Revista Cánovas nº10 Enero 2015
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Revista digital de pensamiento político, económico y social. Nº10 Enero 2015. Edita Cánovas Fundación.
Transcript of Revista Cánovas nº10 Enero 2015
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5
2 digital Cánovas
Edita: Cánovas Fundación
Presidente
Joaquín L. Ramírez Rodríguez
Secretario General
Miguel Ángel Ruiz Ortiz
Digital Cánovas
ISSN: 2255-5900
Nº10. Málaga. Enero 2015
Dirección
Francisco M. Castillo Medina
Guillermo Díaz Gómez
Diseño y Maquetación
Rosa López Campos
NOTA: Cánovas Fundación no comparte necesariamente las opiniones expresadas por los diferentes autores.
www.canovasfundacion.com
@CanovasFundac
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ÍNDICE
El año más electoral.
Joaquín L. Ramírez 4
Sobre la financiación pública de los
niveles postobligatorios de enseñanza
Antonio Jurado 6
Punto y seguido
tras el 9 de noviembre
Alfredo Crespo 10
¿Podrán?
Alejandro Ibáñez 14
El diálogo entre tribunales.
Pablo Sánchez 16
¿Ser o no ser? Estoppel, la
tramoyista actuación de los Estados.
Jorge A. Bonilla 18
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El año más electoral
por Joaquin L. Ramírez
@JoaquinRamirez
Pocas veces un año sabe marcar
su destino apenas ha comenzado. Sin
embargo, 2015 sí lo ha hecho
rápidamente. A primeros, en marzo, las
elecciones andaluzas condicionarán y
mucho la política y más cosas en España.
Los líderes políticos y sus respectivas
organizaciones se esforzarán en conseguir
que el espejo andaluz favorezca sus
aspiraciones en otros territorios y, sobre
todo, en las elecciones generales. Las
incógnitas son muchas. Está por ver qué
pasará con un “Podemos”, que aún no se
ha dotado de una estructura en el sur, pero
que ya ha tomado la decisión de formar
parte del llamado tíquet electoral. También
rodea el suspense a UPyD, ¿será esta vez
o volverá a quedar su premio desierto?, y
también “Ciudadanos”, en esta ocasión le
envuelve un cierto halo prometedor del que
hasta aquí carecía y puede irrumpir por vez
primera. UPyD y Ciudadanos se enfrentan
entre sí, contra el resto y contra el voto útil,
tendrán que convencer de que el suyo lo
es. De lo contrario ambas fuerzas pueden
desfallecer ante la polarizada intención de
votar PP, PSOE y, puede que en
sustitución de IU, Podemos. Hay algunos
analistas que piensan que el partido de
Pablo Iglesias no se repondrá de la
sorpresa de Susana Díaz al adelantar las
elecciones y que IU le ganará la partida a
su principal depredador. De ser así, la
composición del Parlamento andaluz
puede resultar no tan original como podría
haber llegado a serlo. PP y PSOE
competirán por la victoria, la ligera ventaja
del partido de la presidenta Díaz no es
definitiva, aparecer de favoritos por una
corta diferencia puede no anunciar
prácticamente nada y su máximo
oponente, el Partido Popular, parte de la
precedente victoria, una amplísima y
experimentada estructura y un músculo
electoral municipal que puede complicarle
la vida o sencillamente vencerle. Perder
por un solo voto frente a Juanma Moreno,
cuyas fundadas opciones no debieran
despreciarse, puede lastrar mucho a un
Partido Socialista hoy personalista que ha
decidido jugársela. En cualquier caso, en
un bipartidismo imperfecto –como
siempre–, IU y Podemos o IU casi sola
será el tercero notable en discordia. Habrá
que ver las encuestas, en Grecia
acertaron, para ver que pronostican. Será
la visualización de una hoja de ruta más
compleja de lo que al principio se ha
supuesto.
Atrás quedarán personajes como
Valderas, cuyo reloj político ha sufrido una
importante avería al producirse su cese.
Un año menos de vicepresidente, de
miembro de un gobierno autonómico al
que, presumiblemente, tiene muy difícil
volver o más bien imposible. Tampoco
Maillo, el actual dirigente de IUCA lo tiene
demasiado claro. El golpe de timón de
Susana Díaz ha sido particularmente duro
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para con la Izquierda Unida andaluza,
puede que demoledor.
Formar gobierno en Andalucía, tras
el 22 de marzo, será también algo épico, al
menos así lo parece visto desde aquí. Si
no hay mayorías absolutas tendrá que
haber pactos, algunos serán imposibles –
no se vislumbran más pinzas–, otros de los
probables están inéditos y se niega todos
los días –populares y socialistas– y
reeditar el que había puede ser algo
remoto o estar aún más lejos, aunque ya
hemos visto casi de todo. Quizá ante este
horizonte nada claro encaja muy bien la
hipótesis del interés político-personal de la
candidata socialista más que ninguna otra,
pero el cálculo de quien dispuso todo a su
servicio puede no resultar acertado.
Después vendrán las municipales y
autonómicas del resto de España. La
emergente líder Díaz probablemente no
aspira a condicionar las elecciones locales,
pero sí que ha querido evitar que la
elección de los alcaldes andaluces
condicionase sus posibilidades de ganar.
Lo cierto es que no irá demasiado tiempo
de unas a otras elecciones, luego van las
autonómicas catalanas, Mas y su
empecinado debilitamiento progresivo
constante. No es fácil reconocerse
derrotado, Artur Mas va sumando su
pérdida de apoyos al retroceso de su
partido y ahora incrementa su perdedora
deriva con el debilitamiento evidente de
sus tesis independentistas, lo suyo sí que
parece un auténtico suflé. Al fin el 9-N
parece haber sido más un “fin de fiesta”
que el inicio de nada. Al final, cuando los
mossos retiren las urnas escrutadas y se
apaguen unas voces y se enciendan otras
con la mochila de un resultado electoral
apasionante pero desalentador para los
ANC, Junqueras y el resto de los sumados
al vocerío contra la lógica y la historia,
llegarán las campañas para las elecciones
generales. Un año completo.
