22475 - "ASESORIA DE INCAPACES N° 1 DE LA PLATA C/
PROVINCIA DE BUENOS AIRES Y OTROS S/ AMPARO"
La Plata, 10 de Diciembre de 2010.-
AUTOS Y VISTOS: Para resolver la medida cautelar solicitada
a fs. 122/132 y 134/135; y:
CONSIDERANDO:-
1. Que la Sra. Asesora de Incapaces N° 1, de La Plata solicita,
en el marco de la presente acción de amparo el dictado de una
medida cautelar por medio de la cual se ordenen a los demandados,
las siguiente medidas:
1.1. Obligar a los demandados a brindar una vivienda adecuada
a los once tutelados, o un subsidio equivalente a los fines de sufragar
un alquiler mensual para una vivienda que posibilite la vida familiar de
los mismos junto a su madre, garantizando el derecho a la educación
y el mejor desarrollo posible en materia de salud física y psíquica.-
1.2. Se resuelva con carácter cautelar la inconstitucionalidad
del art. 14 bis de la ley 24.714. -
2. Con relación a la primera pretensión cautelar, relata que los
11 niños residían junto a su madre en la Localidad de Quilmes, hasta
que por un hecho de violencia de la que fue víctima la Sra. “C”,
tuvieron que abandonar la vivienda que habitaban. Con motivo de ello,
se trasladaron a la Localidad de Florencio Varela, donde ésta sufrió un
nuevo hecho de violencia, que generó la intervención de la Fiscalía de
Instrucción N° 5 de Quilmes, y la Dirección de Políticas de Género del
Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. -
Afirma que no puede desconocerse la condición de
vulnerabilidad que presentan tanto la madre (mujer a cargo de un
hogar monoparental de más de diez hijos menores, en avanzado
estado de gravidez, víctima de violencia de género, y sin vivienda ni
trabajo formal), como sus representados, y que sin embargo no
recibieron el trato de tales. -
Señala que en esas condiciones, establecen su residencia en la
Localidad de Villa Elisa, y posteriormente en una vivienda ubicada en
la calle 75 N° 1181 entre 18 y 19 de La Plata, donde actualmente se
domicilian. -
Entiende que en la actualidad se encuentran atrapados en una
situación de inminente desalojo, en virtud de un convenio suscripto
por la Sra “C” ante la Fiscalía General del Departamento Judicial La
Plata, por el cual se comprometió a desalojar y dejar libre de
ocupantes la vivienda que actualmente ocupa en calle 75 N° 1181 de
La Plata, para el día 24-II-2011.-
Agrega que de acuerdo al informe confeccionado por la
Directora y el Equipo de Orientación Escolar de la EPB N° 22 los
menores que representa comenzaron a faltar a la escuela a partir del
mes de octubre, siendo su asistencia irregular, por temor a dejar sola
su casa y ser desalojados. -
Por otra parte, destaca que la progenitora de los mismos ha
realizado distintos reclamos ante organismos nacionales, provinciales
y municipales, sin obtener respuestas favorables.-
3. En lo atinente a la inconstitucionalidad del art. 14 bis de a
Ley 24.714, sostiene que la progenitora de sus representados percibe
la “pensión por madres de 7 o más hijos” (Ley 23.746), por la cual
recibe $ 1.015. Agrega que dicho monto es mucho menor al que
percibiría en caso de corresponderle la Asignación Universal por Hijo
por cada uno de ellos (haciendo un total de $ 2.420). Esgrime que la
norma cuya inconstitucionalidad se pretende establece una limitación
arbitraria en cuanto dispone que la asignación universal se abonará
por cada menor acreditado por el grupo familiar y hasta un máximo de
cinco menores, lo que constituye una clara afectación al principio de
igualdad ante la ley.-
4. Con carácter liminar, corresponde señalar que el art. 196 del
CPCC, habilita el dictado de medidas cautelares por parte de jueces
incompetentes, en supuestos de grave urgencia (conf. Gozaini,
Osvaldo A., Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de
Buenos Aires, Tomo I, Ed. La Ley, 2003, pág. 409).-
En igual sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en
la causa “Defensor del Pueblo de la Nación”, ha expresado que, sin
perjuicio de la resolución que corresponda adoptar respecto de su
competencia, “le corresponde al Poder Judicial de la Nación buscar
los caminos que permitan garantizar la eficacia de los derechos, y
evitar que estos sean vulnerados, como objetivo fundamental y rector
a la hora de administrar justicia y de tomar decisiones en los procesos
que se someten a su conocimiento, sobre todo cuando está en juego
el derecho a la vida y a la integridad física de las personas. No debe
verse en ello una intromisión indebida del Poder Judicial cuando lo
único que se hace es tender a tutelar derechos, o suplir omisiones en
la medida en que dichos derechos puedan estar lesionados [cfr.
causa citada precedentemente; Fallos: 328:1146]” (D. 587. XLIII.
