Poder Judicial de la Nación · Gonzalo Sandoval Beltrán fue rechazado por decisión de 15 de...

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Poder Judicial de la NaciónCÁMARA NACIONAL DE CASACIÓN EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL - SALA 1

CCC 22533/2016/TO1/2/CNC3 - CNC2

Reg. n°644/2018

//n la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 07 días del mes de

junio de 2018 se constituye la Sala 1, integrada por los jueces Patricia

Llerena, Gustavo A. Bruzzone y Luis M. García (quien interviene en

virtud de la licencia concedida al juez Niño, Regla Práctica 18.11) a

fin de resolver el recurso de casación interpuesto por la defensa

pública en la causa nº 22533/2016/TO1/2/CNC3CNC2, caratulada

“SANDOVAL BELTRÁN, Jaime Gonzalo s/rechazo de

excarcelación” de la que RESULTA:

I. El 13 de noviembre de 2017 el Tribunal Oral en lo

Criminal n° 9 de esta ciudad condenó a Jaime Gonzalo Sandoval

Beltrán como autor de los delitos de desobediencia a un funcionario

público reiterado en cinco oportunidades, uno de ellos en concurso

ideal con amenazas y otro con amenazas agravadas por el uso de un

arma; amenazas coactivas; amenazas agravadas por el uso de un arma;

y amenazas reiteradas en tres oportunidades, todos ellos en concurso

real entre sí; a la pena de cuatro años y seis meses de prisión, costas y

accesorias legales. Asimismo dispuso la detención del imputado, que

se llevó a cabo en esa fecha.

Un pedido de excarcelación promovido en favor de Jaime

Gonzalo Sandoval Beltrán fue rechazado por decisión de 15 de

noviembre de 2017 por el juez del Tribunal Oral que intervenía de

modo unipersonal (fs. 7), decisión que fue recurrida por vía de

casación (fs. 10/19), y confirmada por la Sala de Feria de esta Cámara

que declaró que en el caso las condiciones personales del imputado no

permitían “neutralizar el peligro a la aplicación del derecho material

erguido como consecuencia del parámetro objetivo” dado por el

dictado de la sentencia de condena por el a quo. También rechazó el

recurso en punto al planteo de morigeración de la prisión preventiva

porque esa pretensión no había sido introducida en la instancia y

Fecha de firma: 07/06/2018Firmado por: LUIS M. GARCIA, Firmado por: GUSTAVO A. BRUZZONE, Firmado por: PATRICIA M. LLERENAFirmado(ante mi) por: SANTIAGO ALBERTO LÓPEZ, Secretario de Cámara

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carecía de la debida fundamentación e información para ser tratada

por la Sala (fs. 28/29).

El 20 de febrero de 2018, la defensa promovió un nuevo

pedido de excarcelación (fs. 30/33), que fue rechazado por el juez del

Tribunal Oral que declaró no se habían introducido fundamentos

diversos a los que habían sido objeto de examen en la decisión

anterior (fs. 38). Contra el rechazo la defensa interpuso un nuevo

recurso de casación (fs. 41/47) que fue decidido el 19 de abril de 2018

por parte de la Sala 1 de esta Cámara, que anuló la decisión recurrida

por omisión de tratamiento del pedido de morigeración de la prisión

preventiva que esta vez había sido introducido por la defensa en la

instancia anterior, y en consecuencia dispuso reenviar el caso a fin de

que se dicte nuevo pronunciamiento (fs. 70/71).

Con posterioridad, la Sala 1 de esta Cámara llevó adelante

la audiencia reglada por los arts. 465 y 468 CPPN para conocer y

decidir el recurso de casación pendiente que la defensa había

interpuesto contra la sentencia de condena. Por resolución de 24 de

mayo de 2018 esa Sala confirmó la sentencia de condena en lo que

concierne la determinación de los hechos y la responsabilidad penal

Jaime Gonzalo Sandoval Beltrán, y la casó parcialmente sólo en

cuanto a la medida de la pena, que en definitiva fijó en cuatro años de

prisión.

