1. Introducción

Con la puesta en vigencia de la Ley del Medio Ambiente (Ley1333 del 27 de abril de 1992) se estableció en Bolivia unnuevo marco jurídico para la preservación y conservacióndel medio ambiente y de los recursos naturales, además deconstituirse la base sustantiva de un nuevo derecho que em-pieza a gestarse como conjunto de normas sistematizadasque deben regir la problemática ambiental.

La Ley tiene por objeto establecer un marco legal adecuadopara regular la intervención del hombre en su medio, así co-mo, para normar bajo un nuevo concepto jurídico el uso yaprovechamiento de los recursos naturales. Emana de unarespuesta a la necesidad de implementar un nuevo ordena-miento legal y regulatorio completo, coherente, sistematiza-do y acorde a las necesidades y realidades del país y sus re-giones.

Nace además de la constatación del deterioro generalizadodel ambiente y del impacto sobre los recursos naturales, ypropone incorporar la variable ambiental a la problemáticadel desarrollo, bajo el principio de la sostenibilidad. Estable-ce una nueva concepción de lo que puede significar la con-servación del medio ambiente y su vinculación directa con eldesarrollo, ensanchando la concepción tradicional proteccio-nista e involucrando dentro de su contexto el aprovecha-miento sostenible de los recursos naturales renovables y elmantenimiento del equilibrio de los ecosistemas.

2. Un proceso novedoso de elaboración de la ley

Pocas veces en Bolivia un instrumento normativo respondióa una dinámica de participación en la cual se pudo recogerlas grandes preocupaciones o el sentir de la sociedad. En lamayoría de los casos, la formulación de leyes, decretos o demeras disposiciones de cualquier índole, responde a intere-ses o es producto de la propia coyuntura del poder.

Desde el inicio del Proyecto de Elaboración de la Ley Gene-ral del Medio Ambiente, se buscaron las mejores formas delograr una amplia participación de los actores protagónicosde esta problemática. Los grandes principios y postuladosque la orientan fueron recabados en consenso como resulta-do de diferentes actividades, reuniones y talleres desarrolla-

dos en todos los departamentos del país, de los que partici-paron representantes nacionales, partidos políticos, organi-zaciones públicas y privadas, agrupaciones cívicas, empre-sariales, conservacionistas y sociales.

De no haber existido el enfoque pluralista, democrático, des-centralizado y multidisciplinario con que se llevó a cabo suresponsable tratamiento, y de no haber primado un adecua-do nivel técnico y de especialización en los diferentes temasque conforman la problemática ambiental, no hubiese sidoposible contar hoy en día con una ley de esta naturaleza,donde muchos intereses están en contraposición.

Cabe remarcar y hacer un reconocimiento al trabajo realiza-do por la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Di-putados, el apoyo técnico de LIDEMA (Liga de Defensa delMedio Ambiente), organización que aglutina en su seno a va-rias organizaciones no gubernamentales que trabajan por laconservación ambiental, y el papel de destacados profesio-nales, expertos y consultores de apoyo, quienes contribuye-ron a dotar al país de una Ley, que a decir de organismosinternacionales y del propio Programa de la Naciones Unidaspara el Medio Ambiente (PNUMA), constituye una valiosaherramienta jurídica para el desarrollo sostenible de nues-tros pueblos.

Resulta necesario también destacar la participación de lasregiones en todo el proceso y la importancia y el rol desem-peñado por los Comités Cívicos, en representación de losverdaderos intereses de la región y de sus propias institucio-nes. Finalmente, el apoyo y la contribución financiera deUSAID - PL 480, Gobiernos de Alemania, España y Bélgica,así como de la propia Cámara de Diputados, quienes hicie-ron posible costear los gastos que demandó dicho procesoparticipativo.

Esta modalidad de encarar los procesos de formulación oelaboración de nuevos marcos normativos y de construir elderecho al desarrollo sostenible, resulta hasta la fecha la téc-nica y herramienta jurídica más eficaz y provechosa logradaen los últimos tiempos, algo digno de imitar en todos nues-tros países de la región.

