que la paz con las FARC, hoy por hoy, sólo será posible como fruto del sometimiento por las armas. No obstante, ningún esfuerzo sobra para alcanzar el escenario deseable de la negociación, aunque hoy nada nos permita albergar esa esperanza.

Con el mismo realismo, el empresariado y la sociedad colombiana, debe-rán asumir sus responsabilidades frente a la reinserción. No podemos esconder ni ignorar a estos colombianos arrepentidos. La reincidencia será el único ca-mino, si no logramos aceptarlos como vecinos, empleados o compañeros de trabajo. Ése no es un problema del Gobierno. Es un problema de todos los colombianos.

Con el mismo realismo, el Estado debe garantizar los recursos –todos los que sean necesarios– para dotar al aparato judicial colombiano de la capacidad para asumir tan formidables retos.

Con el mismo realismo, la justicia debe garantizar la máxima reparación con recursos de los victimarios. Llevar hasta las últimas consecuencias los procesos de entrega de tierras, principalmente, es condición de credibilidad para la Ley y sus resultados. El Estado, por su parte, debe proveer los recursos subsidiarios –todos los que sean posible– para una equilibrada y justa reparación.


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Con el mismo realismo, el Estado debe fortalecer la política de seguridad democrática, no sólo para perseguir a las guerrillas que se resisten a la negocia-ción, y para arrinconar al narcotráfico –el enemigo por antonomasia de este país–, sino para ser implacable y efectivo frente a quienes no se acogieron a esta oportu-nidad histórica, o se han incorporado a nuevas bandas delincuenciales.

El paramilitarismo ha muerto en Colombia, aunque se mofen del Presidente sus contradictores de oficio. Pero los espacios se copan rápidamente si la institu-cionalidad pública, la inversión estatal y luego la privada, no llegan como deben a las inmensas áreas rurales que fueran dominio de las autodefensas. Por ello, con el mismo realismo, y a los costos que sean necesarios, el verdadero colofón de la Ley de justicia y paz es la recuperación del campo.

Lo advertimos en nuestro libro Posconflicto y desarrollo y lo hemos reitera-do hasta la saciedad. Si la guerrilla, las autodefensas y el narcotráfico se tomaron el campo, y hoy estamos en las que estamos, fue porque la ausencia del Estado y de la sociedad toda se los permitió. ¡Qué responsabilidad colectiva tan enorme! Y si el abandono rural persiste, los espacios serán llenados por otras formas de delincuencia. Llámenlas como las quieran llamar.

Por ello, los ganaderos exigiremos con firmeza y sin descanso la presencia de la institucionalidad y de la inversión públicas, en las todavía olvidadas zonas rurales, pues el desarrollo y la distribución equitativa de sus frutos, son la mejor estrategia para no dejarle espacios a los violentos. También lo hemos dicho: las armas son necesarias, pero esa no es una estrategia sostenible en el tiempo.

Y por ello también, los ganaderos cerraremos los oídos a cualquier alterna-tiva de defensa de nuestros legítimos intereses por fuera de la legalidad. Hemos aprendido esa lección con sangre y sufrimiento, y el país la debería aprender con realismo, con el realismo necesario para pagar el precio de la recuperación del campo para la paz.

En el entretanto, Colombia entera debe apoyar al Estado como un todo, para llevar a feliz término la Ley de justicia y paz. Lo perfecto es enemigo de lo bueno, y habrá que mejorarla y fortalecerla con la ayuda de todos los colombia-nos, sin olvidar su fin último: la paz.

¿Dónde ha quedado la paz?, me preguntaba al inicio de esta intervención. ¿Dónde ha quedado la paz?, me pregunto ahora ¿qué precio estamos dispuestos a pagar por ella? Colombia no ha respondido aún, en consenso y como una sola, tan definitivos interrogantes. Esas siguen siendo las preguntas. Esas siguen siendo nuestras responsabilidades con el futuro. Y la única forma de hallar las respuestas es a través de la unión de las inteligencias y las voluntades.


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Se impone la necesidad de un gran acuerdo nacional que convoque a todos los sectores políticos principalmente, pero también a los sectores económicos y sociales de la Nación, para que cada uno allane sus propios intereses a favor del bien supremo de la paz. Para que en el seno de ese gran acuerdo nacional, se pue-dan establecer los consensos mínimos necesarios para sacar adelante el proceso de justicia y paz con las autodefensas y, sobre todo, para establecer unas líneas rojas infranqueables y un marco jurídico, en donde quepan los procesos con los otros grupos insurgentes.

Así nadie se podrá agazapar en el légamo de sus propios intereses, pidien-do menos exigencias para sí mismo y todas para los demás, pidiendo todas las ventajas para los propios y ninguna para los ajenos. Será un marco general, claro y definitivo, que nos defina el camino y nos proyecte la visión de país que todos somos capaces de construir.

Ésa es mi invitación al Gobierno nacional y al país todo. unamos inteligen-cias y voluntades para construir ese camino, que la paz y el futuro de Colombia bien merecen ese esfuerzo de generosidad y patriotismo.

Muchas gracias.


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Intervención en la XIX asamblea general ordinaria de afiliados de Asoganorte

Barranquilla, 10 de agosto de 2007

Este nuevo encuentro con los afiliados de Asoganorte, que se ha convertido para mí en compromiso reservado de agenda, sin lugar a delegaciones ni ausencias, es además una cita a la que acudo siempre con el hormigueo alegre del retorno a casa.

Y cómo no regresar a casa sin registrar, primero, la gratitud y el aprecio de la ganadería a Alejandro Zambrano, quien ya no nos acompaña como director ejecutivo de Asoganorte, pero está con nosotros a través del legado de una ges-tión meritoria y esforzada, de muchas batallas, de no pocos riesgos y de inconta-bles logros. A él, nuestro emocionado saludo y nuestra gratitud inmensa.

Mi segundo sentimiento tiene el sabor de la renovación y el cambio con todas sus implicaciones. Es el paso al saber remozado y al ímpetu de nuevas gene-raciones, que asumen retos y recogen las banderas. En las manos emprendedoras de Luis Vicente Támara han colocado los afiliados el futuro de Asoganorte. A él, nuestro saludo entusiasta y nuestros buenos augurios.

Esa actitud de renovación y de cambio, respetuosa de los grandes legados y comprometida con el futuro, se respira también en todos los rincones del país ganadero. Esto está cambiando –amigas y amigos ganaderos–, a pesar de la vaci-lación de los escépticos y de las malquerencias de los detractores de oficio.

La ganadería colombiana avanza, no sin tropiezos, pero con decisión y sin dilaciones, hacia el logro de sus propósitos de modernización, plasmados en nuestro Plan Estratégico 2019. Pero aunque quisiera registrar sus logros, hoy no me voy a ocupar de los temas de la productividad y competitividad que dependen de nuestra agenda interna, es decir, del compromiso y del esfuerzo diario de los productores y de su institucionalidad gremial.

En eso vamos bien, porque vamos al ritmo de nuestra convicción total sobre las posibilidades del sector ganadero como generador de riqueza y bienestar rural. Me acabo de bajar de un avión proveniente de Argentina –una de las potencias ganaderas del continente– y lo que vi, no hace sino reforzar mi convicción: vamos


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por el camino correcto y –óiganlo bien– desde el punto de vista productivo, no hay absolutamente nada que no tengamos en Colombia para ser también una potencia ganadera.

Pero es en los factores que no dependen de nosotros, en donde acusamos diferencias que pueden dar al traste con nuestros propósitos. Por eso, no les voy a hablar hoy de logros sanitarios, ni de giras técnicas, ni de avances en trazabilidad, ni de proyectos silvopastoriles, ni de la exitosa consolidación de la mayor empre-sa de sacrificio del país. En eso, vamos bien; vamos muy bien. Tampoco hablaré de infraestructura ni de institucionalidad rural. Son factores de competitividad que tampoco dependen de nosotros pero son superables.

Hoy quiero hablarles del factor diferenciador frente a nuestros competido-res en el continente. Hoy vengo a hablarles de paz. Sí, de paz, aunque suene a lugar común, porque si llevamos medio siglo de violencia, pues llevamos medio siglo hablando de paz. Sólo que no hemos hecho sino eso: hablar de paz durante décadas, sin que hayamos logrado ponernos de acuerdo para alcanzarla.

Porque la paz tiene que ver con muchas cosas. La paz tiene que ver con desmovilización, con tolerancia, con verdad, con reinserción, con justicia, con perdón, con equidad, con reparación. Y el país se ha dedicado a hablar sobre todas ellas; a discutir con vehemencia, como es su costumbre; a defender posi-ciones egoístas y mezquinas, como no ha dejado de hacerlo desde el siglo XIX; y en medio de tanta ilustración, de tanto debate insulso, de tanta legislación y de tanta doctrina, la paz se quedo en sueño irresoluto para varias generaciones que ya hemos enterrado, mientras sigue embolatada para nosotros y, como vamos, no podremos siquiera, entregarla en herencia a nuestros hijos.

Venimos de celebrar un aniversario más de nuestra independencia, y nuestro máximo prócer local, el general Francisco de Paula Santander –el hombre de las leyes– sentenciaba entonces, que las armas nos habían dado la independencia, pero que serían las leyes las que nos darían la libertad. Y yo me pregunto hoy, si realmente hemos conseguido lo uno o lo otro, porque las armas siguen levantadas y las leyes abundan en nuestra patria, pero la paz se muestra esquiva; y la paz debe ser el verdadero nombre de la independencia, la paz debe ser el verdadero nombre de la libertad, y la paz debe ser el fin último de la Ley.

Venimos también, de celebrar, o mejor, de registrar apenas, los dos años de vigencia de la Ley de justicia y paz. Otra ley, otra de tantas, largamente de-batida, en busca de los consensos mínimos para lograr el silencio de las armas y el fin de la violencia, en aras de lo que hemos dado en llamar el bien supremo de la paz.


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Pero ese bien supremo, ese máximo anhelo de los colombianos, no parece serlo tanto, pues está quedando enredado, una vez más, en la discusión bizantina y, en ocasiones, hasta malintencionada sobre sus elementos: la verdad, la justicia y la reparación.

La Ley que debería abrir la puerta de la legalidad a los grupos al margen de la Ley, iniciando con los llamados de autodefensa, para que por esa misma puerta entrara la paz a nuestra patria, está siendo torpedeada por la intolerancia ciega de algunos, atacada abiertamente por los mezquinos intereses políticos de otros, y debilitada por la indiferencia de muchos.

Por ello, en medio de un insólito clima de hipocresía social –y lo digo sin rubores ni disculpas por la expresión–; sí, en medio de tan absurda y generalizada hipocresía, bueno es usar unos minutos apenas, para hablar sobre la verdad de la verdad, la verdad de la justicia y la verdad de la reparación.

Porque no es otra cosa que hipocresía desagarrarse las vestiduras, como lo ha hecho la sociedad urbana del país, ante el “descubrimiento” de la verdad de más de 40 años de violencia en los campos colombianos.

¿Acaso el país no sabía de las fosas comunes, de los asesinatos y masacres de unos y otros? ¿Acaso el país no sabía de las extorsiones y los secuestros de unos y otros? Los ganaderos sí que sabemos de los miles de nuestros muertos y de nues-tros secuestrados; sí que sabemos del terrible dilema entre extorsión y muerte, o del no menos espantoso entre extorsión y destierro.

Todo el país sabía, por las crónicas periodísticas, de la extorsión a toda for-ma de generación de ingreso: de las vacunas a ganaderos y agricultores, del peaje al transporte, al comercio, a la industria y a todos los bienes de consumo. Y lo sabían las autoridades. Era imposible existir en el campo sin conocer y vivir tan angustiosa realidad. Todo el mundo sabía que en sus zonas de influencia, tanto la guerrilla como las autodefensas suplantaron al Estado y se hicieron al control económico, social y político también.

Entonces, basta de hipocresías y de incrédulas sorpresas por las verdades sobre la horrenda violencia rural en todas sus formas; basta de hipocresías, inclu-sive, sobre las verdades sabidas de las relaciones entre políticos y paramilitares o guerrilleros.

Otra cosa es la verdad procesal, caso a caso, que la ley espera desentrañar desde 1964, año en que el nacimiento de las FARC marca un vía crucis de violencia rural ininterrumpida. Verdad total, le corresponde pregonar al Gobierno. Verdad total sobre 20 años de crímenes de las autodefensas, claman los que nunca se atre-verían a exigir verdad total sobre 40 años de crímenes de las guerrillas.


