1

Coloquio “Derechos Humanos: Vida Cotidiana y Cultura Universitaria” Academia de Comunicación y Educación, Comisión de Derechos Humanos y Universitarios, Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora. Salón de Convenciones del Centro de las Artes de la Universidad de Sonora. Mayo 10 de 2010. LA VIOLENCIA EN EL MÉXICO ACTUAL Y SU NUEVA VERTIENTE EN EL NORTE DEL PAÍS Carlos Fazio1 Tras los comicios intermedios del 5 de julio de 2009, comenzó en México otra fase de signo incierto. Decíamos entonces que la debacle electoral de Felipe Calderón y el Partido Acción Nacional, podía entrañar el peligro de un desborde autoritario.2 Con 12.3 por ciento de los sufragios sobre un padrón de 77.4 millones de electores, la debilidad del administrador surgido de un fraude de Estado, se acrecienta. En un país sumido en una violencia reguladora en ascenso, en recesión económica, con una crisis de legitimidad de los partidos políticos parlamentarios y en el marco de un Estado de tipo delincuencial y mafioso, podría acentuarse el empaque autoritario de Calderón. En sus tres primeros años de desgobierno, apoyado en las Fuerzas Armadas, Calderón se presentó mediáticamente como un “salvador” en busca de la servidumbre voluntaria de las masas. Ante la exacerbación de la violencia, inducida y potenciada por la “cruzada” calderonista contra la (in)seguridad, la propaganda del régimen quiso construir en torno a su figura a un líder providencial y mesiánico. En octubre de 2007, Calderón dijo que “protegía al país con el monopolio del poder”. Se acentuaba ya entonces su mentalidad autocrática; un autismo autoritario como forma de degradación de la ley hacia su uso arbitrario, o en el sentido de que quien la ejerce ya no representa a la ley sino que la encarna. Desde entonces, la auto-atribución del “monopolio del poder” estuvo basada en el uso indebido de la fuerza y la violencia estatales. En particular, de unas Fuerzas Armadas virtualmente privatizadas, que obedecieron sin chistar a su comandante supremo y aceptaron su nuevo papel en la vida política nacional. Mala cosa. La política no es asunto de militares, grupo corporativo, jerárquicamente estructurado (autoritario-servil). O de otra manera: cuando los militares incursionan en el ámbito político se abona el camino hacia un Estado de emergencia, con suspensión gradual, formal y real, de garantías.

1 Carlos Fazio, nacido en Montevideo, Uruguay y naturalizado mexicano, es periodista de profesión. Se desempeña como docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y es profesor investigador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM). Es colaborador habitual del diario La Jornada y de la Agencia Prensa Latina. Es corresponsal del semanario Brecha, de Montevideo. Ha sido consultor de UNESCO y UNICEF. Es miembro del capítulo México de la Red de Intelectuales en Defensa de la Humanidad. Fue ponente en los Foros Social Mundial de Génova (2001) y México (2008). Entre otros, es autor de los libros: La cruz y el martillo. Una biografía política de monseñor Sergio Méndez Arceo; El Tercer Vínculo. De la teoría del caos a la militarización de México; Samuel Ruiz. El caminante; Juan Pablo II. El guerrero de Dios, y En el nombre del padre. Depredadores sexuales en la Iglesia.

2 Ver Carlos Fazio, “La guerra, el enemigo, los riesgos”. La Jornada, 13 de julio de 2009.

2

El larvado proceso de militarización del país ha estado asociado a la guerra intramafias desatada por Calderón por el control del territorio, las rutas y el mercado de la ilegalidad. La generalización del concepto de guerra y el aumento de la violencia oficial bajo el calderonismo se han dado en detrimento de valores éticos y morales, de las garantías civiles y los derechos humanos. En realidad, la violencia reguladora de Calderón es una operación del crimen organizado en las alturas del poder y busca imponer un proyecto clasista autoritario de nuevo tipo. Hannah Arendt decía que “el engaño, la falsificación deliberada y la mentira pura y simple son empleados como medios legítimos para lograr la realización de objetivos políticos”. Cabe añadir en ese contexto, según la famosa frase de Karl von Clausewitz, que “la guerra no es simplemente un acto político, sino un verdadero instrumento político, una realización de la misma por otros medios (…) el propósito político es el objetivo, mientras que la guerra es el medio”. Una idea que, por cierto, estuvo en la base del nacionalsocialismo. El mariscal Clausewitz sostenía que “la guerra es una extraña trinidad constituida por el odio, la enemistad y la violencia primitiva”. La guerra es un acto de fuerza física para imponer la voluntad al enemigo. El enemigo es el objetivo, y no hay límite para la aplicación de dicha fuerza. El problema es determinar quién es el enemigo. Bajo un régimen de excepción, la laxitud del concepto de enemigo suele ser muy amplia. Pero conviene tomar en cuenta que, en general, para un régimen cívico-militar de signo conservador, la razón de ser del instituto armado es destruir al enemigo. Aniquilarlo. Los grupos de comportamiento sectario −o de masas artificiales como llamaba Freud al Ejército y la Iglesia−, tienen determinadas características. La formación militar modela para jerarquizar, homogeneizar y uniformizar; para separar a sus miembros de la sociedad civil y convertirlos en engranajes de una maquinaria corporativa. El objetivo primero es la obediencia sin cuestionamiento al superior. El superior siempre tiene la razón, nunca se equivoca. Es una obediencia a la autoridad, no a la ley. Es la “obediencia debida”. Se obedece porque se lo ordenan, no por estar de acuerdo. En su interior se inculca la pertenencia ciega al grupo. Y se funciona de acuerdo a consignas tales como la Patria, la bandera, la democracia, aunque ellas no tengan ningún contenido o su significado esté tergiversado. Entre el deber moral y la obediencia, el miedo a la autoridad induce a obedecer sin cuestionar la conducta. Conviene recordar, además, que el Ejército tiene armas. Y que las armas son para matar. Específicamente, para matar seres humanos. Y dado que el objetivo es la destrucción del enemigo, las armas son el medio. Pero además, el objetivo primario de las Fuerzas Armadas, al que se deben subordinar todos los demás, es ganar la guerra por cualquier procedimiento. Si para ello hay que violar la Constitución y la ley, la guerra lo legitima. Para la consecución de ese fin, un sentimiento común del soldado es la indiferencia frente al semejante. Se considera al otro como no humano. Una cosa. Un número. Un elemento. El enemigo es desprovisto de toda personalidad y humanidad. La preocupación es de índole administrativa y no ética. Los valores “morales” se desprenden de las necesidades técnicas. Del éxito de la guerra. Como organismo grupal de procedimiento sectario, el Ejército está provisto de una “moral” que prohíbe todo tipo de cuestionamiento a la cadena de mando. Por esa vía, las más de las veces se legitiman el crimen, la tortura, el terror, la violación, el robo de niños, el genocidio. Ejemplos sobran. Y tales riesgos, en el México actual, están presentes.

3

Paramilitarismo3

Aparte de la irresponsable pretensión de inducir a la población mexicana a un alineamiento orgánico, legitimador, con el Estado, la guerra reguladora sin fin que, en clave de cruzada, dice librar Felipe Calderón contra los cárteles de la economía criminal, se suma la intención encubierta de fomentar y/o permitir el accionar de grupos civiles de autodefensa armada, una salida que en países como Colombia derivó en la paramilitarización estatal. Al respecto, los primeros casos durante 2009, fueron los de la comunidad mormona de Le Barón, en el municipio de Galeana, Chihuahua, y sendas matanzas de jóvenes considerados “desechables”, perpetradas por escuadrones de la muerte en Navolato, Sinaloa, y Ciudad Juárez, Chihuahua.

