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XXIII Congreso Nacional – Tribunales de Cuentas, Órganos y Organismos Públicos de Control Externo de la República Salta, 23, 24 y 25 de Septiembre de 2015 Área Temática I : Control en medio ambiente. Responsabilidad del estado en materia medioambiental. Responsabilidad social y medio ambiente. Problemas ambientales. Título del Trabajo: RESPONSABILIDAD SOCIAL EN EL SECTOR PÚBLICO, EL ROL DE LOS ÓRGANOS DE CONTROL EXTERNO Autores: CPN: Matías Dallaglio CPN: Gastón Fontanini 1
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XXIII Congreso Nacional – Tribunales de Cuentas, Órganos y Organismos Públicos de Control
Externo de la República
Salta, 23, 24 y 25 de Septiembre de 2015
Área Temática I: Control en medio ambiente. Responsabilidad del estado en materia
medioambiental. Responsabilidad social y medio ambiente. Problemas ambientales.
Título del Trabajo:
RESPONSABILIDAD SOCIAL EN EL SECTOR PÚBLICO, EL ROL DE
LOS ÓRGANOS DE CONTROL EXTERNO
Autores:
CPN: Matías Dallaglio
CPN: Gastón Fontanini
Organismo: Tribunal de Cuentas de la Provincia de Santa Fe.
1
Responsabilidad Social en el Sector Público, el rol de los Órganos de Control
Externo.
ÍNDICE SUMARIO
*Resumen 4
*Metodología de Investigación 5
*Responsabilidad Social.
-¿Qué es la Responsabilidad Social?. Su importancia. 6
-Marco Normativo y obligatoriedad. 8
*El Estado como Sujeto Activo de la Responsabilidad Social.
- Implicancias del Estado como sujeto Activo: Normalización y estímulo 14
- Implicancias del Estado como sujeto Activo: El papel de los Órganos
de Control. 15
- Facultades y atribuciones de los Organismos Nacionales en materia
de Control Externo. 16
- Facultades y atribuciones de los Organismos provinciales (Santa Fe)
en materia de Control Externo. 19
*Objetivos y actividades tutelares del cumplimiento de las premisas
2
de la Responsabilidad Social por parte de los Organismos de Control.
-Ejercicio de las funciones jurisdiccionales por parte de los Organismos
de control público. 23
-Auditoría de Gestión y Rendimiento. 24
-Análisis de legalidad. Compras y contrataciones. 32
-Trabajo mancomunado con los Organismos de Control Interno. 33
*Conclusiones 36
*Bibliografía 38
3
RESUMEN
La presente investigación tiene como centro neurálgico el análisis de la
Responsabilidad Social y el papel del Estado como sujeto de control.
El orden en el cual se ha organizado la misma sigue un simple esquema de desarrollo
de conceptos claves, un resumen de normativa existente, la posibilidad de trabajo de los
órganos de control y las propuestas para lograr un mejor desempeño.
En una primera instancia y a modo de posicionamiento general, realizamos un
abordaje de los principales conceptos, clasificaciones y normativas vinculados a la
Responsabilidad Social, con fines de establecer el basamento teórico y legal sobre el cual
hemos edificado nuestro aporte.
El término conocido como Responsabilidad Social Empresarial viene evolucionando
desde hace más de 60 años en el mundo, su filosofía, pretende atenuar algunos de los
estrepitosos daños al medio ambiente y a la sociedad que el desarrollo tecnológico e industrial
ha dejado a su paso a través de la historia.
Nuestro aporte destaca la necesidad de arribar a un concepto no solo circunscripto al
ámbito empresarial, sino que sus fronteras se expandan incluyendo al Estado, el cual como
una organización más, debe ser receptora de los preceptos que implican actuar de manera
socialmente responsable. Consecuentemente creemos que el término Responsabilidad Social
Empresarial debe dejar paso al de Responsabilidad Social Organizacional.
En post de ello, consideramos fundamental la aplicación de sus preceptos al devenir
diario del Estado, haciéndolo partícipe e involucrado, que incorpore valores, desarrolle
habilidades y actitudes necesarias para una convivencia armónica entre los seres humanos, la
cultura y el medio, mediante la adquisición de una percepción global y pormenorizada de
todos los componentes del ambiente, de la interdependencia y del funcionamiento de los
ecosistemas naturales.
Incorporamos los términos del Estado como Sujeto Activo (con funciones tutelares) y
Sujeto Pasivo (como responsable) en función de su accionar en relación a la Responsabilidad
Social. A partir de allí efectuamos un desarrollo respecto de la forma en que el Estado desde
su rol Activo debe controlar su propio cumplimiento del rol Pasivo.
Con dicho horizonte, incursionamos en un análisis de los aspectos vinculados a las
normativas y prácticas nacionales y provinciales propias de las competencias y atribuciones
actuales de los Organismos de Control Estatal que podrían constituir herramientas para el
4
control a ejercer sobre el cumplimiento de las pautas de Responsabilidad Social.
Dicho accionar debe ser conducente a asegurar el cumplimiento de los objetivos de la
gestión de los organismos y jurisdicciones del Estado (Responsabilidad Social Primaria) y la
transparencia en la utilización de los fondos públicos, la sustentabilidad del medio ambiente y
el respeto por las personas (Responsabilidad Social Secundaria y Terciaria).
Estos nuevos desafíos, implicarán una ampliación del horizonte de los organismos
destinados al control y una readecuación y revalorización de los mismos, siendo
imprescindible además de las precisiones normativas y reglamentarias, la actualización de sus
recursos técnicos y humanos, atento a la compleja realidad actual y a la creciente necesidad de
su activa presencia.
Como corolario, proponemos recomendaciones respecto de las pautas que
consideramos necesarias para realizar un control acorde a las nuevas exigencias, para tratar de
lograr eficiencia y eficacia en la gestión de los fondos, con la inminente mejora en la calidad
de la gestión, manteniendo informada a la comunidad y teniendo como objetivo ineludible la
protección del medio ambiente y la consideración de los aspectos sociales que permitan la
generación de un desarrollo sustentable.
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METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
La metodología de investigación utilizada se basó en fijar los distintos tópicos a
desarrollar en base a los objetivos y al contenido de la propuesta establecida como objetivo
del estudio.
Las Fuentes consultadas son principalmente secundarias mediante la recopilación de
información accesible por fuentes de dominio público y el análisis documental. Los materiales
empleados en el desarrollo del trabajo estriban primariamente en el uso y manejo de material
bibliográfico y archivos electrónicos obtenidos de la red, como así también en la normativa de
fondo relativa al tema analizado.
Como complemento de lo anterior, y a efectos de volcar a la práctica los
conocimientos obtenidos, se ha consultado la opinión de expertos en la materia pretendiendo
un acercamiento a los directamente implicados que ven el mundo desde su perspectiva.
La investigación desarrollada puede encuadrarse como de tipo descriptivo -
explicativo, por cuanto presenta la realidad actual sobre el tema en cuestión buscando generar
un nexo entre la Responsabilidad Social aplicada en el Sector Público y su posible control
ejercido por los organismos externos competentes, proponiendo medidas de consideración.
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RESPONSABILIDAD SOCIAL.
No existe un concepto totalmente aceptado o unificado de Responsabilidad Social, sin
embargo, en la mayoría de las definiciones emitidas por organismos nacionales e
internacionales se resaltan y mantienen ciertos valores y coincidencias, como el sentido social
(empleados, comunidad), el sentido de responsabilidad y transparencia, y desde luego, los
valores éticos y el respeto por las personas y el medio ambiente.
¿Qué es la Responsabilidad Social? Su importancia.
La Responsabilidad Social renueva la concepción de la organización, otorgando a ésta
una dimensión amplia e integradora, que va más allá de la mera cuestión económica en la que
se incorpora la sostenibilidad: económica, social y medioambiental. Es un concepto
enmarcado en el modelo de desarrollo sustentable, que se debe manifestar en
comportamientos voluntarios y obligatorios orientados a atender las demandas de los grupos
de interés. El desarrollo sustentable se sitúa como el fin a alcanzar por medio de la adecuada
implantación de un modelo de organización socialmente responsable, en el que los distintos
grupos de interés, son el centro de atención esencial para la gestión.
Luego del recorrido bibliográfico que hemos realizado, consideramos que no
existe un concepto unívoco de Responsabilidad Social, por el contrario, existen distintas
visiones y concepciones al respecto, todas a su vez, en constante evolución e íntimamente
incididas por su contexto circundante.
Coincidimos con Claus Offe(1) quien considera que la percepción de la
Responsabilidad Social tiene como fin actuar como un mecanismo de creación y promoción
de una moral autónoma y de un autocontrol civilizado de los miembros de la sociedad.
Actualmente se centra la atención en la Responsabilidad Social Empresarial, la cual
puede definirse como una contribución al mejoramiento social, económico y ambiental,
llevado a cabo por las empresas con el objetivo de mejorar la percepción valorativa que tienen
las personas sobre la misma. La Comisión Europea(2) la define como “la integración
voluntaria, por parte de las empresas, de las preocupaciones sociales y ambientales en sus
operaciones comerciales y en sus relaciones con sus interlocutores”. 1 Claus Offe (nacido el 16 de marzo en 1940 en Berlín) es uno de los sociólogos políticos más conocidos a nivel mundial. Su orientación académica general es el marxismo de la Escuela Crítica, de la cual es considerado uno de los grandes representantes de la segunda generación. 2 La Comisión Europea es la parte ejecutiva de la Unión Europea encargado de proponer la legislación, la aplicación de las decisiones, la defensa de los tratados de la Unión y del día a día de la UE.