Entre tanto, el juez del Tribunal Oral dictó un nuevo

pronunciamiento respecto de la petición de excarcelación del

imputado de 20 de febrero de 2018. Esta vez consideró que la defensa

no había indicado la pertinencia de la aplicación de la Resolución

1379 del Ministerio de Justicia de la Nación y del Programa de

Asistencia de Personas bajo Vigilancia Electrónica que había citado

en su pedido de libertad, por lo que estimó insuficiente “la simple

mención” de la disposición citada para que el planteo fuera

considerado. Agregó que el programa mencionado se encontraba


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previsto para supuestos de arresto domiciliario, cuya aplicación al

caso entendió que no había sido fundada por la defensa. Por último

valoró que subsistían las razones que fundaron el dictado del auto de

detención del imputado de fecha 13 de noviembre de 2017, y

atendiendo a que se encontraban “a escasos días de la resolución

definitiva de su situación” decidió rechazar la petición de

morigeración de la prisión preventiva de Jaime Gonzalo Sandoval

Beltrán.

II. Contra esa resolución interpuso la Defensa Pública

recurso de casación (fs. 83/89); encauzó sus agravios por vía del

segundo inciso del art. 456 CPPN, acusando arbitrariedad de la

decisión impugnada de la que alega carece de fundamentación.

La recurrente afirmó que el Tribunal Oral tenía “la

potestad y [la] obligación de dictar una medida alternativa al

encarcelamiento preventivo” en este caso y funda la posibilidad de

morigeración de ese régimen bajo el Programa de Asistencia de

Personas bajo Vigilancia Electrónica, el que según se desprende del

anexo I del Protocolo para la Asignación Prioritaria del Dispositivo

Electrónico “no resulta aplicable únicamente para las personas que se

encuentren en condiciones de acceder al arresto domiciliario”.

En función de ello, enuncia las razones por las que alega

que debe considerarse la posible inclusión de su asistido al programa

referido: a) Jaime Gonzalo Sandoval Beltrán carece de antecedentes

condenatorios; b) a lo largo del proceso estuvo en libertad y cumplió

con “los requerimientos del tribunal”; c) no existieron denuncias por

parte de la damnificada posteriores a los hechos por los que Sandoval

Beltrán fue condenado; d) la investigación se encuentra completa

puesto que ha sido dictada sentencia condenatoria; e) el imputado

cuenta con “un domicilio donde podría fijar y su hermano Gastón

Sandoval como referente”; y f) su inclusión al programa es idónea


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para neutralizar el riesgo de peligro de la víctima, en caso de que éste

exista.

Sobre la base del art. 176 del Código Procesal Penal de la

Nación según ley 27.063, argumenta que “el encarcelamiento

preventivo debe ser excepcional” tal como lo sostiene la CSJN y la

CIDH.

Por último, cita los precedentes “Cutule, Pablo

Alejandro” (causa n° causa n° 26265/2014, Sala 2, res. de

10/10/2017, reg. n° 565/2017) y “Arias, Héctor Ricardo” (causa n°

61537/2014, Sala 2, res. de 25/09/2015, reg. n° 489/2015) y destaca

que, a partir del dictado de éste último fallo, el tribunal de origen de la

causa requirió al Coordinador del Programa de Asistencia de Personas

bajo Vigilancia Electrónica que evalúe la posibilidad técnica de

implementar el programa respecto del imputado en ese proceso, y

luego de que aquél informara que no existía obstáculo alguno, se

dispuso el arresto domiciliario del imputado.

Por los argumentos expuestos solicita se case la decisión

impugnada y se disponga la inmediata libertad de Jaime Gonzalo

Sandoval Beltrán bajo “cualquiera de los sistemas morigeradores de la

detención preventiva”.

III. La Sala de Turno de esta Cámara decidió otorgarle al

caso el trámite previsto por el art. 465 bis CPPN (cfr. acta de fs. 94).