El 9 de julio de ese año, tras el secuestro y ejecución de dos líderes de Le Barón por un grupo de sicarios,4 el gobernador José Reyes Baeza anunció la creación de una “policía comunitaria”, que contaría −dijo− con los permisos y reconocimientos oficiales, y dependería de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, y a la cual se proveería con armas largas y cortas de alto poder y equipos de radiocomunicación.5 Inclusive, el general Felipe de Jesús Espitia, comandante de la Quinta Zona Militar, recomendó en una asamblea a los mormones, que quienes quisieran tener armas de calibre grande se inscribieran en grupos de cacería (sic).6 Luego se dio marcha atrás a la iniciativa,7 pero la absurda e irresponsable decisión de armar a la población civil para que hiciera justicia por su propia mano llamó la atención, porque Chihuahua era entonces la entidad más militarizada del país y según el entonces presidente de la comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes, estaba en un virtual “estado de sitio”. 8

En otro orden de ideas, dada la alta visibilidad social y mediática que adquirió el caso, quedó la impresión de que fue un primer intento orgánico oficial por involucrar a la sociedad civil, sus estamentos y organizaciones en la presunta “guerra” de Calderón contra los cárteles criminales. Es decir, de buscar paramilitarizar a la pacífica comunidad de Le Barón, bajo la coartada tan socorrida de la “autodefensa”.

En ese contexto, el 1 de septiembre un comando de cuatro hombres armados irrumpió en el centro de rehabilitación Aliviane, especializado en adictos a las drogas en Ciudad Juárez, formó con violencia a 22 jóvenes contra una pared interior y los rafagueó con disparos de AK-47, conocidos como cuernos de chivo. Cinco jóvenes están desaparecidos. Un día antes, el secretario de Seguridad Pública de Chihuahua, Víctor Valencia, había declarado que los centros de rehabilitación se han convertido en 3 Una primera versión de este acápite, apareció publicada bajo el título “Paramilitarismo”, en La Jornada, el 7 de septiembre de 2009. 4 Miroslava Breach y Rubén Villalpando, “Grupo armado levanta y mata a líder mormón y a su cuñado en Chihuahua”. La Jornada, 8 de julio de 2009. 5 “Chihuahua: armarán a habitantes de Le Baron”. Milenio, 10 de julio de 2010. 6 Denise Maerker, “Todos somos Le Baron”. Columna Atando cabos, El Universal, 13 de julio de 2009. 7 M. Breach y R. Villalpando, “Descartan armar civiles en Le Baron; se creará policía, afirma Reyes Baeza”. La Jornada, 11 de julio de 2009. 8 Andrea Becerril y otros, “Demandan seguridad a Calderón”. La Jornada, 9 de julio de 2009.

4

un “semillero” de criminales, porque los cárteles reclutan allí adolescentes considerados “desechables”. Según la procuradora de Justicia estatal, Patricia González, el múltiple homicidio fue parte de una guerra de “exterminio”.

Dos días antes, el 29 de agosto, en el malecón de Navolato, Sinaloa, otro comando de características similares e idénticas armas, había asesinado a diez jóvenes, entre ellos dos mujeres y tres menores. Los sicarios llegaron al tradicional punto de reunión para adolescentes los fines de semana, y sin decir palabra dispararon sus AK-47 contra el grupo. En el lugar quedaron 95 casquillos. Dos de las víctimas tenían antecedentes por robo de autos. Una semana antes, la presidenta del Frente Cívico Sinaloense, Mercedes Murillo, había denunciado que en lo que iba de 2009 habían sido localizados 35 jóvenes asesinados por “escuadrones de la muerte”. Para justificar sus crímenes los asesinos dejaron “mensajes” adheridos a las ropas de sus víctimas, calificadas como “ratas”.

Ambas matanzas reunían elementos comunes. Se estaría ante el exterminio de “jóvenes desechables” por vengadores anónimos, lo que en Brasil y Colombia se conoce como “limpieza social”. Con un antecedente adicional: en mayo anterior, un periódico capitalino había entrevistado al jefe de un comando parapolicial autodenominado El Grupo, financiado por empresarios, comerciantes y profesionales. Según la fuente, el comando de ajusticiamiento privado actúa en México desde hace 12 años, y habría surgido del “hartazgo ciudadano” ante la incapacidad del Estado para combatir a la delincuencia. ¿Su misión?, Negociar con secuestradores la liberación de sus víctimas, pero también perseguir, capturar, interrogar, torturar y decidir quién muere. El Grupo recluta civiles, uniformados en activo y ex policías. “Hacemos justicia donde el Estado no la aplica”. Una justicia anónima, vengativa, extralegal. A algunos “monstruos” los alcanza “Dios”. El método puede ser un tiro en la cabeza y “hacer aparecer como que la víctima cayó en un enfrentamiento en la calle” (sic). ¿Falsos positivos en México, como en Colombia?

El Grupo opera de modo clandestino, pero buena parte de sus acciones de inteligencia, rastreo de redes telefónicas, seguimiento fotográfico y operativos de captura son realizados de manera conjunta con autoridades policiales federales, estatales y municipales; mandos que saben de sus estrategias y los métodos que aplican, entre ellos, la tortura. A él se sumarían Los Linces, Los Matazetas y otros inventos. Marcela Gómez Zalce consignó que Felipe Calderón recomendó en privado a empresarios de Ciudad Juárez y Monterrey la contratación de servicios de seguridad formados por ex militares, de preferencia extranjeros. Lo que a su juicio demostraría la fallida estrategia gubernamental anticrimen, y la legalización de facto del paramilitarismo. El ex diputado Alfonso Suárez del Real acusó al gobierno federal de fomentar la creación de grupos paramilitares, con lo que se estaría renunciando a una de las prerrogativas esenciales del Estado: el monopolio legítimo de la violencia.

Sin embargo, se podría estar ante un nuevo fenómeno: la colombianización de México, por la vía de la paramilitarización del país bajo protección oficial. El paramilitarismo no es, como se pretende, un actor independiente, a la manera de una

5

“tercera fuerza” que actúa con autonomía propia. Es, como en la matanza de Acteal, Chiapas (1997), una estrategia del Estado ligada al Ejército y basada en la doctrina de contrainsurgencia clásica de la Escuela Francesa, aplicada en Argelia, asimilada y perfeccionada luego por el Pentágono y la Agencia Central de Inteligencia (CIA). En el caso mexicano existe una relación estructural, histórica, entre quienes practicaron la guerra sucia y los cárteles de la economía criminal. Los viejos guerreros sucios que asesinaron y desaparecieron civiles y guerrilleros en los años 60 y 70, entre ellos muchos mandos castrenses y policiales, nutrieron la nueva generación de narcotraficantes, secuestradores y asaltantes, y hoy podrían ser refuncionalizados por el gobierno con fines de control social.

El Operativo Chihuahua y la depuración criminal9

Mientras permanecen intocadas las estructuras patrimoniales y financieras de los cárteles de la economía criminal, el poder militar crece y se expande por todo el territorio mexicano. En un aparente contrasentido, a la vez que se profundiza la anticonstitucional intervención del Ejército en tareas de “seguridad interior”, se multiplican los grupos paramilitares, de “autodefensa” y las guardias privadas. Con un dato irrefutable: a mayor militarización, mayor violencia.

Los expertos ponen al Operativo Conjunto Chihuahua, bajo el mando del general Jesús Espitia, como emblema del fracaso de Felipe Calderón en su “guerra” al crimen. Pero podríamos estar asistiendo a un fenómeno diferente. La extrema derecha utiliza el miedo cuando está desarmada y el terror cuando está armada. Y como en toda propuesta autoritaria de rasgos neofascistas, lo más paradójico es que la inconformidad contra el orden existente se manipula demagógicamente para consolidarlo, y perpetuar así la miseria, la exclusión política y la violencia. La lógica es la misma de siempre: se trata de inflar al enemigo −los judíos, los negros, los comunistas, los subversivos, los indios− para canalizar en su contra los propósitos más reaccionarios generados por las contradicciones de clase y la crisis social y política.

