Manifiesto contra los recortes en Sanidad y Educación en España

Propuesto por Grupo de Actualización de Manifiestos, secundado por ____

Alcalá de Henares, 15 de octubre de 2014ResumenExposición de los motivos por los cuales tanto la Sanidad como la Educación en España está decayendo en calidad con las nuevas leyes que se han ido aplicando en los últimos 15 años. Desde IFMSA-Spain se proponen ideas nuevas o regeneradas para comenzar con diversos cambios para que la sanidad y educación española vayan cogidas de la mano hacia el éxito de las mismas, comprendiendo el éxito como el buen funcionamiento de am-bas, el acceso a todos los habitantes de la península y la buena calidad de las mismas.

IntroducciónComo estudiantes de medicina y miembros de IFMSA-Spain, llevamos décadas trabajando en torno a unos principios muy firmes. A nuestro modo de entender la Medicina y la socie-dad en general, todos los seres humanos tenemos derecho a tener cubiertas una serie de necesidades básicas. Desde el punto de vista de los Derechos Humanos, la salud y la edu-cación son dos derechos universales de primera necesidad que garantizan la igualdad social. La situación actual nos plantea un panorama donde estos derechos dejan de ser tales.

TrasfondoEn el modelo económico actual, las necesidades básicas de la clase trabajadora para su propia supervivencia y productividad, establecen las bases para lo que se conoce como el modelo de “Estado del Bienestar”.

A lo largo de los años 60, el modelo económico del capitalismo, por su naturaleza cíclica, entró en crisis. Tras la etapa de auge que supuso la necesidad de reconstrucción tras la 2º Guerra Mundial, busca nuevos ámbitos de expansión para mantener su propia subsisten-cia. Así, el modelo del Estado del bienestar entra en crisis, dado que se ceden aspectos productivos previamente gestionados de manera totalmente pública a merced del beneficio del capital privado y la explotación por las empresas. Esto se materializa en la privatiza-ción de industrias públicas, es decir, aquellas entidades que garantizaban la satisfacción de las necesidades de los trabajadores y se mantenían dentro de un plan de gestión que proporcionaba beneficio a la sociedad y al Estado. Se privatizó la industria energética, el agua, el transporte y otros sectores industriales que estaban bajo control estatal.

Las bases ideológicas de esta liberalización del mercado están concretadas en el AGCS (Acuerdo General de Comercio y Servicios), que entró en vigor en 1995 y fue impulsado por la OMC (Organización Mundial de Comercio). Este acuerdo lleva implícita la privati-zación de los servicios públicos [1,2].

Actualmente en el Estado Español, al igual que en el resto de Europa y EEUU, nos en-contramos con un nuevo periodo de crisis del sistema. Esta crisis está provocada por el crecimiento desmedido de la industria financiera y es posteriormente agravada por la reac-ción de los Estados que acuden a rescatarla con el dinero de todos los ciudadanos. El res-cate socializa la deuda privada, convirtiendo estas pérdidas en públicas y provocando una situación de déficit en el Estado [3] el cual, a su vez, reincide en recurrir a la misma banca para financiarse.

Texto principalHay tres ideas que se están repitiendo constantemente en los medios de comunicación:

“La deuda pública española es insoportable”. “Todos hemos sido responsables del origen de esa deuda y, por tanto, de la crisis”. “Los recortes son necesarios e inevitables”.

Se trata de falacias que son fácilmente rebatibles con los datos y que contradicen la reali -dad:

La deuda pública española es de las más bajas de la Unión Europea. alcanzando en 2011 el 69% del PIB, mientras que la media europea se sitúa en un 87%. A su vez, Alemania registró un 82% y Francia, un 85% [4].

Los salarios no han sido el origen de la crisis. De hecho la disminución de los sala-rios, el abaratamiento del despido y otras medidas dirigidas a debilitar el mundo del trabajo, han contribuido a una recesión económica debido a una economía doméstica paralizada [5].