IV. A la audiencia celebrada a tenor de los arts. 465 bis, en

función de los arts. 454 y 455 CPPN, compareció el defensor público

Mariano P. Maciel a cargo de la Unidad de Actuación n° 2 ante esta

Cámara, quien sostuvo los agravios del recurso de casación

presentado por su colega. En ella estuvo presente también el Sr.

Sandoval Beltrán.

Luego de la deliberación del caso, los jueces han arribado

al acuerdo que se expone a continuación.

La jueza Patricia Llerena dijo:


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Al momento de abordar el recurso, he de señalar que la

cuestión que nos convoca se circunscribe a analizar la resolución de

fs. 72/74vta. del presente incidente, mediante la cual se rechazó el

pedido de morigeración de prisión de Sandoval Beltran.

Limitada a ese asunto, entiendo que la resolución puesta

en crisis ha brindado un fundamento acertado para el rechazo de la

pretensión de la defensa tendiente a obtener la morigeración de la

detención de Sandoval Beltrán y que, paralelamente, la defensa en su

recurso de casación no ha brindado argumentos jurídicos y fácticos

(comprobados) para refutar la afirmación en cuestión.

En tal sentido, concuerdo con el juez de la instancia

anterior en cuanto a que la mera mención de la Resolución 1379 del

Ministerio de Justicia de la Nación y del Programa de Asistencia de

Personas Bajo Vigilancia Electrónica y la invocación de precedentes

de esta cámara en donde se reconoció la posibilidad de morigerar la

detención a través de dispositivos electrónicos, no conlleva a la

obligación de aplicarlos. En este caso, además, se dan circunstancias

que merecen ser relevadas.

Concretamente me refiero a que la defensa no ha brindado

elementos objetivos para siquiera invocar un domicilio pertinente y

seguro que permita asegurar que aquellos riesgos procesales que han

sido advertidos en las sucesivas resoluciones que se dictaron en el

marco del expediente con motivo del pedido de libertad de Sandoval

Beltrán y que justificaron la adopción de la detención no se vean

potenciados con la medida que solicita.

Me refiero a que la defensa ha soslayado por completo en

su petición, por un lado, la naturaleza de los delitos por los que

Sandoval Beltrán fue condenado1, sentencia que fue confirmada por

1 1) (Hecho 1 del requerimiento de fs. 436/439) El 16 de octubre de 2015, alrededor las 17:00 hs. Jaime

Gonzalo Sandoval Beltrán desobedeció la orden restrictiva del juez civil y siguió de manera ostensible a Melina Quiroga

cuando esta se dirigió y permaneció en la Farmacia sita en Avda. Rivadavia y Culpina.

2) (Hecho 2 del requerimiento de fs. 436/439) El 17 de octubre de 2015, aproximadamente a las 19:20 hs.,

Jaime Gonzalo Sandoval Beltrán desobedeció la orden restrictiva del juez civil e interceptó a Melina Quiroga quien se

encontraba acompañada por Esteban Nicolás Salinas Fariña, a media cuadra del domicilio de la mujer, sito en Juan


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esta sala el pasado 24 de mayo, entre los que se encuentran delitos de

desobediencia. Por otro lado, en ningún momento se ha encargado de

probar (todas las alegaciones se limitan a ser verbales) que la víctima

de aquellos delitos Melina Victoria Quiroga ya no se encuentra

viviendo en el domicilio que supo compartir con Sandoval Beltrán y

que, por lo demás, sería la misma morada en la que residiría el

imputado de obtener éxito su petición.

La circunstancia de que la defensa en la audiencia ante

esta cámara no haya podido afirmar, mucho menos acreditar a través

de algún medio de prueba, que la damnificada de algunos de los

delitos por los cuales fue condenado Sandoval Beltrán ya no se

encuentra viviendo en el domicilio que compartieron, resulta un

extremo completamente endeble del pedido que viene tratando de

sostener la defensa para que cumpla la detención en aquella morada.

Bautista Alberdi nro. 2858, y dirigiéndose a ella le dijo “te voy a matar”.