La democracia es cara y compleja,
pero los que tienen las más altas
responsabilidades pueden y deben
impulsar los procesos del modo más
llevadero, útil y austero, de los posibles. No
es fácil saber qué es más frívolo, convocar
elecciones andaluzas que por dos meses
no coinciden con las municipales y
autonómicas o convocar catalanas por
tercera vez en cinco años.
Respetando el ejercicio de la
facultad de cada cual, andaluzas y
catalanas muy bien podrían haberse
celebrado el 24 de mayo coincidiendo con
municipales y autonómicas. No sólo
costaría mucho menos dinero y recursos al
estado, sino que también lograrían que
2015 sea un año más en el que poder
dedicar a la Administración a trabajar,
invertir e impulsar las más adecuadas
acciones que favorezcan la prosperidad y
la vida de los ciudadanos. No habría
estado mal que los unos y los otros lo
hubieran pensado con otras miras, para
variar.
Joaquin L. Ramírez es Abogado, Senador
y Presidente de Cánovas Fundación.
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Sobre la financiación pública de los
niveles postobligatorios de enseñanza
por Antonio Jurado Navas
@MAGNApolitica
La actual coyuntura de crisis
económica (y quizás también institucional)
ha conllevado la aprobación de medidas de
austeridad en, prácticamente, todos los
estamentos de la sociedad. Y, de entre
ellos, se han visto gravemente afectados
varios de los motores fundamentales e
imperativos para el buen desarrollo de un
país: la educación, la sanidad o la
investigación, entre otros, han venido
sufriendo las consecuencias de esta crisis,
mermando las partidas económicas
destinadas a tales áreas.
Resulta esencial asumir y
comprender que la educación es la base y
el motor de las sociedades, una inversión a
medio plazo que permite avanzar a un país
en las distintas ramas del conocimiento (no
sólo técnico o científico, sino también
humano, social o cultural). Y así, visto
como una inversión a medio plazo, ésta
terminará revertiéndose con creces en el
país en un período de tiempo moderado.
Baste sólo imaginar la situación en que
quedaría un país si se suprimieran tales
estudios superiores. La educación permite
generar conocimiento nuevo y tecnología
que suponen un ahorro para cualquier
sociedad, evitando el gasto que supone su
importación del extranjero. Además, facilita
la adaptabilidad de un país a cualquier
circunstancia de la forma más eficaz
posible, y no sólo en base a unos intereses
concretos de determinados sectores
sociales.
Contextualizando este artículo en el
área educativa, y fundamental-mente en la
etapa postobligatoria, se observa como la
reciente aprobación del Real Decreto
609/2013 de 2 de agosto y del Real
Decreto 472/2014, de 13 de junio dejó
establecidos los umbrales de renta y
patrimonio familiar y las cuantías de las
becas y ayudas al estudio para los dos
últimos cursos académicos, por encima de
los cuales no es posible disfrutar de estas
ayudas económicas. Se ha añadido
además, una variable relacionada con el
rendimiento del estudiante para poder
mantener su condición de becado. Sin
embargo, parece complicado que el
establecimiento de un umbral fijo de renta
pueda adaptarse a las particularidades de
cada familia, por lo que se corre el riesgo
de, finalmente, no cumplir con uno de los
compromisos que adquiere el Gobierno en
dichos reales decretos: la garantía de que
ningún estudiante abandone sus estudios
postobligatorios por motivos económicos,
asegurando así la igualdad de
oportunidades entre sus ciudadanos.
De hecho, siguen existiendo
muchos casos de abandono escolar más
allá de las etapas obligatorias por motivos
estrictamente económicos. Esta
circunstancia puede contravenir el derecho
universal a la educación que tenemos
todos, entendiéndose éste no sólo de
aplicación durante las etapas de
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escolaridad obligatoria (que es, quizás,
hasta donde abarcarían documentos
magnos como nuestra propia Constitución
o la Declaración Universal de Derechos
Humanos), sino más allá de ellas con el fin
de evitar la reproducción tanto social como
del status quo de las clases dominantes.
En particular, el artículo 26 de la
mencionada Declaración Universal indica
que “toda persona tiene derecho a la
educación”, y que ésta “debe ser gratuita,
al menos en lo concerniente a la
instrucción elemental y fundamental”, la
cual, en añadido, será obligatoria. Me
permito la licencia de recalcar las dos
palabras “al menos” para hacer ver que no
es una limitación cerrada y excluyente,
sino que, bien al contrario, debería
tenderse a una educación universal para
todos los seres humanos,
independientemente de su raza, sexo,
religión o estado socioeconómico. Todos,
sin excepción, deberían gozar de las
mismas oportunidades educativas a priori,
y el esfuerzo y el trabajo dedicado
marcarán la posibilidad de mantenerse o
no dentro de un sistema educativo
financiado por el Estado.
Quizás, en un momento de mayor
penuria económica como el actual, fijar un
umbral de renta no parece ser la panacea
que permita ser el garante del derecho a
todos a la educación postobligatoria. Las
familias suelen arrastrar cargas, deudas,
hipotecas o aranceles que reducen su
capacidad de maniobra y actuación y, lo
que es más grave, pueden limitar las
oportunidades que brindan a sus hijos. Lo
ideal sería asegurar un modelo de
educación superior (universitaria o de
formación profesional) de acceso gratuito
para todos, no incompatible con otra oferta
de ámbito privado. Entendiendo que la
actual coyuntura económica nacional no
permitiría tales dispendios, es preciso
buscar alguna fórmula alternativa que
fomente el acceso universal de cualquier
persona a cualquier nivel de educación.