3. Un nuevo modelo de gestión (perspectivas)

La gestión ambiental debe estar comprendida en el marcodel proceso de desarrollo histórico, demográfico, social, cul-

1 Sociedad Boliviana de Derecho Ambiental.

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LA EXPERIENCIA EN BOLIVIA (1992 – 2002)A 10 AÑOS DE LA VIGENCIA DE LA LEY DEL MEDIO AMBIENTE

por Ricardo Cronembold Bello1

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tural, político y económico de nuestros países, con todas supeculiaridades, diversidad, potencialidades y limitaciones.En este desarrollo sin embargo, la conservación de los recur-sos naturales y el medio ambiente a lo largo de la historia hatenido un perfil bajo, una escasa valoración, considerandoesta práctica marginal, ajena a la realidad nacional o pocosignificativa a la hora de establecer las políticas y las accio-nes del desarrollo.

Pese a ello, es menester reconocer que, en los últimos años,la gestión ambiental iniciada en Bolivia con la puesta en vi-gencia de la Ley del Medio Ambiente, tiende a rever dicha si-tuación y a reconquistar este espacio dentro de la realidad yla dinámica nacional y regional. De hecho los avances en lamateria son una prueba de esta posibilidad.

Procesos como la descentralización administrativa, la partici-pación popular (municipalización), el control y monitoreo am-biental, la evaluación del impacto ambiental, el ordenamien-to territorial, los planes de manejo, uso y aprovechamientode los recursos naturales, replantean de manera dinámica ycrítica conceptos, políticas e instrumentos de planificación ygestión de épocas pasadas, para formular de forma vigoro-sa y creativa una nueva visión de futuro y sostenible del de-sarrollo.

La problemática ambiental en Bolivia está hoy en día, de al-guna manera, intrínsecamente vinculada a los procesos denuestro desarrollo. Está contenida en las modalidades asu-midas en los campos de producción, consumo y distribuciónimpuestas por los diferentes estilos de desarrollo heredadosdel pasado, en el vigente y en las corrientes económicas ac-tualmente en ascenso.

Son las prioridades derivadas de ellos, muchas veces funcio-nales a estilos de vida no acordes con las necesidades de lamayoría de la población, las que han determinado una rela-ción sociedad – naturaleza desventajosa para esta última yhan definido trayectorias de desarrollo que no son, bajo nin-gún punto de vista, sostenibles. Aunque de manera generaldebemos compartir los efectos del deterioro ambiental delplaneta, también debemos reconocer que nuestros proble-mas ambientales no son los mismos que afectan a los paí-ses industrializados. En nuestro país, gran parte de éstos,afectan directamente a la salud y la vida misma de la pobla-ción, y definen una calidad de vida precaria e insalubre paralas grandes mayorías nacionales.

Por su parte, las limitaciones de nuestro propio desarrollo ynuestra dependencia expresada en obligaciones a asumirpor compromisos de endeudamiento externo, provocan tam-bién procesos de degradación ambiental. Las manifestacio-nes de la pobreza tales como la insuficiencia de servicios bá-sicos, la desnutrición, la falta de atención y desamparo ruraly las limitaciones del sistema educativo en general, entreotras, retroalimentan y profundizan la pobreza, al desenca-denar procesos de degradación del hábitat, exponiendo a lamayoría de la población a una calidad de vida inadecuada einaceptable.

Los esfuerzos por una modernización del Estado se sientenpor doquier. Los gobiernos tratan a toda costa de impulsar yponer en práctica políticas, leyes y modelos económicos

orientados en lo particular a superar la grave recesión eco-nómica, a frenar la inflación y lograr un crecimiento en estecampo y por mantener una democracia estable.

Nuevos actores sociales como la emergencia de las regio-nes, los gobiernos municipales o locales, así como los pue-blos y comunidades indígenas en el escenario social; nuevosroles, debates y formas políticas; e incluso un contexto inter-nacional y subregional dinámico y renovado en los últimostiempos, son elementos de este tránsito hacia un nuevo ciclode la historia nacional. Sin embargo, ésta todavía no tiene unperfil definido, ni otro nombre que el del período de la esta-bilidad democrática en transición, que desafía a la creativi-dad y a la búsqueda de alternativas de solución, en medio deprofundas crisis económicas de los países y de escándalosde corrupción atribuibles a sus gobernantes.