3) (Hecho 3 del requerimiento de fs. 436/439) El 23 de octubre de 2015, a las 9. 45, Jaime Gonzalo Sandoval

Beltrán desobedeció la orden restrictiva del juez civil enviando a Melina Quiroga un mensaje de texto desde el abonado

1568070536 al nro. 011 1566757538, propiedad de Quiroga, donde le refería que le habían robado el celular pero que

había recuperado su chip con toda su información.

4) (Hecho 4 del requerimiento de fs. 436/439) El 24 de octubre de 2015, a las 02:19 hs., Jaime Gonzalo

Sandoval Beltrán desobedeció la orden restrictiva del juez civil y envió un nuevo mensaje de texto al teléfono de Melina

Quiroga.

5) (Hecho 5 del requerimiento de fs. 436/439) El mismo 24 de octubre a las 18:37 hs., Jaime Gonzalo

Sandoval Beltrán desobedeció la orden restrictiva del juez civil y se presentó frente a la puerta del departamento de

Quiroga cuando se encontraban allí Esteban Nicolás Salina Fariña y Melina Quiroga y exhibiendo un cuchillo en su

mano, les refirió “los voy a matar”.

6) (Hecho 1 del requerimiento de fs. 151/153) El 20 de diciembre de 2015 a las 18:00 hs., mientras Nicolás

Salina Fariña aguardaba a Melina Victoria Quiroga, en la puerta del edificio ubicado en Alberdi 2858, piso 2°, dpto.

“a”, Jaime Gonzalo Sandoval Beltran se presentó en la vereda de enfrente con un cuchillo tipo “tramontina” en sus

manos, y realizó ademanes de que le cortaría el cuello.

7) (Hecho 2 del requerimiento de fs. 151/153) El 26 de diciembre de 2015 cerca de las 22:00 hs., Jaime

Gonzalo Sandoval Beltran llamó por el portero eléctrico al departamento de Melina Quiroga y le dijo “feliz navidad”.

Cuando ésta descendió a la vereda, el imputado hizo ademanes de que le cortaría el cuello, reiterando su amenaza a

Nicolás Salina Fariña, que llegaba al lugar para encontrarse con Quiroga.

8) (Hecho 3 del requerimiento de fs. 151/153) El 3 de enero de 2016, en horas del mediodía, cuando Melina

Quiroga se hallaba en la esquina de San Pedrito y Alberdi, Jaime Gonzalo Sandoval Beltran se acercó a ella a bordo de

una bicicleta y con su mano derecha le realizó un además en referencia a que le cortaría su cuello.

9) (Hecho 6 del requerimiento de fs. 436/439) El 31 de enero de 2015 cerca de las 20:00 hs., en ocasión en

que Melina Quiroga junto a Nicolás Fariña, caminaban con el perro de este último por la Loyola al 100, Jaime Gonzalo

Sandoval Beltran se acercó a ellos, hizo ademán de que les cortaría el cuello y dirigiéndose a la mujer le dijo “Si seguís

saliendo con Nicolás te mato”.

10) (Hecho 1 del requerimiento de fs. 209/210) El 8 de abril de 2016, aproximadamente a las 11 horas,

Jaime Gonzalo Sandoval Beltran interceptó a Camila Beloqui, hija de Melina Quiroga, a pocos metros de la entrada del

colegio al que la niña se dirigía y le realizó gestos y ademanes amenazantes. (fs. 596/vta./ 598).


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Tampoco la parte recurrente ha esbozado razones para

fundar de qué manera el programa sería una vía idónea para

neutralizar el riesgo de peligro de la víctima.

Con base en estas consideraciones, y bajo el entendimiento

de que no se ha intentado rebatir el fundamento principal del rechazo

de la petición, propongo al acuerdo rechazar el recurso de casación

interpuesto por la defensa de Jaime Gonzalo Sandoval Beltrán y

confirmar el auto decisorio puesto en crisis.

