OCTAVA SUBCOMISIÓN DERECHO CONCURSAL...

Pío Nono N°1, cuarto piso, Providencia / Tel.: (562) 2978 5258 / E-‐mail: [email protected]

OCTAVA SUBCOMISIÓN

DERECHO CONCURSAL

ENERO 2017

Pío Nono N°1, cuarto piso, Providencia / Tel.: (562) 2978 5258 / E-‐mail: codificació[email protected]

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ÍNDICE

I. INTRODUCCIÓN.....................................................................................................3

II. INTEGRANTES DE LA SUBCOMISIÓN.............................................................6

1. Nelson Contador Rosales - Presidente.............................................................6

2. Juan Luis Goldenberg Serrano - Vicepresidente ............................................6

3. Patricio Jamarne Banduc - Secretario ............................................................ 6

4. Cristián Palacios Vergara - Prosecretario ………………………………...... 6

5. Carlos Concha Gutiérrez.................................................................................6

6. Juan Pablo Román Rodríguez..........................................................................6

7. Christian Olguín Julio......................................................................................7

8. Luis Felipe Castañeda Catalán........................................................................7

III. ÁMBITO DEL ENCARGO Y PLAN DE EXPOSICIÓN

POR MATERIAS....................................................................................................8

IV. DIAGNÓSTICO Y PROPUESTAS DE CAMBIO...............................................9

1. Reglas en materia de competencia para conocer los Procedimientos Concursales.....................................................................................................9

2. En cuanto a los Procedimientos Concursales de Reorganización ...............10

3. En cuanto a los Procedimientos Concursales de Liquidación de la Empresa o Persona Deudora........................................................................................14

4. En cuanto a los Procedimientos Concursales de Renegociación de la Persona Deudora...........................................................................................16

5. En cuanto a las Normas Regulatorias que requieren modificación..............17

V. ANEXOS..................................................................................................................17


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I. INTRODUCCION

La Ley de Reorganización y Liquidación de Activos de Empresas y Personas -Nro. 20.720-, que sustituyó a la Ley de Quiebras contenida en el Libro IV del Código de Comercio y que entró en vigencia en el mes de Octubre del año 2014, estableció modernas normas para la reorganización económica y financiera de empresas viables que puedan tener problemas de liquidez, y fijó procedimientos para liquidar los activos de aquellas que carecen de viabilidad, dentro de un marco de protección al empleo y a las unidades productivas; de rapidez y menor costo en los procedimientos, con la finalidad de obtener una mayor recuperación de los créditos de los acreedores.

Se eliminaron los incentivos perversos que impedían al deudor sincerar oportunamente su situación de insolvencia por temor al estigma de la quiebra. Esta Ley entregó herramientas para que las empresas logren la reorganización con sus acreedores, estableciendo normas que protegen al deudor mientras se llevan a efecto las negociaciones, como lo es la "protección financiera concursal", que consiste en la suspensión de los juicios de cobro o liquidación por 30 días tan pronto se inicia el proceso, plazo que se puede extender hasta por 60 días adicionales, con acuerdo de los acreedores. Durante este período, se permite la continuidad del suministro de proveedores y el financiamiento de la empresa en crisis, estableciéndose pagos preferentes para quienes la siguen abasteciendo u otorgan créditos operacionales. Se protegió a los acreedores con la intervención legal de la Compañía, por parte de un Veedor elegido por los acreedores mayoritarios. Se estableció la participación de los acreedores garantizados en los acuerdos con el deudor, sin que ello signifique la pérdida de sus preferencias como ocurría bajo la normativa del Libro IV del Código de Comercio. Se permitió la recuperación del IVA y la deducción de la renta líquida imponible como gasto necesario, de los montos cuya condonación se acuerde, incentivando con ello la reorganización.

Si la Empresa no es viable, la nueva Ley fijó un procedimiento ágil para la liquidación de los activos, estableciendo además una plataforma informática de acceso gratuito (Boletín Concursal), donde se publican las actuaciones de los procesos y los remates de bienes, reduciendo con ello los gastos que irrogaba el antiguo sistema, facilitando la información. Se creó un innovador sistema para que las personas naturales puedan renegociar sus deudas, en un procedimiento administrativo gratuito que se realiza ante la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (SIR), y se fijaron normas para liquidar en forma ordenada sus bienes; por esta vía, se creó un estatuto concursal distinto para este tipo de deudores, quienes tenían el mismo régimen de las Empresas en la antigua Ley de Quiebras.


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Se estableció un nuevo régimen penal de la insolvencia, para sancionar en forma efectiva a aquellos que deliberadamente la provocan o la agravan; para ello se trasladaron al Código Penal, las normas donde se describen en forma clara las conductas ilícitas y se fijan penas ejemplares para los delincuentes económicos. En el ámbito laboral, hay nuevas normas que protegen a los trabajadores, quienes en forma rápida y sin costo de asesorías letradas, hoy pueden cobrar sus remuneraciones e indemnizaciones; el finiquito sirve de título suficiente para el cobro de lo que se les adeuda. Adicionalmente, pueden cobrar en forma inmediata los seguros asociados al desempleo, minimizando el grave perjuicio de haber perdido su fuente laboral.

Desde la entrada en vigencia de la Ley N.° 20.720 al 30 de septiembre de 2016,1 se han acogido a tramitación 94 Procedimientos de Reorganización de Empresas Deudoras a nivel nacional.

En el primer año de vigencia de la Ley N.° 20.720, se acogieron a tramitación 36 procedimientos de Reorganización (38%) y en el segundo año, 58 procedimientos (62%), es decir, hubo un aumento de un 61% en la cantidad de Reorganizaciones iniciadas.

Antecedentes Estadísticos:

Destacar el aumento progresivo de este procedimiento para las grandes empresas, (La Araucana, Calzados Beba) que evitan llegar a la liquidación de la empresa, buscando la protección concursal y la reestructuración de su pasivo, vale decir, acuerdan deudor y acreedores nuevas formas de pago que permiten a la empresa seguir funcionando.

En relación a este punto, es importante recordar que con la antigua legislación contenida en el Libro IV del Código de Comercio, solo se registraba un promedio total de 10 convenios tramitados anualmente, lo que daba cuenta de lo anacrónica que resultaba la normativa al momento de establecer medios de recuperación y salvataje empresarial. Además, la nueva ley permite que exista un mejor ambiente de negociación a través de la protección financiera concursal, que suspende provisoriamente los juicios hasta por 100 días. Sobre un 70 por ciento de las reorganizaciones contemplan la continuidad del giro de la empresa.

En cuanto a las Liquidaciones de Empresas, en el primer año de vigencia de la Ley N.° 20.720, se han acogido a tramitación 800 procedimientos a nivel nacional.

1 Estadísticas de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento. Se acompaña íntegramente el Documento ESTADISTICAS como Anexo Nro.1


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En el primer año de vigencia de la Ley N.° 20.720, se acogieron a tramitación 218 Procedimientos de Liquidación (27%) y en el segundo año, 582 procedimientos (73%), es decir, más que se duplicó la cantidad de Liquidaciones iniciadas.

En el ámbito del Procedimiento Concursal de Renegociación, que se lleva a cabo ante la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, se han acogido a tramitación 1.714 Procedimientos de Renegociación de la Persona Deudora a nivel nacional.

En el primer año de vigencia de la Ley N.° 20.720, se acogieron a tramitación 735 procedimientos de Renegociación (43%) y en el segundo año, 979 procedimientos (57%), es decir, hubo un aumento de un 33% en la cantidad de Renegociaciones iniciadas. En cuanto a la liquidación de bienes de las personas deudoras, se han acogido a tramitación 1.056 Procedimientos a nivel nacional.

En el primer año de vigencia de la Ley N.° 20.720, se acogieron a tramitación 140 procedimientos de Liquidación de bienes (13%) y en el segundo año, 916 procedimientos (87%), es decir, casi se septuplicó la cantidad de Liquidaciones de bienes iniciadas.