Sii el Estado no hubiera regalado a la banca, incluyendo también a Bankia, 113 mil millones de euros en los últimos tres años, tendríamos liquidez y solvencia y no haría falta recortar en Educación o Sanidad. Hay alternativas a la recapitaliza-ción, a pesar del sesgo informativo [6-9]

El Estado Español tiene una deuda del 400% del PIB que la hace impagable. De esta deuda sólo el 16 % es pública, el 84% restante es privada [3].

El problema reside, pues, en que es la clase trabajadora la que rescata al capital privado, el ciudadano es el que salva al banco y no al revés.

Además, el gobierno del PSOE, con el apoyo del PP, cambió el artículo 135 de la Constitu-ción haciendo que en los Presupuestos Generales del Estado, la cuestión del “gasto finan-ciero” (el pago de la deuda) sea la prioridad [10,13]. Ya en los Presupuestos Generales

del Estado de Marzo del 2012, el 41% del dinero dedicado al pago de la deuda se dedi-caba al pago de los intereses de la misma, y no al pago de la deuda en sí [11]. Esto es a costa de los presupuestos más recortados de la historia en lo que a servicios sociales se refiere: más IVA, mayor edad de jubilación, menor prestación por desempleo y, por su-puesto, recortes en los servicios de Sanidad y Educación.

EducaciónDesde el siglo XIX, con la creación de la universidad moderna, aparece un modelo univer-sitario que podemos denominar como “universidad de élites”. Más tarde, con la necesidad de mano de obra cada vez más cualificada debido a la naturaleza del sistema productivo para aumentar lo que se conoce como “aumento plusvalía relativa”, aparece un modelo de Universidad abierto a las clases trabajadoras que se conoce como “universidad de masas que favorece el incremento del nivel intelectual de la clase trabajadora que empezaba a organizarse en torno a la universidad. A medida que surge la organización mencionada, fenómenos como el Mayo del 68, cuando miles de estudiantes franceses ejercen una pro-testa social apoyando el movimiento obrero y oponiéndose a la persecución de los dere-chos en un contexto de crisis económica, ponen en peligro la continuidad del sistema.

En 1997 se reúnen en Lisboa representantes de los Estados europeos para ver cómo res-ponder a las exigencias de los mercados, lo que resulta en la Declaración de la Sorbona en 1998, la cual se conocería posteriormente como Plan Bolonia. Este acuerdo se enmarca dentro del ya mencionado Acuerdo General de Comercio de Servicios, firmado en 1995 y cuyo objetivo declarado es “liberalizar el comercio de servicios”.

Este nuevo plan mantiene un nuevo modelo de universidad al servicio y control de las em-presas, siendo una fábrica de producción de mano de obra cualificada y no de conoci-mientos [14-16].

Se dificulta el acceso a la Universidad de las clases más desfavorecidas por: o La subida de tasas.o La eliminación del concepto actual de becas o la jornada incompatible con

un empleo. Se precariza la situación de los estudiantes mediante el sistema de créditos ECTS en

el que se paga por horas de trabajo en casa que tratan de igualar el tiempo con la jornada laboral (que desean los ideólogos de este sistema).

Se priva de democracia interna a los distintos miembros de la comunidad universi-taria con la creación de:

o El Consejo Social: órgano consultivo en el que las instituciones de represen-tación quedan relegadas a esta única función e impulsando el papel de lobbys empresariales en la gestión universitaria.

o Los Campus de Excelencia: un servicio completo de la Universidad a las empresas, a las que provee de mano de obra no remunerada en forma de becarios y con financiación pública.