Bajo esta perspectiva, es posible afirmar que la problemáti-ca ambiental en Bolivia, institucionalidad mediante la Ley1.333, constituye otro de estos elementos que caracterizaneste período en transición. Los problemas ambientales y lapretensión de incorporar la naturaleza en la gestión del de-sarrollo, plantean un nuevo escenario amplio y complejo deproblemas nacionales en donde está involucrada la sociedadentera en su relación con su medio ambiente.

Siendo la gestión ambiental un medio de alcanzar un fin supe-rior que se resume en un desarrollo sostenible a largo plazo,adecuado en función de los recursos naturales y la capacidadecológica de nuestro territorio, la gestión ambiental del Esta-do debe procurar un conjunto de acciones normativas, admi-nistrativas y operativas que lo impulsen, promuevan y logrenresultados positivos en términos de mejorar la calidad de vidade la población, bajo el criterio de equidad y justicia social.

4. Los grandes logros

El concepto del desarrollo sostenible, como modelo de desa-rrollo a alcanzar, la planificación y gestión ambiental han si-do incorporados a través de la Ley del Medio Ambiente al de-recho positivo boliviano, mediante instrumentos y procesosnormativos como ser la evaluación de impacto ambiental, elordenamiento territorial , los sistemas de control de la calidadambiental, infracciones administrativas y delitos ambienta-les, entre otros.

Asimismo, esta ley de carácter general o ley marco, ha per-mito el desarrollo de otras legislaciones relacionadas a re-cursos naturales como ser la del sector forestal, conserva-ción de la biodiversidad, áreas protegidas, de acceso a losrecursos genéticos, uso de suelos, entre otras.

Cabe resaltar que la propia Ley estableció y puso en vigen-cia un Sistema Nacional de Áreas Protegidas, el mismo quesirve de marco legal para el manejo y conservación de losprincipales Parques Nacionales en Bolivia.

En la actualidad, la Ley cuenta con su principal reglamenta-ción en vigencia, que establece los procedimientos técnicos,administrativos y jurídicos para su aplicación y cumplimiento,en diferentes cuerpos regulatorios referentes a: a. la gestiónambiental, b. prevención y control ambiental, c. contamina-

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ción atmosférica, d. contaminación hídrica, e. actividadescon sustancias peligrosas y f. de gestión de residuos sólidos.

La puesta en vigencia de la Ley ha permitido el estableci-miento de políticas, planes y proyectos estratégicos ambien-tales multisectoriales en algunas oficinas públicas, ministe-rios, prefecturas y alcaldías, así como también haposibilitado la captación de recursos económicos y financie-ros para proyectos ambientalmente sostenibles, inicialmentecon la creación del Fondo Nacional del Medio Ambiente (FO-NAMA) y actualmente con la constitución de fondos en fidei-comiso con recursos provenientes de organismos financie-ros internacionales, multilaterales o regionales, así como dealgunos países desarrollados interesados en la problemáti-ca. De igual forma, se ha logrado desarrollar, aunque no enun nivel deseado, mayor y mejor información técnica quepermite prevenir y controlar impactos ambientales, en espe-cial, en algunos proyectos de desarrollo u obras de grandesdimensiones e inversiones.

Finalmente, la Ley resulta ser, aunque no todavía del todoconvincente, una herramienta de promoción de concienciaciudadana y de denuncia pública de los recursos y derechosque otorga como instrumentos de participación popular endefensa de los derechos de la colectividad.

5. Impases o debilidades

Los derechos ambientales ofrecen hoy en nuestro país, yhay casos similares casi en toda Latinoamérica, escenariosparadójicos. Por un lado, son el caballito de batalla de dis-cursos políticos y jurídicos; y por otra, son materia de gravesy sistémicas violaciones. Es una normativa reconocida en in-numerables textos legales, pero que no se traduce en prác-ticas incorporadas al comportamiento de autoridades y fun-cionarios públicos.

De todas formas, ocurrido el daño o denunciado el asunto, lapoblación sabe o entiende que existe una ley y que el casoes penado o amerita una reparación. Es necesario hacer no-tar que, el conjunto de la sociedad no ha hecho plenamentesuya todavía la demanda de la plena vigencia de los dere-chos que la Ley del Medio Ambiente le otorga, aunque en ca-sos aislados en los últimos años, la preocupación sobre lamateria ha logrado avanzar considerablemente.