En ese contexto, la violencia irracional no cesa. A los 18 fusilados del albergue El Aliviane, en Chihuahua, y los 10 jóvenes “desechables” ejecutados en Navolato, Sinaloa, se sumaron 10 más, el 16 de septiembre de 2009, en otro centro de rehabilitación para adictos en Ciudad Juárez. Según el gobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza, “no es casualidad: es parte de la guerra entre grupos criminales”. Así, a la política del acostumbramiento se sumaba ahora la de la “normalidad”. Y como las matanzas son “normales” entre ellos (los “indeseables”), el Estado justifica los crímenes y se lava las manos. Al fin y al cabo no son humanos. Sólo que Gustavo de la Rosa, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua, estima en “más de 300, tal vez 500”, los jóvenes ejecutados en la entidad en actos de “limpieza” o discriminación por motivos de condición social. El diputado local, Víctor Quintana, lo atribuyó a escuadrones de la muerte dedicados a “exterminar” adictos.

9 Una primera versión de este acápite apareció publicada bajo el título “Paramilitarismo/II”, en La Jornada, el 21 de septiembre de 2009.

6

No eran los únicos casos. El 27 de agosto, en Copándaro, Michoacán, cuatro jóvenes aparecieron asesinados maniatados, semidesnudos, con huellas de tortura, impactos de bala y una letra z marcada en la frente con un objeto punzocortante. El 1º. de septiembre, tres jóvenes limpiaparabrisas fueron ejecutados en Gómez Palacio, Durango. Sin aparente conexión, en Culiacán, Sinaloa, se registraron diez policías muertos en septiembre, luego de que apareciera una amenazadora manta con la leyenda “Empezó la limpia de ministeriales X ratas y extorsionadores, así como ustedes han matado mucha gente inocente, agárrense investigadores y Oriones. Att. G.belico” (sic).

La misma lógica de la normalidad y del acostumbramiento puede aplicarse al asesinato de abogados de narcotraficantes, como el de Silvia Raquenel, ex defensora de acusados de pertenecer a las mafias de los Beltrán Leyva y del Mayo Zambada, y Américo Delgado de la Peña, ex penalista de Juan García Ábrego. La primera fue acribillada el 9 de agosto de 2009 en el mercado La Pulga Río, en Nuevo León, y el segundo fue degollado en su domicilio en Toluca, el 30 de agosto de ese año. En Chiapas, el 18 de septiembre, paramilitares de la Organización Para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (OPDDIC), bajo cobertura del gobierno del Estado, emboscaron y agredieron a un miembro del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas e hirieron de bala a un ejidatario de San Sebastián Bachajón. Ya se había olvidado el asesinato del presidente del Congreso de Guerrero, Armando Chavarría, el 20 de agosto.

El ambiente de terror, la fascinación por la mano dura, la “depuración” criminal, la mal llamada limpieza social, el sicariato y los escuadrones de la muerte hacen parte de las operaciones violentas a gran escala propias de sociedades que se internan en procesos totalitarios. Por lo general, los móviles son atribuidos al ánimo descontrolado de retaliación de elementos de los cuerpos armados del Estado o a motivaciones ideológicas que corresponden a imaginarios de higiene y asepsia social, étnica e incluso a una moral maniquea.

Sin embargo, pese al discurso negacionista oficial, cabe reiterar que en sus diferentes modalidades, el paramilitarismo es un hecho político ligado históricamente con las estructuras militares y policiales del Estado. En países como Colombia suplanta ya a los mismos partidos, sus creadores. El paramilitarismo forma parte del proceso de institucionalización del orden autoritario. Su función es exterminar opositores y/o a la “escoria social” y paralizar al movimiento de masas por el terror, conservando al mismo tiempo las formas legales y representativas caducas, al hacer clandestina la represión estatal. La “estética” de la discriminación es parte de la estrategia paramilitar, que no se trata simplemente de un proyecto armado de guerra sucia, sino de la consolidación de un modelo de sociedad. Ante la mirada cómplice de muchos y la pasividad de las mayorías, los cuerpos seccionados, mutilados, lacerados con sevicia, buscan garantizar la eficacia simbólica del mensaje enviado al colectivo social: la alteración del cuerpo del enemigo, en función del sometimiento de la población civil al control y la subordinación, a través del miedo, como principio operativo.

7

En ese contexto, cabe recordar el análisis titulado “La Secretaría de la Defensa Nacional en el combate al narcotráfico” (2008), donde la Sedena alertaba sobre el riesgo de la inviabilidad del país ante la “previsible simbiosis” entre cárteles criminales y “grupos armados desafectos al gobierno”, objetivos a “aniquilar” mediante una cruzada nacional de tipo contrainsurgente.10

Los Zetas y la limpieza social11

Desde su llegada a Los Pinos gracias a un megafraude de Estado continuado, que abarcó desde los videoescándalos (2004) hasta la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que concluyó que la elección presidencial “no fue limpia”, pero valía (2006), Felipe Calderón dejó clara su voluntad de gobernar bajo un estado de guerra. Sacó al ejército a las calles y alentó el paramilitarismo. Desde entonces, México se convirtió en una gran carnicería.

Pero más allá de su afán de autolegitimarse con el apoyo de los militares, las razones de Calderón para sumergir al país en un baño de sangre responden a la propia lógica del actual sistema económico de dominación. Hay una interconexión dinámica entre neoliberalismo, corrupción-violencia, privatización de la (in)seguridad, economía “regular”, economía informal, sector criminal. En ese contexto, la “guerra” de Calderón contra los malos es típica de Estados en descomposición, donde cohabitan tres esferas antagónicas, pero a la vez simbióticas o interdependientes: la economía normal y legalmente operante; la economía informal o de sobrevivencia, que mantiene en un estado de inseguridad a las mayorías empobrecidas, y una economía abiertamente criminal, parasitaria y desterritorializada, sustentada en sistemas transnacionales de redes (tráfico de drogas, armas y personas), que facilitan una amplia gama de transacciones desreguladas. En las dos últimas esferas, la violencia opera como mecanismo de regulación social y económica, y es ejercida por formaciones extralegales y agrupaciones criminales de tipo mafioso (sicariato, escuadrones de la muerte, paramilitarismo, grupos de tarea), en el marco de una acelerada privatización de la seguridad estatal.

Calderón asumió la jefatura de un Estado de tipo delincuencial y mafioso, producto histórico de un capitalismo familiarista, amoral y colusivo, con eje en la dupla corrupción/impunidad y una violencia reguladora que es aplicada por los cárteles de la economía criminal en defensa de sus intereses, diluidos bajo la pantalla de empresas ilegales y legales, megaproyectos, bancos, bolsas de valores, paraísos fiscales, sociedades y emprendimientos de todo tipo que cuentan con protección y garantías en los distintos niveles del aparato institucional, federal, estatal y municipal.

La refeudalización política del Estado y la actual fase de violencia en México tienen que ver con un fenómeno de regulación económica muy complejo y entrelazado, 10 Ignacio Alzaga, “La viabilidad del país, ‘en riesgo’: Sedena”, ocho columnas del diario Milenio, 28 de noviembre de 2008. 11 Una primera versión de este acápite apareció publicada, con el mismo título, en La Jornada, el 30 de noviembre de 2009.

8

que incluye la competencia por los mercados y las rutas de la ilegalidad, vertebrado por el blanqueo o lavado en la economía regular de los beneficios generados por todos los rubros de la economía criminal −drogas, tráfico de indocumentados, de mujeres, niños y de órganos, armas, petróleo, precursores de fármacos sintéticos, contrabando, industria de la (in)seguridad−, lo que supone una maquinaria integral o una vasta red que, para ejemplificarlo en el caso del tráfico de drogas, va desde el campesino y el narcomenudista en las calles hasta Roberto Hernández y Citicorp-Banamex.