El juez Gustavo A. Bruzzone dijo:

Al momento de integrar la Sala de Feria de esta Cámara,

con los colegas Días y Morin resolvimos rechazar el recurso de

casación intentado por la defensa de Sandoval Beltrán (fs. 28/29, rta.

el 09/01/18). En particular, se remarcó que el pedido de morigeración

de la prisión preventiva no había sido planteado ni fundamentado ante

la instancia.

Tiempo después, esta incidencia volvió a decisión de esta

Sala a raíz de un nuevo recurso de la defensa contra el rechazo del

pedido de excarcelación, en el que sí se había planteado y fundado

oportunamente, y de manera subsidiaria, la morigeración de la prisión

preventiva bajo el sistema de vigilancia electrónica.

En aquella oportunidad, decidimos hacer lugar al recurso de

casación y anulamos la decisión recurrida, puesto que el a quo había

omitido dar tratamiento al planteo de morigeración introducido

expresamente por la recurrente (fs. 70/71, rta. el 19/04/18).

Como consecuencia de dicha nulidad, el 20 de abril del

corriente, el colega Ramírez dictó un nuevo pronunciamiento en el

que rechazó la excarcelación del imputado. Esta decisión fue recurrida

por la defensa oficial, y ahora corresponde que esta Sala se expida

nuevamente sobre el asunto.

He de remarcar que, a diferencia de lo acontecido en la

resolución anulada, en esta oportunidad el juez si ha tratado, aunque


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de manera escueta, el planteo de morigeración de la prisión preventiva

introducido por la defensa.

Aunque en un primer momento, no suscribí a la doctrina del

caso “Arias”2, en el precedente “Habenschus”3 modifiqué mi postura

en el convencimiento de que, en principio, la morigeración de la

prisión preventiva mediante un dispositivo de geoposicionamiento

era una alternativa viable en nuestro actual sistema jurídico. Claro que

la procedencia de esta medida alternativa se encuentra supeditada a

una serie de condiciones que deben verificarse en el caso en concreto:

viabilidad del domicilio en sentido técnico; conveniencia socio

ambiental de la implementación del programa de vigilancia

electrónica, evaluación de los riesgos en el caso en concreto; etc.

Aclarado esto, coincido con la jueza Llerena en cuanto

sostuvo que en este caso en concreto, la morigeración no resulta

viable.

Así voto.

El juez Luis M. García dijo:

1. La prisión preventiva tiene base legal en el art. 312

CPPN, y encuentra dos formas de morigeración, a saber, por vía de la

excarcelación, reglada en los arts. 317 y 319 CPPN, o por vía del

arresto domiciliario aplicable a los procesados, según el art. 11, en

función de los arts. 32 y concordantes de la ley 24.660.

Aunque volveré sobre la cuestión de la legitimidad de la

continuación de la prisión preventiva en el presente caso, entiendo

necesario abordar en primer lugar su posibilidad de morigeración por

la de la supervisión de Jaime Gonzalo Beltrán Sandoval mediante un

dispositivo electrónico de geoposicionamiento de acuerdo al

Programa de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica del

2 CNCCC, Sala 2: causa n° 61537/2014, caratulada “Arias, Héctor Ricardo”; Reg. n° 489/2015; rta. el 25/09/15.3 CNCCC, Sala de Feria; causa n° 35127/2017, caratulada “Habenschus, Diego Carlos”; Reg. n° 10/2018; rta. el 11/01/18.


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Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación adoptado

por Res. MJN 1379/2015, de 26/06/2015.

