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Frente al ataque a los pensionistas

Recuperar y reforzar el sistema público de pensiones

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1/ El Proyecto de Reforma del PP. Antecedentes y datos básicos

La Reforma del PP es coherente, por sus objetivos, con la reforma de las pensiones

aprobada por el Gobierno del PSOE y que se concretó en la Ley 27/2011, de 1 de

agosto, sobre “Actualización, adecuación y modernización del Sistema de Seguridad

Social”.

En efecto, dicha reforma planteaba:

El objetivo de la sostenibilidad del sistema público de pensiones, aceptando –

por tanto- que éste no es sostenible.

El recorte del gasto global en pensiones, hasta un total de 4,8 puntos de PIB en

2027, según nuestras estimaciones

La pérdida de poder adquisitivo de la mayor parte de las categorías de

pensionistas

La consideración exclusiva de medidas de recorte del gasto como vía para

solucionar los supuestos problemas del sistema.

Este planteamiento respondía a una exigencia de la troika cuyos objetivos eran y son:

a) Extender en España el sistema privado de pensiones para continuar

fortaleciendo al capital financiero

b) Asegurar que el Estado deja libres recursos suficientes para pagar la deuda

al sistema financiero internacional

Izquierda Unida ya presentó entonces una crítica de fondo y una propuesta alternativa

a dicha reforma (aprobada con los votos del Partido Popular y de CIU y PNV). Las

propuestas alternativas de Izquierda Unida fueron ignoradas en su totalidad.

El nuevo Proyecto de Reforma de las Pensiones del Partido Popular representa

sustanciales agravamientos respecto de la reforma del PSOE de 2011, que pueden

resumirse en:

- El adelanto de la aplicación del factor de sostenibilidad a 2019, cuando no

estaba previsto hasta el 2027.

- La aplicación del índice de Revalorización de Pensiones –justificado por criterios

demográficos escasamente científicos- para rebajar la pensión inicial

introduciendo mecanismos fundamentales de los sistemas de capitalización (los

sistemas privados de pensiones) en el sistema público (que es un sistema de

reparto y solidaridad).

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Hay que reconocer y saludar que, ante la reforma actual, los sindicatos mayoritarios y

el propio PSOE han reaccionado cuestionando algunos de los planteamientos de fondo

que ante aquél proyecto de Ley aceptaron o, en el caso del Gobierno socialista,

implementó. Comisiones Obreras ha estimado que la reforma del PP conlleva una

pérdida del poder adquisitivo de los pensionistas que se sitúa entre un 14,8% y un

28,3% durante los próximos 15 años, según se concreten los elementos de la reforma

del sistema y según sea la inflación real.

Este recorte hay que añadirlo al originado por la reforma del PSOE que antes

hemos señalado. Ambos recortes no sólo se suman sino que se amplifican. Actúan

sobre campos diferentes y se refuerzan produciendo una baja mayor del poder

adquisitivo. La reforma del PSOE afectó a la edad de jubilación y las condiciones de

cotización para establecer la base reguladora y cobrar la pensión máxima,

perjudicando de forma diferenciada según la vida laboral de los diferentes colectivos

de pensionistas. La reforma del PP interviene sobre la pensión inicial, generalizando la

pérdida, y sobre la revalorización de las pensiones. Estamos ante un escenario de

pérdida añadida de 1.500 euros/año sobre la pensión media, siempre que la inflación

no aumente excesivamente. Un verdadero drama económico y social de gravísimas

consecuencias, caso que se llevara a cabo.

2/ El discurso justificativo de la Reforma: una letanía monocorde

El Partido Popular asienta todo su discurso justificativo únicamente en una pretendida

amenaza sobre el Sistema Público de Pensiones, que ellos quieren defender. Según

eso, es el incremento previsible de la esperanza de vida lo que, unido a un presunto y

amenazante “colapso demográfico”, está provocando e incrementará un creciente

peso del número de pensionistas sobre el total de la población. Reducir drásticamente

las prestaciones permitiría “proteger” el Fondo de Reserva de la Seguridad Social y con

ello la viabilidad futura de las propias pensiones.

Se trata de un discurso falaz y demagógico, que es preciso combatir

enérgicamente, porque el sistema público de pensiones no está amenazado

Izquierda Unida parte del criterio de que el sistema público español de

pensiones está garantizado. De hecho, y sin que hayan sido aplicadas ninguna de las

medidas de las reformas del PSOE, el sistema es viable y sólo ha sido necesario recurrir

al Fondo de Reserva tras cinco años de crisis, un nivel de paro del 27%, niveles de

economía sumergida próximos al 25% del PIB y un descenso de las rentas salariales

superior al 7%. Precisamente el Fondo de Reserva fue creado para contingencias de

este tipo. Curiosamente, la tan cacareada e inminente “salida de la crisis” que enarbola

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con entusiasmo el Partido Popular iría en el sentido contrario al catastrofismo que

interesadamente alienta toda esta Reforma.