Lo nuevo, ahora, es la mayor visibilidad mediática de las acciones de limpieza social ejecutadas por tropas estatales y paramilitares, como los “comandos rudos” promovidos por el alcalde Mauricio Fernández en San Pedro Garza García, el municipio más rico del país. Pero el paramilitarismo no es nuevo en México. Surgió en los años 60 de la mano del PRI, con Alfonso Corona del Rosal y Alfonso Martínez Domínguez, apoyados por militares del Estado Mayor Presidencial,12 y se incrementó durante la guerra sucia de los 70 contra residuos de la guerrilla. A su vez, según confirmó un reporte de inteligencia del Pentágono (fechado en 1999 y desclasificado en 2009), el Ejército entrenó y dio protección a “grupos de autodefensa” civiles en Chiapas, como parte del Plan de Campaña 94 de la Secretaría de la Defensa Nacional contra el EZLN.13

Por lo general, la irrupción de grupos que practican la justicia privada, a la manera de los escuadrones de la muerte que proliferaron en Guatemala, Uruguay, Argentina y Brasil en los años 60 con apoyo oficial, se da en momentos de crisis profundas, en países en descomposición, sumidos en el caos y la desestabilización, bajo presidencias débiles que generan vacíos de poder, y en el marco de una violenta lucha de clases impuesta por los que mandan. Colombia es el ejemplo más acabado: Álvaro Uribe es el primer presidente del narcoparamilitarismo. Y según el investigador Eduardo Correa, la réplica mexicana de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que lograron penetrar al Estado y los partidos políticos colombianos, son Los Zetas.14

Un informe desclasificado del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos, indica que durante el gobierno de Vicente Fox, el brazo armado del cártel del Golfo recibió apoyo del procurador general de la República, Rafael Macedo de la Concha.15 Según una monografía sobre Los Zetas de la Secretaría de Seguridad Pública, el grupo criminal está conformado en su mayoría por “exmilitares”.16 Entre ellos, un grupo con alta capacidad de entrenamiento en operaciones de logística, armamento sofisticado y tecnología, con cursos especializados (despliegue rápido por aire, mar y

12 Ver Gustavo Castillo García, “Probada, la colusión de militares y líderes priístas en matanza del 68”, La Jornada, 4 de octubre de 2009. 13 Guido Peña, “Confirma EU. El Ejército entrenó a paramilitares”, Milenio, 20 de agosto de 2009 y David Brooks, “CSG y Zedillo autorizaron apoyo a paramilitares en Chiapas, dice EU”, La Jornada, 21 de agosto de 2009. 14 Eduardo Correa, investigador de la Universidad Autónoma de la C iudad de México (UACM), conversación con el autor. 15 Ricardo Ravelo, “Protectores del cártel del Golfo”, revista Proceso, 2 de marzo de 2008. 16 Ricardo Ravelo, “…Sí existen”. Proceso, 2 de marzo de 2008.

9

tierra, francotiradores, rescate de rehenes, etc.) en Estados Unidos, Israel y Egipto: los Grupos Aeromóviles de Fuerzas Especiales (GAFES), que habrían desertado del Ejército. ¿Son Los Zetas un grupo “fuera del control” estatal que realiza acciones de limpieza social de competidores desechables? ¿A su sombra se camuflan otros? ¿Son la avanzada de un nuevo paramilitarismo como estrategia militar de contención de la protesta social y el levantamiento popular?

La barbarie civilizada17

Frente a la masificación de la barbarie y el uso mediático del horror como espectáculo, conviene rescatar el carácter central del montaje de Estado en torno a la ejecución sumaria de Arturo Beltrán Leyva el 16 de diciembre de 2009 y la manipulación y profanación del cuerpo del presunto delincuente, exhibido como trofeo de guerra en la posterior difusión visual propagandística del régimen.18 No hubo en ello ningún paso en falso.

El obispo de Saltillo, monseñor Raúl Vera, definió el operativo del comando de elite de la Infantería de Marina que intervino en la acción en una zona residencial de Cuernavaca, Morelos, como una “ejecución extrajudicial”, un “asesinato”.19 Desde Copenhague, en la legalización triunfalista del hecho, Felipe Calderón lo presentó como “un logro muy importante para el pueblo y el gobierno de México”. Al respecto, el psicoanalista Alberto Sladogna se refirió al tratamiento de la muerte de Beltrán Leyva como una acción de la “barbarie civilizada” regida por el criterio de “eficacia”, como en la Alemania nazi.

Conviene dejar apuntado que en julio-agosto de 2007, 45 comandos de la Marina mexicana habían participado en ejercicios bélicos de “alta intensidad” en la Escuela de Fuerzas Especiales de Fort Bragg, Carolina del Norte, donde tiene su sede el Centro de Operaciones Psicológicas del Pentágono; el curso fue identificado con el código NMX2007NT001W.20

Como antecedente, cabe recordar también, que a comienzos de los años sesenta, en Fort Bragg, de la mano de los ideólogos de la Escuela Francesa Roger Trinquier y Paul-Alain Léger, Estados Unidos adoptó las técnicas de la “guerra moderna” (la guerra sucia antisubversiva aplicada por el ejército galo en Argel), que luego pusieron en práctica tropas aerotransportadas del Pentágono (boinas verdes) en la “operación Fénix”, en Vietnam.21 Después, desde la Escuela de las Américas y otros centros de adoctrinamiento castrense, Washington fomentaría los escuadrones de la muerte y los 17 Una primera versión de “La barbarie civilizada” apareció publicada en el diario La Jornada, el 28 de diciembre de 2009. 18 Rubén Mosso e Ignacio Alzaga, “Matan a Arturo Beltrán Leyva tras 3 horas de balazos”, ocho columnas de Milenio;; Héctor González y Benito Jiménez, “Matan a Beltrán Leyva”, ocho columnas de Reforma, 17 de diciembre de 2009. 19 Leopoldo Ramos, “Denuncia Raúl Vera ‘ejecución extrajudicial’ de Arturo Beltrán”, La Jornada, y redacción, “Vera: la Marina ejecutó a Beltrán fuera de la ley”, El Universal, 26 de diciembre de 2009. 20 Víctor Hugo Michel, “Reinicia EU capacitación de soldados mexicanos”. Milenio, 6 de agosto de 2009. 21 Marie-Monique Robin, Escuadrones de la muerte. La Escuela Francesa. Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 2005.

10

grupos paramilitares e introduciría la doctrina contrarrevolucionaria en las fuerzas armadas latinoamericanas. El modelo hemisférico más acabado sería la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), de Argentina, cuyo GT 3.3.2 −código dado al grupo de tarea de los marinos argentinos−, se especializaría en el secuestro, la tortura y la eliminación física de los “enemigos de la Patria”.

Incluir el terror político en una dialéctica entre la razón y la locura atañe a la humanidad entera. Dice Marcelo N. Viñar que las fronteras entre sin razón y simbolización, no son individuales ni victimológicas, sino societarias. Así como la tortura moderna no es una enfermedad del torturado, sino un mal endémico de la civilización, que crece y se expande con el progreso, como cualquier tecnología perfectible y robotizable, como cualquier industria, la teatralización del triunfo sobre Beltrán Leyva −la víctima como espectáculo a través de la divulgación de fotos con el cadáver semidesnudo, los pantalones abajo y decorado con billetes ensangrentados, amuletos y joyas−22 no es un barbarismo retardatario y salvaje (la “semiótica bárbara” o la devoción al “culto paramesiánico”, diría Monsiváis), sino una necesidad del poder en la sociedad mexicana actual, su reverso abyecto pero necesario.

Desde la experiencia de la Gestapo y los campos de concentración nazis, la guerra sucia contra la independencia de Argelia y las escuelas de contrainsurgencia del Comando Sur del Pentágono, Washington ha producido empresas de exterminio y expertos militares de una tecnicidad temible. Así, más allá el crimen anónimo y de la escenografía y los falsos deslindes oficiales −las instituciones operaron de manera fantasmática, intangible: no se sabe quién ordenó el montaje mortuorio ni quién tomó y distribuyó las fotos de Beltrán Leyva−, los infantes de Marina que intervinieron en Cuernavaca dieron un trato eficiente al delincuente y su cadáver.23

En el caso de marras, haiga sido como haiga sido −dice Alberto Sladogna−, la “barbarie civilizada” pasó del cuerpo de la víctima al cadáver. El cuerpo provoca la erótica del duelo, mientras el cadáver es un “monto biológico”, una “carroña”. Una carroña corrompida que sirvió de alimento a los carroñeros: “En su guerra sucia, los medios de comunicación se alimentan y nos alimentan con carroña”. Ergo: los delincuentes no son humanos, son carroñas y deben ser eliminados. En la construcción del “enemigo” subyace el criterio de eficacia: lo que antes era calificado de bárbaro ahora es civilizado: un “logro” del pueblo y del gobierno de México (Calderón dixit), donde queda difuminada la frontera entre la actividad de Santiago Meza López, El Pozolero (disolver cadáveres con ácido) y la maquinaria de guerra puesta en marcha para convertir el cadáver que fuera de Beltrán Leyva en “un narco mensaje civilizado”.24

22 Ver fotografías de primera plana e interiores de El Universal y El Gráfico, del 18 de diciembre de 2009, y Proceso No. 1729, del 20 de diciembre de 2009. 23 Alberto Sladogna, “La barbarie civilizada: El tratamiento de la muerte”, Internet y conversación con el autor, 21 de diciembre de 2009. 24 Ibíd.