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En suma, la verdad total sobre los crímenes de unos u otros, durante tantos años, resulta ser un imposible categórico. Demoraríamos otro medio siglo en tratar de encontrarla sin lograrlo. Pero hay que clamar por la verdad total, por-que de lo que se trata no es de encontrarla, sino de torpedear el proceso con las autodefensas. De lo que se trata es de saldar mezquinas cuentas políticas con el gobierno, acusándolo de favorecimiento a criminales y de truculentas intenciones de ocultamiento. De lo que se trata es de escalar el poder político a toda costa, incluido el anhelo de paz de los colombianos.

¿Cuánta es la verdad útil para la paz? ¿Cuánta la verdad posible, y cuánta la necesaria para surtir un proceso serio pero expedito de justicia? Debería decidirlo el país por consenso, para que la justicia administre con racionalidad tal decisión colectiva.

A lo que asistimos hoy es al espectáculo de los adalides de la lucha contra la impunidad para unos y de la benevolencia para otros, al tiempo que, para com-pletar, no se percibe un verdadero compromiso con la verdad por parte de los cabecillas de las autodefensas, que bailan entre la verdad necesaria para no perder los beneficios de la ley, y la verdad suficiente para reparar lo menos posible a las víctimas.

Y si la Ley de justicia y paz se debilita en la trampa de la verdad, puede naufragar en el caos de administrar justicia sobre esa misma verdad total. Sólo en el proceso con las autodefensas, son más de 2.000 versiones libres, antes de entrar a escuchar a cerca de 70.000 víctimas hasta ahora registradas.

Ya el Gobierno hizo un anuncio sustancial de fiscales e investigadores ju-diciales, pero aún así, algún experto estimó en 90 y tantos años la espera por la justicia; un siglo para culminar un proceso que, por su condición de transicional, debería ser también expedito.

Y solamente cuando se administre justicia, es decir, a partir de las decisiones de los jueces, la ley prevé la reparación a las víctimas, que, al paso que vamos, deberá constituirse en un derecho hereditario a una o dos generaciones, porque la reparación, además de estar marcada por sus dificultades prácticas, no escapa a las mezquindades que se han dejado ver en la verdad y la justicia.

Ya nadie quiere hablar de reparación simbólica ni colectiva para el daño mo-ral. Ya se habla con mayor insistencia de la obligación subsidiaria del Estado, y de las reformas tributarias que se necesitarían para reparar medio siglo de atropellos, a partir del hallazgo imposible de medio siglo de verdades.

Y como era de esperarse, en la reparación tampoco se ha evidenciado un real compromiso de los cabecillas de las autodefensas, pero los investigadores judiciales


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y el sistema nacional de registro de instrumentos públicos, se deberán aliar para garantizar, principalmente, la restitución de las tierras a sus originales propietarios.

La credibilidad de la Ley de justicia y paz, depende no sólo de la solución a sus enormes dificultades operativas, ni de la defensa frente al ataque sistemáti-co de sus detractores, sino de la garantía, para la sociedad y para la comunidad internacional, de que sus beneficiarios no saldrán del proceso como ricos terra-tenientes, mientras sus víctimas permanecen en el desarraigo y los colombianos se ven obligados a concurrir con sus impuestos, para reparar una violencia que permitieron –es cierto– pero de la cual no fueron perpetradores.

La Ley de justicia y paz es un logro innegable de este Gobierno y es una necesidad para la paz. Ésta o cualquiera otra ley que logre unir verdaderamente a todos los colombianos, que logre ponerlos de acuerdo en los sacrificios y en el precio que es necesario pagar por la paz.

Pero mientras no se dé ese consenso nacional desde lo político, a partir de la discusión valerosa y constructiva –que no amañada y retrechera–; mientras el Gobierno y la oposición no encuentren un sendero común hacia la paz como verdadero bien supremo; mientras no se logre un acuerdo nacional sobre los mínimos aceptables de verdad, de justicia, de reparación y de reinserción, sin impugnaciones mutuas, sin insolencias de sobra y sin malignas desconfianzas, la Ley de justicia y paz logrará algunos avances, pero se alejará, indefectible y peno-samente, del logro de la paz.

Por eso los ganaderos hacemos un llamado a la reconciliación, no sólo entre las víctimas y sus victimarios, sino, más importante aun, hacemos un llamado a la reconciliación política como premisa fundamental para la paz. Necesitamos y queremos la paz, porque hemos vivido y sufrido desde siempre en el territorio de la guerra.

No le estamos pidiendo al Gobierno que abandone sus convicciones y se allane a las de sus opositores políticos; tampoco le estamos pidiendo a la izquier-da democrática y demás partidos de oposición, que renuncien a las suyas y se conviertan en gobiernistas de ocasión. Les estamos pidiendo a unos y a otros que abandonen el agravio y la acusación temeraria como arma política; les estamos pidiendo respeto a la diferencia, y les estamos pidiendo aritmética. Sí, aritmética, para que logremos extraer y compartir ese factor común que nos une por debajo de la línea de nuestros propios intereses; ese mínimo común que podemos multi-plicar cada uno, para sumar entre todos el resultado de la paz.

Si no logramos esos mínimos consensos, si no logramos despertar la gene-rosidad y el patriotismo necesarios para llegar a ese acuerdo nacional sobre lo


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fundamental, no podemos albergar sino dudas sobre los esfuerzos del Gobierno alrededor de la verdad, la justicia y la reparación. Y si la Ley de justicia y paz va mal por cuenta de tan aberrante miopía nacional, por la misma razón no van mejor los procesos de desmovilización y reincorporación.

La primera ya se dio con resultados muy positivos, pues no menos de 30.000 personas abandonaron la violencia como oficio y la ilegalidad como for-ma de vida.

Pero tengamos claro que es tan fácil desmovilizarse como sencillo volver por las andadas, si quien abandona las armas no encuentra cumplimiento a las promesas de reincorporación integral y efectiva a la sociedad.

La reinserción va mal –amigas y amigos ganaderos– y este fracaso pende peligrosamente sobre la cabeza del campo colombiano. La reinserción va mal, porque al Gobierno le doblaron las cuentas y no estaba preparado para un nú-mero tan grande de desmovilizados. La reinserción va mal, porque aun para un número menor de beneficiarios, al Gobierno le fallaron también los cálculos de la solidaridad y de la conciencia de paz de los colombianos.

La reinserción va mal, pues a pesar de la creación de un alto comisionado para el tema, aún no encontramos mayor diferencia entre su gestión y la que de-sarrollaba anteriormente el Ministerio del Interior directamente. La reinserción va mal, porque de nada sirve la adaptación sicológica, sino funcionan los compo-nentes de la adaptación económica y social. En otras palabras, la reinserción va mal porque no aparecen las oportunidades de empleo, y porque el rechazo social ha sido la respuesta generalizada de los colombianos.

En suma, la reinserción va mal porque, una vez más, la hipocresía vuelve por sus fueros, y esos millones de colombianos que condenan el secuestro y levantan pañuelos blancos de paz, no son capaces de ofrecerle paz a quienes han decidido dejar de secuestrar y hacer la guerra.

Es la solidaridad de opereta, de caminata y de espectáculo. Bien decía un conocido columnista hace unos pocos días: es la solidaridad de un país que se conmueve fácil hasta el llanto, pero que no se mueve realmente hacia la paz.

El resultado se lo advertí, en forma de preocupación, al señor Ministro de Defensa, reunido con ustedes mismos, ganaderos de Asoganorte, en septiembre pasado, con ocasión de la celebración del Día Nacional del Ganadero. El resulta-do lo habíamos advertido también en el libro Posconflicto y desarrollo, que por la misma época pusimos en consideración de la opinión pública.

Si la institucionalidad del Estado y la inversión pública no llegan rápida-mente a las antiguas zonas de influencia de las autodefensas, y si el Estado y la


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sociedad no ofrecen un proceso integral y expedito de reincorporación econó-mica y social para quienes abandonaron las armas, esos territorios serán copados rápidamente por bandas emergentes, alimentadas por la delincuencia común y el narcotráfico, cuando no por frustrados desmovilizados que no encuentran cami-no diferente a la reincidencia.

Hoy son 3.000 los reconocidos oficialmente por el Gobierno, y muy pronto podrán ser 18.000 y más, si no se encuentra una salida al debate bizantino sobre el delito político en Colombia; una salida generosa y realista, sin claudicaciones innecesarias y sin detrimento de la Constitución y las leyes, pero una salida que no deje de lado, una vez más, el fin último de la paz.

Pegados a la letra de los diccionarios, es posible que la sedición no sea apli-cable a los miembros desmovilizados de los grupos de autodefensas; pero pega-dos al espíritu de lo que debe ser el delito político, indefinido por demás en nues-tro ordenamiento legal, es imposible no aceptar la motivación política, originaria cuando menos, que también se encuentra en la sedición aplicable a la subversión, aunque unos y otros se hayan desviado hacia el delito atroz y el narcotráfico, bajo la absurda teoría de la combinación de todas las formas de lucha.

Si no son políticos los delitos imputados a esos miles de colombianos en trance de arrepentimiento y de reincorporación social, cómo se entiende que hayan sido objeto de un proceso de negociación política; que su desmovilización haya sido aceptada y recibida como un hecho político a nivel nacional e inter-nacional, con cámaras, veedores internacionales y funcionarios públicos de por medio; y cómo se entiende que a sus cabecillas y a todos aquellos que, dentro de esos miles, hubieran incurrido en delitos de lesa humanidad, se les haya ofrecido un sistema de justicia transicional, que surge de un amplio debate político a nivel nacional y en el seno del Congreso de la República.

Tan trascendentales decisiones de política pública no se toman para bandas de delincuentes comunes o para narcotraficantes, así algunos de estos últimos se hayan colado literalmente dentro del proceso.

Quizás corresponda, aprovechando la indefinición, hacer la caracteriza-ción, dentro del derecho colombiano, de ese nuevo delito político diferente a la sedición, pero lo que no se puede hacer es cerrar los ojos a la realidad de bulto de un proceso claramente político, y comprometer con ello el camino de la paz.

Los ganaderos respetamos la posición jurídica de la Corte Suprema de Jus-ticia, y encontramos también válido el espíritu que anima al gobierno nacional. Por ello encontramos que, precisamente, la solución consensuada y respetuosa de


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este disenso, es una demostración más de la necesidad –y de la posibilidad– de unir voluntades e inteligencias por la paz de Colombia.

La Ley de justicia y paz fue una demostración de realismo oficial y de rea-lismo ciudadano, ajustado además a las actuales exigencias del derecho interna-cional. Lo es, así la hipocresía residual de la sociedad colombiana, que clama por la paz pero sin apagar la mecha de los odios y la intolerancia, aún sostenga que se trata de un canto a la impunidad de unos delincuentes amigos del Gobierno, que son más delincuentes que otros delincuentes enemigos del Gobierno, pero más cercanos a sus afectos.

Son ese tipo de simplificaciones mezquinas las que han alimentado la ho-guera de venganzas sucesivas de nuestra historia reciente. Son ese tipo de simpli-ficaciones mezquinas las que asesinaron a miles de militantes de la uP.

Son ese tipo de simplificaciones mezquinas las que han asesinado también a miles de ganaderos y productores agropecuarios, y han castigado con saña a los sectores más desprotegidos de la población rural. Si le doy una gallina a la guerrilla, soy guerrillero y las autodefensas me matan o me destierran; y si le doy un marrano a las autodefensas, soy paramilitar y entonces, son los guerrilleros los que me matan o me destierran.

Son también ese tipo de simplificaciones mezquinas, fruto de malsanas in-tencionalidades, cuando no de atrevida ignorancia de la realidad rural, las que están colocando en la picota pública al campo y a los ganaderos, tildados ama-ñadamente de paramilitares, porque frente a los dilemas de extorsión o muerte, extorsión o secuestro, o extorsión o destierro, muchos pagaron la extorsión, mas no porque fueran afectos a los paramilitares, como no fueron afectos a la guerrilla cuando fueron obligados al pago de la vacuna subversiva.

Que no se olvide fácil la historia para juzgarnos. Que no se olvide que el mal llamado paramilitarismo se incubó en las Convivir, concebidas como un esquema privado y legal de seguridad rural, tan privado y tan legal como las miles de com-pañías de vigilancia privada que siempre han existido para las ciudades.