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Desde nuestra óptica, consideramos que la Responsabilidad Social no se debe
restringir a la actividad empresarial, ya que en todas las organizaciones, sus administradores
deben realizar prácticas y estrategias que tengan como objetivo un equilibrio entre los
aspectos económicos, sociales y ambientales (prevención, reducción, minimización y
eliminación de impacto negativo que ocasiona o puede ocasionar la actividad de las
organizaciones) adoptando una posición consecuente con los intereses de la sociedad.
Abona esta idea el hecho que, a nuestro entender, son sujetos todas las organizaciones,
las que deben involucrarse en los temas de Responsabilidad Social, sean estas públicas o
privadas, empresariales o no. Entendemos que es concerniente y necesario incorporar el uso
de la expresión “Responsabilidad Social Organizacional”, donde todos debemos ser
partícipes, desde el lugar que nos toque ocupar, de los nuevos mandatos. No obstante aquí
cabe la identificación dual del Estado, en su papel de actor que, por un lado debe cumplir los
preceptos de la Responsabilidad Social, y por el otro hacerlos cumplir y verificar que esto así
suceda. En una clara demostración de lo atinado de la postura que aquí sostenemos, respecto
de la necesidad de ampliar el contexto de la Responsabilidad Social más allá de las empresas,
encontramos que a nivel internacional se ha emitido la Norma ISO 26000, la cual proporciona
una guía en Responsabilizad Social no sólo para las organizaciones empresariales, sino
también para las organizaciones del sector público.
Finalmente, en un intento de conceptualización y síntesis podemos decir que la
Responsabilidad Social implica un compromiso que cada organización, sea pública o privada,
como actor social, establece con sus grupos de interés, la sociedad en general y consigo
misma, a partir de una visión centralizada en la Gestión Responsable y Sustentable.
Apunta a un nuevo estilo de gestión, cuya esencia va más allá de la simple búsqueda
de beneficios económicos.
Marco Normativo y obligatoriedad.
La noción o la idea del término de Responsabilidad Social que evolucionó hasta la
significación que tenemos en la actualidad, nace vinculada íntimamente a la actividad privada,
y surge en el año 1953 en los EEUU con la publicación del libro de Borden titulado:
“Responsabilidad Social del Empresario”.
En Argentina, el concepto de Responsabilidad Social crece año a año. Desde el año
2005 se ha instalado el debate entre los Diputados nacionales quienes vienen evaluando la
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necesidad y la forma que debería tener una Ley Nacional que permita dar un marco jurídico a
la Responsabilidad Social en nuestro país. Asimismo, este debate, no sólo se limita a los
legisladores nacionales, sino que también la discusión se ha instaurado en el sector
empresarial (fundamentalmente exportadores que requieren de determinadas certificaciones
para ingresar en algunos mercados) y ciudadanos, cada vez más preocupados sobre este tema.
En algunas provincias de nuestro país, se han creado diferentes entes gubernamentales,
asociaciones, y han surgido diversas iniciativas que buscan promover acciones en dicha
dirección. Es así que ya son cinco las provincias donde la Responsabilidad Social es ley.
Si bien el camino es largo y aún falta mucho por recorrer, estamos en la senda
correcta, al respecto, estimamos relevante destacar:
Provincia de Buenos Aires: en el mes de abril del año 2012, el diputado provincial
Martín Cosentino presentó un proyecto de ley de Responsabilidad Social Empresaria
exclusivo para esa provincia, que entre otras cosas incluye la creación de un Registro
de Información sobre Responsabilidad Social Empresaria de la Provincia, e intenta
instituir el Premio Anual de Responsabilidad Social “Juntos es Mejor”, a través del
cual se galardonará a aquellas empresas que lleven adelante operaciones relacionas a
la Responsabilidad Social Empresaria, y sobre todo que protejan el medio ambiente
social.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires: desde el año 2008 se ha presentado ante la
legislatura porteña un proyecto de ley conocido como Ley Nº 2594 de Balance de
Responsabilidad Social y Ambiental (BRSA), que aún espera ser reglamentado por el
Poder Ejecutivo. Básicamente, esta nueva ley establece que cada una de las empresas
que se desenvuelven en la Ciudad de Buenos Aires se desarrollen en base a los
comportamientos sociales y ambientalmente responsables que son establecidos por el
marco legal. Los sujetos alcanzados serían las empresas con domicilio legal en CABA
y que desarrollen su actividad principal en la ciudad con al menos un año de actividad
al momento de vigencia de la ley. Estarían obligadas aquellas que cuenten con más de
300 empleados.
Provincia de Río Negro: a través de la Ley N° 4531/10, se crea el Programa de
Responsabilidad Social y Ambiental Empresaria para promover un comportamiento
social y ambientalmente responsable de las empresas que ejerzan su actividad en la
provincia. Los sujetos alcanzados son las Empresas con domicilio comercial en la
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provincia y desarrollando con al menos 1 año de antigüedad su actividad principal en
la misma. Se encuentran obligados quienes deseen obtener el “Certificado de
Responsabilidad Social y Ambiental”. Para la obtención de dicho certificado se
consideran cuatro aspectos: económico, social, ambiental e institucional, los cuales se
miden a través de indicadores ETHOS. La auditoría del índice de Responsabilidad
Social será llevada a cabo por la Autoridad de Aplicación o terceros que ésta última
designe.
Provincia de Salta: por medio del Decreto N° 517/11, se estableció el marco
normativo para promover el desarrollo de conductas socialmente responsables en las
organizaciones en general. Establece un compromiso de las organizaciones con el
desarrollo sustentable y la preservación del medio ambiente y con la capacidad de
respuesta que tiene una empresa o entidad frente a impactos de sus acciones en los
diferentes grupos de interés. Se encuentran alcanzadas todo tipo de organizaciones.
Son sujetos obligados los que deseen obtener el “Ecosello”. Requiere la elaboración de
indicadores referidos como mínimo a: Recursos Humanos, clientes y proveedores,
ambiente, comunidad, valor añadido, entre otros. Se realizará una evaluación
sistemática y documentada cuyo producto final es un informe que contendrá como
mínimo: información examinada, alcance de la tarea, informe con opinión de Contador
Público independiente sobre la razonabilidad de la información y el cumplimiento de
normas y estándares referidas a las buenas prácticas de responsabilidad socio
ambiental y del código de conducta.
Provincia de Mendoza: a través de la Ley N° 8488/12, se busca promover conductas
socialmente responsables de las empresas y organizaciones en general, en el diseño y
materialización de sus políticas, con el fin que se cumpla una objetiva valoración y
evaluación de la sustentabilidad social, ambiental, económica y financiera. Para ello se
fija el marco jurídico del Balance de Responsabilidad Social y Ambiental Empresaria
(BRSAE).
Se encuentran comprendidas dentro del alcance de la ley todas las organizaciones que
tengan domicilio legal y/o comercial en la jurisdicción de la provincia de Mendoza o
desarrollen su actividad principal, con al menos un año de funcionamiento en la
misma, desde el momento de vigencia de esta ley, ya sean privadas o estatales,
nacionales o extranjeras.
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El Balance social y ambiental es el instrumento para informar, medir y evaluar en
forma clara, precisa, metódica, sistemática y principalmente cuantificada el resultado
de la política social y ambiental de la organización. En este documento se recogen los
resultados cuantitativos y cualitativos del ejercicio de la responsabilidad socio-
ambiental, valorando en forma objetiva las condiciones de equidad y sustentabilidad
social, ambiental, económica y financiera que asumen las empresas en su
comportamiento.
Su presentación será anual en la fecha de cierre de cada ejercicio económico. Una vez
presentados, de conformidad con la normativa que establezca la autoridad de
aplicación, serán públicos y de libre acceso por parte de la población. El contenido
para la presentación de los BRSAE será establecido por la autoridad de aplicación.
Los compromisos asumidos en los BRSAE estarán basados en indicadores que
permitan conocer las dimensiones económicas, ambientales y sociales de la empresa
teniendo como referencia los desarrollados por la Global Reporting Initiative (GRI en
su Versión G3.1). La autoridad de aplicación debe elaborar en forma progresiva un
“Indice de responsabilidad social empresaria” (IRSE) considerando los indicadores
establecidos mediante los mecanismos mencionados anteriormente, como instrumento
de medición y evaluación del aporte integral de las empresas y organizaciones al
bienestar de la sociedad mendocina. Las organizaciones podrán obtener el distintivo
de “Empresa comprometida con la RSE” por el cumplimiento de los requisitos de las
formalidades de la presentación exigidos en el art. 6 de la presente. Tendrá una
vigencia de un año.
Provincia de Tucumán: Ley N° 8761/15, cuyo propósito de promover conductas de
Responsabilidad Social y Ambiental propiciando el diseño y materialización de
políticas y acciones de las organizaciones incluidas, que garanticen a la población el
acceso a la información respecto de los resultados obtenidos. Las instituciones que
adhieran deberán presentar un Balance de Responsabilidad Social, que contendrá
como mínimo un detalle de las políticas, estrategias, programas, proyectos y acciones
a desarrollar, enumerando los objetivos, ámbitos temáticos y territoriales a intervenir,
beneficiarios a alcanzar y resultados esperados, así como también los recursos a
aplicar para el logro de los mismos; y si es aceptado, obtendrán el distintivo
“Certificado Tucumano de Responsabilidad Social y Ambiental”, el cual tendrá un año
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de duración. La normativa está en consonancia con los criterios de la Fundación
Observatorio de Responsabilidad Social (FORS)3 en relación a la promoción de
conductas de responsabilidad social y ambiental por parte de las organizaciones que
contribuyan al desarrollo sustentable y la preservación del ambiente.