Lo anterior constituye una cifra preocupante; esta Comisión se hace cargo de analizar el fenómeno y propone algunas adecuaciones normativas sobre el particular.

Conforme se señala en el presente Informe, esta Subcomisión realizó un estudio de la normativa concursal antes referida; analizó su aplicación en los dos años de vigencia y, sin perjuicio de considerar - unánimente - que esta nueva Ley constituye un importante aporte para el Derecho Comercial en nuestro país y, en particular, una normativa moderna que realmente permite la reorganización de empresas viables y fija reglas muy claras para instar por la rápida liquidación de los activos de aquellas que no lo son, ha considerado necesario levantar aquellos puntos que requieren una adecuación o modificación normativa, para su perfeccionamiento.


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II. INTEGRANTES DE LA SUBCOMISIÓN

1. Nelson Contador Rosales - Presidente.

Abogado, Universidad de Chile. Profesor de Derecho Comercial en la Facultad de Derecho, Universidad de Chile. Integró el Grupo de Trabajo que preparó el proyecto de la Ley de Insolvencia y Reemprendimiento (Ley N° 20.720). Coautor del libro “Procedimientos Concursales”.

2. Juan Luis Goldenberg Serrano -Vicepresidente.

Abogado, Pontificia Universidad Católica de Chile. Doctor en Derecho, Universidad de Salamanca. Profesor del Departamento de Derecho Privado de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica.

3. Patricio Jamarne Banduc - Secretario

Abogado, Universidad de Chile. Profesor de Derecho Comercial, Facultad de Derecho, Universidad de Chile. Fue Síndico de Quiebras y actualmente es Liquidador, según la nómina establecida por la Ley. Nº 20.720.

4. Cristián Palacios Vergara - Prosecretario.

Abogado, Pontificia Universidad Católica de Chile. Magister en Derecho Privado, Universidad de Chile; LL.M. University of California, Davis. Profesor de Derecho Comercial. Ex Superintendente de Quiebras. Coautor del libro “Procedimientos Concursales”.

5. Carlos Concha Gutiérrez.

Abogado, Universidad de Chile. Magister en Economía, Notre Dame University. Profesor Titular del Departamento de Derecho Económico, Comercial y Tributario. Autor del libro “El Proceso de Quiebras”, entre otras publicaciones.

6. Juan Pablo Román Rodríguez.

Abogado, Pontificia Universidad Católica de Chile. Profesor de Derecho Comercial. Autor de diversas publicaciones entre ellas el libro “Instituciones de Derecho Comercial: Efectos de la Quiebra”.


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7. Christián Olguín Julio.

Abogado, Universidad de Chile. Profesor de Derecho Comercial, Facultad de Derecho, Universidad de Chile. Fue Síndico de Quiebras y actualmente es Liquidador, según la nómina establecida por la Ley. Nº 20.720.

8. Luis Felipe Castañeda Catalán.

Abogado, Universidad Diego Portales. Postgrado en Administración de Empresas, Universidad Adolfo Ibáñez y Diplomado en Derecho Mercantil Moderno, Facultad de Derecho, U. de Chile. Profesor de Derecho Comercial, Facultad de Derecho, Universidad Diego Portales.


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III. ÁMBITO DEL ENCARGO Y PLAN DE EXPOSICIÓN POR MATERIAS

El encargo a esta Subcomisión fue analizar la Ley de Reorganización y Liquidación Activos de Empresas y Personas - Nro. 20.720 -, que sustituyó la Ley de Quiebras contenida en el Libro IV del Código de Comercio y que entró en vigencia en el mes de Octubre del año 2014; estudiar su aplicación durante estos dos años de vigencia y, luego de un diagnóstico, levantar en términos generales, aquellas materias que requieren una adecuación o modificación normativa, para el perfeccionamiento de esta Ley Concursal.

Para los efectos de lo anterior, se les pidió un análisis individual a cada uno de los Subcomisionados, quienes formularon su diagnóstico y propuestas de adecuación normativa, sobre la base de las siguientes materias:

- Reglas en materia de competencia para conocer los Procedimientos Concursales.

- Procedimiento de Reorganización.

- Procedimiento de Liquidación, tanto de la Empresa como de la Persona Deudora.

- Procedimiento de Renegociación de Deudas de la Persona Deudora.

- Normas Regulatorias que requieren modificación.

Durante 6 sesiones esta Subcomisión desarrolló el trabajo encomendado, que se resume en el presente informe, con declaración que por tratarse de materias de la más alta complejidad, únicamente se han levantado los puntos o materias cuya aplicación práctica de la Ley, requieren de perfección, indicándose en la mayoría de los casos la forma en que deben corregirse, sin que ello signifique la formulación de un texto normativo de reemplazo.


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IV. DIAGNÓSTICO Y PROPUESTAS DE CAMBIO.

1. Reglas en materia de competencia para conocer los Procedimientos Concursales.

a) La Subcomisión advierte la necesaria especialización que deben tener los tribunales para conocer de los Procedimientos Concursales y constata que no obstante esfuerzo que hizo el legislador del año 2014, aún se requiere de una judicatura especializada, que está en línea con las legislaciones concursales más modernas del mundo.

Sobre el particular el artículo 3° de la Ley 20.720 señala:

Artículo 3º.- Competencia.

“Los Procedimientos Concursales contemplados en esta ley serán de competencia del juzgado de letras que corresponda al domicilio del Deudor, pudiendo interponer el acreedor el incidente de incompetencia del tribunal, de acuerdo a las reglas generales.

En las ciudades asiento de Corte la distribución se regirá por un auto acordado dictado por la Corte de Apelaciones respectiva, considerando especialmente la radicación preferente de causas concursales en los tribunales que cuenten con la capacitación a que se refiere el inciso siguiente.

Los jueces titulares y secretarios de los juzgados de letras que conozcan preferentemente de asuntos concursales deberán estar capacitados en derecho concursal, en especial, sobre las disposiciones de esta ley y de las leyes especiales que rijan estas materias.

Cada Corte de Apelaciones adoptará las medidas pertinentes para garantizar la especialización a que se refiere la presente disposición.

No obstante, los demás tribunales competentes estarán habilitados para conocer de asuntos concursales en el marco de sus atribuciones si, excepcionalmente y por circunstancias derivadas del sistema de distribución de trabajo, ello fuere necesario.

El tribunal al cual corresponda conocer de un Procedimiento Concursal de aquellos contemplados en esta ley, no perderá su competencia por el hecho de existir entre los acreedores y el Deudor personas que gocen de fuero especial.

Para los efectos de lo previsto en este artículo, la Academia Judicial coordinará la dictación de los cursos necesarios para la capacitación en derecho concursal de jueces titulares y secretarios de los juzgados de letras dentro del programa de perfeccionamiento de miembros del Poder Judicial establecido en la ley N° 19.346, que crea la Academia Judicial”.


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b) No obstante la capacitación que se realizó a los tribunales en esta materia, la Subcomisión ha podido constatar que, particularmente en los tribunales de regiones, ésta no ha sido del todo suficiente; además, el sobrecargo propio del conocimiento de una multiplicidad de materias del ámbito civil que hoy enfrentan los tribunales, sumado al hecho de la jurisdicción común que existe en algunos de regiones, se dificulta la celeridad que deben tener los Procedimientos Concursales, máxime aun que la nueva Ley contempla procedimientos concentrados y de resolución inmediata o dentro de plazos que son breves.

c) Advertido lo anterior, la Subcomisión propone que se estudie la alternativa que los Tribunales Tributarios y Aduaneros sean los competentes para conocer la totalidad de los Procedimientos de Liquidación, reservando para los Árbitros Concursales especializados, el conocimiento de los Procedimientos de Reorganización de Empresas Deudoras, sin perjuicio que en aquellos casos que el pasivo sujeto a reorganización sea inferior a UF 15.000, también podrían conocer estos procedimientos los primeros.