Originario. "Defensor del Pueblo de la Nación c/ Estado Nacional y
otra s/ proceso de conocimiento", Res. del 18-IX-2007, considerando
3).-
5. Que en función de lo expresado, corresponde ingresar en el
análisis de la pretensión cautelar vinculada al otorgamiento de una
vivienda adecuada al grupo familiar afectado, y a que se les garantice
a los niños su derecho a la educación, como así también el mejor
desarrollo posible en materia de salud física y psíquica. Ello, a fin de
valorar si se encuentran reunidos los recaudos de procedencia de
este remedio cautelar (art. 22 del CCA), difiriendo el análisis de la
inconstitucionalidad del art. 14 bis de la Ley 24.714 al momento del
dictado de la sentencia.-
5.1. Verosimilitud en el derecho: Que los derechos que da
sustento a la pretensión, se hallan especialmente reconocidos en
diversas prescripciones constitucionales y en los tratados
Internacionales, entre los que se destacan el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales -art. 11-, la Declaración
Universal de Derechos Humanos -art. 25-, la Declaración Americana
de los Derechos y Deberes del Hombre -art. XI-, la Convención sobre
los Derechos del Niño -arts. 8, 9, 23, 24, 26 y 27-; los que, en las
condiciones de su vigencia, gozan de jerarquía constitucional -art. 75
inc. 22, CN- (Conf. Tedeschi, Sebastián, “El derecho a la vivienda a
más de diez años de la reforma de la Constitución”, en Abramovich,
Víctor – Bovino, Alberto – Courtis, Christian (compiladores), La
aplicación de los Tratados sobre Derechos Humanos en el ámbito
local, Ed. Del Puerto, 2007, pág. 751).-
En particular, ha de tenerse presente lo estatuido por el artículo
11, inciso 1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, cuyo texto expresamente prevé: “Los Estados
Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a
un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación,
vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las
condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas
apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho,
reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación
internacional fundada en el libre consentimiento”.-
En nuestro ordenamiento interno el art.14 bis de la Constitución
Nacional, prevé expresamente “el acceso a una vivienda digna”,
mientras que el artículo 36 el inc. 7 de la Constitución Provincial obliga
a la Provincia a promover “el acceso a la vivienda única y la
constitución del asiento del hogar como bien de familia”, garantizando
“el acceso a la propiedad de un lote de terreno apto para erigir su
vivienda familiar única y de ocupación permanente, a familias
radicadas o que se radiquen en el interior de la Provincia, en
municipios de hasta 50.000 habitantes, sus localidades o pueblos”.-
Por su parte, el Comité de Derechos Económicos Sociales y
Culturales de Naciones Unidas, en su Observación General Nº 4,
Punto 7, ha señalado –con relación al art. 11, inciso 1 del PDESC-
que "el derecho a la vivienda no se debe interpretar en un sentido
estricto o restrictivo que lo equipare, por ejemplo, con el cobijo que
resulta del mero hecho de tener un tejado por encima de la cabeza o
lo considere exclusivamente como una comodidad. Debe
considerarse más bien como el derecho a vivir en seguridad, paz y
dignidad en alguna parte. Y así debe ser por lo menos por dos
razones. En primer lugar, el derecho a la vivienda está vinculado por
entero a otros derechos humanos y a los principios fundamentales
que sirven de premisas al Pacto. Así pues, 'la dignidad inherente a la
persona humana', de la que se dice que se derivan los derechos del
Pacto, exige que el término 'vivienda' se interprete en un sentido que
tenga en cuenta otras diversas consideraciones, y principalmente que
el derecho a la vivienda se debe garantizar a todos, sean cuales
fueren sus ingresos o su acceso a recursos económicos. En segundo
lugar, la referencia que figura en el párrafo 1 del artículo 11 no se
debe entender en sentido de vivienda a secas, sino de vivienda
adecuada. Como han reconocido la Comisión de Asentamientos
Humanos y la Estrategia Mundial de Vivienda hasta el Año 2000 en su
párrafo 5: 'el concepto de 'vivienda adecuada'... significa disponer de
un lugar donde poderse aislar si se desea, espacio adecuado,
seguridad adecuada, iluminación y ventilación adecuadas, una
infraestructura básica adecuada y una situación adecuada en relación
con el trabajo y los servicios básicos, todo ello a un costo razonable"
(O.G. Nº4 "El derecho a una vivienda adecuada", Sexto período de
sesiones, 1991, documento E/1991/23).-
Asimismo, se ha señalado con notable acierto que “contra los
intentos de reductio ad absurdum del derecho a la vivienda, es
evidente que los estados no pueden satisfacer de manera inmediata
todos los elementos que integran el contenido del derecho a una
vivienda adecuada. El deber de progresividad establecido en el art.