Basándose en los siguientes principios:
a) ninguna persona con
inquietud por continuar aprendiendo debe
quedar excluida de la educación superior
por motivos económicos;
b) toda persona con talento
debe encontrar un espacio en el que pueda
desarrollarlo;
c) vista la educación como una
inversión a medio plazo, nadie debería
pagar por sus estudios hasta que se
incorpore al mercado laboral. Esto es,
hasta que disfrute de una situación de
mayor estabilidad económica de manera
que la devolución de la ayuda no
comprometa su patrimonio. En esto
radicaría una de las acepciones del
concepto de inversión en la educación. El
Estado adelanta una ayuda al ciudadano,
ayuda que después recibe una vez se ha
asegurado que su incorporación al ámbito
profesional ha tenido éxito en cada
ciudadano en particular.
d) los pagos deben vincularse
a la renta percibida, de manera que
quienes obtengan unos bajos ingresos no
tengan que soportar coste alguno. La
ponderación podría realizarse teniendo en
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cuenta la situación económica de su
núcleo familiar cuando fue estudiante y,
esencialmente, la situación económica que
disfruta posteriormente el individuo una vez
acabó sus estudios. Si durante un tiempo
previamente estipulado (por ejemplo, se
puede fijar un período de diez años) el
ciudadano, una vez finalizados sus
estudios, no se ha incorporado al mercado
laboral, o no lo ha hecho con la suficiente
estabilidad, deberá devolver una parte de
la ayuda recibida en función de la renta
que declare o, incluso, su deuda puede
quedar condonada, como se propuso en
Inglaterra, aunque en dicho país el plazo a
considerar para que ese préstamo quedara
condonado se amplió a 25 o 30 años. En
cualquier caso, parece lógico que el
Estado se comprometa a no cobrar ningún
interés en los, al menos, diez años
posteriores a la finalización de los estudios
que dispondría cada ciudadano para
devolver el crédito recibido.
Como se observa, la solución que
se propone aquí implica una especie de
sistema de créditos a través del cual cada
alumno pueda acceder a los niveles
educativos superiores sin ser antes cribado
por la economía de su núcleo familiar,
pudiendo disfrutar de la exención de pagos
durante todo el tiempo que dura su
escolaridad, y cumpliendo, eso sí, unos
requisitos mínimos de esfuerzo
(superación de asignaturas). Este último
aspecto debería ser flexible en aquellas
situaciones específicas de gravedad tanto
en el propio estudiante como en su entorno
familiar (primer e incluso segundo grado)
que comprometan su tiempo disponible
para el estudio.
A algunos puede no serles tan
extraña esta visión de la educación como
inversión a medio plazo. De hecho, toma
parcialmente su idea del informe Browne
elaborado en Inglaterra en 2010. En dicho
informe se indicó que los estudiantes no
tendrían que abonar tasas ni matrículas en
ningún caso y solo pagarían una vez que
se graduaran, y siempre que tuvieran éxito
laboral. Como he comentado, esta sería la
visión de considerar la educación como
una inversión a medio plazo, una inversión
que, como tal, puede salir bien (ciudadano
plenamente incorporado en el mercado
laboral, produciendo y con autonomía
económica) o no tan bien. Y sólo en el
primer caso el Estado tendría el derecho
de reclamar el préstamo que adelantó, sin
intereses, para ofrecer un futuro a su
ciudadanía. En estos casos, los
ciudadanos que hayan conseguido acceder
al mercado laboral gracias a sus estudios
deberán descontar en sus nóminas un
pequeño porcentaje (nunca superior al diez
por ciento) de sus ingresos en función
también, del umbral de renta del que
consigan gozar o hacerse merecedor.
Esta forma alternativa de
financiación de la etapa postobligatoria de
la educación podría considerarse más
equitativa y racional, fundamentalmente
porque las inversiones realizadas hoy día
en becas, en algunos casos, pueden
considerarse, hablando de forma burda, "a
fondo perdido" (y, de hecho, en algún caso
habría que exigir una documentación
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detallada de facturas y gastos para
comprobar su relación con la educación del
ciudadano, evitando posibles fraudes
como, por ejemplo, que el dinero destinado
a ayudas para el estudio termine destinado
en la compra de una motocicleta o de otros
artículos ajenos a la educación). Esta
picaresca podría solucionarse con la
propuesta abordada en este artículo, que
garantizaría al Estado recuperar el 70-80%
del préstamo realizado a la ciudadanía
beneficiaria, y donde el gasto realizado por
el Estado sería, como mucho, equiparable
al que realiza hoy día. Además, el
ciudadano podría devolver el préstamo
concedido para las etapas escolares
postobligatorias en un momento de su vida
en la que goza de mayor solvencia
económica; o incluso, no devolver nada, o
sólo una parte, si queda demostrada su
falta de solvencia en los años posteriores a
la finalización de sus estudios.
En añadido, se propone que parte
de este dinero pueda devolverse
anticipadamente, incluso en la etapa
escolar, si el alumno accede a algún tipo
de beca de colaboración con universidades
u otras entidades públicas, becas cuya
existencia no es, precisamente,
infrecuente. Se puede asumir que la
realización de estos acuerdos de
colaboración (que suele conllevar unas
cinco horas de trabajo por semana)
permitiría el intercambio de tiempo por
dinero, redundando en un beneficio mutuo
para ambas partes (entidad pública y
estudiante, la primera porque ve resueltas
determinadas tareas concretas, y el
segundo porque adquiere una primera
experiencia laboral) permitiendo disminuir
el importe total que el estudiante debe
pagar.
Finalmente, a modo de conclusión,
querría recalcar que, si bien la propuesta
que se hace no implica exactamente un
acceso gratuito a cualquier nivel educativo,
sí que se permite unas facilidades a los
estudiantes (y a las familias más
empobrecidas) para el acceso a tales
niveles, con la correspondiente obligación
de revertir total o parcialmente la ayuda
recibida (sin ningún tipo de interés
aplicado) en los diez años siguientes a la
finalización de los estudios, mediante un
apartado adicional en la correspondiente
declaración de la renta. Las ayudas
recibidas incluirían todos los apartados que
hoy día se contemplan, desde la propia
matrícula en los estudios universitarios,
hasta ayudas por desplazamiento, para
material escolar, etc.
Antonio Jurado Navas es Dr.
Ingeniero de Telecomunicación e investigador
en la Universidad de Málaga, profesor de la
Universidad Internacional Isabel I y Secretario
de la Asociación “Proyecto Magna Política”.