2. La recurrente no pone en disputa que Jaime Gonzalo

Beltrán Sandoval no se encuentra en ninguna de las situaciones en las

que procedería el arresto domiciliario según el art. 32 CPPN. Postula,

sin embargo, que la aplicación del programa de vigilancia electrónica

originalmente ceñido a esos supuestos en la Res. 1379/2015, ha sido

ampliada a otros supuestos

En efecto, si bien el Anexo I, punto 2, originalmente

restringía el programa de vigilancia electrónica a los supuestos de

personas adultas, condenadas o procesadas por la Justicia Penal

Nacional, Federal o Provincial, que se encuentren privadas de la

libertad y en condiciones de acceder al arresto domiciliario, siempre

que tuviesen domicilio constituido dentro del territorio de la

República Argentina, la aplicación del programa fue ampliada por

Res. 86/2016 de 23/03/2016 a personas adultas condenadas o

procesadas por la justicia nacional, federal o provincial, y

reglamentada por Res. 808/2016 de 13/09/2016, que aprobó un

protocolo anexo cuyo Punto 1 estableció un orden de prioridades de

asignación del dispositivo electrónico de control entre los diversos

supuestos del art. 32 de la ley 24.660, a continuación su ampliación a

internos calificados como de baja peligrosidad y/o se encuentren

transitando el último tercio de su condena cuando otro beneficio le

hubiere sido denegado, a internos pertenecientes al colectivo LGBT,

y finalmente a otros casos considerados por los jueces intervinientes;

la última frase del anexo declara que “La asignación propuesta no

importará restringir la incorporación al "Programa" de cualquier

persona privada de su libertad en unidades penitenciarias, en la

medida en que la Dirección Nacional de Readaptación Social tenga a

disposición dispositivos electrónicos de control”.


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La Defensa Pública argumenta que la situación del

imputado encuadra en este supuesto residual, se queja de que el juez

del Tribunal Oral que actúa de modo unipersonal ha ceñido los

supuestos de morigeración de la prisión preventiva a los casos en que

procede el arresto domiciliario, y de que no ha consultado a la

Dirección Nacional de Readaptación Social si tenía disponibilidad de

dispositivos electrónicos de control.

3. Entiendo que toda la argumentación que trae la defensa

postulando que no hay obstáculo jurídico a la aplicación de un

dispositivo de vigilancia electrónica a casos no reglados en el art. 32

de la ley 24.660 es incorrecta.

Su argumentación sostenida en la audiencia de la mano de

la decisión de la Sala 2 de esta Cámara en el caso “Cutule”, ha sido

confusa, y en particular no ha demostrado cuál es la analogía entre la

cuestión de los límites del recurso a la pena con arreglo a los

principios de última ratio y proporcionalidad con el presente caso en

el que se trata de decidir si hay base legal para la morigeración de la

prisión preventiva.

Las resoluciones del Ministerio de Justicia y Derechos

Humanos de la Nación que regulan el Programa de Vigilancia

Electrónica, sólo pueden ofrecer herramientas para la aplicación de la

ley, pero no pueden derogar o establecer excepciones al régimen de

ejecución de la prisión preventiva, porque un acto del Poder Ejecutivo

no puede modificar una ley, ampliando, por ejemplo, supuestos de

morigeración no contemplados por ella.

El argumento de la Defensa Pública, en punto a que no

habría obstáculo a que se sujete al detenido a restricciones menos

gravosas no previstas en la ley, no sólo desconoce la soberanía del

legislador, sino que pasa por alto también que el principio de

legalidad abarca todas las medidas restrictivas de la libertad física.

Todas ellas tienen que encontrar base en la ley, que defina los


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supuestos de aplicación, su duración temporal, modo de ejecución, y

vías para obtener su cese o modificación. No es ocioso evocar aquí los

Principios de Siracusa sobre las Disposiciones de Limitación y

Derogación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

(Naciones Unidas, Comisión de Derechos Humanos, 41º Período de

sesiones Doc. E/CN.4/1985/4), y en particular su numeral 5 que

declara que “Todas las limitaciones a un derecho reconocido por el

Pacto serán establecidas por la ley y serán compatibles con los

objetivos y propósitos del Pacto” y su numeral 15 que proclama que

“No se impondrá ninguna limitación al ejercicio de los derechos

humanos a menos que así lo disponga una ley nacional de aplicación

general que sea compatible con el Pacto y esté en vigor al momento

en que se aplique la limitación”.