2. En cuanto a los Procedimientos Concursales de Reorganización.

a) En primer término, la Subcomisión observa que para enfrentar los problemas de la detección temprana de la insolvencia de las empresas, procurando su reorganización antes de que la crisis amague, dificulte y perjudique a los factores involucrados en ella, deben adoptarse medidas por parte de los administradores, que minimicen estos efectos, dando cuenta oportuna a los acreedores de la situación deficitaria de la empresa, mediante procedimientos pre concursales de alerta temprana que deben regularse.

b) Para que lo anterior no quede en el ámbito de una mera aspiración de conductas óptimas, la Subcomisión propone se estudie una normativa que responsabilice a los administradores de sociedades de personas, sociedades de responsabilidad limitada y sociedades por acciones, por las actuaciones culposas basadas en la falta de diligencia o deber de información, frente a sus acreedores, a fin de prever situaciones de insolvencia, sin haber adoptado todas las medidas necesarias, para no someter a la empresa a una crisis, incluyendo principalmente la medida de recurrir al tribunal, a fin de reorganizar la marcha de la misma. Esta normativa sería similar a la contenida en la InsolvencyAct, del derecho inglés, bajo la denominación del wrongful trading y su infracción podría traer consigo la prohibición de ejercer por determinado tiempo la calidad de Gerente; Administrador o Director de una Empresa Deudora.

c) En segundo lugar, la Subcomisión advierte que el Capítulo III de la Ley 20.720.- no contiene normas que regulen la apertura de los Procedimientos de Reorganización de empresas relacionadas; en efecto, en la práctica es perfectamente posible que distintos tribunales e incluso Veedores, conozcan las Reorganizaciones de distintas empresas pertenecientes a un mismo controlador, situación que provoca una alteración en el


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conocimiento y determinación que deban tomar los acreedores llamados a pronunciarse sobre las distintas propuestas de reorganización que al efecto se formulen. Además, resulta del todo necesario, mirar estos procesos como un solo todo, porque los efectos económicos que traen los eventuales acuerdos que se adopten, repercutirán en la totalidad de las Empresas Deudoras del Grupo en cuestión.

d) Para solucionar lo anterior, la Subcomisión propone se estudie una normativa que regule la apertura de un Procedimiento de Reorganización, donde se permita que éste sea único para todas las Empresas Deudoras relacionadas, con el mismo Veedor, regulándose además la celebración de Juntas Acreedores sucesivas llamadas a pronunciarse sobre las propuestas que se formulen, con votación bajo condición suspensiva que todas aprueben los respectivos Acuerdos de Reorganización, cuando así se determine por los acreedores y la Empresa Deudora en la propuesta de acuerdo.

e) En la misma línea de lo anterior, la Subcomisión considera que la sola presentación de apertura de un Procedimiento de Reorganización una Empresa, importará necesariamente, la intervención por parte del Veedor, de todas las Empresas Relacionadas con la proponente del Acuerdo, con las facultades que la norma que regule este efecto determine, precisándose el concepto de Empresas Relacionadas, ya que el concepto del artículo 100 de la Ley N° 18.045 al cual se remite la normativa concursal, resulta demasiado amplio.

f) En tercer lugar, existe preocupación por parte de la Subcomisión, respecto de la posibilidad que puedan verse afectados los derechos laborales mediante el uso de los créditos especiales afectos a la Protección Financiera Concursal (continuidad de suministro, operaciones de comercio exterior, financiamiento, venta de activos).

g) En efecto, las disposiciones que más adelante se consignan, regulan importantes modalidades operacionales que persiguen mantener en funcionamiento de la Empresa Deudora, mientras desarrolla la negociación con sus acreedores en el Procedimiento de Reorganización; a saber:

Párrafo 3. De la continuidad del suministro, de la venta de activos y de los nuevos recursos durante la Protección Financiera Concursal. Artículo 72.- Continuidad del suministro. Los proveedores de bienes y servicios que sean necesarios para el funcionamiento de la Empresa Deudora, cuyas facturas tengan como fecha de emisión no menos de ocho días anteriores a la fecha de la Resolución de Reorganización y en la medida que en su conjunto no superen el 20% del pasivo señalado en la certificación contable referida en el artículo 55, se pagarán preferentemente en las fechas originalmente convenidas, siempre que el respectivo proveedor mantenga el suministro a la Empresa Deudora, circunstancia que deberá acreditar el Veedor.


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En caso de no suscribirse el Acuerdo y, en consecuencia, se dictare la Resolución de Liquidación de la Empresa Deudora, los créditos provenientes de este suministro se pagarán con la preferencia establecida en el número 4 del artículo 2472 del Código Civil.

Artículo 73.- Operaciones de comercio exterior. Los que financien operaciones de comercio exterior de la Empresa Deudora se pagarán preferentemente en las fechas originalmente convenidas, siempre que esos acreedores mantengan las líneas de financiamiento u otorguen nuevos créditos para este tipo de operaciones, circunstancia que deberá acreditar el Veedor.

En caso que no se suscribiere el Acuerdo de Reorganización Judicial y, en consecuencia, se dictare la Resolución de Liquidación de la Empresa Deudora, los créditos provenientes de estas operaciones de comercio exterior se pagarán con la preferencia establecida en el número 4 del artículo 2472 del Código Civil.

Artículo 74.- Venta de activos y contratación de préstamos durante la Protección Financiera Concursal. Durante la Protección Financiera Concursal, la Empresa Deudora podrá vender o enajenar activos cuyo valor no exceda el 20% de su activo fijo contable, y podrá adquirir préstamos para el financiamiento de sus operaciones, siempre que éstos no superen el 20% de su pasivo señalado en la certificación contable referida en el artículo 55.

La venta, enajenación o contratación de préstamos que excedan los montos señalados en el inciso anterior, así como toda operación con Personas Relacionadas con la Empresa Deudora, requerirá la autorización de los acreedores que representen más del 50% del pasivo del Deudor.

Los préstamos contratados por la Empresa Deudora en virtud de este artículo no se considerarán en las nóminas de créditos y se pagarán preferentemente en las fechas convenidas, siempre que se utilicen para el financiamiento de sus operaciones, circunstancia que deberá acreditar el Veedor.

En caso de no suscribirse el Acuerdo y, en consecuencia, se dictare la Resolución de Liquidación de la Empresa Deudora, estos préstamos se pagarán con la preferencia establecida en el número 4 del artículo 2472 del Código Civil.

h) Como se indicó, los créditos de esta especie que se generen durante la llamada Protección Financiera Concursal, podrían afectar los créditos laborales en el evento que no prospere el Acuerdo y el procedimiento derive en una Liquidación de la Empresa Deudora; para estos efectos, la Subcomisión sugiere que en el artículo 76 se incorpore una norma que imponga el resguardo de éstos por parte del Veedor, quien debe proteger los intereses de todos los acreedores en el proceso.