Además, dicha información deberá basarse en indicadores cualitativos y cuantitativos
que permitan conocer las dimensiones económicas, ambientales y sociales de la orga-
nización, teniendo como referencia los desarrollados por la Global Reporting Initiative
(GRI en su última versión).
El balance deberá presentarse ante la Autoridad de Aplicación en forma anual al cierre
de cada ejercicio económico, siendo de carácter público y de libre acceso a la pobla-
ción a través de un registro que se confeccionará en la página web del gobierno. La
Autoridad de Aplicación, denominada Consejo de Control de Empresas y Organizacio-
nes comprometidas con la Responsabilidad Social y Ambiental de Tucumán" (CCEO-
CRSA), estará conformada por un comité integrado por representantes de la Legislatu-
ra (con participación de minorías) del Poder Ejecutivo -Ministerios de Desarrollo So-
cial y Desarrollo Productivo- el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas, la Fe-
deración Económica de Tucumán y las Universidades Públicas de la Provincia (UNT
Y UTN).
Además, las organizaciones que se adhieran obtendrán como beneficios adicionales,
prioridad en las contrataciones con el Estado Provincial, cuando exista igualdad de
condiciones en la oferta; acompañamiento del Estado Provincial en los procesos de
búsqueda de nuevas inversiones privadas, nacionales o extranjeras, destinadas a poten-
ciar o ampliar sus actividades empresariales en la provincia; y mejores y mayores po-
sibilidades de obtener mejoras económicas y financieras, y facilidad de acceso a crédi-
tos públicos y privados.
Provincia de Santa Fe: existe un proyecto de Ley que, el entonces senador José
Baucero, titular del Bloque Justicialista, presentó ante la Honorable Cámara de
Senadores, el cual trata el tema y cuyas incorporaciones más relevantes son: definición
de Responsabilidad Social Empresaria; Sujetos; Grupos de interés; definición y
3 La Fundación ORS (Observatorio de Responsabilidad Social) es un espacio creado para asesorar, acompañar y ayudar a sus socios en la generación de experiencias en Responsabilidad Social. Provee el intercambio de buenas prácticas y utiliza la tecnología para trabajar en alianzas para la difusión de la Responsabilidad Social en empresas, cooperativas, universidades, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil.
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contenido de Balance Social; Auditoria; definición de Contabilidad Social;
Certificación de Responsabilidad Social.
El objeto de este proyecto es el impulso de conductas socialmente responsables de las
empresas, entidades y organizaciones en general, que participan en el diseño,
desarrollo y puesta en marcha de sus políticas, planes, programas, proyectos y
operaciones, de modo que se cumpla una objetiva valoración y evaluación de la
sustentabilidad social, ambiental, económica y financiera.
La ley determina que son sujetos de aplicación: las organizaciones o empresas
nacionales o extranjeras, industriales, comerciales o de servicio que en su accionar
generen impacto en los grupos de interés y cuyo ámbito de actuación legal, se
encuentre dentro del territorio de la Provincia de Santa Fe, entre otras disposiciones de
la norma.
El texto de la iniciativa determina como Responsabilidad Social Empresaria al
compromiso de las organizaciones con el desarrollo de la sociedad y la preservación
del medio ambiente, desde su composición social y un comportamiento responsable
hacia las personas y grupos sociales con quienes interactúa. Indica la capacidad de
respuesta que tiene una empresa o una entidad frente a los impactos de sus acciones
sobre los diferentes grupos con que se relaciona.
No obstante, a pesar de las iniciativas que se están llevando a cabo en las distintas
provincias argentinas, lo cierto es que se hace indispensable el tratamiento de la problemática
a nivel nacional.
Como consecuencia de lo expuesto arribamos a una realidad en la que, actualmente,
los temas de Responsabilidad Social están siendo regulados a través de los regímenes y leyes
laborales, impositivas y otras, lo cual evidencia, como mínimo, una normatización incompleta
y no especifica.
En la actualidad, para que una empresa asuma el compromiso de llevar a cabo las
prácticas corporativas adecuadas a las concepciones de la Responsabilidad Social, debe en
principio haber firmado su adhesión al Pacto Global en Argentina4, que si bien son muchas, 4 El Pacto Global fue lanzado en Argentina el 23 de abril del 2004 ante la presencia de autoridades del Sistema de Naciones Unidas, del Gobierno argentino, empresarios, líderes de la sociedad civil. La firma simbólica del Pacto Global con -vocó a 230 organizaciones, dando comienzo a la creación de una red local del Pacto Mundial.
A la fecha, son más de 370 las organizaciones que adhirieron a los Principios del Pacto Global en nuestro país dan-do forma a la red más grande de responsabilidad social corporativa del país.
A fin de darle sostenibilidad a la red en el año 2005 se conformó un cuerpo de gobierno. Desde entonces la red ar -gentina es conducida por un grupo de organizaciones (empresas, ONG´s, fundaciones, instituciones académicas y otros stake-
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aún existen gran cantidad de PyMEs que no responden a esta reglamentación.
Estas situaciones, dejan entrever la necesidad de la existencia de una legislación que
regule las actividades relacionadas a la Responsabilidad Social dentro del territorio Argentino.
Si bien, por otro lado encontramos que la mayoría de los especialistas en la materia
consideran que la Responsabilidad Social debería ser de cumplimiento voluntario, y aseguran
que no es necesaria una ley ya que existen diversas normas jurídicas que abarcan las
problemáticas del área.
En este sentido, el Presidente del Instituto Argentino de Responsabilidad Social
Empresaria, Luis Ulla, que permanentemente destaca su rechazo a la creación de una ley que
obligue a cumplir con normas relacionadas a la Responsabilidad Social Empresaria en el país,
mencionó al respecto: “La ley es innecesaria y hasta contraproducente, y parte de una mala
interpretación de qué es la RSE, que es una forma de gestionar las empresas que cuidan el
medio ambiente, la comunidad en la que están insertas y a los propios trabajadores y todo
esto ya está
EL ESTADO COMO SUJETO ACTIVO DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL.
A partir del estudio que venimos efectuando en relación al estado del arte sobre este
tema, se observa en forma casi generalizada la mención de quienes son los sujetos que deben
cumplir con las normas de Responsabilidad Social (estableciendo un parangón con los sujetos
de leyes tributarias, los llamados Sujetos Pasivos). Consideramos oportuno la inclusión dentro
de los sujetos involucrados con la Responsabilidad Social, además a aquellos que deben tener
un Rol Activo, en tanto deben controlar el cumplimiento de sus prescripciones, entre los
cuales identificaremos e incitaremos la oportuna intervención de los Órganos de Control
Público Externo.
*Implicancias del Estado como Sujeto Activo: Normatización y estímulo.
El Estado, las empresas, los empleadores, las organizaciones de la sociedad civil y las
personas en general, están involucrados en el tema Responsabilidad Social, pero dentro de
ellos, es el Estado quien debe cumplir un rol protagónico. Por un lado desde las diferentes
políticas sociales a impulsar, la definición de aspectos y lineamientos a respetar, como
holders) que integran la "Mesa Directiva" de la red argentina y que se renueva cada 2 años a través de una Asamblea.
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también desde su rol de auditor del cumplimiento de estas prácticas.
Utilizamos el término de “rol activo” para indicar las acciones que implican por un
lado, el fomento y la creación por parte del Estado del marco regulatorio y de las condiciones
que propicien el desempeño público y privado bajo las premisas de la Responsabilidad Social;
y por el otro, las acciones a desempeñar en materia de control del cumplimiento de las
mismas.
Hechas las aclaraciones anteriores, el objetivo principal de nuestra investigación se
centra en el abordaje del rol activo del Estado pero solo en función de su faceta de contralor.
Será el desempeño, en este ámbito, de los Órganos de Control Estatal, la parte neurálgica de
nuestro aporte. No obstante ello, consideramos oportuno la mención de los principales
aspectos que hacen a la otra faceta del rol activo, en los términos definidos precedentemente.
Una contribución que facilita la reflexión sobre este tema, consiste en dividir sus líneas de
acción en tres niveles:
1. Creación o Generación de un Ambiente de Negocios propicio para la Responsabilidad
Social: poner reglas de juego que establezcan claramente los derechos y obligaciones de las
empresas, hacer que la justicia funcione, asegurar el cumplimiento de los contratos, prevenir y
castigar duramente las prácticas de corrupción, actuar en forma equilibrada en las
negociaciones entre empresas y trabajadores, vigilar que se cumplan las normas ambientales,
defender los derechos de los ciudadanos o consumidores, incluir en el sistema educativo la
formación en valores de ciudadanía, estimular el comportamiento responsable de las
empresas, compras públicas responsables, etc.
2. Políticas Específicas para estimular la introducción de prácticas sociales responsables:
diseñar o establecer beneficios fiscales o estímulos tributarios a quienes implementen políticas
de Responsabilidad Social.
3. Articulación y Coordinación con las empresas privadas para la implementación de
proyectos sociales: la Responsabilidad Social en las empresas y organismos del Estado no
puede ser una opción. Por su misión de servir a la sociedad (que es su cliente y accionista al
mismo tiempo), el sector público tiene que ser socialmente responsable. Pero además de ese
imperativo ético, la incorporación de la Responsabilidad Social del Sector Publico
seguramente se constituirá en un impulsor de la Responsabilidad Social en el sector privado,
por el importante peso del sector público o el Estado en la economía de la mayoría de los
países latinoamericanos y por su participación en prácticamente todas las cadenas de valor.
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*Implicancias del Estado como Sujeto Activo: Papel de los Órganos de Control Externo.