Que no se olvide que el fracaso de las Convivir y su infiltración por parte del narcotráfico, obedecieron a que el Gobierno “mató el tigre y se asustó con el cuero”; a que el Gobierno perdió, o nunca quiso ejercer, el control sobre las Convivir, con la misma propiedad con que ha podido controlar a cientos de miles de guardianes armados en todas las ciudades del país.

Que no se olvide que esa incapacidad de control del Gobierno, unida a la ausencia de la época, cuando no a la inactividad conveniente de la Fuerza Pública, más amedrentada por el entonces llamado síndrome de la Procuraduría que por


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la amenaza de los violentos, fue lo que lanzó a la ilegalidad forzosa a los poblado-res rurales desprotegidos, muchos ganaderos entre ellos.

Frente a esta realidad habrá que entrar a diferenciar. Cada quien deberá asumir sus responsabilidades individuales, pues quienes traspasaron la línea roja del pago por coacción y miedo insuperables, para convertirse en auspiciadores y miembros entusiastas de grupos ilegales, deberán responder ante la Ley que la sociedad, generosamente, les ha ofrecido.

Mas quienes aportaron coaccionados por el terror físico de perder la libertad o la vida, pero aparte de ello se mantuvieron amarrados al mástil de la legalidad y las instituciones, mal podrían ser hoy tildados de vulgares delincuentes, o metidos por la fuerza en la olla grande del delito de moda: el concierto para delinquir.

Los ganaderos –lo repetiré cuantas veces fuere necesario– hemos aceptado la responsabilidad colectiva que nos corresponde por la colaboración forzosa, que no es exclusiva nuestra, ni menor que la del Gobierno que la permitió, o que la de otros sectores de la sociedad que también la sufrieron.

Los ganaderos no vamos a dejarnos señalar como delincuentes, pues si de algo podemos ser acusados, es de concierto, pero para defendernos de la violen-cia de tres cabezas que nos acechó por turnos y sin contemplaciones: el terror de la subversión, de las autodefensas y del narcotráfico.

Tampoco estamos buscando colarnos en la justicia transicional, como se atreven a afirmar algunos malintencionados, porque, sencillamente, no hacemos ni hemos hecho parte de grupos al margen de la Ley.

Para nuestras conductas, relacionadas con la participación colectiva y for-zada por medio de la extorsión, nos basta con la ley ordinaria, que en el artículo 32 del Código Penal colombiano, alude a los factores eximentes de responsabi-lidad penal, como el contemplado en el numeral sexto, cuando “...se obre por la necesidad de proteger un derecho propio o ajeno contra injusta agresión actual o inminente”, o los considerados en los numerales octavo y noveno, cuando “... se obre bajo insuperable coacción ajena” o “... impulsado por miedo insuperable”.

Si el terror de perder la libertad o la vida no es insuperable coacción ajena, entonces ¿qué puede serlo? Si el terror infame de perder los bienes o, peor aún, la vida de los seres queridos, no genera miedo insuperable, entonces ¿qué lo podría generar?

No hay duda –amigos ganaderos– que la hipocresía residual de la sociedad insistirá en estigmatizarnos, pero si tal hipocresía pretende condenarnos, la ley estará con nosotros y la solidaridad gremial efectiva será nuestra fortaleza, pues quienes hemos sufrido el dolor del secuestro y la amenaza latente de perderlo


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todo, incluida la propia vida, o quienes hemos debido optar por la no menos oprobiosa elección del abandono y el desplazamiento, sabemos muy bien a que se refiere el Código Penal cuando se ocupa de la insuperable coacción ajena o del miedo también insuperable.

El compromiso de Fedegán y mi compromiso personal, es total con la dig-nidad de los ganaderos colombianos y con la defensa de sus intereses. Los ga-naderos colombianos –repito– no nos dejaremos señalar colectivamente como vulgares delincuentes, porque no lo somos. Los ganaderos colombianos no nos dejaremos señalar como violentos ni como paramilitares, porque no lo somos.

Los ganaderos colombianos, víctimas de medio siglo de violencia rural, bus-camos la paz y la seguiremos buscando a toda costa, y por ello convocamos al país todo a unir voluntades e inteligencias para alcanzarla.

Los ganaderos colombianos invitamos al país a un gran acuerdo nacional para el logro de la paz, liderado –como debe ser– por una clase política dispuesta a deponer intereses subalternos, a limar asperezas y a buscar afanosamente los con-sensos mínimos que el país demanda, no precisamente para torpedear, sino para facilitar el retorno de todos los violentos a un ordenamiento social compartido.

Necesitamos bomberos, no incendiarios, para apagar la conflagración de violencia que ha azotado durante décadas al campo colombiano, y ha retrasado las posibilidades de desarrollo y bienestar para todos.

Necesitamos devolver la paz al sitio que le corresponde, como aspiración máxima de los colombianos.

Necesitamos líderes políticos realistas y comprometidos, que levanten esa bandera por encima de cualquier otra, para que la paz no se nos embolate una vez más, entre retos heroicos pero imposibles de verdad, de justicia y de reparación.

No estamos auspiciando la impunidad ni el delito –¡qué no se nos malinter-prete!–. Por el contrario: toda la verdad que sea necesaria, toda la justicia, pronta y debida, que se desprenda de ella, y toda la reparación que sea posible para alcanzar la paz de Colombia.

Pero basta ya de hipocresías de ocasión. Basta ya de hablar y hablar sobre la paz sin hacer nada por acercarnos a ella. Basta ya de la diatriba, de la acusación temeraria y la discusión altisonante, porque no son esos los caminos de la paz.

Paguemos el precio que sea menester por la paz de Colombia, y empecemos a construirla con generosidad y patriotismo.

Muchas gracias.


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Intervención en el acto de celebración del día nacional del ganadero. Primera entrega del Premio Nacional de la Ganadería y lanzamiento

de Fundación Colombia Ganadera Fundagán

Bogotá D.C., 2 de octubre de 2007

Amigos ganaderos:Hoy nos reunimos una vez más, en este solemne recinto que ya hemos

hecho nuestro, para reivindicar la imagen de la ganadería y del ganadero como actores sociales, más no con celebraciones simbólicas, sino con actos de cumpli-miento y con pasos concretos en el camino, difícil pero posible, de construir un futuro promisorio para la ganadería, para el campo colombiano y para el país.

Ya no nos reunimos, como antaño, con la mano extendida para pedirle al Gobierno y proclamar lastimeros memoriales de agravios. Ya no nos reunimos exclusivamente, para rechazar la violencia de la guerrilla y la indolencia de los gobernantes frente a ella, porque hoy tenemos un Gobierno que no conoce la indolencia y que, por ello, está derrotando también a la guerrilla.

Ya no nos reunimos para reclamar el derecho a la defensa, porque tenemos un Gobierno que nos defiende, que ha desmantelado a los grupos ilegales que habían usurpado esa función del Estado, y hoy lucha con denuedo contra delin-cuentes comunes que pretenden convertirse en herederos de las desaparecidas autodefensas.

Falta mucho por hacer en la lucha contra los violentos y en la construc-ción de la paz, pero el país ve los avances y los ganaderos sí que los sentimos en nuestro quehacer cotidiano. Por eso ahora nos reunimos, más bien, para contarle al Gobierno y al país lo que estamos haciendo y lo que haremos, como parte –y bien importante– de las soluciones para el campo. Nos reunimos para decirle a Colombia, una vez más, que los ganaderos sólo miramos hacia atrás para honrar nuestro pasado y aprender de nuestra historia; y que preferimos mirar hacia de-lante para construir nuestro futuro y para decirle a esa misma Colombia: ¡Aquí estamos!

Es lo que hemos hecho al congregarnos en todo el país alrededor de nues-tros ideales, con motivo de la celebración del Día Nacional del Ganadero, en la


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fecha en que, hace ya una docena de años, fuera inmolado José Raimundo Sojo Zambrano, víctima de un tardío y macabro ajuste de cuentas de las FARC, que nunca le perdonaron su arrojo y su denuncia.

En la persona de José Raimundo Sojo, siempre volveremos atrás para hon-rar la memoria de nuestras víctimas; memoria que estamos decididos a recuperar, como la mejor manera de honrarla, mas no con ánimo vindicativo ni oportunis-ta, sino como testimonio de la ganadería ante la sociedad colombiana y ante el mundo entero.

Es en su memoria que felicitamos hoy a quienes, en todo el país, recibie-ron la “Distinción Especial en Reconocimiento al Liderazgo Regional Miguel Santamaría Dávila”, otorgada a ganaderos impulsores de la modernización y el progreso.

Sea propicia esta ocasión entonces, para rendir homenaje a nuestro ex pre-sidente y amigo, en cuyo honor la Junta Directiva de Fedegán creó esta conde-coración, pues su exitosa gestión diplomática en Moscú no nos permitió contar hace un año con su presencia.

La era Santamaría fue la del gremialismo regional ganadero, de la mano de un cachaco amable, pero vertical y laborioso, que se dedicó a recorrer el país convenciendo a los productores de la importancia de reunirse alrededor de comi-tés locales que conformaran la base gremial de la ganadería colombiana. Enorme tarea la de Miguel Santamaría, como enorme fue la de incrustar a Fedegán dentro de la gremialidad internacional, a partir de una muy importante gestión en la Confederación Interamericana de Ganaderos y Agricultores (Ciaga).

Las distinciones no son un invento para ganar amigos. El día Nacional del Ganadero no es apenas una ocasión para el festejo. La modernización de la ga-nadería exige mayor pertenencia de los productores alrededor de sus institucio-nes gremiales, y será imposible sin reconocidos líderes ganaderos en todas las regiones productoras. Necesitamos muchos Santamarías para construir esa nueva ganadería.

Por ello, hacemos llegar a todos los ganaderos de Colombia nuestro saludo fraterno y nuestra voz de aliento, haciendo eco al grito de optimismo de los gana-deros en su día: ¡Aquí estamos Colombia! ¡Aquí estamos cumpliendo!.

Hace dos años anunciamos la creación del Premio Nacional de la Gana-dería “José Raimundo Sojo Zambrano”. Hace un año, en este mismo recinto, lanzamos su primera convocatoria; y hoy, estamos cumpliendo con la entrega a los primeros galardonados, entre un grupo selecto de investigadores y ganaderos de excelencia.


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Puede sonar trillado, pero las cosas importantes hay que repetirlas: creemos en el papel fundamental del conocimiento como condición del desarrollo. Nues-tro Plan Estratégico 2019 descansa sobre los cimientos de una institucionalidad gremial fortalecida –es cierto– pero también sobre el trípode de ciencia, tecnolo-gía e innovación, como factores imprescindibles de competitividad.

Hoy marcamos un hito con la entrega de estas preseas, pero las investiga-ciones no pueden quedarse en vacía condecoración ni en documentos para el estante. El Premio Nacional de la Ganadería no es una acción aislada. Por el con-trario, a través de los teCnig@n y de las Giras Técnicas, entre otras estrategias, sus resultados se convertirán en saber aplicable para el ganadero.

Los premios a la excelencia tampoco pueden quedar en trofeos de chime-nea. Alrededor de los teCnig@n, los mejores se unirán en círculos de excelencia, y entonces, la emulación que se desprende del éxito y los resultados, irá generan-do el ejemplo multiplicador al que le apostamos para llegar, paso a paso, pero sin descanso, a las metas propuestas de la modernización ganadera.

Mi gratitud a todos los participantes y al jurado calificador, que prestó ge-nerosamente su rigor técnico y su prestancia profesional. A todos ellos, y a los galardonados, a quienes felicito y exalto, los invito a que compartan conmigo la emoción y el orgullo de estar haciendo historia; porque más allá de una hermosa estatuilla; más allá de un reconocimiento en dinero, que entendemos simbólico, estamos construyendo la ganadería moderna del siglo XXI. ¡Estamos cumpliendo!

Estamos cumpliendo nuestro compromiso con la ciencia y la tecnología. Los teCnig@n son una realidad en 30 regiones ganaderas, brindando apoyo cer-cano y asistencia técnica. Bajo el lema de “Aprender de los que saben” y “Emular a los mejores”, más de 2.000 ganaderos han participado en cinco Giras Técnicas nacionales, y 200 más se le medirán a aprender de la exitosa ganadería de Argen-tina, en una experiencia sin precedentes en este tipo de procesos de capacitación y transferencia.