El aumento de la esperanza de vida se justifica en la Memoria del proyecto del

PP de forma mecánica y simplista. No se tiene en cuenta que la esperanza de vida

depende de factores sociales, económicos y sanitarios que no responden a una mera

matriz matemática. De hecho, es conocido que tras el cambio de sistema en la antigua

Unión Soviética, la esperanza de vida del conjunto de la población descendió 10 años o

que, según recientes estudios, el aumento de la esperanza de vida se ha estancado en

España como consecuencia de la aplicación de las políticas neoliberales.

Es cierto que el número de pensionistas aumentará de forma significativa en el futuro,

pero no es menos cierto que el incremento mayor comenzará a limitarse a partir de

2050 como consecuencia de la desaparición de las personas integrantes del baby

boom de la década de los 60. Si, efectivamente, la población española está

actualmente disminuyendo, ello también apunta, por lógica, a que el número de

pensionistas también disminuirá en su momento en términos absolutos.

En todo caso, es muy osado hacer predicciones concretas sobre demografía en un

horizonte superior a 10 años y no se puede atribuir a las mismas un carácter científico.

Esto queda claro si se examinan las previsiones del INE de hace 30, 20 o 10 años y se

comparan con la realidad actual.

Tecnicismos aparte, lo que trasciende de este enfoque casi unidireccional en los

cálculos sobre la esperanza e vida en los que se apoya el Proyecto de Reforma es que

está tomado de los métodos de cálculo de los seguros privados, que se rigen por el

sistema de capitalización, que deberían de ser ajenos a un sistema público basado en

un reparto solidario.

Tampoco es aceptable, desde nuestro punto de vista, fundamentar el análisis en una

concepción limitada de la llamada tasa de dependencia, es decir en la mera relación

numérica cotizantes/pensionistas. Al menos, en cualquier caso, habrá que tener en

cuenta la relación ingresos por cotizaciones/gasto en pensiones contributivas, lo que

está vinculado al nivel de salarios, al nivel de cotizaciones y su modalidad (topadas o

no, penalizadas en determinados tipos de contratos o en horas extras o no, etc.), entre

otros factores. Viçens Navarro y otros autores insisten en que también hay que tener

en cuenta el aumento de la productividad.

Los expertos ideólogos del capital financiero, entre los que se encuentran una parte

sustancial del Grupo de Expertos que ha elaborado el informe en el que se fundamenta

la reforma del PP, plantean, como otros informes del mismo patrón, hechos en los

últimos 20 años, una crisis demográfica. Es por esto que bancos y las cajas han

publicado regularmente informes anunciando el colapso de las pensiones en un plazo

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de diez años. La Caixa (en 1998), el BBVA (en 2005 y en 2007), El Banco Santander (en

1992 y en 1999), el Banco de España (en 1995, en 1999, en 2002 y en 2009). El

objetivo: crear alarma sobre el futuro de las pensiones públicas. Nada de eso ha

ocurrido, pero este Proyecto de Reforma ha convertido dicho catastrofismo interesado

en piedra angular de su Reforma de las Pensiones.

3/ Los verdaderos objetivos del Proyecto de Reforma del Partido Popular

Estamos ante una nueva piedra angular de la contra-reforma generalizada que está

aplicando inmisericordemente el Partido Popular sobre las garantías sociales y

constitucionales de toda la ciudadanía. Difícilmente el aparato propagandístico del

Gobierno podrá ocultar el objetivo real de esta Reforma: arrancar a los pensionistas

más de 70.000 millones de euros, (en la hipótesis más lógica de incremento del IPC en

los próximos años), única garantía que acepta la troika para hacer frente a la deuda

española. En efecto, la propia Memoria del Ante-proyecto de Ley reconoce que el

recorte de gasto sería de 32.900 millones de euros en el período 2014-2022, aunque lo

que no dice es que dicha cifra se ha calculado considerando una muy poco realista

tasa de inflación del 1%. Una mucho más previsible tasa de inflación del 2% (inflación

media del último período) dispararía el recorte hasta superar ampliamente esa

cantidad. De no lograr la derrota de esta propuesta lo que estaría amenazado no sería

sólo el sistema público de pensiones, sino la cohesión social y la misma estabilidad del

sistema económico, social y político.