El Gobierno Español, a la hora de aplicar estas medidas, usa como excusa la situación de crisis económica, pero no podemos olvidar que esto responde a exigencias de las grandes empresas que viene de mucho más atrás [16]. Además, este modelo de Universidad se está potenciando aún más con las propuestas recogidas en el plan Estrategia Universidad 2015, que supone un mayor fomento de la colaboración de la universidad con la empresa, con la intención de satisfacer las necesidades de un mercado “cambiante” y disminuye la participación democrática del alumnado en los procesos de gestión académica [17].

SanidadEl sistema sanitario español ha sido uno de los sistemas sanitarios mundiales más costo-efectivos [18,19], además de contar con una cobertura universal que permitía el acceso a la sanidad a la totalidad de la población dentro del territorio español, con independencia de su origen, raza o condición social. La base de la financiación de este sistema sanitario es la colaboración de todos los ciudadanos a través de los impuestos directos (IRPF, im-puesto sobre el patrimonio, impuesto sobre sucesiones y donaciones, etc.) e indirectos (IVA).

En los gobiernos neoliberales, tanto el gobierno central como distintos gobiernos autonómi-cos (CiU en Cataluña, PP en la Comunidad Valenciana, o el PSOE-IU en Andalucía, por citar tres ejemplos) se utiliza también el pretexto de la crisis para establecer una serie de medidas que precarizan la sanidad y la dejan en manos de unos pocos. Se intenta ver un sistema público pagado por todos y para todos, como un acto de “beneficencia” en tiem-pos de crisis económica.

En todas las Comunidades Autónomas1 se han modificado los grupos de usuarios y las cantidades a pagar en lo que han dado a conocer como el “copago farmacéutico”, el cual se establece en función de niveles de renta que no son equitativos y que incluyen a los pen-sionistas. Este método no puede calificarse de copago ya que es un repago. Como ya he-mos dicho, el Sistema Nacional de Salud se sustenta con los impuestos de los ciudadanos, luego volver a cobrar a los usuarios castiga a los ciudadanos por necesitar tratamientos farmacéuticos. Además se llegó a planificar en la C. de Madrid y se instauró ya en Catalu-ña la tarifa extra de un euro por receta que el Tribunal Constitucional hubo de anular [28,29].

La privatización de centros entra dentro de la misma lógica: se deja en manos privadas la gestión de un servicio que no está diseñado para producir beneficio económico sino social. La Ley 15/97 de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud, (aprobada por

el gobierno del PSOE y apoyada por otros partidos), junto al Real Decreto Ley 10/1996 supone el soporte legal en España para la concesión administrativa de servicios sanitarios.

Uno de los mejores ejemplos del fracaso y coste de la privatización, tal vez el más conoci-do, es el del Hospital de La Ribera, Alcira (Valencia). Iniciado en 1997, la Generalitat Va-lenciana pagaría 34.000 pesetas por cada habitante perteneciente al área.30 Sin embar-go, el presupuesto del Área de Salud en cuestión supera el de otras con la misma pobla-ción y cartera de servicios [31,32], aunque eso no evitó la quiebra de la concesionaria en 2003 que llevo al rescato del hospital por la CCAA y a anular la adjudicación bajo una indemnización a la concesionaria [33]. La misma volvió a encargarse del servicio y aún hoy continúa esta situación [34].

La última medida anunciada por gobierno central (incluida en el RDL 16/2012) reduce considerablemente el número de servicios sanitarios a los que podían acceder las personas inmigrantes no regularizadas [20,21]. Esta medida xenófoba e insolidaria no sólo repre-senta un riesgo tanto social como epidemiológico, sino que además los inmigrantes hacen uso del sistema sanitario 5 veces menos que los españoles, ya que, entre otras razones se trata en su inmensa mayoría de personas jóvenes, sanas y la jornada laboral a la que se someten en nuestro país no les deja tiempo ni la posibilidad de acudir regularmente a su centro de salud [22].