La capacitación del recurso humano ganadero es una realidad nacional, de la mano de una entidad tan prestigiosa y acreditada como el SENA; y nuestra convicción casi obsesiva sobre el impacto de los sistemas silvopastoriles en la productividad, se dejará ver en logros a favor de la rentabilidad y la preservación de la naturaleza. De hecho, en la Segunda Convocatoria del Premio Nacional de la Ganadería, incluiremos ya la categoría de “Ganadería Sostenible”.

Estamos cumpliendo las metas de Sanidad Animal para fiebre aftosa y bru-celosis bovina. Con el Gobierno estamos estructurando un nuevo y ambicioso plan de salud animal; y el año que viene, la ganadería colombiana tendrá motivos


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para celebrar, cuando todo el territorio nacional sea, finalmente, libre de aftosa con vacunación, y el propio Director General de la Organización Internacional de Epizootías, venga a nuestro país para celebrar con nosotros un logro que deman-dó diez años de esfuerzo y más de uS$200 millones de inversión de los ganaderos colombianos.

Es algo que definitivamente nos enorgullece; es un ejemplo como pocos en nuestro país, de un cambio radical de cultura, de capacidad gremial de logro y de voluntad política del Estado. Es una demostración de la posibilidad de alcanzar el desarrollo, a partir del trabajo conjunto y comprometido de los sectores público y privado.

Estamos cumpliendo nuestros compromisos con la cadena cárnica. Hoy Friogán es una gran empresa que, en apenas un año largo, ha logrado superar escollos y consolidarse financieramente. Ya no tenemos cuatro frigoríficos que-brados, sino una empresa con posición propia y crecimiento asegurado dentro del sector del sacrificio, transformación y comercialización de carne en Colom-bia; una empresa con capacidad para cumplir con su cometido de devolverle al ganadero el precio justo por su esfuerzo en la agregación de valor dentro de la cadena cárnica.

Y estamos cumpliendo en el ámbito legal; un espacio que no se puede ceder en este país de leyes. Los documentos Conpes Sanitarios, la Ley de Trazabilidad y las normas recientes que regulan la producción, procesamiento y comercializa-ción de lácteos y cárnicos, han contado con la iniciativa y el activo seguimiento de Fedegán hasta su expedición.

Entendemos que el marco legal de la política agropecuaria es un factor de primer orden para los retos de la modernización, pero no nos conformare-mos con impulsar reglas de juego claras para la ganadería, sino que haremos lo que sea menester para presionar su cumplimiento frente a la indolencia y la corrupción.

Me haría extenso si reseñara todos los logros de una ganadería que le está cumpliendo al país en sus retos de modernización. Mas no son mis logros como Presidente de Fedegán, ni son fruto exclusivo del esfuerzo de mis colaboradores, por importante y meritorio que este sea, como en efecto lo es. Éstos son los lo-gros de todos los ganaderos de Colombia, comprometidos con la modernización y el cambio. Son logros que merecen el reconocimiento del país y, sobre todo, merecen el aplauso orgulloso de los ganaderos para los ganaderos.

Estamos cumpliendo también con nuestras responsabilidades gremiales ha-cia la sociedad. Cada día más, el ganadero se acerca a la cultura de la formaliza-


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ción, como el mejor camino –o el único quizás- para borrar injustos estereotipos que aún recaen sobre el gremio y sobre los ganaderos individualmente.

Que el ganadero no incumpla sus obligaciones laborales, pero que el Estado también obre en consecuencia, pues de nada sirve, por ejemplo, pagar riesgos pro-fesionales en los confines de la patria, donde las ARP son tan desconocidas, que bien podrían ser confundidas con la sigla de algún grupo al margen de la ley.

Que el ganadero no incumpla sus obligaciones tributarias, y que nadie en el sector rural lo haga, pero que la inversión pública llegue también a todos los rincones de la patria, porque la presencia plena del Estado es la mejor estrategia contra la evasión. Y que deje de especular tanto experto citadino, que no tiene idea de productividad agropecuaria, ni entiende que el predial también tiene pro-porción con el abandono, la incomunicación y la violencia.

La ganadería sólo necesita la igualdad que nunca ha tenido frente a los sectores urbanos de la gran industria y los servicios, para demostrar su enorme capacidad de generación de riqueza y bienestar. La ganadería no ha escondido sus talentos, como el hijo pusilánime de la parábola, pero siempre ha recibido muchos menos que sus hermanos ricos del empresariado urbano.

Aún así, desde el punto de vista del valor de la producción, la ganadería es dos veces mayor que el sector cafetero, cinco veces mayor que la palma africana y ¡once veces! mayor que el bananero. Es indudable nuestra contribución a la generación de riqueza, y lo será aún más cuando avancemos hacia nuestras metas exportadoras para el año 2019. Nuestra gestión para empoderar empresarialmen-te al ganadero y modernizar la producción, está despertando al león dormido de la ganadería colombiana.

Hace cuatro años, en Cartagena, apenas estrenado como Presidente de Fe-degán, les decía a los ganaderos de Colombia que lo social es de carne y hueso; y que lo social debe interesarnos mucho más de lo que hoy nos interesa, empezan-do por nuestro entorno inmediato.

La presencia nacional de la ganadería la convierte en una actividad genera-dora de identidad cultural y de cohesión social; si no, pregúntenle a un llanero, a un lechero del altiplano o a cualquier poblador de las riberas del San Jorge. Pero esa capacidad de construir tejido social debemos canalizarla y, también, forma-lizarla, sobre todo en regiones en que aún el Estado no acaba de llegar con su presencia, y los grupos al margen de la ley no acaban de abandonar sus cuotas de control social y de poder territorial.

Debemos hacer la conexión adecuada entre las necesidades de la pro-ducción frente a los retos de la competitividad, y la importancia de integrar en


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mejor forma a la ganadería con su entorno social. Los ganaderos no vamos a posar de redentores de las inmensas regiones abandonadas de la mano de Dios, del Estado y de una sociedad urbana y pretenciosa, que exige sin conocimiento y juzga sin contemplaciones; pero los ganaderos sí podemos hacer lo que nos corresponde, desde el microcosmos de nuestras empresas y desde nuestra ca-pacidad de apoyar constructivamente la reconstrucción de los valores arrasados por la violencia.

No será un trabajo fácil. Las profundas heridas de medio siglo de violencia no se suturan con hilos de seda. La violencia mata el afecto y destruye las familias; el terror convierte la hospitalidad campesina en desconfianza; el vivir al filo de la navaja marchita el optimismo, desincentiva el ahorro y acaba con la iniciativa. Y por supuesto, el ostracismo que generan el temor y la incertidumbre, impide el trabajo solidario, los proyectos comunitarios y la noción misma de comunidad. Es la destrucción del tejido social.

Que no es de ahora, porque lo más barato es echarle la culpa a las FARC, a las autodefensas y al narcotráfico, lo cual no sería sino una demostración más de nuestra habilidad para concentrarnos indefinidamente en nuestro propio ombligo. Esa trilogía de males no es precisamente una plaga bíblica caída del cielo, porque también es fácil echarle la culpa a Dios de todo lo bueno y todo lo malo.

No. La destrucción del tejido social en el campo colombiano es anterior a las actuales plagas de la violencia. La generación de nuestros abuelos sobrevivió a la guerra de los mil días, guerra política de discursos, de partidos y de caudillos en las ciudades; guerra de sangre y destrucción en los campos de Colombia.

Guerra de heridas mal curadas, que habrían de abrirse cuatro décadas más tarde. Porque a la generación de nuestros padres le correspondió entonces, so-brevivir a la que se llamó con acierto “La Gran Violencia”, porque la barbarie aprendió de la barbarie y la superó con creces. Otra vez, guerra de discursos, de partidos y de caudillos, que se sintió con fuerza en Bogotá durante ocho días, y durante largos y ominosos años en los campos de Colombia.

A nuestra generación le ha correspondido, no en suerte sino en desgracia, sobrevivir a la violencia que se incubó, sin solución de continuidad, en las heridas también mal curadas de la violencia partidista. Las guerrillas inspiradas en el mar-xismo-leninismo crecieron a partir de una cuadrilla de desarrapados campesinos comunistas, hasta dominar el escenario rural colombiano y poner en jaque a las instituciones, porque esas mismas instituciones nunca hicieron nada por evitarlo. ¡Qué tremenda responsabilidad histórica!


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El resto es historia reciente. Tras 20 años de extorsión, de abigeato y des-trucción, de secuestro y asesinato, algunos sectores de la sociedad rural se orga-nizaron para defenderse y lograron, inclusive, el apoyo de la legalidad del Estado a través de las Convivir.

Pero el Estado se asustó con el cuero y no se sintió capaz de controlar, como era su deber, a las organizaciones de vigilancia rural que había creado, como sí lo había hecho desde siempre con sus homólogas en las ciudades. Entonces optó por el facilismo de vender el sofá, proscribiendo a la ilegalidad a las autodefensas, sin haber solucionado el problema de la seguridad rural.

Vendría luego –o casi simultáneamente– el narcotráfico a infestar aún más el ya oscuro panorama de violencia rural, con la capacidad de corrupción de sus ilimitados recursos. El resultado es conocido. El narcotráfico se convirtió en el común denominador de la violencia rural de guerrillas y autodefensas; los cam-pesinos que no fueron desplazados se tornaron en cómplices por la fuerza, en cultivadores minifundistas de coca o en raspachines a destajo.

El control social derivado del control territorial armado, fue total en la ma-yor parte de la ruralidad colombiana. Las autoridades locales fueron prácticamen-te cooptadas y, por ese camino, desde abajo, se empezó a tejer también la tela de araña de la parapolítica.

Pero todo esto no sucedió por generación espontánea, ni a escondidas de país, ni de un momento a otro. Todo esto –repito– no fue un castigo divino caído del cielo sobre una Sodoma pecadora. No, la violencia rural –y eso es lo doloroso– es el injusto castigo recibido por unos, por los pecados cometidos por otros.

La violencia ha sido el castigo que han soportado ganaderos, agricultores y humildes campesinos, por los pecados de indolencia del Estado y de indiferencia de la gran sociedad urbana beneficiaria del desarrollo, que permitieron, sin asomo de preocupación entonces ni de arrepentimiento ahora, que el campo se convir-tiera en tierra de nadie y en infierno de violencia para sus pobladores.

En ese campo colombiano ha logrado “sobrevivir” la ganadería colombiana, arrasada durante la “Gran Guerra” y, luego, durante la “Gran Violencia”, ambas partidistas, ambas urbanas en su origen, pero rurales en sus víctimas.

En ese mismo campo colombiano, bajo la mirada siempre indiferente de una sociedad que se acomodó a saber de la violencia por la televisión, la ganade-ría ha sido hostigada desde hace medio siglo por guerrillas y autodefensas, con un increíble costo económico y uno moral inconmensurable, por la angustia del secuestro y la ausencia irremediable de los muertos. Se acrecentó además la po-


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breza de los ganaderos pobres, y se descapitalizó totalmente al sector que, otrora, fue precisamente la fuente de capital para la industrialización del país.

Es como si hubiera habido una consigna macabra. Que se maten allá en el campo, que nosotros estamos muy ocupados en construir la Colombia de grandes ciudades, de modernos edificios y de pujantes megaempresarios. Esa es la cruda verdad que hoy se pretende desconocer, como se desconoce a las víctimas gana-deras, que la historia parece cubrir con un manto de olvido.

Víctimas que no son solamente los miles de ganaderos secuestrados o muertos, con cuyos nombres cubrimos estas paredes hace ya dos años. No. Son víctimas también esos más de 239.000 pequeños ganaderos, que suman y son importantes como colectivo para la producción ganadera, sobre todo de leche, pero que individualmente son pobres y sobreviven con el ordeño y el pancoger del minifundio. La pobreza, como la violencia, tampoco es un castigo divino ni una condición natural de las personas. La pobreza es hija de la inequidad y de la misma violencia.

Por esos ganaderos pobres y para ellos; por esas víctimas ganaderas de la violencia armada y para ellas, por la recuperación de esos valores perdidos en la hoguera de la violencia y el poder corruptor del narcotráfico, y para honrar los compromisos de la ganadería con la naturaleza y la sociedad; por todo ello nace Fundagán.

Si el país quiere seguir sumido en la indiferencia colectiva frente al campo, los ganaderos colombianos, solidarios y orgullosos de nuestro pasado, vamos a darle la mano a los más pobres entre los nuestros, vamos a acompañar a nuestras víctimas, y vamos a restaurar nuestro pacto de amor con la naturaleza.