Propone también la Defensa Pública que esta Sala siga el

criterio sentado por la Sala 2 de esta Cámara en el caso “Arias”, según

el cual la morigeración bajo la forma de vigilancia electrónica tendría

base legal en el art. 177, inc. i, del Nuevo Código Procesal Penal (ley

n° 27.063, B.O. 10/12/2014), cuya aplicación general por los

tribunales nacionales se encuentra suspendida de modo indefinido. En

esa decisión, con cita del caso de Fallos: 9:373 (CSJN, sent. de

20/09/1870), la Sala 2 ha declarado que “los mecanismos contenidos

en el nuevo Código Procesal Penal de la Nación, relacionados con la

medidas morigeradoras o alternativas del encarcelamiento preventivo

no pueden menos que resultar pautas orientadoras de la actividad

estatal de los distintos poderes, en el sentido de que, pese a la

pendiente entrada en vigencia, marcan la dirección hacia la que se

dirige el nuevo esquema instrumental para la aplicación de la ley

penal”, que “dichos mecanismos en la medida en que se traducen en el

reconocimiento y aplicación de alternativas y/o medidas menos

gravosas que las hasta ahora previstas en la ley vigente en orden a la

neutralización de los riesgos procesales verificados no permiten


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advertir razones que impidan su puesta en práctica; ni resulta posible

avizorar gravamen alguno a otras partes del proceso”. Y finalmente ha

considerado que “la puesta en práctica de la medida propuesta no

requiere ninguna otra instrumentación, pues se cuenta con un

programa […] que ha sido creado y puesto a disposición de la

autoridad judicial, precisamente con esta finalidad”.

Es en rigor discutible el alcance que se pretende ha de

asignarse a la doctrina del caso “Sociedad Minas y Fundiciones de

San Juan contra D. Felix S. Klappenbach, por desalojo” (Fallos:

9:365), en el que se declaró que a los fines de la competencia federal

debía considerarse vecina de Buenos Aires a la sociedad demandante

“conforme a los principios generales de derecho, según los cuales la

intención declarada de establecer su domicilio en un lugar, seguida de

actos de residencia efectiva, radica formalmente el domicilio en el

lugar declarado”, que ello no entraba en colisión con la ley sobre

jurisdicción y competencia de los Tribunales Nacionales. Por cierto,

en su considerando sexto la Corte declaró que “el artículo quince,

título primero, sección primera, libro primero del Código Civil, que

aun antes de la época de su vigencia, debe mirarse como una

autoridad decisiva, después que ha recibido la sanción del Congreso

Legislativo Nacional”, en cuanto declaraba que “las personas

jurídicas, nacionales o estrangeras, tienen su domicilio en el lugar en

el que se hallaren, o donde funcionen sus direcciones o

administradores principales, no siendo el caso de competencia

especial”. En rigor, la Corte Suprema en su sentencia pronunciada el

20 de septiembre de 1870 entendió que la corporación demandante era

vecina de la provincia de Buenos Aires, por la aplicación de

principios generales del derecho, y no le asignó al Código Civil el

carácter de ley vigente al momento de la constitución de la sociedad,

sino autoridad decisiva para interpretar esos principios generales y la


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inexistencia de colisión de normas sobreviniente a su entrada en

vigencia, que había tenido lugar el 1° de enero de 1871.

Por otra parte, es también errado el alcance que la Defensa

Pública pretende asignar a la sentencia del caso “González Castillo,

Cristián Maximiliano” (Fallos: 340:669). La Corte Suprema no

declaró allí que el Código Civil y Comercial de la Nación que al

momento del dictado de la sentencia de condena no había entrado en

vigencia, fuese aplicable antes de su vigencia, sino que examinó que

ese código “revela la subsistencia de la decisión legislativa en favor

de asignar efectos a la regla del artículo 12 del Código Penal”, o en

otros términos, que no había modificado de modo sustancial las

disposiciones pertinentes del código civil que derogaba. A ello se

suma que el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación entró en

vigencia el 1° de agosto de 2015 (ley 27.077), de modo que la

doctrina que la Defensa Pública pretende extraer del fallo no tiene

sustento razonable en sus fundamentos.