2.1. del propio PIDESC, de hecho, reconoce este límite. Sin embargo,
que la satisfacción del derecho pueda ser progresiva, no debe
entenderse, como ya se ha apuntado como una autorización para
postergar sine die el cumplimiento de las obligaciones estatales en
materia de vivienda. Siguiendo los criterios de la Observación general
N° 3 y los Principios de Limburgo y Mastricht, los estados tienen, al
menos los siguientes deberes inmediatos en materia de vivienda: A)
El deber de no adoptar medidas de carácter deliberadamente
regresivo en cuestiones habitacionales, promoviendo desalojos
arbitrarios o impulsando recortes o limitaciones en sus políticas, a
menos que éstas redunden en mayor eficacia global del conjunto de
derechos sociales garantizados en el PIDESC. B) El deber de adoptar
medidas legislativas y administrativas deliberadas, concretas y
dirigidas de la manera más clara posible a cumplir con los objetivos
del PIDESC. C) El deber de adoptar esas medidas en un tiempo
razonablemente corto. D) El deber de desplegar todos los esfuerzos
posibles y de recurrir al máximo de recursos humanos, naturales,
tecnológicos, informativos y financieros a su alcance para satisfacer el
derecho a la vivienda. E) El deber de garantizar el ejercicio de los
derechos habitacionales sin discriminación. F) El deber de dar
prioridad en su actuación a los grupos más vulnerables y a los que
tengan necesidades más urgentes. G) El deber de garantizar, incluso
en situaciones de crisis, de ajuste o de escasez de recursos, al menos
el contenido «mínimo» del derecho a la vivienda, sobre todo para
aquellas personas y colectivos que carezcan de un techo de manera
absoluta” (Pisarello, Gerardo, Vivienda para todos: un derecho en
(de)construcción, Icaria Editorial, Barcelona, 2003, págs. 117/118).-
Asimismo, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los
Asentamientos Humanos - conocida más comúnmente como "Hábitat
II", que tuvo lugar en Estambul, Turquía, del 3 al 14 de junio de 1996 –
aprobada sin reservas de la Argentina-, se señaló que las condiciones
inadecuadas, tales como el impacto de la pobreza, la falta de acceso
a la tierra y tenencia segura son la causa principal de los conflictos
sociales violentos y de la disminución de la seguridad personal.
Teniendo esto como referencia, se llegó a un acuerdo sobre el
derecho a la vivienda adecuada, reconociendo la obligación
fundamental de los Estados de facilitar a las personas la obtención de
vivienda y de proteger y mejorar los hogares y los vecindarios.-
En igual sentido, la Suprema Corte de Justicia provincial ha
enfatizado en un reciente pronunciamiento que “tal como lo ha
expresado el Comité D.E.S.C. (Observación General Nº 4), "los
Estados Partes deben otorgar la debida prioridad a los grupos
sociales que viven en condiciones desfavorables, concediéndoles una
atención especial (…) a pesar de los problemas causados
externamente, las obligaciones dimanadas del Pacto continúan
aplicándose y son quizás más pertinentes durante tiempos de
contracción económica" (v. punto 11º). Por tales razones, cobra plena
actualidad la necesidad de proveer de inmediato a una solución
respecto del problema habitacional. De ello surge claro, según
entiendo, que sin el reconocimiento de prestaciones positivas por
parte del Estado, se continuarán vulnerando, por omisión, derechos y
principios de raigambre constitucional y convencional.” (causa
A.70.717 del 14-VI-2010). –
Respecto de los desalojos forzosos, como el que da origen al
presente amparo, tiene especial importancia la Observación General
Nº 7, que los define como “el hecho de hacer salir a personas,
familias y/o comunidades de los hogares y/o las tierras que ocupan,
en forma permanente o provisional, sin ofrecerles medios apropiados
de protección legal o de otra índole ni permitirles su acceso a ellos ...”