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Punto y seguido
tras el 9 de noviembre
por Alfredo Crespo
Las pulsiones soberanistas,
defendidas y expoleadas por el gobierno
catalán, se han convertido en tema
prioritario tanto de la agenda de los
partidos políticos como en las discusiones
de la ciudadanía.
Actualmente, puede afirmarse que
los interrogantes acerca del resultado final
al que conducirá la deriva secesionista
superan a las certezas. De igual modo, es
cierto que, aunque el independentismo se
ha convertido en la voz hegemónica, no es
la única, siendo cuestionable incluso, que
sea la mayoritaria. Sin embargo, tiene a su
favor que monopoliza el espacio público y
mediático en Cataluña.
En íntima relación con esta idea,
por temor al aislamiento social, aquellos
que no comparten las soflamas
independentistas, se han auto-impuesto
una suerte de silencio, no cuestionando en
público aquello que sí reprochan en
privado1. En efecto, como reflejaba
Carmen Iglesias, el modus operandi del
nacionalismo catalán ha condenado al
exilio a quienes no han comulgado con sus
postulados; complementariamente, ha
pervertido la relación con España,
mediante el uso de expresiones como
“Estado español”2.
Sin embargo, paradójicamente, una
de las excusas, a modo de justificación,
empleada por el nacionalismo catalán, ha
enfatizado sus intentos por cambiar
España, hacerla “plural”, obteniendo como
respuesta la incomprensión o el desprecio.
La realidad, y así la marcan los hechos, es
otra bien diferente: en los últimos tiempos,
CIU ha utilizado más el recurso al
ultimátum (por ejemplo, la exigencia de
pacto fiscal) que la negociación.
Actores y papeles en el nacionalismo
catalán:
Frente al Omnium Cultural o la
Asamblea Nacional de Cataluña (ANC),
plataformas transversales como Sociedad
Civil Catalana o Libres e Iguales, compiten
en clara desventaja de recursos y de
altavoces para transmitir un mensaje que
apuesta por la convivencia y desmonta la
mercadotecnia nacionalista, basada esta
última en la combinación de victimismo y
escaso realismo, en función de la cual, la
confrontación prevalece frente a cualquier
propuesta de diálogo.
Así, personalidades otrora
vinculadas al socialismo catalán, “han
comprado” el argumento repetido de forma
machacona por el nacionalismo. A modo
de ejemplo de esta tesis, el profesor
Germá Bel sostenía que “el encaje” (de
Cataluña en España) resulta imposible:
“sin empatía no hay confianza, y el
depósito de confianza está demasiado
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vacío como para seguir creyendo que un
arreglo federal es posible, a mi juicio. De
ahí que la gran mayoría de catalanes estén
convencidos de que son los ciudadanos
catalanes los que deben tomar las
decisiones pertinentes sobre las
cuestiones fiscales de Cataluña, y en su
caso acordar las relaciones fiscales con
otras comunidades con las que compartan
espacio político”3.
Por tanto, el movimiento
independentista tiene como rasgo
sobresaliente su heterogeneidad. A nivel
del Parlamento de Cataluña, esta idea se
aprecia en la actitud de las CUP, formación
anti-sistema muy alejada en su credo
económico del que ha defendido
históricamente CIU (y gracias al cual, pudo
realizar pactos con el PP, tanto a nivel de
gobierno de la Nación, Pacto del Majestic
en 1996, o de Cataluña, Pacto del Neri, al
inicio de la primera legislatura de Artur
Mas, en el año 2010).
La propia CIU, que vendría a ser el
paradigma del catalanismo clásico,
también ha mutado en sus posiciones, o
así se aprecia cuando menos en la actitud
de sus cuadros dirigentes. Para Joan
Ridao: “la idea de que el catalanismo
moderado manejaba los hilos de la queja,
pero nunca cruzaría determinadas líneas
rojas, ha caducado”4.
Al respecto, cabe matizar que a
partir de 1978, uno de los errores cuya
factura se está pagando actualmente, es
que los partidos de ámbito nacional,
entregaron la interlocución única en
determinadas comunidades autónomas al
nacionalismo, renunciando a subrayar el
carácter reaccionario de tal ideología que
apela a los sentimientos (no a la razón) y
que privilegia a los territorios frente las
personas.
Preguntas sin respuesta:
La legislatura iniciada por Artur Mas
en 2012 ha estado marcada por los
intentos, vanos en cuanto a resultados
aunque efectivos en lo que a las formas se
refiere, de celebrar una consulta
(referendo), amparada en la polisémica
expresión, en cuanto que ambigua,
“derecho a decidir”.
Con el recurso a este subterfugio
léxico, el gobierno de la Generalidad y sus
socios han buscado camuflar el derecho de
autodeterminación y su anhelo
independentista.
El profesor Carlos Taibo, aun
siendo condescendiente con la posibilidad
de que Cataluña realice “su consulta”,
argumenta que “se ha impuesto una
expresión distinta, más suave: la que habla
del derecho a decidir. Salta a la vista las
razones que explican esta opción: entre
ellas se cuenta, a buen seguro, el
propósito de liberarse de los estigmas
negativos y de las muchas disputas
conceptuales que arrastra el derecho de
autodeterminación. Conviene recordar, sin
embargo, que la expresión sustitutoria
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hace uso de un término más bien vago,
que puede emplearse en provecho de
reivindicaciones del orden más dispar.
Nadie negará, en cualquier caso, que
remite a un concepto más comprensible
por el común de las gentes”5.
Con todo ello, desde las posiciones
separatistas, se ha buscado, por un lado,
argumentar jurídicamente que el derecho a
decidir y el derecho de autodeterminación,
aun teniendo nexos en común, son
diferentes6, y por otro, desde una
perspectiva más social, que “decidir” es el
deseo mayoritario de Cataluña.
Esta última premisa niega el
carácter plural que siempre ha
caracterizado a la sociedad catalana.
Además, menosprecia la existencia de las
llamadas terceras vías, representadas por
amplios sectores de la ciudadanía no
nacionalista que abogan por el binomio
negociación-pacto, cuyo objetivo final sería
el mantenimiento de la unión7.