Los constantes cambios de las estructuras del Poder Ejecu-tivo, han generado una confusión total respecto de la autori-dad ambiental competente. Nadie sabe ante qué autoridadrecurrir, ni tampoco se cuenta con funcionarios públicos ca-pacitados para atender y llevar adelante una gestión respon-sable, ni se cuenta con mecanismos de información y difu-sión adecuados, lo que origina un caos en la administraciónpública, debido en gran parte al manejo político de quienesadministran la gestión y al constante cambio de personal delas instituciones responsables.

La constante asignación de tareas y responsabilidades en unmarco institucional precario y débil, sin los recursos econó-micos y logísticos necesarios, debilita los procesos y siste-mas instaurados, haciendo que los mismos se conviertan te-diosos, burocráticos y generen corrupción en la gestión.

La Ley del Medio Ambiente fue pensada y creó los espaciosnecesarios para que los pueblos y las regiones constituyansu propia gestión en función a sus propias realidades, situa-ción que no ha sido aprovechada de esa manera, dejando delado una gestión descentralizada, permitiendo en la actuali-dad haber vuelto a las prácticas tradicionales del centralis-mo. Es necesario remarcar el espíritu descentralizador de laLey 1.333 que queda esclarecido en la creación del Conse-jo Departamental del Medio Ambiente (CODEMA) con la atri-bución de definir la política ambiental y controlar la gestiónambiental a nivel departamental.

Finalmente, resulta necesario hoy en día reformular y ade-cuar el marco institucional de la Ley, es decir dejar claramen-te sentadas las responsabilidades y tareas asignadas a la“autoridad ambiental” a nivel de instancias nacionales, de-partamentales, sectoriales y locales. Tal trabajo debe compi-larse en función a los cambios estructurales al que ha esta-do sometido el Poder Ejecutivo. Para ellos, se deberácompilar en base a los postulados de la Ley de Descentrali-zación Administrativa, Ley de Participación Popular, Ley deMunicipalidades, generando en lo posible una mayor partici-pación del Gobierno Municipal y de los vecinos en los asun-tos ambientales.

6. Los grandes desafíos

Es preocupante hablar de las oportunidades que nos deparael desarrollo sostenible. A diez años de la vigencia de la Leydel Medio Ambiente el camino del desarrollo sostenible ape-nas se ha iniciado.

Inicialmente, algunos esfuerzos dieron como resultado, lacreación del Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Am-biente, como instrumento articulador del desarrollo nacional,que previó incorporar la variable ambiental a los procesos deplanificación del desarrollo. A la fecha, dicha instancia haperdido el peso político necesario para hacer frente a los in-tereses y a las políticas que predominan para el desarrollode ciertos sectores productivos o de servicios.

Esta situación es el reflejo fiel de la que atraviesan muchosde nuestros países latinoamericanos a diez años también dela Cumbre de la Tierra. Logros aún insuficientes muestra laregión, pese al entusiasmo y a los compromisos que se pu-sieron en marcha por parte de los Estados y de la SociedadCivil para llevar adelante y cumplir con una Agenda 21, quecontiene una serie de líneas de acción sobre una variedadde temáticas. Asimismo, se organizaron posteriormente,cumbres regionales, incluyéndose una destinada a la consi-deración y el tratamiento de la problemática del desarrollosostenible, como fuera la Cumbre y la Declaración de San-ta Cruz de la Sierra.

Un documento reciente elaborado conjuntamente por la CE-PAL/PNUMA “La sostenibilidad del desarrollo en América La-tina y el Caribe: desafíos y oportunidades”, nos señala quela revisión del comportamiento del desempeño económico ysocial en los años noventa, y el análisis de la situación am-biental, nos sitúa en una etapa llena de contradicciones.

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Se puede apreciar que la transformación productiva de la úl-tima década tiene relación directa con la globalización. Sibien el sector primario disminuyó en el total de la producción,frente al sector secundario y/o terciario, principalmente porlas grandes inversiones realizadas en programas de integra-ción física, servicios de transportes, energéticos y proyectosde telecomunicaciones, la ampliación de la frontera agrícolacontinúa en base a un gran impacto sobre las recursos natu-rales, en especial sobre los bosques nativos y la diversidadbiológica, y la extracción de minerales e hidrocarburos man-tiene una tendencia creciente.