(Observación General Nº 7, Punto 3).-
Particular interés para el caso de autos presenta el punto 16 de
la Observación General citada, en cuento dispone que “Los desalojos
no deberían dar lugar a que haya personas que se queden sin
vivienda o expuestas a violaciones de otros derechos humanos.
Cuando los afectados por el desalojo no dispongan de recursos, el
Estado Parte deberá adoptar todas las medidas necesarias, en la
mayor medida que permitan sus recursos, para que se proporcione
otra vivienda, reasentamiento o acceso a tierras productivas, según
proceda”.-
En dicho documento el Comité puso de manifiesto que
“fundamentalmente, las obligaciones de los Estados Partes en el
Pacto en relación con los desalojos forzosos se basan en el párrafo 1
del artículo 11 interpretado junto con otras disposiciones pertinentes.
En particular, el párrafo 1 del artículo 2 obliga a los Estados a utilizar
‘todos los medios apropiados’ para promover el derecho a una
vivienda adecuada. Ahora bien, dada la naturaleza de la práctica de
los desalojos forzosos, la referencia en el párrafo 1 del artículo 2 al
logro progresivo de tales derechos basándose en los recursos
disponibles rara vez será pertinente. El propio Estado deberá
abstenerse de llevar a cabo desalojos forzosos y garantizar que se
aplique la ley a sus agentes o a terceros que efectúen desalojos
forzosos (tal como se definen en el párrafo 3 supra). Este
planteamiento se ve reforzado además por lo dispuesto en el párrafo
1 del artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, que complementa el derecho a no ser desalojado
forzosamente sin una protección adecuada” (Observación General Nº
7, Punto 8).-
Asimismo, debe tenerse en cuenta que la afectación del
derecho a la vivienda digna puede traer aparejada la violación de
otros derechos también protegidos por nuestra Constitución Nacional.
En este sentido ha señalado el citado Comité que “dadas la
interrelación y la interdependencia que existen entre todos los
derechos humanos, los desalojos forzosos violan frecuentemente
otros derechos humanos. Así pues, además de infringir claramente
los derechos consagrados en el Pacto, la práctica de los desalojos
forzosos también puede dar lugar a violaciones de derechos civiles y
políticos, tales como el derecho a la vida, el derecho a la seguridad
personal, el derecho a la no injerencia en la vida privada, la familia y
el hogar, y el derecho a disfrutar en paz de los bienes propios”
(Observación General Nº 7, Punto 4). También destacó que “las
mujeres, los niños, los jóvenes, los ancianos, los pueblos indígenas,
las minorías étnicas y de otro tipo, así como otros individuos y grupos
vulnerables, se ven afectados en medida desproporcionada por la
práctica de los desalojos forzosos. En todos estos grupos las mujeres
son particularmente vulnerables a causa de la discriminación jurídica
y otras formas de discriminación que suelen darse en materia de
derecho de propiedad (incluida la propiedad de una vivienda) o del
derecho de acceso a la propiedad o a la vivienda, y de su particular
vulnerabilidad a los actos de violencia y abuso sexual cuando se
quedan sin hogar. Las disposiciones contra la discriminación del
párrafo 2 del artículo 2 y del artículo 3 del Pacto imponen a los
gobiernos la obligación adicional de velar por que, cuando se
produzca un desalojo, se adopten medidas apropiadas para impedir
toda forma de discriminación” (Observación General Nº 7, Punto 10).-
Por su parte, el citado Comité, con relación al derecho a la
alimentación en su Observación General Nº 12, Punto 6, lo definió de
la siguiente manera: “el derecho a la alimentación adecuada se ejerce
cuando todo hombre, mujer o niño, ya sea solo o en común con otros,
tiene acceso físico y económico, en todo momento, a la alimentación
adecuada o a los medios para obtenerla. El derecho a la alimentación
adecuada no debe interpretarse, por consiguiente, en forma estrecha
o restrictiva asimilándolo a un conjunto de calorías, proteínas y otros
elementos nutritivos concretos. El derecho a la alimentación
adecuada tendrá que alcanzarse progresivamente. No obstante, los
Estados tienen la obligación básica de adoptar las medidas
necesarias para mitigar y aliviar el hambre tal como se dispone en el