Así, en vistas de que la Corte Suprema no ha establecido

en ninguno de los dos casos una regla según la cual toda ley

sancionada por el Congreso sería aplicable por los jueces antes de su

entrada en vigencia, la recurrente no ha demostrado ni la existencia de

la doctrina que alega, ni la analogía entre el presente caso y las dos

decisiones de la Corte que invoca. A ello cabe agregar que si un

código procesal penal sancionado por el Congreso ha sido suspendido

en su aplicación, es necesario justificar por qué sería inmediatamente

aplicable no obstante la suspensión, y en su caso en qué medida sería

aplicable, esto es, el criterio de selección de sus disposiciones. Porque

como regla, una reforma total del procedimiento responde a un

rediseño del sistema de enjuiciamiento, y en particular de las medidas

cautelares concebidas para asegurar un enjuiciamiento determinado,

lo que requiere de justificaciones adhoc para legitimar una aplicación

sólo parcial. La defensa no ha ofrecido ningún desarrollo pertinente


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sobre el punto, salvo la pretensión de que siempre estaría justificado

recurrir a medidas menos restrictivas de la libertad física, aunque no

tengan base en una ley vigente.

4. La argumentación anterior sería a mi juicio suficiente

para rechazar el recurso de casación. Sin embargo, a mayor

abundamiento, he de concordar con la ratio dirimente de los jueces

que me han precedido en la votación.

Pues observo que el juez del Tribunal Oral que actúa de

modo unipersonal ha censurado a la Defensa Pública que aún en caso

de procedencia en general del monitoreo “es necesario fundar su

posible aplicación”, y ha señalado que subsistían las razones que

fundaron la detención del imputado.

Esto conduce a un examen en concreto de los fundamentos

de la decisión recurrida que, aunque sintéticos, dan respuesta

suficiente al caso.

Parto de observar que Jaime Gonzalo Sandoval Beltrán ha

sido condenado como autor de –entre otros cinco hechos de

desobediencia a órdenes de restricción impuestas por jueces civiles en

protección de la señora Melina Quiroga, por sentencia confirmada por

esta Sala en cuanto a la determinación de los hechos de la acusación.

La defensa pretende una medida alternativa a la prisión preventiva,

pero no ha demostrado cómo la implantación al imputado de un

artefacto bajo el Programa de Asistencia de Personas bajo Vigilancia

Electrónica podría ser idóneo para evitar de modo efectivo y en

tiempo útil nuevos contactos con la mujer, teniendo en cuenta además,

que se lo ha condenado por cinco hechos de amenazas contra la mujer.

A este respecto, tenía la defensa la carga de demostrar la

posibilidad de la aplicación de un artefacto de monitoreo, habida

cuenta de que, según el protocolo anexo a la Res. 1379/2015, la

gestión de alertas (punto 5 del anexo), sólo consiste en notificaciones

“al magistrado competente para su correspondiente intervención”


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CCC 22533/2016/TO1/2/CNC3 - CNC2

(anexo, párrafo inicial, cuarta frase) que no aseguran una intervención

temprana de la policía o de otra autoridad para evitar el contacto, pues

no permite conocer con qué personas se relaciona o toma contacto el

vigilado cuando circula por la vía pública.

Adhiero así al resultado propuesto en los votos que

anteceden.

En virtud del acuerdo que antecede, la Sala 1 de la

Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la

Capital Federal, RESUELVE :

RECHAZAR el recurso de casación interpuesto por la

defensa a fs. 83/89vta., CONFIRMAR la decisión del 20 de abril de

2018 de fs. 72/74vta. del presente incidente, con costas de alzada en

atención al principio general de la derrota (arts. 465 bis, 530 y 531

CPPN).

Regístrese, notifíquese, oportunamente comuníquese

(Acordada 15/13 C.S.J.N.; Lex 100) y remítase al tribunal de

procedencia, sirviendo la presente de atenta nota de envío.

PATRICIA M. LLERENA

GUSTAVO A. BRUZZONE LUIS M GARCÍA


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Poder Judicial de la Nación · Gonzalo Sandoval Beltrán fue rechazado por decisión de 15 de...

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