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i) En cuarto lugar, la Subcomisión observa que no existe una actuación judicial uniforme cuando se trata de votar un tratamiento más favorable a algunos acreedores dentro de la misma clase. Sobre el particular cabe recordar que el artículo 64 señala lo siguiente:

En las propuestas de Acuerdo de Reorganización Judicial se podrán establecer condiciones más favorables para algunos de los acreedores de una misma clase o categoría, siempre que los demás acreedores de la respectiva clase o categoría lo acuerden con Quórum Especial, el cual se calculará únicamente sobre el monto de los créditos de estos últimos.

j) Se ha observado que en algunos tribunales erróneamente se vota primero la excepción o el trato más favorable para algunos acreedores y luego el Acuerdo en General, en circunstancia que el trato diferenciador solo requiere un Quórum Especial, en tanto que para adoptar el Acuerdo de Reorganización se requiere un Quórum Compuesto; esto es: El consentimiento del Deudor y el voto conforme de los dos tercios o más de los acreedores presentes, que representen al menos dos tercios del total del pasivo con derecho a voto correspondiente a su respectiva clase o categoría. Artículo 79 inciso segundo.

k) Existen buenas razones prácticas para considerar válido que primero se debiera votar el trato más favorable para algunos acreedores y con posterioridad el Acuerdo, máxime aun si el eventual acreedor beneficiado es mayoritario y determinante en el quórum de aprobación; sin embargo, el principio de igualdad que siempre debe estar presente en los Procedimientos Concursales, impone la necesidad considerar el trato más favorable como una excepción, que debe ser aprobada por los demás acreedores una vez que se ha acordado la Reorganización y no antes. En consideración a lo anterior, la Subcomisión propone se redacte una disposición aclaratoria en los artículos 64 y 79.

l) En quinto lugar, la Subcomisión observa que se han presentado problemas respecto del acreedor omitido por la Empresa Deudora en el listado de pasivos y que no verifica dentro de plazo. Sobre el particular, el artículo 70 señala:

“Los acreedores tendrán un plazo de ocho días contado desde la notificación de la Resolución de Reorganización a que se refiere el artículo 57 para verificar sus créditos ante el tribunal que conoce del procedimiento. Con tal propósito, deberán acompañar los títulos justificativos de éstos, señalando, en su caso, si se encuentran garantizados con prenda o hipoteca y el avalúo comercial de los bienes sobre los que recaen las garantías. No será necesaria verificación alguna si los créditos y el avalúo comercial de las garantías se encontraren señaladas, a satisfacción del acreedor, en el estado de deudas a que se refiere el número 4) del artículo 56 publicado en el Boletín Concursal”.

m) No obstante que algunos Subcomisionados sostienen que conforme al claro tenor los artículos 66 (Los Acuerdos sólo afectarán a los acreedores cuyos créditos se originen con anterioridad a la Resolución de Reorganización regulada en el artículo 57. Los créditos que se originen con posterioridad no serán incluidos en el Acuerdo de Reorganización Judicial) y 91 (El Acuerdo, debidamente aprobado, obliga al Deudor y a todos los acreedores de cada clase o categoría de éste, hayan o no concurrido a la Junta que lo acuerde), la Subcomisión


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estimo necesario introducir al Procedimiento de Reorganización una norma similar a la contenida en el artículo 205 del Libro IV del Código de Comercio:

Los acreedores cuyos créditos sean anteriores a la fecha de la resolución recaída en la presentación de las proposiciones o en la solicitud de designación de un experto facilitador, en su caso, pero que no los hubieren verificado oportunamente, podrán demandar que se cumpla el convenio a su favor, mientras no se encuentren prescritas las acciones que de él resulten, mediante un procedimiento incidental que se seguirá con el deudor, ante el tribunal que conoció del convenio.

n) En sexto lugar, la Subcomisión estimó necesario introducir una norma que regule la presentación de un segundo texto de propuesta de Acuerdo de Reorganización Judicial antes de la Junta de Acreedores, dado que en la práctica, las Juntas se postergan y el texto inicialmente presentado sufre necesariamente modificaciones, que no son debidamente visadas por el Veedor, como lo ordena el artículo 57 N°8.

o) Finalmente; la Subcomisión consideró necesario hacer un estudio en relación con los plazos que para algunas actuaciones han resultado demasiado cortos (verificaciones de créditos, y acreditación de personerías en especial para el acreedor extranjero), máxime aún que en aquellas Reorganizaciones que son más complejas, se extienden los plazos de Protección Financiera Concursal y convocatoria a la Junta de Acreedores.

3. En cuanto a los Procedimientos Concursales de Liquidación de la Empresa

o Persona Deudora.

a) En primer término, cabe hacer presente que la Subcomisión se abocó al estudio de la causal de liquidación forzosa establecida en el artículo 117 N° 1, en específico, de la norma que prohíbe invocar esta causal, a los deudores por garantía.

El Artículo 117 que se refiere al ámbito de aplicación y causales de liquidación, señala:

Cualquier acreedor podrá demandar el inicio del Procedimiento Concursal de Liquidación de una Empresa Deudora en los siguientes casos:

- Si cesa en el pago de una obligación que conste en título ejecutivo con el acreedor solicitante. Esta causal no podrá invocarse para solicitar el inicio del Procedimiento Concursal de Liquidación respecto de los fiadores, codeudores solidarios o subsidiarios, o avalistas de la Empresa Deudora que ha cesado en el pago de las obligaciones garantizadas por éstos.

b) En este análisis se formularon interesantes fundamentos en favor y en contra de la disposición citada; no obstante constatar que esta norma no ha provocado problemas en la práctica, por cuanto los acreedores financieros - que normalmente son los mayoritarios - no


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requerían las peticiones de quiebra a los deudores por garantía en el antiguo régimen concursal, se consideró necesario reservar este estudio para un análisis posterior, donde se tenga a la vista la historia fidedigna del establecimiento de la Ley y los estudios que respaldaron esta iniciativa legislativa.

c) En segundo término, la Subcomisión consideró necesario complementar la causal de liquidación prevista en el Nro., 3 del citado artículo 117, en lo que dice relación con la fuga del deudor y la modalidad de notificación de la petición de liquidación forzosa, que se funda en esta causa.

d) En tercer lugar, la Subcomisión analizó algunas situaciones prácticas originadas en el procedimiento de determinación del pasivo y, no obstante existir claridad en la norma del artículo 170 respecto de quienes son los llamados a verificar los créditos, se consideró necesario incorporar la expresión todos los acreedores, "sin excepción alguna", que establecía el artículo 131 del Libro IV del Código de Comercio.

e) Seguidamente y, en cuarto lugar, la Subcomisión sostuvo que cuando el artículo 120 N° 2 letra c) establece como alternativa a la solicitud de liquidación forzosa, acogerse expresamente al Procedimiento Concursal de Reorganización, no contiene la forma en que este derecho se hace valer en la Audiencia Inicial. En consecuencia, se tiene que precisar con mayor propiedad en la referida norma, la forma de cómo debe realizarse este tránsito al referido procedimiento de alternativa.

f) En quinto lugar, se constató que la norma del artículo 122 de la Ley, que contempla la prueba pericial en el juicio de oposición, no se ajusta a los tiempos concursales y puede tornarse casi imposible de cumplir; en consecuencia, se precisa una regulación mas clara para hacer posible la presentación de este medio de prueba.

g) En cuanto a la sentencia interlocutoria de prueba en el juicio de aposición, que se consagra en los artículos 124 y 125, la Subcomisión estima que existe una antinomia que debe enmendarse:

- En el art. 124 se dice que la reposición será dentro de tercero día mientras que en el art. 125 se señala que el recurso debe tramitarse y resolverse en la misma Audiencia Inicial. Pareciera que la segunda alternativa refleja verdaderamente el sentido de la legislación; en consecuencia, la Subcomisión estima que deben ajustarse estas disposiciones.

h) La Subcomisión estima que el régimen actual de objeciones e impugnaciones de créditos y preferencias, que se regula en los artículos 174 y 175, importa una carga tal de apuro al tribunal que, en los hechos, las impugnaciones se fallan con poquísima profundidad jurídica. En consecuencia, se estima necesario regular un régimen que, aunque importe más tiempo, permita que las resoluciones se dicten en forma adecuada.