párrafo 2 del artículo 11, incluso en caso de desastre natural o de otra
índole”. (OG Nº12, "El derecho a una alimentación adecuada", 20º
período de sesiones 1999).-
Por lo expuesto, y teniendo en cuenta que la solicitud de la
Asesora de Incapaces N° 1 de La Plata está dirigida a procurar por
parte del Estado provincial y Municipal, el efectivo cumplimiento a las
directivas emanadas de los tratados internacionales de derechos
humanos, es dable considerar -siempre en grado de probabilidad y no
de certeza- que el derecho invocado resulta verosímil (art. 230
CPCC.), habilitando de ese modo el dictado de la medida cautelar.-
5.2. Peligro en la demora: Que el mismo se encuentra
configurado en el caso de autos toda vez que, si no se concede la
medida peticionada, los once menores de edad involucrados deberán
afrontar una situación de desprotección que afecta no sólo su derecho
a la vivienda digna sino también otros derechos, tanto civiles como
sociales -con el consecuente agravamiento del riesgo de afectación
de sus derechos constitucionales-, situación que indudablemente
requiere de un pronto remedio, o dicho en términos constitucionales,
una rápida "acción positiva" que le asegure la vigencia de los
derechos de los habitantes, dentro de la garantía constitucional a una
"tutela judicial continua y efectiva" (arts. 15 Const. prov. y 9 de la Ley
13.928). -
En igual sentido, la Corte Suprema ha afirmado que: "es de la
esencia de las medidas cautelares innovativas enfocar sus
proyecciones -en tanto dure el litigio- sobre el fondo de la
controversia, ya sea para impedir un acto o para llevarlo a cabo. Tales
medidas están orientadas a evitar la producción de perjuicios que se
podrían producir en caso de inactividad del magistrado, tornándose de
muy dificultosa o imposible reparación en la oportunidad del
pronunciamiento de la sentencia definitiva" (Corte Sup., "Camacho
Acosta", Fallos 320-1633).-
5.3. No afectación del interés público:
No se advierte “prima facie” que la medida cautelar peticionada
pueda producir una grave afectación al interés público.-
Como he señalado desde hace tiempo en diversas
oportunidades, la sola inobservancia del orden legal, por parte de la
administración, vulnera el interés público determinado por el pleno
sometimiento de la misma al ordenamiento jurídico, como postulado
básico del Estado de Derecho (Conf. Causas N° 7156,
"MANTENIMIENTOS DEL SUR S.R.L.”, res. del 8-VII-2005; N° 2873,
"CLUB NAUTICO HACOAJ”, res del 25-X-2006; N° 11004,
"SAVAFAMA S.A.”, res. del 8-V-2006; N° 12443, "ABDALA”, res. del
7-V-2007, entre muchas otras).-
5.4. Alcance de la medida cautelar:
Que sin perjuicio de lo señalado hasta aquí, advierto que la
solicitud cautelar de inconstitucionalidad del art. 14 bis de la ley
24.714, para que se le sustituya a la progenitora de los menores
representados en autos por la asesora accionante, la pensión por
madres de 7 o más hijos que actualmente viene percibiendo, por la
Asignación Universal por Hijo sin la limitación contenida en la norma
cuya inconstitucionalidad se pretende, excede en demasía el ámbito
de conocimiento cautelar, máxime teniendo en cuenta que se
pretende sustituir una prestación asistencial que se encuentra
percibiendo una persona que no se ha presentado en autos y que los
demandados en la presente causa no resultarían ser los obligados al
cumplimiento de las prestaciones en cuestión (Estado Nacional).-
En función de ello, se habrá de ordenar con carácter cautelar, a
la Municipalidad de La Plata y a la Provincia de Buenos Aires, arbitrar
los medios necesarios y adecuados para garantizar a los menores
representados en autos por la Asesora de Incapaces N° 1 de La Plata,
el derecho a la vivienda digna, en un lugar cercano al sector de su
actual vivienda (calle 75 N° 1181 e/18 y 19 de La Plata), que cuente
con condiciones sanitarias y de habitabilidad suficiente, debiendo
asimismo garantizar el derecho a la educación en el establecimiento al
que actualmente concurren, la provisión de alimentos necesarios para
asegurar una dieta que cubra las necesidades nutricionales básicas
de los once menores de edad y realizar controles sobre la evolución
de su salud en forma periódica (Conf. CSJN, “Rodríguez, Karina”,
Fallos 329:553).-
5.5. Contracautela: teniendo especial ponderación por la