Esta Reforma se emparenta, en sus consecuencias económicas sobre la población

afectada, con la Reforma Laboral, con la que inauguraron gloriosamente la actual

legislatura. Ambas han sido dictadas por los mismos intereses.

4/ La alternativa de Izquierda Unida

a/ Los principio generales de nuestras propuestas

- Tras constatar que el sistema público de pensiones no está amenazado, a no ser

como consecuencia de las políticas neoliberales, Izquierda Unida propone un

conjunto de medidas concretas para consolidarlo y garantizarlo frente al ataque de

los representantes políticos del capital financiero y mejorarlo.

Con este objetivo central, no sólo es necesario perseverar y consolidar la

separación de fuentes de financiación, sino muy especialmente deslindar el gasto

de forma que pueda reestructurarse el sistema estableciendo una correlación

estrecha entre cotización social y pensión estrictamente contributiva (salario

diferido). Con ello, se liberan recursos imprescindibles para avanzar hacia la

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jubilación a los 60 años y para el aumento de las pensiones, priorizando las más

bajas, para mejorar la capacidad adquisitiva de los pensionistas. En esa dirección es

preciso recuperar la indexación de las pensiones al IPC, y asegurar la cotización de

las becas y de los contratos en prácticas y considerar el tiempo de servicio militar

como tiempo cotizado, para garantizar los períodos de cotización.

- Insistimos en que Izquierda Unida se opone a cualquier medida que parta, implícita

o explícitamente, del supuesto de la vulnerabilidad del sistema público de

pensiones, porque esa aceptación conduce irremediablemente a la aceptación de

los modelos neoliberales de reforma.

- Izquierda Unida considera que, contrariamente a lo que pretende el Proyecto del

PP, que no es otra cosa que debilitar el sistema público de pensiones mediante su

recorte brutal y, en consecuencia, la disminución de sus recursos, es necesario

fortalecerlo, en primer lugar, mediante la modificación de la política de ingresos de

la Seguridad Social. La realidad es que el gasto en pensiones sobre PIB es en España

del 10,2% mientras que la media de la UE se sitúa en el 13,5%; es decir hay algo

más de 3 puntos de diferencia. Por tanto, un margen importante, comparando

España con la media de la UE.

Por otro lado, los gastos en pensiones estrictamente contributivas son en 2013 de

90.500 millones de euros, a los que hay que sumar los costes de gestión, mientras

que los ingresos por cotizaciones sociales son de 97.700 millones. Hay, pues un

superávit de unos 6.000 millones de euros. El presupuesto total de la Seguridad

Social en 2013 es de 118.800 millones de euros.

Como era de esperar, en ningún momento en el Proyecto de Reforma se plantea

incrementar los ingresos, que sería lo posible y razonable, sino que, atiende

únicamente al objetivo real del Proyecto, que es el de esquilmar a los pensionistas

actuales y futuros. Izquierda Unida considera que las políticas de mejora del

sistema público de pensiones se deben fundamentar en políticas de ingresos. Las

cotizaciones sociales (la cuota patronal) son costes laborales y tienen la

consideración de salario diferido. Pero si sustituimos cotizaciones por impuestos

estaríamos produciendo una reducción de costes salariales y, de hecho, una

trasferencias de recursos al capital, cuando no una reducción de los salarios.

Por ello, para asegurar que no se produce ese trasvase y, al mismo tiempo, reforzar

el sistema público de protección social, en nuestra propuesta separamos lo que son

pensiones contributivas de otro tipo de prestaciones sociales (complementos de

mínimos, por ejemplo u otros gastos sociales y sanitarios del sistema de la

Seguridad Social), que sí podrían ser financiados fiscalmente y de las políticas de

estímulo económico que deberían tener el mismo tipo de financiación.

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- Por otra parte, el PIB se ha multiplicado en los últimos 20 años aproximadamente

por 2,5 y esto considerando fases de desarrollo y fases de crisis. Todo permite

suponer que ese factor de multiplicación puede conservarse en los próximos 20

años. Las previsiones del Banco de España confirman estos datos. Esto significaría

que en 2033, nuestro PIB sería superior a los 2,5 billones de euros. Siguiendo la

metodología del profesor Navarro, aunque las pensiones del sistema público

ocuparan el 15% del PIB en ese año, frente a los 900.000 euros que hoy quedarían

libres sobre PIB, una vez descontado el gasto en pensiones, dentro de 20 años esa

cifra sería de superior a 1,6 billones de euros. Por tanto, problemas ninguno.