Cerca de la mitad de nuestros productores –esos más de 239.000, que re-presentan el 48,3%– son pequeños ganaderos de menos de 10 cabezas, atados al minifundio y a la economía de subsistencia. Pero aún más, si ampliamos el rango estadístico a los de menos de 50 cabezas, en lo que se considera como pequeña ganadería, la cifra alcanza al 82,4% de los productores ganaderos colombianos. Ellos hacen parte de la pobreza rural y ellos hacen parte del gremio ganadero.

Fundagán ha nacido para apoyarlos a través de asistencia técnica, de pro-yectos lecheros colectivos alrededor del “tanque de frío comunal”, y de otros programas como la “democratización de la genética”. El orgullo, la satisfacción y, sobre todo, la rentabilidad de tener buenos animales, no puede seguir siendo prerrogativa de unos pocos.

Pero la ganadería no está sola en medio de la sociedad rural. Hay millones de campesinos minifundistas no ganaderos, que no encuentran en su terruño un


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medio eficaz de subsistencia. Fundagán ha nacido también para acercarse a ellos en la medida de las posibilidades, y para brindarles en la ganadería una opción de vida.

Bajo el nombre de “Fundagán – una vaca por la paz”, replicaremos el mo-delo de la Fundación Heifer de los Estados unidos, reputada como la más eficien-te en el mundo a través de su intervención en comunidades pobres. Inspirados en su lema: “La bendición de dar y pasar esa donación”, conformaremos una base de ganaderos donantes de vacas preñadas a familias pobres, con el compromiso de regalar la primera cría al vecino también necesitado. Así creamos más ganadería y apoyamos la reconstrucción del tejido social en el campo, a partir de la confianza y la solidaridad efectiva.

Hace dos años le mostramos al país las escalofriantes listas de miles de ga-naderos secuestrados y asesinados por los grupos al margen de la ley; ganaderos víctimas de la violencia, como lo son también quienes lo han perdido todo a ma-nos de la guerrilla primero, y luego también de las autodefensas.

Son ganaderos como nosotros. Son nuestras víctimas. Representan un pa-sado que debemos honrar, y un presente que debemos evitar. Son, sin embargo, víctimas invisibles a los ojos de un país que, paradójicamente, pretende hoy til-darnos de victimarios.

Fundagán nace también, para hacer visibles a esas víctimas ganaderas de la violencia, no sólo ante la sociedad colombiana sino ante la comunidad interna-cional. Porque las víctimas ganaderas no son menos víctimas, y también tienen derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación. Fundagán nace para acompa-ñarlas y para cumplir con tan irrenunciable compromiso de solidaridad con los nuestros.

Fundagán nace, amigas y amigos ganaderos, porque las metas del Plan Es-tratégico de la Ganadería Colombiana 2019, por una ganadería moderna, rentable y competitiva, pero también ambientalmente sostenible y socialmente solidaria, son un compromiso del gremio para con los propios ganaderos, con el campo y con el país todo.

En últimas, Fundagán nace, porque la Federación Colombiana de Ganaderos y todos los ganaderos de Colombia, no cejarán en su compromiso con la paz.

Por eso los invito a recibir con entusiasmo el nacimiento de Fundagán. Los invito a conocer la nueva Fundación, a ayudarla a crecer, a vincularse y a compro-meterse, al ritmo que se vayan consolidando y creciendo sus diferentes programas.

Los invito a convertir en resultados ese orgullo ganadero que hoy estamos celebrando. Los invito a continuar con nuestro empeño de modernización, pero


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también a que nos acompañen a dejar una huella profunda y benéfica en la socie-dad rural. Los invito a la generosidad y a la grandeza.

La ganadería no puede ser inferior a su historia de tenacidad frente a la adversidad, de dignidad y de valor frente a la violencia, y de solidario apoyo a los más necesitados. Por eso mi invitación a convertir en realidades el compromiso social de los ganaderos colombianos. Nuestro compromiso con la equidad, con el progreso del campo y con la paz de nuestra patria.

Muchas gracias.


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Intervención en el acto de instalación de la Gira Técnica Internacional – Argentina 2007

Buenos Aires, Argentina, 19 de octubre de 2007

Amigos ganaderos:Me emociona pensar y sentir que, realmente, estamos construyendo la nue-

va ganadería colombiana. Me lo demuestra en forma contundente esta reunión de ganaderos que, en número tan significativo, ha cruzado las fronteras de la patria con un sólo objetivo: conocer y aprender.

Mas no vinimos sólo a conocer la bella Buenos Aires, recostada sobre el Río de la Plata, ni la maravilla natural de Iguazú o la imponencia austral de la Patago-nia; para eso hay mil y uno planes turísticos convencionales. Vinimos a conocer y a aprender de la ganadería argentina, guiados por la consigna de emular a los mejores, que hemos acuñado en nuestras giras técnicas. Estamos aquí, porque, sencillamente, aquí están los mejores del continente.

Por ello, antes de darles la bienvenida oficial a esta Primera Gira Técnica Internacional-Argentina 2007, la cortesía y la gratitud me mueven a presentar un saludo afectuoso a esta tierra argentina y a su gente; a la ciudad de Buenos Aires que hoy nos acoge; y a las ciudades y provincias argentinas que nos recibirán a lo largo de estos días de arduo trabajo y de aprendizaje.

Nuestro saludo a la Asociación Argentina de Criadores de Brangus; a los ganaderos que, generosamente, nos abrirán las puertas de sus estancias; a los conferencistas que nos ilustrarán con sus conocimientos; a las empresas y orga-nizaciones que han apoyado con entusiasmo toda la logística de la gira, y claro está, a personas como Martín, a quien le hemos aprendido a apreciar como uno de los nuestros, pero sobre todo, a admirar por su conocimiento y su disposición a compartirlo sin recelos.

Y a ustedes, amigos ganaderos colombianos, ahora sí, nuestra bienvenida a esta experiencia sin precedentes en el campo de la transferencia de tecnología. Espero que compartan conmigo esta sensación que me acompaña, de un tiempo para acá, de estar haciendo historia ganadera; de estar despertando ese león dor-mido de la ganadería colombiana, una actividad económica tan importante para


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el desarrollo rural, pero lamentablemente, una actividad que no siempre ha sido atendida por el Estado como debiera y, en ocasiones, tampoco lo ha sido por nosotros mismos.

Café y ganado representan la mitad de nuestro producto interno bruto agro-pecuario, pero en ocasiones siento que nosotros, los ganaderos colombianos, no nos hemos hecho cargo de nuestra propia importancia. Por ello he empezado a pensar que nuestro rezago tecnológico y nuestras carencias competitivas no obedecen sólo a la falta de condiciones para el desarrollo, sino también a nuestra propia actitud frente al cambio y frente a nuestras posibilidades.

Seguiremos demandando del Estado las condiciones para el desarrollo, claro está; pero debemos hacer conciencia –quién, si no nosotros– sobre la im-portancia de la ganadería; debemos asumir las responsabilidades que conlleva y, más importante aún, debemos adelantar las acciones para construir esa nueva ganadería.

Por ello, los invito a una participación activa; los invito a que no perdamos un minuto de esta experiencia enriquecedora, porque detrás de ella hay un gran esfuerzo de Fedegán, que no se puede perder, y porque ustedes mismos han he-cho un esfuerzo personal, que se debe convertir en resultados prácticos para sus empresas y en aporte eficaz a la modernización de la ganadería colombiana.

Nuestra meta es la competitividad y por eso hemos venido a este país gana-dero y exportador por excelencia, que ha hecho de la carne una cultura y ha sa-bido posicionarla con un atributo de origen de reconocimiento internacional. Por eso hemos venido a aprender donde corresponde. No les quepa duda. Queremos competir con Argentina en el mercado mundial de la carne –por qué no decirlo–, y sabemos que, en un futuro cercano, cuando hayan culminado los procesos de desgravación con Mercosur, muy seguramente competiremos con Argentina en nuestro propio mercado interno.

La competitividad no es un reto imposible y el acceso de la ganadería co-lombiana a la ligas mayores del mercado mundial de la carne no es precisamente una quimera, sino un ejercicio visionario pero realista frente a las señales que se muestran evidentes. No verlas es ceguera imperdonable; verlas y no atenderlas, sería una gran irresponsabilidad histórica.

Las previsiones más conservadoras estiman un crecimiento del consumo de carne de ocho millones de toneladas para 2015, y algunas llegan a pronosticar una mayor demanda que supera los 20 millones de toneladas. ¿Descabellado? Por qué habría de serlo, si China solamente ha sacado de la pobreza a 500 millones de personas en los últimos 20 años y se espera que haga algo similar de aquí a


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2015. India le sigue los pasos, al igual que los países del sudeste asiático y algunos latinoamericanos, Colombia entre ellos.

Mayor demanda por un lado y menor oferta por el otro, pues los grandes oferentes mundiales de carne tienden a limitar su producción, ya sea por física saturación, o bien, porque el boom de los biocombustibles no sólo ha encarecido en exceso la alimentación de los bovinos a base de trigo, sino que ha desplazado a la ganadería en la competencia por la utilización del recurso tierra, sobre todo en los países afectados por el régimen de estaciones.

En los próximos 20 años, la cría de bovinos se va a concentrar en los países en desarrollo y preferencialmente en los ubicados a lado y lado de la línea ecua-torial, donde el trópico favorece durante todo el año la producción de biomasa en praderas naturales.

¿Cómo no ver y atender estas señales? ¿Cómo no acometer un gran esfuerzo para competir por semejantes oportunidades? ¿Será que los ganaderos colombia-nos, que hemos demostrado nuestro tesón frente a la inseguridad y la violencia, nos vamos a amilanar frente al reto de la competencia? ¿Será que vamos a dejar pasar el tren de la verdadera prosperidad, para lamentarnos luego por la oportu-nidad desperdiciada?

Definitivamente no. La tarea no será fácil ni será corto el camino, pero ya hemos avanzado más de lo que nosotros mismos nos damos cuenta.

Para 2008 habremos derribado la barrera paraarancelaria de la fiebre af-tosa, después de una década de esfuerzos y de una inversión que sobrepasa los uS$200 millones. El milagro exportador uruguayo no se produjo sino a partir de 1993, cando ese país logró la meta que nosotros alcanzaremos el año que viene. Hasta entonces era un exportador medianamente importante; hoy le vende al mundo tres veces más de lo que consume. Entonces ¿estamos o no en el camino correcto?

Hoy contamos con una infraestructura de sacrificio que soporta nuestra ambición exportadora, y que irá creciendo, de ser necesario, impulsada por la dinámica del mercado. La trazabilidad ha dejado de ser un término ajeno para el productor y hará su aparición, también en 2008, en el escenario ganadero colom-biano, como están apareciendo con fuerza, conceptos y acciones concretas en los temas sensibles de la sostenibilidad ambiental y la responsabilidad social.

Nos falta trabajar con más ahínco en nuestro compromiso con la produc-ción, sin dejar de reconocer nuestros avances; el primero de ellos, sin duda, el haber llegado a la necesaria claridad sobre nuestra misión frente a la sociedad, sobre la visión de nuestro sueño colectivo, sobre las metas concretas de ese sueño


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posible, y sobre las estrategias y caminos para alcanzarlo. Estoy hablando de nuestro Plan estratégico de la ganadería colombiana 2019.

Pero la formulación de un plan no ha sido el único logro colectivo de la ganadería colombiana. Por el contrario, el verdadero éxito es convertir los planes en realidades de progreso y bienestar para el ganadero; y en esa tarea estamos empeñados.

Ya mencioné algunos de nuestros avances, pero no quisiera dejar de lado el Programa nacional de alimentación, que iniciaremos el año que viene, convenci-dos de que la genética es importante, pero no lo es menos el ambiente y la ade-cuada alimentación, no siempre fácil para pequeños y medianos ganaderos.

El Programa nacional de formación de capital humano, de la mano con el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), nos permitirá continuar aumentando la masa crítica de mano de obra calificada, para incorporar las nuevas tecnologías al quehacer diario.

Avanzamos en nuestro empeño de acercar al ganadero al crédito institucio-nal para financiar las inversiones, acompañado de la asistencia técnica necesaria para incorporarlas a cabalidad; y hemos logrado que esta última sea subsidiada hasta en un 80% por el Gobierno nacional.