naturaleza de los intereses y derechos involucrados, se habrá de
eximir a los peticionantes de prestar caución alguna (art. 20 Ley
13.928 y 200 inc. 2 CPCC.).-
Por ello, RESUELVO:-
Ordenar, con carácter cautelar, a la Provincia de Buenos Aires
y a la Municipalidad de La Plata a que, de manera inmediata a la
notificación de la presente, por intermedio de los organismos
competentes, arbitren los medios necesarios y adecuados para
garantizar a los menores representados en autos por la Sra. Asesora
de Incapaces N° 1, de La Plata, el derecho a la vivienda digna, en un
lugar cercano al sector de su actual vivienda (calle 75 N° 1181 e/18 y
19 de La Plata), que cuente con condiciones sanitarias y de
habitabilidad suficiente, debiendo asimismo garantizar el derecho a la
educación en el establecimiento al que actualmente concurren, la
provisión de alimentos necesarios para asegurar una dieta que cubra
las necesidades nutricionales básicas de los once menores de edad y
realizar controles sobre la evolución de su salud en forma periódica,
los que deberán ser informados en autos. Ello hasta tanto se dicte
sentencia firme en los presentes autos, bajo apercibimiento de lo
dispuesto por el art. 163 de la CPBA y sin perjuicio de las astreintes
que se habrán de imponer a la persona del funcionario remiso y en
beneficio de los menores involucrados en autos (art. 37 del CPCC). A
tal fines, líbrese oficio al Sr. Gobernador de la Provincia de
Buenos Aires y al Intendente de la Municipalidad de La Plata, con
trascripción íntegra de la presente y con adjunción de copias.-
Regístrese. Notifíquese por cédula a la Fiscalía de Estado y
a la Municipalidad de La Plata con copias y con habilitación de
días y horas (arts. 135 inc. 5 y 153 CPCC., y 27 inc. 13 y 31 decreto
ley 7543/1969).-
LUIS FEDERICO ARIAS Juez
Juz.Cont.Adm.Nº1 Dto.Jud.La Plata
Audiencia:
22475 - "ASESORIA DE INCAPACES N° 1 DE LA PLATA C/
PROVINCIA DE BUENOS AIRES Y OTROS S/ AMPARO"
/// A la audiencia del día de la fecha, 23 de Febrero de 2011,
siendo las 10.30 horas se presentan ante los Actuarios las siguientes
personas: La Dra. Ida Sherman, Asesora de Menores, la Dra. Sandra
Nilda Grahl, Directora de Asuntos Legales de la Municipalidad de La
Plata, el Dr. Ariel Bayon credencial 26.373 del CALP, letrado
apoderado de la Municipalidad de La Plata, Leticia Zabala por la
Dirección General de Tierras y Viviendas de la Municipalidad de La
Plata, el Arq. Rubén Opel por parte del Instituto de la Vivienda, la Dra.
Liliana Raies, del Departamento de Inmobiliaria y Social del Instituto
de la Vivienda, y la Dra. Valentina Ares, letrada apoderada de la
Fiscalía de Estado. Abierto el acto, luego de un intercambio de ideas,
las partes formulan la siguiente propuesta para dar cumplimiento a la
medida cautelar ordenada: El Instituto de la Vivienda de la Provincia
de Buenos Aires representado en éste acto por el Arq. Opel, con el
patrocinio de la Fiscalía de Estado manifiesta que se compromete en
un plazo máximo de 120 días, a transferir mediante convenio a la
Municipalidad de La Plata, una vivienda industrializada tipo Anahí, de
tres dormitorios y demás comodidades que la hacen dignas para su
habitación y que tienen certificado de aptitud técnica otorgado por la
Nación, y a depositar desde el día 1 de marzo del corriente año y
hasta la fecha de entrega de la vivienda, en una cuenta de autos la
suma de $ 1.500 que se da en pago a la Sra “C” para afrontar el pago
del alquiler de una vivienda hasta tanto le sea entregada por la
Municipalidad la vivienda prometida. Por su parte, la Municipalidad de
La Plata se compromete a facilitar una fracción de terreno ubicada en
la calle 9 y 635 que posee los servicios de la zona, donde se instalará
la vivienda proporcionada por el Instituto de la Vivienda, y que
entregará en comodato a la parte actora mientras perdure la situación
de emergencia habitacional. Finalmente, la Sra. Asesora de Menores
expresa que toma conocimiento de la propuesta que antecede y la
acepta. No obstante se compromete a citar a la Sra “C” en el día de la
fecha a la Asesoría a efectos de que brinde su consentimiento. Con lo
que no siendo para más se da por finalizado el acto, firmando los
comparecientes, previa lectura y ratificación por ante mi que doy fe.-