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i) Finalmente y, conforme al uso indiscriminado del Procedimiento de Liquidación Voluntaria que actualmente se realiza en la práctica, la Subcomisión estima que el efecto extintivo de los saldos insolutos que establece el artículo 255, debe regularse con mayor propiedad estableciendo a los menos los siguientes elementos o condiciones:

- Se debe distinguir si ha mediado buena fe por parte del Deudor; requisito que debe normarse para determinar cuándo se está o no de buena fe

- Se debe haber pagado a lo menos una parte de los créditos (a determinar), con el producto de la venta de los bienes del deudor.-

- El efecto extintivo no podrá operar respecto de los acreedores por garantía que hayan iniciado sus acciones de cobro en contra de los respectivos garantes, durante la vigencia del Procedimiento de Liquidación del deudor principal. Del mismo modo, el efecto extintivo debe ser limitado, es decir, no debiese ser procedente respecto de todas y cada una de las deudas u obligaciones concursadas. De esta forma, el beneficio NO operaría respecto de aquellas derivadas del Derecho de Familia, cotizaciones previsionales y créditos que se hubieren generado fraudulentamente, presumiendo el fraude (de modo simplemente legal) si el crédito hubiese sido contraído por el deudor durante el plazo de 90 días previo al inicio del procedimiento

- Finalmente y dado que el efecto extintivo se refiere a un beneficio establecido a favor del deudor, se estima pertinente que dicho beneficio quede desvinculado de la rendición de Cuenta Final de Administración por parte del Liquidador del concurso. De esta manera, con independencia tanto de la presentación como del resultado final de esa rendición, el efecto extintivo procederá y deberá ser declarado por el tribunal que conoce del procedimiento liquidatorio. Esta sugerencia se sostiene además, al recordar que el tratamiento de la Cuenta Final es un aspecto que interesa, principalmente, a los acreedores y a la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, de modo tal que no parece adecuado demorar un beneficio que opera a favor del deudor.

4. En cuanto a los Procedimientos Concursales de Renegociación de la Persona Deudora.

La Subcomisión estima que el régimen actual ha dado buenos resultados, sin embargo, debe precisarse en los artículos 260 y 261 que no cabe considerar como obligaciones, aquellas emanadas de pensiones alimenticias y créditos de educación otorgados o avalados por el Estado.; estos créditos deben pagarse íntegramente y sin que pueda mediar una renegociación para su pago, amparado en el Procedimiento que regulan los citados preceptos.


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5. En cuanto a las Normas Regulatorias que requieren modificación.

Cuando se promulgó esta Ley, quedó un aspecto de orden regulatorio que es necesario modificar - La Circular Nro. 3.503 de fecha 12 de Agosto del año 2010, correspondiente al Compendio de Normas Contables (Capítulo B-1), emanada de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras - que establece una normativa para constituir las provisiones de las colocaciones que “constituyen los activos que deben incluirse en los rubros ‘Adeudado por Bancos’ y ‘Créditos y cuentas por cobrar a clientes’.” Esta norma regulatoria mantiene el criterio de señalar como parámetro de provisión de a lo menos una clasificación C6 los créditos de las Empresas que inician un procedimiento Concursal, con lo cual se pone una barrera de acceso innecesaria, castigando a las Empresas que siendo viables requieren de una reorganización financiera. La Subcomisión considera necesario instar por una modificación a esta norma regulatoria proponiendo que una vez expirada la “protección financiera concursal”, o bien, culminado que sea el procedimiento de renegociación, los Bancos o entidades financieras, reclasifiquen la respectiva cartera en función del objeto o contenido del acuerdo adoptado por los acreedores, que puede comprender distintas modalidades e incluso la incorporación de garantías que originalmente no existían. De esta forma no se castiga el inicio del Procedimiento Concursal porque se mantiene la clasificación de la cartera de créditos, la cual solo variará al adoptarse el Acuerdo de Reorganización o Renegociación en su caso, si así correspondiere.

V.- ANEXOS

Estadísticas sobre Procedimientos Concursales de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento.

REPORTE DE ESTADÍSTICAS PERIODO: 9 DE OCTUBRE DE 2014 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

UNIDAD DE ESTUDIOS Y ESTADÍSTICAS SUPERINTENDENCIA DE INSOLVENCIA Y REEMPRENDIMIENTO

2

Contenido

I. Comparación primeros años de entrada en vigencia de la Ley N.° 20.720 ................................. 4

A. Procedimiento Concursal de Renegociación de persona deudora .......................................... 4

B. Procedimiento Concursal de Liquidación de bienes de persona deudora .............................. 5

C. Procedimiento Concursal de Reorganización de empresa deudora ....................................... 6

D. Procedimiento Concursal de Liquidación de activos de empresa deudora ............................ 7

II. Estadísticas Procedimientos Concursales de persona deudora .................................................. 8

A. Procedimiento Concursal de Renegociación ........................................................................... 8

1. Cifras relativas a Renegociación .......................................................................................... 8

a) Distribución procedimiento, según regiones .................................................................. 8

b) Audiencias del procedimiento ....................................................................................... 10

c) Distribución procedimiento, según estado ................................................................... 10

d) Tiempo de tramitación promedio del procedimiento ................................................... 11

2. Caracterización de las personas deudoras ........................................................................ 12

a) Sexo ............................................................................................................................... 12

b) Tramo etario .................................................................................................................. 12

c) Situación laboral ............................................................................................................ 13

d) Ingresos mensuales ....................................................................................................... 14

3. Cifras relativas al pasivo ....................................................... ¡Error! Marcador no definido.

a) Pasivo promedio ............................................................... ¡Error! Marcador no definido.

b) Tipos de créditos reconocidos ....................................................................................... 15

c) Tipos de acreedores ...................................................................................................... 15

d) Pasivo promedio por acreedores .................................................................................. 16

B. Procedimiento Concursal de Liquidación de bienes .............................................................. 17

1. Cifras relativas a Liquidación de bienes ............................................................................ 17

a) Distribución procedimiento, según regiones ................................................................ 17

b) Categorías de procedimientos ...................................................................................... 18

2. Caracterización de las personas deudoras ........................................................................ 19

a) Sexo ............................................................................................................................... 19

b) Tramo etario .................................................................................................................. 19

c) Situación laboral ............................................................................................................ 19

d) Ingresos mensuales ....................................................................................................... 19

3. Cifras relativas al pasivo ....................................................... ¡Error! Marcador no definido.

a) Pasivo promedio ............................................................................................................ 20

C. Síntesis caracterización personas deudoras que se acogen a los procedimientos ........ ¡Error! Marcador no definido.

III. Estadísticas Procedimientos Concursales de empresa deudora ........................................... 21

A. Procedimiento Concursal de Reorganización ........................................................................ 21

1. Cifras relativas a Reorganización ....................................................................................... 21

3


b) Distribución procedimiento, según estado ...................... ¡Error! Marcador no definido.

c) Objetos del acuerdo de Reorganización ........................................................................ 22

d) Tiempo de tramitación promedio del procedimiento ................................................... 22

e) Pasivo promedio ............................................................................................................ 23

2. Caracterización de las empresas deudoras ....................................................................... 24

a) Tamaño de las empresas deudoras que acceden a Reorganización ............................. 24

b) Rubro económico de las empresas deudoras que acceden a Reorganización .............. 25

c) Número de trabajadores de las empresas deudoras que acceden a Reorganización ... 25

B. Procedimiento Concursal de Liquidación de activos ............................................................. 26


b) Categorías de procedimientos ...................................................................................... 27

2. Caracterización de las empresas deudoras ....................................................................... 28

a) Tamaño de las empresas deudoras que acceden a Liquidación de activos .................. 28

b) Rubro económico de las empresas deudoras que acceden a Liquidación .................... 29

c) Número de trabajadores de las empresas deudoras que acceden a Liquidación ......... 29

3. Cifras relativas al pasivo .................................................................................................... 29

a) Pasivo promedio ............................................................................................................ 29

IV. Atención al público ................................................................................................................ 31

A. Atenciones presenciales ........................................................................................................ 31

B. Atenciones telefónicas .......................................................................................................... 32

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I. Comparación primeros años de entrada en vigencia de la Ley N.° 20.720

A. Procedimiento Concursal de Renegociación de persona deudora

Desde la entrada en vigencia de la Ley N.° 20.720 al 30 de septiembre de 2016, se han acogido a tramitación 1.714 procedimientos a nivel nacional.

En el primer año de vigencia de la Ley N.° 20.720, se acogieron a tramitación 735 procedimientos de Renegociación(43%) y en el segundo año, 979 procedimientos (57%), es decir, hubo un aumento de un 33% en la cantidad de Renegociaciones iniciadas.