Si bien no desconocemos la necesidad de que todos debemos tener un rol activo por
ejemplo a través del control ciudadano, nuestro enfoque se centrará en el desempeño que
deben desarrollar los organismos gubernamentales, haciendo especial hincapié en los de
control externo.
Analizadas las características relevantes de la Responsabilidad Social, proponemos su
correcta inclusión y tratamiento dentro de las metodologías y prácticas propias de los ámbitos
de actuación de los organismos de control, para garantizar su cumplimiento.
Para lograr el ensamble pretendido, en primer término expondremos una descripción
de las principales atribuciones y ámbitos de competencia que en la actualidad tienen
normados los organismos de control externo a nivel nacional y de la provincia de Santa Fe, en
un intento de vislumbrar posibilidades de acción sobre la Responsabilidad Social.
Luego del recorrido normativo que regula las competencias, atribuciones y deberes y
considerando la legislación que trata temas de Responsabilidad Social, se expondrán aquellos
aspectos que ya se encuentran vigentes, sea en forma explícita o por analogía, y que pueden
ser susceptibles de ser utilizados por el control gubernamental.
Por último, sentadas dichas bases, analizaremos las posibilidades de control que hoy
en día pueden ser llevadas a cabo por Tribunales de Cuentas o Auditorias Generales, su
inminente intensificación y la necesidad de readecuaciones o especificaciones para un mejor
cumplimiento de su función.
*Facultades y atribuciones de los Organismos Nacionales en materia de Control
Externo.
Identificaremos la actividad propia del Órgano del Control Externo Nacional -
Auditoría General de la Nación -, cuyo involucramiento consideramos esencial para el éxito
del Estado como sujeto activo y enunciaremos la metodología y funcionamiento de la actual
Red Federal de Control Público, como “supra órgano” de control a nivel federal.
-Auditoría General de la Nación (AGN) ( 5 ) : 5 Organismo constitucional con autonomía funcional que asiste técnicamente al Congreso de la Nación en el ejercicio del control externo del Sector Público Nacional mediante la realización de auditorías y estudios especiales para promover el uso eficiente, económico y eficaz de los recursos públicos y contribuir a la rendición de cuentas y sus resultados para el perfeccionamiento del Estado en beneficio de la sociedad.
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Ente de control externo del sector público nacional, dependiente del Congreso.
Nuestra hipótesis de trabajo se centra en la importancia del desempeño de éste organismo en
el abordaje de la problemática del control del cumplimiento de los aspectos de la
Responsabilidad Social por parte de todas las organizaciones.
Del análisis de su marco legal, en primer término deben tenerse en cuenta los
conceptos vertidos por la Constitución Nacional vinculados a las competencias de la AGN,
en donde en su artículo 85º dice que “el control externo del sector público nacional en sus
aspectos patrimoniales, económicos, financieros y operativos, será una atribución propia del
Poder Legislativo.... sustentado en los dictámenes de la Auditoría General de la Nación”.....
que … “Tendrá a su cargo el control de legalidad, gestión y auditoría de toda la actividad de
la administración pública centralizada y descentralizada, cualquiera fuera su modalidad de
organización, y las demás funciones que la ley le otorgue… Intervendrá necesariamente en el
trámite de aprobación o rechazo de las cuentas de percepción e inversión de los fondos
públicos”;
Por su parte, la Ley Nº 24.156, de Administración Financiera y de los Sistemas de
Control del Sector Público Nacional: en su artículo 118º establece que “la Auditoria General
de la Nación, tendrá las siguientes funciones:
a) Fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias en relación con la
utilización de los recursos del Estado, una vez dictados los actos correspondientes;
b) Realizar auditorías financieras, de legalidad, de gestión, exámenes especiales de las
jurisdicciones y de las entidades bajo su control, así como las evaluaciones de programas,
proyectos y operaciones…;
c) Auditar, por sí o mediante profesionales independientes de auditoría, a unidades
ejecutoras de programas y proyectos financiados por los organismos internacionales de
crédito conforme…;
d) Examinar y emitir dictámenes sobre los estados contables financieros de los organismos de
la administración nacional, preparados al cierre de cada ejercicio;
e) Controlar la aplicación de los recursos provenientes de las operaciones de crédito público
y efectuar los exámenes especiales que sean necesarios para formarse opinión sobre la
situación de este endeudamiento…;
f) Auditar y emitir dictamen sobre los estados contables financieros del Banco Central de la
República Argentina…;
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g) Realizar exámenes especiales de actos y contratos de significación económica, por si o por
indicación de las Cámaras del Congreso o de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas;
h) Auditar y emitir opinión sobre la memoria y los estados contables financieros así como del
grado de cumplimiento de los planes de acción y presupuesto de las empresas y sociedades
del Estado;...”
El artículo 119º expresa que: “Para el desempeño de sus funciones la Auditoria
General de la Nación podrá:
a) Realizar todo acto, contrato u operación que se relacione con su competencia;
b) Exigir la colaboración de todas las entidades del sector público, las que estarán obligadas
a suministrar los datos, documentos, antecedentes e informes relacionados con el ejercicio de
sus funciones;…
d) Formular los criterios de control y auditoría y establecer las normas de auditoria externa,
a ser utilizadas por la entidad. Tales criterios y las normas derivadas, deberán atender un
modelo de control y auditoría externa integrada que abarque los aspectos financieros, de
legalidad y de economía, de eficiencia y eficacia;...
f) Dar a publicidad todo el material señalado en el inciso anterior con excepción de aquel
que por decisión de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, deba permanecer
reservado.”
El artículo 120º expresa: “El Congreso de la Nación, podrá extender su competencia
de control externo a las entidades públicas no estatales o a las de derecho privado en cuya
dirección y administración tenga responsabilidad el Estado Nacional, o a las que éste se
hubiere asociado, incluso a aquellas a las que se les hubieren otorgado aportes o subsidios
para su instalación o funcionamiento y, en general, a todo ente que perciba, gaste, o
administre fondos públicos en virtud de una norma legal o con una finalidad pública”.
-Red Federal de Control Público:
El Decreto Nº 38/2014 reconoce a la Red Federal como instrumento de integración
federal y de ordenamiento territorial que contribuye al ejercicio del control de la gestión de
los programas de inclusión social implementados y/o financiados por el Gobierno Nacional.
Integra y complementa las estructuras estatales de fiscalización y auditoria nacional,
provinciales y municipales y del que participan órganos de control de la totalidad de las
18
provincias, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y doce municipios; los ministerios de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social, de Desarrollo Social, de Educación, de Salud, de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y de Agricultura, Ganadería y Pesca. Se
encuentra coordinada y presidida por la Sindicatura General de la Nación.
La Red Federal sintetiza, a través de su labor, la visión del control como constructor de
una estructura con mecanismos permanentes de prevención, detección y medición, útiles para
minimizar los riesgos a que se encuentra expuesta toda gestión y, de este modo, lograr el
cumplimiento de los principios consagrados por la ley y el fortalecimiento del sistema de
información pública para optimizar la formulación de las políticas públicas.
Una de las mayores fortalezas de la Red Federal de Control Público consiste en que
los controles son realizados por técnicos de cada provincia, conocedores de la realidad y
problemáticas locales, lo que posibilita un método articulado y federal para una labor más
eficaz, que atienda a las particularidades de cada región.
De esta manera se permitió la construcción de un ambiente de control dado por una
amplia cobertura territorial, por la disminución de los ciclos de auditoría y por una mejor
comunicación entre los ejecutores y destinatarios de los programas sociales, integrando los
controles con actividades a nivel provincial, municipal y comunitario.
*Facultades y atribuciones de los Organismos Provinciales (Santa Fe) en materia de
Control Externo. Tribunal de Cuentas de la Provincia de Santa Fe:
En este apartado identificaremos la actividad propia del Órgano del Control Externo
de la provincia de Santa Fe, cuya actividad es clave para el éxito del Estado provincial como
sujeto activo, en consonancia con lo estipulado previamente en el nivel nacional. La
Constitución de la provincia de Santa Fe en su artículo 81º establece que: “Un Tribunal de
Cuentas, con jurisdicción en toda la Provincia, tiene a su cargo, en los casos y en la forma
que señale la ley, aprobar o desaprobar la percepción e inversión de caudales públicos y
declarar las responsabilidades que resulten….El contralor jurisdiccional administrativo se
entenderá sin perjuicio de la atribución de otros órganos de examinar la cuenta de inversión,
que contarán previamente con los juicios del Tribunal de Cuentas”.
Para cumplir con su cometido, el Tribunal de Cuentas Santafesino cuenta con
personería jurídica, autonomía funcional, autarquía administrativa y financiera (Rezzoagli,
2010).
19
Un detalle y pormenorización de las Competencias del Tribunal de Cuentas de la
Provincia son desarrolladas y establecidas por la Ley Nº 12.510: Ley de Administración,
Eficiencia y Control del Estado. Extracto de los artículos vinculados:
- En su artículo 3º define que: “El control en el Sector Público Provincial No Financiero
comprende la supervisión integral de las operaciones de gestión administrativa de las que
deriven transformaciones o variaciones, cuantitativas o cualitativas en la Hacienda Pública y
el régimen de responsabilidad basado en la obligación de los funcionarios de lograr los
resultados previstos y rendir cuentas de su gestión”.
- En su artículo 192º, determina que “El control externo posterior del Sector Público
Provincial No Financiero será ejercido por el Tribunal de Cuentas de la Provincia, de
acuerdo con las atribuciones que le fija el Artículo 81º de la Constitución Provincial y las que
se determinen legalmente”.
El Sector Público Provincial No Financiero comprende a la Administración Provincial
que se divide en Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial; y a las Empresas, Sociedades y otros
Entes Públicos.