Los recursos necesarios para el fortalecimiento del sistema público de pensiones

no ponen en peligro la economía, al contrario, contribuyen a mejorar el consumo,

elevar la confianza y garantizar la cohesión social. Frente a ello, el Gobierno ha

tomado una decisión ideológica: pretende aprovechar unas circunstancias

coyunturales para imponer una reforma estructural del sistema público de

pensiones.

b/ Propuestas para separar los gastos en prestaciones sociales y su financiación

1.- Sustituir todas las medidas de reducción de las cotizaciones por medidas de

bonificación y su financiación con cargo a la imposición fiscal general.

2.- Financiación por los PGE de los programas y gastos de personal de la Seguridad

Social que no se corresponden con las pensiones contributivas (jubilación o

incapacidad) y otros gastos de prestaciones sociales y sanitarias de la Seguridad Social.

3.- Las pensiones por muerte o supervivencia, especialmente las de viudedad, son hoy

pensiones contributivas indirectas. Es decir, el causante es persona diferente del

beneficiario. Además, la cuantía de la prestación depende de la cotización del

causante, pero también de las condiciones económicas del beneficiario. Estas

pensiones representan un 20% del gasto total en pensiones contributivas.

Por otra parte corresponden a una etapa de nuestra historia en la que existía una

reducida incorporación de la mujer al trabajo remunerado y cotizado en la Seguridad

Social. Esta incorporación ha sido y es un objetivo importante del conjunto de los

trabajadores y del movimiento feminista. Aún hoy, esta incorporación es limitada, la

contratación de mujeres es más precaria y sus salarios más bajos. El elevado

desempleo castiga con mayor dureza a las mujeres.

Esta situación plantea un problema delicado. Aunque con una perspectiva a largo

plazo, lo deseable es que los ingresos por pensión de una persona no dependan de que

haya sido compañero o compañera de otra persona y que esos ingresos formen parte

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de un sistema de rentas o recursos sociales garantizados y dignos, con la orientación

programática que a eso le da Izquierda Unida, la coyuntura actual aconseja una

propuesta transitoria que garantice los derechos de pensionistas beneficiarios de

pensiones como consecuencia de muerte y, al mismo tiempo, libere recursos para

mejorar las pensiones contributivas directas.

En consecuencia, deberían permanecer en el campo de las pensiones contributivas el

52% de la base reguladora que con carácter general constituye la pensión de viudedad

y el 20% de las pensiones de orfandad, formando parte de la financiación vía PGE no

solamente los complementos de mínimos actuales, sino también las mejoras de

porcentajes en función de las condiciones económicas, de edad o de discapacidad de

los beneficiarios. Esta mejora puede estimarse en unos 4.800 millones de euros

anuales.

La aplicación de estas medidas debe hacerse progresivamente en el marco del Pacto

de Toledo. Proponemos que esta reestructuración se realice en un plazo de 4 años a

razón de 1.200 millones de euros por ejercicio. En una fase posterior y tras el

correspondiente debate social y democrático, se procedería a una reestructuración

global de esta modalidad de pensiones.

4.- Recuperación por parte de la Seguridad Social de la deuda histórica del Estado para

financiar la separación de fuentes, de acuerdo con los plazos fijados en el Pacto de

Toledo. El pago de esta deuda histórica se prorratearía en un plazo de 30 años, a partir

de 2015, e iría a engrosar el Fondo de Reserva.

Los puntos antes señalados se acogen a lo acordado en el Pacto de Toledo: “Las

aportaciones del presupuesto del Estado deberán ser suficientes para garantizar las

prestaciones no contributivas, la sanidad, los servicios sociales y las prestaciones

familiares. Asimismo, la fiscalidad general debe hacer frente a la bonificación en las

cotizaciones de contratos dirigidos a grupos de especial dificultad en la búsqueda de

empleo, así como a aquellas actuaciones que en materia de anticipación de la edad

ordinaria de jubilación o de ayuda a sectores productivos pudieran producir

distorsiones en el normal equilibrio del sistema. En el caso de que el cumplimiento de

estos objetivos requieran la adecuación del actual sistema fiscal, se incidirá en aquellas

figuras impositivas de menor repercusión en la capacidad competitiva y generadora de

empleo de la economía, sin excluir que se pueda contemplar la aplicación de una

contribución universal sobre todas las rentas”.

c/ Propuestas para hacer frente a la consolidación coyuntural inmediata del

sistema.