No obstante, a día de hoy, el
independentismo catalán ha logrado que el
mantra basado en identificar a Cataluña
con “el procés” vaya ganando la partida.
En este sentido, el Catedrático de Historia
en la Universidad Complutense de Madrid,
Juan Francisco Fuentes, con motivo de la
presentación de la obra de Santiago
Muñoz Machado Cataluña y las demás
Españas, hacía un análisis tan elegante
como bien documentado del nacionalismo
catalán. Una de las principales
conclusiones que dejó su disertación fue
que las raíces históricas de aquél beben en
las fuentes del absolutismo. El Doctor
Fuentes lamentó que una de las partes, el
nacionalismo catalán, ha impuesto los
términos del debate y la otra parte lo ha
aceptado, bien por ignorancia, bien
cobardía. El resultado es que el
nacionalismo catalán (y el corpus ligado a
su doctrina) ha logrado la meta de ser
percibido como “algo progresista”, cuando
la realidad demuestra que viene actuando
con “notable mala fe”.
La idea lanzada por Juan Francisco
Fuentes debe enlazarse con la defendida
por Cayetana Álvarez de Toledo,
integrante de la Plataforma Libres e
Iguales, que ha puesto de manifiesto las
verdaderas intenciones del nacionalismo,
subrayando su deslealtad a la Constitución
española de 1978 ya que, si bien el Estado
cumplió su parte a través de la
descentralización política, no puede
predicarse lo mismo de formaciones como
CIU, PNV o ERC. Por tanto, como apostilló
la mencionada diputada del Partido
Popular, “la democracia española no está
en deuda con el nacionalismo; en todo
caso, sería al revés”.
En conclusión:
Más allá del hecho objetivo de la
convocatoria de elecciones para el 27 de
septiembre de 2015, sin agotar la
legislatura como ya sucediera también en
2012, vaticinar de manera exacta qué
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escenario será el resultante, se convierte
en tarea compleja.
Las soluciones intermedias, esto
es, aquellas basadas en arreglos puntuales
(por ejemplo, un nuevo sistema de
financiación para Cataluña) difícilmente
convencerán a aquellos sectores para los
que la independencia es una suerte de
bálsamo de Fierabrás y que avalan la
creación de un Estado nuevo, más por
razones socioeconómicas que por aquellas
vinculadas con la salvaguarda de la lengua
o la cultura catalana. Por tanto, ¿qué
pasará si no hay consulta legal? ¿Cómo se
gestionará la posible frustración
resultante? ¿Cobra opciones una
declaración unilateral de independencia?
El 9N ha sido sólo una pieza más
en la hoja de ruta trazada por el
nacionalismo catalán. Esta aseveración no
resta trascendencia a lo que en dicha
jornada realmente ocurrió, esto es, un
desafío a la legalidad constitucional
liderado por las instituciones políticas
catalanas, frente al escenario que ciertas
conductas buenistas describen como un
triunfo del civismo.
Finalmente, existe otro interrogante
al que deliberadamente no han dado
respuesta quienes patrocinan la secesión:
¿Cuántos referendos se celebrarían en
caso de no lograr la victoria en el primero?
La táctica basada en apaciguar al
nacionalismo se ha mostrado, en
consecuencia, errónea puesto que la
voracidad y la permanente insatisfacción
son dos rasgos definidores de aquél.
Alfredo Crespo Alcázar es Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense y Licenciado en Ciencias Políticas por la UNED.
1 CRUZ, Manuel: Una comunidad ensimismada. Editado por
Catarata, Madrid, 2014, 174 páginas.
2 IGLESIAS, Carmen: “Nación, Estado y Constitución”. Papeles
FAES, num. 20, 12 de septiembre de 2005.
3 BEL, Gemá: Anatomía de un desencuentro. La Cataluña que es y
la España que no pudo ser. Editado por Destino, Barcelona, 2013,
304 páginas, pág. 185.
4 RIDAO, Joan: El derecho a decidir. Una salida para Cataluña y
España. Editado por RBA, Barcelona, 2014, 192 páginas. Pág. 31.
5 TAIBO, Carlos: En defensa de la consulta soberanista en
Cataluña. Editado por Catarata, Madrid, 2014, 96 páginas, pág.
29.
6 Véase por ejemplo BOSCH, Alfred: Cómo amigos. La
independencia de Cataluña interesa a los españoles. Editado por
Galaxia Gutemberg, 2014, 176 páginas.
RIDAO, Joan: El derecho a decidir. Una salida para Cataluña y
España. Editado por RBA, Barcelona, 2014, 192 páginas.
7 FERNÁNDEZ AGUILÁ, Ricardo: Un Fernandes entre banderas.
Cuando ser catalán y español es una apuesta posible. Editado por
Península, Barcelona, 2014, 184 páginas.
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¿Podrán?
por Alejandro Ibáñez
@Alejandro_Ibago
Bajo el eslogan que hizo ganar a un presidente afroamericano por primera vez las elecciones presidenciales en la historia de los Estados Unidos de América, se postula como el “Gran Salvador” ante los males que aqueja el pueblo español y como amenaza clara al bipartidismo un
señor con las ideas muy claras, o eso al menos es lo que él nos quiere hacer creer. Sí, hablo de él, y usted ya sabe a quién me refiero. Con un programa político condensado en 36 páginas y el cual se basa en seis puntos principales; en los cuales se enumera la palabra recuperar tres veces y la palabra conquistar por tres
veces. Por un momento nos hace creer estar navegando en un artículo de Pérez Reverte versando sobre la reconquista cristiana al Reino nazarí de Granada. Oiga, pero hay algo que me gusta, en cada idea versa también la palabra construir.
Pero a donde de verdad quiero ir es a la propia idiosincrasia del partido de este señor y esto es, economía. A día de hoy es lo que está en boca de todos, en la calle, en tertulias en “debates” (sí, aquello
que denominan en la televisión que se distingue por gritar más alto para así tener la razón por encima del otro) y un largo etc. Se ha criticado (así como defendido) y mucho el programa económico de Podemos, y sin embargo resulta que un 60% aproximadamente de la población española ignora dicho programa. Aquí es donde se me viene la gran frase que pronunció D. Manuel Azaña en su día,
decía así: “Si los españoles habláramos
sólo y exclusivamente de lo que sabemos,
se produciría un gran silencio que nos permitiría pensar.”