Que se prive a estas personas de la sanidad es un “peligro” para la salud de todos, puesto que cuanto más se tarda en tratar una enfermedad de tipo infeccioso más aumenta la pro-babilidad de contagio y, en consecuencia, aumentará el coste. Además, esto provocará que sus enfermedades se agraven por la espera y se generen posibles complicaciones con el alto coste que esto supone.

IFMSA-Spain, por lo tanto, expone que: El Sistema Nacional de Salud (nombre que tendríamos que discutir después del

cambio de modelo llevado a cabo por el gobierno del PP) tiene un problema de distribución de gasto, no de cantidad de gasto (al menos no de exceso). Gastamos mucho y mal en tratamientos y tecnologías caros de utilidad dudosa y poco evalua-dos.23

El hecho de que el estado deje de financiar ciertos medicamentos no reducirá el coste, puesto que los médicos seguirán recetando medicamentos similares que sí cubrirá la Seguridad Social. Se ha hecho en otros países y ha fracasado.24 Ade-más la no financiación de fármacos para “síntomas menores” corre el riesgo de producir un agravamiento de la patología, incrementando después el gasto.

La gestión privada (o la público-privada) no es más eficiente que la gestión pública. De hecho, conlleva un aumento del gasto a largo plazo y un empeoramiento de la calidad asistencial y de las condiciones laborales, debido, principalmente a la ne-cesidad de generar y obtener beneficios económicos.23.25,26

Para la sanidad proponemos soluciones alternativas que hagan predominar el bienestar social sobre el beneficio económico; esto es:

Medidas de reducción del déficit basadas en un mayor control fiscal y persecución del fraude y no en los recortes sociales.

Potenciación de la calidad de los hospitales públicos y cese de los acuerdos tipo PFI (Iniciativa de Financiación Privada) para disminuir el gasto a largo plazo.

Fomento de la prescripción médica responsable y la gestión responsable de recur-sos basándonos en la evidencia científica y la profesionalización de la gestión

Una mayor implicación global en la Medicina Preventiva y la Atención Primaria. Finalmente, ante este contexto de crisis y ataque al sistema público en general, ma-

nifestamos que: No vamos a dejar que nos quiten los servicios públicos, no aceptamos que se nos

recorte en lo más básico como son la sanidad y la educación. Defendemos un sistema tanto sanitario como educativo que sean públicos y para

todos, sin importar de donde vengan. Nos oponemos frontalmente a la disminución del presupuesto de la Sanidad Públi-

ca. Nos negamos a que se pague la deuda del capital financiero entre toda la socie-

dad, a costa de nuestra salud y educación. Nuestros servicios públicos están siendo atacados y vamos a luchar por defender-

los.

Referencias1. Organización Mundial del Comercio. World Trade Organization Trade Topics: Services.

Vínculo (18/072014).2. Luis Miguel Busto Mauleón. Un plan mundial para privatizar los servicios públicos. Rebe-

lión 2003. Vínculo (18/07/2014).3. Mariola Olcina. Deudocracia: hipotecando el futuro. Ecologista2011; (71).4. DatosMacro. Deuda Pública 2014. http://www.datosmacro.com/deuda (18/07/2014).5. Vincenç Navarro. ¿Bajar los salarios para salir de la crisis?. Vínculo (accedido

18/08/2014).6. Daniel Flores y Pedro L.Manjón. Así será el rescate de la banca española: las claves del

memorando de entendimiento', RTVE.10/07/2012.7. Ministerio de Economía y Competitividad. España solicita los fondos para la recapitali-

zación bancaria. Vínculo,8. Eduardo Garzón. ¿Qué pasaría si los bancos españoles en problemas no recibieran

ayudas y se les dejara caer?. Vínculo (25/07/2014).9. Rescate bancario, pero ¿a qué precio? www.tercerainformación.es 10. 15210 Reforma del artículo 135 de la Constitución Española, de 27 de septiembre de

2011. BOE Nº 233 Sec. I. Pág. 101931, 27/09/2011.

11. Presupuestos Generales del Estado 2012. Disponible en: vínculo.12. Francisco Núñez y Carlos Segovia. El pago de deuda se come la cuarta parte de todo

el gasto', El Mundo. 29/09/2012: Vínculo .13. 9869 Decreto-ley 1/2012, de 26 de junio, de medidas para cumplir el Plan económico

financiero de reequilibrio de la Generalidad de Cataluña y otras necesidades deriva-das de la coyuntura económico-financiera. BOE Nº 176 Sec. I. Pág. 52848, 24/07/2012.