Cuña: La renegociación implica una serie de ventajas para el deudor y sus acreedores, porque se pacta un nuevo calendario de pago, que le permite al deudor cumplir con sus acreedores, pero de acuerdo a sus reales capacidades económicas, lo que se traduce, en general, en mejores condiciones y plazos para el pago. Es importante estar informado y actuar oportunamente, más de 1000 personas han renegociado evitando el eventual embargo de sus bienes. La renegociación es una oportunidad para evitar que el conflicto entre acreedores y deudores se judicialice.

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B. Procedimiento Concursal de Liquidación de bienes de persona deudora

Desde la entrada en vigencia de la Ley N.° 20.720 al 30 de septiembre de 2016, se han acogido a tramitación 1.056procedimientos a nivel nacional.

En el primer año de vigencia de la Ley N.° 20.720, se acogieron a tramitación 140 procedimientos de Liquidación de bienes (13%) y en el segundo año, 916 procedimientos (87%), es decir, casi se septuplicó la cantidad de Liquidaciones de bienes iniciadas.

Cuña: El aumento de las liquidaciones en el tiempo, que se consolida este año 2016 tienen que ver con la difusión que ha realizado esta Superintendencia a nivel nacional, a objeto de informar a la ciudadanía de los derechos y herramientas disponibles que le asisten para hacer frente a su situación de insolvencia, los primeros meses de la ley, este procedimiento tardó en ser usado, pero cada día es más conocida por los abogados y abogadas del país.

A diferencia de la renegociación, las personas deudoras que se acojan a la liquidación voluntaria no cuentan con las condiciones para pactar un nuevo calendario de pago y ponen sus bienes a disposición de la liquidación para que sus acreedores se paguen con estos bienes.

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C. Procedimiento Concursal de Reorganización de empresa deudora

Desde la entrada en vigencia de la Ley N.° 20.720 al 30 de septiembre de 2016, se han acogido a tramitación 94 procedimientos a nivel nacional.

En el primer año de vigencia de la Ley N.° 20.720, se acogieron a tramitación 36 procedimientos de Reorganización (38%) y en el segundo año, 58 procedimientos (62%), es decir, hubo un aumento de un 61% en la cantidad de Reorganizaciones iniciadas.

Cuña: Destacar el aumento progresivo de este procedimiento para las grandes empresas, (La Araucana, Calzados Beba) que evitan llegar a la liquidación de la empresa, buscando la protección concursal y la reestructuración de su pasivo, vale decir, acuerdan deudor y acreedores nuevas formas de pago que permiten a la empresa seguir funcionando.

En relación a este punto, es importante recordar que con la antigua legislación contenida en el Libro IV del Código de Comercio, solo se registraba un promedio total de 10 convenios tramitados anualmente, lo que daba cuenta de lo anacrónica que resultaba la normativa al momento de establecer medios de recuperación y salvataje empresarial. Además, la nueva ley permite que exista un mejor ambiente de negociación a través de la protección financiera concursal, que suspende provisoriamente los juicios hasta por 100 días. Sobre un 70 por ciento de las reorganizaciones contemplan la continuidad del giro de la empresa.

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D. Procedimiento Concursal de Liquidación de activos de empresa deudora


En el primer año de vigencia de la Ley N.° 20.720, se acogieron a tramitación 218 procedimientos de Liquidación de activos (27%) y en el segundo año, 582 procedimientos (73%), es decir, más que se duplicó la cantidad de Liquidaciones de activos iniciadas.

El promedio de quiebras tramitadas con la legislación anterior ascendía a un total de 140, lo que daba cuenta de que el deudor prefería simplemente “bajar la cortina” a someterse a un cierre formal. En este sentido, es importante recordar que la muerte del emprendimiento no implica la muerte del emprendedor, por lo que el aumento de liquidaciones con la nueva normativa puede verse como un hito positivo, ya que permite sanear la situación patrimonial de los deudores, permitiéndoles reemprender con mayor experiencia y fuerza que la primera vez, y que el emprendimiento fallido no signifique su fracaso terminal, sino una fuente de experiencia y aprendizaje que se pueda volcar al próximo emprendimiento.

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II. Estadísticas Procedimientos Concursales de persona deudora

A. Procedimiento Concursal de Renegociación

1. Cifras relativas a Renegociación

a) Distribución procedimiento, según regiones


Al observar la distribución a nivel nacional, se aprecia que la Región Metropolitana concentra el 60,3% de los procedimientos (1.033) y en las catorce regiones restantes el 39,7% de los procedimientos (681).

Seguido de la Región Metropolitana, se observa que la región de Atacama es la que concentra la mayor cantidad de procedimientos (86), seguido de Tarapacá (79) y Valparaíso (79).

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b) Audiencias del procedimiento

Se celebraron un total de 3.262 audiencias, las que corresponden a 1.613 audiencias de determinación del pasivo, 1.499 audiencias de renegociación y 150 audiencias de ejecución. De éstas se ha llegado a acuerdo en un 99,3%, 89,6% y 36,7% respectivamente.En resumen, considerando las tres audiencias, se logró acuerdo en un 91,9% de los casos, es decir, en 2.999 audiencias.

Cuña: Destacar la efectividad de los acuerdos, una vez que las personas se acogen a este procedimiento gratuito, donde tanto deudor como acreedores, buscan que exista un acuerdo final beneficioso para ambas partes.

Las estadísticas dan cuenta que los consumidores chilenos tienen la intención de hacer frente a sus obligaciones y responder frente a sus acreedores, acorde a sus posibilidades reales de pago. La alta tasa del uso y acuerdo en las distintas audiencias del Procedimiento de Renegociación constituyen, en este sentido, una potente y positiva señal.

Una tasa sobre el 90% de acuerdos habla de la efectividad de un sistema concursal que permite que una persona que ingresa a él siendo moroso egresa de este siendo un deudor al día en la gran mayoría de los casos.

c) Distribución procedimiento, según estado

La distribución de los procedimientos iniciados, según estado corresponde a un 16,6% de procedimientos vigentes, 77,3% terminados y 6,1% término anticipado.

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d) Tiempo de tramitación promedio del procedimiento

En 24 meses de entrada en vigencia de la Ley N°20.720, finalizaron 1.325 procedimientos de Renegociación. En el gráfico siguiente se observa su distribución, según fecha de publicación de la resolución de término y los días de tramitación, que en promedio alcanzan 70 días.

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2. Caracterización de las personas deudoras

a) Sexo

El 58,9% corresponde a hombres y el 41,1% a mujeres.

Sexo Frecuencia Porcentaje (%) Hombres 1.008 58,8% Mujeres 706 41,2% Total 1.714 100%

b) Tramo etario

La mayor concentración se da en el tramo etario que fluctúa entre los 30 y 44 años con un 48,0%, seguido del tramo cuyas edades oscilan entre los 45 y 59 años con un 28,6%, el tramo que comprende desde los 60 años con un 13,7% y, por último, el tramo etario que abarca desde los 18 a los 29 años con un 9,7%.

Tramo etario Frecuencia Porcentaje (%) 18 a 29 años 166 9,7% 30 a 44 años 823 48,0% 45 a 59 años 490 28,6% 60 años y más 235 13,7% Total 1.714 100%

Cuña: En este sentido, hemos focalizado nuestra difusión en aquellos grupos de usuarios objetivos que muestran una menor tasa de uso de las herramientas, como lo son la tercera edad, los jóvenes y las mujeres. Es por lo anterior que hemos trabajado codo a codo con el INJUV y el SENAMA para socializar la nueva normativa con este tipo de usuarios.

Actualmente la SIyR está precisamente difundiendo los derechos que establece la nueva ley concursal, especialmente entre los adultos mayores, los jóvenes, las mujeres y los emprendedores. Lo que buscamos con ello, es que las personas puedan decidir oportuna y conscientemente, el momento y la vía para hacer efectivos sus derechos y deberes, cumpliendo con sus acreedores y dejando detrás la morosidad.