- En el Título VI destinado al Sistema de Control Externo, dentro de la Sección II, el artículo
202º versa: “Es competencia del Tribunal de Cuentas ejercer el control externo posterior del
Sector Público Provincial No Financiero, mediante:
a) El control de legalidad de los actos administrativos que se refieren o estén vinculados
directamente a la hacienda pública;
b) La auditoría y control posterior legal, presupuestario, económico, financiero, operativo,
patrimonial, y de gestión y el dictamen de los estados financieros y contables del Sector
Público Provincial No Financiero…;
c) El examen de las rendiciones de cuentas, de percepción e inversión de fondos públicos que
efectúen los responsables sometidos a tal obligación, y la sustanciación de los juicios de
cuentas a los mismos;
d) La determinación de la responsabilidad administrativa y patrimonial de los agentes
públicos mediante la sustanciación de juicios de responsabilidad”.
- El artículo 203°, “en el marco del programa de acción anual de control externo que se fije a
sí mismo, y del que establezca la Comisión Legislativa de Control y Revisora de Cuentas, el
Tribunal de Cuentas tiene las siguientes atribuciones:
a) Formular reparo administrativo u observación legal a los actos cuyo control posterior sea
20
de su competencia;
b) Fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias relativas a la
Hacienda Pública;
d) Realizar auditorías sobre los asuntos de su competencia en las distintas jurisdicciones o
entidades bajo su control, examinar y evaluar el Control Interno de los mismos;
e) Controlar las operaciones de percepción e inversión de los fondos públicos provinciales, y
la gestión de los fondos nacionales e internacionales recibidos por los entes que fiscaliza;
f) Evaluar el cumplimiento de los planes, programas, proyectos y operaciones contempladas
en la Ley Anual de Presupuesto o Leyes Especiales;…
l) Requerir informes a los órganos de control interno relativos a los controles efectuados y
resultados obtenidos;…
n) Recomendar a las autoridades correspondientes la adopción de las medidas
administrativas que considere necesarias para prevenir y corregir irregularidades en la
gestión de los entes públicos, y lograr mayor eficiencia, eficacia y economía en la misma;
q) Constituirse en cualquier organismo sujeto a su control sin necesidad de autorización
judicial, a fin de efectuar comprobaciones y notificaciones o recabar de los mismos, los
informes que considere necesarios;
z) Imponer multas en los casos de no acatamiento o desobediencia a sus requerimientos o
decisiones,…”
- En su artículo 206º determina cuales son los actos administrativos referidos directamente a
la hacienda pública.
- El artículo 213º y el 214° determinan quienes están obligados a rendir cuentas de su gestión.
Mediante Resoluciones internas el propio Tribunal de Cuentas y en función de las
atribuciones conferidas por la ley, termina de configurar sus estructuras funcionales,
metodologías, alcances y características actuales. Se pueden mencionar:
- Resolución Nº 007/06-TCP: reglamentación de la Ley Nº 12.510 en los aspectos vinculados
a la función de Análisis de Legalidad.
- Resolución Nº 008/06-TCP modificada por Resolución Nº 021/07 TCP: aprueba la
Reglamentación General para la presentación de Rendiciones de Cuentas para la
Administración Provincial.
- Resolución Nº 10/06-TCP: aprueba la Reglamentación relacionada con el Juicio de
Responsabilidad.
21
- Resolución Nº 028/06 –TCP: aprueba el Manual de Normas Técnicas de Fiscalización de la
Hacienda Pública, recomendadas por el Secretariado Permanente de Tribunales de Cuentas de
la República Argentina y elaborado a través de los talleres del Instituto de Estudios Técnicos e
Investigaciones (IETEI)(6), para ser utilizado en el desempeño de su función de auditoría y
control posterior legal, presupuestario, económico, financiero, operativo, patrimonial, y de
gestión y en el dictamen de los estados financieros y contables del Sector Público Provincial
No Financiero. También se aprueba la aplicación en forma supletoria y/o complementaria de
Normas de Auditoria Externa aprobadas por Res. Nº 145/93 AGN; Manual de Auditoria para
Planes Sociales del Ministerio de Desarrollo Social.
- Resolución Nº 20/13-TCP: Implementa en el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Santa
Fe el “Programa de Imagen y Fortalecimiento Institucional” con el propósito de desarrollar las
capacidades internas de los recursos humanos y materiales existentes de este Órgano de
Control, favoreciendo el fortalecimiento de los mecanismos de gestión e impulsando el uso
intensivo de las Tecnologías de Información y Comunicación.
En su artículo 2º, fija entre los objetivos del Programa, “fomentar la capacitación
técnica y personal de los Recursos Humanos del Tribunal de Cuentas” y “profundizar el
compromiso con el cuidado del Medio Ambiente”.
Queremos resaltar la contribución realizada por parte de los Órganos de Control en la
generación de un círculo virtuoso en el que, la adopción por parte de las empresas y
organismos públicos de la Responsabilidad Social, hace que no sólo se vuelvan más
competitivas, sino que además colaboran en el mejoramiento de las condiciones sociales de
las comunidades, aliviando indirectamente la labor estatal y readecuando la utilización de los
recursos públicos. El desarrollo de la Responsabilidad Social se vuelve entonces no sólo
estratégico para las empresas, sino también para el aparato estatal completo y los gobiernos
que los gestionan.
OBJETIVOS Y ACTIVIDADES TUTELARES DEL CUMPLIMIENTO DE LAS
PREMISAS DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL POR PARTE DE LOS
ORGANISMOS DE CONTROL.
6 El I.E.T.E.I. es el organismo de investigación, de capacitación y desarrollo de estudios técnicos y de normas de uso general en temas inherentes al control de la hacienda pública, dependiente del Consejo Directivo del Secretariado Permanente de Tribunales de Cuentas de la República Argentina.
22
Analizadas las características relevantes de la Responsabilidad Social y revisadas las
normativas nacionales y de la provincia de Santa Fe sobre control externo posterior, arribamos
al presente capítulo en el cual pretendemos abordar las prácticas de los organismos de control
externo necesarias para garantizar el cumplimiento de los preceptos de la Responsabilidad
Social en la gestión de los organismos públicos.
*Ejercicio de funciones jurisdiccionales por parte de los Organismos de control público.
El dinero que maneja el Estado es de su sociedad, y por tanto debe ser usado de
manera responsable, en medio de un proceso de transparencia, haciendo posible la rendición
de cuentas.
Los organismos de control externo tienen un papel primordial, son los encargados de
garantizar a los ciudadanos mediante la acción de la supervisión y control, el correcto uso del
dinero y el cumplimiento de los objetivos propuestos, mediante la prestación de los servicios
requeridos por la comunidad. Por tal motivo, es necesaria una entidad de control fuerte, que se
adapte a los cambios, a los avances tecnológicos, a la realidad en la que vivimos, a las nuevas
exigencias y requerimientos de la sociedad, para garantizar que el servicio se preste con
eficacia, eficiencia, economía y respetando el medio ambiente.
La Resolución 145/93 A.G.N. determina que entre los objetivos de la Auditoria Externa
se encuentran comprobar si los recursos públicos se han utilizado en forma económica y
eficiente y determinar el grado en que se han alcanzado los objetivos previstos. En su
configuración, para el logro de dichos cometidos, la AGN (Órgano de Control Nacional) ha
adoptado el sistema de control no jurisdiccional o de auditoria, al igual que la ciudad
autónoma de Buenos Aires y la provincia de Salta. Por su parte las restantes provincias
argentinas adoptaron el sistema de control jurisdiccional ejercido a través de los Tribunales de
Cuentas, siendo la función más característica y común a todos ellos la de aprobar o
desaprobar la percepción e inversión de caudales públicos y declarar la responsabilidades que
resulten, cometido que se cumple ya sea mediante el examen y juicio de cuentas y el
denominado juicio administrativo de responsabilidad -el primero lo tienen en su competencia
todos los Tribunales de Cuentas y el segundo suprimido en algunos ordenamientos
provinciales.
En la Provincia de Santa Fe, según expresáramos, es su Carta Magna provincial, en su
Art. 81°, determina que la función jurisdiccional del Tribunal de Cuentas incluye por un lado
23
el examen y juicio de las cuentas de los responsables y eventualmente la formulación del
cargo cuando corresponda, y por el otro la sustanciación del denominado juicio de
responsabilidad.
Examen de las Cuentas :
El examen de las Rendiciones de Cuentas es un proceso jurisdiccional por medio del
cual se fiscaliza la adecuación a la legalidad vigente de las rendiciones presentadas por los
cuentadantes durante cada ejercicio económico-financiero.
Luego del análisis normativo efectuado sostenemos que el examen de cuentas como
tal, solamente implica el control de las rendiciones de cuentas a que están obligados los res-
ponsables, como un deber de carácter eminentemente financiero.
Los Tribunales de Cuenta u organismos de control externo del gasto realizan en este
sentido un análisis formal caracterizado por la sujeción a un régimen de contabilidad pública.
De allí que las rendiciones son aprobadas por el organismo de control efectuando expresa re-
serva que lo son en su aspecto legal y formal.
Esto para nada se contrapone con la concepción doctrinaria moderna, según la cual
existe la obligación de rendir cuentas de los funcionarios públicos del “resultado de su ges-
tión”, debiéndose analizar la inversión de caudales públicos desde una óptica mucho más am-
plia que controla la legalidad, eficacia en el cumplimiento de los objetivos, e incluso impacto
medioambiental. Ahora bien, esta mayor amplitud viene dada por las facultades de auditoría
que poseen los órganos de control (Art. 118° inc b Ley 24.156 – Nación argentina y Art. 202°
inc b Ley 12.510 – Provincia de Santa Fe) y no por las facultades de análisis de cuentas que se
limitan al control legal, formal, contable, documental y numérico (Art. 218° Ley 12.510 –
Provincia de Santa Fe).