Finalmente, los Centros de Servicios Tecnológicos Ganaderos teCnig@n, las giras técnicas, las brigadas tecnológicas y, también, los círculos de excelencia, representan un paquete de estructurado y permanente de transferencia al servicio del ganadero. Nadie puede decir entonces, que nos hemos sentado a esperar los acontecimientos. Por el contrario, estamos generando acontecimientos o cam-biándolos en favor de nuestra ganadería.

Esta gira técnica internacional marcará un hito –desde ya se los anuncio– en las estrategias productivas y comerciales de nuestra ganadería. Venimos a apren-der del brangus argentino y nos vamos a llevar puesto ese aprendizaje para con-vertirlo en resultados.

Este documento es la expresión formal de ese propósito, que no se limita a importar el valioso conocimiento argentino sobre esta raza, sino a llevar la mejor genética de las cabañas argentinas y la mejor asistencia técnica para construir con éxito el enclave brangus de la ganadería colombiana, orientado a ganar un seg-mento de los nichos más especializados del mercado mundial de carnes.

Pero no vamos a llevar genética para el orgullo; vamos a llevar genética para producir carne. No queremos 500 animales brangus de excelencia para colgarles medallas; queremos 50.000 ó 100.000 animales produciendo carne en verdaderos cluster en todos los pisos térmicos de nuestra patria.


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Pero como bien lo mencionaba Martín, en el documento que ustedes han recibido, no se trata de esperar milagros, pues el brangus es una herramienta genética y nada más que eso; y las herramientas sólo sirven a sus fines si se usan adecuadamente. Por ello debemos avanzar integralmente en los cinco factores básicos que determinarán nuestra competitividad en el mercado de la carne.

El primero es la calidad en términos de las exigencias de la demanda. Para conformar una base de oferta especializada de carne, debemos disminuir la edad al sacrificio e incluir la terneza entre las características que debemos priorizar en la selección. La discusión localista sobre el marmoreo y las ventajas de la grasa externa de nuestra carne, se debe resolver frente a las apetencias de nuestros po-tenciales consumidores y no a partir de nuestras propias apetencias. En estos dos frentes será determinante el aporte del brangus argentino.

La segunda es la oportunidad, entendida como la capacidad de proveer el producto en los momentos, volúmenes y condiciones que lo requiere el com-prador. No sufrimos el rigor extremo de las estaciones, pero debemos garantizar alimentación durante todo el año, a partir del suministro de forraje durante el verano, para no perder presencia en los mercados durante esta época, cuando la oferta de ganado gordo se disminuye considerablemente.

La tercera es el precio. No está en nuestras manos manejar la tasa de cam-bio y, por ello, debemos eliminarla de la lista de disculpas para nuestra falta de competitividad. La consigna es eliminar ineficiencias a lo largo de la cadena y atacar los elevados costos de producción por kilo de carne, tanto en la cría como en la ceba.

una de esas ineficiencias es, sin duda, el denominado levante, que se debe eliminar como sistema diferenciado, no sólo porque eleva costos por la vía de innecesarias transacciones, sino por las inadecuadas condiciones de alimentación en la que se desarrolla, atrasando más de seis meses la salida de animales para sacrificio.

Es tan crítica esta distorsión de nuestra ganadería, que hasta tenemos un mercado especializado de “ganado flaco”, cuando lo verdaderamente competitivo es destetar un ternero con buen peso y sostenerlo con buena alimentación hasta el sacrificio.

un cuarto factor de competitividad es la sostenibilidad ambiental. En este punto reitero mi convicción sobre las bondades de los sistemas silvopastoriles como una tecnología válida y deseable para conciliar productividad con preser-vación de la naturaleza. Lo afirmo desde mi propia experiencia como ganadero, aunque entiendo, por esa misma experiencia, que debemos facilitar la financiación


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de la inversión inicial y, sobre todo, vencer las reservas del ganadero a “sembrar para cosechar” literalmente, porque de eso se trata la combinación amigable de reforestación, agricultura y ganadería.

Y finalmente, la responsabilidad social se erige como factor de competi-tividad importante en el mundo desarrollado; y aunque debe ser un concepto transversal a la ganadería, deberíamos comprometernos en hacer de nuestros fu-turos núcleos brangus, verdaderos cluster que demuestren con resultados, que la responsabilidad social es una inversión en la nueva ganadería.

La responsabilidad social es un compromiso de Fedegán, y así lo confirma el reciente lanzamiento de la Fundación Colombia Ganadera, Fundagán, con la cual trabajaremos en cuatro ejes básicos: la defensa y representación de los ga-naderos víctimas de la violencia; la reconstrucción del tejido social en el campo colombiano; la incorporación del pequeño ganadero a las cadenas de agregación de valor; y la protección del medio ambiente.

Tenemos mucho por hacer, amigos ganaderos, pero lo estamos haciendo. Nos detuvimos a formular un plan estratégico serio, responsable y coherente; pero ya hemos saltado del diagnóstico, en un país lleno de diagnósticos, a con-vertir en acciones y en realidades las metas propuestas.

Estamos modernizando la ganadería, mas no exclusivamente desde los es-critorios de burócratas y especialistas. Estamos llevando el conocimiento a los ganaderos, o bien, llevándolos a ellos mismo hasta donde quiera que estén las nuevas tecnologías. Por eso hemos llegado hasta acá con cerca de 200 ganaderos colombianos.

Estamos combinando la generación y asimilación de tecnologías probadas, económicas y de fácil aplicación, surgida del trabajo de investigadores; con el ingenio y la inventiva de nuestros ganaderos en su quehacer diario.

Reiteramos la importancia del conocimiento y la investigación científica; prueba de ello es la creación del Premio Nacional de la Ganadería. Pero tam-bién impulsamos la “revolución de las cosas sencillas”, como la cerca eléctrica, el manejo adecuado de praderas, el potrero para las hembras al parir, los chequeos genitales periódicos para machos y hembras, los registros y los software de moni-toreo, las vacunaciones y la prevención de enfermedades. En fin, un sinnúmero de pequeñas cosas en las que todos estamos de acuerdo, pero muy pocos ponemos en práctica, en ocasiones por la mezquindad de no entender que el costo del pro-greso no es un gasto sino la mejor de las inversiones.

La competitividad es utilidad, bienestar y futuro; pero la competitividad –tengámoslo muy claro– no es un don caído del cielo. La competitividad es una


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prerrogativa de los mejores; y los mejores no lo son porque se hayan ganado un Lotto. No señores. Los mejores están recibiendo la recompensa a su esfuerzo; los mejores están cosechando lo sembrado.

Por eso, el reto no es entrar al mundo de la competitividad, porque la dio-sa fortuna nos bendiga con una situación cambiaria que hoy es y mañana no, o porque hoy recibamos un subsidio que mañana quizás no recibamos. ¡No! A donde tenemos que entrar es al mundo de los mejores, al pequeño pero rentable universo de la excelencia.

Es una puerta que abriremos a partir de enero de 2008, para que los mejores ganaderos colombianos se reúnan alrededor de círculos de excelencia en cada uno de los 30 Centros de Servicios Tecnológicos; y para que, por esa puerta, pue-dan entrar todos los ganaderos comprometidos con la construcción de la nueva ganadería. La experiencia argentina de los CREA, que tendremos la oportuni-dad de conocer en esta gira, será un referente valioso para nuestros círculos de excelencia ganadera. los círculos de excelencia serán espacios de mejoramiento colectivo, a partir del número simbólico de 12 miembros que, literalmente, des-empeñarán el apostolado de la excelencia, visitando las empresas de sus colegas y siendo visitados una vez al año, para que su explotación y sus indicadores puedan ser compartidos y analizados, con lo cual se generan sinergias difíciles de igualar y un factor importante de emulación regional.

Por ello los círculos de excelencia también serán núcleos de innova-ción regional, a partir del compromiso del ganadero a transferir sus cono-cimientos a otros empresarios de la zona. De esta manera, los mejores le enseñarán a los que quieren serlo, mediante visitas guiadas a ganaderos no miembros del círculo, con lo cual llegaremos a más de 8.000 productores durante 2008.

Y finalmente, los círculos de excelencia deberán ser polos de desarrollo re-gional. El ganadero excelente debe serlo dentro de su empresa en lo productivo, pero también fuera de ella, como líder comprometido en proyectos que benefi-cien a las comunidades de sus zonas de influencia, aplicando los principios de responsabilidad social empresarial, y contribuyendo al fortalecimiento de conglo-merados ganaderos regionales.

La ganadería colombiana recibirá el año 2008 con dos grandes cambios es-tructurales que estamos anunciando en el marco de esta Gira Técnica-Argentina 2007. Este documento y esta gira son el lanzamiento de la era brangus colombia-na, como una política expresa de Fedegán, para enfrentar el reto de consolidar una oferta exportable de carne con alto valor agregado.


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Y este universo argentino de excelencia ganadera, es también el espacio más propicio para lanzar el reto del mejoramiento continuo y de la excelencia en la ganadería colombiana. Hoy estamos abriendo la puerta que a nuestro regreso, sin dilaciones, los ganaderos que han tenido la oportunidad de aprender de esta experiencia, se conviertan en los líderes de estas dos grandes transformaciones cualitativas de nuestra ganadería.

En nuestra reciente celebración del Día Nacional del Ganadero y con moti-vo de lanzamiento de Fundagán, invité a los ganaderos de mi país a la generosi-dad y a la grandeza. Hoy los invito a eso y algo más. Los invito a ser visionarios; los invito a la excelencia; los invito a superar la mediocridad y el inmediatismo; los invito a la innovación y al cambio; los invito al esfuerzo sostenido y a la inver-sión sin mezquindades en nuestro propio futuro.

Los invito a despertar de su letargo al león dormido de la ganadería co-lombiana; los invito a construir esa nueva ganadería para una Colombia también nueva, que hoy avanza con decisión por el camino de la paz y el desarrollo.

Muchas gracias.


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Homenaje a las Fuerzas Militares de Colombia

Cartagena, 8 de noviembre de 2007

Yo no sé si es sabiduría popular, consejo de abuelas o proverbio chino, pero siem-pre se nos ha dicho que “nadie sabe lo que tiene sino hasta que lo pierde”, mas no sólo por la añoranza de lo perdido, sino porque, sólo entonces, hace conciencia de lo que cuesta recuperarlo.

Así nos pasó en este país con la seguridad y con la paz. Muchos Gobiernos y muchas generaciones de colombianos; y no quiero señalar a ninguno en particu-lar, pero es así: muchos Gobiernos, durante los últimos cincuenta años, tuvieron la paz en sus manos y alcanzaron a disfrutar del bien inapreciable de la seguridad ciudadana, pero las dejaron escapar entre sus dedos, bajo la torva mirada de una sociedad indiferente.

No se puede contar para la historia, y sin vergüenza alguna, que hace 45 años las FARC no eran más que un puñado de campesinos, que hicieron tránsito fácil de la violencia política a la violencia subversiva, que infestó al mundo en la década de los sesenta del siglo pasado.

No se lo puede contar sin sonrojarse siquiera, porque es enorme la responsa-bilidad histórica de no haber hecho nada, o de no haber hecho lo suficiente, para cortar de raíz semejante plaga, cuando era fácil hacerlo.

Hay que bajar la mirada, cuando menos, ante las víctimas que reclaman en silencio. Porque son millonarias las pérdidas económicas en el campo; y aunque el sufrimiento y la destrucción del tejido social no se cuentan por millones, se pueden contar los secuestros y las vidas de inocentes sacrificados: campesinos, ganaderos y agricultores; como se pueden contar las de soldados y policías, en-tregadas generosamente por la recuperación de la paz y la seguridad.

A quienes estamos ligados al campo, se nos oprime el corazón ante el recuerdo de tanta desidia, que nuestra proverbial capacidad para inventar eu-femismos empezó a calificar como “falta de voluntad política”, mientras el campo era destrozado, saqueado y expropiado, por la guerrilla primero y, luego, por unas autodefensas salidas de madre, y por el poder corruptor del narcotráfico.


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Por ello, para los ganaderos, que pagamos el precio de haber perdido la se-guridad y la paz, y para quienes sabemos lo que cuesta recuperarlas, todo avance en esa dirección es motivo de júbilo y estimula nuestro reconocimiento.