Es esa incapacidad de crítica, de desechar del sistema todo aquello que sea nuevo por simplemente conformarnos con lo que tenemos. En estas semanas he oído en distintos entornos una frase que se repite y que me preocupa “Prefiero que me
roben los de siempre a que venga este y nos joda”. Me temo que aquí hay un grave
problema de fondo, de base, de educación
y por eso en otra ocasión escribiré un artículo sobre esto.
Pero sin más preámbulo me gustaría proceder a comentar 3 medidas económicas que proponen:
1) Declaración de impago de un parte de la deuda pública a través de una
auditoría ciudadana. Suena fenomenal, ahora que miramos al pasado sabemos en
qué hemos despilfarrado y en qué no, pero es precisamente ahora cuando nos preocupan nuestros recursos y no antes (sí, me refiero cuando vivíamos y derrochábamos por encima de nuestras posibilidades). Miren, nos guste o no, hoy en día la política económica está marcada en buena parte organismos superiores
(UE, Troika) y los mercados financieros (sobre todo). El dinero se rige por el criterio de la confianza, en ausencia de la misma nadie querrá invertir en usted, nadie querrá prestarle dinero y lo peor, se lo dirá a su/s amigo/s.
2) Renta básica para todos. La pieza
clave del puzle, con 4,5 millones de parados y con 1 de cada 3 niños en riesgo de pobreza o exclusión, dicha medida es claramente la piedra filosofal. ¿Qué se pretende? Primero que las familias tengan una renta (café para todos) básica universal (cuyo coste se estima en 145.000 millones de €, el 14% del PIB español)
para sobrevivir, segundo que dichas familias aumenten su consumo y ahorro y
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tercero que ese aumento de consumo se manifieste en la creación de empleos. ¿Cómo financiarlo? Según Pablo Iglesias con una serie de medidas tales como: En primer lugar una reforma progresiva del
IRPF (Que paguen los que más tienen) y en segundo lugar una lucha a destajo contra el fraude fiscal. No pinta nada mal,
¿Eh? Si se queda aquí está claro que yo también le votaría pero si se para a pensar cómo financiarlo puede hasta que se le cambie el cuerpo, le pongo en sobre aviso.
Y quisiera contarle el porqué del alarmismo, según Gestha (Sindicato de
Técnicos del Ministerio de Hacienda) consideran que se podrían conseguir máximo con la medida de dicho señor 63.000 millones de € (y esto, es un periodo a largo plazo, para nada de la noche a la mañana). Nos siguen faltando por tanto 77.000 millones de €, los cuales vendrían
de una subida de impuestos en base al IRPF y suponiendo que esa renta básica aumente la capacidad de consumo de las familias y de esa forma se recaude más. ¿Le he liado? La idea de Pablo Iglesias es la siguiente: Yo le doy 500€, los cuales no los tengo pero se los doy (mientras al
mismo tiempo digo que no voy a pagar parte de mi deuda, por tanto ya me contará estimado lector de donde va a sacar el Gobierno de este señor el dinero para financiar dicha renta cuando nadie va a confiar en prestarle el dinero que en un futuro irá para usted), de esos 500€ usted
dedica buena parte al consumo (productos básicos, gasolina, ocio etc.) y de esa forma financio mi propia falacia económico-financiera, disculpe por la palabra falacia, entre tanta ironía resulta fácil perderse.
3) Rebaja de la edad de jubilación a
65 años. Otra “café para todos”, no le
discuto que me seduce la idea pero me aterra el pensar al largo plazo y dejarme llevar por la emoción del momento. Esto se
traduce en lo siguiente: Con una tasa de dependencia (relación entre población
dependiente y población productiva) que va en aumento y que se sitúa ya en un 50%, que alcanzará ya en 2022 casi el
58% y sabiendo que ya hemos tocado la hucha de las pensiones; ¿En qué cabeza cabe querer dejar sin ningún tipo de pequeña opción a nuestros hijos o nietos en el futuro?
La palabra con la que definiría estas 3 políticas económico/sociales sería y es; utopía, es un proyecto claramente
irrealizable. Pero déjeme que le diga algo,
Podemos como partido de oposición y de azote al Gobierno me resulta interesante;
ha conseguido cambiar la tendencia insana del bipartidismo en España, ha conseguido que en los últimos meses de manera incesante líderes de los principales partidos hayan pedido literalmente perdón
y se hayan dado cuenta de que están perdiendo de forma incesante popularidad, me gusta la dialéctica (vacía pero dialéctica) y el grado de formación de los líderes de dicho Partido, resultan implacables en los distintos debates que he podido ver.
Pero no se deje engañar, el ejemplo a seguir de este señor es Venezuela; con la tasa de inflación más alta del mundo en donde literalmente no hay comida en los supermercados y en donde cada día resulta ser una batalla para la propia supervivencia de la población.
“No hay nada más fácil que el
autoengaño. Ya que lo que desea cada
hombre es lo primero que cree”
Demóstenes.
Alejandro Ibáñez Gómez es
Licenciado en Administración y Dirección de
Empresas por ETEA (Universidad Loyola
Andalucía) y Auditor en Deloitte SL.
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El diálogo entre tribunales
por Pablo Sánchez Molina
@PabloSMolina
Érase una vez una sociedad que
consumía los días con una velocidad
endiablada, apenas dormía y lucía, con
demasiada frecuencia, unas ojeras cada
vez más prominentes. En esta, el ayer no
existía y el hoy no se disfruta para pensar
en el mañana. Primaba la inmediatez sobre
la sensatez y si podía ser en 140
caracteres, mejor que mejor. Perdón…
Érase una vez un mundo que estaba
presidido por la reflexión, en el que las
experiencias pasadas contribuían a su
avance. En él, a partir del diálogo, la
conversación o el debate se constituían las
bases sobre las que se cimentaba el
desarrollo social.