Será mediante las auditorías de gestión que se podrá arribar a una valoración que abar-
que aspectos que van más allá que los estrictamente formales. Sin que se convierta en un
cuestionamiento de la idoneidad de las decisiones de gestión, pero sí permitiendo verificar
que los fondos hayan sido utilizados cumpliendo la finalidad establecida en la norma que re-
glamenta su uso.
Juicio de Responsabilidad :
En lo que respecta al juicio de responsabilidad, su materia no puede ser más que la
24
responsabilidad patrimonial del funcionario o agente público por aquellos actos, hechos u
omisiones con motivo de la percepción o inversión de caudales públicos y que excedan el
ámbito propio de una rendición de cuentas y tiene por objeto comprobar las irregularidades
cometidas en perjuicio patrimonial o financiero del estado por violación al régimen
económico, patrimonial y financiero establecido.
Según expresara Servín (2009), el procedimiento del juicio de responsabilidad, se encuentra
limitado a determinados y excluyentes supuestos:
- Que el daño haya sido causado por el agente a la propia administración pública. Están
excluidos los daños causados a terceros u otros funcionarios o agentes públicos;
-Que el daño sea una consecuencia necesaria, directa e inmediata de una infracción al régimen
que regula la inversión de los caudales públicos y cuya materia no se encuentre comprendida
en el ámbito propio del juicio de cuentas.
No obstante ello, el Tribunal de Cuentas de la provincia de Santa Fe tiene limitada su
competencia de control a la “percepción e inversión de caudales públicos”, a partir de la
propia Constitución Provincial - art. 81 CP- , por ello todas las acciones u omisiones de los
funcionarios o empleados en relación al cumplimiento de la normativa ambiental, aun las
emergentes de la relación de empleo público, no configuran la competencia del Tribunal de
Cuentas, ya que estas carecen de naturaleza contable, siendo en consecuencia, tal
responsabilidad en su derivación patrimonial, sólo reclamable por la vía de la justicia
ordinaria y sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria.
En otros ordenamientos donde los Tribunales de Cuentas tienen una atribución de
competencia general para juzgar todas las cuestiones emergentes de la función o empleo
público, podrían someterse a juicio de responsabilidad las acciones u omisiones relacionadas
con la normativa ambiental en sus consecuencias patrimoniales.
*Auditoría de Gestión y Rendimiento.
En términos generales, podemos definir Auditoría como el examen o revisión
efectuado por alguien independiente de la elaboración de los elementos objetos de examen. Es
una evaluación sistemática y documentada del cumplimiento de las normas y estándares que
deben tenerse en cuenta para la confección de los mismos.
Respecto del concepto de Auditoría, por un lado podemos encontrar a lo que llamamos
Auditoría Contable, la cual es una parte importante del proceso de rendición de cuentas ya
25
que permite emitir una opinión independiente respecto a si los estados financieros de una
entidad presentan razonablemente los resultados de las operaciones financieras. A su vez, la
Auditoría de Gestión es también una parte importante del proceso de rendición de cuentas,
puesto que conduce a una opinión independiente acerca del grado en que los funcionarios
públicos cumplen sus responsabilidades con lealtad, eficiencia y eficacia; la Auditoría
Integrada es una actividad abarcativa de la auditoría contable y de gestión.
Por otra parte, sumergiéndonos en lo que específicamente nos atañe en la presente
investigación, debemos incorporar el concepto de Auditoría Social. En este sentido, tomando
las palabras de Elkins (1984), la Auditoría Social se puede definir como “…Técnica que tiene
por objeto revisar, supervisar y controlar el cumplimiento de las metas sociales establecidas
por la empresa, tanto a nivel interno como externo en concordancia con su política social,
garantizando la rectitud en sus procedimientos y fidelidad de las cifras presentadas al cierre
del ejercicio.”
Identificadas las distintas facetas de la auditoría, estimamos procedente el tratamiento
de la auditoría como un todo nutrida de los aportes propios de cada una de sus variantes. Así,
dicha auditoría debe controlar el desempeño de las organizaciones con el objetivo de
establecer un control de eficacia, eficiencia, economía y sustentabilidad. La eficacia de una
organización se mide por el grado de cumplimiento de los objetivos contenidos en los
programas de actuación de la misma, es decir, comparando los resultados realmente obtenidos
con los resultados previstos y, por tanto, existe eficacia cuando una determinada actividad o
servicio obtiene los resultados esperados, independientemente de los recursos que hayan sido
utilizados para ello. La evaluación de la eficacia requiere siempre la existencia de objetivos
claros, concretos y definidos, pudiéndose realizar la medición del nivel de eficacia sobre los
hechos y sobre los resultados.
La eficiencia se mide por la relación entre los bienes adquiridos o producidos o los
servicios prestados por un lado y los recursos utilizados por otro. La evaluación de los niveles
de eficiencia requiere la existencia de una determinada información y de una organización
suficientemente preparada.
Para llevar adelante la auditoría de gestión, se examinan las prácticas llevadas a cabo,
para lo cual se basa en la práctica normal de gestión. Los criterios para la evaluación han de
diseñarse para cada caso específico, pudiéndose extender a casos similares; las
recomendaciones sobre la gestión han de ser extensas y adaptadas al hecho fiscalizado,
26
analizando las causas de las ineficiencias y sus consecuencias.
Los funcionarios públicos tienen la responsabilidad de asignar los recursos
suministrados con eficiencia, economía y eficacia a fin de lograr los propósitos para los cuales
se suministraron estos recursos. Esta responsabilidad comprende a todos los recursos, ya sean
confiados a los funcionarios públicos por los propios electores o por otros niveles de
gobierno. Por tal motivo, están obligados a rendir cuentas de su gestión e informar a la
comunidad y ante otros niveles y ramas de gobierno. Deben establecer y mantener un sistema
eficaz de control para garantizar que se alcancen metas y objetivos apropiados, que se
salvaguarden los recursos, que se cumplan las leyes y los reglamentos aplicables y que se
obtenga, conserve y revele razonablemente información confiable.
Asimismo, los funcionarios públicos son responsables de observar las leyes y
reglamentos aplicables. Esta responsabilidad implica determinar las disposiciones legales que
deban cumplir las entidades públicas y sus funcionarios e implantar sistemas para facilitar el
cumplimiento de esas disposiciones.
Los controles a efectuar sobre las entidades o jurisdicciones del Sector Público,
deberán planearse de manera cooperativa, en la medida de lo posible, de tal manera que se
satisfagan las necesidades que tenga cada órgano de control, participante en relación con el
proceso de rendición de cuentas.
Abonando a la idea de la auditoría y control de gestión, en la Provincia de Santa Fe,
mediante la Ley 12.510 sancionada en el año 2005 se fija como una de las competencias del
Tribunal de Cuentas “La auditoría y control posterior, legal, presupuestario, económico,
financiero, operativo, patrimonial y de gestión...del Sector Público Provincial No
Financiero...”.
A continuación explicitaremos algunos puntos que consideramos de especial interés y
forman parte de lo que podría establecerse como un control de gestión y de cumplimiento de
los preceptos de la Responsabilidad Social:
1- Abordaje del cumplimiento de la gestión ambiental tanto en el marco de la
organización como de las actividades que desarrolla el ente o jurisdicción:
-Marco Jurídico que rige un ente o una actividad: teniendo presente que las disposiciones
jurídicas representan el sustento legal que rige a un ente y sus actividades, el objeto de la
auditoría es el estudio de las normas de aplicación general y las específicas del ente o de las
27
operaciones que realiza y a fin de comprender la naturaleza de la gestión bajo análisis y
verificación de su compendio con las normas ambientales, de corresponder.
-Examen de la legitimidad de la actividad gubernamental: tiene por función detectar los
desvíos en la adecuada aplicación de la normativa jurídica general, específica del ente o
jurisdicción y ambiental en particular, de corresponder, con el propósito de preservar los
activos e intereses comprometidos en la gestión. Esta auditoría, tendiente a determinar el
grado de conformidad a derecho que han observado los órganos de la jurisdicción o entidad en
el ejercicio de sus funciones, se materializa en el análisis selectivo de las distintas formas
mediante las cuales se manifiesta la voluntad administrativa:(7) 1) reglamentos o actos de
alcance general; 2) actos de alcance individual; 3) contratos; 4) hechos y comportamientos
materiales de la administración susceptibles de producir efectos jurídicos(8) y 5) normas de
organización y procedimientos.
- Gestión de un ente o jurisdicción: cuyo objeto es la revisión de los aspectos esenciales que
hacen a la economía, eficiencia y eficacia del servicio en general y en particular en su relación
con el cumplimiento de normativas ambientales, sin entrar en consideración, como ya se
sostuvo, en la valoración intrínseca del cumplimiento de objetivos de tal naturaleza reservados
al campo de la auditoría ambiental, por profesionales de la especialidad y que deberán
establecer sus propios parámetros de economía, eficacia y eficiencia, esta vez en relación
medios y metas ambientales.
2- Auditoría del Balance Social y rol profesional:
Podemos definir al Balance Social como la manifestación que emite una organización,
cuya finalidad es brindar información metódica y sistemática referida a la responsabilidad
social asumida y ejercida por ella. Constituye una herramienta para informar, planificar,
evaluar y controlar el ejercicio de dicha responsabilidad. Su conocimiento es de utilidad para
directivos, trabajadores, sindicatos, Estado, universidades y público en general.