Por otro lado, como indica dicho documento, es bueno reco-nocer que, si bien el volumen de exportaciones provenientesde sectores con reconocido impacto ambiental (aluminio, pa-pel, celulosa), se ha triplicado en la mayoría de los paísesproductores, cuenta con sistemas productivos más limpios,por lo que las actividades primarias pueden provocar un me-nor impacto o degradación ambiental por unidad de produc-to. Eso también se puede percibir en los cambios tecnológi-cos ya iniciados en el sector industrial donde elmejoramiento de procesos de producción de bienes y servi-cios y las exigencias de calidad, han logrado un efecto sinér-gico.

7. Insuficiencia de recursos económicos y financieros

Tampoco “se ha avanzado lo suficiente en lo que respecta alas metas financieras que la comunidad internacional secomprometió alcanzar en el Programa 21”, sostiene la CE-PAL en el documento “El Financiamiento para el desarrollosostenible en América Latina y el Caribe”. En dicho informese recomienda una acción regional más integrada y coordi-nada para que la cooperación internacional dé mayores fru-tos y los países de la región logren una inserción comercialmás sostenible.

Según el estudio se observan algunas tendencias que pre-valecen. Por un lado la disminución de los flujos de asisten-cia oficial para el desarrollo (AOD), lo que representa ahoramenos de la tercera parte de los compromisos asumidos enRío. Por el otro, se aprecia por el contrario, que los flujos fi-nancieros internacionales privados aumentaron. Sin embar-go, su volatilidad es preocupante y su concentración en paí-ses desarrollados o economías emergentes margina a losmás pobres.

Asimismo, el estudio hace referencia a que se incrementaronlos aportes financieros de organismos internacionales paraapoyar la gestión ambiental y se empezaron a aplicar crite-rios ambientales en la evaluación de todos sus proyectos. Deigual forma, comenzaron a operar fondos multilaterales inter-nacionales de carácter concesional, aunque los recursos sonlimitados.

Finalmente, se señala que las políticas de financiamiento in-terno del desarrollo sostenible, expresado en el gasto am-biental tanto público como privado, evolucionan con lentitud,lo que refleja la debilidad institucional pertinente dentro delos aparatos estatales. Con diferencias nacionales, en la re-gión el gasto ambiental total no suele superar el 1% del PBI.

La realidad boliviana puede ser aún peor que la de otros paí-ses de la región. De acuerdo con el informe sobre la pobre-za rural en el año 2001 del FIDA (Fondo Internacional de De-sarrollo Agrícola), la mayoría de las personas en situación deextrema pobreza viven en zonas rurales y dependen de laagricultura y otras actividades conexas de subsistencia.

Aunque la cooperación internacional para el desarrollo dacada vez más prioridad a la pobreza (Iniciativa HIPC), aúnno se ha concentrado plenamente a llegar a los pobres en sumedio de vida o hábitat y en proporcionarles los medios másnecesarios o instrumentos para consolidar sus fuentes desubsistencia. Esto trae a colación una mala utilización de losrecursos y un fuerte impacto social y económico sobre el pa-trimonio natural y por ende a la comunidad. Por otro lado, laasistencia a la agricultura ha disminuido considerablementey muchos países industrializados apelan hoy en día al régi-men de subsidios internos para el sector.

Para muchos países pobres como Bolivia, la canalización dela ayuda externa y las inversiones nacionales hacia el sectorrural constituyen una de las formas más eficaces de promo-ver el crecimiento económico y el desarrollo sostenible, ade-más de constituir el medio más directo para reducir en granporcentaje la pobreza, erradicar el hambre y conservar elecosistema. Es alarmante ver los índices que lastimosamen-te muestra el área rural en cuanto a mortalidad infantil, des-nutrición, grado de analfabetismo, desempleo, de carencia ofalta de servicios básicos, etc. Con todo ello, todavía no es-tamos en condiciones de hablar del desarrollo sostenible yde sus logros significativos.

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