Como institución estamos convencidos que nuestra labor no se agota en garantizar el ejercicio de los derechos, sino que también debemos asumir el desafío que significa acercar estos derechos a los ciudadanos y ciudadanas.

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c) Situación laboral

El 77,4% era trabajador/a dependiente al someterse al procedimiento, el 10,1% jubilado/a, pensionado/a o montepiado/a, el 5,3% cesante, 3,6% trabajadores/as independientes, 3,0% dueñas de casa y el 0,6% estudiantes.

Situación laboral Frecuencia Porcentaje (%) Cesante 91 5,3% Dueña de casa 51 3,0% Estudiante 11 0,6% Jubilado/a, Pensionado/a o Montepiado/a 173 10,1% Trabajador/a dependiente 1.327 77,4% Trabajador/a independiente 61 3,6% Total 1.714 100,0%

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a) Ingresos mensuales

El 54,8% recibe un ingreso líquido mensual inferior a $500.000.-‐

Tramos de ingresos Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado

$0-‐$250.000 372 21,7% 21,7% $250.001-‐$500.000 568 33,1% 54,8% $500.001-‐$750.000 361 21,1% 75,9% $750.001-‐$1.000.000 180 10,5% 86,4% $1.000.001-‐$1.250.000 101 5,9% 92,3% $1.250.001-‐$1.500.000 57 3,3% 95,6% $1.500.001-‐$1.750.000 27 1,6% 97,2% $1.750.001-‐$2.000.000 13 0,8% 98,0% Más de $2.000.000 35 2,0% 100,0%

Total 1.714 100,0% -‐

3. Cifras relativas al pasivo

a) Pasivo promedio

Con base en las audiencias de Renegociación, se obtiene la siguiente información:

El promedio pasivo asciende a $26.371.079. El de los hombres es un 36,3% superior al de las mujeres.

Promedio pasivo hombres: $29.684.272.-‐

Promedio pasivo mujeres: $21.775.871.-‐

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b) Tipos de créditos reconocidos

Los créditos reconocidos en 1.499 audiencias de renegociación ascienden a $39.530 millones, los que se distribuyen en un 71,1% que corresponde a créditos valistas, seguido de un 27,6% de créditos hipotecarios y un 1,3% a créditos prendarios.

Cuña: Esta estadística da cuenta de una realidad positiva, cual es, que los acreedores garantizados, teniendo la posibilidad para retirarse del acuerdo de renegociación, en la práctica no lo hacen. En tal sentido, vemos reflejado una vez más la confianza que depositan los actores involucrados en la buena fe inherente al procedimiento concursal de renegociación

c) Tipos de acreedores

En el gráfico siguiente se aprecia la distribución del pasivo según las categorías de acreedores, en él destaca que el 74,3% de los pasivos reconocidos se concentra en Bancos, un 12,5% en el Retail, un 5,3% en Seguridad social, un 3,2% en Cooperativas de ahorro y crédito, un 1,9% en Servicios financieros, un 0,9% en Enseñanza y un 1,9% en otras categorías1.

1 En otras categorías se considera: Seguros y pensiones, Otros (Servicios de bienestar y otros préstamos), Automotoras, Servicios de salud, Cementerios, Inmobiliarias, Transporte, Suministro de electricidad, gas y agua y telecomunicaciones; Servicios públicos y personas naturales.

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Adicionalmente, la proporción de personas deudoras que tienen algún pasivo reconocido según cada tipo de acreedores, se observa en el gráfico siguiente, donde se revela que un 96,3% de quienes han renegociado tenían alguna deuda con Bancos, un 92,3% con el Retail y un 54,1% con seguridad social.

d) Pasivo promedio por acreedores

Según tipo de acreedores, el mayor pasivo promedio corresponde a Bancos con $20,4 millones, seguido de Cooperativas de ahorro y crédito con $5,5 millones,luegoEnseñanza con $3,6 millones y,Retail y Servicios financieros con alrededor de $3,5 millones cada uno.

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B. Procedimiento Concursal de Liquidación de bienes de Persona Deudora

1. Cifras relativas a Liquidación de bienes



Al observar la distribución a nivel nacional, se aprecia que la Región Metropolitana concentra el 54,3% de los procedimientos (573) y en las catorce regiones restantes el 45,7% de los procedimientos (483).

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Posterior a la Región Metropolitana, se observa que la región del Biobío es la que concentra una mayor cantidad de procedimientos (123), seguido de Maule (81) y Valparaíso (66).

b) Categorías de procedimientos

En el siguiente gráfico se observa que, de los 1.056 procedimientos de liquidación de bienes, un 93,7% corresponde a Liquidaciones voluntarias (990) y un 6,3% a Liquidaciones reflejas (66).

Cuña: Al hablar de Liquidaciones reflejas nos referimos a todos aquellos procedimientos que, sin tener su origen directo en la solicitud de la liquidación de la Persona Deudora, han derivado en este tipo de procedimientos (tales como, por ejemplo, los términos anticipados en los procedimientos de renegociación).

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2. Caracterización de las personas deudoras

a) Sexo

El 62,6% corresponde a hombres y el 37,4% a mujeres.

Sexo Frecuencia Porcentaje (%) Hombres 661 62,6% Mujeres 395 37,4% Total 1.056 100%

b) Tramo etario

La mayor concentración se da en el tramo etario que fluctúa entre los 30 y 44 años con un 53,2%, seguido del tramo cuyas edades oscilan entre los 45 y 59 años con un 24,6%, el tramo que abarca desde los 18 a los 29 años con un 13,4% y, por último, el que comprende desde los 60 años con un 8,7%.

Tramo etario Frecuencia Porcentaje (%) 18 a 29 años 142 13,4% 30 a 44 años 562 53,2% 45 a 59 años 260 24,6% 60 años y más 92 8,7% Total 1.056 100,0%

c) Situación laboral

El 66,3% era trabajador/a dependiente al someterse al procedimiento, el 12,8% cesante; 5,1% trabajadores/as independientes; 4,4% jubilado/a, pensionado/a o montepiado/a;el 1,9% dueñas de casa y el 0,3% estudiantes.

Situación laboral Frecuencia Porcentaje (%) Cesante 131 12,4% Dueña de casa 19 1,8% Estudiante 3 0,3% Jubilado/a, Pensionado/a o Montepiado/a 48 4,5% Trabajador/a dependiente 766 72,5% Trabajador/a independiente 58 5,5% Sin información 31 2,9% Total 1.056 100,0%

a) Ingresos mensuales

El 47,2% recibe un ingreso líquido mensual inferior a $500.000.

Tramos de ingresos Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado

20

$0-‐$250.000 207 19,6% 19,6% $250.001-‐$500.000 291 27,6% 47,2% $500.001-‐$750.000 213 20,2% 67,3% $750.001-‐$1.000.000 129 12,2% 79,5% $1.000.001-‐$1.250.000 61 5,8% 85,3% $1.250.001-‐$1.500.000 37 3,5% 88,8% $1.500.001-‐$1.750.000 18 1,7% 90,5% $1.750.001-‐$2.000.000 10 0,9% 91,5% Más de $2.000.000 18 1,7% 93,2% Sin información 72 6,8% 100,0%

Total 1.056 100,0% -‐

b) Pasivo promedio

Con base en los 93 procedimientos finalizados de Liquidación de bienes, se obtiene que el total del pasivo reconocido asciende a $2.361 millones. En tanto que el promedio del pasivo corresponde a $25.388.169.-‐

Al considerar las diferencias según sexo, se revela que el promedio del pasivo de los hombres casi triplica al de las mujeres.

Promedio pasivo hombres: $33.361.039.-‐

Promedio pasivo mujeres: $12.175.985.-‐

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III. Estadísticas Procedimientos Concursales de empresa deudora

A. Procedimiento Concursal de Reorganización

1. Cifras relativas a Reorganización


Desde la entrada en vigencia de la Ley N.° 20.720 al 30 de septiembre de 2016, se han acogido a tramitación 94 procedimientos a nivel nacional en los Tribunales de Justicia.