Estas contradicciones, tan reales
como la vida misma, se dan, también, en el
ámbito jurídico y, concretamente, en el de
los tribunales. Por un lado, encontramos su
frenético día a día para impartir justicia,
estos se enfrentan a la necesidad de dar
respuesta a las demandas interpuestas por
los ciudadanos. Mientras que, por otro,
están obligados a fundamentar sus fallos,
lo que les obliga a reflexionar sobre el caso
concreto (si fuese de otro modo no existiría
una verdadera justicia ya que los casos
pasarían por las manos de los jueces sin
tener en cuenta una serie de factores
específicos que hacen que ese supuesto
sea único) llegando, en muchos casos,
incluso a establecer contacto con otros
órdenes jurisdiccionales en el ámbito
nacional e internacional.
Dicho contacto, que está siendo
objeto de análisis por numerosos juristas
(lo que se conoce como “doctrina”),
responde a la idea de globalización. Si,
están en lo cierto, la era de la globalización
no se limita a tener la posibilidad de
comprar en España un teléfono móvil
diseñado en California y ensamblado en
China o, también, poder suscribirnos a The
Economist y leer sus artículos
tranquilamente desde nuestra tablet
mientras nos desplazamos en el autobús
de nuestra ciudad, sino que su expansión
lo engloba casi todo y, claro está, el ámbito
del derecho no representa ninguna
excepción. En este sentido, la apertura de
canales de comunicación entre diferentes
ordenamientos jurídicos ha producido un
trasvase de información que ha
revolucionado el mundo del derecho. Entre
estos canales se distinguen dos tipos,
mientras que en los primeros la influencia
es unidireccional, en los segundos, la
interacción es mutua.
Dentro del primer tipo, se
encuentran ejemplos de sentencias del
Tribunal Constitucional español en las que
se citan fundamentos jurídicos de otras de
la Supreme Court of the United States, la
Corte Constituzionale della Repubblica
Italiana o el Bundesverfassungsgericht
alemán. Este uso, normal entre los países
de nuestro entorno, ha sido incorporado,
en una medida sin precedentes, a la
Constitución Sudáfricana de 1996 al
permitir a sus tribunales tener en cuenta la
jurisprudencia extranjera. Asimismo,
aunque solo referido a tratados y acuerdos
internacionales ratificados por nuestro
país, el artículo 10.2 de la Constitución
Española prevé la necesidad de interpretar
los derechos y libertades que la
Constitución reconoce de acuerdo con
estos.
Mientras que, en el segundo tipo, la
influencia se trasmite en ambos sentidos.
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Llegados a este punto nos encontramos
ante lo que se conoce como “diálogo
jurisdiccional”. Pero, ¿a qué nos referimos
con este concepto? Con él hacemos
referencia a la conexión mutua entre
diferentes cortes (aunque también, en
menor medida, tiene lugar entre
legisladores y cortes, doctrina y cortes o
legisladores y doctrina). Esta interacción
permite, a través de la puesta en común
de distintos aspectos, la creación de
múltiples escenarios para la adopción de
acuerdos. Dichos escenarios de acuerdo
están presididos por el respeto a las
diferencias, lo que dota a sus soluciones
compartidas de un alto grado de respeto, o
lo que es lo mismo, de auctoritas.
De una manera gráfica, el diálogo
jurisdiccional existe en el momento que
dos tribunales, pertenecientes a
ordenamientos jurídicos diferentes
(Tribunal Constitucional Español y Tribunal
Europeo de Derechos Humanos, por
ejemplo) conocen e intercambian
informaciones en pro del enriquecimiento
mutuo.
Por ello, todo apunta a que el
diálogo como medio para el
enriquecimiento mutuo ha traspasado la
frontera de lo puramente personal para
convertirse en un excelente medio de
interacción en el ámbito jurídico. Este uso
tiene una especial relevancia en la rama de
los Derechos Humanos ya que, al tratarse
de una muy homogénea (con sistemas
homologados como los que instauran el
Convenio Europeo y la Convención
Americana de Derechos Humanos), resulta
sencillo crear estándares comunes de
protección basados en la influencia
recíproca. Por ello, el principal aspecto
positivo (directo) del diálogo consiste en el
intercambio de ideas (cross fertilization)
para la consecución de soluciones jurídicas
comunes.
En mi opinión, la presente forma de
interacción resulta igual de beneficiosa por
sus aportaciones tanto directa (soluciones
jurídicas) como indirectas. A partir de este
aporte colateral los tribunales desarrollan
una cierta interconexión que les permite
escapar de su ensimismamiento,
abandonar su zona de confort y comprobar
que en otros lugares ante unos hechos
similares se puede dar respuestas
diferentes y no por ello erróneas.
Asimismo, con dicha interacción se pone
en valor la importancia del derecho
comparado para el avance (partiendo de la
capacidad de adaptación que el diálogo
aporta frente a la dificultad de extrapolar en
bruto soluciones jurídicas de un país a
otro).
Por último y aplicado a nuestro día
a día, conocer otras formas de pensar y
razonar nos obliga a detenernos para
reflexionar, nos consciencia de que en
ningún caso somos poseedores de la
verdad absoluta sino que, simplemente,
existen diferentes maneras de hacer las
cosas. Igualmente, nos enseña que el
cultivo de la vida personal es
imprescindible para la conquista de una
mayor calidad de vida. Y, quizás, en esta
incesante búsqueda, el diálogo nos da la
oportunidad de empezar la historia de una
forma diferente sin la necesidad de pedir
perdón… Érase una vez…
Pablo Sánchez Molina es Licenciado en Derecho, Máster en Derecho Constitucional
y Becario de Postgrado de la Fundación La Caixa.
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¿Ser o no ser? Estoppel,
la tramoyista actuación de los Estados
por Jorge Armando Bonilla Castro
Ya lo concebía el ilustrísimo
Shakespeare en Hamlet: “Ser o no ser,
porque he aquí la cuestión. ¿Qué es más
digno para el espíritu?, sufrir los golpes y
dardos de la insultante fortuna o tomar
armas contra océanos de calamidades y,
haciéndoles frente, ¿Quizás acabar con
ellas?”.