11

En un mundo de impostura y simulación, donde el terror es un espectáculo cotidiano y trivializado −lo que remite a la banalidad del mal de la que nos hablaba Hanna Arendt−, hay que remarcar que el terror de Estado y la violencia reguladora son concebidos y ejecutados por hombres para destruir a otros hombres, y se instalan en condiciones sociopolíticas o históricas determinadas. Se trata de “procesos” históricos concretos que construyen el progreso o el horror. Hoy, en México, la barbarie civilizada opera a través de personas y aparatos concretos, en pleno descampado y a la vista de toda la sociedad. La puesta en escena fue amplificada por unos medios amarillistas que operaron, en la coyuntura, como vehículos de propaganda de la “estrategia integral de seguridad” del régimen calderonista en su cruzada contra los malos. A la sazón, una “guerra” parcial y limitada, no sólo por la selección de los cárteles de la economía criminal a exterminar, sino por la exclusión en materia investigadora y persecutoria, de narcobanqueros, narcoempresarios, narcopolíticos, narcojueces…

Sobre la guerra25

La así llamada pacificación del país −eufemismo orwelliano para la realización de lo contrario−, aunque más letal que en Irak o Afganistán, es algo distinto de una guerra. Se trata de una violencia reguladora de la economía criminal (término técnico tomado del léxico de contabilidad “ajuste de cuentas”), que en la actual ofensiva policíaco-militar del Estado mexicano incorpora algunos elementos de la lucha antisubversiva clásica.

En las postrimerías del foxismo, los operativos en Atenco y Oaxaca fueron sendos laboratorios de una guerra psicológica contra masivas protestas sociales organizadas, que vinieron a sumarse al cerco de aniquilamiento vigente en Chiapas en el área de influencia del EZLN. A partir de diciembre de 2006, con Felipe Calderón en Los Pinos, la presencia masiva de militares y fuerzas paramilitares del Estado en vastas extensiones del país, respondió al ABC de la contrainsurgencia clásica, experimentada parcialmente en el sur-sureste mexicano tras la insurrección zapatista.

Junto con prácticas propias de un Estado de excepción y bajo el argumento de la “recuperación del territorio” (ergo, retomar la “plaza” en poder de otro cártel criminal), se ha venido llevando a cabo una diseminación geográfica de las Fuerzas Armadas y una cuadriculación contrainsurgente del territorio nacional, aplicándose detenciones, arraigos y allanamientos sin orden judicial y estableciendo retenes con varios casos de víctimas mortales, incluidos niños, con el objetivo encubierto de establecer un control de población de facto, así como la destrucción preventiva de organizaciones definidas desde la óptica castrense como herramientas del “enemigo interno”. Cabe recordar que un informe de la Sedena (La Secretaría de la Defensa Nacional en el combate al narcotráfico, 2008), ya citado, proyectaba una “simbiosis” entre cárteles criminales y “grupos armados desafectos al gobierno”, a los que había que “aniquilar”.

25 Una primera versión del texto “Sobre la guerra” apareció publicada en el diario La Jornada, el 11 de enero de 2010.

12

Sujetos a una legalidad aparente, merced a unos poderes Legislativo y Judicial cómplices y obsecuentes, en el marco de esa “guerra” difusa e indefinida, el Ejército y la Marina han renovado funciones similares a las de los años del plomo del díazordacismo y el echeverriísmo. Entre ellas, la inteligencia política y la acción policial, que en tiempos normales incumben a las autoridades civiles. Y es bien sabido que quien dice “información”, dice “interrogatorio” y entonces “tortura”, lo que lleva a hacer saltar por los aires la picota de la legalidad.

Un resultado concreto de ese trabajo de “limpiador de cloacas” −como lo llamaba el general Massu en Argelia−, es la multiplicación de denuncias por violaciones a los derechos humanos cometidas por integrantes de las fuerzas armadas. No obstante, de manera subrepticia, los militares se han venido arrogando competencias policiales y terminaron reclamando, en particular, una legislación de excepción hecha a su medida.

En nombre de hacer más “eficaz” la lucha contra el crimen y la subversión, el Ejecutivo federal ha elevado al Congreso iniciativas de ley que buscan eliminar las restricciones políticas de tiempo de paz y limitar las garantías de los derechos humanos universales, que (en principio) hacen ilegítimas la práctica rutinaria de la tortura, las ejecuciones sumarias extrajudiciales y la desaparición forzosa de personas, así como la existencia de escuadrones de la muerte y grupos de limpieza social, elementos, todos, propios de la guerra sucia. Un modelo político-militar que no es ni más ni menos que la matriz del terrorismo de Estado.

Cabe advertir que la guerra sucia, tal como la practicaron los franceses en Argelia, Estados Unidos en el sureste asiático y los regímenes de “seguridad nacional” en Centro y Sudamérica, entraña la emergencia de una ideología reaccionaria y antirrepublicana, incluso una deriva fascista, en el seno de la institución militar, que la impulsa a reivindicar el ejercicio directo del poder según un programa en el que la dictadura es erigida a rango de “arma de guerra”. Según la experiencia, en esos regímenes, el “enemigo subversivo” y la población que le da apoyo constituyen los objetivos que se deben intoxicar propagandísticamente mediante campañas de saturación, persuadir o aniquilar por todos los medios.

En ese contexto, el asesinato de la luchadora social Josefina Reyes en Ciudad Juárez; los homicidios de testigos protegidos como el ex agente federal Édgar Bayardo (¿fuego amigo?); el suicidio inducido (o la eliminación) de Jesús Zambada, quien apareció ahorcado en un recinto de la PGR, así como el medio centenar de balas que terminaron con Arturo Beltrán Leyva, permiten constatar la presencia de algunos rasgos típicos del terrorismo de Estado. Verbigracia, en el caso de la exposición pública del cadáver de Beltrán, exhibido como trofeo y con mensajes en código entre pares, todo indica que se trató de una ejecución con valor ejemplarizante que sigue los cánones de la guerra sucia, según los cuales se debe terminar con los heridos y asesinar vencidos o sospechosos en represalia por la muerte de soldados o para vengar camaradas. No se trata de una falla del sistema sino de una ejemplaridad al margen de la ley, que desnuda a los ejecutores y al Estado mafioso.

13

Así como la tortura, la ejecución extrajudicial y la desaparición forzosa (hoy levantones) son factores esenciales de la lucha contrainsurgente, la exposición pública de cadáveres de “enemigos” −o narcos, da igual−, es una técnica de la guerra psicológica. A lo que se suman el helicóptero como instrumento de combate, el espionaje masivo, los autoatentados y sabotajes, los vehículos sin placa, las cárceles clandestinas. Muchos de esos elementos reaparecen hoy en México, incluida la importación, ahora, de los “falsos positivos” (en Colombia: civiles detenidos y asesinados por el Ejército, que se hacen pasar por “guerrilleros” muertos en combate) y la cédula de identidad biométrica de impronta estadunidense.