14. Declaración conjunta de los Ministros Europeos de Educación.Declaración de Bolonia. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 1999.

15. Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Documentación básica. http://www.eees.es/es/documentacion (accedido 15/08/2014).

16. Carlos Sevilla Alonso. Un plan de ajuste estructural para las universidades públicas. Viento Sur 06/07/2012; Publicación en web. Vínculo (accedido 15/08/2014).

17. Ministerio de Educación. Estrategia Universidad 2015. Ministerio de Educación, Cultu-ra y Deporte. 2010. Accesible en: Vínculo.

18. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.OECD Health Statistics 2014. How does Spain compare? OCDE 2014.

19. Organización Mundial de la Salud. Informe sobre la salud en el mundo 2010. Finan-ciación de los sistemas de salud: el camino hacia la cobertura universal. OMS 2010.

20. Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria. Análisis ético ante la retirada de asistencia sanitaria a inmigrantes sin permiso de residencia. SEMFYC 2012. Dispo-nible en: Vínculo.

21. Luis Andrés Gimeno Feliu. Reforma de ley de extranjería y asistencia sanitaria a pobla-ción inmigrante. Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud San Pablo. Zara-goza. 2012.

22. Hernando Arizaleta L, Palomar Rodríguez J, Márquez Cid M, Monteagudo Piqueras O. . Impacto de la inmigración sobre la asistencia hospitalaria: frecuentación, casuística y repercusión económica. Gac Sanit 2009; 23(3): 208-215.

23. Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública.Doce propuestas para garantizar la sostenibilidad del Sistema Sanitario Público. FADSP 2011. Disponible en: Vínculo.

24. Gür Ali O, Topaler B. How removing prescription drugs from reimbursement lists in-creases the pharmaceutical expenditures for alternatives.. Eur J Health Econ 2011; 12(6): 553-562.

25. http://resources.metapress.com/pdf-preview.axd?code=x7t9867n06357u41&size=largest

26. Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid. ¿Garantiza realmente la Sostenibi-lidad del Sistema Sanitario el Plan de Medidas proyectado por la Comunidad de Ma-drid? Un análisis de AFEM. AFEM 2012.

27. McKee M, Edwards N, Atun R. Public–private partnerships for hospitals. Organización Mundial de la Salud (OMS) 2006.

28. EFE. El TC considera inconstitucional el euro por receta en Cataluña', El Mundo. 06/052014.

29. Europa Press. El Constitucional anula el euro por receta también en Madrid', El Mundo. 03/06/2014.

30. 12584 Resolución de la Consejería de Sanidad por la que se hace pública la adjudica-ción del concurso para la gestión de la atención sanitaria especializada del Área 10 del Servicio Valenciano de Salud. Expediente 02059039920C0013397. BOE Nº 157 Pág. 10290, 02/06/1997.

31. Teresa Conca Martínez. ¿Intereses privados o servicios públicos?',El País. 19/11/2002.

32. Jaime Prats. El hospital de Alzira cobró a Sanidad 1.994 millones de pesetas en 2000', El País. 26/12/2001.

33. Jaime Prats. El hospital de Alzira obtuvo 25 millones por lucro cesante pese a sus ele-vadas pérdidas', El País. 18/12/2003.

34. Ribera Salud. El Modelo Alzira. Un modelo de salud. http://www.modeloalzira.es/ (accedido 17/08/2014).