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1.- Elevación de los topes de cotización máxima que correspondan a partir de 1 de

enero de 2014 en un 20%, pasando de 3. 425,70 €/mes a 4.110,84 €/mes,

manteniendo la revalorización correspondiente al IPC de la pensión máxima, lo

que aumentará el contenido solidario del sistema. En este campo, en los años

en que las condiciones lo permitan podrá acercarse progresivamente la pensión

máxima a la cotización máxima.

2.- Incremento de la cuota patronal en las contingencias comunes en los siguientes

casos:

a) Horas extraordinarias: 50%.

b) Incremento en un 10% sobre de los actuales tipos de la cuota patronal en

todos los tipos de contratos que no sean indefinidos a tiempo completo.

3.- Combatir radicalmente la prácticas empresariales de despedir a los 11 meses, de terminar los contratos en viernes o de contratar falsos autónomos.

4.- Revisión de las cotizaciones y formalización de los contratos de trabajadores y

trabajadoras domésticos, para ampliar su regularización.

d/ Medidas estructurales

1.- Equiparación progresiva de las bases medias de cotización de los Trabajadores

Autónomos con los del Régimen General. El criterio a considerar serían los

beneficios de la actividad. Objetivo a desarrollar a partir de 2015 en 10 años.

2.- Lucha eficaz contra la economía sumergida. Se estima que unos 800.000

trabajadores y trabajadoras tiene relaciones laborales sumergidas sin alta ni

cotización en la Seguridad Social. Dentro de este objetivo, reconocer la validez a

efectos de alta en la Seguridad Social de los contratos verbales o de hecho, tal

como establece el artículo 8 del Estatuto de los Trabajadores.

3.- Elevación del Salario Mínimo a 1.100 euros mes en lo que queda de legislatura.

4.- Programa eficaz para garantizar el principio de “a trabajo igual, salario Igual” y

conseguir la equiparación del salario de las mujeres con el de los hombres.

5.- Programa de recuperación de empleo hasta lograr al menos la generación de

los 3 millones de empleos destruidos por la crisis.

No obstante los recursos apuntados, en caso de necesidad subrayamos el

carácter subsidiario del Estado como garante de las pensiones públicas y de su

revalorización en los términos establecidos en la Constitución Española.

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En función de las competencias políticas del Gobierno y el Parlamento, existen

instrumentos políticos para reforzar el sistema, tales como el incremento de la

pensión mínima, que permite elevar la participación del Estado vía PGE

(complemento a mínimos) para asegurar un ingreso mínimo garantizado de

cada pensionista. Así la trasferencia de recursos se dirige hacia el/la pensionista

y no hacia el empresario.

Madrid, 4 de octubre de 2013

Secretaría Ejecutiva de Economía y Empleo de IU federal

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ANEXO.- Estimación cuantitativa de las propuestas de IU

Propuestas de ahorro

Propuesta Ahorro anual en mill de €

Sustitución de reducciones por bonificaciones 600

Ahorro por financiación vía PGE de gastos de

personal y ciertas prestaciones sociales no

contributivas (1)

1.700

Financiación PGE de parte de las prestaciones

por muerte y supervivencia y otras

prestaciones familiares

1.200 (2)

(1) Se excluyen en este punto las prestaciones por muerte, supervivencia y otras

(2) Durante los años 2014-2017. Después, en función de lo acordado en Pacto

Toledo

Propuestas de incrementos inmediatos de ingresos

Propuesta Incremento anual en mill. de €

Elevación de los topes de cotización máxima 300

Elevación de la cuota patronal en determinadas condiciones 1.500

Combatir fraudes de contratación 500

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Propuestas de incremento de ingresos a medio plazo

Propuesta Incremento por objetivo cuantitativo

en mill. de €

Equiparación progresiva de las bases medias

de RTA a RG en 10 años (anualmente)

700

Lucha contra la economía sumergida

(afloración de empleo sumergido por cada

100.000 puestos)

400

Elevación del salario mínimo (por cada

100 euros/mes)

500

Superación del desnivel salarial de las

mujeres (por cada 5 puntos de

reducción de la diferencia entre salarios

medios)

3.000

Generación de empleo (por cada 100.000

nuevos empleos)

1.000

Todas estas cantidades deben considerarse como una estimación, dada la ausencia de datos

concretos en algunos apartados, basada en estimaciones de CC.OO y en elaboración propia.

De esta estimación está excluida la propuesta de compensación al Sistema de la Seguridad

Social por las prestaciones no contributivas de las que los PGE del Estado no se han hecho

cargo en el pasado.