Limpieza ruda26

La ejecución de Arturo Beltrán Leyva en Cuernavaca, Morelos, marcó un punto de inflexión en la guerra reguladora sin fin que envuelve al Estado mexicano y a los cárteles de la economía criminal. Beltrán Leyva no podía quedar vivo. Sabía mucho. Como pocas veces antes habían quedado exhibidas nuevas modalidades de la compleja maquinaria integral que abarca los distintos giros de la economía criminal −indisolublemente atada a la economía legal− y sus vastas redes de protección. Por eso había que silenciarlo. Además, los 62 balazos que recibió y la decoración funeraria que profanó su cuerpo llevan implícito el mensaje de que se trató de una muerte con valor ejemplarizante, al margen de la ley.

Investigaciones judiciales filtradas a los medios revelan que el cártel del Pacífico había penetrado los círculos de inteligencia de los aparatos de seguridad del Estado −incluidas la Procuraduría General de la República, la Policía Federal y la Secretaría de la Defensa Nacional− y establecido pactos de tipo delincuencial y mafioso con funcionarios de los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal) en varias entidades.

Según datos de la PGR y la Armada, el capo contaba en Morelos con la colaboración delictuosa de un coronel y dos mayores (presuntamente miembros de la sección segunda) adscritos a la 24 Zona Militar, con sede en Cuernavaca. Incluso se manejó que el día de su ejecución había acordado comer con el general Leopoldo Díaz Pérez, jefe de esa plaza,27 y quien a finales de los años noventa destacó como mando del Agrupamiento Chiapas, un grupo de elite del Ejército encargado de la guerra contrainsurgente contra el EZLN. Las investigaciones señalaban que el cártel de Beltrán Leyva también tenía infiltradas a la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia del estado, entre cuyos mandos se encuentran un coronel y seis generales (varios de ellos retirados).28

Asimismo, se informó que la PGR había recabado indicios de que el gobernador de Morelos, Marco Antonio Adame, del Partido Acción Nacional (PAN), pudiera estar 26 Una primera versión del texto “Limpieza ruda” fue publicada en La Jornada el 25 de enero de 2010. 27 Ricardo Ravelo, “un golpe lleno de dudas”. Proceso, 20 de diciembre de 2009. 28 “El ‘Jefe de Jefes’ vulneró la Sedena”, Proceso No. 1730, 27 de diciembre de 2009. Sin firma, para proteger reporteros y corresponsales.

14

implicado en la red de protección de los hermanos Beltrán Leyva. Dos integrantes del círculo íntimo del gobernador, el secretario de Seguridad Pública y el Procurador fueron acusados y cesados por proteger al cártel, y en una fecha posterior la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) reveló la existencia de una investigación contra dos de los escoltas de la guardia personal de Adame.29

Un aspecto poco visibilizado, que podría formar parte de un nuevo patrón operativo en la guerra reguladora de la economía criminal con participación estatal y ramificaciones a nivel nacional, era la existencia en Morelos de un grupo de “limpieza social”, cuya actuación, según algunas versiones, habría sido pactada entre Beltrán Leyva y autoridades locales. De acuerdo con el expediente PGR/SIEDO/UEIDICS/-16672009, la misión del comando de limpieza era exterminar secuestradores, violadores, ladrones comunes, robacoches, asaltacasas y comercios, para no “calentar” la plaza y presentar a Morelos como un “estado seguro”, lo que a su vez permitía el tráfico y la distribución de drogas.

La ruptura de la “narco-seguridad” concesionada al ex capo en Morelos quedó evidenciada, además, en una manta colocada en la colonia La Lagunilla, en Cuernavaca, un par de días después de la ejecución de Beltrán Leyva, donde se advertía: “Eso no es ni el comienzo de la guerra en Morelos aparte de ke les estábamos ayudando a combatir la delincuencia en Morelos, cometieron un gravísimo error al meterse con LA EMPRESA”.30

¿Cuáles fueron las correas de transmisión “institucionales” de las órdenes de pactar con delincuentes? ¿Incluía al gobernador y a los mandos militares del Ejército y la policía en la entidad? ¿A alguien más arriba a nivel federal? ¿Qué llevó a la ruptura de la pax narca? ¿Por qué el ‘Ni tregua ni cuartel’ de la consigna guerrerista presidencial no ha afectado a ningún alcalde panista de Morelos, a diferencia del Operativo Michoacán donde la represión “antidrogas” estuvo dirigida contra funcionarios municipales y estatales pertenecientes al Partido de la Revolución Democrática? ¿No fue por la enorme cadena de corrupción en Morelos, que la DEA y Washington presionaron a Felipe Calderón para que fuera un grupo de elite de la Marina entrenado por el Pentágono, el que llevara a cabo el operativo en Cuernavaca?

Llamó la atención que las primeras noticias sobre la existencia de “grupos de exterminio” o “limpieza social” bajo el calderonismo, surgiera en otro municipio gobernado por Acción Nacional: el de San Pedro Garza García, en Monterrey, Nuevo León, donde el alcalde Mauricio Fernández Garza, uno de los hijos fundacionales del partido blanquiazul, había “consensuado”, precisamente con los Beltrán Leyva, su plan

29 Francisco Gómez y Justino Miranda, “Escoltas del gobernador de Morelos son vinculados a los Beltrán Leyva”. El Universal, 11 de enero de 2010. 30 Ver narcomanta en Ricardo Ravelo, “Tras la vacante criminal”. Proceso No. 1730, 27 de diciembre de 2009.

15

de seguridad pública.31 Los “equipos de limpieza” y “trabajo rudo” de Mauricio Fernández, nueva versión vernácula del narcoparamilitarismo a la colombiana, despertaron polémica y alarma en las buenas conciencias en noviembre de 2009, cuando entraron en acción el mismo día de su toma de posesión.32

Se obvió entonces y se obvia ahora, que históricamente los grupos paramilitares al estilo de los halcones y la Brigada Blanca en el México de la guerra sucia de los años setenta nacen patrocinados por sectores del gran capital y estrechamente vinculados a la estructura policiaco-militar del Estado, y suelen ser refuncionalizados en la lucha contrainsurgente contra organizaciones populares. Lo paradójico, ahora, era que la muerte de Beltrán Leyva y el golpe a su cártel no terminaba con el problema, ya que el modelo forma parte de una guerra irregular que incluye, además, como está ampliamente documentado en nuestros días, el uso de la tortura, las ejecuciones extrajudiciales y los “falsos positivos” con fines de control social.

Sobre mitos y tumbas

En la actual coyuntura mexicana Ciudad Juárez es el laboratorio de una violencia reguladora estatal criminal sin límites. La matanza de preparatorianos fue el último eslabón de una larga cadena de ejecuciones criminales y/o extralegales, que ha exterminado ya a medio millar de jóvenes considerados “desechables”.33 Con un agregado: militares, tropas especiales de asalto, cuerpos policiales paramilitarizados, agentes provocadores, grupos de autodefensa, escuadrones de la muerte, mafias, bandas y sicarios al servicio de los cárteles de la economía criminal han venido contribuyendo de manera acelerada, en esa ciudad de Chihuahua, a la autodestrucción social.

Vivimos tiempos anticivilizatorios. Cabe recordar, con Horst Kurnitzky, que cuando desaparecen los poderes y las alianzas que constituyen, cohesionan y mantienen unida a la sociedad, no queda nada que pueda impedir el proceso de disolución social: la sociedad se desintegra en una selva socialdarwinista; en una lucha de todos contra todos donde sobrevive el más discreto y adaptado al medio. Anulados los sistemas civiles de protección propios de un Estado de derecho, las fronteras entre los mercados formales, informales y criminales se vuelven muy flexibles e irrumpe la violencia reguladora: los conflictos son resueltos con la fuerza de las armas. La violencia es la extrema consecuencia del principio de una economía llamada neoliberal (regida por el dios mercado), para la cual sólo vale el éxito; donde la lucha por el poder se resuelve bajo el lema “exterminar para no ser exterminado”. Ergo: el hombre enemigo del hombre. Un mundo lobo. El punto de partida es una violenta lucha de clases desatada por los de

31 “Candidato del PAN en NL pacta con los Beltrán Leyva”, redacción de El Universal, 12 de junio de 2009 y Francisco Reséndiz y Jonathan Tapia, “No pacté con los Beltrán, pero viven en NL: Mauricio”, El Universal, 13 de junio de 2009. 32 David Carrizales, “NL: desata polémica la propuesta de crear comando ilegal en Garza García”, La Jornada, y Diego Osorno, “Grupo de limpieza de San Pedro, ilegal”, Milenio, 4 de noviembre de 2009. 33 Rubén Villalpando y Miroslava Breach, “Ejecutan en Ciudad Juárez a 12 adolescentes y dos adultos”, La Jornada, y Mario H. Silva, “Matan a 14 en fiesta estudiantil de Juárez”, El Universal, 1 de febrero de 2010.