Acabar con las calamidades.
Intrínsecamente, ese debería ser el objeto
de una vida circunspecta cimentada en el
honor que concede la dignidad. Ahora, y
mucho más tiempo atrás, debemos evocar
al insigne estagirita, Aristóteles. Un
aristócrata, alumno de Platón, que ya
identificaba al hombre como un ser
gregario, que por su propia voluntad tiende
a asociarse.
Asociación que encuentra su
máximo encumbramiento, en el Estado.
Para Kelsen, los problemas de su origen
se encuentran en su propia definición,
pues éste es la sociedad organizada. Para
quien escribe, está organización nace de
su documento primigenio, la Constitución.
Mismo que contempla la organización
político administrativa de un territorio
determinado que contiene una población
sometida a un gobierno.
Esto resulta simple de explicar y
difícil de entender. Se explica, que las
normas establecen sus límites y alcances,
y todo lo que obre en ellas deberá ser
observado ineludiblemente. Pero no se
entiende, por qué las actuaciones (en
determinados lugares y supuestos) refutan
a las primeras. Para ir amalgamando
posturas, ¿qué es la doctrina de los actos
propios? Es un principio general de
derecho que no consiente la contradicción
de los actos. Esto significa que entre las
personas debe ser inaceptable que un
padre adoptivo que reconoce ante la ley a
un hijo, más tarde intente desconocer la
filiación para desentenderse de sus
obligaciones.
Lo mismo sucede en el Derecho
Internacional, con los principios y normas
instituidas en la comunidad global. Un
Estado no debe desconocer actuaciones
que propician la ilusión de ser derechos
adquiridos para otros. De hacerlo, incurre
en estoppel, que es definido como la
manifestación implícita derivada de los
propios actos. Entonces, se establece que
el que ha inducido a otro a actuar de
determinada manera no puede negar lo
dicho o hecho, o volverse atrás cuando las
consecuencias jurídicas de su aseveración
le son desfavorables.
Y para ilustrar lo anterior, es
memorable el caso de la Barcelona
Traction, Light and Power Company,
Limited; desahogado entre España,
Bélgica. En aquél contexto, la Corte
Internacional de Justicia fue el órgano
jurisdiccional encargado de dilucidar el
caso expuesto por Bélgica en contra del
Gobierno Español. La Corte recibió una
demanda en junio de 1962, motivada por la
declaración de quiebra en España de la
Compañía Barcelona Traction. Compañía
constituida en Canadá pero con capital de
inversión Belga.
La constitución de la Barcelona
Traction data desde 1911 en Toronto,
Canadá. Su expansión la llevó hasta
Cataluña, España; con el objeto de crear y
desarrollar un sistema de producción y
distribución de energía eléctrica en dicho
lugar. Para cumplir con su propósito, la
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compañía se vio en la necesidad de crear
filiales con registro en España. Y con el
propósito de proliferar, emitieron bonos
tasados en libras esterlinas. Sin embargo,
la Guerra civil española aporreó la emisión
de bonos.
Culminada la guerra civil, el gobierno
español se negó rotundamente a autorizar
la transferencia de las divisas extranjeras
indispensables para continuar con el
servicio de los bonos. Desde luego que el
gobierno Belga manifestó su desacuerdo
ya que nacionales Belgas invirtieron una
gran cantidad en acciones, a lo que
España contestó que las transferencias
serían autorizadas solamente para
reembolsar deudas derivadas de la
importación de capital extranjero a España.
En 1948 llegaría el golpe más bajo a la
Barcelona Traction. Tres nacionales
españoles, poseedores de bonos emitidos
por la compañía en comento, pidieron al
Tribunal competente que declarara la
quiebra de la sociedad por no pagar los
intereses de los bonos. En febrero de 1948
el tribunal de Reus en Tarragona, declaró
la quiebra de la compañía y además
decretó el embargo de todos sus bienes y
de dos de sus compañías filiales.
En el estudio que hizo la Corte
Internacional de Justicia, se determinó que
en 1948 la Barcelona Traction nunca
recibió una notificación judicial del
procedimiento de quiebra y por lo tanto no
tuvo representación en el Tribunal de
Reus. Por lo que no se presentó sino hasta
el 18 de junio, y por lo tanto no opuso
resistencia a la declaración de quiebra
dentro de los ocho días siguientes a la
publicación del fallo. Ese plazo es fijado
por la legislación española aplicable, por lo
que se presume que España enmarca la
existencia de un debido proceso en sus
códigos procesales.
En su resolución la Corte no se
aventuró a forjar una nueva norma, ya que
imaginó que la teoría del derecho a la
protección diplomática de los accionistas
por parte de su nación, desencadenaría en
miles de demandas que propiciarían
incertidumbre y debilidad a la economía
internacional. En el colofón del caso, la
Corte determinó que el gobierno Belga no
probó su ius standi. Y por lo tanto, procedió
a rechazar su reclamación
Después del estudio del caso, se
determina que España incurrió en estoppel
al proyectar una imagen a la comunidad
internacional de ser un Estado de Derecho,
que observa en todas sus actuaciones el
principio de legalidad, por lo que indujo al
engaño a los nacionales belgas que
decidieron invertir en la Barcelona Traction.
España no estaba justificada para
desconocer sus propias normas procesales
para servirse de sus arbitrarias decisiones
en beneficio propio. Prueba de ello es que
el gobierno español creó nuevas acciones
de las empresas filiales supervivientes de
la Barcelona Traction, que fueron
adquiridas en subasta pública en 1952 por
la sociedad denominada Fuerzas
Eléctricas de Cataluña S. A., que en acto
seguido adquirió el control total de lo que
fue la Barcelona Traction, constituyendo un
verdadero arrebato.
Si el propio Marlon Brandon
rechazó un Oscar por defender sus
ideales, ¿Por qué los Estados no deberían
de morir en la raya al defender los suyos?
Jorge Armando Bonilla Castro es
Maestro en Derecho por la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla y Analista
Jurídico en la Secretaría de Finanzas del
Estado de Puebla, en México.