Toda información que surge de las organizaciones y debe transmitirse a terceros,
requiere, previo a que se haga pública, ser respaldada por el informe de un profesional externo
independiente que brinde credibilidad a la información presentada. Sin este informe que 7 MARIENHOFF Miguel S. "Tratado de Derecho Administrativo "Ed. Abeledo Perrot-Bs. As. 1995, pag. 65.
8 Los "hechos administrativos", generadores de responsabilidad son admitidos por la doctrina administrativista: MARIENHOFF Miguel, Ob. Cit To. III-B, Ed. 1974, Pag. 110/111/112; DROMI "Instituciones de Derecho Administrativo" Astrea 1.983, pag. 422. En cuanto a operaciones y comportamientos materiales de la administración pública: DIEZ Manuel "Derecho Administrativo "Tomo II, pag. 198-Plus Ultra 1965.
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contiene la opinión de un profesional, la declaración no se considera “segura” ni “confiable”,
es sólo un conjunto de datos que no brindan confiabilidad a los distintos grupos interesados ni
en su forma de elaboración ni en el resultado obtenido.
Estimamos fundamental que la auditoría de Balances Sociales, deba ser practicada por
profesionales independientes que emitirán un informe de acuerdo a las normas profesionales.
En este sentido es indiscutible que el profesional que ha estado cumpliendo con el rol de
agregar credibilidad a la información financiera ha sido el Contador Público en el carácter de
auditor externo.
La comunidad ha depositado en él su confianza y la Ley N° 20.488(9) lo pone de
resalto cuando dispone que se requerirá el título de Contador Público para la “Presentación
con su firma de estados contables de bancos nacionales, provinciales, municipales, mixtos y
particulares, de toda empresa, sociedad o institución pública, mixta o privada y de todo tipo
de ente con patrimonio diferenciado”, así como “Toda otra cuestión en materia económica,
financiera y contable con referencia a las funciones que le son propias de acuerdo con el
presente artículo”.
Varias son las disposiciones de la ley que nos habilitan para actuar como auditores de
la información de un Balance Social, aun cuando debamos destacar que en muchas
oportunidades necesitaremos conformar un equipo interdisciplinario de trabajo o bien contar
con expertos, según se trate, en función de la especificidad de los temas o asuntos que se
incluyan en el Balance Social.
Por otra parte, cierto es que habitualmente “El Balance Social” es emitido en forma
conjunta y de manera complementaria a los estados financieros acompañados por el informe
del auditor externo, para brindar credibilidad a dicha información.
Es el auditor externo quien cuenta con la experiencia en el diseño de procedimientos
que permiten verificar la declaración del ente. Asimismo, es quien tiene un “conocimiento
apropiado del ente”, quien conoce su sistema de información y su control interno porque lo
releva y evalúa en forma periódica.
Pero una vez más, estamos contestes en que los profesionales en ciencias económicas
no somos expertos en todas las materias y que seguramente deberemos liderar un grupo de
trabajo interdisciplinario para abordar aquellos temas que no son de nuestra competencia.
Estamos convencidos que somos los profesionales que poseemos la mayor cantidad de
9 Ley Nº 20488: Normas referentes al ejercicio de las profesiones relacionadas a las Ciencias Económicas.
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“herramientas” y “experiencia” para darle el verdadero nivel de credibilidad que se requiere.
Es por todo ello que podemos concluir que el profesional que naturalmente debe emitir
un informe sobre el Balance Social es el Contador Público independiente.
Existe normativa internacional profesional, la NICS 3000, que regula sobre el
aseguramiento de información no financiera y contempla la participación de “expertos” dado
el carácter interdisciplinario de la materia objeto de verificación.
La verificación externa de los informes de Responsabilidad Social corporativa debe
realizarse para aumentar la credibilidad de su contenido, así como del comportamiento
socialmente responsable descripto. De la misma forma que la auditoría financiera aporta
credibilidad a los estados contables, la verificación debe hacer lo propio respecto a los grupos
de interés.
El objetivo del aseguramiento es proporcionar el máximo nivel de fiabilidad posible
sobre los datos proporcionados en el informe.
3- Control interdisciplinario:
Por todo lo expuesto, se manifiesta la necesidad de sentar las bases para llevar
adelante un control interdisciplinario, modelo que hoy se impone, sin perjuicio de los distintos
tipos de auditoría y cualquiera fuera la especialización profesional requerida para su
cumplimiento. Esta cooperación permitirá, el aprovechamiento de los conocimientos y
experiencias de cada profesional en su campo de acción, minimizará la duplicación del
esfuerzo y beneficiará a todos los interesados, en un enfoque práctico en la auditoría de
operaciones gubernamentales. Los auditores podrán apoyarse en el trabajo de otros, hasta
donde sea factible una vez que hayan comprobado que se efectuó con la independencia,
capacidad y eficiencia necesarias.
Por ejemplo si el objetivo es la realización de una obra de infraestructura, realizar
inspecciones oculares con profesionales idóneos en la materia, para determinar el
cumplimiento de las metas trazadas, teniendo en cuenta los cronogramas de actividades
establecidos y los resultados intermedios fijados.
4- Establecimiento de Cronogramas de actividades:
Es indispensable la existencia dentro de la gestión de los organismos públicos de
cronogramas de las actividades y específicamente en las cuales el cumplimiento de las
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premisas de la Responsabilidad Social sea parte, en los que se definan los plazos de
cumplimiento, insumos requeridos, valorización de los mismos, resultados esperados de cada
tarea, que permitirán determinar prioridades, expectativas de desempeño, asignación de
responsabilidades, que posibiliten un seguimiento de la gestión. De esta forma se podrán
efectuar los controles entre lo sucedido que será comparado con lo estimado, determinando
desvíos, sus causales y sugerir decisiones necesarias para su corrección. Establecida la
existencia de resultados intermedios a alcanzar, el accionar de los órganos de control externo
apuntará al control posterior respecto de dichos resultados.
5- Acercamiento al sujeto de control:
Los objetivos del control deberán ser más ambiciosos e incorporar el análisis de la
gestión de los fondos públicos mediante técnicas de auditoría operativa, procurando mostrar la
adecuación de la gestión de los fondos públicos, además de verificar el cumplimiento de la
legalidad, objetivo tradicional del control.
En sentido conducente, los organismos deben poder inspeccionar las dependencias de
los entes en donde el Estado tenga intereses, controlar las administraciones, las operatorias y
las gestiones, en sus diferentes aspectos; asesorar, emitir informes y adoptar, en su caso, las
medidas necesarias para prevenir y corregir cualquier irregularidad; y determinar la
responsabilidad administrativa y patrimonial de los agentes públicos mediante la
sustanciación de juicios de responsabilidad. Para ello se deben utilizar como soporte de las
actividades de control externo los informes elaborados por parte de las Unidades de Auditoria
Interna.
De esta forma, la idea es no sólo realizar un control de la gestión del administrador,
sino además controlar los resultados obtenidos, compararlos con los objetivos que se
plantearon, determinar irregularidades y servir para ayudar a los administradores para
determinar posibles cambios que sean necesarios realizar en el diseño y planificación de sus
políticas, para una mayor eficacia y economía en la ejecución de sus programas. Es decir, que
a partir del control, se establecerían mediciones, se regularían conductas y corregirían las
actividades en busca de no apartarse de los objetivos del plan total.
Es importante destacar que bajo este esquema, los controles y auditorías a desarrollar
deberán tener carácter contributivo y formativo, favoreciendo el desarrollo de un control que
agregue valor a la gestión y a los procesos de rendición de cuentas.
31
*Análisis de legalidad. Compras y contrataciones.
El Estado, como uno de los consumidores principales, debería únicamente comprar y
contratar servicios y productos beneficiosos para el medioambiente y la sociedad, seguros y
confiables, energéticamente eficientes, que suministren la información adecuada y exacta a
los beneficiarios finales y cuyas empresas productoras sean transparentes y responsables a lo
largo de toda su cadena de valor. Debería seleccionar a sus proveedores de acuerdo a las
buenas prácticas de producción no solamente por el precio, promoviendo una competencia
abierta, incorporando nuevos valores en su política de selección de proveedores como:
preferir bienes locales ya que así su huella ecológica sería menor, permitir el acceso al
mercado a pequeños productores, seleccionar en función a las prácticas justas y éticas en la
cadena de producción de los proveedores incluidas las prácticas de post venta, respeto por la
propiedad intelectual, compromiso de lucha contra la corrupción, entre otras.
En términos conducentes con lo que venimos expresando, estimamos que la
Responsabilidad Social en el ámbito de las compras públicas tiene que ver con el poder
decidir de manera responsable qué comprar, cómo comprar y a quién comprar.
• Qué comprar: selección de productos ambientalmente inocuos, que son eficientes
energéticamente y/o que son producidos bajo estándares laborales aceptables.
• Cómo comprar: alude a la transparencia de los procesos de compra, la necesidad de publicar
toda la información pertinente, explicitar en todos los casos los mecanismos y criterios de
selección de las ofertas, y tomar acciones concretas para promover estas buenas prácticas en
los encargados de abastecimiento de los organismos públicos.
• A quién comprar: tiene relación con las inhabilidades para participar en los procesos de
compras, y la selección de proveedores que cuentan con determinados estándares en materia
social y ambiental, tanto al interior de la empresa, en el conjunto de sus procesos productivos,
como en su relación con el entorno o comunidad.
Ante esto se vuelve importante la intervención de los Tribunales de Cuentas en el
control de los procesos de compras y contrataciones del Estado, pudiendo advertir en sus
auditorías el incumplimiento del “qué”, “cómo” y “a quién”, según postulamos
precedentemente.