La Costa Caribe ha sufrido, como ninguna otra región, no sólo la violencia que la ha azotado sin conmiseración, sino la indiferencia de la sociedad y la falta de compromiso de sus dirigentes. La violencia se metió en sus entrañas sin que nadie hiciera algo por evitarlo. La violencia se tomó enclaves preciados de la cultura costeña y de su desarrollo económico y social, como la Sierra Nevada y los Montes de María.

De la comarca sucreña desapareció la alegría del porro sabanero, reem-plazada por el temor y la zozobra; y mientras la sociedad urbana bailaba al ritmo de Carmen de Bolívar en elegantes clubes sociales, el terruño del maes-tro Bermúdez era azotado por una violencia ciega, que en nada se parecía a la “...tierra de amores, de luz y ensueño”, que le había cantando en épocas mejores.

Hoy los Montes de María despiertan de una larga y horrenda noche, gracias a la voluntad política del presidente uribe, comprometido integralmente con la seguridad democrática; pero también gracias a su voluntad política, señor minis-tro Santos; y gracias al arrojo de nuestros soldados y policías, que han tenido los arrestos y la constancia para recuperar lo que otros regalaron, para garantizar seguridad a los pobladores, y para despejar los caminos de la paz.

Por ello, en buena hora, nuestro amigo de siempre y dirigente ganadero de la Costa Caribe, Miguel Torres Badín, tomó la iniciativa de hacer un reconoci-miento público y expreso, a usted señor ministro Santos y a todos los integrantes de las FFAA, la Policía Nacional y el DAS, por las exitosas operaciones militares en los Montes de María.

Se trata de un logro inmenso en el camino hacia la paz en la región, que no es el resultado, como usted bien lo dijo, de un feliz golpe de suerte. Por el contrario, detrás de él se encuentra su liderazgo claro y sin medias tintas; y un manejo gerencial que redunda en eficacia frente al objetivo de la seguridad, pues no cabe duda que la seguridad y la paz son el mayor reto de los colombianos, su más estratégico objetivo y su empresa más rentable.

usted siempre ha dicho –y nos enaltece que lo diga– que su gremio es Fede-gán, porque si a los ganaderos les va bien, eso quiere decir que las Fuerzas Arma-das y la Policía Nacional están haciendo con acierto su tarea. Nuestro ministerio natural es el de Agricultura, pero podemos afirmar sin duda –y no por simple cortesía– que también lo es el de defensa, porque sin seguridad no hay inversión,


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ni hay capital ni hay empresa; sin seguridad no hay modernización ganadera; sin seguridad, la competitividad es sólo una quimera.

Al de Agricultura, al de Hacienda, al de Educación; a todos los ministros les falta mucho por hacer en el olvidado campo colombiano; pero nada será posible sin el logro de la seguridad ciudadana. Con el liderazgo del presidente uribe, es a usted, señor ministro Santos, a quien le corresponde ir abriéndole camino a la paz de Colombia.

Ese camino se está abriendo para los Montes de María, que son diferentes hoy a lo que eran hace dos años, como lo señalaba usted, señor general Padilla, a un diario de la Costa hace apenas unos días; y sus palabras han sido ratificadas por el clima de paz y de activismo político, que se vivió en la pasada contienda electoral.

En esa misma ocasión, según lo registra el reporte noticioso, usted le hacía un llamado a Gustavo Rueda Díaz, alias ‘Martín Caballero’, para que cambiara de modo de vida, acogiéndose al generoso programa de desmovilización del Gobier-no, porque, según sus palabras, “...debería estar cansado de haber pasado su vida en el monte, sin presente ni futuro”.

Muy pocos días después, la acción efectiva de los hombres y mujeres a su cargo, voltearían definitivamente la página en la vida de ese bandido irredento, que no tuvo más presente que la violencia, ni más futuro que un arrogante sueño de poder, que no pudo alcanzar, como tampoco podrán hacerlo sus cada vez más acorralados sobrevivientes.

Porque sabemos, señor general Padilla, que cuando usted le anuncia al país que, hoy más que nunca, estamos cerca del fin del fin, de esta historia infame de violencia, no lo hace precisamente llevado por un optimismo ingenuo o en busca del aplauso de las tribunas, sino, por el contrario, con conocimiento de causa y, sobre todo, con responsabilidad histórica y con sentido de patria.

De ahí que acompañemos con entusiasmo este tributo a la eficiencia y a los resultados. De ahí que nos unamos para exaltar el valor de quienes hoy enfrentan la violencia, y la digna entereza de quienes han quedado mutilados por la barba-rie de un enemigo sin entrañas. De ahí que nos unamos para honrar con respeto la memoria de los caídos, por garantizar nuestra seguridad y nuestro derecho al futuro.

Nos queda –eso sí– el sabor agridulce, la percepción un tanto amarga, de que al respaldo que merecen nuestros hombres en armas, le falta mucha con-ciencia ciudadana, le falta mucho pueblo, le falta mucha más solidaridad, le falta mucho más orgullo patrio.


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Y le falta –por qué no decirlo– mucho más empresariado. Los sectores eco-nómicos son los primeros y más beneficiados de la seguridad democrática, que es más que un nombre adecuado para una política pública adecuada; pues de lo que somos beneficiarios es del esfuerzo, de la abnegación y de la generosidad de unos pocos, que no sólo es insuficientemente reconocida, sino que, además, no goza de la prestancia y del rango social que los militares y policías ostentan en otras sociedades, en donde son tratados literalmente como héroes.

Es cuando menos lamentable que, a pesar de algunos avances, la milicia obligatoria siga siendo un deber eludible para los sectores privilegiados de la so-ciedad, e ineludible para quienes no tienen el poder, la prestancia o el dinero para eximirse de prestarle un servicio a la patria. Mientras en otras latitudes es motivo de orgullo, los estratos altos de nuestra sociedad todavía lo perciben, ni siquiera como un riesgo eventual, sino como una “pérdida de tiempo” frente a más promi-sorias perspectivas profesionales.

Estuvimos en primera fila –y nos enorgullece decirlo– en el homenaje que, hace unos meses, el Consejo Gremial Nacional le rindió a las Fuerzas Militares y de Policía. Fue una ceremonia lucida, pero también, fue allí donde nos dimos cuenta que al respaldo que realmente se merecen, le faltó mucho empresariado urbano sobre todo, de ese mismo que no escatima cocktail de embajada, ni sección de sociales en las revistas de variedades.

Sentimos también que a ese respaldo le faltó prensa, pues los medios no fueron precisamente generosos. Tenemos la percepción de que algunos secto-res importantes de la sociedad prefieren guardar distancia, para aparecer en la foto de los aciertos, pero hacer mutis discreto al momento de los fracasos o los cuestionamientos.

Y tenemos la percepción, ojalá equivocada, de que se ha politizado la po-sición de algunos sectores, que jamás manifestarían públicamente su apoyo a las Fuerzas Armadas, así fuera debido, pues hacerlo sería apoyar la política de Seguri-dad Democrática, y apoyar tal política no sería otra cosa que apoyar al presidente uribe, frente a lo cual prefieren el camino de la mezquindad.

En alguna ocasión lo dije, y hoy es momento de repetirlo: La sociedad que no honra a sus héroes, sencillamente dejará de tenerlos; y el heroísmo es un teso-ro precioso en los momentos difíciles.

Los ganaderos apreciamos, señor Ministro, su gestión al frente de la defensa de los valores patrios. Los ganaderos, señor Ministro y señores generales, no es-catimaremos gratitud ni ahorraremos nuestra intención de honrar a quienes nos protegen.


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Los ganaderos colombianos convocamos, desde esta tribuna, a todo el país y a todo el empresariado, a rodear a las Fuerzas Militares y de Policía. Ellas nos abren el camino de la paz; ellas son la mejor garantía para que, una vez alcanzada, no se nos escape una vez más entre los dedos.

Muchas gracias


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Intervención en la reunión nacional de inducción para gobernadores y alcaldes, periodo 2008-2011

Bogotá D. C., 27 de noviembre de 2007

Es emocionante ver reunida, en un solo momento y en un solo lugar, a la ex-presión plena de la democracia colombiana, en la persona de quienes se vieron favorecidos por la voluntad popular en la pasada contienda electoral. A ustedes, gobernadoras y gobernadores, alcaldesas y alcaldes electos, el saludo de los ga-naderos colombianos, un saludo colmado de optimismo y de buenos augurios, pues serán ustedes quienes, durante los próximos cuatro años, con sus decisiones y sus omisiones, con sus fortalezas y sus debilidades, con sus aciertos y sus yerros, habrán de afectar, en forma más directa y cotidiana, la vida de los más de 40 mi-llones de personas que nos decimos colombianos.

Enorme responsabilidad política, pues, además, los resultados electorales han demostrado que el voto de opinión ya no es exclusivo de las grandes ciu-dades, sino que ha entrado con pie derecho en regiones donde, hasta hace muy poco, aún pelechaban sin recato las prácticas más deleznables para convocar el favor de los sufragantes. En muchas más ciudades y regiones, la gente ha dejado de votar por un sancocho, y ha preferido votar por un futuro.

No traicionar esas expectativas de futuro implica responder con acierto a las necesidades que se esconden bajo la intimidad del voto. “Es la economía estúpido”, le sirvió a Clinton para alzarse con la presidencia, y su éxito radicó en que realmente era la economía, y su administración dio respuestas a estas expectativas.

“Es la seguridad, colombianos” le sirvió al presidente uribe para alcanzar la presidencia; y se puede estar de acuerdo o no con esta premisa, pero el 80% de favorabilidad de opinión en un segundo mandato, señala que realmente era la seguridad la principal angustia de los colombianos, y que ha habido respuesta adecuada a las expectativas.

“Es la recuperación del campo” venimos a decirles los ganaderos colombia-nos. ¡Sí! El rescate del campo como proyecto político central en muchas regiones del país, y como factor de peso en otras, pero importante en todas ellas.


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No podemos olvidar que Colombia, a pesar del auge urbanizador y de sus grandes ciudades, es y seguirá siendo un país con un alto componente rural en sus patrones de desarrollo, condición que no es ajena a ninguno de ustedes. Para los gobernadores es clarísima, como lo es para los mandatarios locales en mayor o menor medida, pues aún el Distrito Capital tiene vastas extensiones rurales, con las problemáticas de pobreza y de violencia que son comunes al campo colom-biano.

La pobreza rural, además, es alimento de la pobreza urbana. Los alcaldes de Bogotá y de todas las grandes ciudades, saben bien que los cinturones de miseria son el fruto de una masiva migración rural, porque el campo abandonado dejó de ser proyecto de vida para convertirse en hoguera de violencia. Los mendigos de los semáforos, con o sin cartel, son antiguos campesinos, convertidos por la fuerza o por la falta de oportunidades, en citadinos sin raigambre, con pasado rural pero sin futuro urbano.

Es bueno revisar ese escenario de la pobreza rural. Mientras en las ciudades, el 42% de la población está por debajo de la línea de pobreza, lo cual es ya una situación lamentable; en el campo, más del 68% de sus pobladores es pobre, en un entorno de mayores carencias y abandono, que convierten al pobre rural en más pobre que el de las ciudades. Mientras en éstas, el 5% de la población es analfabe-ta, en el campo, más del 15% no sabe leer ni escribir.

Hay que derribar, eso sí, el mito de que lo rural es sinónimo de pobreza. Lo ha sido en nuestro país, mas no porque las actividades agropecuarias sean incapa-ces de generar riqueza y bienestar, sino por cuenta del infortunado desequilibrio de los modelos de desarrollo, que privilegiaron a los sectores urbanos, a costa del olvido del campo y de la economía rural, con todo. Todos sabemos lo que este abandono ha representado en atraso, en pobreza, en ilegalidad y en violencia.

Las excepciones son, precisamente, la demostración de lo que podría ser todo el campo colombiano como emporio de riqueza, generación de empleo y bienestar, cuando hay presencia del Estado y cuando hay inversión pública en in-fraestructura, para atraer la inversión privada y garantizar el desarrollo sostenido. El conglomerado azucarero del occidente; las flores de la altillanura, el banano que nació con inversión multinacional y, por supuesto, nuestro café, como expre-sión de una actividad con gran calado social, por su caracterización a partir de un gran número de pequeños productores organizados.