Al observar la distribución a nivel nacional, se aprecia que la Región Metropolitana concentra el 69,1% de los procedimientos (65) y en nueve regiones el 30,9% de los procedimientos (29).

Sin considerar a la Región Metropolitana, se observa que la región deValparaíso es la que concentra una mayor cantidad de procedimientos (9), seguido de Coquimbo, Biobío y La Araucanía (4 cada uno).

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b) Objetos del acuerdo de Reorganización

De los 51 procedimientos que se encuentran con acuerdo aprobado, el 62,7% tuvo por objeto la Continuidad del giro (32), el 27,5% la Continuidad del giro y la Liquidación parcial de activos (14), el 7,8% la Liquidación ordenada de activos (4) y el 2,0% al pago total de las deudas (1).

c) Tiempo de tramitación promedio del procedimiento

En 24 meses de entrada en vigencia de la Ley N°20.720, se llegó a acuerdo en 51procedimientos de Reorganización. En el gráfico siguiente se observa su distribución, según fecha de aprobación del acuerdo y los días de tramitación, que en promedio alcanzan 98 días.

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d) Pasivo promedio

Con base en los 51 procedimientos con acuerdo aprobado de Reorganización, se obtiene que el total del pasivo reconocido asciende a $767.634 millones. En tanto que el promedio del pasivo corresponde a $15.051.640.817($15.052 millones).

Cuña: Como señalamos anteriormente, el promedio anual de convenios tramitados con la antigua legislación ascendía únicamente a 10 procedimientos anuales, lo que daba cuenta del bajo uso de la herramienta. Recordemos que el objeto de la reorganización es el salvataje empresarial y la mantención de la unidad productiva en funcionamiento. El buen uso de este procedimiento no solo permite que la persona jurídica se mantenga como un factor creador de riquezas para la economía, sino que además permite que los trabajadores mantengan su fuente laboral y de ingresos vigente.

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2. Caracterización de las empresas deudoras

a) Tamaño de las empresas deudoras que acceden a Reorganización

En el siguiente gráfico se aprecia que las empresas que han iniciado procedimientos de Reorganización, corresponden principalmente a Grandes empresas con un 47,7%, seguido de medianas empresas con un 21,6%, pequeñas empresas con un 14,8%, microempresas con un 12,5% y sin ventas2 con un 3,4%

2 Sin ventas corresponde a los contribuyentes cuya información tributaria declarada al Servicio de Impuestos Internos (SII) no permite determinar un monto estimado de ventas.

25

b) Rubro económico de las empresas deudoras que acceden a Reorganización

El rubro económico de las empresas que se encuentran sujetas a Reorganización, corresponde principalmente a Comercio al por mayor y menor con un 26,6% de los procedimientos, seguido de Construcción con un 19,1%, Industrias manufactureras no metálicas con un 17,0% y Agricultura, ganadería, caza y silvicultura con un 11,7%. El resto de los rubros económicos concentran menos de un 8% de los procedimientos cada uno.

c) Número de trabajadores de las empresas deudoras que acceden a Reorganización

Las 94 empresas que han iniciado un procedimiento de Reorganización cuentan con un total de 30.284 trabajadores, es decir, con aproximadamente 322 trabajadores en promedio.

Considerando solo a aquellas 51 empresas en que se aprobó el acuerdo, se contabilizan a 20.259 trabajadores, es decir, casi 400 trabajadores en promedio por cada reorganización.

26

B. Procedimiento Concursal de Liquidación de activos de Empresa Deudora



Al observar la distribución a nivel nacional, se observa que la Región Metropolitana concentra el 63,7% de los procedimientos (510) y en las catorce regiones restantes el 36,3% de los procedimientos (290).

Después de la Región Metropolitana, se observa que la región del Biobío es la que concentra una mayor cantidad de procedimientos (69), seguido de Valparaíso (45) y Maule (36).

27

b) Categorías de procedimientos

En el siguiente gráfico se observa que, de los 800 procedimientos de liquidación de bienes, un 79,8% corresponde a Liquidaciones voluntarias (639), un 16,9% a Liquidaciones forzosas (135) y un 3,3% a Liquidaciones reflejas (26).

28

2. Caracterización de las empresas deudoras

a) Tamaño de las empresas deudoras que acceden a Liquidación de activos

En el siguiente gráfico se aprecia que las empresas que han iniciado procedimientos de Liquidación, corresponden principalmente a microempresas con un 27,4%, seguido de contribuyentes de segunda categoría con un 24,2%, luego de pequeñas empresas con un 19,3%, medianas empresas con un 13,7% y grandes con un 8,4%.Un 7,1% de las empresas se encuentra en la categoría sin ventas.3

3 Sin ventas corresponde a los contribuyentes cuya información tributaria declarada al Servicio de Impuestos Internos (SII) no permite determinar un monto estimado de ventas.

29

b) Rubro económico de las empresas deudoras que acceden a Liquidación

El rubro económico de las empresas que se encuentran sujetas a Liquidación de activos, corresponde principalmente a Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquilercon un 22,9% de los procedimientos, seguido de Comercio al por mayor y menor con un 21,6%; Otras actividades de servicios comunitarias, sociales y personales con un 14,4%. El resto de los rubros económicos concentran menos de un 10% de los procedimientos cada uno.

c) Número de trabajadores de las empresas deudoras que acceden a Liquidación

Las 800 empresas que han iniciado un procedimiento de Liquidación cuentan con un total de 33.728 trabajadores, es decir, con aproximadamente 42 trabajadores en promedio por empresa.

3. Cifras relativas al pasivo

a) Pasivo promedio

Con base en los 96 procedimientos finalizados de Liquidación de activos, se obtiene que el total del pasivo reconocido asciende a $14.475 millones. En tanto que el promedio del pasivo corresponde a $150.780.863.-‐

Cuña: Pese al número de liquidaciones de empresas es menos importante económicamente comprado con la reorganización y el pasivo total en juego.

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Otras Cuñas generales:

La Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (SIyR) ha celebrado un total de 25 convenios de colaboración, tanto con entidades públicas como privadas, lo que ha permitido “ciertamente, que con el pasar del tiempo, los deudores y deudoras, y acreedores vayan adquiriendo, cada vez más, un mayor conocimiento de esta ley, y en consecuencia, puedan utilizar todas las herramientas que ésta les otorga.

Por otro lado, se ha socializado la normativa 20.720 en 327 actividades de difusión a lo largo de Chile, llegando a más de 7 mil personas, con la intención de informar a la ciudadanía de los derechos y herramientas disponibles que le asisten para hacer frente a su situación de insolvencia.

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IV. Atención al público

A. Atenciones presenciales

El siguiente gráfico indica la cantidad de atenciones presenciales según su realización en regiones y Región Metropolitana. A nivel nacional, se han realizado 46.635 atenciones en las dependencias de la Superintendencia. De éstas, 25.959 fueron realizadas en oficinas de la Región Metropolitana, equivalentes al 55,7% de las atenciones, en tanto que, en Regiones, este número corresponde a 20.676, es decir, un 44,3% de las atenciones.

Con esta información, se revela que mensualmente se realizan 1.082 atenciones en promedio en la Región Metropolitana y 861 atenciones en regiones.

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B. Atenciones telefónicas

El siguiente gráfico indica la cantidad de atenciones telefónicas según su realización en regiones y Región Metropolitana. A nivel nacional, se han realizado 13.796 atenciones. De éstas, 9.983 fueron realizadas en la Región Metropolitana, equivalentes al 72,4% de las atenciones, en tanto que, en Regiones, este número corresponde a 3.813, es decir, un 27,6% de las atenciones.

Con esta información, se revela que mensualmente se realizan alrededor de 416 atenciones telefónicas en promedio en la Región Metropolitana y 159 atenciones en regiones.

OCTAVA SUBCOMISIÓN DERECHO CONCURSAL...

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