Debe destacarse que el control de legalidad, de acuerdo a las facultades que
actualmente tiene normadas el Tribunal de Cuentas de la provincia de Santa Fe, se ejerce
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sobre los actos administrativos “referidos o vinculados directamente a la hacienda pública”
(en la terminología de la Ley N° 12.510) los cuales “deben implicar la percepción e inversión
de caudales públicos, lo que debe surgir de su propio objeto y no quedar sujetos a otros actos
posteriores”.
No obstante este requisito normativo limitante del accionar del Tribunal de Cuentas a
los actos con contenido económico, que pareciera dejar afuera de su jurisdicción a los actos de
determinación de las condiciones generales de una obra o contratación (Pliegos de Bases y
Condiciones), debe considerarse que el Tribunal de Cuentas, en ejercicio de su autonomía
funcional tiene la facultad de fijar el criterio interpretativo sobre su propia competencia y así
incluir como actos sujetos a control no sólo el hecho propio de la compra, contratación o
desarrollo de una obra, sino, que hacerla extensiva también a la aprobación de los pliegos de
bases y condiciones, instrumento en el que se determinan los aspectos de la contratación, se
determinan las obligaciones recíprocas de las partes y que conforman y dan contenido al
contrato respectivo, y su sujeción o no a los principios de la Responsabilidad Social.
En definitiva y mediante el control de los pliegos, especialmente relacionados con las
obras públicas que son las de mayor impacto ambiental, ecológico o urbanístico, se trata de
que se cumplan los recaudos previstos en las leyes de Obras Públicas y las dictadas por la
Nación y las Provincias en ejercicio del poder de policía ambiental, conforme la distribución
de competencias previsto en el artículo 41° de la Constitución Nacional(10).
La respuesta de los órganos de control debe ser oportuna y eficaz, promoviendo
conductas responsables, retroalimentando positivamente los procesos de compras y obras
públicas con recomendaciones y en su caso también pudiendo determinarse responsabilidades
para los funcionarios u otras personas que hayan actuado infringiendo los aspectos antes
mencionados.
Trabajo mancomunado con los Organismos de Control Interno.
Para lograr un acabado seguimiento sobre la gestión de los administradores,
consideramos importante la información obtenida del control interno, la cual sería de utilidad
para los Tribunales de Cuentas o Auditoría General.10 En materia ambiental, el art. 41 de la CN establece una concurrencia complementaria legislativa entre el Estado Nacional, a quien le corresponde dictar normas que contengan los presupuestos mínimos de protección en cuya virtud fue dictada la Ley General del Ambiente Nº 25.675; y las Provincias a quien les corresponde dictar las normas necesarias para complementarlas. PREVOT Juan M. “Los Problemas de Jurisdicción en Materia de Medio Ambiente” en Rev. De Derecho de Daños 2011-1, Rubinzal Culzni); ESAIN José A. “Competencias legislativas entre la nación y las provincias en Materia Ambiental” en Rev. De Derecho Público, Rubinzal Culzoni, 209-1)
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Situados en nuestro principal objeto de estudio, Tribunal de Cuentas de la Provincia de
Santa Fe, de acuerdo al marco normativo que lo regula, expondremos los principales artículos
de la Ley N° 12.510 descriptivos de la relación control interno y externo, que actualmente
abonan a la idea que proponemos respecto de la colaboración e interrelación de ambos tipos
de control:
- El artículo 186°: establece entre las funciones de la Sindicatura General de la
Provincia, en el inciso a) Dictar y aplicar normas de auditoría y control interno, debiendo
compatibilizar y coordinar con el Tribunal de Cuentas de la Provincia, las materias
controlables y los métodos a aplicar; en el inciso d) Supervisar el adecuado funcionamiento
del sistema de control interno, facilitando el desarrollo de las actividades del Tribunal de
Cuentas de la Provincia.
- El artículo 188° en su inciso c) establece que la Sindicatura General debe informar al
Tribunal de Cuentas de la Provincia, sobre la gestión cumplida por las jurisdicciones,
entidades y organismos por ella fiscalizados, y todo otro requerimiento específico o consulta
que le formule el órgano superior de control externo. Con respecto a este punto la Provincia
de Santa Fe en el Decreto Nº 1537/10 establece que la Sindicatura General de la Provincia
cumplirá con el deber de informar al Tribunal de Cuentas, con la entrega de una memoria
semestral de la actividad de control realizada en las jurisdicciones y entidades.
- El artículo 190° determina entre las atribuciones y responsabilidades del Síndico
General de la Provincia, en su inciso h), informar al Tribunal de Cuentas de la Provincia, de
actos o conductas que impliquen irregularidades, de las que tuviera conocimiento con motivo
y en ejercicio de sus funciones.
- El artículo 209° en su inciso d), establece que las observaciones legales formuladas
por el Tribunal de Cuentas de la Provincia, deben ser comunicadas al responsable del sistema
de control interno de la jurisdicción a la que corresponda el acto observado.
El modelo ideal de control público, lo constituye una adecuada coordinación entre los
órganos externos y un sistema de control interno descentralizado y ágil que se caracterice por
ser un órgano permanente, de nivel y con independencia funcional.
El órgano de control interno debería realizar un seguimiento periódico del accionar de
los administradores, verificando el cumplimiento de los objetivos establecidos, de acuerdo
con las instrucciones recibidas, la información recaba de dicha acción permitiría elaborar
informes periódicos, a partir de los cuales los órganos de control externo podrán tomarlos
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como insumos para su actividad.
Esta propuesta de complementación entre el control externo y el control interno, tiene
su sustento legal en los incisos d) y l) del artículo 203° de la Ley Nº 12.510, los cuales
establecen la atribución al Tribunal de Cuentas de poder realizar auditorías sobre los asuntos
de su competencia en las distintas jurisdicciones o entidades bajo su control, examinar y
evaluar el Control Interno de los mismos; como así también requerir informes a los órganos
de control interno relativos a los controles efectuados y resultados obtenidos.
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CONCLUSIONES
En la actualidad, la Responsabilidad Social, tanto primaria, secundaria como terciaria,
conceptos no tenidos en cuenta hasta hace unos años, pasaron a ser de suma importancia para
las organizaciones, el medio ambiente y la comunidad.
Como una faceta más de la modernización estatal, actualmente en boga, se establece
como el camino a seguir trasladar “las cosas buenas” del sector privado al sector público
(isomorfismo). Y tal cual lo expresáramos, sin dudas, una de dichas “cosas buenas” es la
Responsabilidad Social.
Como expusiéramos, el Estado tiene la responsabilidad dual de cumplir y hacer
cumplir los preceptos que conlleva esta nueva forma de gestionar. El “hacer cumplir” como
mandato que se le impone al Estado, incluye tanto el control del ajustamiento a dichas
premisas por parte del sector privado como del propio Estado.
La realidad actual implica para los órganos de control estatal un desafío y la necesidad
de adaptarse para generar información útil a los diferentes usuarios y para erigirse como una
de las principales herramientas con las que cuenta el Estado para generar cambios en su
propia gestión y en la de los actores que forman parte de su entorno.
Dadas las competencias y atribuciones con las cuales se ha dotado a los Órganos de
Control Externo y que actualmente tienen plena vigencia, creemos que a partir de las mismas,
dichos organismos pueden y deben ejercer el control del desenvolvimiento del Estado como
una organización socialmente responsable.
Convencidos de esta realidad, nuestra propuesta se sintetiza en destacar herramientas y
accionares que impliquen el cumplimiento del rol activo por parte del Estado (control) sobre
la materialización de las ideas de la Responsabilidad Social por parte de los entes y
jurisdicciones que lo conforman.
Haciendo un juego de palabras: realizaremos aportes al accionar del Estado desde su
faceta Activa aplicada sobre su rol Pasivo. Al respecto tenemos: Conocimiento del ente sujeto
de control, de sus funciones y competencias; Realización de Auditorías operativas y de
gestión; Sustanciación de Juicios de Responsabilidad; Trabajar con equipos
interdisciplinarios; Verificar la aplicación de la normativa referida a Compras y
Contrataciones del Estado por parte de los entes y jurisdicciones; Trabajo coordinado con los
Órganos de Control Interno.
Para que los Órganos de control puedan cumplir eficaz y eficientemente con estos nuevos
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cometidos, consideramos como necesario:
- Adecuación normativa: será imprescindible dotar a los Órganos de Control de
reglamentaciones y definición de procedimientos de control que determinen y fijen criterios y
responsabilidades respecto de la manera de llevar a cabo sus funciones de contralor.
- Capacitación de su personal: es necesario contar dentro de las estructuras de los órganos de
control con personal capacitado y enfocado para la verificación de los nuevos objetivos
organizacionales.
- Control interdisciplinario: se debe trabajar a partir del aporte mancomunado de equipos
formados por expertos y peritos en diversas ramas.
Finalmente queremos expresar a modo de cierre de nuestros aportes, que el Estado
debe contar con organismos de control actualizados, fortalecidos y enfocados en las tareas que
le son propias y que ahora se ven acrecentadas y le fijan para sí la responsabilidad de no solo
custodiar la hacienda pública sino también el impacto que las acciones del sector público
tienen sobre la sociedad y el medio ambiente, con el consecuente impacto positivo sobre la
calidad de su gestión.
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-http://www.fonres.com
-ttp://earthcharterinaction.org/contenido/pages/lea%20la%20carta%20de%20la%20tierra
-http://www.albertomontbrun.com.ar/archivos/reforma_constitucional_de_1994.pdf
http://www.ors.org.ar/sites/default/files/library/files/El%20mapa%20de%20la%20RSE%20en
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