El campo es un promisorio proyecto económico; y también un proyecto político que responde a expectativas concretas, no sólo del campo mismo sino del país todo, con la seguridad y la paz a la cabeza. La vocación agropecuaria


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colombiana no debe ser vergonzante; mas no se trata de renegar de los llamados sectores modernos de la economía, sino de restaurar el equilibrio, de quitar del platillo rural de la balanza, la roca de la ausencia de Estado y de inversión; se trata de quitarle el peso del narcotráfico y la violencia.

El retorno al campo no debe ser, entonces, un ejercicio de arrepentimiento o de nostalgia; el retorno al campo es un asunto de claros intereses políticos y económicos. En principio, nadie sensato podría estar en contra de la bandera que nunca hemos arriado los ganaderos: que la paz de Colombia pasa por la recupe-ración económica y social del campo.

Hoy, cuando empezamos a recuperarlo después de una larga noche de vio-lencia; hoy, cuando retorna la seguridad para dar paso al retorno de la inversión y al bienestar, no es fácil comprender, ni es fácil exculpar la insensatez histórica de los Estados y de las generaciones que abandonaron al campo y permitieron el incendio de violencia que lo abrasó.

Pero repito, la recuperación del campo no debe ser fruto de un acto de contrición, sino, más bien, del reconocimiento inteligente de sus enormes po-tencialidades. No se trata de orgullos festivos ni de optimismos desenfocados. Las señales del mundo y, sobre todo, de la economía política, son cada vez más claras; y la ceguera frente a ellas es indolencia, es insensatez, es casi prevaricato por omisión.

Primero. El petróleo se está acabando, y no podemos pensar que esa rea-lidad no nos toca, con todos sus riesgos y oportunidades. La alternativa más practicable, hasta ahora, está sembrada en el campo a partir de los cultivos para el procesamiento de biocombustibles, como el maíz, hoy conocido en Estados uni-dos como el “oro amarillo”; o en nuestro medio, la caña de azúcar, la remolacha y la palma africana para el biodiesel.

Segundo. Aunque no a la velocidad deseable, el mundo avanza en la lucha contra la pobreza. China ha sacado de la pobreza a 500 millones de personas en los últimos 15 años, y se espera una meta similar para las próximas dos décadas; generando un gran incremento en la demanda por alimentos, para esa población que ha logrado atravesar la línea de pobreza.

Tercero. La población del mundo sigue creciendo, y los mayores incremen-tos poblacionales, de acá a mediados de siglo, se presentarán en los llamados países en desarrollo, lo cual representa una presión más sobre la oferta de alimentos.

Cuarto. La conjunción de una mayor demanda por alimentos, con la re-orientación de la producción hacia la producción de biocombustibles, le devuelve al sector agropecuario del mundo la importancia y el peso político que tuviera


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ante de la aparición de la industria y de los llamados sectores modernos, ya sea compitiendo en el sector energético o en la solución del problema alimentario.

quinto. Para mediados de siglo, o antes quizás, disponer de tierras cultivables, de diversidad biológica y de una posición dentro de la franja tropical del planeta, donde el proceso de fotosíntesis y de producción de biomasa no descansan al ritmo de las estaciones, será una riqueza tan apreciable como lo es hoy el petróleo.

Esto no es ciencia ficción. Esto es el mundo de hoy y del futuro muy próxi-mo; dentro del cual la ganadería ocupa un espacio favorable, pues se estima que, para mucho antes de mediados de siglo, el 80% de lo bovinos se criarán en los países en desarrollo dentro de la franja tropical, donde es más eficiente el proceso de conversión en carne y leche.

Se estima, igualmente –y ya está empezando a suceder–, que los actuales grandes productores de carne, como Argentina, uruguay y Australia, no continua-rán incrementado su producción, y la disminuirán inclusive, ya sea por saturación física o por reorientación de sus sectores hacia la producción de biocombustibles. Todo ello, frente a una demanda creciente, representa una clara oportunidad para países como el nuestro.

En Colombia, la ganadería es un renglón importante de la producción agro-pecuaria, aunque aún no tenga el brillo exportador del café. Aún así, con base en estimaciones del DANE, nuestra actividad participa con el 3,6% del PIB nacional, el 27% del PIB agropecuario y el 64% del PIB pecuario. Medida por el valor de la producción, la ganadería dobla a la avicultura, triplica al café y supera en más de cinco veces a las flores, seis veces al arroz, ocho veces a la papa, y casi diez veces a la porcicultura.

La ganadería es también la actividad con mayor presencia en la ruralidad colombiana, con una gran capacidad de cohesión social; al punto que, en algunas regiones del país, la cultura ganadera está arraigada con fuerza en las tradiciones y costumbres de sus gentes.

Esta fuerte raigambre cultural tiene una explicación que, también, sirve para entender las dificultades del sector en su camino hacia la modernización. Colom-bia se aproxima al medio millón de ganaderos, de los cuales, el 82%, es decir, cer-ca de 406.000, son pequeños ganaderos con menos de 50 cabezas, y alrededor de 240.000 de ellos tienen menos de 10 cabezas de ganado, es decir, son campesinos minifundistas, inmersos en una economía de subsistencia y, por lo tanto, hacen parte de la pobreza rural.

Aquí es necesario hacer una recapitulación, para hacer construcciones lógi-cas que orienten nuestras decisiones y nuestra acción. Primero: Si la pobreza se


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concentra en el campo, y el rescate del campo es condición necesaria para una paz perdurable, entonces, hay que concentrarse en disminuir la pobreza rural. Y segun-do: Si hay que concentrarse en disminuir la pobreza rural, y si la actividad con ma-yor presencia rural es la ganadería, entonces, disminuir la pobreza ganadera tendrá un gran impacto sobre la recuperación del campo y sobre la paz de Colombia.

una reflexión adicional. La pobreza no es culpa de los pobres, ni es un proble-ma solamente de ellos o del Estado. La pobreza es un problema de todos y, por lo tanto, la solución al drama de la pobreza es también un problema de todos.

Así lo ha entendido el gremio ganadero, empeñado en un proceso de mo-dernización, plasmado en el Plan estratégico de la ganadería colombiana 2019, orien-tado al logro de la competitividad frente a los retos de la globalización.

Pero la modernización no puede ser un proceso excluyente, que deje a un lado a los más de 400.000 pequeños y muy pequeños productores, que son, real-mente, el alma de la actividad y de la cultura ganaderas, pero que, al mismo tiem-po, son la presencia ganadera en la pobreza del campo y del país.

Para ellos hemos creado la Fundación Colombia Ganadera, Fundagán. Para ir en apoyo de los ganaderos víctimas de la violencia, y para integrar a los ga-naderos pobres al proceso de modernización, a partir de estrategias que logren convertir al pobre minifundista en pequeño empresario rural.

Fedegán y Fundagán, apalancadas en los recursos de la parafiscalidad ga-nadera, que muchos de ustedes nos ayudarán a recaudar en sus localidades por mandato de la ley, se han unido para convertir estas convicciones en acciones y en resultados, a través de proyectos que serán tanto más eficaces, cuanto mayor participación en ellos logremos convocar por parte de las comunidades mismas y, por supuesto, de las autoridades territoriales interesadas en la disminución efecti-va de la pobreza rural como proyecto político, y en sus benéficas consecuencias para la paz.

El primer proyecto está orientado, precisamente, a tener un proyecto gana-dero regional. Las metas de nuestro Plan Estratégico deben ser la sumatoria de los logros territoriales de la ganadería; de los éxitos en reorientar la actividad para que, en principio, beneficie a los pequeños productores y, por esta vía, consolide a la ganadería como factor de desarrollo regional. Nuestra primera invitación, entonces, es a que, juntos, con nuestro apoyo y acompañamiento, construyamos los planes de desarrollo ganadero regional. Porque planear el camino es la mejor manera para recorrerlo.

El segundo proyecto, la regionalización del sacrificio y de la distribución de carne, es una de nuestras grandes preocupaciones, porque es allí donde se realiza


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el esfuerzo productivo del ganadero, y allí donde se puede perder, en medio de las deplorables condiciones higiénicas y sanitarias del sacrificio, que no sólo atentan contra la salud humana sino contra el medio ambiente.

En Colombia hay cerca de 1.400 mataderos, y no deberían haber más de 400 plantas regionales de sacrificio, distribuidoras de carne refrigerada y de ca-lidad a todos los municipios que, por el tamaño de su demanda, no necesitan invertir recursos valiosos en la construcción y mantenimiento de una planta de sacrificio.

Este proyecto, que hoy es un imperativo, a partir de la expedición del De-creto 1.500 de 2007, exige concretar alianzas entre los departamentos, los muni-cipios y el gremio ganadero, para que el sacrificio y procesamiento de carne sea un negocio lucrativo, pero no a espaldas del productor, del consumidor y de la sociedad toda, que ve atropellado su entorno ambiental.

La preservación de la naturaleza está hoy en la agenda prioritaria de los gobiernos y las sociedades, que estigmatizan sin remedio a los sectores desenten-didos de la problemática ambiental. El Plan Estratégico de la Ganadería no ha sido ajeno a esta realidad, e incluye dentro de sus metas la integración armónica de la producción ganadera con la preservación de la naturaleza.

Por ello, un tercer proyecto, el “Sistema Silvopastoril Intensivo para Peque-ños Ganaderos” está enfocado a desarrollar ejercicios asociativos, para convertir al minifundio semiárido en proyectos productivos ganaderos que puedan ser ren-tables y, a la vez, respetuosos del medio ambiente.

La cuarta iniciativa, que hemos denominado “Nuestra Leche”, está basada en la conformación de grupos asociativos de pequeños ganaderos capacitados técnicamente, a quienes se les brindan facilidades para adquirir y operar tanques de enfriamiento de leche, con lo cual no sólo se logra integrarlos a la cadena co-mercial, sino que se promueven valores de solidaridad y civilidad que contribuyen a la restauración del tejido social en el campo.

“Formando Ganaderos Competitivos” es el quinto proyecto, que se inserta dentro de los programas de formación de capital humano que Fedegán viene adelantando con éxito desde hace varios años. La capacitación de pequeños ga-naderos y de administradores de finca, tiene impacto directo sobre la persona en sus procesos de mejoramiento individual, pero es también muy importante en el proceso de erradicación de la pobreza a partir del conocimiento, y por supuesto, en el de la modernización ganadera.

El sexto proyecto, los “Núcleos Municipales de Asistencia Técnica” lo he-mos desarrollado alrededor de la estructura de nuestros Centros de Servicios


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Tecnológicos Ganaderos, teCnig@n, para facilitarle a los pequeños ganaderos la implementación de tecnologías sencillas, que les permitan ser productivos, tener mayores ingresos y mejorar sus condiciones de vida.

Señoras gobernadoras y alcaldesas, señores gobernadores y alcaldes: Qué bueno sería poder trabajar juntos en la promoción y el rescate de la Colombia rural a través de estos proyectos. Pero, en cualquier caso, nuestra presencia en este importante proceso de inducción tiene un solo sentido: repetir una vez más, pero hoy ante un auditorio de excepción:

Que la paz de Colombia pasa por la recuperación del campo colombiano...Que la recuperación del campo es una inversión que le conviene al país, a

las regiones, e incluso a las colectividades políticas... Que la recuperación del campo es un excelente negocio frente a las señales

que el mundo nos está mostrando con claridad incuestionable...Que la recuperación del campo es el proyecto político de mayor envergadu-

ra y acogida popular, porque tiene que ver con necesidades concretas; tiene que ver con la disminución de la pobreza crítica, tiene que ver con la erradicación de la ilegalidad en el campo, y tiene que ver con la conquista de la paz sin fusiles.

Que la recuperación del campo es nuestro compromiso gremial, a partir del rescate de nuestros pequeños ganaderos atrapados en la trampa fatal de la pobreza.

Que la recuperación del campo deber ser el compromiso de alcaldes y go-bernadores, depositarios de las ilusiones y de la confianza de millones de colom-bianos. Pero también debe ser el compromiso de ministros y de jueces, de milita-res y de policías, de empresarios y de académicos, de periodistas y de cardenales, de empleados y de amas de casa.

Que la recuperación del campo debe ser un compromiso de todos, porque la paz y el futuro de Colombia son un compromiso de todos.

Señoras y señores: Durante los días del evento, nuestro stand institucional será su casa, y los funcionarios de Fedegán estarán a su disposición para ampliar información de los diferentes proyectos, y para responder a sus inquietudes y sugerencias sobre este compromiso común de la recuperación rural.

No podemos ser inferiores a tan enorme compromiso. No le podemos fallar al futuro de Colombia.

Muchas gracias.

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