16

arriba, cuyo fin es la exclusión de otros grupos sociales, que tiene como marco, hoy, un proceso dinámico de creciente y extrema polarización socioeconómica.

El fenómeno no es exclusivo de Ciudad Juárez. Se verifica en muchos otros puntos de la geografía nacional. Tampoco es de ahora; viene de atrás. Y tiene que ver con un larvado proceso de privatización del poder, de la autoridad y la violencia estatales. Y también, de la (in)seguridad. El Estado abdicó de sus atribuciones soberanas y surgieron zonas extra territoriales de seguridad, controladas casi exclusivamente por las empresas, legales e ilegales, y muchas veces criminales. De un derecho público fundamental, la seguridad personal se transformó en una mercancía. Y allí donde el Estado dejó de funcionar, aparecieron los “apartheid de la pobreza” (Peter Lock) y la vida se transformó de manera creciente en un infierno criminal controlado por individuos o bandas armadas, servicios de venta de protección y grupos de autodefensa, pero también por vengadores anónimos uniformados de los aparatos de seguridad y castrenses, que practican la justicia por propia mano u operan como agentes del terrorismo de Estado, amparados, estos últimos, en la genial impostura matrizada por uno de los publicistas del régimen, el renegado salvadoreño Joaquín Villalobos, quien sostiene que Felipe Calderón libra una guerra justa contra los malos… y la va ganando.34

Parte de ese entramado, con su lógica contrainsurgente, ha sido denunciado en fechas recientes por la Asamblea Ciudadana Juarense y el Frente Nacional contra la Represión, para quienes “el gobierno federal encubre paramilitares y escuadrones de la muerte” (Rubén Villalpando, La Jornada, 3.II.2010). Otras voces han señalado en ese diario que el Estado impulsa un “modelo juvenicida” (Víctor Quintana) y alertaron sobre una “criminalización de la juventud” (Alfredo Nateras).

El México actual se mira en el espejo colombiano. En ese país sudamericano la doctrina de la seguridad nacional arrancó en los años sesenta y se caracterizó por una alta transferencia de poderes al aparato militar y por la concentración del poder en el órgano ejecutivo, según directrices trazadas por el Pentágono para la región. Desde entonces el Estado colombiano montó una guerra contra el “enemigo interno, y al mismo tiempo impulsó la organización paramilitar de la sociedad. Se fue dibujando así una estructura estatal ideada y concebida para el ejercicio racional, calculado y sistemático de la violencia como forma de hacer política, con visos de legalidad y apariencia de un régimen de Estado de derecho.

Las facultades de investigación del estamento militar permitió el accionar criminal del Estado, que revistió de una aparente legalidad operaciones clandestinas y encubiertas de los organismos de inteligencia. Inteligencia que sirvió para la comisión de crímenes, que quedaron impunes, retroalimentando el terrorismo de Estado. El modelo de la “guerra total” se aplicó contra la guerrilla, políticos opositores, sindicalistas y campesinos. Pero pronto el concepto de “enemigo interno” se extendió a todos los actores del “desorden total”. Indigentes, prostitutas, desempleados, gamines 34 Ver Joaquín Villalobos, “Doce mitos de la guerra contra el narco”. Revista Nexos, enero de 2010.

17

(pequeños ladrones) se convirtieron en blanco de asesinatos sistemáticos, fenómeno conocido bajo el nombre de “limpieza” o “eutanasia social”, que incluyó la ejecución de menores en situación de calle por escuadrones de la muerte, lo que dio origen a una nueva terminología: “niños desechables”. Siguió luego la creación estatal de “juntas de autodefensas civiles” bajo mando militar, para la ocupación de territorio y control y registro de población, que derivó en el primer gobierno del narcoparamilitarismo: el de Álvaro Uribe.

En México, mientras Juárez lloraba a las víctimas de la última matanza y exigeía justicia, Calderón ensayaba un cambio de discurso demagógico y es previsible una compaña de intoxicación propagandística para “vincular a los juarenses en el combate al crimen”, como una forma de encubrir su persistente intento por llevar al país hacia un régimen de excepción más caótico, violento y militarizado.

Juárez, Freud y los hijos de puta

Cuando el 11 de febrero, Luz María Dávila, madre de dos jóvenes ejecutados por un comando paramilitar en el fraccionamiento Villas de Salvárcar, Ciudad Juárez, increpó de manera personal a Felipe Calderón, lo llamó mentiroso por haber afirmado que sus hijos y otros 13 muchachos víctimas de la matanza eran pandilleros. Otra mujer, Patricia Galarza, le pidió que sacara al Ejército de la ciudad. “Padecemos una guerra que nunca pedimos”, dijo. Por respuesta, Calderón señaló que los soldados permanecerían allí.

Era la primera puesta en escena del foro Todos somos Juárez, y la ira de una sociedad agraviada le estalló en la cara a Calderón. El montaje mediático resultó un tiro por la culata. El mea culpa presidencial no fue suficiente. La retractación de Calderón sobre su afirmación inicial, cuando tipificó la matanza como un “pleito entre pandillas”, fue tibia, con rodeos. Como para que quedara constancia de que pidió disculpas “si acaso ofendió” a las víctimas y sus deudos, pero sin asumir responsabilidad. El hombre mejor informado de México, a la sazón abogado constitucionalista, nunca rectificó que había hecho una aseveración condenatoria absoluta y totalmente falsa, sentenciando ipso facto a los jóvenes asesinados como pandilleros, sin asumir siquiera la presunción de inocencia… ¡de las víctimas!, mientras quedaran pendientes las investigaciones criminológicas. El manido recurso del poder, tan propio de la dictadura del general Videla en Argentina ante el exterminio de civiles: “Por algo será. En algo estarían”. Igual que fincar la responsabilidad del delito en las víctimas de los feminicidios. De los juvenicidios ahora. La culpa es de los juarenses. El débil siempre tiene la culpa.

Las palabras de Luz María Dávila, la madre coraje que le negó la bienvenida al Presidente en Ciudad Juárez, desplazaron de los medios la demagogia oficial y en los días subsiguientes el gobierno se vio obligado a montar un operativo de control de daños por interpósita persona. El alegato más sonado fue el del intelectual Héctor Aguilar Camín, entrevistado y amplificado un par de veces, de manera aprobatoria, por Ciro Gómez Leyva. Aguilar Camín admitió que “el Presidente se equivocó al precipitarse” y acusar a los jóvenes de pandilleros. Pero externó su desacuerdo con que le reclamaran a Calderón por los muertos: “Como si él, o Gómez Mont, o el Ejército (…) hubieran matado a esos muchachos (…) Los asesinos son los asesinos (…) ¡El

18

gobierno no mató a los muchachos de Juárez, los mataron esos hijos de puta! ¡Esos son los hijos de puta! ¡Volteémonos contra ellos! (…) Los hijos de puta son los hijos de puta”.

Más allá de las tautologías empleadas que poco esclarecen, a Aguilar Camín podría aplicársele el término de negación (Verneinung) propuesto por Sigmund Freud en 1925, para caracterizar un mecanismo de defensa mediante el cual el sujeto expresa de manera negativa un deseo o un pensamiento cuya presencia o existencia niega. En términos metapsicológicos, Freud lo explicó a partir de la frase de una paciente: “Me pregunta usted quién puede ser esa persona de mi sueño. Mi madre, desde luego, no”. “Se trata seguramente de la madre”, apunta Freud, quien prescinde de la negación y acoge tan sólo el contenido estricto de las asociaciones. En la frase “no es mi madre” (ergo, no fue Calderón ni el Ejército), lo reprimido era reconocido de manera negativa, sin ser aceptado. Según el Diccionario de psicoanálisis de Roudinesco y Plon, “la denegación es un medio para tomar conciencia de lo que se reprime en el inconsciente”.

A la frase “¡El gobierno no mató a esos muchachos, los mataron esos hijos de puta!”, podría aplicarse el criterio freudiano de “no vayan a pensar que fue el gobierno”. Si no fue Calderón o el gobierno, por qué lo desmiente: “Aclaración no pedida, confesión de parte”. Pero además, en términos maniqueos, Aguilar Camín llama a los juarenses a voltearse contra los “asesinos”;; propone canalizar la ira contra esos “hijos de puta”, que no están, dice, en filas gubernamentales. Lo que podría remitir al clásico Montiel: “Las ratas no tienen derechos humanos. A las ratas hay que exterminarlas”. Y aquí, más allá de las percepciones, la cosa se complica. El segundo visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua, Gustavo de la Rosa, afirma que “los violentos actúan bajo la protección del Estado”. Además, él y Edgardo Buscaglia hablan de escuadrones de la muerte y grupos de limpieza social. Y según Clara Jusidman, las víctimas civiles de Ciudad Juárez, lo son “de una guerra entre dos mafias por el control del territorio, cada una apoyada por miembros de la clase política y de las fuerzas de seguridad y de justicia”. Un juarense declaró que sufren la violencia de tres cárteles: “el de los policías, el de los soldados y el de los narcos”.

Patricia Galarza le dijo a Calderón que la tortura se aplica en Chihuahua como medio sistemático de investigación. Que se pueden documentar mil casos de desaparecidos, torturados y ejecutados extrajudicialmente por miembros del Ejército o fuerzas federales. Calderón sólo admitió “abusos”. Lo cierto es que con el Operativo Conjunto Chihuahua hubo un escalamiento del conflicto, que se transformó en una guerra urbana de tipo contrainsurgente, remedo del modelo Medellín contra la Comuna 13, en 2002. En Medellín se aplicó un modelo de agresión criminal contra la comunidad, que arrasó con el tejido social por la vía de la fuerza militar y “jurídica”, y derivó en un Estado paramilitar. Como señaló el jurista italiano Luigi Ferrajoli, en un Estado de derecho no hay “enemigos”, sino ciudadanos, que podrían ser delincuentes. “Sacar a los soldados a la calle es una respuesta demagógica (…) la lógica de la guerra alimenta la guerra”.

Modelos para armar

El México de Felipe Calderón se mira en el espejo colombiano. Si Colombia es el modelo de un Estado autoritario de tipo contrainsurgente, Medellín es el modelo paramilitar, que con base en la “seguridad ciudadana” se intenta imponer en Ciudad Juárez, Chihuahua, como laboratorio de una guerra urbana a expandir en plazas como

19

Reynosa, Nuevo Laredo, Tampico o Morelia. Ambos modelos se nutren de la excepcionalidad y la violencia reguladora. Para funcionar tienen que recurrir a medidas de excepción, y dado que lo que está en disputa es la hegemonía y el dominio territorial de amplias zonas del país bajo control de mafias criminales, el régimen de Calderón utiliza en la fase actual a los aparatos coercitivos del Estado para tratar de imponer nuevas reglas de juego. Un “nuevo orden”.

En México, la transición al Siglo XXI se dio a través de un cambio de partidos y figuras en la administración gerencial del Estado. Fue una transición pactada. En los años noventa, la configuración de un Estado de tipo delincuencial y mafioso hacía necesario un recambio formal. La guerra intestina entre las mafias del Partido Revolucionario Institucional, que provocaron tres crímenes de Estado (los del cardenal Posadas, Colosio y Ruiz Massieu), fue la evidencia de que no se gestaba un proceso pacífico de tránsito o movilidad de élites. Ya entonces, los cárteles de la economía criminal, con su expresión más visible, el tráfico de narcóticos ilegales, habían penetrado al Estado y sus aparatos institucionales en todos los niveles de gobierno, pero también a las empresas, la banca y los partidos políticos. Lejos de ser una anomalía, o algo externo o extraño al sistema, el uso de la violencia reguladora por los nuevos actores armados de la ilegalidad expresó la dinámica propia de un régimen político que necesitaba recrearse para seguir funcionando.

Como dice Edgardo Buscaglia, el “monstruo” de lo que se ha dado en llamar crimen organizado es un producto consensuado de las élites empresariales y políticas mexicanas. Un monstruo que ha generado enormes flujos de recursos financieros y patrimoniales de origen ilícito, que fueron lavados en la economía legal. El auge de la criminalidad floreció de la mano de empresarios de la violencia (que son quienes deciden los aspectos logísticos y operativos clave del negocio), con recursos financieros para pagar un segundo nivel de empresarios “aún no capitalizados”, que a su vez controlan agrupaciones irregulares (sicarios, bandas, escuadrones de la muerte para la limpieza social, comandos altamente especializados para tareas de narcoterrorismo, etc.) integradas por empleados potencialmente desechables, encargados de las tareas operativas más riesgosas.

Ante la retirada paulatina, casual o intencional del Estado, diversos grupos en competencia armada y con intereses, motivaciones y estrategias diversas, desafiaron las pretensiones de exclusividad y universalidad estatal, y al romper fácticamente el monopolio de la violencia, acumularon poder y ganancias en muchas regiones del país. El Estado, debilitado, pasó a ser un jugador más, a medida que se consolidaban un conjunto de intermediarios armados (cárteles, bandas, mercenarios, empresas de seguridad) con una alta capacidad de control social en espacios territoriales delimitados, en colusión con los medios políticos, institucionales y económicos locales.

Así, mediante alianzas circunstanciales y la formación de redes delincuenciales mafiosas, siempre con un pie en las estructuras políticas y coercitivas del Estado, los señores de la guerra desplegaron estrategias de dominio territorial y coparon los

20

mercados de la seguridad (que se privatizaron), para proteger las actividades relacionadas con la economía ilegal, invertir en actividades legales e insertarse en la vida cotidiana de las comunidades como agentes de regulación y contención política, mediante un modelo de negociación permanente del desorden y el caos.

Lo novedoso, en México, como ocurrió antes en Colombia, es el “giro mercenario” y la “urbanización” de los conflictos, en el marco de una guerra gubernamental por el control del territorio y el afianzamiento del ejercicio de la autoridad, ante el desorden caótico y el desbordamiento de la violencia criminal que sobrevino tras la ruptura de la pirámide política de comando y control que garantizaban, en el antiguo régimen, el presidencialismo autoritario y el partido hegemónico.

Si en Colombia la llamada narcoparapolítica de la era Uribe significó grandes cambios y transformaciones estructurales en el mapa político de las regiones y la dinámica de los conflictos armados, con la aparición de grupos emergentes y el traslado y movilidad de las élites hacia escenarios más favorables para sus intereses, merced a la nefasta alianza legalidad-ilegalidad, en México la transición no ha sedimentado aún, aparte de que ambos procesos tienen características propias.

El intento por imponer ahora el “modelo Medellín” en México tiene un punto débil: la ausencia de un grupo insurgente que permita fabricar mediáticamente la existencia de una narcoguerrilla. No obstante, el Operativo Conjunto Chihuahua recogió los elementos básicos aplicados en Medellín. Esto es: mando operacional del Ejército; militarización de Ciudad Juárez; guerra urbana contrainsurgente; fase de paramilitarización (escuadrones de la muerte para la limpieza social); mercenarización del conflicto con financiamiento de cúpulas empresariales. En todo caso, mientras queda exhibida la violencia selectiva de un Estado que alienta la “guerra entre cárteles rivales”, se desmorona la falacia que justifica el fenómeno paramilitar como “una respuesta a la violencia guerrillera”. La insurgencia nace de la violencia oficial pro-oligárquica, vía el Ejército, las policías, los paramilitares y el terrorismo mediático.